INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 33 DE 1993 

(Diciembre 7)

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 27 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

En vista de las numerosas consultas que se han venido recibiendo por parte de los señores registradores de instrumentos públicos del país, en lo relacionado con la aplicación de los artículos 2º y 14 de la Ley 56 de 1904 sobre impuesto de registro y anotación, por la vigencia del artículo 294 de la Constitución Política de Colombia, considero oportuno impartir algunas orientaciones tendientes a dilucidar a cuál de dichas normas se le debe dar aplicación:

Los artículos 2º y 14 de la Ley 56 de 1904, establecen en su orden:

“ART. 2º—Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demandas civiles y de los autos de embargo, ni las escrituras que tengan por objeto asegurar los capitales de los establecimientos de instrucción pública o de beneficencia”.

“ART. 14.—La Nación, los departamentos y los municipios, y los establecimientos de instrucción pública y de beneficencia, no están sujetos al pago de derechos de registro. Pero los particulares que contraten con esas entidades y se obligaren en favor de ellas, sí deberán pagar el impuesto que a ellos correspondiere”.

Por su parte el artículo 294 de la Constitución Política, preceptúa: “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317”.

Si bien es cierto que la Constitución Política otorgó a las entidades territoriales mayor autonomía para la gestión de sus intereses tanto fiscales como presupuestales, la administración de sus recursos y el establecimiento de los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, se encuentra condicionada a que estas entidades territoriales: departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas, reglamenten el recaudo de dichos tributos a través de ordenanzas y acuerdos.

Así las cosas, mientras las entidades territoriales no reglamenten ya sea mediante acuerdos y ordenanzas, los recaudos a que hace referencia el artículo 294 de la Constitución Política, se debe seguir dando cumplimiento a la exención fiscal consagrada en los artículos 2º y 14 de la Ley 56 de 1904.

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 27 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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