La defensa del mínimo vital en materia tributaria mediante el mecanismo de acción de tutela

Revista Nº 182 Mar.-Abr. 2014

A propósito del desarrollo jurisprudencial que se ha dado del concepto de “mínimo vital” como derecho fundamental en los últimos años, y en especial lo previsto en sentencias de gran trascendencia emitidas por la Corte Constitucional, recientemente se conoció la Sentencia T-788 del 2013, en la cual este Alto Tribunal sentó importantes consideraciones en relación con la prevalencia de este concepto frente al establecimiento de medidas cautelares que pueda decretar y exigir la DIAN al contribuyente en un proceso de cobro en su contra.

En la acción de tutela objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional mediante el fallo citado, la contribuyente no pagó las obligaciones tributarias correspondientes al impuesto sobre las ventas, por lo cual la DIAN inició un proceso administrativo de cobro en su contra, decretando el embargo de sus ingresos percibidos hasta por un valor de $ 66.931.000, por lo que la deudora solicitó a la entidad limitar el embargo decretado a una proporción de los recursos obtenidos por el único contrato que tenía en ese momento y que representaba su única fuente de ingresos, alegando que se afectaba su derecho fundamental del mínimo vital.

Al decidir sobre la acción de tutela instaurada por la contribuyente, tanto en primera como en segunda instancia, se denegó por los jueces el amparo solicitado por la accionante al establecer que existían otros mecanismos para satisfacer sus pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que en este caso no se había probado la vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la administración tributaria había ofrecido a la peticionaria dos instrumentos administrativos para que la totalidad de sus honorarios no se vieran afectados: i) el solicitar una facilidad de pago, de conformidad con el artículo 814 del estatuto tributario y la Orden Administrativa 5 del 2001, o ii) acogerse a la condición especial de pago establecida en el artículo 149 de la Ley 1607 del 2012, vigente en el momento de ocurrencia de los hechos.

La Corte Constitucional, al revisar los fallos precedentes, consideró en su decisión que si bien la pretensión de la accionante se encontraba satisfecha teniendo en cuenta que la administración tributaria levantó las medidas cautelares que había impuesto de conformidad con el artículo 817 del estatuto tributario por haber prescrito la acciones de cobro de las obligaciones fiscales adeudadas, la DIAN inicialmente no buscó reducir al máximo la afectación de los derechos fundamentales de la accionante, pues si bien le ofreció estímulos económicos para que optara por cubrir la deuda, lo idóneo para la Corte en estos casos es que se hubiese limitado el monto del embargo.

Al respecto, la Corte Constitucional analizó el tratamiento de las medidas cautelares frente al embargo de salarios y honorarios, concluyendo que estas dos clases de remuneraciones son asimilables para efectos de la aplicación de restricciones al decreto de medidas cautelares cuando una persona perciba honorarios sobre el único contrato del cual derive su subsistencia. Así las cosas, para la Corte, en los eventos en que se decrete el embargo de honorarios y estos puedan ser asimilables al salario, el ciudadano afectado puede acudir ante la autoridad pública y colocar de presente su situación, la cual deberá atender y resolver considerando si la medida cautelar vulnera sus derechos fundamentales, debiéndose limitar o levantar según sea el caso, aplicando una excepción de inconstitucionalidad o una analogía legal.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional advirtió a la DIAN que, frente a reclamaciones por embargos decretados sobre la totalidad de honorarios que percibe una persona, está obligada a examinar si estos son su única fuente de ingreso, caso en el cual debe adoptar las medidas pertinentes para no afectar los derechos fundamentales del afectado, en especial su mínimo vital, entendido no como una cifra monetaria, sino en relación con su estándar de vida.

La Corte basa su decisión en que todas las autoridades públicas se encuentran bajo el imperio de la Constitución Política, por lo que sus actuaciones deben estar acordes con sus postulados, como lo es la propensión a garantizar los derechos fundamentales de la personas, lo cual puede llevar incluso a inaplicar normas de rango inferior o utilizar de forma analógica otras cuando no exista precepto específico ajustable al caso concreto. Finalmente, precisó que en el ordenamiento jurídico existen una serie de limitaciones taxativas a las medidas cautelares que buscan proteger los derechos fundamentales de los individuos, por lo que es deber del afectado poner en conocimiento de la autoridad pública su situación especial y justificar la razón por la que debe hacerse merecedor de un trato diferenciado.