INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 4 DE 1993 

(Febrero 3)

Como es de conocimiento general la Constitución Política de 1991 en sus artículos 267 y 268, introdujo un cambio fundamental en el concepto de control fiscal que venía aplicándose por parte de la Contraloría General de la República.

Las disposiciones constitucionales señalan que la vigilancia por este ente fiscalizador se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Igualmente prevén que la vigilancia incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valorización de los costos ambientales.

En este orden de ideas la única modalidad de control fiscal que la Constitución preservó y que contempla la Ley 42 de 1993 sobre “La organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que la ejercen” fue la del control posterior, que la contraloría ejercerá a través de sus unidades fiscales.

De acuerdo a lo expuesto, a partir de la fecha los registradores de instrumentos públicos se deben abstener de someter a control previo de la Contraloría General de la República, los documentos y certificados que expidan en cumplimiento de sus funciones.

_____________________________________