INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 20 de 1997 

(Nota: Derogada por las Instrucciones Administrativas 10 de 1998 y 27 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Mediante la instrucción administrativa 17 de 1994 esta superintendencia impartió orientaciones acerca de la base para liquidar los derechos de registro en las escrituras públicas de fiducia.

Teniendo en cuenta que las normas allí mencionadas se encuentran derogadas y que el Decreto 1708 de 1989 regula el cobro de tarifas de registro, siendo aplicable a esta figura el artículo 1º, queda derogada la instrucción administrativa 17 de 1994 debiendo en adelante aplicarse el decreto de tarifas notariales a los contratos de fiducia, mientras se expide por el Gobierno Nacional el nuevo decreto de tarifas por concepto de la función registral.

El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1732 de 1992, modificó el Decreto 172 del mismo año, en lo referente al cobro de los derechos notariales para el contrato de fiducia en los siguientes términos:

“De la fiducia. Por regla general para la transferencia de bienes a título de fiducia mercantil que se celebren o consten por escritura pública, se tendrá como cuantía del acto del valor estipulado como remuneración para el fiduciario. En igual forma se procederá cuando los bienes fideicomitidos deban pasar nuevamente al dominio del fideicomitente o sus herederos.

No obstante, cuando el fiduciario en desarrollo del contrato de fiducia mercantil deba transferir los bienes a un tercero, distinto del fideicomitente o sus herederos, la cuantía del nuevo acto será el valor de los bienes que se transfieran.

Cuando en el contrato de fiducia mercantil se prevea la remuneración del fiduciario mediante pagos periódicos y no se fije expresamente un plazo de duración, se aplicará lo previsto en el artículo 21, literal b) de este decreto para los plazos indeterminados”.

La anterior modificación, obedeció, de conformidad con la parte motiva de dicho decreto, a que “si se liquidan los derechos notariales con base en el valor total de los bienes objeto del contrato de fiducia, sin examinar la clase de negocio fiduciario que se constituye, puede verse considerablemente afectada la utilización de esta figura jurídica, lo cual no estaría conforme con el interés social”.

Al no existir norma específica aplicable a este tipo de contratos en el decreto que determina la tarifa de derechos de registros de instrumentos públicos, consideramos que para el cobro de estos derechos, tratándose de la fiducia, se deben seguir los parámetros establecidos en el Decreto 1732 de 1992.

N del D.: Esta instrucción va dirigida a registradores de instrumentos públicos del país.

(Nota: Derogada por las Instrucciones Administrativas 10 de 1998 y 27 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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