INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 16 DE 1992 

(Mayo 29)

En aras de evitar la proliferación de constitución de consorcios comerciales sin la debida autorización de la Superintendencia de Sociedades, ocasionando un grave daño social especialmente a las personas de menos recursos, por cuanto son entes que captan y manejan dineros del público, me permito recomendar a usted la necesidad de exigir para efecto de autorizar escrituras de constitución de los mismos, la resolución que autorice su funcionamiento.

Su fundamento jurídico se encuentra en las siguientes disposiciones:

El Decreto 1970 de agosto 14 de 1979 en su artículo 1º señala:

“Podrán ser sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a criterio de ésta, las entidades que realicen las actividades previstas en los literales siguientes, a quienes se les aplicaran las disposiciones del presente decreto que se consideran necesarias.

a) (...)

b) La captación de recursos del ahorro privado con destino a la formación de fondos en que participan grupos de personas interesadas en la adquisición de determinados bienes o servicios, mediante abonos anticipados, periódicos o excepcionales, de cuotas que comprendan el valor o servicio ofrecido y los gastos de administración del fondo o gestiones del grupo correspondiente. La superintendencia regulará el funcionamiento de estos sistemas”.

El artículo 5º del mismo decreto preceptúa:

“Si el superintendente se cerciora de que es conveniente permitir a la proyectada compañía emprender negocios, expedirá bajo su firma una resolución donde autorice su funcionamiento”. (El subrayado es nuestro).

(...)

c) Consorcios comerciales de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1970 de 1979.

(...)

La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones asignadas en los literales b) y c) del presente artículo”.

En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1970 de 1979 en concordancia con el Decreto 1941 de 1986, es claro, que la Superintendencia de Sociedades está facultada para expedir la resolución que autorice el funcionamiento de un consorcio comercial, la cual debe protocolizarse con la escritura de constitución del mismo; y mientras tal exigencia no se cumpla, el notario no podrá prestar el servicio solicitado.

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