INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 6 DE 1997 

(Febrero 27)

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 2 de 1999 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Ante las dudas planteadas en relación con los temas indicados, y en ejercicio de la función orientadora adscrita a la Superintendencia de Notariado y Registro, resulta de trascendental importancia transmitir a ustedes el criterio institucional sobre el tema, a lo cual se procede en los términos siguientes:

Modalidades de escisión: su proyección y sus efectos

La cuestión tiene un marco constituido por las leyes 222 y 223 de 1995, el Decreto Reglamentario 650 de 1996 y el Código de Comercio, en torno del cual se hace necesario recordar que las dos modalidades de escisión, cuya finalidad está proyectada a la segregación jurídica y patrimonial de una sociedad, comportan transferencia de bienes patrimoniales —sea que haya o no disolución de la sociedad escindente— a una o más sociedades existentes o se destinen a la creación de una o más nuevas y que se perfecciona a través de escritura pública con su correspondiente inscripción en los registros mercantil e inmobiliario, según fuere el caso.

Así lo establecen los artículos 3º y 8º de la Ley 222 de 1995, de cuyos textos se infiere, además, que el objeto de la escisión radica en la transferencia en bloque de una parte del patrimonio de una sociedad a otra —incluidos activos y pasivos— lo que, en criterio nuestro, no implica aumento de capital. Ahora bien, si el surgimiento de los efectos de un acto de esta naturaleza depende del cumplimiento de su inscripción en el registro —a la cual se encuentra sujeto— es obvio que le sean aplicables disposiciones reguladoras del impuesto de registro, entre otras, aquéllas que tienen que ver con la base gravable; es decir, que en los términos del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, esa base se encuentra constituida por el capital suscrito, en el caso de las sociedades anónimas, y por el capital social en el evento de las sociedades limitadas.

Y resulta indispensable aquí tener en cuenta si concurre aporte de bienes inmuebles en el pago del capital suscrito o social; porque de ser así, opera el registro de instrumentos públicos respecto de las modificaciones del derecho de dominio sobre ellos, para lo cual ha de ser aplicable la base gravable para inmuebles definida por el artículo 4º del Decreto Reglamentario 650 de 1996, de la siguiente manera:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de 1995, se entiende que el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles cuando a través del mismo se enajena o transfiere el derecho de dominio. En los demás casos la base gravable está constituida por el valor incorporado en el documento, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del mismo artículo”.

Como se observa, además de la naturaleza propia de los bienes, la enajenación o transferencia del derecho de dominio sobre los mismos es, desde el punto de vista legal, determinante de que el acto, contrato o negocio jurídico haga referencia a bienes inmuebles, sin importar que la enajenación provenga de venta, donación, adjudicación, etc.; igualmente es importante tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto por el artículo 2º del mismo decreto citado de manera inmediatamente anterior, cuando en el documento sujeto a inscripción en el registro consten varios actos, contratos o negocios jurídicos gravados, el impuesto se debe liquidar sobre cada uno de ellos.

La escisión y el impuesto de registro

En términos generales, la inscripción de reformas relativas a la escisión es considerada como acto sin cuantía por la ley para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro y, entonces, le es aplicable la tarifa en salarios mínimos que se establece para este tipo de actos. Y es acto sin cuantía, como bien puede deducirse del texto de los artículos 6º y 8º del Decreto Reglamentario 650 de 1996, cuando la escisión no comporta aumento de capital, cesión de cuotas o partes de interés, o sea, como en el caso de una escisión sin disolución de una sociedad con transferencia en bloque de una o varias partes de su patrimonio, si la suma del capital suscrito con que quede la sociedad escindente y el de la sociedad beneficiaria, es igual al capital de la primera antes de producirse la escisión.

No obstante no encontrarse previsto un tratamiento especial para la escisión con transferencia de bienes inmuebles, lo obvio es que la regla a aplicar sea aquella especial relacionada con la transferencia del derecho de dominio sobre inmuebles consagrada por el artículo 4º del Decreto Reglamentario 650 de 1996. Ello, en virtud de lo innegable que resulta el hecho de que en el acto de escisión, la transferencia se efectúa de una persona jurídica (escindente) a otra (beneficiaria) lo cual, a la luz del precepto mencionado, lleva a concluir que se trata de un acto referente a inmuebles. Además, es claro el precepto del artículo 98 del Código de Comercio al establecer que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.

En virtud de esta norma y de la del artículo 9º de la Ley 223 de 1995, el perfeccionamiento del acuerdo de escisión que comprenda bienes inmuebles —en los términos que se han expresado— hace operable la transferencia de una sociedad a otra, y cuyo disfrute por parte de la beneficiaria requiere de la inscripción en el registro de las modificaciones al derecho de dominio. Sobre ese particular, la ley prevé que para esos efectos basta con enumerar los inmuebles en la escritura de escisión indicándose los datos de registro del bien o del derecho; y establece, igualmente, que basta la sola presentación de la escritura para que proceda su inscripción en el registro, ordenamiento que no puede mirarse como modificatorio del régimen legal del impuesto de registro.

Así las cosas, se observa que la transferencia del derecho de dominio sobre los inmuebles tiene como fundamento la escisión; constituye un acto distinto y posterior al de perfeccionamiento de ésta; pero es importante precisar de que el hecho de la transferencia del dominio provenga de la escisión no implica que ese acto no verse sobre inmuebles. Tampoco significa algo diferente a que concurran dos actos jurídicos autónomos y, por ende, plenamente diferenciados: el de la escisión propiamente dicha que, como tal, puede o no ser un acto sin cuantía e inscribible en el registro mercantil; y el de transferencia del derecho de dominio sobre inmuebles, inscribible en el registro de instrumentos públicos y que constituye acto con cuantía.

Finalmente, y en relación con este subtema, vale advertir que la materia objeto de este instructivo no puede confundirse con lo previsto por el artículo 14-2 del estatuto tributario, porque se trata ésta de una disposición que hace referencia al impuesto sobre la renta o ganancias ocasionales y, por ende, es opuesta a la escisión que se proyecta a la división de un patrimonio que no aumenta ni disminuye, sólo distribuye y que, por sustracción de materia, no comporta obtención de renta o de ganancia ocasional.

Los derechos de registro en la escisión

Es conocido que en materia del registro de la propiedad inmobiliaria, conforme a los términos del Decreto 1708 de 1989, el hecho generador de los derechos lo constituye el acto de inscripción del título o documento sujeto a él; y que éstos se causan en el momento de rogar el servicio, como quiera que su pago es presupuesto para iniciar el proceso de registro.

(En razón a que la escisión carece de una reglamentación especial frente a los derechos de registro —como sí la hay en relación con los derechos notariales—, no puede ser considerada como acto sin cuantía; y en esas condiciones, la liquidación de los emolumentos que causa la prestación de este servicio, se hará de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del estatuto tarifario en mención)*.

*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia 8898 del 11 de diciembre de 1998, Consejero Ponente: Doctor Delio Gómez Leyva).

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 2 de 1999 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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