La calificación penal de las conductas falsas en los procesos conforme al derecho penal cubano

Revista Nº 37 Oct.-Dic. 2011

Yoruanys Suñez Tejera 

Profesora principal de derecho procesal penal en la Universidad de Cienfuegos, 

“Carlos Rafael Rodríguez” 

Miembro de la Unión Nacional de Juristas y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos 

(Cuba) 

Sumario

En el Derecho cubano se presume la buena fe procesal. La ley obliga a las partes a la verdad y la completitud en los actos jurídicos y regula las penas para sus infractores. Este artículo analiza las conductas correspondientes a los tipos penales que se caracterizan por cometerse a través de diversas falsedades apreciables durante el inicio y sustanciación de un proceso, así como determina la calificación del ilícito basándose en la relevancia y significación social del bien jurídico tutelado y establece la importancia de la autenticidad de las pruebas.

Temas relacionados

Buena fe, veracidad, completitud, falsedad, proceso, actos jurídicos y pruebas.

1. Introducción

El Derecho cubano durante el proceso exige a los litigantes que se conduzcan de buena fe, prohibiendo y castigando las conductas contrarias. Existe diversidad de criterios para definir el concepto jurídico de buena fe, aunque la doctrina en general mantiene cierta uniformidad con relación a los elementos básicos que conforman dicho concepto.

Lozano Higuero destaca que este se entiende por “… aquel conjunto de reglas, standards(sic.) o criterios de conducta, de carácter ético, social y deontológico, al que deben adaptar su comportamiento los sujetos procesales en el curso del proceso y todo acto procesalmente relevante”(1).

La buena fe, para Jiménez, es “una herramienta que permite originar deberes al interior del proceso, exigiendo directamente una conducta acorde a ella”(2). Mientras, Jimeno alega que la defensa de una parte no puede basarse en perjudicar el derecho a la defensa de la otra(3). En consecuencia, estima que tampoco podrá inducir a error al órgano jurisdiccional, impidiendo o entorpeciendo que pueda procurar una efectiva tutela de los intereses en conflicto.

Para Scarselli(4), el proceso no puede desprenderse de la cláusula general de actuación conforme a la buena fe procesal y al deber de veracidad en las alegaciones fácticas. De igual forma, reseña que el deber de colaboración, cuya manifestación más evidente es la de acompañar al proceso todos los medios de prueba al alcance de la parte, tiene un claro fundamento en el compromiso de actuar conforme a la buena fe procesal.

Decir la verdad sin omitir detalles relevantes, según Valote, “es una conducta que en el marco de un conflicto judicial es considerada como social y éticamente correcta. Actúa lealmente quien narra los hechos de modo verídico y completo, así como el litigante que introduce al proceso todos los elementos de convicción necesarios para la dictación de una sentencia justa y, colabora con el fin del proceso”(5).

Hunter Ampuero se opone a lo anterior al precisar que los deberes de veracidad y completitud en las alegaciones, así como el de colaboración, no pueden tener cabida en un proceso que se considere respetuoso de los derechos e intereses legítimos del ciudadano y de las garantías de que viene revestida la actividad jurisdiccional. Considera que se trata de una norma con la que “… se pretende introducir reglas morales, éticas y sociales al ámbito de las relaciones reguladas por el derecho”(6).

De acuerdo con lo anterior, estas características colocan la buena fe en una constante contradicción con la seguridad jurídica y por tanto la ponen en riesgo. La libertad de la conducta de las partes, al plantear y defender su posición, no puede extenderse al extremo de lesionar la buena fe y la ética procesal, dado que si bien el proceso es una lucha entre contrarios, este ha de ser leal y guiado por la verdad.

El deber de completitud consiste en alegar todos los hechos notables para la correcta resolución del conflicto sin omitir cierto dato que corresponda al dominio de la parte. Este deber se viola al omitir cualquier hecho integrante del patrimonio cognoscitivo del litigante en los procesos civiles, administrativos, económicos y penales, al excluir elementos calificativos de los hechos delictivos imputados.

Ambos deberes no son divisibles. Decir la verdad no constituye desistir del deber de completitud cuando la reticencia y la reserva mental equivalen a la mentira. Si uno de los litigantes narra de manera parcial los hechos, omitiendo elementos incompatibles con su posición, falta a la verdad. Sin mentir crea el mismo efecto que si mintiera. Los deberes de veracidad y completitud se relacionan con la socialización del proceso, sea civil o penal.

2. La afirmación falaz e inconclusa en los actos de inicio en el proceso y el debate

El proceso es una secuencia de actos tendientes a un fin superior y final de cada uno de estos, independientes y relacionados entre sí, que siguen un orden preestablecido. Díaz Pinillo precisa que se comprende “… por el conjunto de todos los actos necesarios, con una secuencia temporal que con el objetivo de resolver una litis o asunto se desarrolla. En el ámbito del derecho procesal sería el conjunto y la totalidad de los actos que conforman una unidad en interés de conseguir la cosa juzgada”(7).

El proceso se constituye por un conjunto de actos sucesivos y concatenados de forma lógica y sintonizada con aquel que lo precede y le continúa. El acto que una parte realiza, en el momento que la ley lo establece, constituye una premisa y una inducción para el acto que la contraparte podrá efectuar en un instante posterior. Por tanto, toda afirmación falaz e inconclusa es una motivación para que el contrario añada los hechos omitidos y rectifique los falseados a través de su proceder.

Los actos procesales, conforme a su función y por la repercusión o relevancia que tienen para el proceso, pueden ser de iniciación, desarrollo y conclusión. Los primeros son aquellos que inician el proceso. En el derecho penal, en los delitos perseguibles de oficio, serán la denuncia o la actuación de oficio del funcionario competente; y en los delitos perseguibles a instancia de parte, el escrito de querella. Mientras que en el derecho civil, la acción es ejercida exclusivamente por la parte afectada.

El código penal cubano prevé, en el título II, los delitos contra la administración y la jurisdicción. En el artículo 154 regula la denuncia o acusación falsa. Los delitos agrupados bajo este título protegen el adecuado desempeño de las funciones administrativas y jurisdiccionales, de vital importancia para el desarrollo del individuo y la sociedad.

La denuncia o acusación falsa es un delito pluri-ofensivo, conocido en la dogmática como delito compuesto, por proteger diversos bienes jurídicos. Rivero García destaca que “… afecta el buen funcionamiento de la actividad del Estado de perseguir los delitos y castigar a los infractores, así como al honor de la persona afectada y su derecho a no sufrir molestias”(8).

Grillo Longoria(9). analizando los elementos típicos de esta figura, indica que puede ser cometido por cualquier sujeto. En cuanto al elemento intencional o moral, considera que el propósito consiste en que se inicie un proceso penal contra otro. Se comprende entonces que la acción civil falaz ejercida por una parte en detrimento de la otra, al iniciar un acto jurídico en su contra, no califica como delito. En tanto, cualquiera que sea su finalidad, el ánimo de lucro o la venganza, no es de interés para el derecho penal, al carecer de peligrosidad social.

La acción típica del comportamiento descrito en el inciso a) del apartado 1, consiste en imputar o atribuir a determinada persona hechos que de ser ciertos constituyen un delito ante un tribunal o funcionario que debe proceder a la investigación, a sabiendas de su falsedad. El inciso b) del indicado apartado, sanciona al que simule huellas, indicios o suprima o altere las existentes.

Ambas modalidades requieren un dolo típico, consistente en el conocimiento de que el hecho imputado es falso y que se simulan pruebas o se modifican las existentes. Actos que se realizan con el propósito de que se investigue penalmente al sujeto sobre el que recaen las falsas imputaciones o incriminan las pruebas. El delito, precisa Rivero, no puede ser cometido por dolo eventual ni por imprudencia(10) Al decir de Creus, “la denuncia es falsa cuando en el autor media el conocimiento”(11).

Un ejemplo se puede constatar cuando se inicia un proceso contra determinada persona a la que se le atribuyen hechos que de ser ciertos constituyen una violación de la ley penal sustantiva ante un tribunal, siendo estos falsos. Se sigue causa por el delito de denuncia o acusación falsa, a pesar de que en el ánimo del sujeto activo estuviese el apoderarse de los bienes patrimoniales del perjudicado, con motivo de lograr con su actuar falaz que este fuese sancionado y en consecuencia despojado de su patrimonio. Impera la teoría del bien jurídico.

La denuncia o acusación falsa se diferencia del delito de calumnia en que, aun consistiendo ambas infracciones en la falsa imputación de hechos, a sabiendas, la primera, requiere que la imputación se haga ante tribunal o funcionario que por razón de su cargo deba proceder a su averiguación y sanción, mientras la segunda no exige este requisito. La calumnia ataca únicamente el honor personal, mientras que la acusación falsa se comete en perjuicio de las funciones del Estado(12).

En cuanto a declarar en su propia contra, el respeto al principio dispositivo, resalta Condorelli, permite a la parte abstenerse de hablar cuando resulte un peligro a su propio interés. Un sistema que no admite guardar silencio se orienta incompatible con este principio. Implica en alguna medida la total absorción del interés individual en el interés público de la justicia(13).

El derecho cubano asume este criterio permitiendo a las partes en el proceso realizar las alegaciones que consideren a su favor o abstenerse, siempre y cuando no impliquen un peligro o lesión a las relaciones sociales de interés para las normas penales, conforme a su relevancia o significación jurídica. Posteriormente serán tratados otros elementos que amplían esto extremos.

En tal sentido, son penados, exclusivamente, los actos falaces de iniciación en los cuales la parte que ejerce la acción tiene como propósito que se inicie en contra de la otra un proceso penal; en la ejecución de los actos procesales encaminados a conseguir el desenvolvimiento del proceso iniciado, el derecho adopta una posición distinta.

El proceso debe garantizar a los dos intereses en conflicto iguales derechos. Su objeto dependerá de la materia de que se trate: la restitución de la cosa, la reparación del daño causado, la indemnización de perjuicios o el hecho que se considera delito. El fin es contribuir a la justicia, que se declare y se cumpla la voluntad de la ley.

El controvertir permite a las partes cumplir su función básica en el proceso: influir y contribuir a la formación de la decisión del juez con informaciones, demostraciones, críticas y polémicas. De acuerdo con el principio de contradicción, ilustran acerca del contenido de su pretensión. Mendoza Díaz(14) refiere que contribuyen a formar la convicción sobre la verdad o falsedad de los hechos alegados, motivadas por la protección de sus propios intereses. Para lograrlo, sumarán los datos omitidos por la contraparte en su narración y negarán o rectificarán aquellos que entiendan que no guardan relación con la verdad.

El principio contradictorio, resalta acertadamente Picardi(15), además de permitir la lucha de fuerzas de los litigantes, es un instrumento operativo del juez y uno de los momentos fundamentales del juicio penal que sirve a los fines de buscar y encontrar una verdad probable. Herramienta empleada también en los procesos civiles, laborales, administrativos y económicos por el derecho cubano.

Este principio es la antesala de todo proceso. Mediante él se garantiza que el debate se presente como una verdadera contienda entre partes, luego que se inicie la litis. En lo penal, representa para el acusado la obligación constitucionalmente reconocida de que nadie puede ser condenado si previamente no ha tenido la posibilidad de ser oído y vencido en juicio(16).

En los procesos penales, aclara Bodes(17), el debate versa sobre los hechos infractores de las normas penales imputados por la parte acusadora, la cual puede ser pública o privada, y se desarrolla ante el órgano competente, quien se pronunciará de acuerdo con la ley. Esta discusión entre las partes contempla la exposición de los hechos que cada quien relata al tribunal, poniendo de relieve lo que le resulte de interés. Luego, las partes ofrecen su interpretación y argumentos en cuanto a lo que estiman probado en el acto por virtud de las pruebas examinadas.

Los relatos de las partes raramente coinciden, por lo general son antagónicos; al estar en posiciones contrapuestas, ven las cosas desde su particular punto de vista(18). En los procesos civiles, laborales, administrativos y económicos, cada abogado narra una historia desde la perspectiva que favorece a los intereses de su cliente. El tribunal dictará sentencia expresando a quien le asiste razón, de conformidad con las pruebas practicadas.

Decir o no la verdad de forma íntegra será irrelevante en la medida en que cada parte se cree dueña de la suya. Si no comparten sus narraciones por ser contadas desde posiciones contrapuestas, sobre ángulos distintos y adaptadas al cuadro que propone su estrategia, será la prueba la que revele la falsedad o la verdad de los hechos.

3. De la veracidad y completitud de las pruebas examinadas durante el proceso

Las preocupaciones sobre la búsqueda de la verdad y la pruebas para el establecimiento de aquella se advierten desde hace varios siglos. La necesidad del hombre por conocer su entorno social entre otras es una razón que justifica la importancia de la práctica de la prueba.

El proceso, históricamente, tiene por finalidad verificar la inocencia o culpabilidad del inculpado en materia penal, así como en materia civil, determinar a quién le asiste la razón en el derecho invocado que se cree tener. Por tanto, coincidiendo con Aarranz Castillero, son rasgos de la prueba su inseparabilidad del proceso, la ineludibilidad e insustituibilidad.

La prueba en el proceso constituye los actos procesales regulados por la ley, que desarrollan las partes por iniciativa de aquella que le corresponde la función o potestad de ejercer la acción con la finalidad de que el órgano jurisdiccional adquiera la certeza plena y fundamentada sobre la pretensión previamente elevada cuyo final puede o no, conllevar a la aplicación de la ley sustantiva.

El control de la veracidad y completitud de las alegaciones de las partes es efectuado por el juez en la sentencia definitiva, una vez practicadas las pruebas propuestas y admitidas. En la actividad probatoria, si una de las partes miente, la falsedad no afectará el desarrollo del proceso si no es confirmada por la prueba. Esto no significa que la conducta deje de ser antijurídica y punible.

En consecuencia, las partes pueden omitir datos que consideren perjudiciales para la tutela de sus intereses, así como también evitar la aportación inicial de los documentos que estimen inoportunos para su debida defensa. Sin embargo, no podrán valerse de medios falaces para acreditar su dicho.

La ley procesal penal de Cuba regula que ningún acusado tiene obligación de declarar en su contra y se le permitirá manifestar cuanto tenga por conveniente en interés de su defensa. Mientras, los testigos pueden excusarse de la obligación de declarar, cuando sus deposiciones versan sobre elementos relacionados con el acusado, siempre que existan entre ambos relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El abogado del acusado respecto a los hechos relativos al proceso que este le haya confiado en su calidad de defensor, también está exento de declarar.

Siempre que alguna de las personas antes destacadas concurra como testigo, si acepta declarar, está en la obligación de ser veraz en sus manifestaciones. Están, además, obligadas a declarar con respecto a los acusados a los cuales no concurran dichas circunstancias, a no ser que su declaración pueda afectar a su pariente o defendido según corresponda.

También se establece que ningún testigo puede ser obligado a declarar sobre algún extremo que pueda perjudicar material o moralmente su persona de manera directa o indirecta o a alguno de sus parientes, conforme se relacionó antes. Por lo demás, están en la obligación de decir la verdad según el artículo 179 de la ley de procedimiento penal.

Mientras en el proceso civil la ley regula la confesión judicial, estableciendo que el declarante contestará en sentido afirmativo o negativo y agregará las explicaciones que estime convenientes y las que, en su caso, le solicite el tribunal. No se pronuncia en relación a ser veraz, aunque si se negare a contestar o si las respuestas fueren evasivas, el tribunal podrá tenerlo por confeso sobre los hechos respecto a los cuales sus respuestas no fueren categóricas y terminantes. Cuando alguna pregunta se refiera a hechos que no sean personales del que haya de responderlas, podrá negarse a hacerlo, entendiendo con ello que podrá o no ser veraz y completo en sus alegaciones.

El testigo, antes de prestar declaración, conforme al artículo 326 de la ley de procedimiento civil, administrativa, laboral y económica, será advertido de la obligación en que se haya de decir la verdad, sin ocultar nada de lo que sepa y de la responsabilidad penal en que podría incurrir si faltare a ese deber.

En relación a los peritos, cualquiera que sea el proceso, estos son advertidos de la obligación de proceder bien y fielmente en el desempeño de sus funciones, sin proponerse otro fin que el de descubrir y declarar la verdad. Al entender por partes procesales a quienes actúan en el proceso solicitando del órgano jurisdiccional una decisión judicial(19), se exceptúan los peritos y testigos, quienes están en la obligación de decir la verdad.

El delito de perjurio se sanciona en el aludido Título II del Código Penal, a partir del artículo 155. Según Longoria(20), el perjurio permite castigar a quien como testigo, perito o intérprete, falte maliciosamente a la verdad, negándola o diciendo lo contrario de ella, es decir, lo que algunos tratadistas llaman perjurio positivo y perjurio negativo.

Se sanciona también al que, a sabiendas, proponga a un tribunal o funcionario público competente un testigo falso. Se colige que en un proceso ninguna de las partes o litigantes puede valerse de pruebas testifícales falaces para acreditar su dicho, aunque su versión de los hechos discrepe y tengan intereses contrarios.

Todos están obligados por ley a ser veraces en sus manifestaciones. Mientras el sujeto pasivo, en el tipo penal, es el Estado en lo concerniente a las funciones administrativas y judiciales. Se protege el correcto funcionamiento de la administración de justicia, evitando la construcción errónea de los juicios históricos que pueden formarse los jueces por los datos incorrectos que se les proveen(21).

La acción típica se describe alternativamente. Consiste en prestar una declaración falsa, entendiéndose por tal, la contradicción entre lo declarado y lo que realmente sabe o cree el sujeto, o aquello que deja de decir acerca de lo que conoce sobre lo que se le interroga.

La falsedad tiene que recaer sobre hechos o circunstancias que pueden alterar la comprensión a quien corresponde, con fines decisorios. Tiene que constituir una amenaza para la certeza del juicio a formular. Quedan fuera de la categoría las falsedades que inciden sobre circunstancias que no influyen en el resultado del proceso. Afirma una falsedad, arguye Creus(22), quien expresa como verdadero lo que no lo es.

Después, en el apartado 3 se establece que solo es imputable la declaración falsa prestada en juicio oral. Rivero aclara que se “… corresponde con el sistema de enjuiciamiento penal cubano, donde las investigaciones acumuladas en el expediente de fase preparatoria, constituyen exclusivamente la base de la acusación y no de la sentencia”(23).

En el orden subjetivo, la figura establece que su comisión es únicamente intencional y no admite el dolo eventual. Lo que se protege con el delito es la sinceridad de las declaraciones, informes o traducciones, no importa cuál sea el fin que se persigue con la declaración falaz; puede estar motivada por el ánimo de lucro, pero el bien jurídico que se afecta no es el patrimonio, predomina la teoría del bien jurídico.

En un proceso civil sobre reconocimiento de unión matrimonial, durante la práctica de pruebas, la parte actora, con el objeto de establecer posteriormente una liquidación matrimonial de bienes y agenciarse de artículos de estimable valor, propone la declaración falaz de un testigo, a fin de que corrobore que ciertamente entre los litigantes durante el período de tiempo argüido mantenían relaciones amorosas con las mismas características que un matrimonio formalmente reconocido. Al declarar ante el juez, con conocimiento pleno de su engaño, tipifica un delito de perjurio(24).

En relación a las pruebas documentales aportadas al proceso, igualmente deben caracterizarse por su autenticidad. En el Título VII del Código Penal cubano se regulan los delitos contra la fe pública, contemplando entre estos las falsedades. Como su nombre lo indica, es contentivo de aquellas figuras delictivas que atentan contra la fe pública.

Además, se sancionan los delitos de falsificación de documentos públicos, bancarios, de comercio, el carné de identidad, la tarjeta del menor y el documento de identificación provisional. La falsificación de despachos o de servicios postales y telegráficos o de los trasmitidos por las redes de comunicaciones, certificados facultativos, de identificación y pruebas de evaluación docente. También se castiga la falsificación de documento privado y documentos usados oficialmente para la distribución a la población de artículos de uso y consumo sujetos a regulación.

Se entiende por documento, advierte Creus, “… todo el que, con significación de constancia atinente a una relación jurídica, observa las formas requeridas por el orden jurídico como presupuestos para asignar valor de acreditación del hecho o acto que le da vida, modifica o extingue”(25). A su vez, Cuello Calón distingue que el documento “es una manifestación de voluntad, en forma escrita, capaz de probar hechos de trascendencia jurídica”(26).

Según Puig Peña, ha de entenderse por documento “todo escrito al que la ley civil atribuye fuerza probatoria y del que se originan determinadas consecuencias jurídicas”(27). Añade que ha de ser un escrito orientado hacía el mundo jurídico de manera directa o indirecta.

Quintero Olivares(28) parte de señalar que el código penal incrimina la falsificación o falsedad de documentos porque el legislador aprecia la existencia de un bien jurídico que puede ser lesionado por esa conducta mediante ataques que no son castigables a través de otros preceptos del código. Si la falsedad documental penalizara únicamente por su ulterior perjuicio a otros bienes jurídicos, señala Olivares(29), quedaría en sí misma vacía de contenido. En la falsedad el documento crea un falso medio de prueba capaz de alterar o condicionar las ulteriores reacciones de derecho.

Señala Pessina que “… los delitos con los cuales la actividad humana se rebela contra la seguridad jurídica, son los delitos de falsedad y toman también los nombres de delitos contra la fe pública. La esencia de la falsedad punible consiste en la ofensa al derecho sustancial por medio del derecho formal, adulterando aquellos objetos exteriores a los que la ley atribuye el valor de certeza jurídica”(30).

El delito de falsedad documental consiste en la sustitución de lo no auténtico en auténtico en aquello que, estando destinado por dictado de la ley a probar la verdad de su contenido, puede producir como resultado un quebrantamiento cualquiera del derecho. El bien jurídico que se tutela por el ordenamiento penal es la fe pública.

En un proceso civil sobre liquidación de caudal hereditario el actor que, con el motivo de agenciarse de la vivienda propiedad del causante, aporte como prueba documental un certifico falaz emitido por el registro de direcciones del Ministerio del Interior en el que se consigna que el mismo, desde antes del fallecimiento de su padre, convivía con él para demostrar así su derecho preferencial respecto a los demás herederos, por apreciarse este requisito únicamente en él, comete el delito de falsificación de documento público, en mérito al bien jurídico que se afecta, independiente del ánimo de lucro existente en el sujeto activo para cometer el ilícito.

4. El delito de estafa procesal y los actos falsos en el derecho penal

Se precisa analizar si en el caso de que una o todas las partes implicadas en un proceso induzcan a error al órgano jurisdiccional para que dicte una resolución injusta de la que se deriva un acto de disposición en perjuicio del patrocinio del contrario, o de un tercero, alterando la naturaleza del acto, se tipifica un delito de estafa procesal.

La estafa procesal, para los partidarios de esta conducta delictiva, no es la simple mentira en el proceso o la falta de respeto a los órganos de la administración de justicia. El ilícito se perfecciona cuando mediante ardido engaño se induce a error a un juez y, merced a su actividad jurisdiccional, dicta en tal condición una resolución o sentencia que ocasiona perjuicio patrimonial.

Se deben dar en el hecho todos los elementos de la figura básica. Filozof(31) precisa que no bastan las afirmaciones conscientemente falsas para integrar el engaño característico del fraude, es preciso que el actor recurra a la utilización de documentos falsificados o adulterados o testigos falsos.Se requiere un fraude en los elementos que motivan la decisión judicial.

Lo que caracteriza a la estafa procesal es la utilización de la jurisdicción judicial como medio para intentar o consumar un desapoderamiento ilegítimo. El error, en la estafa, recae en persona distinta al damnificado, es el fraccionamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por la defraudación. La víctima del fraude es el juez y el ofendido por la defraudación es la persona afectada por la sentencia o resolución judicial.

La disposición patrimonial perjudicial no se comporta como las demás figuras de la estafa, el producto del error, se basa en el actuar del juez. Este, por su parte, indica Radrizzani(32), resulta sorprendido en su recto juicio por un artificio o maquinación que reúne los caracteres del ardid estafatorio.

Valorada así, la estafa procesal es una figura independiente del tipo penal genérico. El código penal español, que la regula en su artículo 250, prevé siete causas de agravación y un tipo súper agravado; establece una sanción de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses al que la realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal.

Este delito se sistematiza de igual forma por la ley penal de Colombia en su capítulo sexto, titulado: del fraude procesal y otras infracciones. En el artículo 182 se establece que quien por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

Tratamiento similar recibe el delito de estafa en el código penal salvadoreño. En el artículo 306 reglamenta que quien utilizando elemento de prueba fraudulento indujere en error a un juez para obtener una sentencia o cualquier otra resolución judicial, será sancionado con prisión de uno a tres años.

4.1. Su manifestación en el derecho penal cubano

En el Código Penal cubano, en el título que regula los delitos contra los derechos patrimoniales se incluye un conjunto de conductas que tienen por base la protección del patrimonio como bien jurídico específico. Ampara un conjunto de conductas que en la doctrina y en el derecho se denominan defraudaciones y que tienen relación directa con los derechos patrimoniales, mas no poseen como base la sustracción pues se fundan en comportamientos apoyados, directa o indirectamente, en el engaño y en actuaciones fraudulentas.

Para Carlos Creus las defraudaciones son toda lesión patrimonial en que el desplazamiento del bien se produce por la actividad del propio agente pasivo o por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se aprovecha de estas(33).

Goite califica la estafa como “… un delito esencialmente intelectual, de naturaleza versátil, debido a los heterogéneos medios de los que se puede valer el sujeto activo para su comisión…”(34). Todo lo cual favorece a la obtención ilícita de bienes y diversas ventajas, provechos, beneficios y lucros.

De la Cruz Ochoa(35) precisa los elementos de la estafa de la figura básica. Define la utilización por el sujeto activo de un mecanismo de fraude, el elemento causal del engaño, a través del cual se induce al sujeto pasivo a realizar un acto de disposición, causando así perjuicio al que actúa movido por el error o para un tercero y por último, el ánimo de lucro.

El engaño ha de ser bastante, entendiéndose en su acepción más propia de acción o maquinación, tendente a hacer creer a otro que es cierto lo que no es, y no en la reflexiva o pasiva de caer en un error, que es solo el estado de ánimo reproducido por el engaño. Como elemento fundamental del delito de estafa ha de ser además antecedente, causal, y suficiente para producir el error en otro. No puede ser notorio, y requiere determinar a su vez un acto de disposición del patrimonio de un tercero.

La dinámica defraudadora, consiste en la provocación de un error en el destinatario de la operación fraudulenta.La conducta exige que todos los elementos apreciables estén unidos por una relación de causalidad, es decir, que cada uno de ellos sea consecuencia del anterior. Así mismo, debe determinar un error en el sujeto pasivo derivado del mecanismo o artificio engañoso.

El código penal cubano regula el delito de estafa en el capitulo IX: Defraudaciones, artículo 334. Prevé en su figura básica que el sujeto activo, que puede ser cualquiera, con el propósito de obtener para sí o para otro una ventaja o un beneficio patrimonial ilegítimo, y empleando cualquier ardid o engaño que induzca a error a la víctima, determine realizar o abstenerse de realizar un acto en detrimento de sus bienes o de los de un tercero.

Regula, además, otras figuras agravadas. Cuando el culpable, para la ejecución del hecho, se aprovecha de las funciones inherentes al cargo, empleo, ocupación u oficio que desempeña en una entidad económica estatal; y si por el delito el culpable obtiene un beneficio de considerable valor; o si la víctima sufre un grave perjuicio en sus bienes; o el hecho se realiza por uno o más individuos actuando como miembros de un grupo organizado.

También prevé la figura autónoma del apartado 4, sancionando a quien libre un cheque sin provisión de fondos o con provisión insuficiente, o después de haber retirado dicha provisión, así como a quien libre un cheque retirando la provisión de fondos antes de que el cheque pueda legalmente ser presentado al cobro o antes de haber anulado su expedición por cualquiera de las formas que en derecho proceda.

La norma sustantiva penal cubana no regula la estafa procesal. No realiza una distinción entre la figura genérica y una cualificada, relativa al empleo de alegatos supuestos por los testigos o peritos y documentos falseados durante el proceso, cualquiera que sea este.

Si el fraude lo constituye un falso testimonio o una prueba documental falaz se violan conductas delictivas contentivas en otros tipos penales previstos en el ordenamiento jurídico, según corresponda. La doctrina y la jurisprudencia cubana son coincidentes en sus pronunciamientos en cuanto a los ilícitos falaces cometidos durante el proceso, sin embargo, esta posición no es compartida por otros ordenamientos jurídicos, según lo relacionado con anterioridad. Los mismos, además de regular la estafa procesal, también sancionan la conducta mendaz o falaz en otros tipos penales y puede darse un concurso de normas.

Por su parte, en Colombia se regula el delito de estafa procesal y conjuntamente se condena a las falsas imputaciones ante las autoridades. En el artículo 166 se prevé la falsa denuncia, cuando quien bajo juramento denuncie ante la autoridad un hecho punible que no se ha cometido. Así mismo, en el artículo 172 se prevé el falso testimonio para quien en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente y se sanciona la falsedad en los documentos.

En cuanto a El Salvador, este igualmente la regula y sanciona por el delito de falsificación de documentos. Además, penaliza los delitos relativos a la administración de justicia cuando, en su artículo 303, condena al que denunciase o acusase a una persona ante autoridad judicial como autor o partícipe de un delito a sabiendas de que es inocente. En el artículo 305 castiga al que, en declaración como testigo ante autoridad competente, afirme una falsedad, se niegue o calle, en todo o en parte, lo que sepa acerca de los hechos y circunstancias sobre las cuales es interrogado. Incluye a los peritos, intérpretes, traductores y asesores que actuando como tales ante autoridad, afirmen una falsedad u omitan la verdad en sus manifestaciones.

Entre tanto, el código penal de España, de igual forma, sanciona la estafa cometida durante el proceso y las falsedades documentales. Pena al funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometa falsedad, alterando o simulando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial y falte a la verdad en la narración de los hechos. Castiga igualmente la acusación o denuncia falsa, la simulación de delitos y el falso testimonio.

Lo que distingue al delito de estafa procesal de aquellos caracterizados por una conducta falaz es el bien jurídico que se lesiona o pone en peligro. La acción falaz efectuada en cualquier proceso, que persigue un provecho fraudulento a través del juicio equivocado que pueda llegar a formarse el juez con motivo de pruebas falsas que constituyan en sí mismas ardid o engaño, con ánimo de lucro, el bien jurídico que se lesiona no es el patrimonio del tercero.

La estafa procesal sancionando al que se vale de un ardid o engaño, consistente en los medios de prueba aportados a un proceso, los que producen un error en el actuar del juez, determinándolo a dictar sentencia contra una tercera persona en perjuicio de su patrimonio, en el derecho penal cubano no se admite.

Sin embargo, las conductas engañosas, entendiéndolas como aquellas en las que se obra engañosamente, son castigadas, el que efectúa un falso testimonio puede ser sancionado por el delito de perjurio o denuncia o acusación falsa, según corresponda. El que se vale de una prueba documental falsa puede calificar en un delito de falsificación de documentos.

5. El bien jurídico protegido en los actos falsos realizados en el proceso

El delito se caracteriza, entre otras circunstancias, sostiene Quirós, por “… implicar la agresión o amenaza de algo que, consecuentemente, debe ser protegido de dicha agresión o amenaza. Es el objeto, que por tal razón también se ha denominado objeto de la protección”(36).

El objeto del delito es lo atacado o amenazado por el sujeto mediante su comportamiento y lo que se intenta proteger mediante el derecho penal. El bien jurídico no es el propio derecho, sino su contenido, las relaciones sociales modeladas y consolidadas en dichas normas jurídicas.

La convivencia y el orden social demandan el aseguramiento de ciertas condiciones para que los comportamientos del hombre se materialicen de manera ordenada, valiosa, pacífica, provechosa y útil. Esas condiciones, afirma Quirós, en tanto “… son de utilidad para la común vinculación de los hombres en la vida social, se han denominado bienes y, en tanto son objeto de la protección por el Derecho Penal, bienes jurídicos”(37).

El bien jurídico se constituye por las relaciones sociales protegidas por el derecho penal de los ataques y amenazas de los comportamientos considerados socialmente peligrosos. Es esencial en la estructura de la teoría del delito y su correcta caracterización. Es la base del tipo penal, trascendental para cualquier tarea de interpretación. Toda norma penal tiene un objeto de protección y, por tanto, todo delito que represente su violación tiene un objeto jurídico.

Los bienes jurídico-penales han de verse como concreciones de los intereses reales de los individuos, que, por su importancia fundamental, merecen la máxima protección que supone el derecho penal. Constituyen la referencia básica para determinar la función del derecho penal en un Estado social y democrático de derecho, que por su naturaleza permite la revisión constante del mismo.

El bien jurídico pasa a ocupar su puesto de límite y garantía dentro del derecho penal. Expresa valores que la sociedad ha asumido como valiosos para su sistema de convivencia, las necesidades básicas de la persona y los procesos de relación social, de instituciones, sistemas y de su participación.

El delito de estafa es una defraudación que, a pesar de la pluralidad de bienes jurídicos que afecta, no puede extenderse a conductas cuyo objeto es salvaguardar el buen desempeño de las funciones administrativas, o la fe pública, a pesar de caracterizarse por el empleo de medios falsos o fraudulentos.

Con las pruebas falsas aportadas a un proceso, con el objetivo de producir un error en el actuar del juez y obtener un desplazamiento patrimonial ilegítimo, se lesiona el buen desempeño de las funciones judiciales y la fe pública, según sea el medio empleado por el sujeto activo para su comisión. Estos son los bienes jurídicos de importancia y significación social de interés para el derecho.

Mientras en el fraude civil, como vicio de la voluntad, además del error y la amenaza, es todo artificio o engaño por el cual se induce a una persona a otorgar un acto jurídico que de otro modo no habría consentido o lo habría hecho en distintas condiciones, el Código Civil de Cuba precisa que son anulables los actos jurídicos en los que la manifestación de la voluntad está viciada por la ley.

El bien jurídico que se lesiona con el fraude o engaño en el acto jurídico de naturaleza civil es la buena fe de los que intervienen. Conforme con el principio de intervención mínima, el derecho penal debe interesarse de forma exclusiva por los casos de agresiones más graves a los bienes jurídicos de mayor importancia.

El Estado, en el ejercicio de la tarea de protección del orden social, por el rigor del medio de coerción empleado, cumple su función tutelar configurando como delito solo el ataque o amenaza a los bienes jurídicos más necesitados de protección penal, pues la reparación del daño causado, si es posible obtenerse por medio de sanciones no penales, es injustificada, excesiva o ineficaz.

El derecho cubano acierta al regular los actos procesales falaces, previendo tipos penales cuyo bien jurídico amenazado es la jurisdicción y la fe pública. De esta forma se garantiza un proceso transparente en el cual el juez llegue a la convicción de los hechos, basado en la valoración de pruebas fidedignas. La justicia es más certera cuando se llega a esta por medios íntegros.

La veracidad y completitud de los actos de inicio o desarrollo del proceso son esenciales, entre estos, la prueba aportada al proceso resalta por su importancia, en tanto está dirigida al juez, a quien le corresponde realizar su valoración. Es la actividad procesal determinante del objeto del proceso, cuyo fin es establecer si los datos fácticos obtenidos de su práctica poseen entidad y cualidad suficiente para permitirle al órgano judicial certeza plena sobre el objeto de pretensión del proceso.

La buena fe procesal se presume. Son las circunstancias objetivas del caso las que sirven para determinar si hay mala fe en la actuación concreta. Las partes en el proceso, al ajustar su conducta a criterios de rectitud y honradez socialmente exigibles, tienen la obligación de aportar los medios de prueba precisos para cumplir con los requerimientos que demanda la colaboración con la justicia, lo cual no representa que se anteponga a la seguridad jurídica.

Conclusiones

La buena fe procesal se presume. Las partes en el proceso, al ajustar su conducta a criterios de rectitud y honradez socialmente exigibles, tienen la obligación de aportar los medios de prueba precisos para cumplir con los requerimientos que demanda la colaboración con la justicia.

La estafa cometida durante un proceso, valiéndose de un ardid o engaño consistentes en los medios de prueba aportados y produciendo un error en el actuar del juez, que lo determinan a dictar sentencia contra una tercera persona en perjuicio de su patrimonio, en el derecho penal cubano no concurre.

En los medios de pruebas falaces aportados a un proceso, con el objetivo de producir un error en el actuar del juez, no se obtiene un desplazamiento patrimonial de la persona sujeto pasivo del delito, sino que, a través del engaño, se lesiona el buen desempeño de las funciones administrativas, que resultan valiosas para la sociedad y la fe pública.

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(1) Lozano, Higuero, citado por Hunter Ampuero, Iván. “No hay buena fe sin interés, la buena fe procesal y los deberes de veracidad, completitud y colaboración”. En: Revista de Derecho, versión online. vol. 21, n.º 2. Valdivia: 2008, pp. 151-182.

(2) Ver Jiménez, S. “La buena fe, perspectiva doctrinal, legal y jurisprudencial, examen del artículo 247 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil”. En: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, 2003, p. 1562.

(3) Ver Gimeno Sendra, V. “Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. En: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía. n.º 2, 2007, p. 1893.

(4) Scarselli, G. “Lealtà e probità degli atti processuali”. En: Revista Trimestral de Derecho y Procedimiento Civil. n.º 1, 1998, p. 114.

(5) Vallote, D., citado por Hunter Ampuero, Iván. Ibíd.

(6) Ídem.

(7) Díaz Pinillo, Marcelino. “Principios del Proceso Penal”. En: Temas para el Estudio del Derecho Procesal Penal, Primera parte, Colectivo de Autores. Editorial Félix Verela, La Habana: 2002, p. 137.

(8) Rivero García, Danilo. “Delitos contra la Administración y la Jurisdicción”. En: Derecho Penal Especial, Colectivo de Autores, T. 1. Editorial Felix Varela, La Habana: 2003, p. 99.

(9) Grillo Longoria, José Antonio. Los delitos en especie. T. 1. Editorial Ciencias Sociales, La Habana: 1982, p. 162.

(10) Rivero García, Danilo, ob. cit., p. 99.

(11) Creus Carlos. Derecho Penal, Parte Especial. T. 2, 6.ª ed. Editorial ASTREA, Argentina, 1998, p. 238.

(12) Rivero García, Danilo, ob. cit., p. 99.

(13) Condorelli, E., citado por Hunter Ampuero, Iván., loc. cit.

(14) Mendoza Díaz, Juan, “Principios del Proceso Penal”. En: Temas Para el Estudio del Derecho Procesal Penal, Primera Parte, Colectivo de Autores. Editorial Félix Verela, La Habana: 2002, p. 60.

(15) Picardi, N. “Il principio del contraddittorio”. En: Revista de Derecho Procesal. n.º 3, 1998, p. 680.

(16) Para Mendoza constituye el acceso a la justicia, el cual se perfila como la posibilidad real, no formal, de garantizar que el acusado pueda ser realmente oído durante todas las fases del proceso. Ver Mendoza Díaz, Juan, ob. cit., p. 65.

(17) Bodes Torres, Jorge. “Principios del Proceso Penal”. En: Temas para el Estudio del Derecho Procesal Penal, Primera Parte, Colectivo de Autores. Félix Verela, La Habana: 2002, p. 163.

(18) Véase Cipriani, F. “El abogado y la verdad”. En: Revista del Poder Judicial. n.º 72, 2003, p. 176.

(19) Díaz Pinillo, Marcelino, ob. cit., p. 157.

(20) Véase Grillo Longoria, José Antonio, ob, cit., p. 166.

(21) Ver Creus, Carlos, ob. cit., p. 332.

(22) Ibíd, p. 333.

(23) Ver Rivero García, Danilo, ob. cit., p. 102.

(24) En Sentencia 973 de febrero 14 de 1990, del Tribunal Supremo Popular de Cuba, se aprecia un ejemplo contrario, consistente en “Que si el propio tribunal reconoce en su sentencia que los testigos que declararon a favor de la acusada en el proceso de equiparación matrimonial que se ventiló ante el Tribunal Municipal de… lo hicieron en la creencia, vale decir que era su apreciación de aquella y el fallecido con quien tenía una hija se encontraban unidos por razones que la propia sentencia apunta, y dichos testigos no fueron procesados por el delito que se imputó a la recurrente, es de advertir que en este caso, no se integra la figura delictiva que se atribuye por que la acusada no presentó ante un tribunal testigos falsos, porque no consta que los haya advertido para que depusieran sobre un hecho incierto, todo lo contrario depusieron lo que consideraron se ajustaba a la verdad, como incluso consta del acto del juicio oral, siendo así la acusada no es responsable del delito imputado”.

(25) Creus, Carlos, ob. cit., p. 392.

(26) Cuello Calón, E. Derecho Penal. Bosch, Barcelona: 1952, p. 222.

(27) Puig Peña, F. “Derecho Penal, parte especial”. T. 3, 4.ª ed. En: Revista de Derecho Privado, Madrid: 1955, p. 191.

(28) Quintero Olivares, G. Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 2.ª ed. Arazandi, Navarra: 1999, p. 1138.

(29) Ibíd.

(30) Pessina, E. Elementos del delito, vol. 3. Temis, Bogotá: 1956, p. 126.

(31) Filozof, Navarro. “El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, libro 1”. En: Boletín Jurisprudencia, CN Crimen. n.º 1, 2004.

(32) Radrizzani Goñi, Miguel A., citado por Filozof, Navarro. Ibíd.

(33) Goit Pierre, Mayda, ob. cit., p. 461.

(34) Goite Pierre, Mayda. “Delitos contra los derechos patrimoniales”. En: Derecho Penal Especial, Colectivo de Autores, T. 2. Félix Varela, La Habana, Cuba: 2003, p. 461.

(35) Cruz Ochoa, Ramón de la. El delito de estafa. ONBC, La Habana: 2001.

(36) Véase en Quirós Pírez, Renén. Manual de Derecho Penal, T. I. Félix Varela, La Habana: 2005, p. 81.

(37) Ídem.