INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 15 DE 2009 

(Agosto 4)

Asunto: Inscripción en el registro de bienes baldíos urbanos de propiedad de las entidades territoriales.

(Nota: Revocada por la Instrucción Administrativa 18 de 2009 de la Superintendencia de Notariado y Registro)

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en desarrollo y ejecución de la política de vivienda contemplada en el plan nacional de desarrollo para la vigencia 2006-2010, viene asesorando jurídica y técnicamente a las entidades territoriales para adelantar programas masivos de titulación de predios fiscales urbanos ocupados con vivienda de interés social.

Este ministerio a través del viceministerio de vivienda y desarrollo territorial, ha planteado a esta superintendencia, la necesidad de la inscripción en el registro de todos los predios baldíos urbanos de propiedad de los municipios, que no tienen título inscrito y por lo tanto no se ha perfeccionado su tradición.

En virtud del principio de coordinación y colaboración, de que trata el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, donde las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones para lograr los fines y cometidos estatales, la Superintendencia de Notariado y Registro, celebró convenio interadministrativo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial donde se fijaron las pautas para la generación de inscripción de más de 150.000 títulos de propiedad mediante la cesión a título gratuito de que trata el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005.

Dadas las continuas inquietudes surgidas en torno a la aplicación de las normas que regulan el tema de la inscripción de los títulos de legalización masiva de predios fiscales efectuadas por los municipios, para su conocimiento y aplicación resulta indispensable efectuar las siguientes precisiones:

Fundamentos legales:

De conformidad con lo dispuesto en la denominada Ley Tocaima “Ley 137 de 1959”, podían transferirse los bienes baldíos urbanos de la Nación, a los ocupantes ilegales que se postularan expresando su voluntad de compra.

No obstante lo anterior, la entidad territorial solo podía ser propietaria del inmueble de manera provisional, en virtud del cumplimiento de una condición suspensiva, que para su acaecimiento, requería del acto jurídico de transferencia a los ocupantes que permanecieran en los predios con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997, se soluciona la inconsistencia de la titularidad de los bienes inmuebles que se encuentran dentro del perímetro urbano de las entidades territoriales, cuando en su artículo 123 expresa: “De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales” (subrayado fuera de texto).

Es decir, que a partir de la Ley 388 de 1997, los “baldíos urbanos” pierden esa calidad y se convierten en bienes fiscales de propiedad de los municipios, siempre y cuando se destinen a los fines contemplados en las leyes 9ª de 1989, 3ª de 1991 y 388 de 1997.

En los términos anteriores se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consulta 1592, consejeros ponentes Enrique Arboleda y Gustavo Aponte.

En consecuencia, cumplidas las condiciones exigidas en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, los baldíos adquieren la calidad de bienes fiscales de propiedad del municipio, por lo tanto este será el título con fundamento en el cual se efectuarán las respetivas transferencias dentro del marco de los objetivos y fines de la ley en cita.

Sobre esta base los bienes baldíos no son objeto de declaración ya que se trata de bienes y situaciones jurídicas determinables en la medida en que se consideran como tales los predios o terrenos que no hayan ingresado al patrimonio particular o privado, luego lo que se debe acreditar es esta última condición, y no la primera, ya que aquella se presume, por tanto no requiere declaración. Tampoco requiere registro como modo de transferir el dominio, debido a que por provenir de la ley no requiere de registro, pues además de título traslaticio del dominio, genera de manera directa la transferencia y perfeccionamiento del mismo (Sent. nov. 26/2008 del C.E., S. de lo Contencioso Administrativo - Sec. Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta).

La Ley 9ª de 1989, la Ley 3ª de 1991, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1001 de 2005, dan prioridad al saneamiento de la propiedad de los bienes fiscales que hayan sido ocupados ilegalmente con vivienda de interés social, en beneficio de los sectores menos favorecidos de la población.

Esta política se desarrolla con fundamento en las normas antes enunciadas y especialmente en lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005, que sobre el particular establece:

“Las entidades públicas del orden nacional cederán a título gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001. La cesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa a favor de los ocupantes, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la oficina de instrumentos públicos, será plena prueba de la propiedad. Las demás entidades públicas podrán efectuar la cesión en los términos aquí señalados”.

“En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia”.

A su vez, el artículo 10 de la citada ley, establece que quienes resultaren beneficiados conforme a los artículos 1º, 2º y 3º, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, asimismo se impondrán las limitaciones consagradas en el artículo 8º de la Ley 3ª de 1991.

Procedimiento a seguir por las oficinas de registro de instrumentos públicos:

Por lo tanto, señores registradores en aplicación al marco jurídico y jurisprudencial descrito, al momento de efectuarse la calificación e inscripción de los actos administrativos de cesión de bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1001 de 2005, deben tener en cuenta:

1º. Serán objeto de registro todas aquellas resoluciones administrativas expedidas por los municipios en aplicación y con requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005.

2º. La resolución deberá indicar la identificación del predio a ceder por su cabida y linderos, con fundamento en la información suministrada que para tal efecto debe expedir el IGAC a los respectivos municipios.

La identificación física del inmueble puede hacerse con plano definitivo expedido por la autoridad catastral correspondiente resultante de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, el cual se anexará al correspondiente acto administrativo de conformidad con el Decreto 2157 de 1995, o en su defecto a través de un certificado plano con coordenadas georreferenciales.

3º. No es procedente que se cite por parte de los municipios como título la Ley 137 de 1959.

4º. La resolución a inscribir deberá contener la constancia de estar en firme de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo.

5º. El código registral para su calificación será 0121 cesión a título gratuito de bienes fiscales, y en la casilla de comentario se adicionará “artículo 2º Ley 1001 de 2005”.

6º. El acto administrativo de cesión a título gratuito deberá contener las limitaciones contempladas en el artículo 8º de la Ley 3ª de 1991, cuando el beneficiado se le otorgue subsidio familiar de vivienda.

7º. Para efecto del cobro de los derechos registrales se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos de los artículos 3º y 7º de la Ley 1001 de 2005, que disponen:

ART. 3º—(...) PAR.—“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 901 de 2004, para efecto de pagos de derechos registrales que se causen para la inscripción de las resoluciones de transferencias de inmuebles efectuados en desarrollo de la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza, estos se liquidarán sobre la base de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

ART. 7º—(...) PAR. 1º—“Para efectos de la cancelación y liberación de gravámenes en lo referente al cobro de la tarifa de derechos de registro, se entenderá como acto sin cuantía y en consecuencia el cobro será por la suma de ocho mil pesos ($ 8.000) moneda corriente”.

PAR. 2º—“En las resoluciones administrativas de cancelación de gravámenes no se requerirá indicar el valor del gravamen que se cancela ni el monto por el que el mismo fue constituido”.

8º. No serán objeto de registro todos aquellos documentos que contengan declaración de bien baldío toda vez que es la propia ley la que los define y es el título fuente del derecho, en armonía con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997.

N. del D.: La presente instrucción va dirigida a registradores de instrumentos públicos.

(Nota: Revocada por la Instrucción Administrativa 18 de 2009 de la Superintendencia de Notariado y Registro)

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