INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 19 DE 1996 

(Mayo 8)

Con motivo de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para combatir delitos contra la libertad personal como el secuestro y la extorsión, la superintendencia delegada para el notariado les dirigió el 6 de marzo próximo pasado la Instrucción Administrativa número 10, por la cual les recordaba las obligaciones que en relación con el ejercicio de la función notarial les asignaba el artículo 18 del Decreto Legislativo 2238 de 21 de diciembre de 1995.

A través de ese estatuto se creó el consejo nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal y se asignaron sus funciones, entre ellas, la de llevar un registro de las personas reportadas como secuestradas con sus nombres completos e identificación que debía remitirse a todas las notarías, para el cumplimiento de la disposición objeto de su artículo 18, que ha sido citado anteriormente. Esto es, abstenerse de dar fe respecto de petición alguna en donde figuraren personas relacionadas en el registro de que trata el literal d) del artículo 2º del mismo decreto e informar a la Fiscalía General de la Nación acerca del conocimiento de actos o contratos en que por su cuantía, la naturaleza de la operación o su realidad hiciera suponer vinculación alguna con delitos de secuestro o extorsión.

Por razones de incompatibilidad con el correspondiente estado de excepción, fundadas en falta de motivación, la Corte Constitucional declaró inexequibles veintidós de los veintiséis artículos que conforman el decreto extraordinario motivo de comentario, según Sentencia C-135 de 9 de abril del presente año.

Sólo quedaron vigentes aquellos correspondientes a los números 1, 2, 3 y 26, circunstancia que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes. Los dos primeros, como ya se dejó anotado, crean el “Conase” y le asigna funciones; en tanto que el tercero erige la secretaría técnica del mismo consejo y el 26 que señala la fecha de vigencia del decreto.

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