La DIAN conceptuará sobre casos concretos

Revista Nº 176 Mar.-Abr. 2013

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

Las innumerables inquietudes que ha generado la aplicación de las disposiciones que hacen parte de la reciente reforma tributaria contenida en la Ley 1607 del 2012 —en especial lo relacionado con el impuesto sobre la renta y complementarios y el mecanismo de retención en la fuente— no solo por su alcance sino por la poca claridad con la que quedaron plasmadas, han hecho que pasen desapercibidos otros aspectos que también fueron materia de regulación y cuya trascendencia resulta de la mayor importancia en la relación entre los administrados y la autoridad tributaria.

Entre ellos se encuentra el artículo 193 ibídem, que bajo el título genérico de “contribuyentes”, además de definir sin necesidad lo que ya estaba expresado plasmado en los mismos términos por el artículo 2º del estatuto tributario y de exigir por parte de las autoridades tributarias la plena protección de los derechos contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (L. 1437/2011), se encarga de consagrar de manera taxativa los derechos adicionales que toda persona tiene en sus relaciones con esas autoridades.

No se explica cómo una norma que establece la noción de contribuyente y adicionalmente determina sus derechos, termina siendo solo una disposición aislada en la ley y no forma parte integral del estatuto tributario que se encarga de regular los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, autoridad a la que, parece, está dirigida esta disposición.

Lo cierto es que por mandato legal —y en especial frente a la autoridad tributaria— se tendrá, entre otros, derecho a un trato cordial, considerado, justo y respetuoso, derecho a tener acceso a los expedientes y a que las peticiones sean resueltas en derecho, observando el debido proceso, con la garantía del ejercicio del derecho de defensa y de acudir al control jurisdiccional, derecho a ser fiscalizado conforme a la ley, derecho al carácter reservado de la información, derecho a representarse a sí mismo o a través de apoderado, derecho a recibir orientación efectiva e información actualizada sobre la normatividad, doctrina e instrucciones de la autoridad, derecho a la eliminación de sanciones e intereses que la ley autorice bajo la modalidad de terminación o conciliación, derecho a no pagar anticipadamente los impuestos en discusión, derecho a que las actuaciones se lleven a cabo de la forma menos onerosa y a no aportar documentos que se encuentren en poder la autoridad, y derecho a conocer la identidad de los funcionarios que atienden al público.

Sin embargo, es necesario destacar un cambio fundamental en lo relacionado con la posibilidad que tienen los administrados de acceder a la autoridad doctrinaria con el fin de elevar consultas en ejercicio del derecho de petición, que hasta la entrada en vigencia de la ley se encontraba circunscrito a las previsiones de los artículos 19 y 20 del Decreto 4048 del 2008 y la Orden Administrativa 6 del 2009 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, según las cuales, esa entidad era competente para absolver solo “en sentido general” las consultas que le formularán sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario, en lo de su competencia.

Ahora, los contribuyentes y usuarios aduaneros y cambiarios tendrán derecho —además de obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas que formulen—, a que se les “... brinde ayuda con los problemas tributarios no resueltos”, y de manera especial, toda persona podrá “... consultar a la administración tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales” (L. 1607/2012, art. 193, nums. 9 y 15).

De esta manera, el mencionado sentido general que siempre fue alegado por la autoridad doctrinaria al absolver las inquietudes y que muchas veces sirvió de excusa para no hacer un pronunciamiento claro y expreso sobre la situación planteada, ya no será óbice para atender las solicitudes de consulta sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias sobre casos concretos, como lo ordena la norma citada.

El Gobierno Nacional tiene la difícil tarea de facilitar la aplicación de la ley en este aspecto, entre otras cosas, con el fin de evitar que con el ejercicio de estos nuevos derechos se puedan ver entorpecidas las amplias facultades de fiscalización, determinación y discusión con que cuenta la autoridad tributaria. Se confía, eso sí, en que no sea mediante el reglamento que se termine frustrando la voluntad expresa del legislador de establecer la correlativa obligación en cabeza de la autoridad para efectos de brindarle a los clientes no solo ayuda con los problemas tributarios no resueltos, sino de absolver las consultas puntuales sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales.