Justicia restaurativa y sistema penal juvenil

Revista Nº 52 Jul.-Sep. 2015

Álvaro Burgos Mata 

Doctor Derecho Penal y Criminología, 

Máster en Psicología Forense del 

John Jay College of Criminal Justice 

de la City University of New York, USA, 

Especialista en Justicia Constitucional, U. de Pisa, Italia; 

Máster y especialista en Ciencias Penales 

del SEP, UCR. Máster en Sociología Jurídico-Penal 

de la UBA, España, juez de juicio de adultos 

y juez de apelación de sentencia penal juvenil; 

catedrático de Derecho Penal Especial, Derecho Penal Juvenil 

y Criminología de la Maestría en Ciencias Penales 

de la UCR. Prof. de Psicología Forense y Derecho Penal 

Juvenil del Programa Doctoral en Derecho Penal 

de la U. Escuela Libre de Derecho. 

(Costa Rica) 

Introducción

El 1º de mayo de 1996 se aprueba en nuestro país la Ley 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ), para dar respuesta al problema de la delincuencia juvenil; es una ley especializada regida por la tendencia de la desjudicialización, que engloba mecanismos de solución alterna a los conflictos.

Siendo que la delincuencia juvenil es un fenómeno social que se agudiza por problemas sociales como la pobreza, desintegración de hogares, abandono de estudios, entre otros, es necesario que estos problemas se aborden de forma tal que se le brinden herramientas al joven para forjar un plan de vida distinto y esto solo se puede dar si se atienden de manera temprana estos problemas.

Con la aplicación de las audiencias tempranas en materia penal juvenil se pretende dar esa atención pronta a los jóvenes que se enfrentan a conflictos con la ley, siendo que se les brindan abordajes en las áreas donde el joven presenta problemas, con el fin de evitar la reincidencia delictiva. Además, también se le brinda una solución pronta a la persona ofendida, siendo que la misma tiene una participación activa en esta audiencia, puede escuchar planteamientos y negociar el tipo de solución al conflicto, con el fin de encontrar la satisfacción de las partes. Sin embargo, no todas las causas penales permiten llevar a cabo una solución alterna, siendo que las audiencias tempranas también constituyen un filtro, donde solo se eleva a juicio los casos que lo ameritan, por lo tanto, se agiliza el proceso.

Siendo que las audiencias tempranas son una parte importante de lo que se conoce como justicia restaurativa, es necesario establecer primeramente que principios propios de la materia penal juvenil se fortalecen con su aplicación, posteriormente, cómo es el desarrollo propiamente de una audiencia temprana y, por último, los resultados que se han obtenido desde el punto de vista y experiencias de profesionales ligados a la materia.

I. Sobre la justicia restaurativa, su importancia y la finalidad de las audiencias tempranas en materia penal juvenil

A partir de convenios internacionales como lo son la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, se establecen las garantías con las cuales debe contar un proceso penal de personas menores de edad, basándose en el interés superior del niño y la protección integral del mismo. Es en el año 1996 cuando entra en vigencia en nuestro país la LJPJ, en la cual se evidencia el principio educativo del proceso a través del establecimiento de medidas alternas como solución a los conflictos.

Con la finalidad de adecuar el proceso judicial de personas menores de edad con los compromisos internacionales de derechos a favor de esta población, el Poder Judicial se vio en la necesidad de incorporar al proceso penal juvenil la justicia restaurativa como una resolución alterna y pacífica de conflictos, siendo que la Corte Plena del Poder Judicial, aprobó la “Política Judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica”, indicando como parte de su plan de acción lo siguiente:

f) Justicia restaurativa y resolución alterna de conflictos. Propiciar e incluir en las iniciativas y programas de resolución alterna de conflictos y de justicia restaurativa la perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia, de forma tal que la prestación de estos servicios tenga como eje el enfoque de derechos y atención amigable y sensible a los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Desarrollar e implementar en aquellos procesos en que participen personas menores de edad y que las disposiciones legales así lo permitan, mecanismos o procedimientos de resolución alterna de conflictos, círculos de paz y reuniones restaurativas, entre las principales, partiendo de que estos mecanismos favorecen resoluciones donde se da participación directa de las personas menores de edad en condiciones más democráticas, equitativas y acordes con sus intereses. Estos mecanismos deben buscar soluciones integrales a los conflictos que aquejan a estas personas”(1).

Se establece en materia penal juvenil la audiencia temprana, en la cual se trata de permear con justicia restaurativa los institutos de solución alterna de conflictos (conciliación y suspensión del proceso a prueba), siendo que se brinda una participación activa de la víctima, se promueve el principio de desjudicialización y se evidencia el fin socioeducativo de las sanciones. En esta audiencia se les brinda a las partes, formas de reconstruir la paz social, reforzando las políticas de justicia pronta y respondiendo a los principios propios de la materia penal juvenil. Sin embargo, propiamente la justicia restaurativa en materia penal juvenil, se encuentra actualmente en desarrollo, ya que se requiere de capacitación de los profesionales, recursos económicos y la creación de espacios para que se pueda brindar efectivamente soluciones integrales a los conflictos penales.

A. Participación activa de la víctima en el proceso

Nuestro Código Procesal Penal en su artículo 70 establece quiénes se configuran como víctima en un proceso penal, ya que no es solamente la persona afectada directamente por un delito, sino que se incluye a: cónyuge o conviviente, hijos, madres y padres adoptivos, herederos declarados judicialmente, entre otros(2). En la LJPJ, su artículo 34 establece que la víctima puede participar en el proceso y formular las cuestiones necesarias en defensa de sus intereses(3).

Dentro del modelo de justicia restaurativa la víctima tiene una participación activa, ya que se busca que sea parte la de reunión restaurativa, que escuche los planteamientos de solución alterna ofrecidos por la parte imputada, indique si está de acuerdo o no, es decir, satisfacer los intereses de las víctimas para que realmente se restablezca la paz social.

Se garantiza la participación de los ofendidos en todas las etapas del proceso, se les brinda una posición activa en la conciliación, así como el derecho que tiene de mantenerse informado del proceso. Así también, se escucha a la víctima en la medida alterna de la suspensión del proceso a prueba, siendo que, aunque su posición no sea vinculante, siempre se toma en cuenta por parte del juez para valorar si procede o no la aplicación de este instituto. Sin embargo, en el proceso penal juvenil no se puede plantear una acción civil resarcitoria, ya que no se busca un resarcimiento económico a favor de la víctima, siendo que si la víctima lo desea interponer, tiene que realizarlo vía civil en la jurisdicción correspondiente(4).

B. Principio de desjudicialización judicial

En la LJPJ se establecen alternativas distintas al juicio con el fin de dar el cumplimiento al principio de ultima ratio, por esto se habla de desjudicialización. Al respecto menciona Carlos Tiffer:

“La idea de la desjudicialización nos lleva al tema de la despenalización, es decir, al tema de reducción de la intervención del Estado en los conflictos penales, tema fundamental en el derecho penal juvenil. Si bien debe entenderse la Justicia Juvenil dentro del marco de la prevención especial, para estar acorde con los principios del derecho penal moderno la política criminal debe fundamentarse en la idea de la intervención mínima, o sea, limitar al máximo la intervención del Estado por medio de la ley penal; de ahí que la política criminal de un Estado con respecto a los jóvenes infractores debería tener pretensiones modestas. Promover la diversificación de las reacciones penales identifica la política criminal de un Estado moderno”(5).

La desjudicialización favorece a los adolescentes en conflicto con la ley, ya que se eliminan las posibilidades de estigmatización que significa someterse a un proceso penal, también a la víctima, ya que permite de la reparación de los daños y el restablecimiento de la paz social; a la comunidad, en tanto que promueve la participación de sectores que pueden influir en la resocialización de la persona imputada y por último favorece de manera significativa la reducción de costos de la administración de justicia, siendo que el proceso finaliza anticipadamente(6).

Con lo anterior se busca cumplir realmente con los principios de intervención mínima, racionalidad, proporcionalidad y flexibilidad que rigen la materia penal juvenil.

C. Enfoque socioeducativo de la sanción

Debido a que la LJPJ se aplica a personas en desarrollo, el objetivo de sus sanciones no es solamente castigar a la persona menor de edad por el ilícito cometido, sino que consiste también en educar al imputado y reinsertarlo a la sociedad, busca eliminar los factores que provocaron la consumación del hecho delictivo.

En la jurisdicción penal juvenil se relega la aplicación de sanciones privativas de libertad solo a casos sumamente graves y como última opción. Se cuenta con una amplia gama de sanciones alternativas, que contribuyen a que el joven infractor logre interiorizar de una forma efectiva, que su actuación es ilícita, que no son comportamientos correctos y que debe cambiar estas actitudes y conductas.

La aplicación de este carácter socioeducativo de sanción depende de la intervención de actores tanto políticos como sociales, cuya acción consiste en desarrollar programas de apoyo a los infractores. Al respecto se ha creado la Red de Apoyo Interinstitucional, que se integra por varias organizaciones, tanto públicas como privadas, que ofrecen programas de rehabilitación, así como también permiten que en sus instalaciones se realicen horas de trabajo comunal para que puedan cumplir satisfactoriamente con la medida alterna pactada.

Entre las instituciones que conforman esta red de apoyo se encuentran: centros educativos públicos, Ministerio de Seguridad Pública, iglesias de todas las denominaciones, Cruz Roja costarricense, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Justicia, estaciones de bomberos, bibliotecas públicas, Dirección Regional de Nutrición (CEN-CINAI), Fundación Amor, Esperanza y Vida (Fundaevi), Asociación de adultos Belemitas, comités cantonales de deportes, Universidad Estatal a Distancia (UNED), hogares Crea, entre otros(7).

II. Sobre el desarrollo de las audiencias tempranas en materia penal juvenil

La Circular 146-2012 del Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia establece el Manual de Procedimientos y Flujogramas relacionados con la aplicación de las audiencias tempranas en Penal Juvenil, el cual es de aplicación obligatoria en los despachos judiciales. El mismo establece el trámite adecuado que se les debe dar a las causas una vez que son remitidas a los juzgados penales juveniles por parte del Ministerio Público(8).

Esta circular indica que una vez ingresada una acusación al despacho judicial se debe señalar una audiencia temprana, en la cual intervienen el juez, representante del Ministerio Público, la defensa técnica, la persona menor imputada y la parte ofendida. Lo anterior con la finalidad de verificar si existe la posibilidad de implementar una medida alterna al juicio, y si no se llega a ningún acuerdo entre las partes, realizar correcciones al proceso de la causa, dictar sobreseimientos, si es el caso, emplazar a las partes para el ofrecimiento de prueba e incluso señalar fecha para debate.

A. Admisión de la acusación

Previa verificación de asistencia de las partes en la audiencia temprana, se otorga la palabra al Ministerio Público para que haga lectura de la acusación y se brinda espacio para examinar la pieza acusatoria, siendo que se debe cumplir con los requisitos del artículo 75 de la LJPJ(9):

a) Las condiciones personales del menor de edad acusado o, si se ignoran, las señas o los datos por los que se pueda identificar: se debe indicar fecha y lugar de nacimiento, escolaridad; lo anterior para tener conocimiento si sabe leer y escribir, nacionalidad, nombre de padres, si tiene algún padecimiento físico, si posee tatuajes, cicatrices, descripción física, etc.

b) La edad y el domicilio del menor de edad, si se cuenta con esa información: la edad es muy importante porque es un requisito de procedibilidad, el domicilio es necesario para localizar al acusado para efectuar citaciones.

c) La relación de hechos, con indicación, si es posible, del tiempo y modo de ejecución: los hechos se deben narrar de forma clara, comprensible y concisa, es la parte esencial de la pieza acusatoria.

d) La indicación y el aporte de todas las pruebas evacuadas durante la etapa de investigación: se deben describir las pruebas recabadas y se deben fundamentar los hechos acusados.

e) La calificación provisional del presunto delito cometido: la calificación se encuentra sujeta a aprobación, ya que puede ser cambiada por el juez, siempre que no conlleve a una variación de los hechos.

f) Cualquier otro dato o información que el Ministerio Público considere indispensable para mantener la acusación. 

Analizada la pieza acusatoria, si existen defectos de fondo en la misma, el juez debe dictar el sobreseimiento definitivo de forma oral. También es posible en este momento procesal dictar un sobreseimiento provisional, el cual procede cuando los medios de prueba recolectados no son suficientes para realizar la apertura del proceso, pero existe la posibilidad de recolectar posteriormente la prueba necesaria(10). Así mismo, se deben plantear correcciones de forma a la acusación, las cuales se deben realizar de modo oral en la audiencia. Seguidamente, previa manifestación de la defensa técnica sobre la acusación, el juez admite la misma para continuar con el proceso.

B. Exposición de derechos y obligaciones de la parte imputada

La ley penal juvenil se rige por los principios de protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto de sus derechos y su reinserción familiar y social, y acogiéndose a los mismos es por lo que las audiencias son privadas, caso contrario, son nulas(11). En estas audiencias pueden encontrarse presentes solamente la parte imputada junto a la defensa técnica, así como familiares de confianza del menor y/o su pareja sentimental, la parte ofendida, si esta es menor de edad se puede hacer acompañar con un familiar o encargado; así como el representante del Ministerio Público y el juez. Todas las audiencias son grabadas en audio y video para control del Juzgado Penal Juvenil, pero solo las partes pueden tener acceso a estas, es decir, son de carácter privado.

Se le recuerda a la parte imputada su deber de mantener su domicilio actualizado y que ante cualquier cambio debe presentarse al Juzgado Penal Juvenil en un plazo máximo de 24 horas; esto con el fin de hacerle llegar las respectivas notificaciones, y evitar que se declare la rebeldía del mismo y su eventual presentación por no hallarse en el domicilio brindado.

Así como también se les pone en conocimiento como persona menor de edad imputada sus derechos procesales, como el derecho a la igualdad y no discriminación(12), su presunción de inocencia(13), el derecho a un debido proceso(14), de abstenerse de declarar(15), confidencialidad(16), ser asistido en todo momento por un defensor(17), a presentar pruebas para su defensa(18), etc.

C. Acuerdo conciliatorio

Una vez que son de conocimiento los derechos y obligaciones de las partes, se abre espacio para negociar la medida alterna de la conciliación, las personas esenciales son la parte acusada, la defensa técnica, la víctima, el representante del Ministerio Público y el juez que homologa o no el acuerdo(19). Este instituto le brinda protagonismo a la víctima, busca una solución rápida y eficaz al conflicto; lo anterior en aplicación del principio de mínima intervención judicial que rige en la materia penal juvenil. A través de la conciliación se pueden lograr los objetivos de la Justicia Restaurativa, como por ejemplo, la armonía social.

El acuerdo conciliatorio procede en los casos en que es admisible en la jurisdicción penal de adultos(20), siendo que el artículo 36 del Código Procesal Penal indica que este instituto procede en:

• Faltas o contravenciones,

• Delitos de acción privada,

• Delitos de acción pública a instancia privada,

• Delitos que admitan la suspensión condicional de la pena.

Siendo el último punto de especial importancia, ya que el artículo 132 de la LJPJ establece los supuestos en que es posible brindar el beneficio de ejecución condicional de la pena, siendo en los siguientes casos:

• Cuando el menor realiza esfuerzos por reparar el daño,

• Por la falta de gravedad de los hechos cometidos,

• Por la conveniencia del desarrollo educativo o laboral del menor de edad,

• Para proteger la situación familiar y social en que se desenvuelve el joven,

• Cuando el menor de edad haya podido construir por sus propios medios un proyecto de vida alternativo.

El instituto de la conciliación puede acordarse sin estar sujeto a un plazo o estando sujeto a uno; en el primer caso el juez verifica que se cumpla con los requisitos de legalidad para que se pueda adoptar esta salida alterna y posteriormente homologa el acuerdo y se dicta en ese momento una sentencia de sobreseimiento definitivo a favor del acusado. En el segundo caso, previa verificación de la procedencia del acuerdo se homologa el mismo y se dictará el sobreseimiento definitivo, una vez trascurrido el plazo negociado por las partes; teniendo la parte ofendida la posibilidad de acudir a instancias judiciales, si existe incumplimiento de las condiciones pactadas por parte del imputado. Si se comprueba el incumplimiento se continúa con el proceso como si no hubiese existido la conciliación(21).

D. Declaración indagatoria

En los casos en que no proceda la conciliación o las partes no lleguen a un acuerdo, se continúa el proceso recibiendo la declaración indagatoria de la persona imputada. Regulada en los artículos 82 (indagatoria del mayor de doce años pero menor de quince) y 83 (indagatoria del mayor de quince años pero menor de dieciocho años) de la LJPJ.

En la indagatoria se toman los datos personales de la parte imputada, características físicas, ocupación, lugar de residencia, adicciones, relación familiar, estado civil, etc. En los delitos que se sancionen con seis años o más de prisión se toma la manifestación si desea que se realicen o no estudios psicosociales, ya que los mismos son de carácter voluntario.

El lenguaje que se utilice en la declaración indagatoria debe ser claro y sencillo, el acusado debe comprender los hechos que se le acusan, así como las preguntas que le realiza el juez. Por último, el juez pone en conocimiento de la parte imputada tanto su derecho a declarar como el de abstenerse de hacerlo y la persona acusada con el consejo de su defensa técnica manifiesta su decisión.

E. Suspensión del proceso a prueba

Una vez finalizada la declaración indagatoria, se le da audiencia a la defensa técnica por si desea proponer la solución alterna de la suspensión del proceso a prueba, regulada en el artículo 89 de la LJPJ. Este instituto procede, a solicitud de parte, en todos los casos en que procede la ejecución condicional de la sanción penal juvenil. En el plan reparador debe incluir tanto órdenes de orientación y supervisión, como sanciones socioeducativas, ambos regulados en el artículo 121 de la LJPJ.

Las sanciones socioeducativas que generalmente se incluyen en la suspensión del proceso a prueba son:

• Prestación de servicios a la comunidad (LJPJ, art. 126): Consiste en la realización de trabajo en forma gratuita en alguna institución pública o privada, esta labor debe “… estar acorde con las cualidades y aptitudes del joven y fortalecer en él los principios de convivencia social(22). Este servicio puede ser realizado en una entidad elegida por el menor de edad, siempre que el mismo presente en el momento de la audiencia temprana, un documento que acredite la anuencia de la institución. Así mismo, los Juzgados Penales Juveniles en este momento cuentan con la “Red de Apoyo Institucional” integrada por diferentes organizaciones que permiten que los jóvenes involucrados en procesos penales se acerquen a ellos para realizar su labor comunitaria, esta red fue creada como parte del programa de Justicia Restaurativa y representa una gran oportunidad para que las comunidades participen de manera activa en los procesos.

Es importante recalcar que el cumplimiento de las horas de trabajo comunal se debe realizar en horarios que no afecten la asistencia a la escuela o a la jornada laboral del menor, porque el fin no es perjudicarlos, sino que realicen un esfuerzo por reparar de manera simbólica el daño causado a la sociedad por motivo del delito. Estas labores se pueden asignar por un plazo máximo de seis meses(23) y las horas en las que se deben realizar van a depender de la situación del menor y de la gravedad del delito, a juicio de las partes.

• Reparación de daños a la víctima (LJPJ, art. 127): consiste en la restitución del daño causado por el delito, puede consistir en la prestación directa de trabajo a favor del ofendido o se puede sustituir por una cantidad de dinero, sin exceder la cuantía del daño. Esta sanción se considera cumplida en el momento que el juez lo determine.

Cada una de las anteriores debe ser acompañada por órdenes de orientación y supervisión. Las órdenes de orientación y supervisión consisten en acciones o prohibiciones impuestas por el juez, para promover la formación del joven, en la práctica, en la suspensión del proceso a prueba, generalmente se establecen las siguientes:

• Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiar el mismo.

• Eliminar la visita a lugares determinados; esta prohibición en la suspensión del proceso a prueba se utiliza generalmente cuando son delitos donde figuran como ofendidos establecimientos o locales comerciales, por lo cual se le prohíbe al joven ingresar al mismo.

• Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito.

• Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.

• Recibir tratamiento para ofensores sexuales que brinda la CCSS.

• No cometer delito ni contravención.

• Asistir al abordaje individual del departamento de trabajo social y psicología que imparte el poder judicial.

• Mantener el domicilio fijo y actualizado, es decir, que ante cualquier cambio debe reportarlo al juzgado penal juvenil en un plazo máximo de 24 horas.

• Eliminar todo tipo de contacto perturbatorio con la persona ofendida, su núcleo familiar y testigos del proceso (las personas pueden variar dependiendo de la causa).

• Mantenerse estudiando o trabajando.

Estas últimas cinco órdenes se deben establecer de manera obligatoria en el plan reparador, siendo que el no cometer delito ni contravención es un deber de todos los ciudadanos, por medio de la asistencia al abordaje es como se le da seguimiento al cumplimiento o no de las condiciones del plan reparador, siendo que el Departamento de Trabajo Social envía informes evaluativos al Juzgado Penal Juvenil; el mantener un domicilio fijo es una obligación de toda persona sometida a un proceso penal, el no perturbar ni molestar a las personas es un deber de todos los ciudadanos y por último el mantenerse estudiando o trabajando refleja la finalidad resocializadora y educativa de la materia penal juvenil.

Para que se dé la aprobación de la suspensión del proceso a prueba la defensa técnica debe hacer una valoración de la procedencia de la misma, de acuerdo con el artículo 132 de la LJPJ, estableciendo:

• Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado.

• La falta de gravedad de los hechos cometidos.

• La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad.

• La situación familiar y social en que se desenvuelve.

• El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, un proyecto de vida alternativo.

Es de acuerdo con estos puntos como el juzgador, acudiendo a su sana crítica, estima la procedencia o no de la suspensión del proceso a prueba de acuerdo con las condiciones del menor de edad imputado y los hechos de que se le acusan. Es importante recalcar que el juez no puede de oficio establecer alguna condición nueva o diferente al plan reparador propuesto por el menor imputado(24).

Para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba no tiene relevancia si el joven ha cometido o no un delito anteriormente, tampoco si se ha sometido a este instituto o alguna otra medida alterna, no debe aceptar los hechos (como sí se da en el proceso penal de adultos), pero sí debe expresar su compromiso de cumplir con el plan reparador propuesto. Esta medida alterna se puede imponer por un plazo máximo de tres años, se puede plantear también en etapa de juicio. La resolución que aprueba la suspensión del proceso a prueba interrumpe la prescripción de la acción penal(25).

En el artículo 90 de la LJPJ se establece el contenido que debe tener la resolución que ordena la suspensión del proceso a prueba, a saber:

• Los motivos, de hecho y de derecho, por los cuales el juez ordena esta suspensión.

• Los datos generales del menor de edad, los hechos que se le atribuyen, su calificación legal y la posible sanción.

• La duración del período de prueba, que no podrá exceder de tres años.

• La advertencia de que la comisión de cualquier contravención o delito, durante el período de prueba, conllevará la reanudación de los procedimientos.

• La prevención de que cualquier cambio de residencia, domicilio o lugar de trabajo deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad correspondiente.

• La orden de orientación y supervisión decretada, así como las razones que la fundamentan.

Una vez cumplido y vencido el plazo de la suspensión del proceso a prueba, se dicta a favor de la persona imputada una sentencia de sobreseimiento definitivo. En caso de que se reporte un incumplimiento, ya sea por parte del departamento de Trabajo Social o por parte de la víctima, se les pone en conocimiento a las partes, y el Ministerio Público puede solicitar una audiencia de verificación de la suspensión del proceso a prueba, “con la finalidad de que sea el mismo imputado el que explique si existe una causa justificante para el incumplimiento o no, y si así lo es, demostrarlo, pues la carga de la prueba a este respecto le pertenece”(26). En esta audiencia la resolución puede revocar, modificar o ampliar el plazo de la suspensión del proceso a prueba.

F. Señalamiento a debate

Si no se plantea ninguna medida alterna o esta no se aprueba, se verifica si falta prueba por recabar en la causa, en cuyo caso el expediente se mantendrá en trámite en espera de que la misma ingrese al juzgado, una vez que ingresa se señala a debate y se admite la prueba pertinente. En caso de que no sea necesario recabar ninguna otra prueba se realiza el señalamiento a debate, y se les otorga a las partes el plazo de cinco días hábiles para que ofrezcan prueba. En esta audiencia las partes pueden renunciar a este plazo y ofrecer en ese momento la prueba(27). El juez puede en ese momento rechazar prueba que considere superabundante, o aquella que no tiene relación con el proceso, pero debe ser la excepción, ya que el principio de libertad probatoria faculta a las partes de ofrecer la prueba que consideren, siempre que la misma sea lícita y se ofrezca en el momento oportuno(28).

III. Sobre los resultados obtenidos por medio de las audiencias tempranas

La implementación de las audiencias tempranas en materia penal juvenil ha sido de mucha importancia, ya que agiliza los procesos, porque se da una solución pronta y pacífica al conflicto, que beneficia tanto a la parte imputada como a la ofendida. Sin embargo, esa no es la única función, ya que esta audiencia sirve para que los defectos que tiene el proceso puedan ser corregidos de manera oportuna para efectuar el debate posteriormente. Siendo que, al realizarse esta audiencia de forma oral, se aplican principios como la celeridad y la justicia pronta y cumplida.

Parte de las estadísticas publicadas por el Poder Judicial mencionan que tan solo en el segundo trimestre del año 2014 (abril, mayo y junio) se llevaron a cabo un total de 1.209 audiencias tempranas en todo el país y en 409 se tomaron en cuenta instituciones de la red de apoyo como parte del plan reparador de una solución alterna al juicio(29):

ProvinciaAudiencias tempranasRed de apoyo
San José36097
Alajuela13717
Heredia9145
Cartago154149
Limón29947
Guanacaste10316
Puntarenas6538

 

El proyecto de audiencias tempranas inició en el año 2007, quien lo llevó a cabo fue el Msc. Erick Calvo Rojas, quien indica que entre los beneficios que ha traído la aplicación de estas audiencias es que van a juicio solamente los casos necesarios, además de que se refuerzan los valores de un país democrático como lo es convivir en paz. Sin embargo, para que la aplicación de estas audiencias tenga éxito menciona que es imprescindible el trabajo constante de la Defensa y el Ministerio Público:

“Es importante el trabajo previo de la Defensa y el Ministerio Público para que tengamos una víctima consciente y empoderada, que sepa los fines de la justicia penal juvenil y sepa qué puede pedir al joven. La Defensa debe llegar con información útil sobre la situación del joven, para conocer si el mismo tiene las condiciones para llevar a cabo una medida alterna…”(30).

Con respecto a la importancia de las audiencias tempranas en la materia penal juvenil y de aplicar una verdadera justicia restaurativa, se menciona por parte de funcionarios del Poder Judicial que es una buena práctica, ya que agiliza el proceso, como lo indica la licenciada Ericka Leiva Díaz, jueza penal juvenil de San José:

“…en cuanto a las audiencias tempranas como tal, el beneficio que hemos encontrado es que nos permite una mayor agilidad del proceso, una participación o una incorporación más participativa de todas las partes en una audiencia oral, en donde existe esa cercanía de las partes, en procura de tratar de buscar una solución alterna al conflicto —aunque no es solamente eso lo que se hace en una audiencias temprana— y no llegar hasta la etapa de juicio, por muchas razones, una de ellas es para que haya una mínima intervención de las autoridades judiciales, en beneficio tanto de la persona imputada como del ofendido, máxime en los casos en que ambas personas son menores de edad. Además de eso, nos permite que se cumpla verdaderamente el principio de celeridad que nos impone la ley y que podamos entonces tramitar el proceso de una manera más sencilla y de una manera más rápida…”(31).

A partir de las audiencias tempranas, se les brinda la oportunidad a los jóvenes imputados de construir un proyecto de vida alternativo, solucionando el conflicto de una forma pacífica y pronta, donde no solo se le ayuda al ofendido sino también al imputado, abordando distintas áreas donde el mismo esté presentando problemas. Al respecto menciona la licenciada Yanina Ruiz Solís, defensora pública penal juvenil:

“…es importante indicarles a los chicos al momento de aplicar la conciliación y eventualmente la suspensión del proceso a prueba, la responsabilidad que deben de tener, que están inmersos en un proceso penal juvenil, que eventualmente tienen muchos beneficios que no se tienen en adultos y que esta clase de medida alterna lo que busca es el principio socioeducativo, que es crearles a ellos consciencia de que todas sus acciones llevan a algún tipo de consecuencia, independientemente sean buenas o malas”(32).

En el mismo sentido opina la licenciada Lidia Sánchez Montero, fiscal penal juvenil,

“…la aplicación de medidas alternas lo que viene es a que esta persona —que tiene una capacidad diferente a la que pudiese tener ya una persona adulta— se le brinde esa oportunidad para que él pueda corregir su conducta a fin de que esta no se vuelva a repetir posteriormente una vez que sea adulto...”(33).

Sobre la implicación de las medidas alternas en un menor, menciona el Msc. José Joaquín Ureña Salazar, defensor particular:

“Uno de los principios generales es la prevalencia del interés superior del menor, el interés superior del menor coincide con la finalidad socioeducativa de las sanciones penales juveniles, además, el simple hecho de enfrentarse a un proceso tiene un efecto sociológico educativo, tiene un efecto positivo en la educación del menor…”(34).

Siguiendo en la misma línea, los jóvenes imputados se muestran conformes y satisfechos con las oportunidades de solución alterna de conflictos que se maneja en la materia penal juvenil, al respecto la joven A.Q.R. menciona:

“El proceso es por unas amenazas agravadas y llegamos a una conciliación, me dijeron que esperáramos tres meses, no debo molestar a la ofendida, si no cumplo con eso, vamos a juicio, yo estoy dispuesta a cumplir con la conciliación, tengo que aprender a convivir con las personas, me parece muy bien que se nos den estas oportunidades para corregir nuestras conductas…”(35).

Así como también las partes se muestran satisfechas, ya que se soluciona el conflicto de una manera rápida a través de las audiencias tempranas, con lo que se evita la estigmatización que genera estar envuelto en un proceso penal, al respecto menciona D.L.G.:

“El proceso es por un robo a finales del año pasado, llegamos a una suspensión del proceso a prueba, tengo que hacer 35 horas comunales, seguir estudiando, tener domicilio fijo, no molestar a la otra parte, no cometer delitos, y también ir a las citas de trabajo social, todo eso en un año, menos las horas comunales que las tengo que terminar en seis meses. A mí me parece muy bien esta oportunidad, además de que así ya termino rápido con este problema, porque cuando la gente se da cuenta que uno tiene una causa aquí en los tribunales lo tratan diferente, yo lo que deseo es seguir con mis estudios y aprender de los errores que cometí…”(36).

La aplicación de audiencias tempranas se ha considerado como una buena práctica, pero es solo una parte de lo que engloba el programa de justicia restaurativa, ya que para esto de deben realizar cambios a nivel institucional, al respecto opina la licenciada Michelle Mayorga Agüero, fiscal penal juvenil:

“No se ha implementado en sí lo que es la justicia restaurativa, aquí lo que se trata es de darle esa naturaleza restaurativa a los instrumentos que ya están [conciliación y suspensión del proceso a prueba], pero hay muchos factores que le quitan esa naturaleza restaurativa, por ejemplo, que en la práctica ya forense, el espacio que las partes tienen para conversar con sus asesores, entiéndase defensor y fiscal, es mínimo…”(37).

Con el fin de atender a los problemas mencionados por la licenciada Michelle Mayorga, en este momento se trabaja en un proyecto de justicia restaurativa propiamente dicha, el cual empezará a regir en San José en el próximo mes de junio, en donde sí se abordará de una manera más completa a las partes involucradas en un proceso penal juvenil, al respecto indica la licenciada Natalia Atencio Heinrich, defensora pública:

“Apenas se va a iniciar con lo que es el proceso de justicia restaurativa, y se va a desarrollar a partir de junio del presente año, realmente como justicia restaurativa propia en materia penal juvenil todavía no se ha desarrollado, lo que hemos implementado por medio de las audiencias tempranas es algún tipo de medida alterna ya sean conciliaciones o suspensión del proceso a prueba buscándole algún tipo de solución al conflicto de forma pacífica tratando siempre a las dos partes. Por medio del programa que se está desarrollando, lo que se va a trabajar es aún más, implementando inclusive círculos de paz, en donde sí abordemos al muchacho de una forma más completa y que estimo va a ser aun de mucho más ayuda teniendo como un fin o parámetro que esta persona, una vez que haya entendido y haya entrado completamente en lo que es una justicia restaurativa, no vuelva a tener otro tipo de proceso penal, porque muchas veces a pesar de que la audiencia temprana nos ayuda mucho, no se logra ese fin porque no tenemos el mayor tiempo para poder revisar todos los aspectos que se ven por medio de una justicia restaurativa, pero que estimamos que por medio de este plan se pueda lograr que ellos no tengan algún otro tipo de reincidencia en lo que es un conflicto con la ley”(38).

Es importante recalcar que según lo indicado por la licenciada Ericka Leiva Díaz, jueza, quien se encarga de las audiencias tempranas en el Juzgado Penal Juvenil de San José, siendo este Juzgado el que tiene uno de los mayores circulantes en el país, el cumplimiento de las medidas alternas es de un 80 %, entonces se puede deducir que se están reconstruyendo vidas, tanto de estos jóvenes imputados, de sus familias y de la sociedad. Además, debido a que se aplica la oralidad, se ha reducido el tiempo de duración de los procesos, ya que un proceso ordinario, con un trámite escrito, las causas duraban en llegar a juicio casi al límite de la prescripción, pero con la entrada de las audiencias tempranas se ha corregido y normalmente no va a tardar un año entre la audiencia temprana y el señalamiento a juicio.

Conclusiones

Por medio de las audiencias tempranas se ha logrado permear de justicia restaurativa las medidas alternativas de solución de conflictos, siendo que una de sus finalidades es que las partes acuerden una medida alterna al juicio, con la cual ambas se sientan satisfechas, siendo que además de contribuir con la paz y armonía social se cumple con un efecto resocializador del joven infractor.

Cuando se llega a una solución alterna en una audiencia temprana, se le brindan condiciones al menor infractor para que pueda construir un proyecto de vida de forma alternativa, de especial importancia en delincuentes primarios, ya que bien puede ser una situación episódica del mismo o que esté iniciando su carrera delictiva, siendo indispensable el apoyo de actores políticos y sociales para que se le pueda brindar el apoyo necesario y las herramientas para que ese joven no vuelva a realizar acciones ilícitas.

Se debe tener claro que no todos los delitos permiten una salida alterna, ni todas las partes van a estar anuentes a su aplicación; sin embargo, eso no quiere decir que la audiencia temprana no tenga éxito, porque no solo esa es su finalidad, sino que a partir de esta audiencia se le imputan al joven los hechos que se le acusan, se realizan correcciones de la pieza acusatoria, se dictan sobreseimientos si es el caso, se puede aportar prueba para ser recibida en juicio e inclusive si es posible se señala en ese momento la fecha de debate, siendo que se realiza de forma oral en la audiencia el trámite de las causas, se agiliza de tal forma que normalmente no va a tardar un año entre la audiencia temprana y el señalamiento del juicio.

Sin embargo, para que se cumpla con el fin de mínima intervención y de justicia pronta y cumplida, es necesario que las audiencias tempranas se lleven a cabo por personal debidamente capacitado y preparado para instruir a las partes sobre los fines de la justicia penal juvenil, siendo que también existen factores culturales que influyen en el éxito de la misma, ya que nuestro país se encuentra inmerso en una política de cero tolerancia, fomentada por los medios de comunicación, la cual limita la receptibilidad de los ofendidos para aplicar los presupuestos de medidas alternas.

Bibliografía

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Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Circular 146-2012. “Manual de procedimientos y flujogramas relacionados con la aplicación de las audiencias tempranas en materia penal juvenil”. Disponible en: http://www.poder-judicial.go.cr/penaljuvenil/index.php/
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Mayorga Agüero, Michelle. Fiscal penal juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de abril del año 2015.

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Poder Judicial de la República de Costa Rica. “Justicia juvenil restaurativa: estadísticas”. Disponible en: http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/index.php?option=comcontent& view=article&id= 35&Itemid=147 (consultado el 19/04/2015).

Ruiz Solís, Yanina. Defensora Pública de Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de abril del año 2015.

Sánchez Montero, Lidia. Fiscal Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, 21 de abril del año 2015.

Tiffer Sotomayor, Carlos. “Ley de justicia penal juvenil dentro de los modelos teóricos de la política criminal y fuentes legales”. En: De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, Serie de Políticas Sociales nº 5, Unicef, Costa Rica, 2000; p. 547.

— Ley de Justicia Penal Juvenil, comentada y concordada, 3ª ed. San José, Editorial Jurídica Continental, San José, 2011; p. 570.

Tribunal de Apelación Penal Juvenil, Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución 2014-0360 de las dieciséis horas con treinta minutos del 29 de julio del año 2014.

Ureña Salazar, José Joaquín. Defensor Particular, Lex Forum Abogados, 28 de abril del año 2015.

Anexos

Estadísticas publicadas por el poder judicial, segundo trimestre del año 2014 (abril, mayo, junio).

Resultados audiencias tempranas

II Trimestre del 2014

PENAL IMAPAG 71A
 

Fuente: Oficina Justicia Restaurativa

Resultados redes de apoyo

II Trimestre del 2014

PENAL IMAPAG 71B
 

Fuente: Oficina Justicia Restaurativa

Cartago

PENAL IMAPAG 72A
 

Fuente: Oficina Justicia Restaurativa

San José

PENAL IMAPAG 72B
 

Fuente: Oficina Justicia Restaurativa

Heredia

PENAL IMAPAG 73AA
 

Fuente: Oficina Justicia Restaurativa

Alajuela

PENAL IMAPAG 73BB