INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 02-17 DE 2002 

(Noviembre 12)

Ampliación a la Instrucción Nº 01-50 con relación a la revocatoria directa de los actos administrativos que hubieren ocurrido por medios ilegales (CCA, art. 73).

Cordialmente transcribo el contenido central de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 16 de julio de 2002, Magistrada Ponente, Ana Margarita Olaya Forero, por la cual se amplía la interpretación que la corporación había hecho en sentencias anteriores acerca del alcance del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido de que no sólo se pueden revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se deriven del silencio administrativo positivo sino también cuando éstos han ocurrido por medios ilegales.

“Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiera ocurrido por medios ilegales”.

“Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley”.

“La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento. Ello explica por qué, en este casó, el acto administrativo de carácter particular puede ser revocado sin consentimiento del particular”. (Resaltado fuera del texto).

"Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo”. (Resaltado y negrillas fuera de texto).

Procedimiento para la revocatoria del acto administrativo ilegal

Afirma el Consejo de Estado en la sentencia señalada que se requiere que se den unas condiciones especiales para que la administración enmiende la situación antijurídica que se presenta en el acto ilícito, es decir, se necesita que existan evidencias que a juicio de la administración conlleven a establecer que el acto nació a la vida jurídica por medios ilegales; este análisis debe dejarse plasmado en la motivación del acto a revocar, señalando los elementos de juicio que la llevaron a tomar la medida en cuestión, entendiéndose la actuación ilícita como un vicio en la formación de la voluntad de la administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo.

El procedimiento que debe seguir en estos casos la administración para revocar un acto de carácter particular es el establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo el que a su vez remite a la actuación del artículo 28 ibídem (comunicación a los interesados de la actuación administrativa y citación) con el fin de que el administrado haga uso del derecho de defensa y contradicción.

Por otra parte la Corte Constitucional en fallo proferido el 28 de junio de 2001, en proceso mediante el cual examinó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 5º de la Ley 190 de 1995, manifestó: “Al respecto la Corte constata que de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, ésta está sometida en todo caso al prcedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo”.

Las orientaciones jurisprudenciales en mención, se hacen procedentes hacerlas conocer para los fines pertinentes a su aplicación.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la presente Instrucción Administrativa deja sin efecto las que se contrapongan a la misma, y rige a partir de la fecha de su publicación.

Ordénese su publicación en la página Web de la entidad y alléguese copia de la misma a todos los registradores de instrumentos públicos del país.

N. del D.: La presente Instrucción Administrativa va dirigida a registradores de instrumentos públicos del país.

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