“La CNSC es la garante del mérito para ingresar al servicio público”

Revista Nº 140 Mar.-Abr.

Este órgano administra y vigila el sistema general de carrera, igual que los otros sistemas específicos. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Una de las tareas inmediatas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es seleccionar por méritos a 56.000 personas que asumirán igual número de cargos públicos que, hasta la fecha, son desempeñados por empleados provisionales.

En entrevista con Actualidad Laboral, la abogada y presidenta de ese organismo, Luz Patricia Trujillo, habla del esfuerzo institucional que implica esa meta y del trabajo que se está adelantando para convertir a la CNSC en líder de gestión de la carrera administrativa en el país.

Actualidad Laboral: ¿Cuál es el papel de la CNSC?

Luz Patricia Trujillo: La CNSC constituye un órgano del más alto nivel en la estructura del Estado, cuya responsabilidad es la administración y vigilancia de la carrera administrativa, excepto aquellas carreras que tienen carácter especial de origen constitucional. Esto quiere decir que la CNSC administra y vigila el sistema general de carrera, al igual que los sistemas específicos, tales como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Aeronáutica Civil (Aerocivil), las superintendencias, el departamento administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Es una gran cobertura.

A. L.: ¿Cómo se fortaleció la CNSC con la entrada en vigencia de la Carta de 1991?

L. P. T.: Antes de la Constitución de 1991, la CNSC existía, pero no como un órgano autónomo e independiente. Realmente, a lo largo de la historia del sistema de carrera administrativa en el país, la CNSC había operado estando presidida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y hacía parte del Ministerio de Hacienda.

A. L.: ¿Cómo se avanzó hacia la figura actual?

L. P. T.: La Constitución de 1991 determinó que debía existir una CNSC responsable de la administración y vigilancia de la carrera administrativa. Pero, en el desarrollo legislativo, mediante la Ley 27 de 1992 y la Ley 443 de 1998, se siguió concibiendo como estaba antes de la Carta. Entonces, viene la Sentencia C-372 del 12 de julio de 1999 de la Corte Constitucional, que declara inexequibles varios artículos de la Ley 443, entre ellos el de la conformación de la CNSC. El tribunal consideró que esa norma era inconstitucional, por cuanto la CNSC no había sido creada como un órgano autónomo, sino que era un apéndice del Gobierno.

A. L.: ¿Cuál fue el avance sustancial?

L. P. T.: Esa sentencia de la Corte Constitucional señaló que la CNSC debía ser un órgano autónomo, independiente, único garante del mérito para el ingreso y permanencia en el servicio público en el país. Es más, la misma Constitución y la sentencia dicen que la CNSC es independiente de las tres ramas del Poder Público.

A. L.: ¿Cómo se ingresa a la CNSC?

L. P. T.: La Ley 909 del 23 de septiembre del 2004 regula que los miembros de la CNSC deben ser seleccionados por concurso de méritos. Y así se hizo, los tres primeros puestos en la lista de elegibles fuimos seleccionados como comisionados.

A. L.: ¿Cuánto tiempo permanece un comisionado en el organismo?

L. P. T.: El periodo institucional que establece la Ley 909 es de cuatro años. Sin embargo la ley, para efectos de que no todos los comisionados salieran al mismo tiempo, señaló que quien ocupara el primer lugar tenía un periodo de cuatro años; el segundo lugar, tres y el tercero, dos. Luego vino la Ley 1033 del 2006, que amplió el periodo de esta primera comisión a cada uno de los miembros por dos años más al considerar que era necesario darle continuidad.

A. L.: ¿Después de la sentencia de la Corte Constitucional, de qué manera cambió la misión institucional?

L. P. T.: Antes de la sentencia, la CNSC era una función más del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y contaba con unos asesores. Con el desarrollo que le dio la Ley 909 del 2004, se determina que la CNSC es responsable de administrar y vigilar la carrera administrativa. Desde el punto de vista de la administración, nos corresponde la provisión de los empleos públicos de carrera, porque hay otro tipo de estos empleos, como la gerencia pública, sobre la cual no tenemos competencia.

A. L.: ¿Cuál es la órbita de acción de la CNSC?

L. P. T.: La competencia de la CNSC es gigantesca, administramos y vigilamos más de 3.000 entidades, todos los ministerios, departamentos administrativos, empresas sociales del Estado, corporaciones autónomas regionales, alcaldías, gobernaciones, concejos, personerías, asambleas departamentales y, además de eso, los sistemas específicos de carrera. Entonces, también tenemos que ver, inclusive, con el sistema docente. La sentencia C-075 del 2006 determinó que la competencia para administrar y vigilar ese sistema es de la CNSC, en lo relacionado con la selección de docentes y de directivos docentes.

A. L.: Operativamente hablando, ¿cuál es la función específica que realiza?

L. P. T.: La provisión de los empleos de carrera administrativa. Igualmente, nos corresponde diseñar los lineamientos y los instrumentos para la evaluación del desempeño, que definan la permanencia de los servidores públicos en las entidades. No se trata solamente de que se haga un proceso de selección por méritos, sino de que quien permanezca en el empleo se mantenga por virtud de estos. Para ello, es necesario que el servidor público se evalúe, y le corresponde a la CNSC definir las directrices, a fin de que cada entidad cree su propio sistema de evaluación del desempeño. Pero, además, le toca desarrollarlo, mientras que las entidades diseñan su propio modelo.

A. L.: ¿Existe otra función esencial?

L. P. T.: Tiene que ver con la administración del registro público de carrera administrativa. Nos corresponde tener el registro de todas las personas que pertenecen a esta, pero, además, administrar las listas de elegibles que surgen como consecuencia de los procesos de selección, porque esos listados tienen una vigencia de dos años. También tenemos que manejar el banco de empleados inscritos en carrera; atender los casos de desplazados por razones de violencia para ordenar su reubicación y, además, administrar las bases de datos de los que hayan optado por el derecho preferencial a ser revinculados, como producto de una reestructuración.

A. L.: ¿La CNSC no está duplicando actividades del DAFP?

L. P. T.: El manejo de las bases de datos y de las situaciones mencionadas eran parte de la razón de ser del DAFP, cuando no se le había dado a la CNSC la orientación que determinó el artículo 130 de la Constitución. Por eso estaban asumiendo esas funciones, pero la responsabilidad es de la CNSC. Nos toca trabajar en coordinación con ese departamento, por cuanto ellos son los que definen la política en materia de empleo público. Inclusive, la Ley 909 del 2004 le da algunas responsabilidades. Ellos deben informarnos de las vacantes que existen en todas las entidades públicas, para que nosotros podamos usar esa información a fin de ordenar las reubicaciones, de disponer las reincorporaciones e iniciar los procesos de selección por méritos.

A. L.: ¿La CNSC tiene las bases de datos sobre los empleados públicos de carrera?

L. P. T.: Legalmente, le corresponde a la CNSC tenerlas. Sin embargo, como es un ente tan nuevo, le hemos delegado al DAFP la expedición de las certificaciones de las personas que están inscritas en la carrera administrativa. No obstante, el proceso de los nuevos inscritos lo está adelantando la CNSC.

A. L.: ¿Qué logros ha alcanzado la entidad?

L. P. T.: Le ha correspondido iniciar el proceso de selección de los empleos provisionales, porque desde 1999 hasta el 2004, no había sistema de carrera para el ingreso al servicio público, por cuanto, en este aspecto, había sido declarada inexequible la Ley 443. Entonces, eso llevó a que hubiese una gran cantidad de personas vinculadas al sector público, pero que no pasaron por el proceso de selección que exige la Constitución. El artículo 125 establece que quien ingrese al servicio público debe hacerlo por méritos.

A. L.: ¿De cuántos empleos se trata?

L. P. T.: En proceso de selección de la primera convocatoria hay cerca de 56.000 empleos. Desde el 5 de diciembre del 2005, se encuentra abierta, ya que se está seleccionando esa cantidad de personas para más de 1.700 entidades. En la primera prueba, que se aplicó el 10 de diciembre del 2006, fueron convocados 307.733 aspirantes; la superaron 169.681 personas. No obstante, no son los únicos que van a quedar en el proceso. La Ley 1033 del 2006 determinó que se encuentran en el concurso los provisionales que se inscribieron para aplicar al empleo que están desempeñando. Así mismo, los eximió de presentar la primera prueba. Calculamos que son otras 100.000 personas.

A. L.: ¿Qué otras acciones están en marcha?

L. P. T.: Estamos adelantando la convocatoria para la provisión de 1.200 empleos de dragoniantes en el Inpec. Adelantamos el proceso para la provisión de 14.500 docentes y directivos docentes de los entes territoriales, que dependen de las secretarías de educación del país. Estamos seleccionando 175 empleos de la DIAN, y este año, además, debemos continuar con las convocatorias del DAS, de las superintendencias y de la Aerocivil.

A. L.: ¿Qué otra gestión destacaría?

L. P. T.: La CNSC acaba de expedir el acuerdo que adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño, bajo la óptica de las competencias laborales. El propósito de este instrumento es calificar a los servidores públicos para efectos de determinar su permanencia en el servicio público. Esa evaluación debe hacerse cada seis meses y la calificación definitiva la da la ponderación de las dos evaluaciones semestrales.

A. L.: ¿Qué efecto tendrá para el empleado de carrera?

L. P. T.: Si después de esas dos evaluaciones un funcionario es calificado de manera insatisfactoria, una de las consecuencias es la desvinculación del servicio público, pero no es el propósito fundamental de la misma. Se trata de establecer cuáles son las deficiencias con el fin de realizar planes de mejoramiento, así como identificar las fortalezas de los servidores públicos.