INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 16 DE 2000 

(Septiembre 27)

Tema: Reparto de minutas en que intervienen las empresas de servicios públicos domiciliarios.

En ejercicio de las facultades conferidas a la Superintendencia de Notariado y Registro por los artículos 2º, numeral 2º del Decreto 2158 de 1992 y 15 de la Ley 29 de 1973, me permito impartir algunas orientaciones en materia del reparto de minutas de los actos, contratos y negocios jurídicos en general, que se otorguen en las notarías del país.

El inciso primero del artículo 15 de la Ley 29 de 1973 dispone:

"Los actos de la nación, los departamentos, intendencias, comisarias y municipios y, en general, de todos sus organismos administrativos, institutos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta, que deban celebrarse por medio de escritura pública, cuando en el círculo de que se trate haya más de una notaría, se repartirán equitativamente entre las que existan. La Superintendencia de Notariado y Registro reglamentará el procedimiento del reparto, de modo que la administración no establezca privilegios en favor de ningún notario.

Aunque de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios integran la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, sector descentralizado por servicios y de acuerdo ello, las minutas de las empresas de servicios públicos domiciliarios organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado o como sociedades por acciones bajo la forma de empresas de servicios públicos oficial deberían en principio, someterse al trámite del reparto, el artículo 32 incisos 1º y 2º de la Ley 142 de 1994, preceptúa:

"Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requisitos requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce".

El artículo 32 en la parte transcrita, determinó que los actos de constitución de las empresas de servicios públicos domiciliarios así como los requeridos para su manejo y para el ejercicio de los derechos de sus socios, se regirían por el derecho común. Para determinar el alcance de esta norma, no debe olvidarse que de conformidad con el artículo 27 del Código Civil, no es dable al intérprete desatender el tenor literal de la ley, so pretexto de consultar su espíritu.

Por una parte, este artículo 32, fue amplio al mencionar "...los actos de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios (...) y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas" se rigen por el derecho privado exclusivamente. Entendemos por tanto, que todos los actos y el ejercicio de los derechos de todos los socios incluyendo la libre escogencia de una notaría para el trámite de sus escrituras públicas, se rigen exclusivamente por el derecho común, es decir, por el derecho que regula las relaciones entre los particulares, quienes no están obligados a someter a reparto sus minutas.

En este punto debe precisarse que la H. Corte Constitucional, en sentencia del 11 de febrero de 1997, al resolver la solicitud de inexequibilidad de los artículos 27.7, 30, 31, 32, 35, 37, 38 y 39 parágrafo, radicación C-066-97, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, manifestó: "En efecto pretende la ley objeto de control someter a un régimen de derecho privado los actos y contratos que celebren las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. No es otro el objetivo del envío que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 hace, en tratándose de contratos celebrados por dichas empresas, al parágrafo 1º del artículo 32 del estatuto general de contratación administrativa, salvo cuando la primera citada ley disponga otra cosa. En igual forma y directamente, el artículo 32 de la misma ley deja en manos de las reglas propias del derecho privado, salvo en cuanto la Constitución Política o la misma ley dispongan lo contrario, la constitución y demás actos de las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para su administración y ejercicio de los derechos de todas las personas socias de ellas" (...).

"Luego, el legislador, en uso de la facultad constitucional consagrada en los artículos 365 y 367 de la Carta, expidió en el año 1994 la Ley 142 y entregó a las normas que regulan la conducta de los particulares la forma de actuar y contratar de las empresas prestadoras de los servicios tantas veces citadas, sin transgredir con ello la normatividad superior".

Por otra parte, la Ley 142 que contiene el artículo 32, es norma posterior y ostenta la misma jerarquía de la Ley 29 de 1973 que consagra el procedimiento del reparto, por lo que el artículo 15 de ésta, habría sido derogado tácitamente por el artículo 32, en lo que respecta a las empresas de servicios públicos domiciliarios, al no haber sido consagrado dicho trámite en la ley de servicios públicos y al haber sujetado todos sus actos al derecho privado.

De lo anterior se llega a la conclusión de que, como lo indicó la H. Corte Constitucional en el pronunciamiento ya transcrito, esta norma trató de someter al régimen de derecho privado todos los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios cualquiera sea la forma que adopte, a excepción de aquellos frente a los cuales la Constitución o esa misma ley dispusieran otra cosa; intención que es consecuente con el deber de actuar como particulares, bajo las orientaciones de la economía de libre empresa; además, la Ley 142, es una norma especial y posterior que por lo mismo, prevalece sobre la del reparto de minutas, razones por las cuales no es aplicable a los actos, contratos y negocios jurídicos en general en que intervengan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el artículo 15 de la Ley 29 de 1973.

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