INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 27 DE 1996 

(Junio 11)

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 1 de 1999 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Objetivos de cooperación institucional con la dirección de la política migratoria a cargo del Estado y actuando dentro de los parámetros de dirección, coordinación, administración y orientación del servicio público de registro del estado civil adscrito a esta superintendencia por los decretos-ley 1260 de 1970 y 2158 de 1992 , inspiraron la expedición el pasado 7 de diciembre de la Instrucción Administrativa número 34.

El recordatorio de temas como aquellos vinculados con la identificación de extranjeros, en cuanto tiene que ver con la definición de visitantes o de personas en transito —comprendida la citación de actividades permisibles para aquéllos cuya permanencia en el país no comporte ánimo de establecerse en el territorio nacional—, precedieron el objetivo central de la orientación referida a la aplicación de los decretos-ley 2668 de 1988 y 1556 de 1989 .

Es bien conocido por ustedes, que por regla general la diversidad del lugar de vecindad de los contrayentes constituye aspecto circunstancial de primer orden sobre el cual se fundamentó la fijación del edicto como requisito sine qua non para dar curso a la expresión de voluntad tendiente a contraer matrimonio que se plasma en la solicitud correspondiente, por disposición expresa de los artículos 130 y 131 del Código Civil, extendido a los extranjeros no domiciliados en Colombia por los decretos citados en el aparte inmediatamente anterior, a través de los cuales se autorizó la celebración de ese acto ante notario público.

Importante es entonces adicionar, a título de complementación, la instrucción administrativa que se cita como referencia para ilustrarlos acerca de la viabilidad de su desarrollo, respecto de la fijación del edicto, en concordancia con lo que prevén normas procesales civiles sobre la materia.

En este orden de ideas, se tiene que los artículos 35 y 193 del Código de Procedimiento Civil establecen las siguientes posibilidades:

a) A través del cónsul de Colombia en el respectivo Estado, para lo cual el exhorto debe dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores;

b) Mediante carta rogatoria que se envía, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una de las autoridades judiciales del país donde debe surtirse la fijación del edicto, la que a su vez la devolverá por conducto del agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo, y

c) Mediante exhorto dirigido directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia en el país respectivo.

Bien conocido es por ustedes que toda actuación administrativa debe desarrollarse, fundamentalmente, con arreglo a principios de celeridad y eficacia, éste, según el cual los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales; que los funcionarios encargados de desarrollarla han de tener en cuenta el que es su objetivo el cumplimiento de los cometidos estatales, la adecuada prestación de servicios públicos y la efectividad de derechos e intereses de los administrados, además de cumplirse dentro de los términos señalados por las disposiciones que las rigen.

También lo es que como órgano administrativo, le es dado a la Superintendencia de Notariado y Registro observar estrictamente los principios orientadores de las actuaciones de ese orden y las normas del Decreto Legislativo número 01 de 1984, cuyo artículo 267, me permito recordar:

Aspectos no regulados. En los aspectos no regulados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

Una debida, amplia y armónica interpretación de estas normas con preceptos constitucionales fundados en la solidaridad debida a las personas como presupuesto de la organización republicana unitaria característica de nuestro Estado social de derecho; de su servicio a la comunidad, su carácter de garante de la efectividad de los derechos que en su favor prevé la Carta y de la colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado, permite la aplicación de estos instrumentos en el acatamiento de la instrucción administrativa motivo de nuestra atención.

De importancia es aclarar que lo previsto aquí y en la instrucción administrativa objeto de aclaración, no es aplicable en tratándose de extranjeros residentes de manera permanente en el territorio del país.

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 1 de 1999 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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