INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 27 DE 1994 

(Noviembre 2)

Dadas las continuas controversias surgidas en torno a la aplicación de las normas que regulan la constitución de sociedades administradoras de consorcios comerciales, y defraudaciones a personas desprevenidas y neófitas en el tema, para su conocimiento y aplicación, esta superintendencia hace las siguientes precisiones:

Definición. Las sociedades administradoras de consorcios comerciales son aquellas que realizan la captación de recursos del ahorro privado con destino a la formación de fondos en que participen grupos de personas interesadas en la adquisición de determinados bienes o servicios, mediante abonos anticipados, periódicos o excepcionales, de cuotas que comprendan el valor o servicios ofrecidos y los gastos de administración del fondo o gestiones del grupo correspondiente.

De conformidad con el artículo 2º del Decreto 1941 de 1986, corresponde a la Superintendencia de Sociedades las funciones de vigilancia y control de las sociedades administradoras de consorcios comerciales, en los mismos los mismo términos y con los mismos recursos y facultades asignadas por la ley a la Superintendencia Bancaria.

El artículo 1º de la Resolución 11746 de 1988, proferida por la Superintendencia de Sociedades, dispone que las sociedades que se dediquen a la administración de consorcios comerciales, deberán constituirse como sociedades por acciones y agregar a su denominación la expresión “sociedad administradora de consorcios comerciales”.

Por su parte el artículo 53 del Decreto 663 de 1993, preceptúa: “Quienes se propongan adelantar operaciones propias de las instituciones cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Bancaria (y a la de sociedades, según el artículo 2º del Decreto 1941 de 1986) deberán constituir una de tales entidades, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo, y obtener el respectivo certificado de autorización” (entre paréntesis y resaltado, nuestros).

El inciso segundo del numeral 5º de la citada norma señala: “El superintendente concederá la autorización para constituir la entidad, cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales y se cerciore, por cualesquiera investigaciones que estime pertinentes, del carácter, responsabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de las personas que participen en la operación” (destacamos).

Finalmente, el numeral 6º de la misma norma preceptúa: “Dentro del plazo establecido en la resolución que autorice la constitución de la entidad, deberá elevarse a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e inscribirse de conformidad con la ley” (resaltamos).

Es importante entonces, que se tenga en cuenta que la escritura de constitución sólo se otorgará después de haber cumplido con los requisitos previos a los cuales nos hemos referido, hasta el punto de que, es la resolución que autoriza la constitución de la sociedad, la que establece el término dentro del cual se debe elevar a escritura pública el proyecto de estatutos.

En atención a todo lo expuesto, considera esta superintendencia que, cuando quiera que se pretenda solemnizar mediante escritura pública el proyecto de estatutos de una sociedad administradora de consorcios comerciales, el notario deberá exigir la correspondiente autoautorización de constitución, expedida por la Superintendencia de Sociedades, como requisito “sine qua non”, para proceder al otorgamiento y autorización del instrumento.

Esta instrucción deja sin efectos las números 16 y 30 de 1992 y 003 de 1994.

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