INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 24 DE 2006 

(Diciembre 15)

Asunto: Derechos de registro en acuerdos de reestructuración y en la cesión de bienes por liquidación obligatoria de las sociedades.

Esta superintendencia ha conocido acerca de la diversidad de criterios que se han suscitado entre la Superintendencia de Sociedades y las oficinas de registro de instrumentos públicos, en relación con la exención o cobro de derechos por concepto de la inscripción de los autos emitidos por la citada superintendencia, en los que se adjudican inmuebles a los acreedores de las sociedades liquidadas en calidad de cesión de bienes y dación en pago, figura establecida en el artículo 68 de la Ley 550 de 1999.

Para unificar el tema y con el fin de que se preste un servicio eficiente, me permito hacer las siguientes precisiones:

La Ley 550 de 1999, establece un régimen que facilita la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales. Dentro de los mecanismos para conseguir ese objetivo, el legislador constituyó el llamado acuerdo de reestructuración, que consiste en una negociación que se celebra entre una empresa y sus acreedores, y tiene como propósito corregir las deficiencias que se presenten en su operación y en el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias, logrando integralmente una fórmula de pago.

En relación con este aspecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1551 de 2000 señaló:

“La finalidad de la Ley 550 de 1999 es la empresa y no el empresario. La razón del legislador para consagrar esa distinción, fue la de garantizar que los esfuerzos del Estado para lograr la reactivación económica, se dirigiera a las empresas y, de esta forma, evitar que se favorecieran intereses particulares totalmente ajenos a la actividad empresarial. Lo que se trata de lograr es establecer mecanismos idóneos para la celebración de acuerdos a favor de las empresas, con el fin de que se corrijan las deficiencias que presenten en su capacidad de operación, y puedan cumplir con sus obligaciones pecuniarias, de tal suerte que dentro de los plazos y previo cumplimiento de las condiciones que establece la ley, pueda la empresa como base del desarrollo, cumplir con su función social, generando riqueza y propendiendo por el desarrollo del Estado social de derecho”.

(...).

En consideración a lo anterior, resulta claro que el acuerdo de reestructuración que se contempla en el título II de la Ley 550 de 1999, tiene un procedimiento específico que se inicia con la promoción de los acuerdos de reestructuración (art. 6º de la Ley 550 de 1999). Estos acuerdos deben tener unas formalidades y un contenido específico, según lo establece el artículo 31 ibídem, en donde se señala igualmente que ese acto se considerará sin cuantía para efectos de los derechos notariales, de registro y de timbre, al igual que las escrituras que se otorguen en desarrollo de los mismos, incluidas aquellas que tengan por objeto reformas estatutarias o enajenaciones sujetas a dicha solemnidad.

Así las cosas, tanto la inscripción de dichos acuerdos como todas aquellas enajenaciones que se deriven de los mismos, serán considerados como actos sin cuantía.

Por otra parte, los artículos 35 y 36 de la citada ley numeran las causales y los efectos de la terminación del acuerdo de reestructuración. Dentro de los efectos de la finalización, el legislador contempla en el numeral 2º del artículo 36 que cuando se produzca por alguna de las causales establecidas en los numerales 3º, 4º y 5º del artículo 35 ibídem, el promotor o quien haga sus veces, inmediatamente dará traslado a la autoridad competente para que se inicie de oficio el proceso concursal de liquidación obligatoria o el procedimiento especial de intervención o liquidación que corresponda, sin perjuicio de las demás medidas que sean procedentes de conformidad con la ley.

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 150 de la Ley 222 de 1995 preceptúa que el trámite de liquidación obligatoria se abrirá por decisión de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio.

La Ley 222 de 1995 modificó los procesos concursales, de manera que por expresa disposición del artículo 242 de la aludida normatividad los procedimientos concursales quedaron reducidos al concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor y a un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor (liquidación obligatoria del patrimonio del deudor insolvente).

En Sentencia C-263 de 2002 se considera que los objetivos inmediatos entre el concordato y la liquidación obligatoria difieren, pues mientras el primero pretende la reestructuración del pasivo del deudor, con miras a que este pueda reactivar su actividad productiva, la liquidación obligatoria procede cuando tal reactivación no es posible a fin de lograr la satisfacción ordenada del crédito.

Para llevar a cabo el trámite liquidatorio la Superintendencia de Sociedades nombrará un liquidador, quien tiene dentro de sus funciones la de enajenar con las restricciones establecidas en la ley, los bienes del deudor, para lo cual debe primero haberse aprobado por el competente, el avalúo de dichos bienes (art. 181 de la Ley 222 de 1995) (2) .

A estas transacciones o enajenaciones que se hagan por parte del liquidador dentro de un proceso de liquidación obligatoria se les debe aplicar para el cobro de derechos registrales la tarifa del cinco por mil (5 x 1000) de que trata el literal b) del artículo 1º del Decreto 1428 del 26 de julio de 2000.

Ahora bien, como la Ley 222 de 1995 no consideró en su articulado cuál era el procedimiento a seguir en los eventos en que no fuera posible efectuar las enajenaciones de los bienes que conforman el patrimonio del deudor, objeto de la liquidación obligatoria, fue preciso que la Ley 550 de 1999 contemplara en los artículos 67 y 68 esta eventualidad.

El artículo 67 de la aludida norma señala que si dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de los avalúos en el proceso de liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995, no fuere posible enajenar los bienes, el liquidador deberá acudir para tal enajenación a una subasta pública a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en lo posible preservando su estado de unidad económica. Dicha subasta se regirá en lo pertinente por las disposiciones sobre remate de bienes consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

A las transacciones a que se refiere el precitado artículo se les debe aplicar para el cobro de derechos registrales la tarifa del cinco por mil (5 x 1000) de que trata el literal b) del artículo 1º del Decreto 1428 del 26 de julio de 2000.

A su vez, el artículo 68 de la Ley 550 de 1999 establece que si no fuere posible realizar la venta de los bienes de que trata el artículo anterior en un término de tres (3) meses contados a partir de la primera subasta, el liquidador implorará el pago por cesión de bienes a que se refieren los artículos 1672 y siguientes del Código Civil. Como juez actuará para tal efecto la Superintendencia de Sociedades; y en el evento en que los acreedores no fueran obligados a aceptar la cesión, por encontrarse el deudor en los casos del artículo 1675 del Código Civil, el liquidador entregará a los acreedores, a título de dación en pago, los bienes de que se disponga de conformidad con las reglas de prelación de créditos y por el porcentaje del valor por el que no fueron subastados. Para dicha entrega podrá recurrir al procedimiento de pago por consignación, el cual se tramitará ante la justicia ordinaria.

Tanto la cesión de bienes como la dación en pago previstas en el artículo 68 ibídem, darán por terminados los correspondientes concursos liquidatorios, la Superintendencia de Sociedades proferirá la declaración correspondiente y dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 199 de la Ley 222 de 1995.

En relación con el artículo 68 de la Ley 550 de 1999, es preciso señalar que la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de su función jurisdiccional profiere un acto administrativo en donde aprueba el proyecto de adjudicación de cesión de bienes y adjudica dichos bienes a los diferentes acreedores, y es esta providencia administrativa, la que se radica en las oficinas de registro de instrumentos públicos para su inscripción.

Teniendo en cuenta que la solicitud de inscripción del acto administrativo (auto de aprobación del pago mediante el mecanismo de cesión de bienes) proviene de una superintendencia, que lo profirió en desarrollo de la intervención en un procedimiento de liquidación obligatoria, se enmarca en lo establecido en el literal b) del artículo 17 del Decreto 1428 de 2000, que a la letra reza:

“ART. 17.—Actuaciones exentas. La actuación registral no causará derecho alguno en los siguientes casos:

(...).

b) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro, provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes, los jueces penales, la policía judicial, los defensores de familia, los juzgados de familia en asuntos relacionados con menores, el personero municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas en desarrollo de investigaciones que les corresponda adelantar, de intervención y toma de posesión de bienes, o que se requieran para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica” (negrillas fuera de texto).

En consecuencia, la cesión obligatoria de bienes ordenados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de liquidación obligatoria (L. 550/99, art. 68) se tendrán como actos exentos para la liquidación de derechos registrales.

(2) Artículo 181 Ley 222 de 1995 Avalúo. Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador ordenará el avalúo de los bienes, para lo cual consignará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean idóneas para llevarlo a cabo, a quienes les señalará el término dentro del cual deben cumplir el encargo.

Aprobado el avalúo se procederá a la enajenación de los bienes, en los términos de la presente ley.

N. del D.: Esta instrucción administrativa va dirigida a los registradores de instrumentos públicos.

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