La Convención de Nueva York desde la perspectiva de la doctrina francesa

Revista Nº 9 Jul.-Dic. 2008

Thomas Clay(1) 

1. Introducción.

¿Qué interés habría en estudiar la contribución de una categoría de autores determinada en función de su nacionalidad? Hoy en día, que las fronteras se hacen cada vez más difusas y el mundo se vuelve cada vez más globalizado, la noción de nacionalidad tiende a perder su intensidad. Adicionalmente, si el objetivo consiste en escudriñar el aporte de autores de la misma nacionalidad respecto de un acto multilateral, se reduce todavía más el interés del proyecto. Más aún si este acto multilateral atañe a un derecho por esencia transnacional, la idea misma de un enfoque nacional sería, entonces, una prueba de auténtico mal gusto. ¿Acaso el arbitraje internacional no propugna por la negación de las nacionalidades, antes que por su superación? Finalmente, si este estudio está destinado a ser incluido en una revista especializada latinoamericana, que suele contar con ensayos de autores del mundo entero, el tema escogido sería antes que nacional, nacionalista, y constituiría una verdadera ofensa a los eminentes partícipes de esta publicación.

Por supuesto, ese no es el propósito del autor de estas líneas, quien estima que si la doctrina francesa presenta algún interés en relación con el estudio de la aplicación de la Convención de Nueva York es, precisamente, porque al respecto parece haberse mostrado reticente. Tal como si la nacionalidad de los autores hubiera podido por sí misma homogeneizar su pensamiento. Esta visión anticuada de la nacionalidad sumada a la autoridad de la doctrina invitan a realizar el análisis en contravía, partiendo del mismo supuesto, es decir, de la nacionalidad.

Sin embargo, la idea no es contradecir por contradecir, sino, más bien, mostrar que, contra lo que se suele sostener, la doctrina francesa no solo no ha combatido la Convención de Nueva York sino que, por el contrario, la ha defendido y promocionado. Si ella ha rechazado la simple lectura ligera del texto, ha sido para dar a este acto la dimensión que merece y que solo una interpretación teleológica permite alcanzar plenamente.

Recordemos, además, que la doctrina francesa jugó un papel fundamental en la elaboración de la Convención de Nueva York, principalmente, gracias a la influencia de Jean Robert. El texto final de la Convención es bastante similar al anteproyecto propuesto por la CCI en 1953(2), en el cual Jean Robert contribuyó de forma determinante(3). Adicionalmente, la delegación francesa en Nueva York, dirigida por Dominique Holleaux, tuvo un gran peso en la negociación que condujo a la adopción del texto final, y Francia fue el cuarto Estado en permitir la entrada en vigencia de la Convención(4), la cual fue comentada no solo de forma automática, sino por la pluma de los mejores autores franceses de la época: Henri Motulsky, Jean-Denis Bredin y Jean Robert, en las principales revistas: Revue de l’arbitrage (5), Clunet(6) y Recueil Dalloz(7).

Igualmente, Francia fue el primer país en formular la reserva de comercialidad para la aplicación de la Convención de Nueva York, mediante comunicado, del 17 de noviembre de 1989, del Ministro de Relaciones Exteriores(8).

Lejos de ignorar o despreciar la Convención de Nueva York, Francia ha sido siempre uno de sus promotores más celosos. Sin embargo, con excepción de los artículos antes citados, la doctrina francesa no le ha consagrado muchos trabajos. Es importante precisar previamente lo que significa la “doctrina francesa”. Así, pues, salvo que se quisiera reagrupar con el imperio colonial francés, es menester diferenciar la “doctrina francesa” de la “doctrina francófona”. En efecto, con excepción de las tesis de Philippe Fouchard, que trata la Convención de Nueva York, como todos los libros, con una aproximación global al derecho del arbitraje(9), y de Laurence Franc-Menget, sobre el control judicial de los laudos arbitrales(10), la única obra universitaria francesa sobre la materia es la tesis de Hamid Gharavi, “L’efficacité internationale de l’annulation d’une sentence arbitrale”(11). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el autor es de nacionalidad iraní y ha publicado su tesis en inglés con la editorial Kluwer(12). Esta es la única obra que se ha escrito sobre el particular, a pesar de que su vínculo con aquello que podría llegar a considerarse una doctrina francesa resulta bastante tenue.

En cuanto a los artículos, exceptuando aquellos que aparecerán con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Convención de Nueva York, encontramos un ensayo de Jacques Béguin publicado en 1986 en un libro canadiense(13), y otro de Pieter Sanders publicado en 1979 en una revista francesa(14). Empero, resulta bastante forzado hacer entrar a Pieter Sanders en la categoría de la doctrina francesa.

El volumen relativamente modesto de la contribución doctrinal francesa respecto de la Convención de Nueva York contrasta con la innegable influencia que los autores franceses —de Henri Motulsky a Philippe Fouchard, pasando por Berthold Goldman, Pierre Mayer o Emmanuel Gaillard— han ejercido siempre en el derecho del arbitraje internacional. Recordemos, por ejemplo, el papel que tuvo la doctrina francesa en la elaboración de los principios de la autonomía de la cláusula compromisoria y de la kompetenz-kompetenz; en la determinación del régimen de la independencia del árbitro y, de forma general, en la identificación y autonomía del arbitraje internacional, su delimitación respecto del arbitraje interno, y en la estructuración de un régimen jurídico específico para tales fines, etcétera.

Vemos cómo existe un contraste entre la proyección del pensamiento francés en materia de arbitraje internacional y su modesta producción sobre la Convención de Nueva York. Este contraste resulta paradójico frente al instrumento más multilateral del derecho del arbitraje(15), y que le ha asegurado su eficacia, mientras que, como escribió el profesor Karl-Heinz Böckstiegel, esta Convención es “una historia llena de éxitos […] fundamento del desarrollo del arbitraje comercial internacional”.

La doctrina francesa no ha dedicado a la Convención de Nueva York todo aquello que hubiera podido; este es, entonces, uno de los campos del arbitraje internacional dentro de los cuales se ha mostrado menos elocuente.

Así las cosas, la pregunta sobre la contribución francesa a la Convención de Nueva York daría lugar a una respuesta sibilina, a menos que nos sirviéramos de una figura retórica que consista en invertir la perspectiva, partiendo de este vacío con el fin de intentar llenarlo. Antes que entrar a examinar cómo la doctrina francesa ha contribuido a la Convención de Nueva York, nosotros reescribiremos la historia y, asumiendo una visión retrospectiva, examinaremos cuál es la contribución que pudo haber aportado, pero que no realizó —2—, para luego abordar el futuro de esta quincuagenaria todavía vital, y, sirviéndonos esta vez de una visión prospectiva, analizaremos cuál sería la contribución que la doctrina francesa podría hacer en el futuro —3—.

2. La contribución que no hizo la doctrina francesa a la Convención de Nueva York.

El objetivo es tratar de establecer por qué la doctrina francesa se mantuvo ajena a la Convención de Nueva York. Al respecto, se vislumbran tres explicaciones que obedecen a un orden cronológico: en primer lugar, la Convención de Nueva York ha sido considerada como una culminación, casi una consagración —2.1—; en segundo lugar, esta se ha enfrentado a dificultades interpretativas —2.2— y, finalmente, ha sido superada por sí misma —2.3—.

2.1. La Convención de Nueva York como una culminación.

La adopción de la Convención en junio de 1958 fue considerada por algunos autores franceses como una consagración de las posiciones de Francia en materia de arbitraje. Así, por ejemplo, en su comentario hecho a la Convención en 1959, Jean Robert sostiene:

“Todas las posiciones que habían sido asumidas por la jurisprudencia o la doctrina francesas sobre el derecho del arbitraje fueron, afortunadamente, consolidadas por las disposiciones adoptadas. Respecto de su difusión existe un gran interés, ya que con esto una parte más del derecho francés avanza a nivel mundial”(16).

Esta percepción induciría a creer que Francia se habría auto investido de una función orientadora que le permitiría encaminar a los otros países hacia lo que, según ella, debería ser el arbitraje internacional. Una vez llevado a cabo el objetivo mediante esta Convención adoptada por unanimidad, con cuatro abstenciones —entre las cuales se cuenta a Estados Unidos—, Francia debería retomar su misión para así continuar evangelizando respecto de nuevos objetivos. Tal como si, justo después de firmada la Convención, hubiera que dejarla atrás. Así las cosas, paradójicamente, ¡la adopción de la Convención determinaría el comienzo de su declive! Resulta sintomático que el Yearbook no publique más que unas escasas decisiones provenientes de las jurisdicciones francesas y, por consiguiente, solo unos cuantos comentarios de la doctrina francesa.

Una vez superado el momento de la presentación de la nueva Convención, vemos cómo los autores franceses se apartan de ella para así enfocarse en otros aspectos del derecho del arbitraje como, por ejemplo, el principio de la kompetenz-kompetenz(17), la autonomía de la cláusula compromisoria con los comentarios del célebre fallo Gosset(18), los avances sobre el arbitraje con personas jurídicas de derecho público, a partir de los fallos “Capitaine du San Carlo”(19) y “Galakis”(20), o, incluso, la actualización de la lex mercatoria hecha por Berthold Goldman(21), la cual sería verdaderamente internacional, a diferencia de la Convención de Nueva York.

2.2. Las dificultades interpretativas de la Convención de Nueva York.

Como todo instrumento multilateral, la Convención de Nueva York existe en diferentes idiomas: inglés, francés, español, ruso y chino. Inevitablemente, estas traducciones han conducido a diferencias de sentido entre las distintas versiones. En lo referente al artículo V-1 de la Convención, la versión francesa se aparta de la mayoría de las demás versiones en dos aspectos:

En primer lugar, está la dificultad de traducción —ya resaltada pertinentemente en la doctrina por Jan Paulsson(22) y desarrollada con acierto por Alexis Mourre en un ensayo que será publicado con ocasión del aniversario de la Convención(23) — respecto de la frase clave del conjunto dispositivo de la Convención de Nueva York sobre la ejecución de laudos, a saber la primera línea del artículo V-1 “A propósito de los laudos arbitrales”. Este artículo dispone que “recognition and enforcement may be refused”, lo cual, en francés, significa literalmente “peuvent être refusés” —“pueden ser denegados”—. Ahora bien, la traducción francesa establece: “la reconnaissance et l’exécution ne seront refusées que si... (y, a continuación, se incluye una lista de hipótesis)” —la versión española dispone: “Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia...”—, lo cual resulta más imperativo. Vemos cómo la traducción francesa de la Convención, en este punto, no confiere libertad al país en donde es solicitado el reconocimiento o exequátur(24).

Esto bien podría considerarse como un mero debate teórico, pero no hay que olvidar que, precisamente, a raíz de esta polisemia nació el caso Chromalloy(25). Apoyándose en la opinión del profesor Andreas Lowenfeld, el Tribunal del distrito de Columbia, Estados Unidos, se sirvió de esta facultad, prevista en la versión inglesa del texto, para así conceder el exequátur al laudo Chromalloy proferido y anulado en Egipto. Así las cosas, la autoridad judicial para la ejecución dispondría de un poder soberano para denegar el exequátur de un laudo en tales circunstancias. El juez francés, en conocimiento del mismo caso, podría servirse de la misma facultad, a pesar de que el texto de la versión francesa le habría conducido a denegar el exequátur, ya que el artículo VII de la Convención le permite inaplicar el mencionado artículo V. Sin embargo, este no sería el caso para todos los países francófonos que no necesariamente cuentan con un derecho nacional más favorable que la Convención de Nueva York. La versión francesa puede, entonces, resultar contraproducente para los laudos arbitrales cuyo exequátur sea solicitado en países francófonos distintos de Francia.

En segundo lugar, una nueva dificultad ha surgido en relación con el inciso e) del artículo V-1. Como es bien sabido, este texto establece que el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral solo pueden ser denegados si aquel no está todavía “binding”. ¿Había que traducir “binding” como “obligatoire” —“obligatoria”— o como “définitive” —“definitiva”—? El asunto era de gran importancia, puesto que, en el primer caso, se hace referencia a los laudos que revisten de la autoridad de la cosa juzgada, mientras que, en el segundo, se refiere a los laudos en firme. La versión francesa, al igual que la española, optó por la primera traducción: “obligatoire” —“obligatoria”—.

Pero esto no puso fin a la incertidumbre: ¿qué es, en efecto, un “laudo obligatorio”? ¿Aquél proferido por los árbitros?, ¿aquél que obtuvo el exequátur?, ¿o aquél cuyo exequátur se halla en firme? Recientemente, la Corte de Casación francesa parece haberse inclinado por esta última solución(26). Sin embargo, no hay ninguna certeza de que esta interpretación se imponga en el derecho comparado, lo cual genera una gran inseguridad jurídica, inseguridad cuyo origen se remonta a un problema de traducción.

Como consecuencia de las mencionadas dificultades, se volvieron escasas las consultas —“informes” en derecho— o legal opinions solicitadas a autores franceses para contenciosos que concernieran la aplicación de la Convención de Nueva York. Así, pues, las partes se suelen dirigir a autores extranjeros para obtener “opiniones autorizadas” respecto de la interpretación o aplicación de la Convención.

2.3. La auto limitación del campo de aplicación de la Convención de Nueva York.

Empero, la verdadera razón de la desafección de la doctrina francesa por la Convención de Nueva York obedece a su famoso artículo VII, la disposición decisiva que permite la inaplicación de la Convención cuando el derecho nacional resulta más favorable al reconocimiento de los laudos, lo cual denomina Albert Jan van den Berg la “more favourable right provision(27). Este artículo no solo es decisivo porque permite la adaptación y evolución del sistema, sino porque, además, consagra una particularidad del derecho del arbitraje respecto del derecho internacional privado que, por regla general, da prioridad al derecho convencional frente al nacional.

La mera existencia de esta disposición excepcional prueba la voluntad clara de los Estados contratantes de hacer de la Convención de Nueva York una suerte de estándar mínimo de protección para el laudo, un “tronco común del nivel mínimo de armonización universalmente aceptable”, como lo expresaron los profesores Fouchard, Gaillard y Goldman(28).

Ahora, es interesante observar la recepción que tuvo este artículo VII, eje central del sistema, en 1958. Ni una sola palabra por parte de Robert y Motulsky; Jean-Denis Bredin llegó incluso a escribir que “se trata de una disposición que no amerita ningún comentario”(29). Pieter Sanders, en su estudio de 1979 sobre los veinte años de aplicación de la Convención, deja completamente de lado el artículo VII y escribe que solo los artículos II y V han sido verdaderamente aplicados(30). En realidad, fue la jurisprudencia Hilmarton la que le dio al artículo VII toda su proyección y verdadera dimensión(31). Y fue, precisamente, a partir de esta jurisprudencia que la doctrina francesa pudo proponer una nueva lectura de la Convención de Nueva York, abriendo paso a una nueva era en la cual desempeñaría un papel protagónico.

3. La contribución que la doctrina francesa podría hacer a la Convención de Nueva York.

La contribución potencial de la doctrina francesa a la Convención de Nueva York, para dirigirse hacia el futuro, se remonta a un evento de importancia capital que constituye su punto de partida: la jurisprudencia Hilmarton. Esta, a menudo, ha sido considerada como una negación de la Convención de Nueva York, pero tal vez ya ha llegado el momento de presentarla como lo que realmente es: otra interpretación de la Convención de Nueva York, más moderna, que permite llevar a cabo una verdadera revolución, en el sentido original del término, es decir, un retorno sobre sí misma —3.1—. Así, pues, veremos cómo la doctrina francesa ha fijado las bases de una relectura, ambiciosa y dinámica, a la cual podría contribuir notablemente en el futuro —3.2—.

3.1. La revolución Hilmarton.

Al permitir la ejecución en Francia de un laudo anulado en Suiza, lugar de la sede del arbitraje, la jurisprudencia Hilmarton marca un momento crucial de una nueva etapa del desarrollo del arbitraje internacional, que se emancipa no solo de las jurisdicciones estatales, sino, inclusive, de la Convención de Nueva York(32). Empero, sería errado creer que esta decisión fue producto del azar. Ella hace parte de un proceso jurisprudencial que comenzó hace veinte años con el fallo Norsolor(33), continuado por la decisión Polish Ocean Line(34), y prolongado luego por las decisiones Chromalloy(35), Bargues Agro(36), Bechtel(37) y Putrabali(38). Con una muy fuerte inspiración en los trabajos del lamentablemente desaparecido profesor Philippe Fouchard(39), esta jurisprudencia tiende a deslocalizar el arbitraje internacional respecto de la sede del tribunal —(a menudo escogida al azar)—, a liberarlo de las contingencias judiciales del foro, a adaptarlo a las reglas modernas del comercio internacional y, en pocas palabras, a desembarazarlo de todos los obstáculos que buscan impedir que consiga su objetivo alejándolo de las presiones locales.

La jurisprudencia Hilmarton, sin duda una de las decisiones más comentadas en el mundo, ha traído como consecuencia la división de la doctrina en dos grupos homogéneos que se enfrentan, a menudo sin mucha cordialidad. Esta discrepancia se ha expandido por todo el planeta arbitral(40), en donde la supuesta “concepción francesa” del arbitraje ha sido aprobada o rechazada, los “arbitralistas” se oponen a los “territorialistas”, y los “universalistas” se enfrentan a los “localizacionistas”(41). Se podría incluso llegar a afirmar que la insuperable unión de Jean-François Poudret y Sébastien Besson, Droit comparé de l’arbitrage international, es, desde una perspectiva general, una suerte de reacción, de crítica a esta jurisprudencia(42).

Más de quince años después de los fallos Hilmarton, la concepción que adoptemos del arbitraje se establecerá con referencia a ellos, puesto que encarnan y promueven una cierta idea de lo que es el arbitraje: ¿debe estar separado al máximo de las contingencias nacionales, no depender de la decisión del juez de la sede y su ejecución solo estar supeditada al juez del país en donde se ejecutará, como lo sostienen los partidarios de la jurisprudencia Hilmarton? O, por el contrario, ¿hay que considerar que el juez de la sede es el juez natural de la validez del laudo y que su decisión de anularlo debe imponerse en cualquier lugar ya que cualquier otra solución al respecto conduciría al desorden, como lo sostienen quienes critican la jurisprudencia Hilmarton? Detrás de estas preguntas aparecen las distintas concepciones que se tienen del laudo arbitral internacional. ¿Es independiente del ordenamiento jurídico del país en donde fue proferido o se encuentra vinculado a este? En suma, ¿el arbitraje internacional es autónomo o dependiente de los Estados?

Los defensores de la autonomía del arbitraje internacional no dudaron en ir incluso más lejos y proponer la supresión del recurso de anulación para el arbitraje internacional, para así privilegiar un control del laudo en la etapa de su ejecución y en el lugar en donde esta es solicitada, control que bien podría ser reforzado(43). Esto es muy lógico: ¿de qué sirve la anulación si la decisión que se tome al respecto no tendrá efecto alguno en los otros países en donde se solicite la ejecución? Otros, como Matthieu de Boisséson, de forma muy audaz y harto convincente, han propugnado por la supresión pura y simple de los artículos V-1-e y VI de la Convención de Nueva York(44). Menos radical, Jan Paulsson, en una serie de artículos, ha visualizado una especie de versión morigerada de la jurisprudencia Hilmarton según la cual la anulación de los laudos en el lugar de la sede no tendría alcance internacional cuando se hubiere declarado con fundamento en una causal de anulación exclusivamente local(45). En esta posición se evidencia la distinción hecha por Berthold Goldman en su comentario al fallo Norsolor, cuando defendió la tesis de que los laudos domésticos extranjeros anulados en su país de origen no podían recibir el exequátur en el extranjero(46).

De acuerdo con otro autor, Hamid Gharavi, una tercera alternativa entre “la armonización, es decir, un acercamiento de los sistemas de derecho y la unificación, es decir, la elaboración de un régimen jurídico exclusivamente internacional”, sería “la instauración de una entidad supra estatal encargada del control de los laudos”, competente a la vez para conocer del recurso de anulación y la solicitud de exequátur (47). El autor retoma así una vieja propuesta hecha en 1961(48) y que ya había sido reformulada por Howard Holtzman en 1995(49). Se trataría, entonces, de una “autoridad para el control de laudos” que trabajaría bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tal como lo hace la Cour commune de justice et d’arbitrage de la Ohada —Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África—.

La búsqueda de una tercera alternativa es algo que merece ser estimulado. Sin embargo, la anteriormente expuesta se perfila extremadamente utópica y, de cierta manera, brutal por cuanto implica la desaparición del recurso de anulación y, probablemente, también la del exequátur.

Así como los efectos jurídicos de la sede del arbitraje deberían ser limitados(50), el control estatal debería reaparecer en el momento de la ejecución del laudo y en el país en donde aquella es solicitada. Esto es algo en lo cual ninguna autoridad supranacional debería interferir.

Para alcanzar el objetivo de armonización no parece necesaria la modificación de la Convención de Nueva York, bastaría entonces con un nuevo análisis del texto y una lectura fiel y, a la vez, más dinámica, que logre estimular la mente.

3.2. Una relectura dinámica de la Convención de Nueva York.

Al igual que los textos sagrados, fuentes inagotables de encantos y significados, la Convención de Nueva York nos brinda, en su cincuentenario, dos lecturas opuestas: la primera está sustentada en la idea de que la Convención es un instrumento para uniformizar el arbitraje internacional y para que el laudo anulado en la sede del tribunal arbitral no pueda ejecutarse en el territorio de otro de los países signatarios, debido a una suerte de solidaridad entre sus sistemas de administración de justicia. Además, como sostiene Sylvain Bollée, es “muy improbable que los redactores de la Convención de Nueva York hayan imaginado alguna vez que el artículo VII § 1 podría tener tal aplicación, esto habría parecido incongruente”(51).

La segunda lectura de la Convención se sustenta en su objetivo original, a fin de buscar, cincuenta años después, el mejor medio para alcanzarlo. Nadie puede negar que la Convención tenga por principal finalidad favorecer la circulación internacional de los laudos arbitrales. A pesar de que, para obtener el objetivo perseguido, se haya servido del criterio de la sede del tribunal arbitral como mecanismo de clasificación de los laudos, la Convención solamente se interesa por su ejecución. Es precisamente en este aspecto que ha sido precursora, puesto que, a la hora de la mundialización, el lugar de ejecución del laudo es mucho más importante que aquel en donde fue proferido. En efecto, como a justo título lo ha precisado Emmanuel Gaillard: “Entre el Estado que recibe a un árbitro en sus hoteles o centros de convenciones y el Estado que permite el embargo y remate de activos situados en su territorio, es este último quien tiene un interés más importante en el control del laudo. Esto es algo que no suscita mayores dudas”(52).

La elección de la sede como criterio trae, sin embargo, consecuencias jurídicas que van en contra de la circulación de los laudos. Entre más se considere la sede como un elemento determinante, más arraigado estará el arbitraje en un Estado. A la inversa, entre más se prive de efectos jurídicos al lugar de la sede, más internacional será el arbitraje. Así, la importancia dada al lugar de la sede refleja bien la concepción que se tenga del arbitraje.

Por consiguiente, y no sin resultar paradójico, limitar la influencia de la sede implica, en realidad, una aplicación teleológica de la Convención de Nueva York y, de ningún modo, su rechazo. Esta tiene por finalidad permitir al arbitraje sortear las barreras de las fronteras hostiles o desfavorables. Disminuir las consecuencias jurídicas de la localización de la sede equivale entonces a hacer una lectura proactiva de la Convención de Nueva York. Adicionalmente, la separación del arbitraje del orden jurídico del foro se inscribe en la tendencia de la mundialización de la economía, cuyo juez natural, por no decir exclusivo, es el árbitro. Esta tendencia debe ser coadyuvada y no combatida.

La paradoja, sin embargo, no es más que aparente, puesto que, si hacemos memoria, corroboraremos que el criterio de la sede fue objeto de controversias desde las primeras etapas de la elaboración de la Convención. En el anteproyecto de la CCI de 1953 se proponía un arbitraje sin referencia alguna a la sede. Bruns y Motulsky precisan bien que en el reporte de la CCI, del 13 de marzo de 1953, se defendía la idea de “un laudo separado de toda legislación nacional”(53). El criterio de la sede solo fue reintroducido en el texto en una de sus últimas versiones, bajo la influencia personal de Pieter Sanders. Históricamente, la sede no ha sido un umbral infranqueable, incluso en la misma Convención de Nueva York.

Más todavía: en el anteproyecto CCI de 1953, en el entender de Jean Robert, la “idea revolucionaria” era reconocer la existencia de “laudos internacionales, es decir, tan ajenos, como fuera posible, a cualquier referencia nacional”(54). Ahora bien, el grado de separación hoy en día es mucho más alto que aquel al cual se podía aspirar en 1958. En realidad, entre más se separa el arbitraje internacional de la sede del tribunal, más continuidad se le da a la Convención de Nueva York —incluso teniendo en cuenta que la expresión “sentencia internacional” fue finalmente reemplazada, en el contraproyecto de 1955, por “sentencia extranjera”, que hace referencia a la nacionalidad—.

Pero aquello que no pudo obtener la delegación francesa en el terreno convencional en Nueva York, lo obtendrá en el terreno jurisprudencial, en París. Es entonces la jurisprudencia francesa, iniciada en el caso Hilmarton y culminada con el fallo Putrabali, quien da el trato más fiel a la Convención de Nueva York. La doctrina francesa entendió que fidelidad implicaba movimiento. A falta de una uniformización imposible y estéril, más vale la armonización a través de una interpretación evolutiva(55). Como escribe Matthieu de Boissésson:

“No hay que confundir armonización y uniformidad. A pesar de que existe cierta convergencia entre los sistemas de control, gracias a las convenciones internacionales y al desarrollo de las legislaciones modernas sobre arbitraje, cada país conserva aún una concepción singular de este control, sus propias causales para la interposición del recurso de anulación, sus exigencias en materia de orden público, incluso en sentido internacional. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia Hilmarton, confirmada por los fallos Putrabali, lejos de poner en peligro la coordinación internacional sobre el control del laudo, objetivo de la Convención de Nueva York, colabora profundamente con el sistema de la Convención, puesto que facilita la peregrinación internacional de los laudos”(56).

La infidelidad consistiría en aferrarse a una lectura estática de la Convención. La fidelidad exige su lectura dinámica y reactualizada.

De esta manera, la doctrina francesa vuelve a encontrarse con el espíritu de la Convención de Nueva York, al que restituye su estructura original y del cual, paradójicamente, se vuelve su guardiana ilustrada, incluso luego de no haber mostrado, por largo tiempo, mayor interés respecto de este texto. La Convención no tiene por objeto clasificar los laudos por país, sino la misión de favorecer su ejecución.

La jurisprudencia Hilmarton-Putrabali no tiene otro objetivo que permitir esta ejecución, a pesar de las trabas que se hubieran podido presentar en el lugar donde el laudo fue proferido.

Esta jurisprudencia ha sido posible no en oposición a la Convención de Nueva York, sino utilizando los recursos que ella misma proponía con su famoso artículo VII. Al consagrar este mecanismo de autoexclusión del texto, en la hipótesis de que se encuentre enfrentado con una legislación más favorable al arbitraje, la Convención de Nueva York, de manera moderna, ha establecido las condiciones de su propia superación. Ella se muestra, de cierta manera, como un estándar mínimo y supletivo.

No hay entonces mayor fidelidad a la Convención de Nueva York que su inaplicación. La mejor manera de respetarla consiste en preferir el derecho más favorable. Una interpretación en este sentido, anticipada ya por sus propios redactores, incentiva no solo la circulación de los laudos, sino, además, su deslocalización geográfica e incluso jurídica.

Este modelo de armonización por lo alto ha sido recientemente reforzado el 7 de julio de 2006 por la modificación de la ley-tipo de la Cnudmi. Con ocasión de su 61.a sesión, la Cnudmi admitió los contratos de arbitraje no escritos(57). En esta oportunidad, reconoció que en virtud del artículo VII de la Convención de Nueva York se podía descartar el artículo II relativo a la forma del contrato de arbitraje para, de esta manera, favorecer el reconocimiento de laudos arbitrales.

Más aún: en la exposición de motivos de su Recomendación, la Cnudmi lo enuncia, al invitar expresamente a “tener en cuenta el parágrafo 1.º del artículo VII de la Convención, que se orienta a permitir la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, en la medida más amplia; en particular, reconociendo a toda parte interesada el derecho de prevalecerse de la legislación o de los tratados del país en donde el laudo es invocado, cuando el régimen establecido por esta legislación sea más favorable que aquel de la Convención”.

Se trata de una adhesión de mucho peso a la concepción deslocalizada del arbitraje internacional, lo cual marca la modernidad de la Convención de Nueva York, siempre y cuando se quiera hacer de ella una lectura contemporánea. Es probable que con la difusión de la ley-tipo, el artículo VII de la Convención goce, cincuenta años después, de una segunda juventud. Esta permitirá renovar la visión que se tiene de la Convención, respetándola al mismo tiempo; transformándola sin modificarla, permitiéndole alcanzar su ratio legis; reencontrándose con su inspiración, pero, sin ser desnaturalizada. En pocas palabras, en lo sucesivo, aquello que hay que tener presente es una anamorfosis de la Convención de Nueva York.

(1) El autor agradece muy especialmente a su colega y amigo Fabricio Mantilla Espinosa por la revisión de la versión española de este artículo y por sus valiosos comentarios y críticas.

(2) CCI. Avant-projet de convention sur l’exécution des sentences arbitrales internationales. Brochure Nº 174, 1953.

(3) Sobre la elaboración de la Convención, cf. Bruns, R. y Motulsky, H. Tendances et perspectives de l’arbitrage international. En: Revue internationale de droit comparé, 1957.717; publicado también En: Ecrits. Tome 2: Etudes et notes sur l’arbitrage. Prefacio de Goldman, B. y Fouchard, Ph. Dalloz, 1972, p. 493; Fouchard, Ph. L’arbitrage commercial international. Prefacio de Goldman, B. Dalloz, coll. Bibliothèque de droit international privé, vol. 2, 1965, espec. Nº 65.

(4) En Francia entró en vigencia el 24 de septiembre de 1959 (D. Nº 59-1039, sept. 1º/1959, JO 6 sept. 1959, 8726, Rev. arb. 1959.522; Clunet 1960.600), después de Egipto, Israel y Siria, en donde tuvo lugar el 7 de junio de 1959.

(5) Robert, J. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Rev. arb., 1959.70; Motulsky, H. L’évolution récente en matière d’arbitrage international. En: Rev. arb. 1959.3; publicado también en: Ecrits. Tome 2: Etudes et notes sur l’arbitrage. Prefacio de Goldman, B. y Fouchard, Ph. Dalloz, 1972, p. 295.

(6) Bredin, J.D. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Clunet, 1960, p. 1002.

(7) Robert, J. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Recueil Dalloz, 1958, p. 223.

(8) Sobre este punto, cf. Fouchard, Ph. La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l’application de la Convention de New York. En: Rev. arb., 1990, p. 571; publicado también en: Ecrits. Droit de l’arbitrage. Droit du commerce international. Edición del Comité français de l’arbitrage, 2007, p. 407.

(9) Fouchard, Ph. L’arbitrage commercial international. Prefacio de B. Goldman. Dalloz, coll. Bibliothèque de droit international privé, vol. 2, 1965, espec. Nº 65-68 y 713-735.

(10) Franc-Menget, L. Le contrôle judiciaire des sentences arbitrales internationales en droit américain et français. Tesis de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), sustentada el 22 de enero de 2002, bajo la dirección de Fouchard, Ph., dact., espec. Nº 15-22 y 101-126.

(11) Tesis de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), sustentada el 19 de septiembre de 2000, bajo la dirección de Jarrosson, Ch.

(12) Gharavi, H. G. The international effectiveness of the annulment of an arbitral award. Kluwer Law International, 2002.

(13) Béguin, J. Le droit français de l’arbitrage international et la Convention de New York du 10 juin 1958. En: Antaki, N. y Prujiner, A. (Directores) L’arbitrage commercial international. International commercial arbitration. Prefacio de P. MacDonald. Wilson et Lafleur, Université Laval, Montréal, 1986, p. 217.

(14) Sanders, P. Vingt ans de la convention de New York. En: Droit et pratique du Commerce international, 1979, p. 359.

(15) Hasta el 1º de mayo de 2008, 142 Estados son parte.

(16) Robert, J. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Recueil Dalloz, 1958.223, espec. p. 228.

(17) Cf., especialmente, los trabajos realizados entonces por Motulsky: Ecrits. Tome 2º: Etudes et notes sur l’arbitrage. Prefacio de Goldman, B. y Fouchard, Ph., Dalloz, 1972, p. 181 y ss.

(18) Cass. 1re civ., 7 mai 1963 (Gosset). En: Bull. civ. I, Nº 246; Recueil Dalloz 1963.545, nota J. Robert ; Rev. crit. droit international privé, 1963, p. 615, nota H. Motulsky; Clunet, 1964, p. 83, nota J.-D. Bredin; Semaine juridique, 1963, II.13405, nota B. Goldman; Rev. arb., 1963, p. 60, nota Ph. Francescakis.

(19) Cass. 1re civ., 14 avr. 1964 (Capitaine du San Carlo). En: Bull. civ., I, Nº 188; Recueil Dalloz, 1964.637, nota Robert, J.; Rev. crit. droit international privé, 1966.68, nota Batiffol, H.; Clunet, 1965.646, nota Goldman, B.; Semaine juridique, 1965, II.14406, nota Level, P.; Rev. arb., 1964, p. 82.

(20) Cass. 1re civ., 2 mai 1966 (Galakis). En: Bull. civ. I, N° 256 ; Recueil Dalloz 1966.575, nota Robert, J.; Rev. crit. droit international privé, 1967, p. 553, nota Goldman, B.; Clunet, 1966, p. 648, nota Level, P.; Semaine juridique, 1966, II.14798, nota XXX. Ligneau, Ph.; Rev. arb., 1966, p. 99; Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé. Dalloz, coll. Grands arrêts, 5e éd., 2006, espec. n° 44, p. 391, obs. B. Ancel et Y. Lequette.

(21) Goldman, B. Frontières du droit et lex mercatoria. Archives de philosophie du droit, 1964, p. 177.

(22) Paulsson, J. May or Must Under the New York Convention: an Exercise in Syntax and Linguistics, Arbitration international, vol. 14 Nº 2, 1998, p. 227.

(23) Mourre, A. “May or Must”? Las causales de no reconocimiento de laudos previstas en el artículo V de la Convención de Nueva York ¿son ellas facultativas? En: Tawil, G. y Zuleta, E. (directores) Convención de Nueva York, 50 años de aplicación. (Próxima publicación).

(24) La versión española es muy similar a la francesa y bien podría dar lugar a los mismos problemas de aplicación. Cf. Gamboa Morales, N. La inmunidad soberana de jurisdicción en el arbitraje comercial internacional. Evolución y actualidad. Prefacio de Caivano, R. Universidad del Rosario, col. Textos de jurisprudencia, Bogotá, 2007, pp. 49 a 52, espec. notas al pie 84 y 85.

(25) Sent. arb. Cairo, 24 agosto de 1994 (Sté Chromalloy Aero Service c. Répub. arabe d’Égypte), Intern. Arb. Rep., vol. 11, Nº 8, 1996.C52 ; anulada por la Corte de Apelaciones de El Cairo, 5 de dic. de 1995. En: Rev. arb. 1998, p. 723, nota Leboulanger, Ph. En: Yearb. Comm. Arb., vol. XXIVa, 1999, p. 265; y concedida la ejecución por US District Court del Distrito de Columbia, 31 de julio de 1996, p. 939 F. Supp. 907. En: Rev. arb. 1997, p. 439, obs. Fouchard, Ph. p. 329, espec. Nº 18-20; Yearb. Comm. Arb., vol. XXII, 1997, p. 1001; Intern. Arb. Rep., vol. 11, Nº 8, 1996.C54 ; Intern. Arb. Rep., vol. 11 Nº 9, 1996, p. 22, obs. Sampliner, G. H.; RDAI, 1997, p. 253, obs. Delaume, G. R.; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 1, 1997, p. 1, obs. Gharavi, H. G.; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 4, 1997, p. 1, obs. Paulsson, J.; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 5, 1997, p. 1, obs. Gharavi, H. G.; y por la Corte de Apelaciones de París, 14 de enero de 1997, En: Rev. arb., 1997, p. 395, nota Fouchard, Ph. y obs. p. 329, espec. Nº 33; Clunet, 1998, p. 750, nota Gaillard, E.; New York Law Journ, 2 oct. 1997, obs. Gaillard, E.; Bull. CIA de la CCI, vol. 9 Nº 2, 1998, p. 15, espec. p. 17, obs. Van den Berg, A. J.; Yearb. Comm. Arb., vol. XXII, 1997, p. 691; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 4, 1997, B1y B4.

(26) Cass. 1re civ., 4 juill. 2007 (Groupe Antoine Tabet, République du Congo et société Total E & P Congo). En: Recueil Dalloz 2008, p. 451, anotación Clay, Th.; Semaine juridique, 2007, I.216 § 5 y 6, obs. Ortscheidt, J.; Petites Affiches, 2007, Nº 192, p. 27, anotación Gillet, E.; Droit et procédures, 2007.345, anotación Cuniberti, G.; Recueil Dalloz, 2007. Act. jurispr, p. 2025, anotación Delpech, X.

(27) Van den Berg, A. J. The New York Arbitration Convention of 1958. Towards a uniform judicial interpretation. TMC Asser Institute, Kluwer, 1961, espec. p. 81.

(28) Fouchard, Ph.; Gaillard, E. y Goldman, B. Traité de l’arbitrage commercial international. Litec; 1996, espec. Nº 271.

(29) Bredin, J.-D. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Clunet, 1960.1002, espec. p. 1026.

(30) Sanders, P. Vingt ans de la convention de New York. En: Droit et pratique du Commerce international, 1979, p. 359.

(31) Cf. Referencias infra.

(32) Sent. arb. CCI Nº 5622, Genève, 19 août 1988 (Sté Hilmarton). En: Riv. dell’arb. 1992.773, obs. Giardina, A., p. 784; extraits en: Rev. arb., 1993, p. 327; anulación del laudo por la Corte de Justicia de Ginebra, 17 nov. 1989. En: Rev. arb., 1993, p. 315, obs. Heuzé, V., p. 179; Bull. Ass. suis. arb., 1994, p. 4, obs. Mebroukine, A.; Riv. dell’arb., 1992, p. 735, obs. Giardina, A., p. 784; laudo al cual el Tribunal de Gran Instancia de París le concedió el exequátur en Francia (ord. réf.), 27 feb. 1990, inédito; confirmación de la anulación de la sentencia por el Tribunal Federal Suizo, 17 abr. 1990, en: Rev. arb., 1993, p. 315, obs. Heuzé, V., p. 179; Bull. Ass. suis. arb., 1994, p. 4, obs. Mebroukine, A.; Riv. dell’arb., 1992, p. 735, obs. Giardina, A., p. 784; confirmación del exequátur en Francia por la Corte de Apelaciones de París, 19 dic. 1991, en: Rev. arb., 1993, p. 300, obs. Heuzé, V., p. 179; Rev. trimest. dr. Commercial, 1993, p. 645, obs. Dubarry, J.-Cl. y Loquin, E.; Yearb. Comm. Arb., vol. XIX, 1994, p. 653; Bull. Ass. suis. arb., 1994, p. 445; Riv. dell’arb., 1992, p. 735, obs. Giardina, A., p. 784; 2e Sent. arb. CCI Nº 5622, Genève 10 avr. 1992 (laudo contrario al primero proferido en el mismo litigio, Bull. CIA de la CCI, vol. 8 Nº 1,1997, p. 53; exequátur en Francia del segundo laudo por el Tribunal de Gran Instancia de Nanterra (ord. réf.), 25 febr. 1993, inédito; exequátur del fallo del Tribunal Federal Suizo, por el Tribunal de Gran Instancia de Nanterra (ord. réf.), 22 sept. 1993. En: Yearb. Comm. Arb., vol. XX, 1995, p. 194; Intern. Arb. Rep., vol. 9 Nº 1, 1994, p. 7, y p. B1; sentencia de la Corte de Casación desestimando el recurso interpuesto contra el fallo que concedió el exequátur al primer laudo, Cass. 1re civ., 23 mars 1994. En: Bull. civ. I, Nº 104; Rev. arb., 1994, p. 327, nota Jarrosson, Ch.; Clunet, 1994, p. 701, nota Gaillard, E.; Rev. trimest. dr. Commercial, 1994, p. 702, obs. Dubarry, J.-Cl. y Loquin, E.; Rev. crit. dr. intern. Privé, 1995, p. 356, nota Oppetit, B.; DPCI, 1995, p. 152, obs. Nedjar, D.; PA, 1995, Nº 23, p. 8 (2e esp.), obs. Parléani, G.; Yearb. Comm. Arb., vol. XX, 1995, p. 666; Riv. dell’arb., 1995, p. 291, nota Vincent, A.; confirmación de la Corte de Apelaciones de Versalles de las “ordonnances de référé” —fallos proferidos en un trámite especial de urgencia— que le concedieron el exequátur al segundo laudo y al fallo del Tribunal Federal Suizo que anuló el primer laudo, 29 junio 1995 (dos fallos), en: Rev. arb., 1995, p. 639, nota crit. Jarrosson, Ch.; Clunet, 1996, p. 120, nota E. Gaillard; Rev. trimest. dr. commercial 1995, p. 758, obs. Dubarry, J.-Cl. y Loquin, E.; JCP, 1995, I.3891, § 17, obs. Cadiet, L.; Just. Nº 5, 1997, p. 351, obs. Rivier, M.-Cl.; Riv. dell’arb., 1997, p. 385 y 391, nota Giardina, A.; Yearb. Comm. Arb., vol. XXI, 1996, p. 524; RDAI, 1996, p. 156, obs. Robine, E.; casación del fallo, por la Corte de Casación, Cass. 1re civ., 10 juin 1997, en: Bull. civ. I, Nº 195; Rev. arb., 1997, p. 376, nota Fouchard, Ph. y obs. p. 329, espec. Nº 17; Clunet, 1997, p. 1033, nota Gaillard, E.; Rev. trimest. dr. Commercial, 1998, p. 329, obs. Dubarry, J.-Cl. y Loquin, E.; Just, Nº 7, 1997, p. 213, obs. Rivier, M.-Cl.; Yearb. Comm. Arb., vol. XXII, 1997, p. 696; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 7, 1997, p. 3; Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 9, 1997, p. 1, obs. Gharavi, H. G.; exequátur del segundo laudo en Inglaterra, por High Court of Justice, Queen’s Bench Div., 24 mai 1999, en: Rev. arb., 1999, p. 867, nota Lastenouse, P.; Bull. Ass. suis. arb., 1999, p. 368; Yearb. Comm. Arb., vol. XXIVa, 1999, p. 777.

(33) Cass. 1re civ., 9 oct. 1984 (Norsolor). En: Bull. civ. I, Nº 248; Rev. arb., 1985, p. 431, nota Goldman, B.; Clunet, 1985, p. 679, nota Kahn, Ph.; Recueil Dalloz, 1985, p. 101, nota Robert, J.

(34) Cass. 1re civ., 10 mars 1993 (Polish Ocean Line). En: Rev. arb., 1993, p. 255, 2e esp., nota Hascher, D.

(35) Precitadas.

(36) Paris, 1re ch. C, 10 juin 2004 (Bargues Agro Industrie). En: Rev. arb., 2004; Somm. 733; Cah. arb., vol. III, p. 366.

(37) Paris, 1re ch. C, 29 sept. 2005 (Bechtel). En: Rev. arb., 2006, p. 695, nota Muir Watt, H.; Rev. crit. dr. intern. Privé, 2006, p. 387, nota Szekely, A.; Recueil Dalloz, 2005; Panor, 3063, obs. Clay, Th.; Semaine juridique, 2006, I.148 § 7, obs. Seraglini, Ch.; Stockholm International Arbitration Review, 2005, vol. 3, p. 151, nota Pinsolle, Ph., p. 159 y Mourre, A., p. 172.

(38) Cass. 1re civ., 29 juin 2007 (Putrabali). En: Bull. civ., I, Nº 250 y 251; Rev. arb., 2007, p. 507, rapport Ancel, J.-P. y anotación Gaillard, E.; Clunet, 2007, p. 1236, anotación Clay, Th.; Petites Affiches, 2007, Nº 192, p. 20, anotación Boisséson, M. de; Recueil Dalloz, 2007. Act. jurispr. 1969, anotación Delpech, X.; Recueil Dalloz, 2008, anotación Degos, L. (próxima publicación); Semaine juridique, 2006, I.216 § 7, obs. Seraglini, Ch.; Rev. juripr. dr des affaires, 2007, p. 883, obs. Ancel, J.-P.; Recueil Dalloz, 2008. Panor., p. 189, obs. Clay, Th.; Rev. trimest. dr. comercial, 2008, obs. Loquin, E. (próxima publicación); Gaz. Pal., cah. arb., 21-22, nov. 2007, p. 3, obs. Lazareff, S., p. 14, anotación Pinsolle. Ph.; Arbitration internacional, 2008, anotación Pinsolle, Ph. (próxima publicación); Bull. Ass. suis. arb. 2008, anotación Gunter, P.-Y. (próxima publicación); Revista brasileira de arbitragem 2008, nota Weiller, L. (Próxima publicación).

(39) Cf. principalmente: Fouchard, Ph. La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine. En: Rev. arb. 1997, p. 329; publicado también en Fouchard, Ph. Écrits. Droit de l’arbitrage. Droit du commerce international. Éditions du Comité français de l’arbitrage, 2007, p. 441; Fouchard, Ph.: Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales, reporte de síntesis del XIV Congreso de la ICCA, Paris, 4-6 mai 1998, Rev. arb. 1998, p. 653; publicado también en Fouchard, Ph. Écrits. Droit de l’arbitrage. Droit du commerce international, op. cit., p. 457, y en inglés en ICCA Congress Series, Nº 9, Kluwer Law International, La Hague, London, Boston, p. 601. Adde Gaillard, E. L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine, reporte del XIV Congreso de la ICCA, Paris, 4-6 mai 1998; Clunet, 1998, p. 645; J.-B. Racine. Réflexions sur l’autonomie de l’arbitrage commercial international. En: Journée d’hommage et d’études à la mémoire de Philippe Fouchard, Paris, 11 mars 2005, Rev. arb., 2005, p. 305. Contra: Poudret, J.-F.: Quelle solution pour en finir avec l’affaire Hilmarton? Réponse à Philippe Fouchard. En: Rev. arb., 1998, p. 7, con réplica de Fouchard, Ph., p. 22, y dúplica de Poudret, J.-F., p. 23.

(40) Por ejemplo, en el Congreso internacional sobre arbitraje de Salvador de Bahía, que se llevó a cabo del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2006, y cuyo título general fue “Arbitraje y soberanía”, se trató exclusivamente de este tema. Muchas de las intervenciones ya han sido publicadas: Besson, S. L’importance du siège de l’arbitrage. En: Revista brasileira de arbitragem, 2007, Nº 13, p.107;Clay, Th. A sede da Arbitragem internacional entre “Ordem” e “Progresso”. En: Revista brasileira de arbitragem, 2008 (próxima publicación); De Boisséson, M. Les conséquences de l’annulation d’une sentence arbitrale dans l’Etat de la juridiction du siège de l’arbitrage. En: Revista brasileira de arbitragem, 2008 (Próxima publicación); Sachs, Kl. La protection de la partie faible en arbitrage. En: Gaz. Pal., cah. arb., 13-17, juill. 2007, p. 22 y Gaillard, E. Souveraineté et autonomie. Réflexions sur les représentations de l’arbitrage international, conferencia magistral de clausura. En: Clunet, 2007, p. 1163.

(41) Una presentación de esta confrontación doctrinal, cfr. Gaillard, E. Constance et bien-fondé de la jurisprudence française sur la reconnaissance des sentences annulées au siège, anotación de Paris 31 mars 2005 (Putrabali). En: Rev. arb., 2006.665;Gaillard, E. Souveraineté et autonomie. Réflexions sur les représentations de l’arbitrage international, prec.

(42) Éditions Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2002. En inglés: Comparative Law of International Arbitration. Traduit par St. V. Berti et A. Ponti. Thomson, Sweet & Maxwell, 2007.

(43) Fouchard, Ph. Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales, op. cit., espec. Nº 40; Contra: Franc-Menget, Laurence, en su tesis sustentada en 2002 bajo la dirección de Philippe Fouchard (Franc-Menget, L. Le contrôle judiciaire des sentences arbitrales internationales en droit américain et français, Tesis, Pathéon-Assas (Paris II), bajo la dirección de Fouchard, Ph. dact., sustentada el 22 de enero de 2002, espec. Nº 118-121).

(44) Boisséson, M. de Enforcement in action: Hamornization versus Unification, ICCA Congress Series Nº 9, 1999, p. 593.

(45) Paulsson, J. The Case For disregarding LSAS (Local Standard Annulments) Under the New York Convention, 7, Amer. Rev. Intern. Arb., 99 (1999); Paulsson, J. Rediscovering the New York Convention: Further Refexionx on Chromalloy. En: Intern. Arb. Rep., vol. 12, Nº 4, 1997, p. 1; Paulsson, J. L’exécution des sentences arbitrales en dépit de l’annulation en fonction d’un critère local. En: Bull. de la Cour intern. arb. de la CCI, mai 1998, p. 14; Paulsson, J. L’exécution des sentences arbitrales dans le monde de demain. En: Rev. arb., 1998, p. 637;Paulsson, J. May or Must Under the New York Convention: an Exercise in Syntax and Linguistics, Arbitration international, vol. 14, Nº 2, 1998, p. 227.

(46) Goldman, B. La coordination du droit commun et de la Convention de New York et le concept de lex mercatoria, nota de Cass. 1re civ., 9 oct. 1984. En: Rev. arb., 1985, p. 431, spec. Nº 1.

(47) Gharavi, H. G. L’efficacité internationale de l’annulation d’une sentence arbitrale, tesis de la Universidad Panthéon-Assas (Paris II), bajo la dirección de Jarrosson, Ch. dact., sustentada el 19 de septiembre de 2000, espec. Nº 392 y ss.

(48) Congreso de París, 11 a 13 de mayo 1961, trabajos de la comisión tercera. En: Rev. arb. 1961, p. 99.

(49) Holtzmann, H. A task for the 21th Century: creating a new international Court for resolving disputes on the enforceability of arbitral awards, in The Internationalization of International Arbitration. Graham & Trotman, 1995.

(50) Clay, Th. La importancia de la sede del arbitraje en el arbitraje internacional: ¿es todavía relevante? En: Mantilla Serrano, F. (Director) Arbitraje internacional. Tensiones actuales. Legis, Bogotá, 2007, pp. 193 a 206., y Clay, Th. A sede da Arbitragem internacional entre “Ordem” e “Progresso”. En: Revista brasileira de arbitragem, 2008 (próxima publicación). Contra:Besson, S. L’importance du siège dans l’arbitrage. En: Revista brasileira de arbitragem, 2007, p. 107.

(51) Bollée, S. Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des sentences arbitrales, op. cit., espec. Nº 68. En el mismo sentido, cf. Gharavi, H.-G. L’efficacité internationale de l’annulation d’une sentence arbitrale. Tesis de París II, bajo la dirección de Jarrosson, Ch., dact., sustentada el 19 de septiembre de 2000, espec. Nº 190.

(52) Gaillard, E. L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine. En: Clunet, 1998, p. 645, espec. p. 673.

(53) Bruns, R. y Motulsky, H. Tendances et perspectives de l’arbitrage international. En: Revue internationale de droit comparé, 1957, p. 717; publicado también en: Ecrits. Tome 2: Etudes et notes sur l’arbitrage. Prefacio de Goldman, B. y Fouchard, Ph., Dalloz, 1972, p. 493, espec. Nº 11.

(54) Robert, J. La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. En: Recueil Dalloz, 1958, p. 223, espec. p. 224. En el mismo sentido, Bruns, R. y Motulsky, H. La gran idea de la CCI consiste en reemplazar la noción de laudo extranjero por la de laudo realmente internacional”. Tendances et perspectives de l’arbitrage international, op. cit., espec. Nº 10.

(55) De Boisséson, M. Une consécration française du nomadisme arbitral, nota de Cass. 1re civ., 29 juin 2007 (Putrabali). En: Petites Affiches, 2007, Nº 192, p. 20, espec. p. 25. Adde Boisséson, M. de. Les conséquences de l’annulation d’une sentence arbitrale dans l’Etat de la juridiction du siège de l’arbitrage, Congrès international d’arbitrage, prec. En: Revista brasileira de arbitragem, 2008 (Próxima publicación).

(56) De Boisséson, M. Une consécration française du nomadisme arbitral, nota prec., espec. p. 25. Adde, du même auteur, Enforcement in action:

Hamornization versus Unification. En: ICCA Congress Series, Nº 9, 1999, p. 593; Les conséquences de l’annulation d’une sentence arbitrale dans l’Etat de la juridiction du siège de l’arbitrage, Congrès international d’arbitrage, prec. En: Revista brasileira de arbitragem, 2007 (Próxima publicación).

(57) Degos, L. La CNUDMI abandonne l’exigence d’écrit pour la convention d’arbitrage. En: Gaz. Pal., cah. arb., 22-24 avr. 2007, p. 5.