Interpretación extensiva para beneficios tributarios

Revista N° 155 Sep.-Oct. 2009

Humberto Aníbal Restrepo Vélez  

Abogado Tributarista  

El alcance que debe darse a la potestad reglamentaria que ostenta el Gobierno Nacional en el sentido de estar limitada a cumplir con el cometido de ejecución de la ley —sin que ello implique la posibilidad de su modificación, restricción o ampliación—, así como el principio general de derecho aceptado en materia impositiva relacionado con la aplicación restrictiva de las normas que incorporan privilegios tributarios están siendo revaluados por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que busca identificar el fin de la norma, al anteponer un sentido teleológico como mecanismo de interpretación de disposiciones que contemplan beneficios fiscales.

Se trata de una rectificación jurisprudencial producida por el Consejo de Estado(1) , a propósito del juicio de legalidad de las normas que reglamentan la no causación del impuesto sobre las ventas en la "importación de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional", contemplada en el literal d) del artículo 428 del Estatuto Tributario.

En criterio de esa alta corporación, atendiendo a que el país atraviesa por reiteradas situaciones de perturbación del orden público que son enfrentadas mediante la intervención de la fuerza pública y la Policía Nacional, las normas relacionadas con los bienes destinados a este propósito deben ser interpretadas siempre buscando su finalidad, por lo que en tal sentido la expresión "armas y municiones" no puede tener un significado restrictivo o anticuado, sino que debe comprender todo el conjunto de elementos que en forma activa o pasiva sirvan a la seguridad nacional y a la defensa del Estado (sic).

En estas condiciones, se avaló el contenido de los decretos reglamentarios 695 de 1983 y 3000 del 2005, que le atribuyen la calidad de armas y municiones a una serie de elementos que no lo son, tales como: naves, aeronaves, semovientes de todas las clases y razas, equipos de bucería, paracaídas, equipos para control de incendios, equipos de comunicaciones, equipos de hospitales y de campaña, entre otros, con la única finalidad de gozar de la no causación del IVA por el hecho de su importación. Toda una motivación que se basa en consideraciones subjetivas y altruistas en defensa de la loable labor —desde luego indiscutible— que cumple la fuerza pública, pero que resultan ajenas al juicio de legalidad de las normas previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Una cosa es que estos elementos tengan la connotación de material de guerra o reservado y que su uso sea privativo de las fuerzas militares y de policía, y otra muy distinta es que dichos bienes sean considerados como "armas y municiones" para efectos tributarios (D. 695/83, art. 3º).

Aparte de lo anterior, tampoco se encuentra justificación alguna que defienda la aplicación del método de interpretación teleológico o finalista esgrimido para rescatar la legalidad de la reglamentación, basado en la necesidad de dotar a las entidades que deben velar por el mantenimiento del orden público y la soberanía nacional, si se tiene en cuenta lo siguiente: i) desde el punto de vista subjetivo de este método —que invoca la finalidad perseguida por el legislador—, es necesario tener presente que la no causación del IVA solo se predica por la importación de tales bienes, pero no por su venta dentro del territorio nacional, caso en el cual se genera el gravamen, al no estar expresamente excluidas tales ventas, por lo que se cae por su propio peso considerar este aspecto; ii) tampoco se puede acudir al enfoque objetivo del método utilizado —que se refiere al momento en que el juez aplica la norma—, pues el Consejo de Estado hizo caso omiso del contenido del artículo 1º de la Ley 1089 del 2006, que de manera expresa dispone: "La adquisición de bienes y servicios destinados a la seguridad y defensa nacional, que sean de producción nacional, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida se efectuará con los productores nacionales", razón suficiente para descartar en este caso dicho método de interpretación; y iii) si en la actualidad, por el mandato legal citado, se condiciona la adquisición de estos bienes con IVA en el mercado nacional, también carece de sustento la aplicación del método utilizado en un sentido consecuencialista, entendiendo que el mismo persigue una interpretación que permite la obtención de los mejores fines, lo que no se logra con mantener vigente el reglamento.

Aunque para la memoria jurídica quedará el salvamento de voto del consejero Héctor J. Romero, se pone de presente el peligro que representa acudir a este tipo de interpretaciones cuando se trata de confrontar la legalidad de los actos reglamentarios en juicios públicos de nulidad, cuyas decisiones prevén excepciones a principios tanto generales de derecho constitucional como particulares en materia impositiva, en aras de identificar el fin de la norma que se reglamenta.

(1) C.E., Sec. Cuarta, sent. de 21/05/2009, Exp. 16076.