La desaparición forzada de personas es un delito permanente

Revista Nº 38 Ene.-Mar. 2012

Giovanni Rionero 

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela 

Fundador del portal digital www.academiapenal.com 

(Venezuela) 

Sumario

El presente artículo plantea una seriede disquisiciones dogmáticas de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, así como de la respectiva norma del Código Penal, al igual que de la parte doctrinal, para concluir que el delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente, y lo que en realidad persiste y se mantiene durante todo el desenvolvimiento de la acción material es precisamente la consumación del mismo ilícito, por tanto, no solo son sus efectos y circunstancias colaterales o modales que rodean la conducta típica los que perduran a futuro, sino que es precisamente su agotamiento el que no se satisface mientras el agente no disponga voluntariamente la cesación del ilícito. 

Temas relacionados

Desaparición forzada de personas; delitos permanentes; conducta antijurídica 

En fecha 11 de julio del 2006, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en sentencia suscrita por la magistrada Blanca Rosa Mármol de León(1), señaló lo siguiente:

“La Sala ha establecido en relación al delito continuado, lo siguiente:

‘... El delito continuado existe cuando el agente, con unidad de propósito y de derecho violado, ejecuta en momentos distintos acciones diversas, cada una de las cuales, aunque integre una figura delictiva, no constituye más que la ejecución parcial de un solo y único delito.

La doctrina penal enseña, que para su existencia es preciso: a) Pluralidad de acciones separadas entre sí por cierto espacio de tiempo; b) Unidad de precepto penal violado y c) Unidad de propósito criminal.

a) Pluralidad de acciones, lo que no debe confundirse con pluralidad de actos materiales. El ladrón que roba coetáneamente los diversos objetos que tiene al alcance de la mano (pluralidad de actos materiales), no comente un robo continuado.

b) Es precisa la unidad de precepto legal viciado, pues en el caso de infracción de diversas normas penales, resultarían diversos delitos, configurándose entonces un concurso de hechos punibles, v. gr., el que falsifica un documento (falsedad); y entra en domicilio ajeno contra la voluntad del morador (violación de domicilio).

c) Unidad de propósito delictivo. Las diversas violaciones del mismo precepto legal han de hallarse unificadas en una misma intención, encaminadas a la realización del mismo propósito delictivo.

Según la doctrina corriente, se admite la existencia del delito continuado, aún cuando haya diversidad de sujetos pasivos; pero en estas situaciones, el lazo de continuidad puede desaparecer cuando los bienes jurídicos lesionados son personalísimos; vida, integridad corporal, honestidad, etc. (v. gr., en el domicilio de dos personas), pues el mantenimiento de la ficción del delito continuado, en tales circunstancias, sería contraria al sentimiento de justicia.

Son ejemplos típicos del delito continuado, entre muchos, el hecho de robar algo de la caja del amo siempre que se presente la ocasión; el caso del cajero que sustrae en diversas oportunidades parte de los fondos que tiene bajo su custodia; el de la doméstica que a diario hurta una perla del collar pertenecientes al ama de la casa.

Es necesario analizar los elementos que integran el delito continuado, previsto en el transcrito artículo 99 del Código Penal y los hechos establecidos en la sentencia recurrida. Para que proceda la aplicación del artículo citado se requiere, como ya se ha expresado: 1) Que se hayan realizado varias violaciones de la misma disposición legal, aun cometidas en diferentes fechas; y 2) Que se hayan verificado con actos ejecutivos de la misma resolución. A objeto de saber si han existido varias infracciones de la misma disposición legal, es menester establecer la distinción entre pluralidad de actos y pluralidad de acción. El delito continuado exige pluralidad de acciones; pero la acción única puede estar constituida por pluralidad de actos. La persona que cada noche se apodera de una caja de seguridad de las que hay en el correspondiente local de una institución bancaria, cada vez que la hurta ejecuta una acción violatoria de la misma disposición legal; pero, si por el contrario, al entrar a dicho local se apodera en el mismo momento de varias de las cajas existentes, pertenecientes a diferentes personas, la pluralidad de actos realizados constituye una sola acción. El delito continuado demanda una actividad interrumpida, ligada por el nexo de un mismo designio delictuoso. La pluralidad de actos realizados en forma ininterrumpida constituye unidad de acción...’ (Sent. de oct. 19/1979, ponencia de la magistrada Helena Fierro Herrera).

Por ello, el delito de desaparición forzada de personas, es un delito de acción instantánea y de efectos permanentes, mientras no aparezca el sujeto pasivo del delito.

Ahora bien, el legislador en el artículo 181-A, hoy 180 del Código Penal, estableció el tipo delictivo de desaparición forzada de personas, de la siguiente forma:

‘... La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio.

El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima. 

Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada.

La acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía.

Si quienes habiendo participado en actos que constituyen desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes...’.

Al respecto, observa la Sala, que de la redacción del artículo transcrito, surge un error de técnica legislativa, el cual se evidencia en el primer aparte, cuando el legislador establece, como un supuesto de delito continuado, lo que en el ámbito jurídico se conoce como efecto permanente de delito, confundiendo así las figuras de delito continuado con los llamados efectos permanentes de un delito, en este caso, de un delito instantáneo.

El delito continuado comprende la ejecución de varios actos cometidos en distintas fechas o momentos, pero dichos actos tienen en común la misma resolución criminal, y por ello el artículo 99 del Código Penal, establece:

‘... Se consideran como un solo hecho punible, las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución, pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad...’.

El delito de desaparición forzada de personas, delito contra la libertad, es un delito instantáneo, pero de efectos permanentes, y los efectos no son acciones, por lo tanto, no son varios actos susceptibles de sanción, y por ello, aplicar dicho delito a actos cometidos bajo la vigencia de una ley que no los tipificaba como delitos, es violar el principio general del derecho penal de no retroactividad de la ley, salvo que sea más favorable al reo, imputado, acusado o condenado...” (destacado fuera de texto).

Conforme los extractos reproducidos, la Sala asume un conjunto de disquisiciones dogmáticas que vale la pena enumerar:

1. En primer lugar, para la Sala de Casación Penal “el delito de desaparición forzada de personas es un delito de acción instantáneo y de efectos permanentes, mientras no aparezca el sujeto pasivo”.

2. Sostuvo la Sala que el artículo 180-A del Código Penal, en su primer aparte, incurrió en un error de técnica legislativa, pues calificó el delito de desaparición forzada de personas como un supuesto de concurso continuado, confundiendo, en consecuencia (y a juicio de la Sala), “las figuras del delito continuado con los llamados efectos permanentes de un delito instantáneo”.

3. Finalmente, en la decisión examinada se argumenta que el “delito de desaparición forzada de personas (...) es un delito instantáneo, pero de efectos permanentes”, lo cual impediría aplicar el precepto penal aludido a acontecimientos o presupuestos fácticos verificados antes de la reforma parcial del Código Penal (de fecha 20 de octubre del 2000 y suscrita en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.494), pues consentir semejante escenario colegiría “violar el principio general del derecho penal de no retroactividad de la ley”.

Sobre tales presupuestos parte el desarrollo sustancial del presente ensayo, escindiendo las ulteriores consideraciones en virtud de varias premisas estructurales que merecen sintetizarse esquemáticamente:

A) En primer término, el artículo 180-A del Código Penal(2) refugia típicamente el delito de desaparición forzada de personas a la luz de las siguientes especificaciones:

“ART. 181-A.—La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe tamo cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio.

El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se, establezca el destino o ubicación de la víctima.

Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, millar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada.

La acción penal derivada de ese delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía.

Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes” (destacado fuera de texto).

En la formulación de los tipos penales, el legislador puede acudir a elementos descriptivos, normativos o subjetivos(3)(4). Los elementos descriptivos son consideraciones objetivas que “expresan una realidad naturalística aprehensible por los sentidos”(5), las cuales son susceptibles de ser aprehendidas por los operarios del sistema de administración de justicia sobre la base del uso corriente del lenguaje. Dichos elementos se muestran eximidos de juicios valorativos ulteriores y, en consecuencia, no existe carga normativa alguna que predetermine su significación típica. Pero, adicionalmente, en la configuración delictiva —entiéndase: tipo penal— pueden coexistir elementos normativos o valorativos, los cuales aducen a una realidad determinada por una norma jurídica o social(6). El contenido valorativo que subyace a estos elementos impone el examen —eventual— de un conjunto de normas jurídicas complementarias —y/o realidades sociales preexistentes— que coadyuvan a la correcta apreciación del contenido inmanente que los invade.

Bajo tales premisas, y ahondando en la conducta típica que merece satisfacerse en virtud del precepto penal invocado, el agente del delito no solo debe representarse la privación ilegítima de libertad del afectado, sino que, adicionalmente, debe manifestar una actitud de reticencia o desentendimiento ante la determinación del paradero del sujeto pasivo, lo cual, incluso, podría gravitar en orden al propio reconocimiento de la circunstancia de la detención de este último.

Consecuencialmente, no solo la privación —ilegítima— de libertad del afectado agota el momento consumativo del hecho punible en cuestión(7), sino que es menester que la autoridad pública —o sujeto al servicio del Estado— “se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida”,pues lo cierto es que el injusto descansa en razón de una especial consideración típica determinada por la desaparición de un individuo en concreto.

En adición a lo suscrito por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión signada en fecha 16 de septiembre del 2004(8), con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, en la cual se apuntó tangencialmente que la “privación ilegítima de libertad constituye el núcleo típico de un ilícito de superior entidad cual es la desaparición forzada de personas”,deben remarcarse, insoslayablemente, las circunstancias modales que típicamente confluyen con la propia conducta material descrita en el artículo 180-A del Código Penal vigente, la cual no se agota —tal y como se apuntó— con la simple privación de libertad del afectado, sino que depende de la desvinculación y desentendimiento que el agente exteriorice con respecto a la situación y paradero del desaparecido.

B) La precisión del verbo típico que delimita preceptivamente el delito de desaparición forzada de personas,conduce, impretermitiblemente, a la determinación de la naturaleza sistemática del precepto penal refugiado en el artículo 180-A del Código Penal, ejercicio que, en palabras del propio Santiago Mir Puig, parte de las modalidades que adoptan los elementos estructurales que lo componen(9).

Tal y como se reprodujo en el acápite inicial del presente inciso, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, calificó el delito de desaparición forzada de personascomo un delito instantáneo de efectos permanentes que, incluso, se apartaba —por error de técnica legislativa, a juicio de la Sala— de la propia referencia preceptiva contenida en el artículo 180-A del Código Penal, por cuanto se acreditaba normativamente que el “delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima”.

Ante semejante escenario, quien suscribe parte de una premisa preliminar sobre la cual descansarán las subsiguientes consideraciones: el delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente y no instantáneo que debe igualmente diferenciarse de los denominados delitos continuados.

Como el esquema que domina el presente estudio parte de una visión deductiva con respecto al tratamiento de la hipótesis en controversia, vale la pena sintetizar en primer orden las digresiones aportadas por la doctrina respecto a la noción conceptual y a la naturaleza y alcance de los delitos permanentes.

En la doctrina venezolana, Sosa Chacín, citando al autor argentino Sebastián Soler, asienta previamente lo siguiente:

“Puede hablarse de delito permanente, solo cuando la acción delictiva misma permite, por sus características, que se la pueda prolongar voluntariamente en el tiempo, de modo que sea idénticamente violatoria del derecho en cada uno de sus momentos. Por ello se dice que existe delito permanente cuando ‘todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumación...’.

Así sucede en las incriminaciones contenidas en los artículos 130 (retuviere), 140 (mantuviere), 141 (privare de la libertad), 146 (retuviere u ocultare) (...) En todos estos casos, los verbos nos van indicando que es el delito mismo y no una eventualidad de él lo que consiste en retener, mantener, no presentarse, navegar, etc. Todas ellas son acciones que, a la vez que constituyen el delito, pueden concebirse como prolongadas en el tiempo, de modo que cualquier fragmento de la actividad del sujeto, posterior al momento inicial, constituye también delito bajo el mismo nomen juris: retener, mantener, navegar, no presentarse”(10)(11) (negrillas nuestras y cursivas del original).

Giuseppe Maggiore, por su parte, complementa argumentando:

“Se llama permanente (Dauerverbrechen) el delito cuyo proceso ejecutivo, y por lo tanto su estado antijurídico, perdura en el tiempo. No es que se prolongue, como erróneamente se dice, más allá de la consumación, sino que continúa consumándose indefinidamente mientras dure el estado de ilicitud.En poder del agente está el hacer continuar o cesar esa situación antijurídica; pero, mientras esta perdure, el delito se reproduce a cada instante en su esquema constitutivo...”(12) (destacado fuera de texto).

Y en similar sentido opina Mir Puig, para quien el delito permanente “supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor (por ejemplo, detenciones ilegales...); dicho mantenimiento sigue realizando el tipo por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica”(13). Adicionalmente, para Manzini, el delito permanente colige una actividad o una inactividad indivisible que prorroga en el tiempo el hecho originario, el cual reproduce en cada momento los elementos necesarios para su existencia y represión(14); y, finalmente, en palabras de Velásquez Velásquez, en el delito permanente “la acción realizadora del precepto penal no se cumple instantáneamente, sino que es mantenida por el agente durante largo tiempo”(15).

El delito de desaparición forzada de personas, si bien parte de una especial situación normativa determinada por la desaparición material de una persona, presupone estructuralmente la privación ilegítima de libertad, por lo cual, la acción constitutiva del injusto no reposa en simples coyunturas modales con respecto al desconocimiento del paradero del sujeto pasivo, sino que el verbo rector presupone una situación que se prolonga tempo-espacialmente por arbitrio del agente, y no por una simple eventualidad típica sino por el mantenimiento de un mismo estado de ilicitud determinada por la detención del afectado.

La privación ilegítima de libertad —como núcleo del tipo examinado— colige, de suyo, la perduración de una situación antijurídica, que al prolongarse supone la consumación constante de un mismo ilícito penal. No se trata, como afirma la Sala de Casación Penal —refiriéndose al delito de desaparición forzada de personas— de un delito instantáneo de efectos permanentes, pues en estos casos, a decir de Manzini, el delito está completamente agotado, como sucede, por ejemplo, en el homicidio, en el delito de lesiones o en el hurto, los cuales deducen una acción material agotada instantáneamente cuyos efectos perduran de modo permanente(16).

En los delitos permanentes no se mantiene un mero efecto del delito sino el estado mismo de su consumación —ininterrumpida—, pues “la continuidad de la acción y del efecto antijurídico se exige por la ley como un elemento esencial en la estructuración del tipo”, como ocurre, por el ejemplo, en el delito de privación ilegítima de libertad “el cual se consuma en el instante mismo en que se secuestra a la víctima y se sigue consumando en la medida en que se prolonga la situación antijurídica”(17).

No solo los anteriores asertos imponen reconocer —estructural y dogmáticamente— al delito de desaparición forzada de personas como un genuino delito permanente, sino que, en palabras de Ricardo Núñez, dicha calificación está en función de “su definición legal y no [de] la forma concreta de realizarse”, lo cual reconduce, necesariamente, al mismo “verbo definidor del delito”(18).

Así pues, y redundando en los planteamientos antes defendidos, la privación de libertad condensa el escenario material y fáctico que caracteriza el delito de desaparición forzada de personas. En términos del Diccionario de la Real Academia Española(19), la acción de privar suele concebirse como el impedimento de un derecho en cuanto corresponde a su libre ejercicio o materialización, y a juicio de Gómez López privar de libertad a una persona equivale a sustraerla del ejercicio de su libertad locomotiva(20).Semánticamente, en consecuencia, la privación ilegítima de libertad sugiere una condición permanente del ilícito, predeterminada por la restricción de la libertad ambulatoria del afectado, que perdura en el tiempo, consumando ininterrumpidamente el tipo de injusto en sujeción a la voluntad del infractor(21).

C) Una vez reconocida la desaparición forzada de personascomo un delito permanente, resta por dilucidar los problemas básicos que encierra la determinación del “tiempo de comisión de los delitos” en semejante categoría de injustos penales. Básicamente, el principio general que prima en materia de validez temporal de la ley penal, se sintetiza en la máxima tempus regit actum, la cual sugiere que cuando el suceso delictivo se realiza durante la vigencia de una norma, se aplicará la imperante al instante de la comisión del comportamiento punible. Sin embargo, Velásquez Velásquez advierte que “la situación es distinta cuando se piensa en ciertas figuras delictivas cuya realización”,por ejemplo “no se cumple instantáneamente, sino que es mantenida por el agente durante largo tiempo”, como ocurre en la estructura de los delitos permanentes(22).

Semejante problemática adquiere relevancia si se remarcan los asertos sostenidos por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuando asumió escuetamente que el delito de desaparición forzada de personasera un delito instantáneo, pero de efectos permanentes,tipificado a la luz de la reforma parcial del Código Penal de fecha 20 de octubre del 2000, que en modo alguno podía regular sucesos verificados antes de su entrada en vigencia pues el momento consumativo del delito se agotaba inmediatamente, y consentir su punición mediante una norma promulgada con posterioridad solo deduciría la violación del principio de irretroactividad de la ley penal.

Lo anterior nunca será censurable si se admite la naturaleza endosada por la Sala de Casación Penal al tipo penal en examen, pues como bien lo ha referido la doctrina, “cuando se trata simplemente de la permanencia de los efectos de un delito instantáneo, el hecho no es punible, porque la ley anterior no castigaba la acción o la omisión que ahora constituye delito”(23). Sin embargo, la Sala desatina —como ya se vio— en sus razonamientos dogmáticos. El delito de desaparición forzada de personases un delito permanente, y lo que en realidad persiste y se mantiene durante todo el desenvolvimiento de la acción material es precisamente la consumación del mismo ilícito, por tanto, no solo son sus efectos y circunstancias colaterales o modales que rodean la conducta típica los que perduran a futuro, sino que es precisamente su agotamiento el que no se satisface mientras el agente no disponga voluntariamente la cesación del ilícito.

Sobre dicho escenario —entiéndase: el de los delitos permanentes—, la disyuntiva se presenta en supuestos en los cuales la conducta material se inicia cuando no existe dispositivo penal alguno que proscriba el tipo de injusto y, posteriormente, por un fenómeno de sucesión de normas, se promulga una ley que incrimina la conducta reprochada, todavía bajo la consumación y no agotamiento del hecho punible en referencia. La doctrina no ha vacilado en admitir la punición de los delitos permanentes en razón de la nueva ley incriminadora, si la conducta antijurídica persiste para la fecha de su promulgación(24). Así pues, Velásquez Velásquez sostiene que el tiempo de comisión en supuestos de delitos permanentes comprende todo el lapso transcurrido desde el instante de la manifestación de la conducta hasta que cesa de ejecutarse(25). Para Sosa Chacín, por su parte, “si un delito permanente se inicia bajo la vigencia de una ley que no lo declaraba como tal delito y la permanencia se prolonga durante la vigencia de una nueva ley incriminadora, debe ser penado de acuerdo a la nueva ley, por la simple razón de que... se ha cometido bajo su vigencia”(26).Y Arteaga Sánchez, con relación a los delitos permanentes, sostiene que “si la nueva ley entra en vigencia, mientras perdura la permanencia o la continuación, se aplicará en todo caso esta ley, sea o no más favorable”(27).

Consecuencialmente, admitida la desaparición forzada de personas como una arquetípica modalidad de los delitos permanentes, la admisión de su punición parece insoslayable independientemente de que las vicisitudes fácticas que legitimen su persecución —a propósito de los presupuestos típicos que encierra el delito en referencia— se hayan verificado con anterioridad a su expresa consagración legal en el ordenamiento jurídico-penal venezolano.

La inteligencia de lo anterior es incuestionable si se reconoce que el delito permanente se sigue consumado en la medida que persiste la conducta antijurídica; en el delito de desaparición forzada de personas la privación de libertad es una consideración fáctica que no se agota instantáneamente, sino que subsiste y se reproduce mientras perdura la afectación del desaparecido. La ley aplicable resultará la vigente, independientemente de que el inicio del ilícito se materialice con anterioridad a su promulgación.

(1) Sentencia 318, Expediente A06-0067.

(2) Tipo penal incorporado en la reforma parcial del Código Penal, publicada en fecha 20 de octubre del 2000, en Gaceta Oficial Extraordinaria 5.494, en virtud de la disposición transitoria tercera de la Constitución de 1999.

(3) Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Séptima Edición. España, p. 235.

(4) Arteaga Sánchez complementa acertadamente: “... si bien el hecho típico normalmente se configura sobre la base de elementos fundamentalmente descriptivos y objetivos (el caso del homicidio, por ejemplo), muchas veces su misma existencia está condicionada por elementos normativos, esto es, por los elementos que requieren una valoración jurídica o ético-cultural (como los conceptos de cosa mueble, documento, ajenidad de la cosa, honor, pudor, honestidad, buenas costumbres), o por elementos psíquicos o subjetivos (fin de lucro, fin de libertinaje y en general, fines específicos que se indican en la ley con las expresiones con el objeto de, con el propósito de... etc.) (...) son elementos inherentes al hecho típico y, sin ellos, el hecho mismo objetivo carece de importancia a los efectos penales” Arteaga Sánchez, Alberto. Derecho Penal Venezolano. Editorial McGraw Hill, Caracas: 2001, Novena Edición, p. 159.

(5) Mir Puig, Santiago, ob. cit., p. 235.

(6) Mir Puig además aduce pertinentemente: “Según esta definición, cabe distinguir entre elementos normativos jurídicos y elementos normativos sociales. Ambos pueden a su vez, subdividirse en elementos referidos a una valoración (o valorativos) y elementos referidos a un sentido”, ob. cit.

(7) Pues si solo se patentizara la privación de libertad del afectado, en manos de un funcionario público, el tipo penal materializado descansaría en virtud de los presupuestos típicos del artículo 176 del Código Penal vigente.

(8) Sentencia 2182, Expediente 03-1211.

(9) Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Editorial B de F. Argentina, 2004, p. 225.

(10) Sosa Chacín, Jorge. Derecho Penal. Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas: 1978, Tomo Primero, p. 361.

(11) Los tipos penales invocados en la cita corresponden a la nomenclatura utilizada en el Código Penal argentino, sin embargo, como se infiere de su simple revisión, las conductas típicas reprochadas coinciden plenamente con las mismas acciones materiales refugiadas en el Código Penal venezolano.

(12) Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal. Editorial Temis. Bogotá: 1954, volumen I, p. 295.

(13) Mir Puig, Santiago. “Derecho Penal. Parte General...”, p. 202.

(14) Manzini, Vincenzo. Tratado de Derecho Penal. Ediar Editores, Buenos Aires, t. 2, p. 110.

(15) Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis, Bogotá: 2002, p. 142.

(16) En los delitos permanentes, en cambio: “se comprende bien que la consumación del mismo se verifique, pero no se agote, en el momento en que se concretan los elementos constitutivos del delito y se verifican las condiciones de Punibilidad del hecho, de manera que la misma se prorroga hasta la cesación de la actividad (positiva o negativa) del delincuente (...) ya que en la permanencia de tal estado el delito o la contravención se mantiene siempre en vía de consumación” Manzini, Vincenzo, ob. cit., pp. 100 y 107.

(17) Sosa Chacín, Jorge, ob. cit., p. 363.

(18) Núñez, Ricardo. Derecho Penal Argentino. Parte General. Bibliográfica. Argentina: 1959, pp. 252 y 255.

(19) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, Decimonovena Edición, 1970.

(20) Gómez López, Jesús Orlando. La Desaparición forzada de Personas. Ediciones Doctrina y Ley, Colombia, 1998, p. 281.

(21) Así lo dejó claro la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando advirtió: “la permanencia del delito cesa cuando el sujeto activo deja de realizar actos que estén inequívocamente dirigidos a la consecución del propósito criminal”. Decisión 2742, de fecha 6 de noviembre del 2002, signada por el magistrado Pedro Rondón Haaz.

(22) Velásquez Velásquez, Fernando, ob. cit., p. 142.

(23) Manzini, Vincenzo, ob. cit., p. 424.

(24) Maggiore, Giuseppe, ob. cit., p. 203.

(25) Velásquez Velásquez, Fernando, ob. cit., p. 143.

(26) Sosa Chacín, Jorge, ob. cit., p. 358.

(27) Arteaga Sánchez, Alberto. Derecho Penal Venezolano. McGraw Hill, Caracas: 2001, Novena edición, pp. 68 y 69.