INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 19 DE 1995 

(Julio 13)

A continuación y con el propósito de hacer claridad respecto de la exigibilidad por parte del notario, del paz y salvo de valorización en el otorgamiento de escrituras públicas por medio de la cuales se enajene, limite o grave un inmueble, me permito transcribirles las siguientes normas, no sin antes destacar la importancia de la contribución en la vida institucional de los municipios y de su vínculo con la propiedad inmobiliaria por lo cual se hace necesario asegurar los recaudos que provengan de tal contribución.

El artículo 45 del Decreto 2163 de 1970, establece: “El comprobante de paz y salvo con el municipio de ubicación de los inmuebles objeto de escrituras públicas, por todos los impuestos y contribuciones causados en razón de ellos, de que tratan los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1896, 17 de la Ley 81 de 1931 , y 21 y 26 de la Ley 1ª de 1943 , se referirán a todos los impuestos y contribuciones de que tratan las disposiciones citadas, y los notarios lo exigirán para todos los actos y contratos en ellas determinados.

Las autoridades que liquiden y distribuyan el impuesto especial de valorización tendrán la obligación de comunicarlo a la oficina de registro correspondiente, en los términos del inciso 3º del artículo 4º (sic) de la Ley 57 de 1887 ”.

A su turno los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1896, prescriben:

ART. 1º—”En los departamentos en donde esté establecido el impuesto directo sobre propiedad raíz, los notarios o los que hagan sus veces no prestarán su oficio en el atorgamiento de instrumentos que graven o cambien la propiedad de la fincas raíces, sin que se les presente por los interesados el comprobante de que la finca o fincas a que el instrumento va a referirse, están a paz y salvo con el respectivo tesoro departamental por lo que les corresponda por impuesto directo hasta la fecha del mismo otorgamiento.

Cuando el instrumento verse sobre la propiedad de fincas situadas en un departamento distinto del de su otorgamiento, siempre se exigirá la formalidad apuntada, si en el lugar de la ubicación existe el gravamen de que se trata”.

ART. 2º—”La omisión de lo preceptuado por esta ley no es causa de nulidad de los instrumentos en que se haya incurrido pero el notario será castigado con la suspensión de su empleo por uno a tres meses, y además con una multa igual al importe del impuesto que haya dejado de cubrirse hasta la fecha del otorgamiento del instrumento de que se trate”.

Así mismo el artículo 17 de la Ley 81 de 1931, reitera que los notarios no prestarán sus servicios en la transferencia, hipoteca, arrendamiento, es decir todo acto que constituya enajenación, gravamen o limitación del dominio, sin exigir los paz y salvos en comento.

Por su parte el artículo 21 de la Ley 1ª de 1943, ordena: “Para la efectividad del impuesto de valorización se hacen extensivos a éste los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1896 y el artículo 17 de la Ley 81 de 1931”.

Concordante con las anteriores disposiciones el artículo 26 del Decreto 2148 de 1983 , prescribe: “Todo otorgante debe presentar al notario los comprobantes fiscales. El notario no permitirá la firma por ninguno de los comparecientes mientras el instrumento no esté completo, anexos la totalidad de los certificados y documentos requeridos” (subrayo).

A su vez el artículo 198 del Decreto 960 de 1970 , en su numeral 15 contempla como falta disciplinaria “la transgresión de las normas sobre prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades consagradas en el presente estatuto”.

De las normas transcritas queda claro no sólo que el notario está obligado a solicitar el paz y salvo por valorización en los municipios donde exista ese impuesto, sino que el incumplimiento a ese deber, le acarrea sanciones disciplinarias.

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