INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 18 DE 2006 

(Mayo 24)

Asunto: Certificados sobre las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro para procesos de pertenencia.

Sentencia C-275 de 2006. Exequibilidad del ordinal 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

Como usted ya sabrá la Corte Constitucional mediante Sentencia C-275 de 2006, adoptada en la sesión de Sala Plena celebrada el 5 de abril de 2006 declaró exequible el ordinal 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

La norma en cuestión es resultado de las modificaciones que introdujo el Decreto 2282 de 1989 al Código de Procedimiento Civil, y dispone:

“ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil (...).

El artículo 407, quedará así:

Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:

5. A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal. Siempre que el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella (...)”.

En esta oportunidad el motivo para resaltar, en nuestro ámbito de oficio, es la Sentencia C-275 de 2006. En dicha exequibilidad la Corte muestra unas razones de la decisión que son fuertes, no tienen vacilaciones, y sobre todo tienen en cuenta la función del registrador de instrumentos públicos y la competencia de los jueces en los procesos declarativos de pertenencia. Ello en concordancia con las necesidades de los usuarios del servicio público que pretendan acudir a las instancias judiciales.

En cuanto al registro de instrumentos públicos, en lo que se ha podido conocer que es solo el extracto de la sentencia, divulgado en el comunicado del 5 de abril de 2006 de la alta instancia constitucional, se extiende con detalles sobre esa especialidad tan importante para la seguridad jurídica, el desarrollo del crédito hipotecario y el fomento de la inversión.

Ya es sabido que la Corte Constitucional, en aquellos casos en los cuales declara la inexequibilidad de normas tiene acostumbrados a los estudiosos, ciudadanos y seguidores de sus sentencias, a argumentaciones jurídicas de mayor amplitud de examen, detenimiento en el raciocinio, y conexiones normativas. No ocurre lo mismo en aquellas decisiones donde encuentra ajustada a la Constitución Política y a su sistema garantista de derechos, y protector de principios, a una norma determinada.

En el caso en cuestión la demanda pretendía sacar del ordenamiento jurídico a la norma demandada por ser discriminatoria de los principios de igualdad (artículo 13, C.P.), de primacía de lo sustancial sobre lo formal (artículo 228, C.P.) y del derecho de acceso a la justicia (artículo 229, C.P.).

La consecuencia de interés para los registradores de instrumentos públicos, de la exequibilidad descrita es la siguiente:

“(...) la Corte consideró que el demandante en el proceso de pertenencia no tiene por qué asumir las consecuencias de la negativa del registrador en expedir el certificado que afecta sin duda su derecho de acceder a la administración de justicia. Por ello, entendió que la norma acusada debe entenderse en el sentido de que en ningún caso, el registrador de instrumentos públicos puede dejar de responder a la petición, de acuerdo con los datos que posea y dentro del término legal. La respuesta puede tener el contenido que resulte de la verificación de lo que consta en el registro, inclusive que el bien no aparece registrado. Con este entendimiento, la norma fue declarada exequible y así garantizar el acceso a la administración de justicia del demandante”.

En este sentido también hay que resaltar las consideraciones de la Corte Constitucional como una reiteración de conceptos de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro. Reiteración tal vez no a propósito sino como resultado del análisis lógico-legal que nos permite coincidir en la interpretación y ver así como un acierto compartido una postura común acerca de la expedición de certificados para los procesos de pertenencia. Esto sucede con los conceptos 841 y 896, ambos de 2006, y anteriores a la sentencia.

En el primero de ellos se consulta:

1. “La oficina de registro de instrumentos públicos de Ocaña, o de cualquier otra parte del país ¿Puede abstenerse de expedir el certificado solicitado, argumentando que los datos suministrados del inmueble no son suficientes?”.

2. “Si dicho funcionario puede abstenerse de expedir el certificado de libertad, por lo planteado en el interrogante anterior, ¿Cómo se llena el requisito señalado en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, si esta exigencia para que el juez competente admita la demanda?”.

Y la oficina responde:

1. “Para obtener el certificado para procesos de pertenencia de que trata el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, deberá el interesado mediante petición por escrito solicitarlo, indicando los datos necesarios que faciliten la labor del registrador, como son: nombre del predio, vereda, municipio, nomenclatura, nombre del propietario(s), folio de matrícula inmobiliaria, linderos, etc.

La oficina de registro de instrumentos públicos no se puede negar a cumplir este ordenamiento legal, ya que no es una certificación cualquiera, en ella se debe afirmar que determinada persona figura como titular de determinado derecho real respecto de un inmueble o que sobre dicho inmueble no aparece nadie como titular de derecho real sujeto a registro”.

2. “Al no poderse negar el registrador de instrumentos públicos a expedir el certificado conforme al numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil; no existe documento alguno que supla este requisito para presentar la demanda”.

En el segundo concepto, el 896 de 2006 de ellos se concluyó:

“El registrador de instrumentos públicos en cumplimiento de la función certificadora de la cual está revestido, está en la obligación de expedir el certificado en los términos del artículo 407 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, indicando quién es el actual titular del derecho real.

Si el inmueble no tiene asignada ninguna matrícula inmobiliaria la certificación deberá expresar que sobre el terreno a prescribir no se encuentra titular alguno”.

Ambos conceptos tuvieron como fundamento la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 1980, que en lo principal señala:

“El certificado que debe acompañarse a la demanda de manera expresa ha de indicar las personas que, con relación al específico bien cuya declaración de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro o de manera clara dirá que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de los mismos. Es entonces el interesado en el certificado aludido quien suministrará los datos indispensables para localizar la matrícula del fundo y para que él sea expedido (...)”.

También coinciden ambos conceptos, en que el criterio de la Superintendencia de Notariado y Registro viene unificado, en materia de expedición de certificados para procesos de pertenencia, mediante la instrucción administrativa número 48 de 2001.

“De obtenerse resultados negativos, así se certificará dejando constancia que lo afirmado corresponde a la consulta hecha sobre índices de propietarios o de inmuebles, de manera tal que de verificarse inspección judicial sobre dichos archivos el resultado será siempre igual al contenido en la certificación”:

“Para que la certificación del registrador sea congruente con la información que se encuentra en los archivos de cada dependencia, es importante que el peticionario en su solicitud consigne la siguiente información: identificación por su área y linderos del inmueble, cuando fuere el caso, con indicación de si forma parte de otro de mayor extensión, antecedentes regístrales y/ o catastrales, nombre e identificación del presunto titular del derecho de dominio”.

Como ve, señor registrador de instrumentos públicos, el tema es claro, reiterado, y ahora confirmado por la Corte Constitucional con su reciente sentencia.

De esta manera pretendo dejarle en esta instrucción administrativa el marco conceptual completo de la materia, para su consulta y práctica.

N. del D.: La presente instrucción administrativa va dirigida a los señores registradores de instrumentos públicos.

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