Introducción al régimen jurídico del ejercicio de la profesión de abogado ante la Corte Penal Internacional

Revista Nº 62 Ene.-Mar. 2018

Fabián O. Raimondo 

Doctor en Derecho (Universidad de Ámsterdam). Profesor Asociado de Derecho Internacional Público, Universidad de Maastricht. Miembro de la Lista de Abogados de la Corte Penal Internacional 

(Argentina) 

Sumario

Este artículo examina el régimen jurídico del ejercicio de la profesión de abogado ante la Corte Penal Internacional. Un estudio del derecho aplicable revela que un abogado en el ejercicio liberal de su profesión puede oficiar no solo como abogado defensor, sino también cumplir otras funciones que eran desconocidas o poco frecuentes en el ámbito de los tribunales penales internacionales. Cualquiera sea el rol que desempeñe, el abogado debe reunir los requisitos enunciados en los textos fundamentales de la Corte que se examinan en este trabajo. 

Temas relacionados

Derecho Penal Internacional; Corte Penal Internacional; abogado defensor; abogado de oficio; asesor letrado de testigos; representante legal de víctimas; abogado del Estado. 

1. Introducción

La Haya se ha convertido en la meca del derecho internacional penal para los profesionales del derecho deseosos de ejercer su profesión en la llamada “capital mundial del derecho”(1). Ello se debe a que La Haya fue la sede del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (“TPIY”) y lo es actualmente del Tribunal Especial para Líbano, las Kosovo Specialist Chambers, el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales de la ONU y, principalmente, de la Corte Penal Internacional (“CPI”; “Corte”).

Sin dudas, en los tribunales penales internacionales existe un amplio abanico de posibilidades laborales para los profesionales del derecho y la CPI no es la excepción. Más allá de los cargos de fiscal, magistrado y secretario, un profesional del derecho podría trabajar como letrado en cualquiera de los órganos de la Corte —es decir, la Presidencia, las Salas, la Fiscalía y la Secretaría— o ejercer su profesión ante la Corte en forma liberal.

El presente artículo examina el régimen jurídico del ejercicio liberal de la abogacía ante la CPI. El estudio se lleva a cabo a la luz de lo que este denomina “textos fundamentales” de la Corte —el Estatuto(2); las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP)(3); el Reglamento de la Corte (“RC”)(4); el Reglamento de la Secretaría (RS)(5); el Código de Conducta Profesional de los Abogados(6); y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI(7), así como también de la jurisprudencia de la Corte.

En primer lugar, el artículo identifica y analiza el significado de la voz “abogado” en el derecho y en la práctica de la Corte. Luego, sobre tal base, determina y explica los roles que un abogado puede cumplir en los procedimientos y las condiciones formales que debe reunir para ser autorizado a ejercer su profesión ante aquella.

2. El término “abogado” en el derecho aplicable por la Corte

El término “abogado” es empleado en los textos fundamentales con frecuencia(8), como también en la práctica de la CPI. A fin de especificar el rol que cumple en el procedimiento, a menudo se lo califica en la práctica, tal como abogado defensor o abogado de víctimas. La calificación escogida no siempre resulta a primera vista esclarecedora, por cierto, ya que a veces se trata de terminología trasplantada de un orden jurídico nacional en particular; tal es el caso del término counsel of record, de uso frecuente en los tribunales estadounidenses, pero no en los tribunales penales internacionales(9).

En otras oportunidades, la calificación empleada en la práctica no denota el rol que cumple un abogado en el procedimiento, sino más bien el estatus del abogado en relación con la Corte. Así, la denominación “abogado interno” es utilizada para referir a un abogado que trabaja para la Corte en relación de dependencia, por ejemplo, los letrados de la Oficina Pública de Defensa y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. El término “abogado externo”, por el contrario, alude a un abogado que ejerce su profesión ante la CPI en forma liberal(10).

Por otra parte, las Salas han empleado voces tales como ad hoc counsel e independent counsel, aun cuando ellas no se encuentran en los textos fundamentales(11). Otras voces, tales como co-lead counsel, temporary associate counsel y counsel of record han sido utilizadas en la práctica de la Secretaría, si bien ellas tampoco se encuentran en aquellos textos(12). Otro término frecuentemente empleado en la práctica de la CPI, associate counsel, no se encontraba en la primera versión del RC, pero sí en la corriente(13).

Tal variedad terminológica no solo causa incertidumbre con respecto al significado preciso de la palabra “abogado” en el derecho y la práctica de la Corte, sino que también podría crear ciertos problemas prácticos de importancia al momento de interpretar y aplicar los textos fundamentales, como se apreciará a continuación.

En primer lugar, la voz “abogado” no se encuentra definida ni en el Estatuto, ni las RPP. Sí se la define en el RC, el RS, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI y el Código de Conducta Profesional de los Abogados. El derecho aplicable por la Corte no cuenta con una, sino con cuatro definiciones de abogado.

De acuerdo a la versión original del RC, “Por “abogado” se entenderá un abogado defensor y un representante legal de la víctima”(14), mientras que refería al abogado de oficio como aquel que se encuentra “disponible en cualquier momento para representar a una persona ante la Corte o para representar los intereses de la defensa”(15). La definición de “abogado” fue enmendada en 2011, con el propósito de señalar que comprende a los abogados principales y asociados.

La definición plasmada en el RS distingue entre abogado principal y abogado asociado solo con relación al abogado defensor(16). Por razones desconocidas, tal distinción no aparece con respecto al representante legal de víctimas.

A su vez, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI define como abogado al abogado defensor y al representante legal de víctimas, sin distinguir entre principal y asociado.

Por último, la definición de abogado brindada por el Código de Conducta Profesional de los Abogados es la más amplia de las cuatro: incluye al abogado defensor, el abogado del Estado, los amici curiae, el representante legal de víctimas y el abogado de un testigo(17). El Código define a los “asociados” como aquellos abogados que trabajan en el mismo gabinete jurídico que los abogados principales y al “equipo de la defensa” como al abogado interviniente y todas aquellas personas que trabajen bajo su dirección(18).

Así, se colige que la palabra “abogado” carece de significado unívoco en los textos fundamentales, lo que podría conllevar problemas de índole práctica. Por ejemplo, la falta de referencia al asesor letrado de testigos y el representante legal de víctimas asociado en el RS ha dado lugar a que las disposiciones del capítulo 4 de dicho instrumento jurídico —titulado “Cuestiones relacionadas con los abogados y la asistencia letrada”— no les resulten aplicables. Entre tales disposiciones se encuentran la norma 83 relativa a la asistencia letrada pagada por la Corte y, por este motivo, ni el asesor letrado de testigos, ni el representante legal de víctimas asociado se encuentran comprendidos en el esquema de asistencia jurídica gratuita de la CPI(19).

Asimismo, si bien la falta de referencia al abogado defensor asociado en el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la CPI no le despojaría del goce de los privilegios e inmunidades estipulados en el artículo 18.1 de este tratado en virtud del artículo 18.4 —el cual extiende tales privilegios e inmunidades a los asistentes del abogado defensor—, el representante legal de víctimas asociado y el asesor letrado de testigos sí se encuentran desprovistos de aquellos, lo que a todas luces resulta inaceptable(20).

3. Los roles del abogado en el procedimiento ante la CPI

Las investigaciones y el procedimiento ante la Corte son especialmente complejos por varias razones, entre ellas: los problemas de seguridad que aquejan a los países donde se llevan adelante las investigaciones; la cooperación insuficiente de algunos Estados donde se debe investigar; la gran cantidad de crímenes investigados y de prueba a recoger, presentar y valorar en juicio; la complejidad de las cuestiones jurídicas presentadas; y solo dos idiomas de trabajo —inglés o francés—. Por tanto, si bien en principio todos los abogados se encuentran autorizados a ejercer libremente su profesión ante la CPI, es necesario reunir ciertos requisitos que surgen de las RPP y el RC.

De lo expuesto en la sección precedente, se colige que el abogado en el ejercicio liberal de su profesión podría cumplir alguno de los siguientes roles en los procedimientos ante la Corte: abogado defensor; representante legal de víctimas; asesor letrado de testigos; y abogado del Estado. Si bien la esencia de las tareas de un abogado defensor ante la CPI es similar a la de un abogado defensor en un tribunal doméstico —es decir, lograr el sobreseimiento o la absolución de su cliente, u obtener una pena mínima en el caso de habérsele encontrado culpable—, los roles del representante legal de víctimas, el asesor letrado de testigos y el abogado del Estado ante la Corte no son necesariamente evidentes.

3.1. El abogado defensor

3.1.1. Introducción 

El trabajo de un abogado defensor ante la CPI se encuentra íntimamente relacionado a los derechos del acusado —también del condenado, eventualmente— y en particular al derecho de la defensa en juicio(21). Este último constituye una de las garantías judiciales mínimas reconocidas por el Estatuto a favor de una persona acusada y se encuentra estipulado en el artículo 67.1.d en estos términos:

“[E]l acusado tendrá derecho a… defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo”.

Dos observaciones relacionadas con el trabajo del abogado defensor ante la CPI se imponen al respecto.

En primer lugar, el RC impone ciertos límites al derecho del acusado a elegir abogado defensor, sea este pagado por la Corte o no(22). El primer límite es desde luego la voluntad del abogado, ya que este puede negarse a representar al acusado(23). Además, el abogado debe cumplir con los requisitos para ser incluido en la Lista de Abogados prevista en la regla 22 de las RPP y vale insistir en que esta limitación opera a pesar de que sea el acusado quien financie su defensa.

La segunda observación se relaciona con el derecho a que se le nombre un abogado defensor de oficio, “siempre que el interés de la justicia lo exija”(24). Si bien los tribunales penales suelen nombrar de oficio un abogado defensor cuando el acusado carece de recursos suficientes para pagarlo, el interés de la justicia requeriría que la CPI le asigne uno cuando el acusado no nombra un abogado defensor a pesar de que podría solventarlo y tampoco ejerce su derecho a la autodefensa. Ello debería ser así, sin excepción, dadas las complejidades del procedimiento ante la CPI.

Otro derecho íntimamente ligado al derecho de defensa en juicio es el de “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección”(25). Ambas garantías emanan del concepto de debido proceso y son similares a algunos de los derechos consagrados en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 21 del Estatuto del TPIY y 20 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (TPIR).

Una observación que surge con respecto al derecho a comunicarse libre y confidencialmente “con un defensor de su elección” (artículo 67.1.b., Estatuto) es que debe extenderse, por vía interpretativa, al defensor asignado de oficio por la Corte. Tal interpretación se impone en virtud del artículo 21.3 del Estatuto(26), que prohíbe distinciones adversas fundadas entre otras razones en la posición económica de la persona involucrada. En efecto, de lo contrario se perjudicaría a quienes no pueden financiar un defensor de su elección. Además, tal interpretación sería compatible con la regla 73 de las RPP, que regula las comunicaciones e información privilegiadas, ya que esta no efectúa tal distinción(27). Es de destacar que las RPP constituyen un acuerdo posterior entre los Estados partes del Estatuto relativo a la aplicación de sus disposiciones y, en consecuencia, puede ser utilizado como medio auxiliar de interpretación de los tratados, en un todo de acuerdo con el artículo 31.3 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

3.1.2. Nombramiento de abogado defensor y las condiciones que debe reunir 

Existe una —“Lista de Abogados”— creada y administrada por la Secretaría de la CPI sobre la base de la regla 21.2 de las RPP, y una lista de asistentes de los abogados establecida y administrada por la Secretaría sobre la base de la norma 125.1 del RS. Cualquier abogado que desee ejercer su profesión libremente ante la Corte deberá solicitar a la Secretaría su inclusión en una u otra lista.

La Lista reúne información acerca de los abogados que cumplen las condiciones establecidas en la regla 22 de las RPP y en la norma 67 del RC. Actualmente hay 683 abogados provenientes de unos 80 países inscriptos en esta. Si la persona con derecho a asistencia letrada pretende elegir un abogado que no está en la Lista, el abogado deberá ser incluido, para ello deberá demostrar las condiciones de admisibilidad.

La norma fundamental que regula el nombramiento de abogado defensor y las condiciones que debe reunir este es la regla 22.1 de las RPP, la que en su parte pertinente establece:

“Los abogados defensores tendrán reconocida competencia en derecho internacional o en derecho y procedimiento penal, así como la experiencia pertinente necesaria, ya sea en calidad de juez, fiscal, abogado u otra función semejante en juicios penales. Tendrán un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte”.

A su vez, la norma 67 del RC estipula que la experiencia requerida por la regla 22.1 será de por lo menos diez años y que el abogado no deberá haber sido condenado por un delito grave o una falta disciplinaria incompatible con la naturaleza de la función de abogado en la Corte.

Por consiguiente, los requisitos que un abogado defensor debe reunir para ser admitido en la Lista de Abogados son los siguientes: (i) competencia en derecho internacional o en derecho penal general y procesal; (ii) experiencia profesional pertinente por un mínimo de diez años; (iii) excelente dominio del idioma inglés o francés; y (iv) ausencia de antecedentes penales por delitos graves o antecedentes disciplinarios incompatibles con la función de abogado en la CPI.

Es importante resaltar que la experiencia en calidad de juez, fiscal, abogado u otra función semejante debe serlo en “juicios penales”. Los años de experiencia profesional en otras áreas del derecho(28) o bien, por ejemplo, los años de experiencia como profesor de derecho penal no cuentan en este sentido(29). Sí pueden ser considerados, sin embargo, para establecer el requisito de competencia en derecho internacional o penal. Un ejemplo de aplicación de estos criterios ha ocurrido en el caso Fiscal v. Bosco Ntaganda, en el cual el acusado solicitó la incorporación en su equipo de un abogado asociado que no contaba con diez años de experiencia profesional. El criterio fue cuestionado formalmente por el postulante, con fundamento en el derecho al debido proceso; en particular, el derecho de defensa en juicio, el principio de igualdad de armas y el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. La Presidencia rechazó el cuestionamiento, sobre la base, inter alia, que la norma 67 había sido adoptada a la luz de la regla 22.1 de las RPP —que autoriza al Secretario a establecer criterios de admisión a la Lista de Abogados— y que el derecho a elegir abogado establecido en el artículo 67.1.d y en la regla 21.2 se limita a la elección del abogado defensor principal(30).

En otro procedimiento de admisión a la Lista, la postulante argumentó que la experiencia profesional más pertinente para trabajar como abogado defensor en la Corte es la adquirida en el seno de tribunales penales internacionales y que cada año de ejercicio profesional ante un tribunal penal internacional debería contar como un año y medio de experiencia profesional en el foro doméstico. La peticionaria argumentó que, de ese modo, los siete años y medio que ella trabajó en el TPIR equivaldrían a los diez años de ejercicio profesional requeridos por la norma 67 del RC. La Presidencia rechazó tal argumento, en razón de no encontrarle sustento en el derecho aplicable por la Corte(31).

Por último, cabe resaltar que los miembros de la Lista de Abogados podrán ser removidos o suspendidos sobre la base de cualquiera de las razones previstas en la norma 71 del RC(32). Así, por ejemplo, en una oportunidad el Secretario eliminó un miembro de la Lista, en razón de que este ya no cumplía la condición establecida en la norma 67.2; en conreto, el abogado en cuestión había sido expulsado de su colegio de abogados por haber representado víctimas en la CPI durante el plazo de suspensión de su matrícula profesional. En opinión del Secretario, la infracción cometida por el miembro de la Lista era incompatible con la naturaleza del cargo de abogado ante la Corte y, por tanto, ordenó su remoción de la Lista. La medida fue ratificada por la Presidencia(33).

3.1.3. Defensa por medio de abogados 

Una persona con derecho a asistencia letrada puede elegir un abogado de la Lista u otro abogado que reúna los requisitos establecidos en la regla 22.1 de las RPP y en la norma 67 del RC y que acepte ser incluido en ella(34). Un abogado defensor podrá actuar ante la Corte cuando haya sido elegido por la persona con derecho a asistencia letrada o cuando la Sala le haya asignado uno de acuerdo al derecho aplicable(35).

La asignación de asistencia letrada se encuentra regulada por los artículos 55.2.c y 67.1.d del Estatuto, la regla 21.1 de las RPP y el capítulo 4 del RC. Por tanto, se encuentra condicionada por el derecho a elegir abogado o, si el sospechoso o el acusado no cuentan con asistencia letrada, por el derecho a obtener un abogado defensor de oficio, gratuitamente en caso de indigencia.

Ahora bien, si la persona con derecho a asistencia letrada elige un abogado defensor de la Lista, el Secretario deberá contactar al abogado y facilitar el otorgamiento de un poder de representación, siempre que este haya aceptado la representación. Idénticos recaudos deberán ser adoptados por el Secretario en caso de que la persona haya elegido un abogado que no se encuentra inscripto en la Lista, o si la persona desea obtener gratuitamente de la Secretaría un abogado defensor y el abogado elegido no se encuentra en la Lista(36).

Por último, cabe reiterar que el abogado defensor actuará en el procedimiento no solo cuando sea elegido por una persona con derecho a asistencia letrada de acuerdo a la regla 21.2, sino también cuando sea requerido por una Sala de conformidad con la norma 73 —abogado de oficio— o la norma 76 —nombramiento de abogado defensor y standby counsel por una Sala.

3.1.4. Abogado defensor de oficio 

Para comenzar, conviene reiterar que, según el derecho aplicable por la Corte, un abogado defensor de oficio es aquel miembro de la Lista de Abogados que se encuentra disponible para representar una persona ante la Corte —como un sospechoso o un acusado, por ejemplo— o el interés de la defensa(37).

La intervención de un abogado de oficio resulta indispensable cuando una persona necesita asistencia letrada con premura y aún no haya nombrado abogado defensor o este no se encuentre disponible(38). La persona no tiene derecho a elegir al abogado nombrado de oficio; al asignar uno, el Secretario debe tener en cuenta los deseos de la persona, la proximidad geográfica y los idiomas que hable el abogado(39). La proximidad geográfica es un factor muy importante. Cuanto menor sea la distancia entre el abogado y la persona a representar, mayor será la posibilidad de prestar asistencia letrada inmediatamente. En cuanto al idioma, si el abogado y la persona hablan la misma lengua, la tarea también se verá facilitada porque no será necesario contar con un traductor.

Sobre la base de la información disponible en los registros públicos de la Corte, surge que el nombramiento de un abogado defensor de oficio puede acaecer tan temprano como en la etapa de investigación, a fin de proteger los derechos de un sospechoso. Por ejemplo, cuando existen razones suficientes para creer que una persona ha perpetrado un delito de la competencia de la CPI y esa persona vaya a ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, la persona tendrá el derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o que se le asigne uno de oficio(40). Antes del comienzo del interrogatorio, el abogado deberá asegurarse de que su cliente ha sido informado conforme lo requiere el Estatuto(41). Asimismo debería cerciorarse de que su cliente no ha sido inducido o forzado a declarar contra sí mismo, sujeto a tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante o a arresto arbitrario. También antes del comienzo del interrogatorio, si las circunstancias y el cliente lo requieren, el abogado de oficio de una persona sospechosa podría negociar la conclusión de un acuerdo con la Fiscalía, con el propósito de obtener del Fiscal ciertas garantías en favor de su cliente. Las garantías deberían incluir la confidencialidad del testimonio y que este no será utilizado directa o indirectamente en contra del sospechoso en ningún procedimiento ante la Corte, presente o futuro. Si la Fiscalía no se aviene a otorgarlas, la persona retiene su derecho a no declarar, ya que su renuncia a tal derecho solo se habría concretado con la conclusión de tal acuerdo con la Fiscalía.

Por último, es de resaltar que, si bien el nombramiento de un abogado de oficio a un acusado resulta posible sobre la base de la norma 73, es infrecuente en la práctica. Por ejemplo, en el caso Lubanga, la Sala constató que el abogado defensor nombrado recientemente por el acusado aún no se encontraba disponible. Entonces, le ordenó al Secretario designar un abogado de oficio para responder una petición formulada por el Fiscal, ya que el proceso debía seguir su curso sin demoras innecesarias(42).

3.1.5. Nombramiento de abogado defensor y de standby counsel por una Sala 

Los nombramientos de abogado defensor y de standby counsel por una Sala se encuentran regulados por la norma 76 del RC. De acuerdo a esta norma, las Salas podrán nombrar a un abogado en las circunstancias señaladas en el Estatuto, las RPP y el RC o cuando el nombramiento resulte necesario en interés de la justicia. Ello puede incluir el nombramiento de un standby counsel.

En la práctica, el abogado defensor nombrado sobre la base de la norma 76 es denominado abogado ad hoc. Hasta ahora, las Salas han asignado un abogado ad hoc en tres contextos:

(i) oportunidades únicas de proceder a una investigación referidas en el artículo 56 del Estatuto(43);

(ii) presentación de solicitudes de participación de víctimas en el proceso previstas en la regla 89 de las RPP(44); y

(iii) presentación de observaciones por amici curiae u otros prevista en la regla 103 de las RPP.

Una oportunidad única de proceder a una investigación es aquella que permite recoger prueba que no estaría disponible en juicio; por ejemplo, el testimonio de un testigo in articulo mortis. En tal circunstancia, la Sala puede adoptar las medidas que resulten indispensables para salvaguardar las actuaciones y, en especial, los derechos de la defensa(45). Si la persona detenida todavía no ha designado abogado defensor o si aún no hay persona detenida, la Sala puede designar un abogado ad hoc a fin de representar el interés general de la defensa(46). Ahora bien, de los registros públicos de la Corte surge que tan solo una vez se han autorizado medidas en el contexto de una oportunidad única de proceder a una investigación. En efecto, en la situación relativa a la República Democrática del Congo, la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1 designó un abogado ad hoc a fin de representar el interés general de la defensa y, dada la posibilidad de que los objetos presentados para examinación forense no se encontraran disponibles posteriormente en juicio, autorizó al Fiscal a que solicitara al Instituto Forense de los Países Bajos para que llevara a cabo tal tarea. Al mismo tiempo, la Sala ordenó al Secretario la designación de un abogado ad hoc, a fin de representar el interés general de la defensa durante la examinación(47).

Por el contrario, la asignación de un abogado ad hoc en ocasión de la presentación de una solicitud de participación de víctimas ha sido frecuente. En tales ocasiones, la Salas le han ordenado al Secretario la asignación de un abogado ad hoc sobre la base de la norma 76 del RC, con el propósito de responder las solicitudes en tiempo y forma. En otras oportunidades, las Salas designaron letrados de la Oficina Pública de Defensa para actuar como abogado ad hoc, de conformidad con la norma 76.2 del mismo reglamento(48).

Cabe destacar que la regla 103 autoriza a las Salas a invitar o permitir a un Estado, a una organización o a una persona a que formule observaciones oralmente o por escrito acerca de cualquier cuestión que la Salas consideren pertinente. Se prevé la asignación de un abogado ad hoc para responder a las observaciones de los amici curiae u otros participantes. Así, en la situación relativa a Darfur, la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1 ordenó al Secretario la asignación de un abogado ad hoc a fin de representar y proteger el interés general de la defensa, con respecto a observaciones a presentarse por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Presidente de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur(49). Si bien la Sala no mencionó la base legal para el nombramiento de un abogado ad hoc, probablemente se tuvo en mente la norma 76 del RC. En efecto, tal como recién hemos visto, esta fue la disposición invocada por otras Salas a fin de nombrar un abogado ad hoc.

El nombramiento de un abogado ad hoc en los tres contextos resaltados se explica por la necesidad de proteger el “interés general de la defensa”. Nótese que en esas actuaciones no había personas acusadas. Ahora bien, ¿qué sucedería si una Sala librara órdenes de arresto contra dos o más personas y solo una de estas fuera arrestada y nombrara un abogado defensor? ¿Podría este representar el interés general de la defensa? La mejor respuesta parece ser, en principio, negativa, pues podría verificarse un conflicto de intereses.

Por otra parte, como se señaló al comienzo de la presente sección, las Salas tienen la posibilidad de asignar un standby counsel, en virtud de la reforma de la norma 76 del RC en 2011. Por standby counsel se entiende un abogado que es asignado por un tribunal y que se encuentra preparado para representar una persona que se defiende a sí misma, en caso de que la autodefensa concluya por cualquier motivo(50). Cabe destacar que ningún acusado ha ejercido el derecho de autodefensa ante la CPI hasta ahora y, en consecuencia, las Salas no se han visto en la necesidad de asignar un standby counsel(51).

Finalmente, de un modo más general, cabe preguntarse si la norma 76 no es redundante, ya que las tareas realizadas por los abogados ad hoc en los casos referidos ut supra bien podrían ser llevadas a cabo por un abogado de oficio asignado en virtud de la norma 73.1.

3.1.6. ¿Otras funciones para un abogado defensor? 

En oportunidad del procedimiento iniciado por la Fiscalía por delitos contra la administración de justicia posiblemente perpetrados por un equipo de la defensa, la Sala interviniente solicitó al Secretario la asignación de un miembro de la Lista de Abogados como “abogado independiente”(52). La elección de ese término es llamativa no solo porque no existe en los textos fundamentales sino también porque todo abogado que ejerza en la Corte deberá actuar “con integridad, independencia y libertad”(53). De todos modos, lo esencial es que la Sala ordenó tal medida a fin de que el abogado asignado supervisara la examinación forense de material probatorio, identificara la posible existencia de comunicaciones sujetas a secreto profesional y de material irrelevante e informara a la Sala los resultados de tal tarea(54). Si bien la decisión de la Sala no indica la base jurídica para solicitar al Secretario tal designación de tal abogado, es plausible que, dada la naturaleza de las tareas encomendadas, haya sido adoptada a fin de salvaguardar el interés de la defensa en el caso principal seguido contra Jean Paul Bemba. De ser así, hubiera sido más acertado denominar a tal abogado “de oficio” y no “independiente”, ya que una de las posibles funciones que puede llevar a cabo un abogado de oficio es representar el interés de la defensa, más allá de que todos los abogados que ejercen ante la Corte deben hacerlo en forma independiente.

3.2. Representante legal de víctimas

A diferencia de los tribunales penales internacionales que la precedieron, el Estatuto de la CPI reconoce los derechos de las víctimas a presentar sus opiniones y observaciones y a obtener reparaciones(55). Por este motivo, se desprende que la tarea fundamental de un representante legal de víctimas en la Corte consiste en asistir jurídicamente a víctimas de crímenes de competencia de la CPI a fin de que estas tengan la oportunidad de ejercer aquellos derechos.

Ahora bien, el derecho de las víctimas a presentar sus opiniones y observaciones no es ilimitado; se encuentra sujeto al poder discrecional de la Corte, tal como surge del artículo 68.3 del Estatuto. De conformidad con esta disposición, las víctimas serán autorizadas a presentar opiniones y observaciones, siempre que sus intereses personales se encuentren afectados, de un modo que no perjudique el derecho del acusado a un juicio justo y cuando la Corte lo considere conveniente.

Para ser autorizadas a participar en el proceso, las víctimas deben presentar una solicitud de participación ante el Secretario, quien a su vez deberá transmitirla a la Sala interviniente(56). Concretamente, toda solicitud de participación debe ser enviada a la Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones, que es la oficina de la Secretaría encargada de informar a las víctimas de sus derechos y de asistirles durante la preparación y la presentación de las solicitudes(57).

Las víctimas cuyas solicitudes hayan sido aceptadas pueden participar en el proceso con o sin asistencia letrada; si bien ello no se encuentra estipulado expresamente en los textos fundamentales, se desprende de ciertas disposiciones del Estatuto y las RPP. Por ejemplo, el artículo 68.3 estipula que los representantes legales de las víctimas “podrán” —y no “deberán”— presentar las opiniones y observaciones(58). Por otra parte, la regla 89.1 —acerca de las solicitudes de participación de víctimas— establece que la decisión de una Sala que acepte una solicitud de participación deberá indicar la fase del procedimiento y la modalidad de participación, pero no realiza estipulación alguna con respecto a la asignación o nombramiento de un representante legal. Además, la regla 89.2 no requiere patrocinio letrado para presentar una nueva solicitud de participación en el caso que la original haya sido rechazada, mientras que la regla 90 —acerca de los representantes legales de las víctimas— tampoco requiere que las víctimas nombren un representante legal. Por otra parte, si bien la regla 90.1 reconoce el derecho de las víctimas a elegir su representante, no impone la obligación de contar con uno. No obstante, cabe observar que la libertad de elección se encuentra sujeta a ciertas limitaciones: cuando haya más de una víctima, la Sala podrá ordenar que todas o ciertos grupos de víctimas nombren un representante legal común, con el propósito de asegurar la eficacia del procedimiento(59). En efecto, la representación legal común es un instrumento creado para armonizar intereses contrapuestos: el derecho del acusado a un juicio expedito, de un lado, y el derecho de las víctimas a ser oídas, del otro(60).

Si bien las víctimas no están obligadas a nombrar un representante legal, las Salas tienen el poder de asignar uno cuando el interés de la justicia lo requiera, luego de consultar al Secretario, las víctimas y los potenciales representantes legales(61). Más aún, sin representación legal las víctimas no podrán ejercer ciertos derechos(62), como por ejemplo los de asistir a las audiencias y expresar opiniones(63), examinar testigos durante las audiencias(64), o examinar testigos, peritos o el condenado durante el procedimiento de reparaciones(65). Por tanto, puede afirmarse que, aun si las víctimas cuentan con el derecho a participar en el proceso sin representación legal, ciertos derechos concretos serán reconocidos tan solo a aquellas victimas que sí se encuentren representadas por un abogado. Es probable que esto se deba a que un abogado autorizado a actuar ante la Corte conoce el derecho aplicable y la práctica de esta mejor que alguien que no lo es.

Si bien las víctimas tienen, en principio, el derecho a elegir libremente su representante legal, las Salas suelen requerir el nombramiento de uno o más representantes legales únicos, dado el gran número de víctimas que suelen participar en los procedimientos. Los distintos grupos de víctimas escogen un miembro de la Lista de Abogados con la asistencia de la Secretaría, o la Secretaría propone uno, en un todo de acuerdo a la regla 90.2.

En razón del gran número de víctimas que participan en los procedimientos y que ellas puedan tener ideas y expectativas diametralmente opuestas con respecto a tales procedimientos, es normal que el nombramiento de un representante legal común resulte una tarea complicada de concretar. En tales circunstancias, si ellas no logran elegir uno dentro del plazo fijado por la Sala, esta podrá ordenar al Secretario que asigne uno o más(66). En tal caso, el Secretario deberá tener en cuenta las opiniones de las víctimas, sus tradiciones y la necesidad de prestar asistencia a ciertos grupos de víctimas(67).

Finalmente, debe señalarse que los representantes legales de las víctimas —ya sean nombrados por las víctimas o asignados por el Secretario) deberán reunir las condiciones estipuladas en la regla 22.1 de las RPP, al igual que los abogados defensores(68).

3.3. Asesor letrado de testigos

El rol de asesor letrado de testigos se encuentra estrechamente relacionado con el derecho de estos a no prestar una declaración testimonial que podría incriminarles; el derecho aplicable por la Corte garantiza este derecho a todos los testigos, sin distinción entre testigos ofrecidos por la Fiscalía o por la defensa(69). Más aún, las Salas se encuentran obligadas a notificar las disposiciones de la regla 74 a los testigos antes de que estos brinden su testimonio(70).

Si la Fiscalía tiene conocimiento de que el testigo podría incriminarse por medio de su testimonio —conocimiento que podría haberse adquirido sobre la base de una declaración efectuada en la fase investigativa, por ejemplo—, deberá informar a la Sala tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista para la declaración testimonial en juicio(71). Igualmente, la persona acusada, el abogado defensor o el testigo mismo podrán comunicar a la Sala de la posibilidad de autoincriminación(72). Sorprende que las RPP no estipulen a favor del testigo un derecho a recibir asesoramiento letrado en tales circunstancias, es decir, antes de que preste declaración testimonial; solo lo reconoce cuando el problema acaece durante el curso de la audiencia(73). A fin de llenar el vacío legal, las Salas otorgan tal derecho en el protocolo relativo a las prácticas utilizadas para familiarizar a los testigos, que suelen aprobar antes de que comience el juicio(74). Sobre la base de tales protocolos, el asesor letrado será asignado antes de que el testigo preste declaración testimonial, con antelación suficiente para que el asesor letrado tenga la oportunidad de brindar asesoramiento al testigo acerca de sus derechos. El asesor letrado normalmente preparará su opinión jurídica sobre la base de las declaraciones prestadas por el testigo durante la fase investigativa —las que pueden cubrir cientos de páginas— y de su entrevista con el testigo. En concreto, el asesor letrado deberá aconsejar al testigo acerca de la conveniencia de solicitar las garantías previstas en la regla 74.3 y, con la venia del testigo, peticionar el otorgamiento de estas. Las garantías que pueden solicitarse son las siguientes: que el testimonio tenga carácter confidencial y que no se dé a conocer al público, ni a un Estado; y que el testimonio no se use ni en forma directa ni indirecta en contra del testigo en ningún procedimiento ante la Corte.

Si la petición es acogida favorablemente, la Sala podrá ordenar al testigo que responda la pregunta o preguntas que puedan tender a incriminarlo(75), ya que las garantías fueron brindadas para tal fin. En tal caso, la Sala podrá ordenar una o más de las medidas previstas en la regla 74.7, a saber: que la declaración se preste a puertas cerradas; que no se den a conocer ni la identidad del testigo, ni el contenido de la declaración; que el acta de la diligencia se guarde en sobre sellado; y que se adopten medidas concretas para asegurar que no se conozca ni la identidad del testigo, ni el contenido de la declaración. En cambio, si las garantías no han sido otorgadas, la Sala no podrá ordenar al testigo que responda las preguntas que puedan tender a incriminarle, ya que este retendrá su derecho a no declarar en tales circunstancias(76).

Por último, resulta oportuno observar que, si el testigo fue llamado a declarar por la Fiscalía, las garantías fueron otorgadas por la Sala y, no obstante, el testigo no se aviene a declarar, la Fiscalía retendrá el poder de investigar y de enjuiciar al testigo(77). Esta es otra consideración que el asesor letrado deberá tener presente durante su asesoramiento.

3.4. Abogado del Estado

Si bien la CPI ha sido establecida para juzgar individuos y no Estados, estos pueden comparecer ante la Corte para presentar o responder una petición o formular observaciones. Ello acaece, por ejemplo, cuando un Estado se presenta para impugnar la competencia de la Corte sobre una situación que es objeto de investigación por la Fiscalía o la admisibilidad de un caso concreto. En tales ocasiones, los Estados suelen contar con la asistencia letrada de funcionarios gubernamentales, pero también pueden contratar abogados privados o constituir un equipo de abogados mixto. Por ejemplo, en la fase de admisibilidad del caso contra Abdullah Al-Senussi, Libia fue representada por un reputado profesor de derecho internacional(78). Los textos fundamentales de la Corte no requieren que los abogados del Estado sean miembros de la Lista de Abogados, ni que reúnan los requisitos necesarios para ser incluidos en ella; no obstante, los abogados del Estado sí se encuentran sujetos al Código de Conducta Profesional de Abogados, como indicado precedentemente.

4. Conclusión

La magnitud y diversidad de los casos que tramitan ante la CPI ofrecen a los abogados del mundo entero una oportunidad única para desempeñar el ejercicio libre de su profesión. Los abogados que deseen actuar ante la CPI deben reunir las condiciones requeridas en sus textos fundamentales. Esos textos carecen de una definición unívoca de “abogado”, lo que podría generar algunos inconvenientes al momento de aplicar sus normas a ciertas categorías de abogados. Por ello, se recomienda que las definiciones de la voz “abogado” sean idénticas e incluyan al abogado defensor —principal o asociado—, al representante legal de víctimas —principal o asociado—, al asesor letrado de testigos y al abogado del Estado.

Finalmente, con relación a las condiciones que debe reunir un abogado para ser admitido en la Lista de Abogados, debería considerarse la posibilidad de establecer un plazo menor de experiencia profesional para aquellos abogados que hayan trabajado en el seno de uno o más tribunales penales internacionales, ya que a priori esta experiencia profesional podría ser más relevante para ejercer ante la CPI que la experiencia adquirida en el foro doméstico.

(1) Tal denominación parece haber sido acuñada por el ex Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali. En tal sentido véase www.denhaag.nl/en/residents/to/The-Hague-International-City-of-Peace-and-Justice.htm (visitado el 18 de mayo de 2016). Véase también Vriesendorp, David et al. (eds.). The Hague Legal Capital? Liber in Honorem W.J. Deetman. The Hague: Hague Academic Press, 2008.

(2) Concluido en Roma el 17 de julio de 1998 y con entrada en vigor el 1º de julio del 2002. United Nations Treaty Series: Vol. 2187, Nº 38544.

(3) Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primer período de sesiones, Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002 (ICC-ASP/1/3 y Corr. 1), parte II.A.

(4) Aprobado por los magistrados de la Corte el 26 de mayo de 2004. Documentos oficiales de la CPI: ICC-BD-01-01-04.

(5) ICC-BD/03-01-06. Fecha de entrada en vigor: 6 de marzo de 2006.

(6) Aprobado el 2 de diciembre de 2005 por resolución ICC-ASP/4/res. 1 de la Asamblea de Estados Partes.

(7) Adoptado por la Asamblea de Estados Partes durante su primera sesión, 3-10 de septiembre de 2002. Documentos oficiales de la CPI: ICC-ASP/1/3.

(8) Por ejemplo, en el artículo 48.4 del Estatuto y passim en la sección 3.3 de las RPP, el capítulo 4 del Reglamento de la Corte, el capítulo 4 del Reglamento de la Secretaría y el Código de Conducta Profesional de los Abogados.

(9) Counsel of record es el abogado que representa a una parte del proceso y que se encuentra autorizado a recibir, en representación de su cliente, los escritos de las partes y las piezas de procedimiento. Véase Garner, Bryan (ed.) Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Publishing, 2004, p. 138.

(10) Para una discusión sumamente interesante acerca de las ventajas y desventajas de la representación legal de víctimas por abogados internos o externos léanse las siguientes dos contribuciones: Suprun, Dmytro. Legal representation of victims before the ICC: Developments, challenges, and perspectives. En: International Criminal Law Review. Vol. 16, nº. 6 (2016), pp. 972-994. Walleyn, Luc. Victims’ participation in ICC proceedings: Challenges ahead. Idem; pp. 995-1017.

(11) Véase, por ejemplo, Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision Appointing Ad Hoc Counsel and Establishing a Deadline for the Prosecution and the Ad Hoc Counsel to Submit Observations on the Application of Applicants a/0001/06 to a/0003/06, ICC-01/04-147, 18 May 2006; Situation in the Central African Republic, in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido, Decision Appointing an Independent Counsel and Taking Additional Measures for the Purposes of the Forensic Acquisition of Material Seized in the Proceedings, ICC-01/05-01/13, 13 December 2013.

(12) Véase Situation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision on the Request for Withdrawal of a Counsel, 21 November 2008, Pre-Trial Chamber III, ICC-01/05-01/08-274, para 9.

(13) Norma 2.1, RC. Nótese que la versión en castellano del RC obrante en la página web de la CPI es la original y no la corriente. La referencia a los abogados asociados sí se observa en las versiones inglesa y francesa.

(14) Norma 2, ídem.

(15) Norma 73.1, ídem.

(16) Norma 2.1, RS. Nótese que la versión castellana del RS obrante en la página web de la CPI no es la que se encuentra en vigor al presente.

(17) Artículo 1, Código de Conducta Profesional de los Abogados.

(18) Artículo 2, ídem.

(19) Véase Registry single policy document on the Court’s legal aid system, ICC-ASP/12/3, 4 de junio de 2013, pp. 10 et seq.

(20) El artículo 18 —intitulado “Abogados y personas que asistan a los abogados defensores”— prescribe: “1. Los abogados gozarán de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades en la medida en que sea necesario para el ejercicio independiente de sus funciones, incluso el tiempo empleado en viajes, en relación con el ejercicio de sus funciones y siempre que exhiban el certificado a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo: a) Inmunidad de arresto o detención personal y contra la incautación de su equipaje personal; b) Inmunidad de jurisdicción de toda índole respecto de las declaraciones que hagan verbalmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones, la cual subsistirá incluso después de que hayan cesado en el ejercicio de sus funciones; c) El derecho a la inviolabilidad de papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, y materiales relacionados con el desempeño de sus funciones; d) El derecho a recibir y enviar papeles y documentos, cualquiera que sea su forma, con fines de comunicación en el ejercicio de sus funciones de abogado; e) Exención de las restricciones en materia de inmigración y las formalidades de registro de extranjeros; f) Exención de la inspección del equipaje personal, a menos que haya fundadas razones para creer que el equipaje contiene artículos cuya importación o exportación está prohibida por la ley o sometida a control por las normas de cuarentena del Estado Parte de que se trate, en cuyo caso se hará una inspección en presencia del abogado; g) Los mismos privilegios con respecto a las facilidades monetarias y cambiarias que se reconozcan a los representantes de gobiernos extranjeros en misión temporal oficial; h) Las mismas facilidades de repatriación en épocas de crisis internacional que se reconozcan a los agentes diplomáticos con arreglo a la Convención de Viena. 2. Una vez designado un abogado de conformidad con el Estatuto, las Reglas de Procedimiento y Prueba y el Reglamento de la Corte, se le extenderá un certificado, firmado por el Secretario, por el período necesario para el ejercicio de sus funciones. El certificado se retirará si se pone término al poder o al mandato antes de que expire el certificado. 3. Cuando la aplicación de un impuesto de cualquier índole dependa de la residencia, los períodos durante los cuales los abogados se encuentren en un Estado Parte a fin de desempeñar sus funciones no serán considerados períodos de residencia. 4. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, mutatis mutandis, a las personas que asistan a los abogados defensores de conformidad con la regla 22 de las Reglas de Procedimiento y Prueba”.

(21) Conforme a Zappalà, Salvatore. The Rights of the Accused. En: Cassese, Antonio et al. (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 1319 et seq.

(22) Véase, por ejemplo, Situation in the Democratic Republic of Congo in the Case of The Prosecutor v. Thomas
Lubanga Dyilo, Decision on the ‘Demande urgente en vertu de la Règle 21–3 du Règlement de procedure et de preuves’ and on the ‘Urgent Request for the Appointment of a Duty Counsel’ filed by Thomas Lubanga Dyilo before the Presidency on 7 May 2007 and 10 May 2007, Respectively, The Presidency, 29 June de 2007, ICC-01/04-01/06, para. 25.

(23) La norma 75 del RC —intitulada “Elección del abogado defensor”— estipula lo siguiente: “1. Si la persona con derecho a asistencia letrada elige a un abogado incluido en la lista de abogados, el Secretario se pondrá en contacto con dicho abogado. Si el abogado está dispuesto y disponible para representar a dicha persona, el Secretario deberá facilitar el otorgamiento del patrocinio y poder del abogado por parte de dicha persona. 2. Si la persona con derecho a asistencia letrada elige a un abogado que no figure en la lista de abogados que esté dispuesto y disponible para representarla y para ser incluido en la lista, el Secretario deberá decidir sobre la elegibilidad del abogado de conformidad con las disposiciones de la norma 70 y, cuando realice dicha inclusión, deberá facilitar su patrocinio y poder. En tanto no se haya inscrito su patrocinio y poder, la persona con derecho a asistencia letrada podrá ser representada por un abogado de oficio conforme a lo dispuesto en la norma 73”.

(24) Artículo 67.1.d, Estatuto.

(25) Artículo 67.1.b, Estatuto.

(26) “La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición”.

(27) La regla 73.1 establece en la parte pertinente, “las comunicaciones que tengan lugar en el contexto de la relación profesional entre una persona y su abogado se considerarán privilegiadas”.

(28) Véase Decision on the Application to Review the Decision of the Registrar Denying the Inclusion of Ms Allison Turner in the List of Counsel, The Presidency, 14 November 2011, ICC-RoC72-02/11, para. 20.

(29) Véase Decision on the Application to Review the Registrar’s Decision Denying the Admission of Mr Ernest Midagu Bahati to the List of Counsel, The Presidency, 20 December 2005, ICC- Pres-RoC72-02-05, paras. 20 et seq.

(30) Véase Reasons for the ‘Decision on the “Application for Review of Decision of the Registrar’s Division of Victims and Counsel Dated 2 January 2008 not to Admit Prof Dr Sluiter to the List of Counsel”’, The Presidency, 10 July 2008, ICC-Pres-RoC72-01-8.

(31) Decision on the Application to Review the Decision of the Registrar Denying the Inclusion of Ms Allison Turner in the List of Counsel, The Presidency, 14 November 2011, ICC- RoC72-02/11, para. 21.

(32) “1. El Secretario eliminará de la lista de abogados a los abogados que:

a) Ya no reúnan las condiciones requeridas para la inclusión en la lista de abogados;

b) Hayan sido inhabilitados con carácter permanente para el ejercicio ante la Corte como resultado de un procedimiento disciplinario llevado a cabo conforme al Código de Conducta Profesional de los abogados;

c) Hayan sido hallados culpables de un delito contra la administración de justicia según se describe en el párrafo 1 del artículo 70 o

d) Hayan sido inhabilitados en forma permanente para el ejercicio de sus funciones ante la Corte conforme a lo dispuesto en la subregla 3 de la regla 171.

2. El Secretario suspenderá de la lista de abogados a los abogados que:

a) Hayan sido suspendidos temporalmente en un procedimiento disciplinario llevado a cabo conforme al Código de Conducta Profesional de los abogados o

b) Hayan sido inhabilitados temporalmente para el ejercicio de sus funciones ante la Corte por un período que supere los 30 días conforme a lo dispuesto en la subregla 3 de la regla 171.

3. El Secretario notificará al abogado en cuestión su decisión conforme a lo dispuesto en los numerales 1 o 2 que anteceden. El Secretario deberá formular sus motivos e incluir información sobre la forma en que se puede solicitar la revisión de dicha decisión conforme a la norma 72”.

(33) Decision on the ‘Reqûete urgente portant recours contre la Décision du Greffier sur la radiation d’un conseil et sollicitant une suspension immédiate des effets de cette décision’, The Presidency, 9 September 2011, ICC-RoC72-01/11.

(34) Regla 21.2, RPP.

(35) Norma 74.1, RC.

(36) Norma 75, RC.

(37) Norma 73.1, RC.

(38) Norma 73.2, ídem.

(39) Ídem.

(40) Artículo 55, Estatuto.

(41) Es decir, que su cliente ha sido informado de que existen razones suficientes para creer que él o ella ha cometido un delito de la competencia de la Corte y que tiene derecho a no declarar, a nombrar abogado defensor y a ser interrogado en presencia de este último. Ídem.

(42) Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of The Prosecutor v. Thom- as Lubanga Dyilo, Appointment of Duty Counsel, icc-01/04-01/06, Pre-Trial Chamber I, 19 April 2007, p. 4. See also in the same vein, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Appointment of Ms Annick Mongo as Duty Counsel pursuant to the Appeals Chamber’s Decision of 3 April 2007, ICC- 01/04-01/06, Appeals Chamber, 4 May 2007.

(43) Véase Guariglia, Fabricio. Role of the Pre-Trial Chamber in Relation to a Unique Investigative Opportunity: Article 56. En: Triffterer, Otto (ed.), Commentary of the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article. Baden-Baden: Nomos, 1999, pp. 735-741.

(44) La regla 89 prescribe lo siguiente: “1. Las víctimas, para formular sus opiniones y observaciones, deberán presentar una solicitud escrita al Secretario, que la transmitirá a la Sala que corresponda. Con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto, en particular en el párrafo 1 del artículo 68, el Secretario proporcionará una copia de la solicitud al Fiscal y a la defensa, que tendrán derecho a responder en un plazo que fijará la propia Sala. Con sujeción a lo dispuesto en la subregla 2, la Sala especificará entonces las actuaciones y la forma en que se considerará procedente la participación, que podrá comprender la formulación de alegatos iniciales y finales.

2. La Sala, de oficio o previa solicitud del Fiscal o la defensa, podrá rechazar la solicitud si considera que no ha sido presentada por una víctima o que no se han cumplido los criterios enunciados en el párrafo 3 del artículo 68. La víctima cuya solicitud haya sido rechazada podrá presentar una nueva solicitud en una etapa ulterior de las actuaciones.

3. También podrá presentar una solicitud a los efectos de la presente regla una persona que actúe con el consentimiento de la víctima o en representación de ella en el caso de que sea menor de edad o tenga una discapacidad que lo haga necesario”.

4. Cuando haya más de una solicitud, la Sala las examinará de manera que asegure la eficacia del procedimiento y podrá dictar una sola decisión”.

(45) Artículo 56.1.b, Estatuto.

(46) Artículo 56.2.c, ídem.

(47) Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision on the Prosecutor’s Request for Measures under Article 56, ICC-01/04, 26 April 2005, p. 4.

(48) Véase, por ejemplo, Situation in the Democratic Republic of the Con-go, Decision on Protective Measures Requested by Applicants 01/04-1/DP to 01/04-6/DP, ICC- 01/04, 21 July 2005; Situation in the Democratic Republic of the Congo, Decision Appointing Ad Hoc Counsel and Establishing a Deadline for the Prosecution and the Ad Hoc Counsel to Submit Observations on the Application of Applicants a/0001/06 to a/0003/06, ICC-01/04- 147, 18 May 2006; Situation in Uganda in the Case of the Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya, Dominic Ongwen, Decision on Legal Representation, Appointment of Counsel for the Defence, Protective Measures and Time-Limit for Submission of Observations on Applications for Participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02/04-01/05-134, 1 February 2007; Situation in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Information to the Chamber Regarding the Notification of Documents to Ms Michelyne C. Saint-Laurent, Counsel for the Defence, icc-02/05-01/09, 17 December 2009; Situation in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun”) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”), Defence Counsel’s Observations of the 6 Applicants’ Petitions for Victim-Participant Status, ICC-02/05-01/07, 24 May 2010.

(49) Situation in Darfur, Decision Inviting Observations in Application of Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, icc-02/05, 24 July 2006.

(50) Black’s Law Dictionary lo define así: “An attorney who is appointed to be prepared to represent a pro se criminal defendant if the defendant’s self-representation ends. The standby counsel may also provide some advice and guidance to the defendant during the self-representation”. Garner, Bryan (ed.) Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Publishing, 2004, p. 375.

(51) Por el contrario, existen antecedentes de designación de standby counsel en la práctica del TPIY. Véase Jallow, Charles. Self-Representation and the Use of Assigned, Standby and Amicus Counsel. En: Carter and Pocar (eds.), International Criminal Procedure: The Interface of Common Law and Civil Law Legal Systems. Cheltenham: Elgar, 2013, pp. 125-165.

(52) Situation in the Central African Republic, in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido, Decision Appointing an Independent Counsel and Taking Additional Measures for the Purposes of the Forensic Acquisition of Material Seized in the Proceedings, ICC- 01/05-01/13, 13 December 2013.

(53) Artículo 6.1, Código de Conducta Profesional de los Abogados. El subrayado es del autor.

(54) Situation in the Central African Republic, in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido, Decision Appointing an Independent Counsel and Taking Additional Measures for the Purposes of the Forensic Acquisition of Material Seized in the Proceedings, ICC- 01/05-01/13, 13 December 2013, p. 6.

(55) Artículos 68.3 y 75.1 respectivamente, Estatuto.

(56) Regla 89.1, RPP.

(57) ICC, Booklet: Victims before the International Criminal Court, A Guide for the Participation of Victims in the Proceedings of the Court. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Corte.

(58) Situation in Uganda in the Case of The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska LuKwiya, Dominic Ongwen, Decision on Legal Representation, Appointment of Counsel for the Defence, Protective Measures and Time-Limits for the Submission of Observations on Applications for Participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06, ICC-02-04/01-05-134, 1 February 2007, para. 3.

(59) Regla 90.2, RPP.

(60) Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Order on the Organisation of Common Legal Representation of Victims, ICC-01/04-01/07-1328, 22 July 2009, para. 11.

(61) Norma 80, ídem.

(62) Office of Public Counsel for Victims, Representing Victims before the International Criminal Court: A Manual for Legal Representatives, ICC-OPCV-MLR-004/15en_Eng, update December 2014, pp. 183-184.

(63) Regla 91.2, RPP.

(64) Regla 91.3, ídem.

(65) Regla 91.4, ídem.

(66) Regla 90.3, ídem.

(67) Norma 79.2, RC.

(68) Regla 90.6, RPP.

(69) Regla 74.3.a. Para un tratamiento doctrinal de esta cuestión jurídica véase Ambos, Kai. The Right of Non-Self Incrimination of Witnesses before the ICC. En: Leiden Journal of International Law. 15 (2002), pp. 155-177.

(70) Regla 74.1, RPP.

(71) Regla 74.8, ídem.

(72) Regla 74.9, ídem.

(73) Regla 74.10, ídem.

(74) Por ejemplo, léase el parágrafo 50 del borrador de protocolo obrante en https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2015_06579.PDF. Consultado el 23 de octubre de 2017.

(75) Regla 74.3.b, ídem.

(76) Regla 74.6, ídem.

(77) Sobre la base de un argumento a contrario sensu extraido de la regla 74.3.c.ii, RPP.

(78) Situation in Libya in the Case of the Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al- Senussi, Decision on the Presiding Judge of the Appeals Chamber in the Appeals of the Defence for Mr Abdullah Al-Senussi against Pre-Trial Chamber I’s ‘Decision on the Admissibility of the Case against Abdullah Al-Senussi’, Appeals Chamber, 25 October 2013, ICC-01/11-01/11 OA 6.