INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 20 DE 1996 

(Mayo 13)

Atendiendo el requerimiento que a este despacho ha hecho la directora nacional de estupefacientes, en lo que tiene que ver con la inscripción de las resoluciones de destinación que expida la citada dirección, en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, para su conocimiento y aplicación me permito transcribirles las disposiciones pertinentes, cuyo texto es del siguiente tenor:

El artículo 53 del Decreto-Ley 99 de 1991, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 del mismo año , prescribe:

“Los inmuebles, aviones, avionetas, helicópteros, naves y artefactos navales, marítimos y fluviales, automóviles, maquinaria agrícola, semovientes, equipos de comunicaciones y radio y demás bienes muebles así como los títulos valores, dineros, divisas, depósitos bancarios, y en general los derechos y beneficios económicos o efectos vinculados a los procesos por los delitos cuyo conocimiento atribuye el artículo 9º del presente decreto a los jueces de orden público, o que provengan de su ejecución, quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión u ocupación, hasta que resulte ejecutoriada la providencia sobre entrega o adjudicación definitiva...”.

Por su parte, el inciso 3º del referido artículo dispone que:

“...De la aprehensión, incautación u ocupación de los bienes que estuviesen sujetos a registro de cualquier naturaleza, se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda por el jefe o superior de la unidad investigativa que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acto y no estará sujeta a costo ni turno alguno, so pena de causal de mala conducta. Hecha ésta, todo derecho de terceros que se radique sobre el bien será inoponible al Estado...”.

Señores registradores: como bien se infiere del texto transcrito, es de suma importancia y transcendencia para el Estado, el cabal y oportuno cumplimiento del deber a ustedes impuesto, desplegando todo el interés y colaboración de su parte, implementando las medidas que estimen necesarias al interior de sus oficinas, en aras de obtener los resultados previstos en la ley.

En aquellos eventos en que la Dirección Nacional de Estupefacientes no cuente con el número de la matrícula inmobiliaria del bien objeto de destinación y por tanto no lo informe, consideramos que para las oficinas de registro que se encuentran sistematizadas es posible acceder a la información valiéndose de otros datos como serían los nombres y apellidos del titular del inmueble, el número de la cédula de ciudadanía o la dirección del inmueble. Lo importante entonces es no cerrar a primera vista la posibilidad de encontrar la solución, a efecto de no hacer nugatorio el objetivo de la ley.

En cuanto a las oficinas de registro que carecen del medio sistematizado y adelantan su labor en forma mecánica o manual y que de otra parte, no tienen actualizados los índices de propietarios ni los de inmuebles, la situación puede aparejar cierta dificultad, la que por lo demás, no puede constituir óbice alguno para actuar con la mejor disposición de ánimo, en procura de agotar todos los medios que se requieran, tendientes a ubicar en los archivos de la oficina los datos que permitan la inscripción de la resolución de destinación que profiera la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el folio de matrícula correspondiente.

La directora nacional de estupefacientes consciente de las dificultades que se presentan en la práctica, se compromete a suministrar en la petición la mayor cantidad de datos a su alcance, acudiendo para ello a las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o en su defecto, a las tesorerías municipales, para obtener de ellas la información que repose en las fichas catastrales.

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