La Corte define alcances de la regulación del impuesto al patrimonio

Revista Nº 162 Nov.-Dic. 2010

Andrea Carolina Martínez 

Abogada tributarista 

En uso de los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, la Corte Constitucional —mediante Sentencia C-831 del 2010—, declaró la exequibilidad condicionada de ciertos apartes de los artículos 4º y 6º de la Ley 1370 del 2009, los cuales adicionaron los artículos 295-1 y 297-1 al estatuto tributario, respectivamente. Dichas disposiciones regulan aspectos trascendentales del impuesto al patrimonio.

La Corte analizó la constitucionalidad de la expresión “de las acciones poseídas” contenida en el artículo 4º de la Ley 1370, la cual no permitía que de la base gravable del impuesto al patrimonio se restara también el valor de las cuotas sociales o aportes, limitando dicha posibilidad solo al valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales. En el fallo, la Corte reconoce que el legislador incurrió en una omisión relativa que infringe los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria al establecer un tratamiento inequitativo no justificado, aplicado a los socios de las sociedades de personas que no les permitiría descontar de la base gravable del tributo sus aportes, aun cuando en las regulaciones anteriores del impuesto al patrimonio siempre se había considerado como suma a restar.

Así, y considerando el principio de conservación del derecho, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la mencionada expresión entendiendo que esta comprende también el valor patrimonial neto de los aportes en sociedades nacionales.

En el fallo además se examinó el artículo 6º de la Ley 1370 que regula un supuesto de no sujeción subjetiva al impuesto, al excluir del ámbito de su aplicación a las entidades que están incursas en procesos de liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa, liquidación obligatoria o que suscribieron acuerdos de reestructuración. Para la Corte, en este evento, se evidencia también una omisión del legislador traducida en la no inclusión de las personas naturales que se encuentren en la misma situación material de las personas jurídicas sometidas a los procesos de liquidación o reestructuración. En consecuencia, sostiene la corporación, debe entenderse que la expresión “entidades” del artículo 6º de la Ley 1370 abarca a las personas naturales que en períodos de crisis han cesado sus pagos, en concordancia con la regulación relativamente reciente del régimen de insolvencia para personas naturales contenido en la Ley 1380 del 2010.