La actualidad de la falsificación marcaria en la República Argentina

Revista Nº 21 Oct.-Dic. 2007

Roberto J. Porcel 

Profesor universitario - Conferencista internacional  

(Argentina) 

Sin duda, el delito que más ha crecido en los últimos años en el mundo entero es el que incumbe a la piratería, comprendiendo en este escenario a las ofensas que atentan contra las leyes de propiedad intelectual, patentes y marcas. Sin embargo, de estos tres fenómenos descritos, el que más castigado ha resultado, por lo menos en lo que se refiere a la República Argentina, es el que afecta a la ley de marcas o quizá, siendo más honestos y ajustándonos estrictamente a la realidad, es el único que no ofrece sanción para quien incurre en el tipo penal, lo que naturalmente lejos de disuadir en la comisión del ilícito, lo ha incentivado y alentado.

Ocurre que la infracción marcaria nos ha tomado a todos un poco por sorpresa o distraídos y la verdad sea dicha, esto tiene su razón de ser. Cuando se re-pensó en Argentina la ley de marcas —corría el año 1980—, los problemas que se podían llegar a suscitar con motivo o alrededor de una marca resultaban contemplados básicamente en función de temas comerciales que sucedían entre comerciantes legítimos. En la mayoría de los casos, se trataba de competidores que defendían sus derechos de propiedad contra aquellos otros que intentaban aproximarse a sus marcas a partir de denominaciones parecidas o copiando o imitando sus logos con el ánimo de usufructuar el éxito o prestigio ganado por alguna de esas marcas.

Pero por lo general, no estábamos frente a delincuentes, sino en todo caso ante pícaros o comerciantes que intentaban una ventaja ilegítima a partir de un negocio legítimo(1). Por ello, resultaba relativamente fácil dar con el infractor y acotarlo en su accionar irregular. Era impensable por aquel entonces imaginar que uno iba a tener que lidiar como ocurre en la actualidad, con mafias u organizaciones criminales, con la experiencia y la tecnología de hoy en día.

Cierto es también que el mundo no se encontraba globalizado como ocurre en nuestros días. Años atrás, un reloj de marca suiza solo se fabricaba y se adquiría en su país de origen. Lo mismo ocurría con la ropa, perfumes, carteras, anteojos, remedios, etc.

Ahora, por el contrario, cualquier producto se fabrica y adquiere en cualquier lado, a partir de los modernos contratos de producción, licencia o franquicia. Claro es que, para que estos productos que se fabrican fuera de su lugar de origen resulten de verdad originales, deben contar con, más allá de su respaldo contractual indispensable, detalles de producción tales como un verdadero know-how que facilite el titular de la marca, asesoramiento permanente, control de calidad riguroso, maquinarias adecuadas, etc.

Esta factibilidad de contar con productos originales manufacturados en el país de residencia del consumidor coadyuvó sin duda alguna al desarrollo del comercio internacional, facilitando a su vez el desarrollo y conocimiento de las distintas marcas alrededor del mundo entero. Hoy la publicidad de los productos es homogénea en cualquier ciudad de cualquier país de cualquier continente.

Pero como contrapartida sucede que también favoreció el crecimiento de la imitación o copia ilegítima de estos productos con marca registrada, ocasionando que el delito de falsificación de marcas cobre un vuelo y peligrosidad como jamás se pensó.

Un informe brindado por la International Trademark Association —INTA—, en su Counterfeiting Special Report 2004 —Boletín, vol. 59, n.º 19—, dando cuenta del impacto económico que tuvo este delito, señalaba que en el año 1982, la industria de la falsificación importó un drenaje para la economía mundial de 5.5 billones de dólares; esta suma se elevó en el año 1996 a los 200 billones de dólares y trepó en el año 2003 a los 500 billones de dólares(2).

Por ello, desde el III Congreso Mundial sobre la lucha contra la falsificación y la piratería que se realizó en Ginebra, Suiza, a fines del año 2006, a instancias de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—, de la Organización Internacional de la Policía Criminal —Interpol— y de la Organización Mundial de Aduanas —OMA—, donde confluyeron más de 700 funcionarios públicos y directivos de empresas, se llamó a los gobiernos y a las compañías a unir esfuerzos y recursos para combatir el incremento de ese comercio ilícito.

Un año antes, en una reunión celebrada en Londres, en el mes de octubre de 2005, bajo la iniciativa de la Cámara Internacional de Comercio, que creó la plataforma de Acción Empresarial para Frenar la Falsificación y la Piratería —Bascap, por sus siglas en inglés—, los presidentes y los máximos dirigentes de empresas como la francesa Vivendi Universal, las estadounidenses NBC y General Electric, Nestlé —Suiza—, Microsoft —EE UU— y GlaxoSmith Kline —Reino Unido—, entre otras, liderados por el presidente de la discográfica británica EMI, Eric Nicoli, en lo que quiso ser una “señal poderosa” a los gobiernos para que reflexionen y velen por la propiedad intelectual según sus propios dichos, advirtieron a los “piratas” señalando que les darían caza “en su propio terreno”.

Lo que sucede en Argentina, como se observa entonces, se repite casi como un calco en el resto del mundo, aunque ciertamente con las particularidades de cada región y de cada administración de gobierno. Así, encontramos países que son claramente exportadores de productos falsificados, por caso China, que provee al resto de las naciones con más del 60% de la falsificación que circula por el mundo. Otros países en cambio, son solo de tránsito de mercadería, utilizados por lo general por las facilidades que ofrecen sus puertos o fronteras poco controladas o muy extendidas, para llegar a través suyo a otras regiones más cuidadas, y otros, por último, resultan ser el destino final del material espurio.

Por ello, las distintas organizaciones y/o comunidades internacionales califican a los países según su grado de peligrosidad en lo que respecta a la falsificación marcaria, enrolándolos en distintos grupos según sus especiales características y condiciones. Sin embargo, estas calificaciones por lo general no responden con exclusividad al perjuicio económico que se infringe a las marcas desde cada país, sino en función de los esfuerzos que esos países realizan y muestran en pos de la defensa de los derechos de propiedad de los titulares de las marcas; eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con Brasil y Chile, según el Special Report301 de este año.

En el caso de Brasil, se ponderó su esfuerzo, excluyendo a este país de la Priority Watch List; mientras que Chile fue incluido en el listado de los países más peligrosos(3). Por su lado, la República Argentina no ha obtenido hasta el presente buenas calificaciones. Desgraciadamente, está muy mal calificada tanto por la Unión Europea como por la International Intellectual Property Alliance —IIPA—.

Así, la Comisión de Comercio Exterior de la Unión Europea ubicó a la Argentina entre los 15 países que requerían de una acción “prioritaria” para encarar esfuerzos conjuntos y alcanzar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial(4). Por su parte, IIPA produjo el Special Report301 para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el que, de un total de 60 países, Argentina fue incluida dentro de los primeros 16, en lo que se denomina Priority Watch List(5).

Sin embargo, ninguna de esas calificaciones me parece totalmente acertada a la hora de ponderar los esfuerzos realizados por los distintos sectores argentinos, respecto a lo que hace a la defensa del derecho de propiedad del titular marcario. Para que se atienda a las razones de mi conclusión y esta no se presente como interesada o caprichosa, resulta oportuno a esta altura analizar en detalle las conductas de los distintos actores que se interesan en el tópico.

Comencemos entonces por analizar qué se ha hecho desde el Poder Ejecutivo Nacional. Se impone en este orden señalar que la actual administración ha fijado como una de las políticas de estado prioritario la lucha contra el comercio ilegítimo. En esta directriz, ha enviado un proyecto de ley al Congreso Nacional para combatir específicamente la falsificación de medicamentos. En la actualidad, el tema que atañe a los medicamentos está regulado por los artículos 200 y 201 del Código Penal, pero con una gravísima falencia.

En efecto, la actual legislación de fondo se ocupa de los medicamentos adulterados o envenenados, pero no de los “falsificados”. Así, se reitera con frecuencia que, cuando aparecen damnificados por el uso de medicamentos falsos, sus responsables eluden con toda facilidad cualquier responsabilidad penal. Los casos más notorios y más recientes son los sucedidos con las inyecciones de hierro falsas que costaron la vida de dos mujeres en el sur de Argentina. Un poco más atrás en el tiempo, recordemos lo acontecido con el tristemente célebre propóleo, que cobró la vida de más de treinta personas, y en el que tampoco hubo sanción alguna para nadie.

Lamentablemente hasta el presente, el proyecto no prosperó, pero esto ya no es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, sino del Poder Legislativo como más adelante se verá.

En lo que toca a los organismos de fiscalización, la AFIP se ha puesto a la vanguardia de esta lucha, levantando y haciendo suyas las banderas de la contienda contra el comercio ilegítimo. Ha tomado la iniciativa y se ha preocupado por la materia participando en procesos judiciales en trámite y relevando desde lo impositivo el accionar de delincuentes, como ocurrió verbigracia con los talleres clandestinos dedicados a la fabricación de prendas falsificadas, en los que se tenía retenidos en condiciones infrahumanas a trabajadores de distintas colectividades.

Tan solo pondérese el Plan de Gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos correspondiente al año 2007 recientemente presentado, el cual establece de manera específica:

“3.1. Consideraciones acerca del medio externo e interno:

Al estar organizada bajo el esquema de agencia única y considerando su rol emblemático en la administración pública argentina, la AFIP ha ido incorporando en su accionar numerosos objetivos que trascienden la función netamente recaudatoria, situación muchas veces necesaria para dar respuesta a las necesidades y desafíos que surgen a partir de los cambios en el contexto. En consecuencia, en la gestión de la administración tributaria argentina han ido adquiriendo creciente importancia funciones tales como el control del comercio exterior orientado a la protección de la industria nacional, el control de prohibiciones no económicas como el narcotráfico y la falsificación marcaria... Si bien la AFIP se ha desarrollado institucional y profesionalmente para estar a la altura de las responsabilidades asumidas, existen otros factores provenientes de la realidad política, social y económica que inciden permanentemente en su accionar. Entre ellos, cabe destacar:

— Ciclo económico positivo.

— Subsistencia de nichos de marginalidad y pobreza.

— Persistencia de un contexto social permisivo con la informalidad económica, el incumplimiento fiscal y el empleo no registrado.

— Tendencia internacional a la compatibilización normativa para agilizar el comercio internacional.

— Sofisticación creciente de los instrumentos financieros.

— Falsificación marcaria y transgresión de derechos de propiedad intelectual.

— Prácticas asociadas a la constitución de sociedades ficticias...”(6).

Desde la aduana en particular, se buscó resolver el tema de las medidas en frontera a las que hace referencia el artículo 51 del Acuerdo TRIPs. Así fue que se reglamentó el artículo 46 de la Ley 25.986, que implicó, ni más ni menos, la facultad de impedir desde la frontera misma el ingreso o egreso de mercaderías con marcas falsificadas. Avanzando en esta misma dirección, se generó un sistema denominado de “alertas”(7), por el cual se dio la posibilidad a los titulares de los derechos marcarios de registrar voluntariamente sus marcas en aduana; este registro que, reitero, es voluntario implica que cualquier importación que se quiera realizar de dichas marcas y que no sea efectuada directamente por su titular registrado, obviamente, va a ser suspendida de manera automática en su trámite, por el lapso de tres días, para que el titular de la marca, inmediatamente notificado de la pretendida importación, pueda constatar su autenticidad y legitimidad.

Si al momento de denunciar la importación el importador —quién tiene la obligación de denunciar la marca cuando el producto la tenga en el marco de una declaración jurada— se tentase a denunciar la importación de mercadería como sin marca, va a tener que cumplimentar con la nota externa 21/07 (DGA) de fecha 20 de marzo del 2007 y, en el supuesto de insistir en que se trata de mercadería sin marcas, es casi seguro que la importación va a direccionarse al canal rojo automáticamente, es decir, será sujeta a control y verificación; lo que, a no dudar, va a desalentar también este tipo de argucia en la declaración.

Como podrá advertirse, este es un paso muy importante dado por la aduana argentina. El sistema prevé que la protección comprenda tanto las marcas como los derechos intelectuales; aunque todavía para estos últimos derechos el sistema no se encuentra operativo en esta primera etapa. También en lo que se refiere a lo actuado durante el último año por la aduana, cabe destacar la creación de un departamento especial denominado Comité de Lucha contra la Piratería y el Fraude Marcario, en el que interactúan el sector público y el sector privado, es decir las empresas titulares de las marcas y los profesionales especializados en la materia, y que empieza a arrojar resultados muy positivos.

Tan solo téngase presente que la detección de mercadería falsificada ingresada al país durante el transcurso del año 2006 aumentó un 36%, lo que naturalmente refleja la seriedad y entidad con que se está encarando este flagelo desde la frontera misma. Desde la órbita del Poder Judicial, por su parte, no aparecen cambios muy significativos, aunque pareciera dar la sensación de que al final del túnel se comienza a vislumbrar una muy pequeña aunque todavía lejana llama.

Ello por cuanto aún cuando los jueces continúan considerando el delito de falsificación marcaria como un delito menor al que no dedican gran parte ni de su esfuerzo ni de su tiempo, tanto se ha hablado y publicado en los últimos tiempos alrededor de la falsificación de marcas, señalando por caso los grandes focos de corrupción que se generan al amparo de la falsificación marcaria, como ocurre, verbigracia, con los talleres clandestinos que costaron vidas humanas o las grandes ferias como la de La Salada que movilizan cifras superiores a los 400 millones de dólares al año pero por fuera del sistema formal, que no han tenido más remedio que prestarle algún grado de atención, para no quedar inmersos en el medio de todas estas denuncias y escándalos.

Claro que esta conducta, que de ninguna manera es excusable, encuentra quizás alguna justificación en el hecho de que la actual legislación que rige en la materia no contempla una sanción penal seria para quien incurre en el tipo penal.

En efecto, el artículo 31 de la Ley 22.362 prevé para quien resulte responsable de la infracción una pena de prisión que va de los tres meses a los dos años y/o una multa pecuniaria —que dejó de actualizarse a partir de la crisis vivida por el país en el año 2001, cuando se dictaron las leyes de emergencia que suspendieron las indexaciones y actualizaciones monetarias, lo que naturalmente le restó toda capacidad disuasiva—, que perdió toda vigencia y virtualidad a partir de las distintas y sucesivas modificaciones que fue experimentando el Código Penal.

En la actualidad ocurre que quien incurre en la infracción tiene dos posibilidades muy concretas de salir totalmente indemne del delito. La primera de ellas es acogiéndose al beneficio de lo que el ordenamiento argentino denomina suspensión del juicio a prueba y, más comúnmente, probation(8).

Este beneficio que incorporó a nuestra legislación de fondo la Ley 24.316 otorga al infractor la posibilidad de ofrecer una reparación pecuniaria a su sola voluntad al eventual damnificado, la que siempre es irrisoria, y comprometer una acción comunitaria que por supuesto nadie controla; transcurrido el período de tiempo comprometido en dicha acción, se extingue sin más la acción penal, dejando al delincuente sin ningún tipo de resabio ni responsabilidad penal alguna.

Es de rutina y práctica que en la mayoría de las causas donde el delito está debidamente acreditado se presente entonces el imputado amparándose en este beneficio. Muy recientemente, los integrantes del Tribunal en lo Penal Económico Número 2 de la Capital Federal, denunciaron que la institución de la suspensión del juicio a prueba en la práctica es virtual letra muerta, con relación a la imposibilidad de efectuar un control genuino y eficaz sobre las tareas asignadas a personas sometidas al instituto del juicio a prueba.

Los tres jueces que integran el tribunal denunciaron el colapso del sistema que controla la ejecución de las penas alternativas, como son las tareas comunitarias, en un fallo en el que sostuvieron que un hombre que había sido condenado a concurrir una vez por semana al Hospital Muñiz no tenía ninguna responsabilidad por no haber cumplido la pena debido a que nadie lo supervisó(9).

Más allá de las críticas que me merece la actual pena que contempla la ley de marcas, que en nada se compadece con la establecida para otros delitos, por lo menos de la misma gravedad —lo que debiera acontecer conforme se comprometió nuestro país al suscribir el Acuerdo TRIPs en su artículo 61—, lo cierto es que desde el proyecto de ley del diputado Ritondo, como si se hubiese tratado de un presagio, ya se combatía esta institución de la suspensión del juicio a prueba, o de la probation, para los casos de falsificación marcaria (10).

Dije anteriormente que ya no nos topamos con simples comerciantes que pretenden lucrar a partir del éxito de sus competidores, sino ante verdaderas organizaciones criminales o mafias que han encontrado en la falsificación de marcas una oportunidad única para obtener grandes réditos prácticamente sin peligro alguno. Téngase en cuenta que actualmente se considera este delito como uno de los más lucrativos en el mundo, tan solo por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas.

Se considera que envuelve un 8% del comercio mundial, lo que habla a las claras de su peligrosidad. Las estimaciones de la AFIP para Argentina consideran que la falsificación marcaria mueve algo más de 5.000 millones de dólares, cifra que se eleva a los 8.000 millones, si se la considera junto con los delitos conexos que por lo general acompañan a este tipo penal, como son de costumbre el contrabando y los piratas del asfalto.

Para desarrollar la infracción entonces en los días que corren se requieren verdaderas organizaciones. Y estas no se presentan de manera individual o física, sino a través y la forma de personas jurídicas. Así es, pues que, aprovechándose de la apariencia de un marco legal, nos encontramos al momento de intentar adjudicar responsabilidad penal por la comisión de este ilícito con personas jurídicas, en su mayoría sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, normalmente en concurso o quiebra, pero ficticias al fin, a cuyo frente se ponen por lo general personas jubiladas e insolventes.

De esta forma, cuando el juez tiene que resolver sobre la autoría del hecho se encuentra con personas mayores que no tienen idea de lo que se les está hablando y, por supuesto, con sociedades que no tienen con qué afrontar o responder por la falsificación detectada(11). La metodología es casi siempre la misma; en un mismo lugar físico, bajo la apariencia de una persona jurídica concursada, presidida por una persona a la que nadie conoce, se desarrolla la misma actividad, con el mismo personal, dirigido por una persona que no figura formalmente en ningún lado y quien es el verdadero hacedor del delito y del negocio.

Cuando como fruto de la investigación se llega finalmente con alguna diligencia judicial al lugar, por ejemplo para allanarlo y secuestrar la mercadería falsa, los verdaderos responsables del ilícito hacen presentar un escrito reconociendo el delito y solicitando una probation para quien aparece como presidente de la sociedad. Y así se repite la operación indefinidamente, tan solo cambiando la persona a la que se va a responsabilizar.

Por ello, en el proyecto de ley del diputado Ritondo se preveía primero extender la responsabilidad penal a todas aquellas personas que resultaran ser los verdaderos autores materiales del delito, más allá de la responsabilidad formal que competa al que figure como representante legal de turno. En segundo lugar, se establecía de manera expresa que, cuando la beneficiaria del delito resultara ser una persona jurídica, no será de aplicación el beneficio de la probation(12).

Esta disposición se repitió tanto en el segundo proyecto que ingresó el diputado referido, como en el actual anteproyecto de ley sobre el que está trabajando la senadora Curletti, encargada de la Vicepresidencia Primera del Senado, actualmente en ejercicio de la Presidencia de dicho cuerpo. En otras palabras, la actualidad del artículo 31 de la ley de marcas vigentes, al ser alcanzado por la reforma que introdujo la Ley 24.316, se quedó lisa y llanamente sin penalidad alguna para castigar la comisión del delito de falsificación de marcas, en una clara violación a lo comprometido en el artículo 61 del Acuerdo TRIPs. Súmese a ello, como una segunda oportunidad para eludir la sanción penal, otra de las modificaciones que experimentó el Código Penal; me refiero al instituto de la prescripción que se encuentra tipificado en el artículo 67 del Código de Fondo, según reforma Ley 25.990.

Esta reforma al instituto de la prescripción que se ocupa de la extinción de las acciones y de las penas y que enumera taxativamente las causales de interrupción del curso de la prescripción ha recibido numerosas críticas de parte de juristas y autores.

Ocurre que se ha limitado a tal extremo la posibilidad de perseguir y castigar a un sujeto si ha transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del delito, que en la práctica es muy difícil evitar esta forma de extinción de la acción. En delitos como el que nos ocupa, donde es de rutina encontrarnos con fábricas ubicadas muy lejos de los centros de distribución, o de tener que enfrentar talleres muy pequeños pero diseminados en gran cantidad por doquier, es casi imposible en el marco de una investigación que no transcurra el tiempo máximo que prevé el artículo 31 de la Ley 22.362 sin que se llegue a uno de los supuestos que interrumpiría el curso de la prescripción. Por ello, las causas se terminan prescribiendo indefectiblemente, por más esmero que se ponga de parte del particular damnificado. Ni qué hablar de lo que ocurre cuando la causa no cuenta con una parte querellante interesada.

No hay que olvidar que esta clase de delitos, por lo general, comienza en la frontera o en lugares muy alejados de los centros que luego van a consumir los productos falsificados, lo que implica tener que desarrollar la investigación, por lo general, en distintas jurisdicciones territoriales. Esto obliga a tener que dar intervención a diferentes jueces, los que, también es de rutina, no se suelen poner de acuerdo en a quién corresponde la competencia originaria para entender la investigación. La discusión más clásica se plantea entre el juez a quien corresponde la competencia de la fabrica y los jueces donde se encuentran ubicados los comercios que se dedican a la venta de los productos espurios.

En esta discusión entre magistrados, que siempre termina en un tribunal superior y que insume usualmente mucho tiempo, se consume en el caso de este delito el plazo máximo que prevé la ley para sancionar la falsificación marcaria, sin siquiera dar tiempo a comenzar con la investigación. Por ello, he insistido hasta el cansancio en la necesidad de reformar la ley, ajustándola a lo comprometido en el artículo 61 del Acuerdo TRIPs.

Esto significa que se debe contar con un proceso penal que contemple penas de prisión y/o multas suficientemente disuasorias conforme lo que sucede con otros delitos de la misma gravedad. En el caso de la falsificación de los derechos intelectuales, la Ley 11.723 contempla una pena de prisión que va del mes a los seis años de prisión(13), como en todo supuesto de estafas y otras defraudaciones(14) .

Por su parte la Ley de Patentes 22.481 establece en su artículo 78 una pena que va de los seis meses a los tres años, pero esta pena se verá aumentada en un tercio en los supuestos que prescribe el artículo 80 de dicho ordenamiento(15).

Dicho de otra forma, falsificar un derecho intelectual o de patentes es mucho más grave para la legislación argentina que falsificar una marca, cuando, en rigor, resulta ser más peligroso para la integridad física de las personas la falsificación de marcas que de los otros derechos.

Si se piensa en función de los productos, fácil resulta advertir, por ejemplo, que la falsificación de medicamentos es mucho más peligrosa que falsificar DVD, películas o libros. Lo mismo ocurre con los repuestos de automotores o de aviación, que requieren de precisión milimétrica para no fallar y provocar accidentes; o tan solo piénsese en lo que puede ocurrir con la vista de los chicos que usan anteojos falsificados. Sin embargo, para la actual legislación marcaria, ni la falsificación de medicamentos ni la de dichos repuestos contempla penas de la magnitud de las que prevé para los supuestos de falsificación de los derechos intelectuales. Una vez más, pareciera optarse por la vía del absurdo para decidir lo que naturalmente dificulta toda discusión racional. Pero lo más llamativo es que, hasta hace muy poco, no solo nadie alertaba o reclamaba por esta equiparación de penas cuanto menos, sino que incluso se oponían a ellas.

He participado de talleres de trabajo y congresos, donde colegas sostenían que no hay necesidad de elevar las penas, ya que no es intención de ningún titular de marca enviar a nadie a prisión. Lo que naturalmente obviaron estos colegas, por lo general alejados de los fueros penales y acostumbrados al fuero civil, es que quienes hoy infringen los derechos de los titulares de las marcas son verdaderas organizaciones criminales que violan y vulneran brutalmente el derecho de propiedad del titular de la marca.

No terminan de entender que es imposible resolver civilmente problemas penales. Solo por dar un ejemplo, adviértase que ferias como las de La Salada no trabajan a la luz del día, sino de noche, en zonas muy complicadas para moverse y llegar y donde quienes van a comprar deben contar con seguridad que les proporcionan los propios feriantes.

Aun con el auxilio de la policía o gendarmería, resulta, si no imposible, muy difícil llevar adelante un procedimiento para secuestrar o incautar mercadería falsa, al punto que la feria sigue como si nada hasta el presente, pese a los distintos procedimientos realizados en su interior y exterior, cuando todos sabemos que allí se comercializa todo tipo de productos falsificados. Se llega al límite de promocionar la feria en los medios de difusión de mayor llegada al público, sin que nadie diga absolutamente nada. Recordemos, solo en esa feria se calcula que se mueven más de 400 millones de dólares negros al año, dinero que nadie sabe quién maneja ni a dónde va dirigido.

De todas maneras, el caso más grotesco en este sentido a mi entender, emana de la Procuración General de la Nación. El fiscal de instrucción Martín López Perrando acercó y propinó la idea de crear una fiscalía especial para entender con especialidad este tipo de delitos, siguiendo una política que ya se había utilizado para otros delitos desde la misma procuración, admitiendo y reconociendo la peligrosidad que este delito encierra.

Sin embargo, en cuanto hubo presentado el proyecto al señor Procurador General(16), desde la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, se opusieron al mismo con argumentos cuan inconsistentes como contradictorios. De ellos, el que más llamó la atención fue el análisis económico que se realizó del problema. A este respecto, concluye el dictamen de la Fiscalía General de Política Criminal que a estar a las condiciones personales de quienes se dedican a vender este tipo de productos falsificados —personas con serias dificultades de inserción en el mercado laboral y económico formal— y quienes compran —personas sin acceso a los productos originales pero con conocimiento de su calidad y procedencia—, hay que descartar la afectación a la libre y transparente competencia mercantil.

Desgraciadamente, para el Ministerio Público el hecho de que quienes vendan y adquieran productos en infracción sean personas de escasos recursos elimina la posibilidad de que se afecte la libertad y transparencia mercantil. Es gravísimo que este magistrado no considere ni contemple la violación al derecho de propiedad de los dueños de las marcas, máxime cuando es justamente el Ministerio Público quien debe ejercer la defensa de los derechos violados y afectados(17). Y es triste que desde el Ministerio Público no se comprenda que quienes proveen a estos vendedores de los productos en infracción son verdaderas organizaciones criminales que se enriquecen a costa de estas cadenas de distribución que resultan ser estos vendedores callejeros que parecen inofensivos, pero que son muy conscientes de su accionar ilícito.

Tan solo téngase presente el costo de cualquier máquina copiadora de las que se requiere para practicar la imitación. Con recorrer las ferias que se establecen en Mar del Plata en verano, por ejemplo, y ver la actitud de los vendedores cuando uno cuestiona la legitimidad de la mercadería, se aprecia de inmediato lo que se viene manifestando.

Retomando lo dicho, si consideramos ahora el mismo escenario pero desde el punto de vista de las consecuencias y no tan solo desde el producto, arribaremos a la misma conclusión. En efecto, tanto para el FBI como para Interpol la falsificación marcaria es una de las mayores fuentes de financiación del terrorismo y de otros delitos mayores, como pueden ser el narcotráfico o el lavado de dinero.

Sin embargo, para nuestros legisladores esto tampoco pareciera tener la importancia que en rigor tiene, ni siquiera cuando desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se considere a la Triple Frontera como una pequeña Hong Kong desde donde se financia actividades terroristas y para lo cual se nutre, entre otros males, de la falsificación marcaria.

Solo para alimentar la memoria, recordemos que tras el atentado que sufrió el World Trade Center en el año 1993, “el FBI encontró una clara vinculación entre falsificadores y Sheik Omar Abdul Rahman, quien fue procesado por la bomba. El FBI cree que parte de la operación fue financiada con la venta de ropa falsificada”(18).

Más recientemente, desde Infobae.com, bajo el título de “Quién es quién”, se publicó en detalle quiénes serían los protagonistas de la red terrorista del Hezbollah en la Triple Frontera(19). Entre otras de sus actividades para lograr recursos, se menciona la falsificación marcaria.

Como sea, lo cierto es que el delito de falsificación de marcas continúa sin contar con un proceso penal adecuado que contenga penas de prisión suficientemente disuasivas y multas de idénticas características, conforme se obligó y comprometió nuestro país al momento de sancionar la Ley 24.425 por la cual se ratificó el Acuerdo TRIPs.

El proyecto del diputado Ritondo eleva las penas para equipararlas a lo que ocurre con la Ley 11.723. Lo mismo ocurre con el proyecto de la senadora Curletti. Pero lo cierto es que, hasta el presente, nuestros legisladores no han hecho caso de ninguno de estos proyectos, ni los han tratado ni mucho menos convertido en ley. Por eso, seguimos con una normativa que está fuera de época y que no solo afecta el accionar de la justicia como ya hemos visto, sino que también provoca desánimo en el sector privado. Seguramente sea esta la razón por la cual muchos abogados prefieren elegir y aconsejar a sus clientes la vía civil para actuar en defensa de este delito, en lugar de usar la que por naturaleza corresponde, cual no es otra que la penal.

Como enseña el genial maestro Francesco Carnelutti en su obra “Cómo se hace un proceso” —Temis S.A., 2004, p. 13—, “El proceso penal sugiere la idea de la pena; y esta, la idea del delito. Por eso el proceso penal corresponde al derecho penal, como el proceso civil corresponde al derecho civil. Más concretamente, el proceso penal se hace para castigar los delitos; incluso para castigar los crímenes. A propósito de lo cual recuérdese que no se castigan solamente los delitos, sino también esas perturbaciones menos graves del orden social, que se llaman contravenciones. Precisamente, porque los delitos perturban el orden y la sociedad necesita de orden, al delito debe seguir la pena para que la gente se abstenga de cometer otros delitos y la misma persona que lo ha cometido pueda recuperar su libertad, que es el dominio de sí, y con ella la capacidad de reprimir las tentaciones, que desgraciadamente nos acechan continuamente a lo largo de nuestro camino. Uno ha robado: he aquí el delito; debe ponérselo en prisión: he ahí la pena. En esta simple fórmula, el delito y el castigo se consideran como dos hechos equivalentes, cuya equivalencia incluso restablece el orden social; pero esa equivalencia disfraza la estructura profundamente diversa del uno y del otro: una diversidad que se manifiesta, entre otras cosas, en el plano temporal”.

La República Argentina es quizás el único país de América que no utiliza la acción penal para perseguir la falsificación marcaria. Es cierto que, como se dijo al principio, este delito nos ha tomado a todos por sorpresa. Pero así como otros países se han sabido acomodar a las nuevas circunstancias, modificando en muchos casos sus leyes, incorporando penas más severas, etc., muchos colegas se han negado en nuestro medio de manera sistemática a utilizar el fuero penal para ventilar estas cuestiones. Para ello, han denostado el proceso penal, señalando que el mismo es totalmente improductivo y que no conduce a ningún lado. Pero, al mismo tiempo, se han opuesto a la reforma de la ley y a incorporar penas y procedimientos más ajustados a la realidad de este delito. Así mismo, han formulado en el Congreso su oposición a la reforma de la ley y han defendido en talleres de trabajo su punto de vista al respecto, llegando al absurdo de presentar la dicotomía entre proceso civil o proceso penal como si fuesen excluyentes.

Lo curioso de estas conductas es que, al mismo tiempo que ponen énfasis en la ineficacia de la actual ley en la materia, se oponen a su reforma para volverla eficaz. Esto que relato no hace más que poner en evidencia que la resistencia de muchos abogados a utilizar el fuero penal para resolver la violación a la ley de marcas no obedece a una cuestión de beneficio objetivo, sino al desconocimiento que muchos profesionales tienen respecto de la materia penal.

El mundo de los derechos intelectuales y de marcas estuvo circunscripto durante muchísimos años a los agentes marcarios y abogados especialistas en este tipo de derechos, acostumbrados a una mecánica y metodología muy distinta a la actual, quizás muy encerrados en un círculo limitado o exclusivo, casi un club. Ciertamente que dicha especialidad estaba muy alejada del derecho penal. Solo excepcionalmente se recurría al fuero penal y, por lo general, cuando esto ocurría, se buscaba el auxilio de un abogado penalista ajeno a la estructura marcaria, para que llevara adelante la acción.

Hoy esa realidad cambió, como ya explique ut supra. Nos toca ahora enfrentar verdaderas organizaciones criminales que se manejan naturalmente de manera muy distinta a lo que acontecía tiempo atrás. Lo que nos obliga a los abogados que nos dedicamos a combatir este flagelo a también tener que adaptarnos a las nuevas modalidades. En otras tribunas he señalado que, hoy en día, para defender con éxito el delito de falsificación marcaria hay que conocer no solo las leyes troncales 11.723, 22.481 y 22.362, sino que hay que sumar conocimiento de leyes tales como la 16.463, la 25.986, la 25.326 y la 25.246, entre otras. Por supuesto, hay que tener un gran manejo de la Ley 24.425 y, obviamente, del Código Penal.

Pero tampoco son ajenos el derecho civil y el derecho comercial. No nos olvidemos que contratos internacionales y de franquicia o de licencia o de distribución están siempre a la orden del día, con todos sus bemoles y consecuencias, lo que obliga a conocer un amplio espectro de normas de muy diferente carácter y contenido, lo que por cierto no resulta nada fácil ni habitual.

Pero también se requiere de abogados que estén dispuestos a lidiar con delincuentes, si quieren llegar al fondo de estas organizaciones criminales. No es suficiente prestar asesoramiento de manera tradicional, sino que hay que estar dispuestos a caminar por terrenos difíciles, como pueden resultar determinadas ferias, puestos fronterizos, mercados y zonas marginales o manejadas por grupos ilegales. Hay que acostumbrarse a trabajar en equipo con paralegales e investigadores, pues las tareas de inteligencia previas en este tipo de actividad son indispensables.

Hay que conocer y convivir con nuevas tecnologías y nuevos derechos que se van desarrollando de manera diaria y muy dinámica. Piénsese tan solo en Internet y en todo lo que esto provoca. Por un lado, lo que este medio implica para el comercio de los productos falsificados, con la constante oferta de lo que comúnmente los falsificadores denominan “réplicas”; por el otro, lo que significa para las marcas en sí mismas, que ven a diario cómo se las pretende utilizar de manera prohibida a partir de la creación de direcciones de Internet o dominios, en las que se utilizan ilegítimamente sus denominaciones.

Esto obligó, por ejemplo, al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI a trabajar muchísimo sobre el tema. Por su parte, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers —Iccan—, entidad fundada en el año 1998, que tiene su sede en Marina del Rey, California, y cuya principal función es la de asignar los nombres de dominio de Internet, ha tenido que establecer y fijar una serie de reglas que se denominan política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en las que establece cómo y cuándo se va a interpretar que existió mala fe en quien ha inscrito como nombre de dominio una marca que no le es propia o una denominación ajena.

Los tribunales argentinos competentes en materia civil y comercial federal siguen mansamente esta doctrina y su jurisprudencia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en materia penal. Haciendo nuestro lo que informó la Sala III de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en los autos “Radogowski Andrés c/ Catania Martin s/cese de uso de marca”, al momento de identificar a los nombres de dominio como “una dirección de Internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo”, quien recurra luego a ello para engañar al público o aprovecharse de la confusión y de la marca ajena, no puede sino estar incurriendo en la conducta que tipifica el inciso b) del artículo 31 de la Ley 22.362.

Dicha conducta, como se puede apreciar, es susceptible de sanción penal; pese a ello, el damnificado no concurre ni opta por la vía penal, sino que continúa eligiendo la opción civil, como en el caso del fallo que se menciona.

Lo llamativo es que, en la mayoría de los casos, estamos frente a verdaderas estafas y/o defraudaciones, que no solo están dirigidas a lograr la venta del dominio por medios ilícitos al propietario de la marca, coaccionándolo o extorsionándolo a partir del mal uso de su marca, sino también defraudando claramente la confianza del consumidor a quien mal se direcciona de manera exprofesa, para lograr mayor presión sobre el dueño de la marca.

Algo similar ocurre con los correos electrónicos. Recientemente, la Cámara Civil y Comercial Federal “Sala III”, con fecha 8 de septiembre del 2006, en los autos caratulados “Toselli Juan Alberto c/ Toselli Daniel Raúl c/ cese de uso de marca”, ordenó el cese del uso de un correo electrónico porque por sus nombres de usuario y de dominio importaban el uso indebido de una marca reconocida en el mercado inmobiliario local. La decisión del Tribunal estuvo orientada a prevenir un agravio directo al registro marcario.

Todas estas nuevas modalidades delictuales sin duda obligan a una permanente actualización por parte de los abogados y a la necesidad de informarse sobre lo que ocurre alrededor de leyes y circunstancias que son totalmente novedosas para todos. Muy recientemente, una publicación del diario Infobae.com(20) daba cuenta de una encuesta de la consultora I-SEC realizada a más de 15.000 directivos de empresas latinoamericanos, que arrojó que el 85% de los encuestados cree que sus abogados conocen “casi nada” sobre delitos informáticos. Mientras que un 10% consideró que sus profesionales tienen “poco” conocimiento, un 3% piensa que es “suficiente” y solo un 2%, que tienen “mucha” información.

En dicho informe, Daniel Monastersky, socio de Tech Law Abogados, explicaba que “el informe deja en claro que los abogados no cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer un uso efectivo de las tecnologías. Al desconocimiento se suma el miedo que, en la mayoría de las veces, se convierte en un no hacer”.

Muy parecida es la situación en lo que respecta específicamente al tema de la falsificación marcaria, en la que se termina optando por “no hacer” en lugar de dar la batalla que se debe. Se pretende negar la necesidad de reformar la ley al mismo tiempo que se reconoce que es totalmente ineficaz para los tiempos que corren.

Mientras tanto, poco cambia. Claro que frente a este panorama global que se describe, justo es reconocer que existe otra clase de abogados que, aun con las pocas herramientas con las que hoy se cuentan, actúa de manera diferente, dando el combate en el fuero que corresponde. Con todas las limitaciones que existen y se han expuesto en este artículo, si se actúa con decisión, este delito, de todas maneras, se puede decididamente acotar.

Claro que para esto es imprescindible contar con la colaboración de las empresas, es decir, de los dueños de las marcas que deben tener una suerte de decisión con tolerancia cero respecto a permitir que se falsifique su marca. De esta manera, se puede atacar no solo la fuente que da origen a la falsificación, sino también a su cadena de distribución. Si esto ocurre y se ahoga la posibilidad de vender o distribuir el producto espurio, se acota de raíz la posibilidad de que el ilícito prolifere.

Insisto y reitero que no es la solución ideal y que ella debe pasar por una reforma de la ley que contemple en su justa medida el delito que nos ocupa. Pero, mientras esto ocurre, es una alternativa que no hay que despreciar.

Puedo asegurar que hay marcas que han adoptado esta actitud de tolerancia cero, que nos han dado instrucciones de perseguir todo tipo de falsificación de su producto en el país; y hoy puedo aseverar con orgullo que no se encuentra mercadería falsa de esa marca en el territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras que no han tomado ni adoptado la misma decisión. A esta altura del relato, cabe preguntarse entonces por qué todavía, pese a las abrumadoras evidencias que hablan claramente de la necesidad de modificar la ley, la mentada reforma no se ha llevado a cabo aún.

Es claro cómo desde el Poder Ejecutivo se han tomado cartas en el asunto y se ha actuado en consecuencia; desde el Poder Judicial, advertimos que se empieza a vislumbrar un pequeño cambio de actitud. Sin embargo, desde el Poder Legislativo, ningún cambio se advierte. Por el contrario, se continúa con una total indiferencia al respecto.

Consecuentemente, todos los esfuerzos que los otros dos poderes realizan, como el que realizamos desde el sector privado, pierden toda virtualidad a la hora de buscar resultados y reconocimientos. Por ello dije al inicio de este trabajo que me daba la sensación de que no se juzgaban en su justa medida los esfuerzos que realiza la Nación argentina en pos de la defensa de los derechos marcarios.

Lejos estamos de no ocuparnos o de no prestarle atención a la defensa de los derechos intelectuales, de marcas y de patentes. Lo que sucede es que la última vuelta de tuerca, la que les corresponde a aquellos que deben hacer las leyes, falla sistemáticamente. Y al fallar este poder y no renovar la legislación para adecuarla a los tiempos que corren y a los tratados internaciones que se suscribieron, se diluyen todos los demás esfuerzos que se vienen realizando desde los distintos sectores.

Considero que ha quedado suficientemente clara la necesidad de equiparar las penas a las que se encuentran establecidas para delitos de una misma gravedad. No encuentro razón alguna para que la falsificación de patentes o de derechos intelectuales contemple penas más severas que para los casos de falsificación de marcas.

Definitivamente, las penas se deben elevar como propone el proyecto de ley del diputado Ritondo(21). Al elevarse las penas hasta los seis años de prisión, como indica el artículo 172 del Código Penal, no solo se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo TRIPs, sino que se defenderá el proceso, evitando caer de manera automática en la probation; instituto este que, como se comentó, se encuentra totalmente colapsado y no se cumple ni se controla y solo sirve en la actualidad para eludir la responsabilidad penal sin consecuencia alguna.

También se evitará de esta suerte que se extinga la acción penal de manera casi indefectible, como hoy ocurre, a la luz de la modificación que sufrió en este sentido el instituto de la prescripción. En lo que hace a una cuestión de estricta justicia, se equipararán las penas para delitos de la misma gravedad.

Esta modificación en las penas no se agotará en sí misma, sino que producirá a su vez otras diversas y no menos importantes consecuencias. Comencemos por señalar que el brindar mayor entidad al delito obligará a que los jueces le presten mayor atención al mismo y más dedicación en su investigación. Esto sin duda coadyuvará a terminar con muchas de las organizaciones que hoy se mueven con total impunidad y redundará en un beneficio no solo para las marcas, sino también para el Estado, al poner coto a otros delitos, como resultan ser la evasión impositiva, el trabajo en negro, el lavado de dinero, el contrabando, etc. Al mismo tiempo, se obstaculizará que se sirva de esta infracción marcaria para financiar delitos mayores como el narcotráfico o el terrorismo.

Desde el punto de vista de los particulares, los propietarios de las marcas encontrarán que no están perdiendo su tiempo ni su dinero si se deciden a perseguir penalmente la comisión de este ilícito. Pero no es esta la única modificación que se requiere.

Ya expliqué con anterioridad que lo más frecuente es recurrir a la apariencia de una figura legal, como son los tipos societarios, al frente de los cuales se colocan personas sin ninguna responsabilidad patrimonial y que, al final de cuentas, no responden por nada.

Para evitar esto, la reforma proyecta, en primer lugar, extender la responsabilidad a los verdaderos responsables del delito, sea que se encuentren formalmente individualizados o no. En segundo lugar, elimina el beneficio de la probation cuando el beneficiario del delito resulte ser la persona jurídica.

Pero no agota allí el tema. Propone dar intervención a la AFIP para que pueda ser y actuar como un auxiliar ad hoc de la justicia en lo que se refiere a la investigación del delito. Ello por cuanto la AFIP cuenta con muchos más recursos para realizar este tipo de investigaciones, en lo que se refiere a profundizar en la vida de las sociedades que el Poder Judicial. Rastrear económicamente personas y sociedades o registros de importación o exportación para la AFIP puede resultar algo cotidiano, ya que cuenta con muy buenas bases y archivos. No así para el órgano judicial que no cuenta con nada de ello.

Otro elemento muy útil que propone el proyecto de reforma es la responsabilidad que hace recaer en todo aquel propietario de predios que lo facilite, cualquiera sea la forma en que lo haga, para la comisión del delito que nos ocupa. En la actualidad, los propietarios de las ferias, por ejemplo, donde se comercializan productos falsificados, no cuentan con una conducta penal especialmente tipificada. Ni siquiera se los puede considerar incursos en la figura del artículo 277 del Código Penal como encubridores.

En lo que respecta a la aplicación del artículo 45 del Código Penal, que se ocupa de aquellos que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse, hay que reconocer que para los propietarios de la tierra, en el caso de la falsificación marcaria, esta norma no se aplica. Aun cuando en alguna medida muchas de estas ferias parecieran alentar la comisión de la infracción o, más contundente todavía, cuando sin ellas el delito no existiría.

Es curioso, pues el artículo 1503 del Código Civil enseña que el uso para el cual una cosa sea alquilada o arrendada debe ser honesto y que no sea contrario a las buenas costumbres. De otra manera, el contrato es de ningún valor. Pese a esta tan clara disposición, los dueños de muchas de estas ferias insisten en la defensa de su negocio como locadores a expensas de la infracción que se comete dentro de las mismas.

Hacer caso omiso de esta disposición que nos entrega el Código Civil implica incurrir en la figura que tipifica el artículo 45 del Código Penal. De todas maneras, mucho más claro resultaría y eliminaría toda discusión a su alrededor, si se estableciera un tipo penal concreto que sancione estas conductas, como propone el proyecto de ley que se ha mencionado. Comprendería esta norma también la conducta de los funcionarios públicos, cuando los predios que se utilizan sean espacios públicos, como sucede, por ejemplo, con los ya mencionados paseos en Mar del Plata, a la vera de las playas céntricas, o con lo que ocurre en la zona de Retiro en la Capital Federal.

Otro elemento muy útil que debieran recoger nuestros legisladores del proyecto Ritondo es el que incorpora como presunción legal que el uso de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado una marca, en el curso de operaciones comerciales, autoriza la acción penal sin más, pues da lugar a “confusión”.

Por su parte, el anteproyecto de la senadora Curletti, agregaría a las modificaciones propuestas por Ritondo, algunas sugerencias que se recogen de la experiencia, que me parecen muy apropiadas. Una de ellas consiste en incluir dentro de aquellas personas con responsabilidad penal por la infracción que tipifica el artículo 31 de la Ley 22.362, como un nuevo inciso, al “comprador” de los productos falsificados.

Hasta hoy, a aquellos que adquieren mercadería falsificada solo les cabría aplicar el artículo 277 del Código Penal. La verdad es que, en la práctica, esta norma no se aplica para castigar a los compradores. De hecho, podría afirmar sin riesgo a equivocarme que, al no existir sanción social tampoco que castigue el consumo de mercadería falsificada, quienes adquieren este tipo de productos, hasta se pavonean exhibiéndolos, jactándose de su viveza.

El más claro y elocuente ejemplo en este sentido es lo que ocurre con las carteras de una reconocida marca francesa. No hay mujer que se precie, que no adquiera una de estas, por supuesto falsificada, aun cuando tenga los medios para adquirir una legítima. Por ello sería de suma utilidad incorporar una norma que castigue expresamente la adquisición de productos falsos, para que por lo menos estos no puedan ser exhibidos con el descaro y la libertad con que hoy se los exhibe y adquiere.

Así mismo, los tan renombrados tours de compras a lugares donde es sabido que se comercializan productos espurios también se verían disminuidos o desalentados, si se castigara a aquellos que concurren a adquirirlos. Otra innovación acertada es la que se refiere al uso de una marca registrada, para conformar un dominio de Internet que conocía o debía conocer que pertenecía a un tercero.

Naturalmente que en estas dos últimas modificaciones, lo que pesa y define el tipo penal es la mala fe del involucrado en el hecho, es decir, del que adquiere a sabiendas y del que registra un dominio también conociendo que la marca se encuentra registrada. Todas estas modificaciones que asoman a simple vista como necesarias y verdaderamente útiles, para nuestros legisladores, no tienen al parecer ninguna trascendencia.

De más está decir que excluyo de esta última manifestación al diputado Ritondo, quien ha insistido con vehemencia en la necesidad de reformular la ley de marcas, pero lamentablemente sin ser escuchado por sus pares. Lo mismo le cabe a la senadora Curletti, quien desde la Cámara Alta presentó primero su proyecto de reforma al Código Penal en lo que se refiere a la falsificación de medicamentos y, actualmente, se encuentra trabajando sobre el anteproyecto de reforma a la ley de marcas que ya comenté. Esperemos que esta vez, tenga mejor suerte que con el anterior proyecto. Pero en todo caso, estos dos legisladores son la excepción que confirma la regla.

En suma, nada pareciera conmover al legislador, ni las vidas humanas que cobraron la falsificación de medicamentos y la falsificación de marcas a partir de los talleres clandestinos, ni el grave quebranto económico que provoca la evasión impositiva y el trabajo en negro o la falta de inversión y de confianza que producen las malas calificaciones de los distintos organismos internacionales. Da la sensación de que no importaran ni la violación a la vista de todos del derecho de propiedad, en este caso de los dueños de las marcas, ni la violación de los tratados internacionales.

Desgraciadamente, no se compadece su accionar con el del resto de los poderes y el del sector privado. Pero lo que más afecta de esta conducta, es que alcanza y comprende en sus efectos los esfuerzos que realizan los distintos sectores y se han puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, desnaturalizándolos y desvirtuándolos, al punto de que no se los considera ni se los toma en cuenta, al momento de tener que calificar al país.

Esperemos se tome conciencia de una vez por todas de la gravedad que encierra el delito de falsificación marcaria y se legisle en consecuencia, pues con las normas adecuadas y lo que ya se viene actuando desde el resto de los poderes, no cabe duda alguna de que la República Argentina encabezará la lucha contra la falsificación.

(1) Carnelutti, F. ¿Cómo se hace un proceso? Temis, Bogotá: 2004, p. 23; “El proceso civil se distingue, a simple vista, del proceso penal, por un carácter negativo: no hay un delito. Siendo el delito la negación de la civilidad, podríamos llamar al proceso penal a fin de entendernos, un proceso incivil; y al proceso civil, en cambio, lo llamaríamos civil porque se realiza inter cives, es decir, entre hombres dotados de civilidad”.

(2) Porcel, R.J. Manual de falsificación marcaria - procedimiento penal - Su especialidad. Legis, Buenos Aires: 2005, p. 83.

(3) Véase, el Special Report301 en cuanto califica a Brasil y Chile merituando sus esfuerzos.

(4) Véase, Informe de la Unión Europea.

(5) Véase, Informe de la International Intellectual Property Alliance —IIPA—.

(6) http://www.afip.gov.ar/institucionales/plan.de.gestion/PG2007.pdf

(7) Véase, Resolución General AFIP N.º 2216.

(8) Véanse, artículos 76 bis, ter y quáter del Código Penal.

(9) Véase, el link permanente http://www.lanacion.com.ar/883783

(10) Porcel, R.J. Manual de falsificación..., cit., pp. 162 y ss.

(11) Porcel, R.J. Manual de falsificación..., cit.

(12) Ibídem, pp. 154 y ss.

(13) Véanse, artículos 71, 72 y siguientes de la Ley 11.723.

(14) Véase, artículo 172 del Código Penal.

(15) Véase, Ley 22.481.

(16) Véase, Proyecto de Ley de Creación de Fiscalía Especial.

(17) Véase, Porcel, R.J. Ministerio público y falsificación marcaria. AduanaNews con fecha 2/10/06.

(18) Counterfeiting Special Report 2004, vol. 59, n.º 19, 15 de octubre del 2004. INTA report; Porcel, R.J. Manual de falsificación..., cit., p. 25.

(19) www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=290571&IdxSeccion=100897 - 60k - Resultado Suplementario - En caché - Páginas similares.

(20) Méndez Pablo. Preocupa ignorancia de abogados sobre delitos informáticos. Abril 26 del 2006, en: http://www.infobaeprofesional.com/interior/index. php?p=nota&idx=27380

Un sondeo a más de 15.000 ejecutivos latinoamericanos arrojó que el 85% de los encuestados cree que sus abogados conocen “casi nada” sobre “ciber-delitos”.

(21) Véase, Porcel, R.J. Manual de falsificación..., cit.