La definición del crimen de agresión

Revista Nº 39 Abr.-Jun. 2012

Raúl Eduardo Sánchez Sánchez  

Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional de la Escuela Económica de Londres Profesor de las universidades del Rosario y Libre (Colombia) 

Sumario

Luego de la Conferencia de Revisión celebrada en Kampala (Uganda) en junio del 2010, y tras años de deliberaciones, los Estados parte del Estatuto de Roma, decidieron adoptar la definición del último de los crímenes de competencia del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El presente escrito tiene como objetivo analizar los crímenes contra la paz desde diversos ángulos. En primer término, abordar los actos de agresión a la luz del derecho internacional; en segundo lugar, analizar los antecedentes de la definición del delito de agresión en los instrumentos penales internacionales; luego, estudiar el delito de agresión conforme a la consagración alcanzada teniendo como referencia la normativa internacional, y finalmente, analizar lo referente al ejercicio de la competencia.

Temas relacionados

Derecho penal internacional; crimen de agresión; Estatuto de Roma; Corte Penal Internacional.

I. La agresión en el derecho internacional

La Carta de Naciones Unidas(1) en su artículo 1.º hace alusión a los propósitos de este organismo internacional y señala:

“1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz” (el resaltado es propio).

Con relación a los principios, el artículo 2.º de la Carta dispone:

“(...).

3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” (el resaltado es propio).

Nótese cómo desde la propia normativa que regula a las Naciones Unidas se ha establecido como propósito y principio el de evitar actos de agresión o cualquier uso o amenaza de la fuerza armada e insta a que las diferencias se arreglen de manera civilizada entre los pueblos.

De conformidad con el capítulo VII de la citada Carta, especialmente los artículos 39 y subsiguientes, le corresponde al Consejo de Seguridad determinar la existencia o no de un acto de agresión y tomar las medidas correspondientes para restablecer los quebrantamientos a la paz, entre ellas las acciones de uso de la fuerza armada:

Sin embargo, la guerra entre las dos coreas puso en duda la efectividad del Consejo de Seguridad a la hora de tomar decisiones debido a “La inviabilidad de poner en práctica la acción coercitiva conforme al artículo 42 de la Carta, al no haberse concluido los acuerdos previstos en el artículo 43 —convenios especiales con los miembros—, así como las dificultades políticas, derivadas del ejercicio del derecho al veto, con que en este caso se enfrentó la puesta en práctica del capítulo VII de la Carta, motivó la célebre Resolución 377 (V)(2) de 3 de noviembre de 1950 de la Asamblea, conocida como “Unión pro Paz” y acordada como consecuencia de la ineficacia del Consejo de Seguridad en el conflicto de Corea. Por dicha resolución, que se amparaba en el artículo 11.2 de la Carta(3) se le otorgaba a la Asamblea General, en los casos en que el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de sus miembros permanentes no cumpliera con sus obligaciones, la facultad de recomendar a los miembros de la ONU, en los casos de amenaza a la paz, medidas colectivas que no implicasen el uso de la fuerza y, para el supuesto de quebrantamiento de la paz o actos de agresión, cuando fuere necesario, medidas que incluyesen el empleo de la fuerza armada”(4).

Después de la citada Resolución Unión Pro Paz, la Asamblea General en sesiones extraordinarias, ante la falta de unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, por lo general, ante casos de quebrantamiento de la paz se ha reunido para abordar las situaciones del Suez (1956), Hungría (1956), Líbano (1958), Congo (1960), Oriente Medio (1967), Afganistán (1980) y Palestina (1982).

Con lo anterior, se quiere señalar que la agresión es un asunto de vital importancia para la comunidad internacional, que la determinación sobre la existencia o no de esta, así como las medidas que puedan ser tomadas, no están vinculadas ni siquiera al órgano natural dentro del seno de la Naciones Unidas, sino que al final toda la comunidad internacional representada en la Asamblea General podrá tomar las medidas que considere pertinente relevando al Consejo de Seguridad de su obligación normativa.

2. Antecedentes del crimen de agresión en el derecho penal internacional

Los instrumentos internacionales derivados de la segunda Guerra Mundial que consagran los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Tokio, así como la Ley 10 del Consejo de Control señalaban claramente la definición de los crímenes contra la paz.

En efecto, el primer estatuto penal internacional como fue, el de Nuremberg, consagra en su artículo 6.º, literal a:

“a) Delitos contra la paz: a saber, planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados”(5).

En ese mismo sentido, el artículo 5.º, literal a, del Estatuto de Tokio consagraba:

“a) Delitos contra la paz: a saber, planear, preparar, iniciar o hacer una guerra declarada o no declarada de agresión o una guerra que viole el derecho internacional o tratados, acuerdos o garantías internacionales o participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados”(6).

Finalmente la Ley 10 del Consejo de Control disponía en su artículo II, literal a, lo siguiente:

“a) Crímenes contra la paz: la iniciación de invasiones de otros países y guerras de agresión en violación de leyes y tratados internacionales, comprendiendo, sin que la enumeración tenga carácter limitativo, la planificación, la preparación, la iniciación o la realización de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o la participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados”(7).

Nótese cómo la definición del Estatuto de Tokio cambia en relación al de Nuremberg en la medida en que el delito se comete independientemente de que se haya declarado la guerra de agresión conforme a las leyes y costumbres de la guerra, precisamente para cubrir el ataque japonés a Pearl Harbor en donde no hubo una declaración oficial para iniciar las hostilidades. Además, las tres normas incluyen todas las conductas que trasgreden el derecho internacional a través de pactos o acuerdos internacionales, como son los que otorgaban garantías de no emprender acciones bélicas en contra de otros Estados o de no agresión. Finalmente, queda incluida la responsabilidad penal individual en todas sus formas, por ejemplo a través de la planeación, preparación, iniciación, realización o lo que llamamos en Colombia, el concierto para delinquir mediante la participación en un plan común o la conspiración para la comisión de los delitos contra la paz.

De hecho, derivado de la acusación en el Tribunal de Nuremberg, se les imputaron los dos cargos a los diferentes autores, el primero el del plan común o conspiración para cometer crímenes contra la paz. “El primer cargo comenzaba con una exposición general sobre el ascenso del Partido Nazi, su papel central en el plan común o conspiración, sus fines y objetivos, y las técnicas y métodos que empleó para llevar adelante el plan común o conspiración, inclusive mediante la obtención de un control totalitario sobre Alemania y la planificación económica y la movilización para la guerra de agresión”(8).

En ese mismo cargo se señalaban los actos como parte de la ejecución del plan de abrogar el Tratado de Versalles(9), así como los diferentes actos agresivos cometidos en contra de 12 países entre 1936 y 1941(10).

El segundo cargo consistía en planificar, preparar, iniciar y hacer una guerra como crimen contra la paz en contra de 12 países(11).

Posterior a esas tres consagraciones normativas, a nivel de derecho penal internacional no se encontró otra regulación frente a la materia, sin embargo, en el derecho internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas daba un gran paso al definir la agresión y señalar otras circunstancias relacionados con esta, mediante la Resolución 3314 (XXIX) de 1974 toda vez que indiscutiblemente sirvió de base jurídica para llegar a la definición en Kampala. Dicha resolución señala:

“Artículo 1.º

La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia, en la presente definición:

(...).

Artículo 3.

Con sujeción a las disposiciones del artículo 2.º y de conformidad con ellas, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

a) la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio o de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

d) el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) la utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

f) la acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;

g) el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.

Artículo 4.º

La enumeración de los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la Carta.

Artículo 5.º

1. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión.

(...)”(12).

3. El crimen de agresión en el Estatuto de Roma

Conforme a la anterior resolución, en junio del 2010 en Kampala (Uganda) se llegó a un acuerdo para definir el delito de agresión. En el artículo 8.º, bis párrafo 1, se señalan los elementos del delito, mientras que en el párrafo 2 se mencionan “los actos de agresión” del crimen, de acuerdo a la definición del artículo 1.º y de los actos del artículo 3.º de la Resolución 3314.

Los párrafos 1 y 2 del artículo 8.º bis disponen:

“1. A los efectos del presente estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión...(13) (las siete conductas descritas en el artículo 3.º de la Resolución 3314 y reseñadas en la página anterior)”.

De la anterior definición se pueden señalar varios aspectos:

1. Sigue la misma línea de definición dada por la Resolución 3314 de 1974, en la medida en que el párrafo 2 señala de una manera taxativa qué conductas se consideran como “actos de agresión”; sin embargo, surge una clara diferenciación con la precitada resolución toda vez que en el artículo 4.º se expresa que tales actos son meramente enunciativos más no limitativos. Conforme a la definición del párrafo 2 del artículo 8.º bis, en armonía con el artículo 22 del Estatuto de Roma, no es posible hacer una interpretación extensiva de actos que puedan llegar a considerarse como actos de agresión, esta interpretación amplia queda restringida como es lógico al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero no a los magistrados de la Corte Penal, quienes deben acudir al principio de legalidad y “la definición del crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía”(14), cerrandola puerta a los demás actos que por sus característicaspuedan asimilarse al crimen de agresión. Se produce entonces una ruptura entre la interpretación política y la jurídica.

2. Conforme a esta misma línea, los artículos 7.º y 8.º del estatuto señalan en sus párrafos introductorios que dichas conductas correspondan a actos masivos, generalizados o a gran escala, con la clara finalidad de evitar que comportamientos aislados o que no sigan un patrón terminen siendo procesados por la Corte Penal. En ese sentido el párrafo 1 señala claramente cómo la evaluación de si se comete o no un crimen de agresión debe partir de sus “características, de la gravedad y de la escala”. Este análisis lo tendrá que hacer el fiscal al abrir una investigación o el Consejo de Seguridad al remitir una situación, esto es, tienen que analizar los elementos del ataque que puedan derivar en la comisión de un crimen de agresión, así que un simple bombardeo o una incursión militar de 24 horas no podrá considerarse como un delito.

3. El tercer aspecto y lo más obvio, es que con la presente definición se pasa de la responsabilidad estatal internacional a la responsabilidad penal individual de carácter internacional, con los mismos elementos esbozados en el Estatuto de Roma, es decir, que se acudirá al artículo 25 que consagra dicha responsabilidad. Así las cosas, se debe actuar con dolo penal, bien sea de primer o segundo grado, o eventual, en cualquiera de las modalidades de los dispositivos amplificadores del tipo penal, es decir, partiendo de la tentativa y la autoría y complicidad en todas sus formas. Sin embargo, surge un elemento adicional, que se deriva precisamente de la especificidad de la norma.

4. Lo anterior, significa que estamos en presencia de un delito que puede ser cometido por las altas jerarquías políticas, militares o de mando dentro de un Estado. Así como en la criminología económica se habla de delincuentes de cuello blanco para mencionar a las personas que están a la cabeza de las organizaciones empresariales, así mismo se debe hablar de delitos de jerarquía o de alto mando, en la medida en que no cualquiera puede dar la orden para iniciar, planear o ejecutar un acto de agresión, con las características, gravedad y escala para convertirse en un crimen de agresión. Tal como quedó visto en la parte introductoria de este artículo, los miembros del régimen nacionalsocialista acusados de delitos contra la paz, eran personas de alto rango militar o político. En ese orden de ideas, los jefes de Estado o de Gobierno, los ministros de Defensa, los comandantes de Fuerza y los subcomandantes de estas, entre otros, son los llamados a la planeación, preparación o ejecución de un acto de agresión en contra de otro Estado. Entonces cualquier persona no puede dar la orden de cometer cualquiera de los actos mencionados como actos de agresión, lo que nos lleva al último de los elementos.

5. La definición del artículo 8.º bis, párrafo 1, señala que la persona debe estar en la posición de “controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado”, es decir, la persona debe tener una posición de poder que es real y no eminentemente legal. Esto es, se vuelve al concepto de control de iure y el control de facto siguiendo el parámetro normativo del artículo 28 del Estatuto de Roma que hace alusión a la responsabilidad de los jefes y otros superiores, en la medida en que se tenga un rango de jerarquía dentro de la estructura política o militar se debe contar con la posibilidad de que dicho rango sea ejercido al interior de un Estado, de lo contrario no existiría responsabilidad penal, tal como sucedió en el caso de Franz Von Papen, quien fuera acusado en el juicio del Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, conforme al primer y segundo cargo “del plan común o conspiración para cometer crímenes contra la paz” y “en planificar, preparar, iniciar y hacer una guerra como crímenes contra la paz en contra de 12 países”, respectivamente, debido a que desde 1939 hasta 1944 se desempeñó como embajador de Alemania en Turquía, sin que pudiese estar en posición de un mando efectivo o de control real para ordenar la comisión de crímenes contra la paz.

Así las cosas, la persona debe estar en posición de mando o control cierto sobre las decisiones de un Estado, tanto en el ámbito militar como político, lo que no significa que el rango de la persona se mueva dentro de la esfera militar o política, es decir, que al interior de un Estado, pueden existir ministros, comandantes de fuerza con un control o mando efectivo y real sobre las políticas de agresión de un Estado, pero también hombres de negocios, empresarios o derivados del sector social que estén en la posibilidad de planear o preparar una guerra de agresión o al menos ayudar a que esta se dé. Dos casos prácticos pueden clarificar esta postura. En primer lugar, en el juicio del Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, fue acusado al igual que Von Papen como autor del primer y segundo cargo de crímenes contra la paz, el empresario Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Por su posición al interior del partido Nazi tenía el poder en la toma de decisiones que incluía precisamente la de realizar actos de agresión y la conspiración para la comisión del delito contra la paz. Finalmente, fue declarado inimputable por el tribunal debido a su estado físico y mental y no fue procesado.

El otro ejemplo, puede derivarse de las guerras de agresión que se viven en pleno siglo XXI, en donde los empresarios del sector petrolero incitan, colaboran o dan un apoyo real, a los Estados para que realicen actos de agresión en contra de otros Estados, precisamente por su riqueza en hidrocarburos, haciéndose acreedores posteriormente a contratos en los territorios invadidos. Así las cosas, los empresarios, si se logra comprobar, pueden ejercer un control efectivo dentro de la estructura organizada de poder en la respectiva toma de la decisión.

4. Ejercicio de la competencia

Lo alcanzado en Kampala de alguna forma se ve opacado por la existencia de los artículos 15 bis y 15 ter del Estatuto de Roma en la medida en que establece unos criterios estrictos para el ejercicio de la competencia frente al crimen de agresión, lo cual a su vez se relaciona con el artículo 13 del mismo estatuto.

En efecto, el artículo 13 del Tratado de Roma dispone las tres modalidades conforme la Corte Penal puede ejercer su competencia, esto es, por remisión de un Estado parte o del Consejo de Seguridad o de oficio por la propia Fiscalía.

El artículo 15 bis regula los criterios en los casos en los que se remita por un Estado parte o cuando decida iniciarse de oficio, mientras que el 15 ter lo hace en las remisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ahora bien, los artículos 15 bis y ter comparten la restricción temporal y de ratificación y aceptación exigidas para el ejercicio de la competencia, toda vez que disponen:

“(...).

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta Estados partes.

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de conformidad con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después del 1.º de enero del 2017 por la misma mayoría de Estados partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al estatuto”.

Lo anterior es claro en expresar que a nivel temporal, solamente a partir del 1.º de enero del 2017 la Corte podrá conocer de crímenes contra la paz, conforme lo señalan las nuevas normas del estatuto. Pero si lo anterior fuera poco, cuando se regula el ejercicio de la competencia en aquellos casos en que proceda por denuncia de un Estado parte o de oficio por la propia fiscalía, el umbral normativo crece aún más habida cuenta que se requiere de elementos adicionales que incluyen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y prácticamente, es partir de su autorización que la Fiscalía puede llevar a cabo una investigación tal como lo reseñan los párrafos 6 y 7 del artículo 15 bis.

“(...).

6. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para iniciar una investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes que sean pertinentes.

7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal podrá iniciar la investigación acerca de un crimen de agresión”.

Así las cosas, el alcanzar la definición significó para el derecho penal internacional y obviamente para la Corte Penal Internacional un gran avance; sin embargo, las normas reguladoras sobre el ejercicio de la competencia limitan enormemente las facultades jurisdiccionales y de investigación de la Fiscalía y hacen que prácticamente en este tema específico haya una mayor subordinación al Consejo de Seguridad, entendiendo por este como aquel que agrupa los Estados que de una u otra manera serían los principales objetivos de las disposiciones promulgadas.

5. Conclusión

El delito de agresión consagrado en el artículo 8.º bis del Estatuto de Roma se convierte en un gran avance para prevenir y castigar de manera individual a los responsables de los crímenes contra la paz; sin embargo, luego de analizada la presente definición, queda un tema pendiente que desmotiva el esfuerzo alcanzado en Kampala, toda vez que los factores de ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional consagrados en los artículos 15 bis y 15 ter señalan que solamente a partir del 1.º de enero del 2017 se podrá debatir el ejercicio de la competencia, siempre y cuando se adopte una decisión a este respecto por los Estados parte, además de los criterios antes mencionados establecidos por el Consejo de Seguridad.

(1) Sitio web oficial de la Carta de Naciones Unidas. http://www.un.org/es/documents/charter/index.shtml [consulta realizada en febrero de 2012].

(2) “1. Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. En Sánchez, Hernando y Sánchez, Raúl Eduardo. Código de derecho penal internacional. Editorial Universidad del Rosario/Dike, 2007, p. 603.

(3) En dicho artículo se recoge que “La Asamblea General podrá discutir todas la cuestiones que le presenten cualquier miembro o el Consejo de Seguridad y podrá hacer recomendaciones...”.

(4) Fuente Cobo, Ignacio. Operaciones de paz para el siglo XXI: un concepto en evolución. Página web de la Universidad de Granada, p. 5. Disponible en: http://www.ugr.es/~ceas/Misiones%20de%20paz/Operaciones%20de%20paz%20para%20el%20siglo%20XXI.pdf [consulta realizada en febrero de 2012].

(5) Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional. Grupo de Trabajo sobre el crimen de agresión. Examen histórico de la evolución en materia de agresión. Documento PCNICC/2002/WGCA/L.1. Disponible en: http://untreaty.un.org/cod/icc/documents/aggression/aggressiondocs.htm (con-sulta realizada en febrero de 2012].

(6) Ibíd.

(7) Ibíd.

(8) Ibíd. [9] Acusación de Nuremberg, pp. 25 a 31.

(9) Ibíd. “a) Rearmarse secretamente, inclusive mediante el entrenamiento de personal militar, la producción de municiones de guerra y la formación de una fuerza aérea;

b) Retirarse de la Conferencia Internacional de Desarme y la Sociedad de las Naciones;

c) Promulgar leyes que imponían el servicio militar universal con un total de 500.000 hombres;

d) Anunciar falsamente, con la intención de engañar y disipar los temores de intenciones agresivas, que respetarían las limitaciones territoriales del Tratado de Versalles y cumplirían los Pactos de Locarno;

e) Volver a ocupar y fortificar la Renania en violación de los acuerdos men-cionados y anunciar falsamente que no tenían exigencias territoriales que hacer en Europa. Acusación de Nuremberg” (pp. 31 y 32).

(10) Ibíd. “a) La planificación y ejecución de la invasión de Austria y Checoslovaquia (1936-1939);

b) La preparación e iniciación de la guerra de agresión contra Polonia (1939);

c) La expansión de la guerra hasta convertirla en una guerra general de agre-sión con la planificación y ejecución de ataques contra Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia (1939-1941);

d) La invasión de la Unión Soviética en violación del pacto de no agresión del 23 de agosto de 1939 (1941), y

e) La colaboración con Italia y el Japón y la guerra de agresión contra los Estados Unidos de América (1936-1941). Acusación de Nuremberg” (pp. 32 a 36).

(11) Ibíd. Acusación de Nuremberg, p. 37. Polonia (1939); el Reino Unido y Francia (1939); Dinamarca y Noruega (1940); Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (1940); Yugoslavia y Grecia (1941); la Unión Soviética (1941), y los Estados Unidos de América (1941).

(12) Sánchez, Hernando y Sánchez, Raúl Eduardo, ob. cit., p. 596.

(13) http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-SPA.pdf. Página web de la Coalición por la Corte Penal Internacional [consulta realizada en febrero de 2012].

(14) Sánchez, Hernando y Sánchez, Raúl Eduardo, ob. cit., Párrafo 2, artículo 22 del Estatuto de Roma, p. 97.