>>La declaración del riesgo en el contrato de seguros de vida chileno<<

Revista Nº 42 Ene.-Mar. 2014

por Carlos Ruiz-Tagle Vial

Introducción

El Derecho promueve la transparencia en las relaciones entre las personas. Es el caso de la Ley de Protección de los Derechos de del Consumidor Chilena —19.4 96— en cuanto a la información comercial. Es también el caso de las exigencias de la libre competencia que tiene como requisito expreso la información(1).

En la formación de los contratos “La obligación de informar stricto sensu tiene como finalidad la comunicación por un contratante al otro de las condiciones y el alcance de los compromisos que puede adquirir”(2). De ahí que generalmente se manifiesta en el deber de una persona de informar y de modo recíproco, el derecho de la otra a ser informado, en cuyo caso las partes se vinculan por deberes-derechos de información y declaración(3).

En las normas de la Ley 20.667 el deber de información se puede verificar en algunas colisiones o conflictos de intereses y derechos. Una primera contraposición de derechos es la que se verifica entre el deber de información que tiene el contratante de la cobertura y el derecho a que se le respete su intimidad. Esta se presenta por ejemplo en aquellos seguros de salud en que el contratante es requerido para que revele las enfermedades que le afectan. También se contraponen el deber de declaración de salud de las enfermedades preexistentes por parte del asegurado, y el deber de dar a conocer la información de los registros de salud que tiene la compañía aseguradora.

En los seguros de bienes igualmente puede presentarse una colisión del derecho a la indemnización por los daños ocasionados a un automóvil con el derecho de la compañía a no pagar más allá del valor comercial del objeto asegurado.

De ahí que la declaración del riesgo resulta muy relevante en los contratos de seguro. En muchos casos la declaración se verificar espontáneamente. En otros como los reseñados el contratante deberá vencer una natural barrera de autoprotección para declarar aquello que le solicita la aseguradora. Por eso en este trabajo nos referiremos a la declaración del riesgo en el contrato de seguro, y en especial, al tratamiento regulatorio contenido en la Ley chilena 20.667 y sus antecedentes en el derecho comparado.

1. La declaración del riesgo en la normativa

Para realizar un examen distintivo en la materia en que se centra esta investigación, dividiremos este módulo en dos partes. La primera se focalizará en la declaración del riesgo en la normativa del derecho comparado con elementos comunes al derecho chileno y la segunda en el Derecho chileno(4).

1.1. La declaración del riesgo en el derecho comparado

La legislación argentina vincula la declaración del riesgo en los seguros con las declaraciones falsas y las reticencias. Específicamente señala que “toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. El asegurador debe impugnar el contrato dentro de tres meses de haber conocido la reticencia o falsedad”(5).

La norma argentina basa sus exigencias en la comunicación veraz y oportuna de todas las circunstancias por el asegurado(6). Es decir, resulta muy exigente con el tomador del seguro que no puede incurrir en reticencias o errores.

Por otra parte y con un enfoque diverso, la tendencia de muchas normativas en materia de seguros ha evolucionado hacia los sistemas de respuestas a cuestionarios que previamente elabora la compañía aseguradora(7).

Es así como la legislación mercantil boliviana por medio de su Código de Comercio ha indicado que el asegurado está obligado a declarar objetiva y verazmente los hechos y circunstancias que tengan importancia para la determinación del riesgo, tal como los conozcan, en su caso, mediante cuestionario proporcionado por el asegurador(8).

Por su parte, el Código de Comercio de Colombia establece que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según cuestionario que le sea propuesto por el asegurador(9). La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima de prestación estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima prestación adecuada al verdadero estado del riesgo(10).

En el primer párrafo de la ley de contrato de seguro española se señala que “el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que este le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndolo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él”(11).

La ley española recoge fehacientemente el cambio experimentado por la normativa respecto a la declaración del riesgo. Es así como la declaración del riesgo en la Ley 50 de 1980 se alinea con la legislación vinculada al denominado “deber de respuesta” de los interrogantes que la compañía aseguradora debe plantear en un cuestionario a quien busca contratar un seguro.

Desde una perspectiva similar el Código de Comercio de Guatemala dispone que el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato, tales como los conozca o deba conocer en el momento de formular la solicitud(12).

La normativa mexicana contempla una regulación de similares características. En efecto, la Ley Mexicana de Seguros señala que el proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato(13).

1.2. La declaración del riesgo en la legislación mercantil chilena

El artículo 516 del derogado título VIII del libro II del Código de Comercio que rige desde 1867 y mantendrá su vigencia hasta el 1.º de diciembre del 2013, indica en su número 9 la necesidad de que la póliza contenga, “la enunciación de todas las circunstancias que puede suministrar al asegurador un conocimiento exacto y completo de los riesgos y la de todas las demás estipulaciones que hicieren las partes”(14).

Como puede observarse, la normativa chilena que regía desde el siglo XIX se enmarcaba en aquella que asignaba al tomador del seguro el deber de declarar todas las circunstancias que pudieran modificar el riesgo. Dicho tratamiento jurídico resultaba muy gravoso para el contratante del seguro y parecía no distinguir entre declaraciones falsas, errores o declaraciones inexactas u omisiones del contratante. En algunos casos, como el de la legislación argentina, aun si el contratante obraba de buena fe, las exigencias se recargaban al solicitante del seguro favoreciendo a las aseguradoras.

De ahí que la normativa actual ha realizado un giro en esta materia en relación a la declaración y la necesidad de ser requerido y dar respuesta a un formulario. En la ley recientemente reformada que introduce modificaciones en el contrato de seguro chileno, la expresión que recoge esta declaración se planteó de forma diversa. El nuevo artículo 524, número 1, del Código de Comercio señala que el asegurado está obligado “A declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de todos los riesgos”. Es decir, por una parte se recoge la necesidad de exponer la totalidad de las circunstancias conocidas por el asegurado que deben proporcionarse a la compañía. Sin embargo, se introduce un elemento subjetivo de mayor exigencia que se traduce en la manifestación sincera de las circunstancias de la contratación. Dicha exposición no solo debe ser completa y veraz, sino también pertinente, esto es con todos los elementos que permitan identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de todos los riesgos.

Por su parte el artículo 525 que regula la contratación de seguros en la nueva ley chilena indica, en lo que se refiere a la declaración sobre el estado del riesgo, que: “para prestar la declaración a que se refiere el número 1 del artículo anterior, será suficiente que el contratante informe al tenor de lo que solicite el asegurador, sobre los hechos o circunstancias que conozca y sirvan para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión del riesgo.

Convenido el contrato de seguro sin que el asegurador solicite la declaración sobre el estado del riesgo, este no podrá alegar los errores, reticencias o inexactitudes del contratante, como tampoco aquellos hechos o circunstancias que no estén comprendidas en tal solicitud(15).

Si el siniestro no se ha producido, y el contratante hubiere incurrido inexcusablemente en errores, reticencias o inexactitudes determinantes del riesgo asegurado en la información que solicite el asegurador de acuerdo al número 1 del artículo anterior, el asegurador podrá rescindir el contrato. Si los errores, reticencias o inexactitudes sobre el contratante no revisten alguna de dichas características, el asegurador podrá proponer una modificación a los términos del contrato, para adecuar la prima o las condiciones de la cobertura a las circunstancias no informadas. Si el asegurado rechaza la proposición del asegurador o no le da contestación dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de envío de la prima, este último podrá rescindir el contrato. En este último caso, la rescisión se producirá a la expiración del plazo de treinta días contados desde la fecha de envío de la respectiva comunicación.

Si el siniestro se ha producido, el asegurador quedará exonerado de su obligación de pagar la indemnización si proviene de un riesgo que hubiese dado lugar a la rescisión del contrato de acuerdo al inciso anterior y, en caso contrario, tendrá derecho a rebajar la indemnización en proporción a la diferencia entre la prima pactada y la que se hubiese convenido en el caso de conocer el verdadero estado del riesgo”.

En cuanto a la aplicación de la reducción proporcional para los casos de leves errores, resulta claramente aplicable en los seguros de bienes, ya que se trata de indemnizaciones en proporción al valor de las cosas. Pero surgen los interrogantes de ¿cómo se llevará a cabo en los seguros de vida?, ¿cómo se cotejará un error de la declaración de una persona que creyó tener obstruidas sus vías respiratorias debido a su hábito de fumar y después se le detecta que tiene asma?, y al momento de fallecer ¿cómo variará la prestación?

Continúa el texto legal señalando que: “Estas sanciones no se aplicarán si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido los errores, reticencias o inexactitudes de la declaración o hubiere debido conocerlos; o si después de su celebración, se allana a que se subsanen o los acepta expresa o tácitamente”.

El último inciso del artículo citado aborda el manejo de información por parte de la aseguradora. En efecto, si la compañía aseguradora ha tenido conocimiento de los errores o reticencias del contrato no puede aprovecharse de esa situación. Nadie puede conocer para ciertos efectos una materia y desconocerla para otras. Se transgrediría el principio de contradicción y el que indica que nadie puede proceder en contra de sus actos propios.

2. Deber de declaración del riesgo en la doctrina

El deber de información presenta interesantes instituciones y modalidades en los contratos de seguro. Iniciaremos esta sección examinando las fuentes del Derecho que recogen este deber. Comenzaremos con el examen de los aportes doctrinales de algunos autores vinculados al Derecho de seguros.

La doctrina destaca el papel que cumple la declaración del riesgo por parte del contratante. Desde la perspectiva de la aseguradora se ha señalado que la declaración es, “el medio a través del cual el asegurador mide la probabilidad jurídico-técnica de asumir las consecuencias de carácter financiero derivadas de un potencial siniestro: de una eventual realización del riesgo que se pretende trasladar, del cual nada conoce”(16).

La referencia a la totalidad de las circunstancias conocidas por el contratante ha tenido una extensa acogida(17). Se trata de un requerimiento muy amplio que comprende una pluralidad de materias conforme el riesgo que se pretende cubrir(18).

El académico chileno Osvaldo Lagos analiza la declaración del riesgo en el nuevo articulado chileno comparándolo con la situación previa que regulaba desde 1867 a los contratos de seguro en Chile, indicando: “Tradicionalmente, se ha considerado que la declaración de los riesgo que el asegurador necesita conocer para otorgar seguros, es de carga del asegurado. Esto significa que, ante un error inocente y sustancial(19)en la declaración del riesgo, aun cuando sea respecto a información no requerida por el asegurador, este puede liberarse de la obligación de pagar la correspondiente indemnización. Esto es considerado injusto en el actual estándar de derecho de seguros, pues al menos debería tratarse de información preguntada o requerida por el asegurador, determinante pues sin ella no se habría contratado, que incida causalmente en la agravación del riesgo o en la producción del siniestro”(20).

La información que posee la aseguradora no es ajena a la determinación del riesgo. La información de los organismos públicos a la que tenga acceso la aseguradora, como el sistema de Sisgen en materias de seguros generales, debe reflejarse en la determinación del riesgo y en definitiva en el límite de la información requerida.

La práctica mercantil de muchos países ha derivado hacia la elaboración de formularios relativos a los tipos masivos de intereses asegurables. Específicamente en los seguros de vida, vehículos motorizados e incendio. La declaración del riesgo del tomador de esta forma ha devenido en la contestación de un cuestionario proporcionado por la compañía aseguradora(21). En el Derecho comparado ha sido rico en vincular con diversidad de efectos al cuestionario con la declaración del riesgo(22).

3. Régimen jurídico de la declaración del riesgo

El deber de declaración del riesgo ha recibido múltiples tratamientos jurídicos en la doctrina. Por ello a continuación distinguiremos en forma previa entre el régimen del artículo 556, para posteriormente analizar el régimen establecido en las modificaciones legales contenidas en la Ley 20.667.

3.1. Deber de información como una obligación

En el artículo 556, número 1, del Código de Comercio chileno se indica escuetamente que: “El asegurado está obligado a declarar sinceramente todas las circunstancia necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos”.

3.1.1. Declaración como una obligación 

Del tenor literal o directo, la jurisprudencia chilena ha tendido a fallar sobre esta materia calificando el deber como una “obligación del asegurado”(23). Según este planteamiento, debería considerarse que la información requerida para declarar los riesgos se encuentra impuesta en interés de la compañía aseguradora. Dicha entidad se manifestará conforme si se cumple con la obligación o podría exigirla compulsivamente si se verificara el incumplimiento(24).

A nuestro entender, calificar este deber precontractual como una obligación resulta un error de apreciación jurídica, ya que como otros deberes precontractuales no presenta la estructura de las obligaciones. Aunque esta forma de focalizar la información se ve respaldada por lo dispuesto en el artículo 557, número 1º, del Código de Comercio que se refiere a la declaración que debe efectuar el asegurado(25), la exigencia forzada no resulta acorde con la realidad.

La expresión “obligación” es propia de las relaciones en que existe un acreedor y un deudor y en este caso no se verifica esta situación. El asegurador no se encuentra facultado para exigir del tomador esa información. Por ello, menos puede solicitar una indemnización por la falta de información en esta etapa previa al contrato. En la etapa precontractual no se verifica una relación de obligaciones y por consiguiente no es esa la naturaleza del deber de información.

De acuerdo a otro enfoque, derivado del anterior, la información debida proviene del artículo 556 del Código de Comercio chileno, y constituye una “obligación jurídica de diligencia a cargo del tomador para posibilitar que el asegurador conozca efectivamente todas las circunstancias que influyen en la valoración del riesgo”(26). Se acude en esta enunciación a la denominada culpa in contrayendo para propiciar la diligencia del tomador y evitar su negligencia. Se pretende de esta forma evitar la negligencia del tomador y los vicios del consentimiento y obtener, si correspondiera, la consiguiente indemnización de perjuicios(27).

Esta aproximación doctrinal, al igual que la anterior, presenta múltiples dificultades. Se intentan explicitar criterios de responsabilidad propios de la legislación civil a una contratación que se encuentra revestida de otras características mercantiles y es previa a la contratación. En efecto, el Código de Comercio presenta peculiaridades diversas del incumplimiento del deber de declaración. Si no se verifica la declaración del tomador, la compañía aseguradora más que exigirle su cumplimiento, simplemente no sigue adelante con las negociaciones y concluye la etapa precontractual.

3.1.2. Deber de información como una carga del tomador

Mostrar los intereses e intenciones en la etapa de tratativas, o al inicio de las respectivas convenciones, permite un conocimiento recíproco enriquecedor que contribuye a la formación de los contratos(28). En este contexto, Martín Pérez afirma que una “típica expresión de la buena fe precontractual es el deber de informar a la otra parte sobre todos aquellos aspectos relevantes que afectan al contrato, cuyo contenido y extensión no pueden ser establecidos a priori, pero en última instancia existen respecto a aquellas circunstancias que a una parte le resultan o le deben resultar conocidas y que sabe o debe saber que pueden ser de influencia en la decisión de la otra, siempre según los dictados de la buena fe”(29).

En definitiva, podemos concluir que el deber de información se encuentra enmarcado en las etapas de tratativas de los contratos. En este caso no nos encontramos ante una obligación sino ante una carga, esto es, los deberes impuestos en beneficio propio(30)del tomador del seguro(31). El asegurador requiere de la información para determinar el riesgo, pero carece de coacción para que el primero preste una declaración veraz. El tomador deberá además proporcionarla en forma oportuna beneficiándose con esa actuación que satisface la carga.

El tratamiento doctrinal de la carga de información es reciente en nuestro medio. La tendencia es diferenciar esta materia respecto a los vicios del consentimiento que recibe la denominación de doctrina tradicional. En este contexto, Ramón Domínguez Águila indica que “resulta así muy lógico que los deberes de información que han de cumplir las partes recíprocamente durante aquellas tratativas y negociaciones, no sean ni siquiera mencionadas en la doctrina tradicional nuestra”(32).

Sin embargo, esta falencia se ha ido disipando con el tratamiento que la doctrina más reciente le ha brindado(33). Aunque, tanto el tomador como la compañía aseguradora deben contribuir a informar a la otra parte, ya en esta etapa de las tratativas del contrato de seguro, el deber de información constituye una carga del tomador del seguro. Esa contribución de la información permitirá más adelante avanzar en la determinación del riesgo y la prima del contrato.

3.2. La declaración del riesgo como deber de respuesta en el artículo 525 

Como indica el artículo 525 para prestar la declaración a que se refiere el número del artículo 524 será suficiente que el contratante informe al tenor de lo que solicite el asegurador sobre los hechos o circunstancias que conozca y sirvan para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión del riesgo. Es decir, de la necesidad que presentaba la anterior normativa se ha focalizado el deber del tomador en la respuesta a lo que la compañía le solicite.

El carácter amplio e ilimitado que contenía la normativa anterior se ha focalizado como contenido que la ley califica de “suficiente” en dar respuesta a los requerimientos que le realice el asegurador. Es decir, de un régimen amplio e indeterminado se ha variado a un deber de contestación al cuestionario presentado por la compañía aseguradora. De esta forma, la normativa ha recogido un significativo giro en cuanto a los roles o funciones que deben adoptar los contratantes.

En la nueva normativa, ya recogida en múltiples normas en el derecho comparado como se expusiera anteriormente, es el predisponente, es decir, la aseguradora, quien tendrá la responsabilidad de redactar los términos del formulario. Por otra parte es el tomador el que deberá responder las interrogantes formuladas en forma previa al contrato. Este último deberá centrar sus declaraciones en las interrogantes que se le planteen.

De un régimen que vinculaba al tomador con una declaración reglada se ha evolucionado a uno en que se regula la participación del tomador y de la compañía aseguradora. Este último debe elaborar un cuestionario tan acucioso como lo sea su interés, y el primero deberá responderlo sinceramente.

Dejar únicamente en manos del tomador la determinación del riesgo resultaba ser claramente contraproducente a los intereses de los contratantes y una carga marcada por el desequilibrio a favor de la aseguradora. Por lo anterior se ha sostenido que desde que se apliquen las disposiciones del mencionado artículo 525, como se ha aplicado en el derecho comparado, la carga de la elaboración y consiguiente presentación al tomador para su respuesta es de la aseguradora(34).

La variación del enfoque incorporado en la normativa permite que la compañía aseguradora oriente el pensamiento del tomador conforme a los interrogantes que le plantea. Al mismo tiempo propicia que en las respuestas se recojan las circunstancias que la predisponente estima relevante para la evaluación del riesgo acorde a los padrones actuariales que maneja. A su vez la información proporcionada permite precisar con mayor certeza el verdadero estado del bien o la salud de la persona contratante.

Nuestro análisis de esta materia coincide con el del autor Sergio Arellano. En efecto, señala que “Ciertamente la obligación que la ley impone al contratante tiene una contrapartida, que es la diligencia del asegurador en solicitar la declaración respectiva, ya que si no lo hace no podrá alegar los errores, reticencias o inexactitudes del contratante, como tampoco aquellos hechos o circunstancias que no estén comprendidos en tal solicitud”(35).

Sin duda, a partir de la vigencia de esta legislación la elaboración de las preguntas del formulario concitará el interés de las aseguradoras(36). Es cierto que requerirá de mayor atención por parte de las aseguradoras, pero no lo es menos que los niveles técnicos y profesionales de las compañías dan pie para sostener que muy pronto resolverán la cuestión. Es más, constituirá un desafío y oportunidad para resolver cuestiones como la superación de los contratos convenidos sin someter al tomador a un determinado formulario y exigencia, en cuanto a la calidad de las respuestas del tomador. En este mismo sentido, los agentes de seguros y corredores deberán asumir un rol conforme a la nueva normativa.

De ahí que requerirá un esmero y atención en la confección del cuestionario y en su actitud, no solo en la etapa contractual sino incluso durante las tratativas. La nueva normativa añade, “convenido el contrato de seguro sin que el asegurador solicite la declaración sobre el estado del riesgo, este no podrá alegar los errores, reticencias o inexactitudes del contratante, como tampoco aquellos hechos o circunstancias que no estén comprendidos en esta solicitud”. Las aseguradoras deberán actuar de forma diligente, especialmente al confeccionar el cuestionario y al momento de la presentación al tomador.

Una vez requerido el tomador del seguro a contestar los interrogantes, la compañía igualmente deberá mostrar su diligencia si tiene conocimiento de algunas circunstancias que afecten el riesgo. Por ello, Arellano manifiesta su inquietud o reserva: “La no inclusión de la omisión de informar al asegurador circunstancias de conocimiento inexcusables para el asegurado —si no ha sido expresamente consultado al respecto— obliga a una especial prolijidad al confeccionar tales solicitudes, aunque difícilmente estas podrán cubrir todas las eventualidades o circunstancias que pudieran presentarse en todos y cada riesgo. Esperemos que la supresión de esta hipótesis no incida en aumento de fraudes, lo que en último término iría en perjuicio de la gran masa de asegurados honestos”(37).

La experiencia en la materia constituye un acervo invaluable para la aseguradora. Si estas son diligentes, prontamente ajustarán los textos de las preguntas y afinarán la redacción para presentar al tomador un cuestionario que lo lleve a decir todo y solo lo que requiere la aseguradora. Por lo demás, las empresas aseguradoras son las que conocen el mercado y comparten información con otras entidades que le permiten enfrentar eventuales situaciones de fraude que se encuentran presentes en la actualidad(38).

De la normativa expuesta se puede concluir que la innovación, en cuanto al precepto comentado, consiste en que la declaración del estado del riesgo constituye una carga para ambos contratantes. La carga de elaboración y de presentación del cuestionario por parte de la compañía aseguradora, y la de contestación de este por el tomador.

4. Deber de veracidad y declaración del riesgo

Pero no solo es necesario cumplir con informar, sino que debe ser veraz. Esta exigencia ha sido reconocida entre los derechos del consumidor. Tiene este el derecho(39) a estas condiciones relevantes, y en ese sentido, es acreedor de esa información verdadera y puede solicitársela al proveedor. El legislador busca proteger al contratante débil en la relación de consumo.

También nuestra legislación requiere que el tomador sea veraz en sus declaraciones, y como exige la actual normativa del Código de Comercio, como en la Ley 20.667 que comenzará a regir desde el 1.º de diciembre del 2013. El artículo 556 del código vigente como el artículo 524, conforme la Ley 20.667, indican que el asegurado está obligado a declarar sinceramente(40).

En el vigente Código de Comercio las referencias normativas a este deber se encuentran en los artículos 516, 556 y 557. En el primero de los artículos exige que: “Toda póliza deberá contener (n.º 9) la enunciación de todas las circunstancias que puedan suministrar al asegurador un conocimiento exacto y completo de los riesgos y la estipulación que hicieren las partes”. Se trata de un paradigma para los contratos de seguros y en especial para el tomador del seguro.

Esta nueva forma de exigencia de veracidad se podría distinguir de la anterior en que destaca un elemento subjetivo: el tomador debe ser sincero. A nuestro entender, se puede hacer una distinción entre estos requerimientos, ya que es diverso ser sincero a ser exacto. En el segundo caso se exige una precisión objetiva, en el primero una subjetiva.

También existe una referencia a la veracidad en el artículo siguiente al 557 del Código de Comercio que indica: “El seguro se rescinde primero por las declaraciones falsas o erróneas o por las reticencias del asegurado acerca de aquellas circunstancias que conocidas por el asegurador, pudieran retraerle de la celebración del contrato o producir alguna modificación sustancial en sus condiciones”. Constituye el mismo deber de veracidad planteado ahora desde una perspectiva negativa: no se puede incurrir en falsedades, errores ni realizar declaraciones reticentes. Estas formas que nuestra legislación tiene de exigir la sinceridad y veracidad han sido recogidas por nuestra jurisprudencia(41).

En los contratos de seguros de vida deben señalarse las enfermedades que los han afectado. Deben exponer los tratamientos médicos que han recibido. Este deber trae como consecuencia que no se puede incurrir en declaraciones inexactas ni en reticencias.

Las reticencias tienen especial gravedad, ya que transgreden el deber de dar a conocer a la compañía todas las circunstancias que puedan contribuir a agravar el riesgo y cuyo conocimiento constituya el presupuesto del consenso prestado por el asegurador(42). Si esa información ausente resulta relevante en la contratación, el efecto recae sobre el contrato. Este intento de engañar se suele realizar para evitar que la aseguradora descubra las enfermedades que se tiene o se han tenido. Se pretende impedir con esta práctica que la aseguradora se niegue a asegurar a esa persona, lo haga en condiciones más exigentes o con primas más onerosas.

Formas corrientes de inducir a engaño o error a las aseguradoras son la omisión de información, como por ejemplo, de informes médicos anteriores o de intervenciones previas. Igualmente, se conduce a un error a la aseguradora con prácticas como la falsificación de documentos o la sustitución de personas.

Pero el deber de información no solo recae en el tomador, sino también en la compañía aseguradora(43). El asegurador, que maneja bases de datos y posee experiencia profesional en la materia, debe ser diligente y buscar información que le permita salir del error y contratar respaldado. Esto constituye la exigencia de información que pesa sobre la compañía aseguradora.

Si en estas operaciones se encuentra una irregularidad, la compañía aseguradora actuando conforme a la buena fe, debe dar cuenta de esa situación al tomador. Esta búsqueda del verdadero estado del bien o salud del tomador, además de basarse en antecedentes fidedignos, no debería afectar las operaciones comerciales de la compañía aseguradora, ya que esta podrá, si eventualmente desea(44), continuar las tratativas o buscar otra forma de cobertura. En concreto, no existe obstáculo en esta etapa de tratativas para que la aseguradora ofrezca otra póliza distinta al tomador.

Por el contrario, el ocultamiento o la inducción al equívoco pueden rescindir, total o parcialmente, un contrato aparentemente perfecto(45). Si se evitaran esos errores desde las tratativas, desde los primeros acercamientos, podrían salvarse innumerables situaciones en que la apariencia ha reemplazado a la realidad(46). La inducción al error que afecta a uno u otro contratante se transforma en obstáculo. En ocasiones tiene su origen en los agentes intermediarios(47). Proporcionar información a la otra parte en una relación convencional no solo resulta conveniente y necesario, sino que constituye un factor de fortaleza del vínculo. Por eso, este deber se encuentra entrelazado estrechamente con la relación contractual.

En definitiva, la apertura de esta etapa a la buena fe se traduce en información que recíprocamente se proporcionan los intervinientes. Existe un delicado equilibrio de información y veracidad entre el tomador de un seguro de vida, la compañía aseguradora y los beneficiarios del seguro. Los intervinientes, singularmente el tomador y la compañía aseguradora, deben ser veraces en sus manifestaciones y declaraciones, lo que puede llevar a las otras a exigirla en la medida que se trata de circunstancias conocidas de cada una de ellas. Transgredir ese límite comportará mala fe.

Finalmente, es de gran importancia el manejo de la información que recibe la aseguradora. En efecto, no basta con que se encuentre facultada para conocer de las enfermedades de las personas. Las declaraciones se hacen con reserva y solo para los efectos de la determinación del riesgo. En este contexto, si la aseguradora viola esta reserva o secreto y ventila de alguna forma los antecedentes del asegurado, este puede demandar a la compañía aseguradora.

Lo anterior se vincula estrechamente con el deber con que se revista la actuación profesional del médico: “Este deber tiene su origen en el desarrollo lógico del secreto médico, de manera que solamente el asegurado tiene derecho a conocer los resultados de las pruebas médicas realizadas”(48).

5. Declaración del riesgo en el seguro de vida

Una particular referencia normativa relativa a los seguros de personas contempla la declaración del riesgo del nuevo artículo 590 que indica: “Declaraciones y exámenes de salud. El asegurador solo podrá requerir antecedentes relativos a la salud de una persona en la forma establecida en el artículo 525, pudiendo solicitar la práctica de exámenes médicos de acuerdo a lo establecido en la ley”.

Uno de los asuntos de mayor recurrencia en lo que respecta a la declaración de los seguros de vida son las enfermedades del asegurado. Resulta significativo que gran parte de la jurisprudencia se focalice en la determinación de si la declaración del riesgo resulta acorde con el verdadero estado de salud del asegurado o luego de vigente el contrato se busca que este cubra una enfermedad o dolencia preexistente.

Como se desprende del texto, se trata de novedosas disposiciones recurrentes en el mercado de seguros que han incorporado la experiencia mercantil en la materia. Los términos de los primeros incisos de este artículo resaltan el deber del asegurado de declarar verazmente las enfermedades que lo afectan.

Esta carga de información que recae sobre el tomador, se debe complementar con el derecho a la intimidad que resguarda sus intereses. La disposición del tomador de acceder a un contrato lo llevará voluntariamente a revelar su intimidad. El derecho a la intimidad del tomador cede o se repliega ante esta convención. El interés en el contrato de seguro lo lleva a develar las enfermedades o tratamientos que en otras circunstancias mantendría bajo reserva.

El tomador se encuentra amparado por el derecho a su intimidad, resguardado por nuestra Constitución Política en el artículo 19, número 4, que indica: “La Constitución asegura a todas las personas: 4.º El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Este precepto contribuye a impedir que los interrogantes que se realicen al tomador atenten contra su dignidad personal, e imponen a la compañía de seguros el deber de reserva y secreto de los antecedentes proporcionados. En este aspecto, el esmero del asegurador por evitar perjudicar al tomador, afecta o colisiona con la necesidad que tiene de información para poder determinar el riesgo.

La referencia a la ley contenida al final del artículo propuesto deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos límites o restricciones respecto de los exámenes requeridos por las aseguradoras al momento de contratar un seguro de vida. Los antecedentes requeridos se refieren fundamentalmente a las enfermedades y dolencias preexistentes del tomador que deberá declarar expresamente.

El siguiente artículo de la Ley 20.667 precisa qué debe entenderse por enfermedades y dolencias preexistentes:

“ART. 591.—Solo podrán considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor”.

El interés en el contrato, manifestado por el tomador, faculta a que la compañía aseguradora pueda solicitar que el que busca asegurarse acceda voluntariamente a responder sobre sus enfermedades. La referencia que realiza el artículo arriba citado a lo que denomina “situaciones de salud diagnosticadas” no parece claro por la amplitud de sus términos. Nuevamente con esa expresión, el proyecto puede requerir una interpretación que podrá dar lugar a conflictos.

Si el contratante invocara su derecho a la intimidad para no desvelar sus enfermedades ante el asegurador, se encontraría resguardado por el Derecho(49), sin embargo, resulta plausible sostener que la compañía aseguradora no le daría cobertura(50). Parte importante del riesgo se determina tomando en cuenta la información que proporciona el contratante por lo que al no estar obligada la compañía a contratar y poder manejar los tiempos dilatando la negociación, es muy probable que esa sea la respuesta ante el solicitante que no quiere mostrar algún antecedente.

Es poco frecuente arribar a esta coyuntura, ya que si el tomador no está dispuesto a desvelar su estado de salud, simplemente no acude a contratar un seguro. En definitiva, médicos, aseguradores y tomadores, por regla general conjugan los derechos de intimidad e información del asegurado sin transgredir el derecho a la intimidad. No se realiza una solicitud que fuerce al tomador, sino que este voluntariamente pone a disposición de la aseguradora los antecedentes que le son requeridos.

Las interrogantes del cuestionario varían de acuerdo a los riesgos y modalidades de seguro de vida que se contraten. Por ejemplo, en el seguro de vida se vinculará a las aficiones o los deportes que practica.

6. Jurisprudencia chilena del deber de declaración del riesgo

La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia chilenos, constituidos por la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, no resulta unívoca. Sin embargo, dentro de la multiplicidad da cuenta de la tendencia a circunscribir el extenso deber de declaración del riesgo del centenario Código de Comercio. Como hemos mencionado, el deber de declaración del riesgo consignado en el precepto mercantil recaía en el contratante. Como dicho peso no encontraba contrapeso o efecto recíproco en lo que debía realizar el asegurador, los tribunales debieron realizar una labor hermenéutica importante respecto de las normas aplicables a esta materia, de modo de incorporar los criterios que la dinámica mercantil ya reconocía.

En primer lugar realizaremos un extracto o resumen de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile respecto de un riesgo de seguro catastrófico. El mencionado fallo indica: “La epícrisis hace saber que ya quince días antes de contratarse el seguro catastrófico, se diagnosticaba a la —recurrente— enfermedades tales como calcificación pancreática múltiple, probable pancreatitis crónica, nódulo del fondo vesicular y atetosis hepática difusa; que nada de eso fue informado por la actora en su declaración de salud, no obstante resultar claro que conocía o no podía menos que conocer dolencias que concernían a su hígado, su riñón y su páncreas, además de un posible tumor. En mayo —la recurrente— denunció el siniestro de cáncer vesicular con compromiso tumoral de anedopatía cística, implantes peritoneales y metástasis modular hepática, que requería una intervención de paroscopía a cargo del doctor Jarufe. Habida cuenta —de— lo anteriormente descrito, la compañía —recurrida— rechazó la cobertura, en un acto que al dar pleno cumplimiento a lo contractualmente pactado, se revela razonable y legal, pues ninguna duda puede caber en torno a que a la sazón —mayo— no se ocultaba a la asegurada la preexistencia de tales padecimientos, provenientes de una fecha anterior al contrato” —tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago (CSAN); título: Aseguradora actúa en conformidad a derecho si niega cobertura de enfermedad que no ha sido previamente declarada. Protección rechazada; fecha: 20/01/2010; partes: Mardones Pantoja, Silvia contra Banchile Seguros de Vida S.A., Rol: 1652-2009—.

En este caso se pone el énfasis en el concepto mismo de “enfermedad preexistente”, tomando como criterio el conocimiento que pueda tener el asegurado de sus dolencias. En este sentido, el nuevo artículo 591 viene a establecer la definición de aquel concepto, permitiendo de esta forma conocer los parámetros de la declaración.

En segundo lugar exponemos un resumen de una sentencia de la Corte Suprema de Chile en la que conoce de un recurso de casación en el fondo de un juicio que en primera instancia se tramitara por la vía arbitral. Allí señala: “4. La declaración del estado de salud que se ha realizado en forma inexacta o fraudulenta constituye una circunstancia que conlleva la rescisión del contrato del seguro de desgravamen. Si se falta a la verdad respecto a las enfermedades que se han padecido es atendible que el asegurador que ha confiado en el tomador-asegurado, busque dejar sin efecto el contrato, para ello deberá demandarlo ante un tribunal para que lo deje sin efecto y así lo declare, por sentencia judicial ejecutoriada. Cabe señalar que el contrato de seguro de desgravamen es un contrato en que la buena fe se presume, debiendo en este caso la empresa aseguradora probar lo contrario. En consecuencia, el contrato debe entenderse vigente y cualquier dificultad que se suscite en su aplicación debe ser resuelta judicialmente” —Corte Suprema, Primera Sala (Civil) (CSU1); título: Contrato de seguro de desgravamen. Obligaciones de las partes. Declaración de estado de salud. Nulidad del contrato; fecha: 05/11/2009; partes: Meyer Flores, Norma Herminia y otros contra Seguros de Vida Security Previsión Vida S.A., Rol: 4539-2008—.

El enfoque en este caso recae más bien en el deber de veracidad que acompaña al de información. No basta solo con la declaración, sino que además esta debe ser sincera. Todo lo anterior fundamentado en la importancia que adquiere el principio general del derecho de buena fe, especialmente en la etapa precontractual.

Otro fallo reciente relacionado con las enfermedades preexistentes señala que “las transgresiones que el recurrente estima se han cometido por los jueces del fondo y persiguen desvirtuar —mediante el establecimiento de nuevos hechos— los supuestos fácticos fundamentales asentados por aquellos, esto es, que la enfermedad preexistente del sostenedor asegurado no quedó demostrada; así como que no se rindió prueba suficiente para tener por acreditado que ese contratante omitió informar a la compañía demandada la enfermedad que a la sazón ya lo aquejaba y, además, que no fue comprobado en autos que la demandada haya presentado al asegurado un formulario de salud ni que se haya requerido de este información relativa a su estado de salud. Con los antecedentes de la litis se conforman presunciones judiciales graves, precisas y concordantes, que permiten tener por acreditada la preexistencia de la enfermedad del asegurado, que a la postre acarreó su muerte, enfermedad que debió haber declarado al momento de contratar el seguro, de manera que el asegurador hubiera podido apreciar la extensión de los riesgos y tomar, debidamente informado, la decisión respecto del seguro de escolaridad” —partes: Amigo Arancibia, Miriam c/ Mapfre Compañía de Seguros S.A. | Cumplimiento de contrato de seguro - indemnización de perjuicios - recurso de casación en el fondo; Tribunal: Corte Suprema; fecha: jun.8/2011; cita: MJCH_MJJ27791 | ROL: 2824-11, MJJ27791—.

En esta sentencia se puede apreciar que el recurrente intenta alegar la falta de una solicitud y presentación de un formulario por parte de la compañía, entendiendo de esta forma que el deber de información no es una carga exclusiva del tomador. Bajo el nuevo criterio, que se establece en el reformado artículo 525 —donde la carga es compartida—, el tribunal habría tomado en consideración esa situación.

A continuación recogemos un fallo de la Corte Suprema chilena vinculada a la declaración del riesgo en un contrato que recae sobre bienes

“La obligación legal del asegurado, en orden a declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada, que impone el artículo 556, n.º 1, del Código de Comercio, reviste especial importancia en aquellos casos en que los bienes asegurados resultan ser uno o más perfectamente individualizables por su género, especie, cantidad, calidad, ubicación, estado u otros elementos que permitan diferenciarlos singularmente y son por lo tanto esos objetos específicos sobre los cuales recae el seguro, quedando delimitado el riesgo y la responsabilidad del asegurado solo respecto de esos bienes. Sin embargo, la obligación que dicha norma impone al asegurado puede modificarse sustancialmente en aquellos casos en que otra norma legal o el acuerdo de las partes, permiten contratar un seguro sin una determinación inicial de las cosas aseguradas, es decir, sin una designación específica de los bienes que serán objeto del mismo, casos en los cuales, la responsabilidad del asegurador, una vez producido el siniestro, queda limitada al valor y existencia de los objetos asegurados que el asegurado justifique. En cuanto a la acción de resolución de contrato de seguro sub litis, cabe precisar que el concepto de agravación de los riesgos dice relación con actos u omisiones del asegurado ocurridos durante la vigencia del contrato de seguros, todos de carácter esencial, que de algún modo faciliten o posibiliten el acaecimiento del hecho o suceso riesgoso objeto de la protección del seguro, es decir, que puedan influir o determinar la ocurrencia de la eventualidad prevista por las partes como causante de la pérdida o deterioro de los objetos asegurados.

En la especie, el asegurado, al comprobar las reiteradas sustracciones de mercaderías aseguradas de gran volumen que efectuaba el depositario desde el interior del almacén Warrants, que no pudieron realizarse sino con la intervención de otros terceros y/o con medios mecánicos, hizo variar una circunstancia esencial relativa a la estimación del riesgo, en cuanto omitió informar de estos repetidos e irregulares hechos a la aseguradora, y también, pese a la gravedad de ellos no adoptó ninguna medida efectiva de seguridad tendiente a prevenir un siniestro, limitándose únicamente a dejar constancia de los faltantes en sus libros, agravando de esta forma el riesgo contratado, en los términos del artículo 538 del Código de Comercio, e incurrir además, en el incumplimiento de la obligación de emplear todo el cuidado y el celo de un diligente padre de familia, prevista en el artículo 556 n.º 3 del mismo código, configurándose, en ambos casos, una causal de resolución del contrato” —Corte Suprema (CSU); título: Falta de consideraciones. Nulidad de contrato de seguros. Error del asegurador. Incumplimiento de obligaciones; fecha: 19/10/1998; partes: Compañía de Seguros Allianz S.A. con Trans Warrants Ltda.; Rol: 1356-1997.

Por otro lado, en este fallo se puede apreciar que se opta por considerar a la declaración sincera como una obligación del asegurado. Concepción que, como se menciona en los párrafos anteriores, es objeto de varias críticas, ya que no presenta la estructura propia de las obligaciones.

De la jurisprudencia se colige la forma en que los tribunales superiores chilenos, basándose en reiteradas oportunidades en principios del Derecho, en especial el de la buena fe y el de reciprocidad, delimitaron el campo de la declaración del riesgo.

De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad que existía de modificar la ley chilena en materia de contratos de seguros. De un deber absoluto de declaración del riesgo y sus circunstancias que pesaba sobre el solicitante del seguro, la Ley 20.667 lo ha acotado al deber de contestación, que conforme lo expuesto en este trabajo, y la experiencia comparada se encuentra en mayor equilibrio con la realidad de este contrato mercantil.

7. Conclusiones

1. El derecho contempla leyes e instituciones que favorecen la reserva y el secreto, en la regulación de la actividad bancaria y la ley de mercado de valores.

2. La legislación de países como España, Argentina y Colombia constituyen referentes respecto de la normativa relativa a la declaración del riesgo en los contratos de seguros.

3. La declaración del riesgo en la nueva Ley chilena 20.667, relativa al contrato de seguros, entrega al asegurador la carga de redactar las preguntas cuya minuciosidad resulta determinante en relación con la información que la compañía debe requerir.

4. El deber impuesto al contratante en el artículo 525 de la Ley 20.667 es un deber de respuesta sincera sobre las materias que se le pregunta, y no se extiende, sino a las materias y circunstancias que le son requeridas.

5. En el caso del seguro de vida, solo podrán considerarse preexistentes aquellas enfermedades, dolencias o situaciones de salud diagnosticadas o conocidas por el asegurado o por quien contrata en su favor y no las que aún padeciéndolas no conociera el contratante.

6. La normativa recogida en la nueva Ley 20.667 constituye una legislación de vanguardia, y el mercado asegurador tiene en acto lo que actualmente las prácticas comerciales sostienen en potencia.

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(1) Sin embargo, en un polo opuesto, la legislación igualmente contempla deberes de reserva y secreto. Por ejemplo, el secreto en la Ley de Bancos y el resguardo y reserva de la información privilegiada en el mercado de valores, y el secreto profesional.

(2) Llobet Aguado, Joseph. El deber de información en la formación de los contratos, p. 34.

(3) Domínguez Águila, Ramón. “Deber de información ante el seguro de desgravamen”, en: Revista de Derecho y Jurisprudencia, n.º 1, pp. 206-215.

(4) Resulta prácticamente imposible que el asegurado dimensione el riesgo con la misma perspectiva que la aseguradora que profesionalmente evalúa riesgos en forma continua.

(5) Artículo 5.º de la Ley 17.418.

(6) Seguían este mismo criterio el artículo 381 del Código español y el artículo 556 del Código de Comercio chileno, el primero derogado y el segundo en vías de estarlo el 1.º de diciembre del 2013.

(7) Schiavo, Carlos. Contrato de seguro, p. 76.

(8) Artículo 992 del Código de Comercio boliviano.

(9) Artículo 1058 del Código de Comercio de Colombia

(10) Una sentencia del Tribunal Superior de Medellín señaló: “El artículo 1058 solo contempla la nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud respecto de los hechos o circunstancias conocidos por la compañía que la hubieran retraído de celebrar el negocio o inducido a estipular condiciones más onerosas. Como en el caso fallado la aseguradora no demostró que las circunstancias omitidas por el tomador del seguro sobre sus antecedentes penales eran esenciales para otorgar el amparo de vida, el Tribunal Superior de Medellín negó la nulidad del contrato. La corte, por el contrario, consideró que imponerles a las aseguradoras esa carga probatoria lesiona el principio de buena fe, que es esencial en los contratos de seguros. La razón es que el asegurador ingresa al ámbito negocial en estado de ignorancia y su decisión de contratar depende de la información que le suministre el tomador. En esas circunstancias, es lógico que las compañías solo averigüen por los datos relevantes para el ejercicio de su actividad profesional. Así, la inclusión de determinada pregunta en el formulario refleja que su respuesta es indispensable para que decidan si contratan o si lo hacen bajo ciertas condiciones económicas. Por eso, basta con establecer que hubo falta de sinceridad del tomador al declarar sobre el estado del riesgo, para que proceda la nulidad relativa del contrato de seguros” —CSJ, S. Civil, Sent. 05001310300120030040001, sep. 1º/2010, M. P. Edgardo Villamil—.

(11) Artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro Española, 50/1980.

(12) Artículo 880 del Código de Comercio de Guatemala.

(13) Artículo 8.º de la Ley Mexicana de Seguros.

(14) De acuerdo al artículo 3.º, letra e) del D.F.L. 251/31, del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Valores y Seguros está facultada para establecer, mediante normas de aplicación generales, las disposiciones mínimas que deben contener las pólizas.

(15) Este inciso es similar a lo dispuesto en materia de seguros privados en la ley española 21/1990 que es una transposición de la Directiva 88/357/CEE.

(16) Barros Torres, José Manuel. “El conocimiento del riesgo en el contrato de seguros: algunos alcances sobre la carga o deber de información”, en: Derecho de los contratos, p. 190.

(17) Domínguez Águila, Ramón, ob. cit., p. 206.

(18) Ruiz-Tagle, Carlos. La buena fe en el contrato de seguro de vida, p. 166.

(19) Suponemos que se trata del término “insustancial”.

(20) Lagos Villareal, Osvaldo. “Comentario e indicaciones al proyecto de ley sobre reforma al Código de Comercio en materia de Seguros”, en: Revista Chilena de Derecho de Seguros, n.º 21.

(21) Schiavo, Carlos, ob. cit., pp. 112-117.

(22) Ruiz Muñoz, Miguel. “Deber de declaración del riesgo del tomador en el contrato de seguro y facultad rescisoria del asegurador”, en: Revista Española de Seguros Madrid, n.º 65, p. 13.

(23) “El recurrente afirmó categóricamente, como se ha visto, no haber padecido ninguna enfermedad, infringiendo de este modo no solo el artículo 8.º de la póliza de prestaciones médicas, sino también el artículo 556, n.º 1, del Código de Comercio, conforme al cual el asegurado está obligado a declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos. 7) Que, por consiguiente, al haber incurrido el señor Henríquez Sufán en las infracciones antes indicadas, debe concluirse que el presente recurso de protección no puede tener acogida. La jurisprudencia se ha referido como obligación a la declaración del riesgo”. Corte Suprema, Rol 1207-2007, de fecha 22 de mayo del 2007, Legal Publishing, n.º 33.786 —visitado en enero 9 del 2009—.

(24) Median Alcoz, María “La ruptura injustificada de los tratos preliminares, notas acerca de la naturaleza de la responsabilidad precontractual”, en: Revista de Derecho Privado, pp. 79-106.

(25) Corte Suprema, Rol 1207-2007, de fecha 22 de mayo del 2007, Legal Publishing, n.º 33.786 —visitado en enero 9 del 2009—.

(26) Rubio Vicente, Pedro. El deber precontractual de declaración del riesgo en el contrato de seguro, p. 21.

(27) La información que deben proporcionar las partes varía de acuerdo a la etapa del contrato —Momberg Uribe, Rodrigo. “El rol de la publicidad en la etapa precontractual de los negocios de consumo y su relación con el principio de la buena fe”, en: Estudios de Derecho Civil II, pp. 593-608—

(28) De La Maza, Íñigo. “Justicia contractual, contratos por adhesión electrónicos y buena fe”, en: Estudios de Derecho Civil II, pp. 571-592.

(29) Martín Pérez, José Antonio. La rescisión del contrato, p. 334.

(30) Baeza Pinto, Sergio. El seguro, p. 108; Lagos Villareal, Osvaldo. Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil, pp. 86-160.

(31) “Se distinguen respecto del asegurado las obligaciones propiamente tales derivadas del contrato y las que son más bien cargas, o sea, deberes impuestos en su propio beneficio para que sea ejercitable el derecho a reclamar la indemnización del seguro y no pueda sostenerse la caducidad del mismo” —Corral Talciani, Hernán. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, p. 382—.

(32) Domínguez Águila, Ramón, ob. cit., p. 206.

(33) De La Maza, Íñigo, ob. cit., p. 571.

(34) Rubio Vicente, Pedro, ob. cit., p. 37.

(35) Arellano Iturriaga, Sergio. La ley del seguro, p. 71.

(36) Rubio Vicente, Pedro, ob. cit., p. 37.

(37) Ibíd.

(38) Piña Rochefort, Juan Ignacio. Fraude de seguros.

(39) “El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos”. Artículo 3.º, letra b de Ley sobre Protección de Derechos del Consumidor 19.496.

(40) La veracidad es aquella cualidad del que dice, usa o profesa siempre la verdad, y esta última, en términos clásicos constituye la adecuación o la conformidad de la cosa con el concepto que de ellas forma la mente —Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima primera edición. Madrid: Espasa Calpe, 1995, t. II, p. 2077—.

(41) Así, nuestra jurisprudencia ha indicado: “6. Que en conformidad con lo que preceptúa el artículo 556, n.º 1, del Código del Comercio, el asegurado está obligado a declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos. El no cumplimiento de esta obligación es causal de rescisión del seguro —artículo 557 mismo código—. 7. Que la negativa de la compañía de seguros recurrida a pagar el seguro se funda en la circunstancia a la vista —fojas 59, 60— que el asegurado recurrente no notició a la aseguradora el hecho expresamente consultado en la declaración personal de salud que suscribió para los efectos de apreciar la extensión del riesgo a cubrir, de sufrir de colesterol alto —280— y encontrarse con dieta hipograsa y tomando medicamentos anticolesterol, con anterioridad —marzo 2002, fojas 57— a la vigencia —jun. 28/2002— de la póliza. La falta de sinceridad del asegurado señor Flores en su declaración personal de salud, no obstante la advertencia que contiene el formulario en orden a que una declaración falsa o reticencia libera a la compañía del pago del seguro, motiva la negativa de esta al pago, se traduce en una situación que incide, por una parte en una infracción de incumplimiento por parte del asegurado y en su incumplimiento contractual derecho por parte de la aseguradora recurrida. Más claro aún, ambos contratantes, aseguradora y asegurado se imputan incumplimiento legal y contractual, respectiva y recíprocamente. Corte Suprema, 22/05/07, Rol 1207, 2007, Legal Publishing, n.º 36.472 —visitado en enero 9 del 2009—.

(42) Pelaggi A. “La reticenza dell articolo 1892, Codice Civile. Nozione, qualificazione giuridica”, en: Revista Assicurazioni.

(43) De La Maza. “El silencio de los inocentes”, hacia una caracterización del deber de informar en sede precontractual”, en: Jornadas Nacionales de Derecho Civil.

(44) La aseguradora no puede ser arbitraria en sus políticas de contratación. “La libertad de contratar o de no contratar, que perdura durante los tratos preliminares, no autoriza para convertirla en motivo de traiciones” —López Santa María, Jorge. Los contratos, p. 407—.

(45) El artículo 557 del Código de Comercio indica que “si falta o extinción de los riesgos fuere parcial, el seguro se rescindirá parcialmente”.

(46) Rubio Vicente, Pedro, ob. cit., p. 41.

(47) “La compañía que conocido el error, comoquiera que hubiere sido informada aunque fuera por su propio médico o por su propio agente, cobra la prima, demuestra su intención de aceptar el riesgo tal cual es y de renunciar a la causa de nulidad que le compete. Pero el conocimiento de los agentes no equivale al conocimiento de la compañía si no la representa. La compañía examina y acepta el riesgo sobre la fe de la propuesta, y lo que no está inscrito en ese documento no llega a la sede central” —Vivante, César. Derecho comercial, p. 120—.

(48) Tirado Suárez, Francisco Javier. Ley de contrato de seguro, p. 1797.

(49) La exigencia de exámenes pre ocupacionales solo se justifica en la medida que nos permite establecer la capacidad o idoneidad personal del postulante para un empleo o trabajo determinado —es decir, su preparación profesional o técnica—, o bien, para cumplir el deber de protección del empleador, contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo. En este contexto, el artículo 7.º de la Ley 19.779 del 2001, que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, prohíbe condicionar la contratación de trabajadores a los resultados del examen destinado a detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana, como tampoco exigir para dichos fines la realización del mencionado examen. Derecho del trabajo, protección del trabajador, derechos del trabajador. Título: Exámenes preocupacionales y VIH/sida. Autor: Guidi Moggia Caterina. Cita: CL/DOC/148/2011.

(50) Tirado Suárez, Francisco Javier. Ley de contrato de seguro, pp. 1686 y 1795.