INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 45 DE 1996 

(Diciembre 27)

En ejercicio de las funciones asignadas a esta superintendencia por el Decreto-Ley 2158 de 1992, de velar por la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos de notariado y de registro de instrumentos públicos, de instrucción sobre aplicación de las normas que rigen la actividad y de establecer criterios para su cumplimiento, y en consideración a las inquietudes planteadas por las directivas del Instituto de la Reforma Agraria, Incora, y los usuarios del servicio acerca de la disposición aplicable para el cobro de los derechos causados en la autorización de escrituras públicas contentivas de compraventa e hipoteca de inmuebles subsidiados por dicha entidad para desarrollar unidades agrícolas familiares, así como la inscripción del documento en el registro del inmobiliario, siempre que en el instrumento se proceda a la descripción del bien por sus linderos literales y no se haya adoptado el sistema de identificación predial de inmuebles previsto por el Decreto 2157 de 1995, se considera:

La autorización de las escrituras públicas contentivas de los contratos de compraventa e hipoteca en las que conste la adquisición de predios rurales subsidiados por el Incora en los términos previstos por los artículos 1º, 4º, 11, 13 y 17 literal a) del Decreto 1031 del 20 de junio de 1995, por el cual se reglamentó el artículo 20 de la Ley 160 de 1994, así como los derechos que se causen por la inscripción del instrumento en la correspondiente oficina de registro, deberán seguir los parámetros establecidos en el artículo 18 del Decreto 1681 de 1996, por el cual se fijaron las tarifas aplicables por concepto del ejercicio de la función notarial en los contratos referentes a la adquisición de vivienda de interés social.

Con la escritura respectiva se protocolizará certificación del Incora donde conste que el adquirente ha sido beneficiario del subsidio.

La expedición de las copias con destino a catastro, oficina de registro de instrumentos públicos y la primera para el interesado, causarán derechos notariales equivalentes a la mitad de los señalados en la tarifa.

Ahora bien, en razón a que han sido numerosos los interrogantes que han surgido frente a la aplicación de las tarifas notariales y de registro de instrumentos públicos, previstas por el Decreto-Ley 2158 del 5 de diciembre de 1995, modificado por el Decreto 371 del 26 de febrero de 1996 en lo que respecta a la transferencia de inmuebles sobre los cuales se constituirán unidades agrícolas familiares, es importante hacer algunas precisiones sobre el particular, tendientes a fijar los parámetros para efectos de determinar los requisitos que debe contener un instrumento de esta naturaleza para acceder a las tarifas que dicha normatividad consagra, a saber:

1. La comparecencia de la entidad pública, Incora, en forma indirecta, por cuanto no otorga la escritura pública contentiva de compraventa e hipoteca, pero deberá protocolizarse con el instrumento una certificación expedida por dicho organismo en la que conste que el adquirente ha sido beneficiario del subsidio, o copia del acto administrativo de su concesión (D. 371/96, art. 2º).

2. La utilización del procedimiento de identificación predial previsto en el Decreto 2157 de 1995, esto es, que la descripción del inmueble se verifique a través de planos catastrales resultantes de los procesos de formación, actualización y conservación catastral.

Ahora bien, los alcances en cuanto a la aplicación del Decreto 2157 de 1995, se fijaron por parte de esta superintendencia, a través de la Instrucción Administrativa 25 del 6 de junio de 1996, destacándose que la escogencia de este nuevo procedimiento “... Implica que en el texto de las escrituras se omitirá la transcripción textual de los linderos literales del bien, toda vez que la identificación del mismo estará contenida en el respectivo plano catastral...”, en razón de lo cual, este último, formará parte integrante del instrumento público.

Del contenido de este instructivo, estimamos necesario reproducir lo relativo a los requisitos que deben cumplirse en el otorgamiento de las escrituras públicas, además de los consignados en los numerales 1º y 2º que anteceden:

“Que se trate de planos catastrales resultantes de los procesos de formación, actualización y conservación catastral.

Que en los casos de segregación(escon el instrumento se protocolicen los planos que identifiquen en su orden, al predio de mayor extensión, el de la parte segregada y el de la parte restante del bien, salvo la situación prevista para las entidades públicas consagrada en el artículo noveno del comentado Decreto 2157.

Que los planos correspondientes a las partes segregada y restante del bien, sean elaborados por un topógrafo, un ingeniero o un agrimensor, los cuales tendrán el carácter de provisional, hasta tanto el documento que los contenga esté debidamente registrado y la oficina de catastro respectiva los incorpore al catastro dentro del proceso de conformación a que nos hemos referido.

Que tanto las personas naturales, como las jurídicas y las entidades públicas que se acojan a este sistema, deberán continuar con él para los sucesivos actos de disposición, aclaración o actualización de linderos, siempre protocolizando con la escritura pública de que se trate, el plano catastral correspondiente (...)”.

Así las cosas, se concluye que en materia de derechos notariales y registrales la tarifa única prevista por los artículos 1º y 4º del Decreto 2158 de 1995, entendiendo este último con las modificaciones previstas por el Decreto 371 de 1996, serán aplicables siempre y cuando se den las condiciones allí establecidas y a las que ya se ha hecho referencia.

El obrar contrariamente, constituye infracción a la ley, conducta que las superintendencias delegadas de esta entidad estarán prestas a investigar y sancionar disciplinariamente.

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