>>La Empresa de Alta Tecnología. Una visión desde el Derecho en Cuba<<

Revista Nº 57 Oct. - Dic. 2017

por Alcides Francisco Antúnez Sánchez

Exordio

A lo largo de más de cincuenta años, Cuba se ha enfrentado a la complejidad de construir un modelo económico socialista, que sea funcional a las aspiraciones políticas y sociales del proyecto de la Revolución Cubana, desde su condición de economía pequeña y subdesarrollada y en un entorno internacional adverso, especialmente en las últimas décadas con la entrada del nuevo milenio.

La nueva agenda económica para el desarrollo y la sostenibilidad de los logros sociales alcanzados en Cuba, potenciada por la administración pública, la que ha identificado el crecimiento económico como una condición necesaria, por lo que se ha ido direccionando el debate hacia los problemas internos de funcionamiento del modelo económico y social.

La investigación analiza las condiciones de partida de la economía basada en el conocimiento (EBC), así como las medidas implementadas que dieron origen en la nación para la empresa de alta tecnología (EAT), con ello, desde la arista de las ciencias jurídicas se sugieren algunas recomendaciones esenciales desde una perspectiva macroeconómica e institucional, enfatizando en la importancia de la secuencia y consistencia del programa.

Las claves para el crecimiento económico en la nación cubana deberán estar en las ganancias de eficiencia, la recuperación de una trayectoria de inversión de calidad, la capacidad innovadora portadora del capital humano y una adecuada inserción externa con capital. El modelo económico y social cubano hasta este mileno se ha caracterizado por un escaso protagonismo de los mercados, tanto de bienes laborales como financieros. Las empresas públicas operan bajo un modelo empresarial centralizado, donde predominan estructuras monopólicas u oligopólicas, con excepción de algunos sectores más sometidos a la competencia, como puede ser el turismo, y coexisten diferentes mecanismos de formación de precios.

Hoy en día, la información y el conocimiento como activos intangibles son indispensables para el desarrollo de cualquier organización porque, al ser aprovechados adecuadamente, permiten una mejora continua en sus procesos, y así obtienen resultados exitosos en sus negocios y, por ende, mayores ventajas competitivas. En la actualidad, la innovación es muy utilizada en el mundo empresarial y es que no se concibe una empresa líder en el mercado, o con un gran desarrollo, que no base su éxito en el cambio constante, en la evolución, renovación y en la introducción de novedosos procedimientos que satisfagan cada vez más las crecientes necesidades de los clientes.

El artículo de investigación realiza un análisis tendencial de la conformación y origen de la EAT en la nación cubana en su íter histórico jurídico, la ausencia de un asidero jurídico adecuado, al tenor de la relevancia que esta tiene para el cambio que se infiere a ejecutarse en el nuevo modelo económico y social a través de los lineamientos actualizados en el 7º Congreso por la Administración Pública en las empresas del sector estatal, que tributen a lograr ingresos que incidan en el PIB, en el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos como sus destinatarios finales al aplicar la EBC.

1. La economía basada en el conocimiento (EBC)

En el mundo es importante cómo el crecimiento económico moderno ha dependido del aumento de la productividad de la empresa, relación que puede ser observada a lo largo de los últimos 100-150 años dada la dependencia de cada país. Con la lectura de textos científicos se corrobora cómo la mano de obra dispensable en la agricultura encontró empleo en industrias en las zonas urbanas, donde el aumento de la productividad era igual o superior al de la actividad de la agricultura con la devastación del hombre a la naturaleza en su sed por el desarrollo industrial acelerado.

Es así que, en los últimos decenios del siglo pasado (XX), el sector de los servicios públicos aprecia como ha absorbido una cuota creciente de la fuerza laboral urbana, pero con resultados desiguales en el aumento de la productividad. Se constata entonces que, como en los países más avanzados en este proceso histórico, el alcance y la profundidad de la transformación ha sido considerable, permitiéndoles un desarrollo vertiginoso. Se aprecia también, cómo el paisaje ha sido transformado en los denominados entornos construidos, y gran parte del conocimiento sobre cómo ganarse la vida o cómo vivir en estos nuevos entornos laborales y físicos ha tenido que ser inventado, denominado desde el Derecho ambiental como medio ambiente construido y desde la ingeniería industrial como la responsabilidad social empresarial (RSE).

Una característica básica de estos profundos cambios antes señalados, se valora en la inversión en conocimientos para aumentar la capacidad productiva de los bienes de capital del trabajo y de los insumos de los recursos naturales. Por lo tanto, decir que las economías industrializadas se basan en el conocimiento, no es más que el reconocimiento de que el contenido y la estructura de las actividades económicas, así como gran parte de los fundamentos sociales de los países industrializados, se pueden distinguir de sus predecesores por el ritmo y el alcance de la producción y la aplicación de los conocimientos en pos de lograr el desarrollo sostenible, que no ha tenido aún un adecuado respeto a la protección del ambiente como bien público.

Se valora así, cómo las sociedades que se basan en el desarrollo del conocimiento, es debido a la dependencia de un conjunto de artefactos físicos e instituciones culturales cuya producción y articulación requieren de tener conocimientos. El rasgo distintivo de las sociedades modernas basadas en el conocimiento se distinguen por el alcance y el ritmo del crecimiento económico, así como la alteración en la acumulación y transmisión de los conocimientos, gran parte de los cuales son nuevos o se desenvuelven en contextos distantes del que los vio nacer.

Al analizar lo señalado por Kuznets, quien refería que el carácter central de la base de conocimientos en las economías avanzadas, aquellas economías que han experimentado la mayor discontinuidad en la creación y distribución de conocimientos, tiene múltiples implicaciones para el desarrollo económico, tecnológico y social. Por ejemplo, la tasa agregada de crecimiento de las principales economías depende cada vez más de la creación de nuevas industrias, cuyas tasas de crecimiento superan a las de los sectores establecidos y, por lo tanto, aumentan la tasa media de crecimiento del conjunto de la economía(1).

A lo largo de los últimos cincuenta años del pasado siglo, las industrias que han desempeñado este papel han sido la farmacéutica moderna y la de los instrumentos médicos, la aeronáutica, las tecnologías de la información y la comunicación y un conjunto de nuevos materiales (los plásticos). Para ello, se valora cómo se ha demostrado que las interacciones entre estas nuevas industrias y su interacción con las industrias más antiguas como las del automóvil, la de las máquinas y herramientas, la de equipos eléctricos e industria petroquímica, han tenido un carácter sinérgico.

Romer, señaló que el carácter central de la ciencia y la tecnología en estas industrias nuevas significa que el cambio tecnológico no solo ha tenido un impacto generalizado en el aumento de la productividad del trabajo y el capital. También acelera el crecimiento económico directamente y a través de efectos sinérgicos como ya se ha significado. Los economistas han especulado con la idea de que los efectos macroeconómicos de estos desarrollos sean lo bastante significativos como para justificar el análisis de las características de los rendimientos crecientes como un fenómeno macroeconómico(2).

Se justiprecia entonces, que la expresión —economía basada en los conocimientos— capta una diferencia cualitativa en la organización y conducta de la vida económica moderna. Los autores constatados que utilizan la expresión, sostienen que los determinantes del éxito de las empresas y del conjunto de la economía de un país determinado, dependen cada vez más de su efectividad para generar y utilizar conocimientos, términos con los que se coincide, donde desde la ciencia de la administración será necesario utilizar las técnicas del marketing y aplicar los principios como es el caso de eficiencia, eficacia, y legalidad.

Empero, a pesar de que el conocimiento científico y tecnológico tiene una importancia clave, el conocimiento acerca de cómo organizar y gestionar las actividades económicas, especialmente aquellas que comprenden la aplicación de nuevas perspectivas científicas y tecnológicas, también es un determinante crucial del rendimiento económico. Este progreso organizacional y de gestión está cobrando importancia a medida que aumenta el contenido científico y tecnológico de la actividad económica, que hoy viene señalando la implementación de la RSE con la construcción de la empresa responsable para este fin, al ponderar la arista económica, social y la ambiental.

Actualmente, resulta un lugar común hablar del análisis y la creación de —capacidades de aprendizaje— de una empresa como una actividad económica fundamental, o de la heterogeneidad de las capacidades cognitivas de las organizaciones, las que a criterio de este autor pudieran ponderarse con la aplicación del modelo de la triple hélice desde las ciencias de la administración para consumar este fin, que permita cumplir de manera adecuada el deber - derecho desde la constitución de cada nación.

García Fernández y Cordero Borjas, refieren que el inicio del siglo y del Milenio ha sido coincidente con un cambio económico de una envergadura extraordinaria. Casualmente, los últimos tres cambios de siglos han estado asociados a profundas transformaciones económico-organizativas que de una forma u otra han tenido efectos globales. El actual cambio, bajo condiciones de interdependencia sin precedentes en la vida económica del mundo, nos coloca ante un cambio sincrónico, compartido, pero con diferentes apreciaciones y sobre todo, consecuencias(3).

Ponderan estos autores, que dicho cambio ya venía gestándose desde finales de la década de 1970, pero con más énfasis en los 80 y 90 del siglo pasado, cuando el ritmo de transformaciones se aceleró, guiado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular por las TIC, reconocidas desde los textos científicos como la tercera revolución industrial(4).

Por lo que, el impacto de estas tecnologías sobre las economías más desarrolladas y en particular sobre la norteamericana como referente por su desarrollo industrial, ha sido llamado por algunos economistas como la nueva economía, en cambio otros autores europeos asocian el cambio económico al tránsito hacia la denominada EBC.

Arcos Sánchez señaló que no son términos idénticos (nueva economía, sociedad de la información y sociedad del conocimiento) y que sugieren etapas sucesivas de desarrollo(5). Por otro lado, Lundvall consideró que la EBC es ante todo una economía de aprendizaje y asegura: (…) “En esta nueva era lo que resulta clave es la capacidad para aprender de las personas, de las organizaciones, de las redes y de las regiones. Aprender a enfrentarse y a usar el potencial completo de las nuevas tecnologías” (…)(6).

Continúa refiriendo que el término EBC recoge una diferencia básica de la organización y conducta de la vida moderna. Precisamente, el éxito de las empresas y del conjunto de la economía de un país, dependen cada vez más de su efectividad para generar y utilizar conocimientos. Martin Fernández, consideró que no es secreto que el desarrollo y crecimiento de una EBC se haya convertido, en la actualidad, en un objetivo clave de la política económica que desarrollan los países más avanzados. Comportamiento que se fundamenta en varios fenómenos que han provocado un cambio significativo en los patrones del comercio y la inversión a escala mundial, como son el cambio tecnológico, el vertiginoso crecimiento a nivel global de las comunicaciones y la fácil movilidad que experimenta el capital extranjero de una frontera a otra(7).

La EBC en realidad se aprecia cómo no es generadora de valor y riqueza por medio de su transformación en información; sino que crea —valor añadido— en los productos y servicios en cuyo proceso de creación o transformación participa. El conocimiento es mucho más que mera información; la información son datos procesados con una utilidad general, mientras que el conocimiento significa formas, métodos y maneras de abordar y resolver problemas; significa entre otras muchas cosas el know who o herramientas o medios de producción para producir a su vez, o más conocimiento o productos y servicios con un valor añadido, útil y cuantificable para la sociedad.

Este autor considera que este proceso quedaría consumado de manera adecuada si se tiene en cuenta la certificación de los productos y servicios que se ejecutan a través del control administrativo —gestión pública o privada—, donde se realizan a través de la potestad inspectiva y la auditoría, al entregar la etiqueta-certificación ambiental a la EAT.

Se señala, que la EBC está estructurada bajo una base material que ha permitido grandes cambios sobre las actividades económicas, sociales y políticas. La nueva base material aplicada a la producción está constituida por la computadora electrónico-digital que ha reconfigurado las relaciones sociales de producción, distribución e intercambio en el mundo e incluso acciones de capacitación del capital humano a través del e-learning(8). Dando valor también a lo reseñado por parte del Banco Mundial(9), que ha identificado cinco características fundamentales de una EBC, estas son:

Competitividad y atractividad de la economía, se refiere a la capacidad de la economía de atraer inversión extranjera que al mismo tiempo genere un efecto multiplicador en la economía local, no solo al crear nuevas fuentes de empleo, sino también al capacitar al personal en nuevas técnicas y nuevas habilidades que permitan incrementar la competitividad de los sectores productivos del país receptor de la inversión extranjera. El marco institucional, implica tener instituciones eficientes y que hagan valer las leyes, al mismo tiempo que protejan la propiedad privada y que fomenten el desarrollo económico y social. La infraestructura, particularmente en sistemas de información, considera la importancia de la infraestructura tradicional, es importante que los países y sus regiones tengan sistemas de comunicación eficientes que permitan la transferencia del conocimiento, no solo de las fuentes generadoras del mismo, como las universidades y los centros investigación, sino también mediante los mismos sectores productivos.

Capital humano, hay una gran diversidad de maneras de medir el capital humano de un país o región. Hay quienes lo miden con un simple promedio del nivel educativo de la población, y otros que usan el porcentaje de la población adulta con educación superior. Lo importante es considerar la capacidad generadora de conocimiento del país o región; en la medida en que se tenga un mayor porcentaje de población con altos niveles educativos, se tendrá una mayor capacidad de transferir conocimientos y de innovar. Capacidad emprendedora y de innovación, capacidad de generación de riqueza en una economía a cargo de la empresa, del sector productivo, pero para que esto suceda es necesaria la “destrucción creativa”, propuesta por Schumpeter hace algunas décadas. Sin embargo, para que suceda dicha destrucción creativa y que se traduzca en fuente de riqueza es necesaria la participación de personas.

Del análisis de los criterios vertidos por Casalet, quien señala que la llamada sociedad basada en el conocimiento intenta resumir las nuevas tendencias de la producción, intercambio, cultura y en realidad de toda la vida cotidiana afectada por la difusión de diferentes paradigmas como las tecnologías de información, los cambios en la biotecnología y las nuevas inversiones en investigaciones sobre nanotecnología inciden en la redefinición de los mercados y en las relaciones públicas-privadas bajo la égida de la administración pública(10).

Continúa citando esta autora, que para las economías de las sociedades que no están en la frontera tecnológica se abre una oportunidad, como en el pasado con la industrialización para incorporarse a estas nuevas exigencias. Pero aprovechar plenamente esta oportunidad, significa identificar espacios para nuevos sectores, consolidar aprendizajes, favorecer el desarrollo de actividades relacionales, fomentar comportamientos innovadores empresariales y de investigación que contribuirán a redefinir la inserción internacional de cada economía.

Lo antes valorado nos lleva a analizar el documento aprobado en la Unión Europea en Lisboa 2000, donde se acordará un nuevo objetivo estratégico de la Unión con el fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una economía basada en el conocimiento. Su objetivo estratégico fue convertir la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de forma sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social(11).

En este documento fueron ponderados aspectos como preparar el paso a una economía y una sociedad basadas en el conocimiento mediante la mejora de las políticas relativas a la sociedad de la información y de la investigación más desarrollo (I+D), que permita el paso a una economía digital, basada en el conocimiento, fruto de nuevos bienes y servicios será un poderoso motor para el crecimiento, la competitividad y el empleo. Además, será capaz de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente. Las empresas y los ciudadanos deben tener acceso a una infraestructura de comunicaciones mundial barata y a un amplio abanico de servicios, por ello todo ciudadano debe poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información. Las distintas formas de acceso deben evitar la exclusión en relación con la información. Ha de reforzarse la lucha contra el analfabetismo.

Debe prestársele especial atención a las PcD. Las tecnologías de la información pueden utilizarse para renovar el desarrollo urbano y regional y fomentar tecnologías seguras para el medio ambiente. Las industrias de contenido audiovisual crean valor agregado aprovechando y reflejando en la red la diversidad cultural europea. Las administraciones públicas deben empeñarse a todos los niveles para aprovechar las nuevas tecnologías y hacer que la información sea lo más accesible posible(12).

Por tanto, este documento firmado en Lisboa, acopió que las normas del comercio electrónico deben ser previsibles e inspirar confianza a las empresas y los consumidores. No cabe que la competitividad y el dinamismo de las empresas dependa directamente de un clima regulador que motive la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. Se requieren mayores esfuerzos para reducir los costes de la actividad empresarial y suprimir trámites burocráticos innecesarios, elementos ambos especialmente onerosos para las pyme, no así para el sector estatal en los sujetos de gestión. El reconocimiento en los ordenamientos jurídicos se ha desarrollado a partir del texto constitucional, y ha tenido un desarrollo en normas jurídicas que regulan la propiedad industrial, el uso de las tecnologías limpias, las tecnologías de la información, la gestión empresarial, la empresa responsable, el respeto al medio ambiente, entre otras. Elementos que han contribuido al origen de la empresa de alta tecnología.

2. La empresa de alta tecnología (EAT)

Se constata que la historia reconoce que los procesos objetivos de socialización de la producción, y de separación entre propiedad y gestión, han sido consustanciales al desarrollo industrial desde hace 150 años, se adiciona en el último medio siglo este fenómeno de la internalización de la investigación científica en las propias empresas. Estos procesos tienen su inicio en la primera mitad del siglo XX con los laboratorios de las grandes corporaciones de la química y la electrónica, y se expandió después con la informática y la biotecnología.

Cerrando un criterio conceptual, este autor reconoce que sería entonces la empresa que invierte una parte importante de sus recursos en investigar nuevos procesos y productos, que sustituyen por otros mejores, que protegen sus conocimientos con patentes desde el Derecho de propiedad industrial, se involucran en frecuentes transacciones sobre activos intangibles, y emplean una fuerza de trabajo de alta calificación. Son las llamadas EAT, como parte de una etapa nueva del desarrollo que se conoce como la economía del conocimiento.

La EAT genera sectores industriales en los que el conocimiento (más que el gasto material) es el principal componente del costo, en que el ciclo de vida de los productos es más corto, donde se compite por la diferenciación de productos más que por la escala y los costos, y donde las empresas internalizan investigación científica. Los sectores de la microelectrónica, telecomunicaciones, software, biotecnología, energías renovables, nuevos materiales, industria aeroespacial y otros son los pioneros en su desarrollo. Estas EAT transforman la ciencia en productos y en servicios comercializables, proceso complejo que requiere nuevas investigaciones. Pero las grandes innovaciones provienen casi siempre de la inversión estatal en el sector presupuestado, en las universidades y en los laboratorios estatales. Los mapas genéticos, los microchips, la Internet, las bases científico-técnicas de las energías renovables, y otros, fueron todos en sus inicios proyectos liderados por el sector estatal.

De lo anterior se demuestra, que el desarrollo tecnológico requiere que las EAT tengan altos costos fijos destinados para la investigación científica y sofisticados sistemas de calidad, y ello solamente es rentable a partir de un volumen de operaciones, que para el caso de los países pequeños no se logra en la demanda doméstica, sino en las exportaciones que estos ejecuten. En la actualidad, se constata cómo las tecnologías permiten escalas de producción para llegar al mundo, y a su vez estas operaciones globales son las que permiten financiar el desarrollo tecnológico(13).

El desarrollo de la EAT se aprecia en cómo se ha desarrollado en el campo de la biotecnología, esta es una ciencia esencialmente del uso de bacterias, las levaduras, las células animales y vegetales, cuyo metabolismo y capacidad de biosíntesis se orientan hacia la fabricación de sustancias específicas. Esta biotecnología es concebida, ante todo, en un proceso de producción. Las premisas tecnológicas para la expansión de este tipo de proceso productivo están reconocidas desde la década de 1970, después del surgimiento de las tecnologías de clonación y expresión de genes (ingeniería genética) y del desarrollo moderno de las técnicas del cultivo celular en gran escala, la fermentación y la purificación cromatográfica de biomoléculas.

La transformación de estas premisas tecnológicas en la industria se inició en algunos lugares de los Estados Unidos a finales de los setenta y principios de los ochenta, con la aparición de múltiples pequeñas empresas biotecnológicas que aprovecharon el momento favorable de la economía de ese país para movilizar capital de riesgo de inversionistas privados, o de la bolsa de valores, consustancial con el desarrollo industrial de esta nación y su problemática ambiental. En Europa, no comienza hasta finales de los ochenta y allí el acceso a capital de riesgo no ocurre hasta mediados de los noventa. Se estima que existen en el mundo algo más de 3.000 empresas biotecnológicas, la mitad de ellas localizadas en Estados Unidos, y aproximadamente la otra mitad en Europa, principalmente en Inglaterra y Alemania. En el resto del mundo el fenómeno es todavía un tema incipiente, debido a sus altos costes y la necesaria calificación del capital humano de concebir este tipo de empresa, algo que en Cuba desde el proyecto social ha sido modificado(14).

Empero, como tendencia durante la recuperación de la posguerra, los gobiernos de Francia y Alemania eran propietarios del treinta por ciento (30%) del capital, aunque después, en la ola de privatizaciones de los años ochenta esa fracción se redujo y se retrocedió en el llamado estado de bienestar. En Francia, en 1948, estaba nacionalizada la mitad de la industria, las empresas de la banca y los seguros. En Argentina la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la primera petrolera estatal en 1922.

La publicidad capitalista renovada viene concibiendo que la empresa juvenil absorberá a la vieja empresa, por ser esta burocrática, ineficiente, y estar estancada. No es simple eslogan, es ya una realidad en crecimiento. Un vivo ejemplo de lo señalado son las empresas catalogadas como las mayores del mundo, según datos del 2011 son estatales el 47% para los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), el 20% para Noruega, y el 13% para Bélgica y Suiza. Estas empresas estatales son importantes en las industrias de redes como la energía, las telecomunicaciones, el transporte, así como en las industrias que necesitan planificación a largo plazo(15).

Se valora cómo China creó en el 2003 la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado, la que agrupa más de 100 grandes empresas estatales. Las de los sectores no bancarios se estima aportan más del 33% del PIB de China. En Vietnam hay 1.300 empresas estatales y en Singapur el sector de la energía fue estatal hasta 1995. Su reconocimiento jurídico ha tenido como soporte el derecho constitucional, dentro de los ordenamientos jurídicos se ha desarrollado a partir del Derecho administrativo, el Derecho laboral, el Derecho ambiental, el Derecho mercantil, el Derecho informático, entre otras ramas de las ciencias jurídicas vinculadas al Derecho de la empresa y al Derecho internacional.

3. La empresa estatal socialista en Cuba y el desarrollo de la EAT en el Derecho cubano

La voluntad del proyecto social cubano para el desarrollo de la educación y la ciencia quedó definida desde el mismo nacimiento. Fidel Castro señaló en 1960, sobre el papel de los hombres de ciencia en la sociedad que Cuba se planteaba construir: (…) “El esfuerzo desplegado por nuestro país en el desarrollo de la educación, la salud y la ciencia es reconocido hoy por la mayoría de los organismos internacionales” (…)(16).

Vaticinó con ello que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente de hombres de ciencia, aseguró también “lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia”. Se puede señalar, que uno de los temas más debatidos hoy dentro del escenario empresarial del sector estatal cubano es el de la eficiencia y la eficacia, y las posibilidades de crecimiento de la empresa estatal socialista. Los conceptos están referenciados en los documentos del Séptimo Congreso del Partido(17).

Núñez Jover señaló que dos han sido las cuestiones centrales planteadas a la política científica y tecnológica nacional, identificadas a partir de los estudios sobre su trayectoria. La primera, desarrollar el potencial científico y tecnológico del país y la segunda, aprovechar mejor ese potencial para incrementar el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía y la sociedad(18).

De lo anteriormente expuesto, se puede constatar que el desarrollo de las ciencias biomédicas en este sentido en Cuba ha sido una prioridad de la política científica de la Revolución, permitiendo sentar las bases para el surgimiento del Polo Científico a principios de los años ochenta y la creación de la base industrial de la biotecnología en la nación. La principal innovación organizacional que surgió en el sector de la biotecnología, fue el ciclo completo. Antes había centros científicos, fábricas de productos farmacéuticos y empresas comercializadoras de medicamentos, pero eran instituciones separadas, vinculadas entre sí por los mecanismos del plan o por relaciones contractuales desde el Derecho económico.

Con la orientación y conducción de Fidel, fue creado el frente biológico en 1981 y comienza un proceso de fundación de centros de investigación-producción que abarcó la década de 1980 y la primera mitad de los años noventa, dando origen al Polo Científico del oeste de la capital de todos los cubanos. Pero, la biotecnología no solo quedó en la capital del país, se extendió a otras provincias como Camagüey, Sancti Spíritus, Villa Clara y Santiago de Cuba. Lage Dávila, apuntaba en 1989, acerca de cómo se origina la EAT en la nación cubana: nació en un pequeño laboratorio en el cuarto piso de un hospital capitalino y a partir de las aspiraciones de un grupo de científicos, con determinada formación académica y proyectos incipientes de investigación, de hacer aportes al desarrollo socioeconómico del país, de ahí surge la idea de crear entonces un centro nuevo(19).

Continuaba este autor al señalar que el debate en contexto tiene dos aristas: la de la empresa estatal socialista y, la de las EAT. El Estado tiene mecanismos de intervención en la economía, al actuar como regulador, como fisco, como cliente de las empresas, como proveedor de educación y servicios sociales, pero también frecuentemente como dueño. Funciones estas que se combinan en proporciones diferentes según el país y la época, pero la verdad es que no hay desarrollo económico sin la intervención estatal.

Por lo tanto, la diferencia entre un sistema social y otro radica en favor de quien interviene al Estado: las clases dominantes o todo el pueblo. Pero para el crecimiento de la economía, el Estado moderno interviene siempre. Queda así descartado, que las empresas de propiedad estatal han existido y existen en muchos países, y que su necesidad es especialmente percibida en los períodos de dificultades económicas o de despegue del desarrollo. Sin ellas, ni se sale de las crisis, ni se desarrolla el país. Así ha sido en los países hoy industrializados, y así es mucho más para los países subdesarrollados como el caso de Cuba.

La creación y desarrollo en Cuba del Polo Científico de la Biotecnología resultó un hecho novedoso en muchos aspectos. Ha sido uno de los aspectos más revolucionarios de este emprendimiento, radicó en el tipo de organización de base creada para llevarlo adelante. En su concepción y funcionamiento los centros se separaban tanto del tipo de organización de la actividad científica existente en ese momento, como del tipo de organización empresarial del sector estatal cubano. La eficiencia del ciclo completo, no de una de sus partes, que va desde el dinero que se emplea en financiar la investigación científica, hasta las utilidades que se obtienen de las exportaciones, y debe construir con ello un flujo de caja positivo.

La experiencia obtenida, como se conoce a la industria biotecnológica y farmacéutica de avanzada, tiene especificidades dentro del contexto de la economía cubana. A partir de la inauguración de un pequeño laboratorio con una treintena de científicos encargados de la producción del Interferón; la industria creció aceleradamente, con nuevas instituciones y productos, hasta convertirse en lo que es hoy: un conjunto de entidades que agrupan a trabajadores, operan fábricas en Cuba y en otros países, aportan productos al cuadro básico de medicamentos en la isla, y realizan exportaciones a otros países. Tal operación ha tenido como novedad el no contar con inversión extranjera ni con créditos externos, esta ha sido su peculiaridad. Corrió a cargo del Estado y logró su recuperación y reproducción ampliada en un plazo sorprendentemente breve. Las negociaciones no comprometieron, en ningún caso, la propiedad estatal sobre los activos. En materia comparada constatamos que un proceso similar no ha ocurrido en ningún otro país de América Latina. Tampoco, en lo interno con esas características, en otros sectores de Cuba ha acontecido. Tendencia que se sigue ponderando.

Las experiencias en el turismo y la minería en el mismo período, también exitosas, se basaron en esquemas de inversión, gestión y negociación diferentes, amparadas en la Ley 77 de 1995, de inversión extranjera. Empero, es loable reconocer que la biotecnología cubana surgió como una inversión del Estado, sin acudir a la inversión extranjera, a pesar de que en el ordenamiento jurídico nacional estaba regulada esta actividad, reconociéndose la propiedad social sobre los activos tangibles en el texto constitucional(20). La misma se desarrolló contra todas las recetas y todas las probabilidades que los analistas de la biotecnología que en otros países han desarrollado.

Por lo tanto, es imprescindible que sea estudiada esta experiencia patria desde diferentes ciencias por la academia, diferente de la de los llamados parques tecnológicos(21) que se han creado y estudiado en varios países, y que por lo general, para los países subdesarrollados, han sido guiados por la inversión extranjera privada de las empresas multinacionales, con transferencia de procesos productivos incompletos, frecuentemente maquiladores, y que han generado poco desarrollo autóctono de tecnologías no solo desde la arista jurídica en relación con la multidisciplinariedad de la EAT. Fernández-Companioni señalaba que el sistema empresarial cubano enfrenta en la actualidad uno de los retos más relevantes en toda la historia de la Revolución Cubana, ya que no solo debe enfrentar los desafíos de un entorno internacional globalizado y turbulento, sino en acoplarse sinérgicamente al proceso de transformaciones estructurales que se despliega en el país, encaminado a superar errores del pasado y reorientar a la sociedad cubana por rutas de sostenibilidad, integración y competitividad(22).

Lo anterior, permite reconocer que el nacimiento y el desarrollo de un sector de avanzada en la economía del conocimiento en Cuba ha transcurrido en plena interacción, no siempre de una manera adecuada y armónica con el entorno económico; en particular con las regulaciones económicas y jurídicas que se aplican hoy a los diferentes actores que se reconocen dentro de la economía, siendo aún un paradigma por resolver de la administración pública a más de 30 años de su existencia, que se viene constatando en la creación de las OSDE a partir de nuevas decisiones en el reordenamiento de la economía, como son: Gecomex, Azcuba, BioCubafarma, Quimefa, Grupo Palco, y el grupo empresarial Centro Histórico, subordinadas al consejo de ministros, y creadas a la luz de la teoría del Derecho mercantil como sociedad —Holding—(23).

También, con la modificación del escenario internacional en la década de 1990, situaron al país en una posición desventajosa ante las afectaciones directas por el parcial aislamiento internacional, necesitado de reinsertar sus relaciones económicas en un mundo unipolar por la intensificación del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América. De ahí, el hecho de la transición de las organizaciones científicas al realizar una actividad esencialmente empresarial, con una acción directamente en el mercado exportador, pero conservando al mismo tiempo un alto componente de investigación-desarrollo, ello las convierte en un tipo de organización que no se ajusta a los estándares de las organizaciones presupuestadas de la ciencia, pero tampoco se advienen al tipo de empresa del sector estatal que existe en el país, en correspondencia con las normas jurídicas en vigor.

Estos enfoques analizados, permiten ponderar que habrá que decodificar los paradigmas, tal y como se señalara por autores como Kuhn(24), que permitan tomar las decisiones dentro del entramado de la administración pública en el desarrollo nacional y local de la política pública patria como su expresión jurídica, permitiéndoles entender y practicar modelos que lleven implícito todo el desarrollo científico-técnico en materia de sostenibilidad y del bienestar social a los servidores públicos, no logrado de manera adecuada donde la EAT jugará un rol superior al aplicarse a las formas de gestión del sector estatal para potenciar el PIB y coadyuvar a alcanzar el desarrollo sostenible.

Por ello, es importante resaltar, que no es hasta mediados del siglo XX, que se reconoce a la ciencia como una especie de externalidad para la economía al aplicarla a la EAT. Se producían primero innovaciones tecnológicas, muchas veces empíricas, que se asimilaban por la producción. La ciencia luego le daba explicaciones racionales. Fue entonces que la investigación científica se fue colocando al inicio del proceso, no al final, sustentando directamente innovaciones tecnológicas. Esto tuvo consecuencias económicas en cuanto al financiamiento y la estructura de estas empresas (EAT).

Lage Dávila, como científico cubano, reseñaba que los rasgos de este tipo de empresa son: internalización de la ciencia, personal altamente calificado, complejos sistemas de calidad, productos novedosos, renovación rápida de unos por nuevos, negociación de activos intangibles; que se van extendiendo poco a poco, pero inexorablemente, a otros sectores de la economía, como el de la industria alimentaria. De modo que se asiste a un proceso objetivo de desarrollo de las fuerzas productivas, que comienza en los países técnicamente más avanzados. Lo sorprendente, añade este científico, es que en Cuba, país subdesarrollado y bloqueado, sin mucha tradición industrial excepto en la industria azucarera, hayan surgido sujetos económicos de este tipo, en una coyuntura económica difícil con un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos por más de 50 años, y que lograran construir flujos de caja financieros positivos, sostenerse, crecer y aportar recursos a la economía del país dentro y fuera de este, ejemplo de esto es ya lo logrado con la construcción de la Zona de Desarrollo del Mariel (ZDM), donde también se está fomentando la EAT(25).

La historia en la nación cubana ha venido señalando que los principales centros de la biotecnología se construyeron como centros de investigación-producción-comercialización. Esto significó que bajo la misma administración quedaba el ciclo completo: investigar, obtener nuevos productos, montar el proceso productivo, producir, distribuir los productos en Cuba, y exportarlos; y entonces retroalimentar el proceso completo con los recursos, y también con la información que proviene de la comercialización. A criterio de este autor, está presente en todo este proceso que discurre en la conformación y regulación jurídica de la EAT desde la ciencia del Derecho, hay vínculo con ramas como el Derecho administrativo, el Derecho laboral, el Derecho mercantil, el Derecho de propiedad industrial, el Derecho ambiental, y que por la transdisciplinariedad del tema se vincula con la ciencias de la administración, la economía, la contabilidad, y la ingeniería industrial, entre otras.

En 1993, al inaugurarse un centro científico en Santiago de Cuba, Fidel decía: (…) “La ciencia, y las producciones de la ciencia, deben ocupar algún día el primer lugar de la economía nacional. Partiendo de los escasos recursos, sobre todo recursos energéticos, que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo. No habrá otro” (…)(26).

El informe del Ministro de Economía y Planificación del 2003, exponía: (…) “a diferencia de muchas otras empresas, estas organizaciones de la biotecnología cubana internalizan investigación científica, incluso investigación básica, y sus resultados se miden también por “producción de conocimientos (…)”.

Continuó señalando, tienen otros encargos sociales (adicionalmente a la rentabilidad económica). El más obvio de ellos es que con sus exportaciones financian el costo en divisa de los productos que se suministran al sistema de salud. Pero hay otros encargos, como por ejemplo la labor realizada por el Centro de Inmuno Ensayo y la del Centro de Neurociencias. Estas instituciones científicas, al construir y expandir redes de colaboración con otras instituciones científicas y con centros de la educación superior, son ya unidades docentes de la educación superior. Que, a consideración de este autor, podría tener una regulación adecuada si en la nación dentro del ordenamiento jurídico existiera una norma como Ley de la Educación que fuera definiendo las pautas que se van a seguir en la investigación científica en la relación empresa-academia(27).

Todo este análisis ha generado que por la revista Nature se señale: ¿Puede la ciencia cubana hacerse global?, por supuesto que sí, esta ha sido impulsada por el gobierno; los investigadores biomédicos han logrado sobresalir en la creación de vacunas de bajo costo, en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer y en la atención a graves trastornos infantiles. En otras áreas de la ciencia se torna más escasa la financiación, pero Cuba todavía cuenta con algunos puntos brillantes. La nación es un nodo clave para la vigilancia a huracanes internacionales y los brotes de enfermedades infecciosas, y que la productividad y la calidad de algunas investigaciones en Cuba sorprende a otros países.

Pero por qué ha sido todo este avance, se aprecia que Cuba ha tenido un gobierno estable durante décadas, lo que ha permitido al país llevar a cabo los planes a largo plazo. Y el aislamiento de la ayuda exterior estimuló la innovación, ejemplos de ello está que pese a carecer de acceso a equipos científicos esenciales, como son los secuenciadores de genes, y depender de colaboraciones con instituciones extranjeras, hoy el Centro Nacional de Genética Médica tiene la fortaleza de acceder al ADN anónimo de numerosas familias y uno de los mayores registros individuales del mundo, así como los datos recogidos a través del sistema de médicos generales integrales socializados en la nación, para la búsqueda en la distribución y prevalencia de genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

Una de las ventajas de las ciencias cubanas que destaca Nature es que, en lugar de centrarse en el mercado, se centran en los problemas de la nación. Otro ejemplo son las investigaciones que se desarrollan en el CNEURO, donde están trabajando en un proyecto para obtener la cartografía cerebral de la electroencefalografía cuantitativa, medición no invasiva de la actividad cerebral mucho más barata que la resonancia magnética. El centro también ha desarrollado un audífono para niños sordos que cuesta solo dos dólares, una fracción del costo en los Estados Unidos o en Europa. Los técnicos crean con una impresora 3D una estructura para el implante coclear —un dispositivo médico electrónico— que sustituye la función del oído interno dañado. El dispositivo se puede reproducir libremente a bajo costo mientras el niño crece(28).

A pesar de todas estas transformaciones citadas, a la economía cubana de hoy, se le vienen señalando por académicos dos distorsiones estructurales que hacen obligatoria la reflexión en este ejemplo de relación entre la ciencia y la economía. La primera es el débil crecimiento del sector exportador, que lleva continuamente a la economía a un desequilibrio en la balanza de pago externa. La segunda es la acumulación de un capital humano calificado que no ha logrado su realización económica en el sector productivo, caracterizado por una baja productividad del trabajo. Por lo que el crecimiento de la biotecnología, a pesar de sus proporciones como sector aún minoritario, puede contribuir a la corrección de estas dos deformaciones citadas.

Toda esta actividad tiene que ser —de hecho ya lo es— económicamente sostenible con los propios ingresos de cada organización; y además, tiene que aportar recursos a la economía del país. Este tipo de organización productiva, que no es ni una empresa ni un centro científico en sus interpretaciones tradicionales, requerirá el diseño adecuado en sus esquemas financieros, en sus sistemas de gestión y en su perfeccionamiento, aun sin una regulación adecuada dentro del ordenamiento jurídico como se ha reseñado. Es un nuevo tipo de organización productiva, no debe tratársele como una singularidad económica, en espera de esta decisión desde que fue constituida desde la década de 1990, estima este autor.

Todo lo contrario, a medida que el país entre cada vez más en la economía del conocimiento, deberán surgir más organizaciones de este tipo, con ciclos cerrados de investigación, producción y exportaciones, perfectible en otros sectores de la economía como es el de la producción de alimentos. En igual sentido, algunas de las empresas hoy existentes en varios sectores irán internalizando investigación científica y asumiendo una dinámica de generación de productos nuevos y competencia exterior por diferenciación de productos con alto contenido en conocimientos; y se irán pareciendo cada vez más en su estructura interna a los actuales centros de investigación-producción que, a criterio de este autor, están necesitadas de su certificación a través del control público como concurre en otros contextos(29).

De hecho, este tipo de organización productiva se irá convirtiendo en el instrumento principal para la articulación entre la ciencia y la economía; y en el catalizador de la expansión de la economía del conocimiento, por una parte, y de la propia investigación científica por otra. La existencia de empresas que internalicen la generación de conocimientos, y que como consecuencia de ese proceso desarrollen una mayor capacidad en absorber los conocimientos generados por otros, irá creando en algunos territorios el embrión de redes locales de innovación, que pongan en marcha un ciclo de fertilización mutua entre las empresas, las instituciones científicas y las universidades, estas últimas presentes en todos los municipios del país desde la etapa de la universalización de la educación superior.

Es criterio de este autor, ponderar la combinación de la investigación científica, la industria y las exportaciones hacen de la biotecnología cubana un fenómeno singular, que debe ser estudiado desde muchos enfoques por su transdisciplinariedad. Fomentar la empresa responsable a través de la EAT, ante una cultura empresarial caracterizada en su mayoría por la no adecuada utilización de los instrumentos financieros, no evaluadora de la dinámica del mercado, donde no se analizan los niveles de información de cómo opera la competencia empresarial con el empleo de técnicas de mercado, las tecnologías y la innovación para su desarrollo futuro, son elementos señalados por Triana Cordoví y Fernández-Companioni, solo utilizadas por las autorizadas a operar en las actividades del comercio exterior como causales endógenas que permitan evolucionar a las formas de gestión del sector estatal cubano(30).

Este autor pondera que podrá aplicarse la fórmula: investigación + desarrollo + innovación + etiqueta-certificación ambiental = empresa responsable, estaríamos en un plano superior al fomentar la EAT como política de la administración pública(31). Toda vez que desde las ciencias económicas, académicos cubanos entre los que se destaca Triana Cordoví señalaba la necesidad del país de obtener en tiempo récord flujos de capital a través de la inversión extranjera y con ello permitir el acceso a las nuevas tecnologías de la industria moderna. Ello permitirá modernizar la industria del sector estatal cubano, envejecida y obsoleta por más de 50 años, que en el caso de las EAT han sido financiadas por el Estado y muestran la aplicación de tecnologías limpias no contaminadoras del ambiente(32).

En este mismo íter, en diciembre del 2010 comenzó en todo el país un proceso de discusión en nuestra sociedad, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), los nuevos lineamientos de la política económica y social de la Revolución para los próximos años. En el centro de los cambios propuestos en la política económica se encuentra el modelo de gestión de la empresa estatal socialista(33).

Ello nos permite analizar up supra el sustento legal que reconoce las regulaciones económicas cubanas de los dos tipos de entidades económicas reconocidas dentro del ordenamiento jurídico, uno para la unidad presupuestada y otro para la empresa estatal. Se define a la unidad presupuestada como las entidades económicas de propiedad estatal con personalidad jurídica propia, pueden estar compuestas por una o por varias instituciones y unidades subordinadas a la misma, están vinculadas en cuanto a la captación de ingresos y ejecución de gastos al presupuesto del Estado y; que de estos, tienen que llevar los registros económicos que procedan de manera individual o colectiva para emitir los estados e informes establecidos por sus niveles superiores tanto en lo administrativo, como en lo normativo y lo metodológico.

Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) señala que las unidades presupuestadas son las entidades mediante las cuales el Estado administra directamente parte de los bienes que integran la propiedad estatal socialista y presta sus servicios sociales, como la educación y la salud pública y organiza su administración interna. No tienen personalidad jurídica, aunque sí son sujetos del derecho económico, laboral y financiero. Sus gastos se financian totalmente por el presupuesto del Estado, al cual aportan sus ingresos de tenerlos. Detentan patrimonio estatal. Se constituyen de acuerdo con las disposiciones jurídicas en vigor y se inscriben en el registro estatal de empresas y unidades presupuestadas (REEUP), el Estado cubre una parte de sus gastos.

La ONEI define a la empresa estatal, las uniones, grupos empresariales y organizaciones económicas estatales (OEE) como las diferentes formas organizativas de la producción que crea el Estado para la administración de la mayor parte de los bienes que integran la propiedad estatal socialista, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerciendo el derecho de posesión, disfrute y disposición de sus bienes. Constituyen los eslabones fundamentales de la organización y funcionamiento de la economía nacional. Se constituyen de acuerdo con las disposiciones jurídicas, y se inscriben REEUP. Las empresas estatales, las uniones y la mayor parte de las OEE son autofinanciadas, cubriendo sus gastos con sus ingresos, para obtener una ganancia.

La empresa para Odriozola, desde el Ministerio de Economía y Planificación la concibe como: (…) “aquellas entidades económicas que poseen personalidad jurídica y tienen como objetivo la producción de ciertos productos y/o la prestación de determinados servicios para lo cual cuentan con un patrimonio”(34). Para el catedrático Uría la empresa es: (…) “el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios”(35).

Por lo antes enunciado, se señala, que el asidero jurídico de la empresa estatal socialista patria se establece a partir del texto constitucional, en los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, el artículo 9º señala: el Estado dirige planificadamente la economía nacional y como consecuencia de que en nuestro país se rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, que se dispone así en el artículo 14, la mayor forma de propiedad existente es la estatal, según el artículo 15, en la que se incluye la empresa estatal, y se dispone como principio que los bienes pertenecientes a las mismas no pueden transmitirse a otras personas, salvo los casos excepcionales de que algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecte los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, y se actúa conforme a lo previsto en la ley; se instrumenta así el carácter reversible de este tipo de propiedad.

El artículo 17 señala que el Estado para la administración de los bienes que integran la propiedad socialista puede crear empresas cuya estructura, atribuciones y funciones son reguladas por la ley. Estas empresas responden de sus obligaciones con sus recursos financieros, dentro de las limitaciones establecidas por la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las empresas, y estas tampoco responden de las de aquel. El Estado también reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley, consagrado de esta forma por el artículo 23 de la propia Constitución. El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo que se establece en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.

Por otro lado, en el Código de Comercio, se define como empresa a la actividad económica comercial o mercantil y como empresario al sujeto que forma parte de la relación jurídica mercantil, el cual puede ser individual o colectivo (sociedades o compañías). En cuanto a las normas específicas referentes a la constitución de las compañías y sus clases, regula que “el contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este código. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos, regulado en el artículo 116(36).

En el desarrollo normativo en la etapa de institucionalización se reguló la empresa estatal con el Decreto 42 de 1979, Reglamento de la Empresa Estatal(37), esta norma jurídica conceptualiza la empresa estatal como la entidad económica con personalidad jurídica propia, que constituye el eslabón primario de la economía y, como tal, la base del complejo sistema de relaciones de la economía nacional. El sistema se basaba en un conjunto de principios tales como costos y rentabilidad, independencia económico-operativa, control monetario, responsabilidad material y estímulo material. El centro del sistema era la planificación y entre otros aspectos relevantes del sistema se encontraban la contratación económica, las normas de consumo, la estadística, los costos, los precios, la calidad, las finanzas (incluyendo los temas de crédito y presupuesto), organización del trabajo y los salarios.

Luego el Código Civil, Ley 59 de 1987(38), señala en concordancia con el inicio de las transformaciones básicas en nuestra sociedad que condujeron a la asunción por parte del Estado de los medios e instrumentos fundamentales de producción, reelabora el conjunto del Derecho Civil en armonía con la realidad socio-económica, y regula las relaciones patrimoniales y otras no patrimoniales vinculadas a ellas, entre personas situadas en plano de igualdad. El artículo 1º, y al ser ley general y supletoria en el ordenamiento jurídico, establece dentro de las reglas sobre los sujetos de la relación jurídica que las personas jurídicas son entidades que, poseyendo patrimonio propio, tienen capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones; el artículo 39, dispone posteriormente el artículo 44, que las personas jurídicas responden de sus obligaciones con los bienes que integran su patrimonio. Se sigue el tenor del artículo 39, el que califica como personas jurídicas, además del Estado, a las empresas y uniones de empresas estatales; las empresas de las organizaciones políticas, de masas y sociales; las sociedades; y las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades.

El Acuerdo 2258 de 1988, aprobado por comité ejecutivo del Consejo de Ministros, Normas Sobre la Unión y las Empresas Estatales (de subordinación nacional), regula que la unión y la empresa son formas organizativas y de dirección de la producción y los servicios en que se estructura y desarrolla la actividad económica del Estado, con el objetivo de lograr la satisfacción de las necesidades sociales, las mismas constituyen eslabones fundamentales para la organización y funcionamiento de la economía nacional, basados en los principios del cálculo económico.

Este acuerdo señala que la empresa es una entidad económica con personalidad jurídica propia, tiene la responsabilidad de la ejecución de las tareas de producción y servicios asignadas a través del plan único como instrumento fundamental de la política del Estado, con la calidad y la eficiencia que este presupone y garantizando una eficiente utilización de los recursos. La empresa asegura el desarrollo constante de la producción y los servicios y la elevación sistemática de su calidad; puede existir en forma independiente o integrada a una unión, en este último caso mantiene personalidad jurídica(39).

Con anterioridad nos referíamos, como parte del conjunto de medidas asumidas en esta etapa tras el derrumbe del campo socialista y del cese del Consejo de Ayuda Mutua Económica, a que se extiende al sector estatal el proceso de perfeccionamiento empresarial, el que tomaba la experiencia obtenida en las Fuerzas Armadas Revolucionarias(40); la norma que reguló su implementación fue el Decreto-Ley 187 de 1998(41) asesorado por la Academia cubana, luego derogada por el Decreto-Ley 252 del 2007(42), complementado por el Decreto 281 del 2007(43).

En este contexto se constata como aparecen otras nuevas regulaciones jurídicas en pos de seguir ordenando la empresa del sector estatal, como el sujeto de gestión económica principal del Estado cubano en el proceso de perfeccionamiento empresarial, se aprecia en este íter de continuidad normativa el Decreto-Ley 295 del 2012(44), el Decreto 303 del 2012(45), el Decreto-Ley 320 del 2014(46) y el Decreto 323 del 2014(47). Todas estas disposiciones jurídicas a criterio de este autor se vinculan al Código de Trabajo, al amparo de la Ley 116 del 2014 en esta relación jurídica laboral entre el empresario y sus empleados(48).

Por lo que puede constatar, al realizarse por este autor un acercamiento a la conceptualización tanto teórica como práctica de la unidad presupuestada y de la empresa, se denota que las regulaciones económicas, financieras y jurídicas, no concibieron la existencia de la EAT con sus características propias y que difieren de las clásicas clasificaciones que rigen en el ordenamiento jurídico nacional, que incluso no se establece que la EAT se inscriba en el registro mercantil(49), este paso se ejecuta como una Organización Superior de Dirección Económica (OSDE). Esta omisión en el ordenamiento jurídico ha llevado a catalogar de manera inadecuada a las organizaciones económicas del Polo Científico de la Biotecnología como unidades presupuestadas.

Aunque si bien es cierto, que organizaciones económicas del Polo Científico nacieron como unidades presupuestadas, el verdadero motivo de su creación fue el de generar una fuente de ingresos al país que fuera fruto del desarrollo científico de Cuba; en este sentido así lo señalaba Lage Dávila, como director del Centro de Inmunología Molecular (CIM) al decir: (…) “la experiencia del Polo no es primariamente una “experiencia científica”; es una experiencia de organización económica” (…)(50).

Se justiprecia, que los centros de la biotecnología en la nación, fueron creados con una doble misión: introducir nuevos productos y servicios a la salud cubana y al mismo tiempo generar ingresos de divisas a la economía para incrementar el PIB.

Díaz Canel, en su intervención ante la asamblea nacional, señalaba la necesidad del cambio en la EAT del sector presupuestado al sistema empresarial, ante los ingresos que aportan al PIB. Refería que no todos los profesionales tienen que estar vinculados al sector estatal, pueden formar parte de una cooperativa, de una empresa mixta y hasta tener contratos de trabajo fuera de la nación(51).

Con la actualización del modelo económico y social, a partir del sexto y séptimo congreso del Partido, se adoptaron como ya citábamos una serie de lineamientos de la política del Estado y del Gobierno en el siglo XXI, estos entronizan la esfera ambiental no solo como escenario de todas las actividades del país, sino como el preciado objeto de protección y conservación para lograr la sostenibilidad en la actualización del modelo económico y social(52).

Por ello, este autor destaca que el logro empresarial en estos momentos se alcanzará con el reconocimiento dentro de las formas de gestión en el sector estatal cubano de su condición ambiental y no solo por el respeto y el cumplimiento de los planes técnico-económicos como se ponderaron en el pasado siglo XX, un reflejo de ello lo es el fomento de la EAT. Toda vez, que el bloque económico socialista del pasado siglo destacaba el éxito de la empresa del sector estatal al evaluarle el resultado final de un producto de calidad, en estos momentos urge que ese mismo éxito se identifique en una labor integradora de la observancia de los planes con el respeto a los valores supremos que como el ambiental pueden resultar seriamente comprometidos en la batalla económica que afronta la nación en este siglo aportándoles valores añadidos.

Con la nueva reorganización del sector estatal en este milenio, aparece dentro del entramado de la administración publica la OSDE como se citó, para ello Tristá Arbesú, explicó que las modificaciones básicas realizadas al Decreto-Ley 252 del 2007 y al Decreto 281 del 2007, los que rigen el trabajo para las empresas donde se aplica el perfeccionamiento empresarial, proceso que se actualiza fundamentalmente como parte de la implementación del Lineamiento 15, que plantea que el perfeccionamiento empresarial se integrará a las políticas del modelo económico con el fin de lograr empresas más eficientes y competitivas(53).

Entre los cambios más importantes que destacó la entrevistada aparece la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, en las cuales recae la facultad de decidir qué actividades secundarias y de apoyo derivadas de su objeto social está en condiciones de realizar, lo que les permite producir aprovechando mejor todas sus potencialidades. Al respecto, enfatizó en que las empresas, luego de cumplir con su encargo estatal, podrán comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda. El plan de la empresa lo aprueba ahora el presidente de la OSDE, algo que hasta el momento hacía el ministro del ramo o el presidente del Consejo de la Administración Provincial, si la entidad es de la subordinación local. Esto constituye un cambio fundamental, y el camino de la descentralización de facultades a partir de lo que se pondera en el derecho administrativo como principio.

Desde estos enfoques se valora que el éxito empresarial de las formas de gestión del sector estatal no se deberá tener en cuenta solo por cifras de los productos finales y la satisfacción de las necesidades del país, sino en la calidad del proceso productivo en el que la dimensión ambiental esté presente y deba ser altamente considerada al momento de entregar la certificación ambiental por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y la Contraloría General de la República (CGR)(54).

Empero, se justiprecia que dentro de las formas de gestión del sector estatal se deberá contar con el marco regulatorio adecuado que propicie la introducción sistemática y acelerada de los resultados de la ciencia, la innovación y la tecnología en los procesos productivos y de los servicios, con la observancia de las regulaciones que aparecen en la RSE(55), hoy también necesitada valora este autor de actualización y reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico cubano, la que podrá ser concebida a través de una ley de empresas que reconozca a la EAT(56). Así como en otros componentes del ordenamiento jurídico de la nación que la complementen.

A la administración pública también le corresponderá definir la política tecnológica para reorientar el desarrollo industrial, el control de las tecnologías en uso en el país y las nuevas a adquirirse, con el fin de promover la modernización en atención a la eficiencia energética, la eficacia productiva y el impacto ambiental que puedan generar como factores que contribuyan a elevar la soberanía tecnológica en la actualización del modelo económico y social del sector estatal ante una industria que utiliza técnicas incompatibles con las tecnologías limpias en su mayoría con más de medio siglo de explotación y heterogeneidad, la hacen poco competitiva en el comercio interno y en el foráneo(57).

Pero también se considera que habrá que ganar mucho en cultura organizacional dentro del sistema empresarial del sector estatal cubano, el que no aparece tratado a modo de ver del autor de manera adecuada en todos los sujetos de gestión económica del sector estatal, ello se aprecia en la tramitación de patentes, en los derechos al consumidor, en la competencia, en el marketing, entre otras insuficiencias no reguladas aún dentro del ordenamiento jurídico(58).

Estos elementos permitieron ponderar los análisis realizados por el CITMA, donde señaló: no deben considerarse innovaciones de proceso las modificaciones pequeñas o rutinarias efectuadas en los procesos productivos existentes, las modificaciones puramente administrativas u organizacionales, así como las modificaciones en las redes de distribución; y continúa, las innovaciones organizacionales: constituyen cambios en las formas de organización y gestión de la empresa; cambios en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas significativamente modificadas e implementación de orientaciones estratégicas empresariales nuevas o sustancialmente modificadas, pero tampoco se aprecia que en nuestro ordenamiento jurídico exista un tratamiento adecuado en una ley de ciencia y tecnología, en una ley de investigación científica y técnica, solo se cuenta con la Ley 81 de 1997, Ley del Medio Ambiente(59).

Hoy se demuestra que la empresa estatal socialista, es igual que cualquier empresa estatal que exista en cualquier país. Es una realidad que, en los países con economías de diferentes estilos y orientaciones, de forma masiva o no, de forma sectorizada o no, no hay prácticamente ninguno que no tenga una empresa estatal. Por ello, este autor valora que Cuba deberá de tener un sector estatal dentro de su economía, el cual deberán de existir en parte de algunos sectores estratégicos, EAT, y que además de esta mencionada empresa estatal, deberán existir cooperativas en casi todos los sectores de la economía y en casi todos los niveles de los mismos.

Con la combinación de la empresa estatal, con las cooperativas, con las empresas extranjeras, con las empresas mixtas y los sujetos privados, la economía del país será más dinámica. Aparejado a esto está el tema de aplicar leyes antimonopolio, con las cuales obtendremos que una cooperativa pueda competir con una empresa extranjera o con una mixta, e inclusive, evitar que una sola cooperativa, sea agropecuaria o no, tenga el dominio de un nicho, subsector o sector del mercado. La competencia facilitará el desarrollo, generará iniciativas y mejorará los precios al consumo, aunque aún en la nación no exista una norma jurídica que proteja a los consumidores de manera adecuada con una ley(60).

Cuando esto se haga, se justiprecia que serán descubiertas diversas oportunidades de negocios que nutrirán la Ley 118 del 2014(61) como ya se ejecuta con la carpeta de negocios en las ferias nacionales e internacionales donde los sujetos de gestión acuden. Hay que trabajar, no solo con la experiencia interna de Cuba, sino abriéndonos al mundo, a país por país para asimilar lo bueno y desechar lo malo, como es la ZED(62).

En el mundo de hoy para acceder a un puesto de trabajo en una empresa del sector estatal hay que rendir con convocatorias y concursos los que aspiran a formar parte de ellas como parte de su capital humano, aquí en la nación cubana deberían ponderarse las competencias laborales para acceder a fuentes de empleos, con ello podrá obtenerse una adecuada estabilidad salarial y un empleo garantizado para los que se requieren beneficios y utilidades, que podrá ser trasladado en el sector privado en sus sujetos de gestión en la medida que este así lo aprecie, que va teniendo una primera mirada a través del pago por resultados en el sector estatal(63).

Cuba, tiene un capital humado capaz y emprendedor, muchos de los jóvenes que emprenden hoy su labor productiva se han formado en la era digital como jóvenes millenium, esto es un valor añadido en las empresas del sector estatal; a pesar de que el país aún no cuenta con todas las bonanzas que ofrece esta era digital con la Internet para avanzar en los procesos económicos y mercantiles dentro y fuera de fronteras por no contar con el acceso pleno.

En estos jóvenes se valora como ven la tecnología, es una influencia positiva en su educación, ascensión económica y profesional, además muestran confianza en la capacidad de la tecnología para proporcionarles recursos que les permitan cambiar las cosas y creen que el conocimiento tecnológico es fundamental para garantizar el éxito personal, lo cual a criterio de este autor es otro valor agregado que posee el capital humano en la nación con el que coincidimos, la generación nacida con la revolución está mejor preparada para asumir retos mayores, a partir de la última década del siglo pasado.

Desde la perspectiva académica se valora la necesidad de fomentar el desarrollo de investigaciones sociales y humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad para perfeccionar los métodos de introducción de sus resultados en la toma de decisiones en los diferentes niveles, como se viene ponderando en los lineamientos de la política social, para que en su adecuada implementación permitan a la administración pública armonizar el progreso industrial con la protección del bien público ambiente, donde la EAT desempeñará un rol significativo para lograr la prosperidad y el desarrollo sostenible en Cuba, que permita incrementar el producto interno bruto (PIB).

4. Conclusiones

La economía basada en el conocimiento, es un elemento determinante para la administración pública al ser aplicada a las empresas y al conjunto de los sujetos de gestión del sector estatal para desarrollar la economía de un país, toda vez que incrementa el PIB; de ella depende cada vez más su efectividad para generar y utilizar conocimientos por su vínculo con la empresa de alta tecnología.

La EAT en Cuba adquiere relevancia a partir de la última década del pasado siglo, la nación demuestra que sin la inversión extranjera pudo potenciarla al ser prioridad para el Estado a pesar del aislamiento por el bloqueo económico, permitió el estímulo a la innovación al no centrarse en el mercado, sino en los problemas, no obstante hay sectores que requieren de obtener flujos financieros a través de la inversión extranjera, que permitan potenciar su desarrollo en otros sectores de la economía nacional para potenciarla.

Los sujetos de gestión económica dentro del sector estatal cubano, están necesitados de que exista un solo sistema contable, ello permitirá que no exista distorsión y tratamientos inadecuados en los análisis contables, temática pendiente de solución por parte de la administración patria.

Las insuficiencias jurídicas de la EAT en la nación, aparecen en el orden de su conceptualización jurídica, toda vez que en el ordenamiento jurídico patrio no hay una norma que la defina de manera especial, a partir de la ausencia en una Ley de Empresas que la reconozca, de otras normas complementarias como la derechos del consumidor, de ciencia y tecnología, de investigación científico-técnica, de educación superior; a pesar de todo el íter normativo que se ha desarrollado para definir el proceso de perfeccionamiento empresarial.

Bibliografía

AA. VV., (2015) “Panorama de la innovación en el sistema Triple Hélice: Universidad-Empresa-Estado”. En: Revista Espacios, n.º 24, Colombia, p. 22

ALZOLA ELÉXPURU, J. L. (2000) La nueva economía americana: ¿realidad o ficción?, Editorial Información Comercial Española, España, pp. 11-20.

ANTÚNEZ SÁNCHEZ, A. (2014) El Derecho de autor ante los desafíos del desarrollo en el entorno digital y las comunicaciones en el siglo XXI, Editorial Unijuris, La Habana.

— (2015) “El tratamiento jurídico de la etiqueta-certificación ambiental. Regulación en el Derecho Cubano”. En: Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, n.º 18, Argentina.

— (2015) “El uso de las infotecnologías para desarrollar el capital humano”. En: Revista Urbe Ius, Argentina.

— (2016) “La auditoría ambiental: Una revisión y propuestas en clave de su función pública y dimensión empresarial”. En: Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, Universidad Autónoma de Madrid, n.º 26, España.

ARCOS SÁNCHEZ, T. (2001) Luces y sombras de la nueva economía y la sociedad de la información y el conocimiento, Editorial Información Comercial Española, España, pp. 87-97.

BARCELÓ LLAUGER, M. (2001) Hacia una economía del conocimiento, Editorial ESIC, Madrid.

BARRERA GRAF, J. (1991) Derecho Mercantil, 1ra edición, Editorial UNAM, México, pp. 77-92.

BASURTO GONZÁLEZ, D. (2012) “Responsabilidad social y ambiental en las empresas”. En: Revista Política y Gestión Empresarial, México.

BAYOS, H. (1978) Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid.

BERGARA, M. (2003) Las reglas de juegos de Uruguay: el entorno institucional y los problemas económicos, Ediciones Trilce, Montevideo.

BIANCO, C.; LUGONES, G.; PEIRANO, F. y SALAZAR, M. (2002) Indicadores de la Sociedad del Conocimiento: aspectos conceptuales y metodológicos, Documento de Trabajo n.º 2, Centro Redes, Argentina.

BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. (2010) Manual de Derecho Mercantil, Editorial Tecnos, Madrid.

CABAL MIRABAL, C. y RODRÍGUEZ CASTELLANOS, C. (2015) “Una visión de la ciencia en Cuba. Pasos y caminos”. En: Revista Anales de la Ciencia en Cuba, n.º 5, La Habana.

CABAL, C. (2014) “La ciencia cubana componente del patrimonio cultural de la Nación”. En: Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana.

CALLEJÓN, M. (2007) “I+D, innovación y política pública: hacia una nueva política económica de innovación”. En: Revista sobre la Sociedad del Conocimiento, n.º 4, España. Disponible en: http://uocpapers.uoc.edu (Consultada 10 de abril de 2016).

— 7mo congreso del Partido Comunista de Cuba (2016) Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, Editorial Política, La Habana.

CASTRO RUZ, F. (2013) Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado en el acto celebrado por la Inauguración del Centro de Biofísica Médica, Santiago de Cuba.

CASTRO RUZ, R. (2008) Discurso pronunciado en las conclusiones de la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Palacio de las Convenciones, La Habana.

CASALET RAVENNA, M. (2010) El tránsito de México hacia la economía del conocimiento, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, pp. 109-116.

CASTILLO VITLLOCH, A.; CABALLERO TORRES, I.; LAGE DÁVILA, A. (2012) “Modelo de gestión económica de la empresa estatal socialista de alta tecnología a la luz de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)”. En: Revista Economía y Desarrollo, n.º 2, Universidad de La Habana, Cuba, pp. 94-123.

CASTRO DÍAZ-BALART, F. (2002) Ciencia, innovación y futuro, Editorial Grijalbo Mandadori, Barcelona.

CHÍA, J. (2004) “Nuevo paradigma. La obtención sistematizada de información sobre la actividad innovadora de las empresas por medio de encuestas nacionales de innovación”. En: Revista Ciencias de la Información, n.º 3, La Habana, pp. 61-66.

CRIBEIRO, Y. y V. HIDALGO (2010) “Fuerza de trabajo calificada. Determinantes de su contribución al crecimiento en Cuba”. En: Revista Investigación Económica, Cuba.

DE LA TORRE, I. (2009) “Fundamentos de la responsabilidad social de la empresa”. En: Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, n.º 1, Madrid, pp. 71-86

DÍAZ FERNÁNDEZ, I. (2015) “Las empresas estatales: ¿nuevas medidas para apoyar el crecimiento?”. En: Revista cubana de ciencias económicas Ekotemas, Universidad de La Habana, Cuba.

DOMÉNECH PASCUAL, G. (2006) Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos, Editorial Madrid, España.

ETZKOWITZ, H. (2003). “Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations”. Social ScienceInformation, n.º 42, Estados Unidos de América, pp. 293–337.

FERNÁNDEZ-COMPANIONI, A. (2012) La empresa cubana, la competitividad, el perfeccionamiento empresarial y la calidad, Anuario de la Facultad de ciencias económicas y empresariales, volumen IV, Universidad de Oriente.

FERNÁNDEZ ESTRADA, O. (2011). “El modelo de funcionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. Seis ejes articuladores para su análisis”. En: Revista Electrónica Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana, Chile. Disponible en: www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu. (Consultado 20 de mayo de 2016).

FERNANDEZ ZAYAS, J. (2011) La investigación y desarrollo, nuevos paradigmas en la empresa, Boletín II Energía e Industria, México.

FLORES MUÑOZ, A. (2006) La figura societaria mercantil “Holding” una figura que expresa un grupo empresarial, Tesis de Máster en Derecho Corporativo, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

GALINDO MARTÍN, M. (2009) “Innovación, Progreso y Empresarios: la importancia de los valores morales”. En: Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, n.º 1, Madrid.

GARCÍA FERNÁNDEZ, F. y CORDERO BORJAS, A. (2007) “Equipos de trabajo: forma organizativa de la economía basada en el conocimiento”. En: Revista Economía y Sociedad, n.º 20, España, pp. 17-33.

GOLEMAN, DANIEL (s.f.) Inteligencia ecológica, Editorial Kairos, Barcelona.

GORDILLO, A. (2006) Tratado de Derecho Administrativo, 8va edición, Editorial Macchi, Argentina.

GUILLÉN CARAMÉS, J. (2010) Régimen jurídico de la inspección en Derecho de la competencia, Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur.

HIDALGO MARTÍNEZ, M. (2013) Capitalismo revolucionario: el ascenso económico de China, Observatorio de la política China.

IGLESIAS, E. (2006) “El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina”, Revista de la CEPAL, n.º 90, pp. 7-15.

INFANTE UGARTE, J. (2014) “La empresa estatal socialista cubana y su transformación competitiva”, Revista Cofin Habana, n.º 4, ANEC, La Habana, pp. 84-94.

INFORME del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, (2016) Editorial Empresa Gráfica de Holguín, Cuba.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (1992) Derecho Mercantil, Barcelona: Editorial Ariel, Organización Institucional, registro de las principales entidades, ONEI, Cuba.

KUHN, T. (2011) Estructura de las revoluciones científicas. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 5-36.

— (1975) Segundos pensamientos sobre paradigmas. España: Editorial Madrid.

KUZNETS, S. (1966) Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (El crecimiento económico moderno: Tasas, estructura y margen). New Haven y Londres: Yale University Press.

LAGE, A. (2012) “Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano”, Revista Temas, n.º 69, Cuba, pp. 31-42.

— (2012) Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano: intuiciones a partir del crecimiento de la industria biotecnológica. Disponible en: www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=150467 (consultada 10 septiembre 2016).

LEMARCHAND, G. (2010) Las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe durante las últimas seis décadas, Red de Información en Política Científica (SPIN), Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe, p. 132. Disponible en: http://spin.unesco.org.uy (consultada 20 septiembre 2016).

LIBRO VERDE (2003) Marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas.

LINEAMIENTOS ECONÓMICOS, (2011) VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: Editorial Política.

LOZANO CUTANDA, B. (2010) “El futuro de la flor Europea: la nueva etiqueta ecológica de la UE”, Revista Catalana de Derecho Ambiental, n.º 1, España.

MARTÍN FERNÁNDEZ, M. (2004) ¿Cómo medir el progreso de una Economía Basada en el Conocimiento? Cuba: Universidad de La Habana.

MARTÍN MATEO, R. (1994) El etiquetado ecológico, nuevo instrumento para la tutela ambiental. España: Editorial Trivium.

MARCELO, L. (2011) “Separación de funciones estatales y empresariales: problema estratégico principal de la economía cubana”, Cuba: Investigación Económica, n.º 1 y 2, Editorial INIE, La Habana, pp. 132-151.

MARICHAL, O. (2003) El perfeccionamiento empresarial en las FAR. Resultado lógico del desarrollo de los modelos de gestión del sistema empresarial en Cuba, Tesis de Máster en Dirección, Universidad de La Habana.

MÁRQUEZ GÓMEZ, D. (2005) Función jurídica del control de la administración pública. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial UNAM.

MORENO PLATA, M. (2010) Génesis, evolución y tendencias del paradigma del desarrollo sostenible. México: Editorial Porrúa.

MORA RUIZ, M. (2012) La gestión ambiental compartida: función pública y mercado, España: Editorial Lex Nova, 1ra edición.

MUÑOZ MACHADO, S. (2011) Tratado de Derecho administrativo y Derecho público en general. España: Editorial Iustel.

NÚÑEZ JOVER, J. (2013) La ciencia universitaria en el contexto de los cambios del modelo económico en construcción, Editorial Félix Varela, Universidad de La Habana, pp. 98-123.

— (2015) La política de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en Cuba: evaluación y propuestas. La Habana: Editorial Félix Varela.

NÚÑEZ JOVER, J. y MONTALVO ARRIETE, L. (2013) “La política de ciencia, tecnología e innovación en la actualización del modelo económico cubano: evaluación y propuestas”, Revista Economía y Desarrollo, n.º 2, Universidad de La Habana, pp. 40-53.

ODRIOZOLA GUITAR, J. (2003) Derecho a la competencia stricto sensu. Tesis de Doctor en Ciencias Jurídicas. Universidad de la Habana.

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN (2010) Anuario Estadístico de Cuba, La Habana.

OSPINA DUQUE, R. (2011) “La reingeniería de procesos: una herramienta gerencial para la innovación y mejora de la calidad en las organizaciones”, Revista de Psicología y Administración de Empresas, España.

PAREJO ALFONSO, L. (2015) El Derecho ante la innovación y los riesgos derivados del cambio climático, Editorial Tiran lo Blanch, España.

— (2012) Lecciones de Derecho Administrativo, 5ta edición revisada y actualizada, Editorial Tirad lo Blanch, Valencia, pp. 171 y ss.

— (2013) Derecho de los bienes públicos, 2da edición, Editorial Aranzadi, Cizur Menor.

PAREJO ALFONSO, L. y DESCALZO GONZÁLEZ, A. (2015) Leyes de régimen jurídico del sector público, del procedimiento administrativo común y de la jurisdicción contencioso-administrativa, 1ra edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia.

PÉREZ, C. (1986). “Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto”. En: C. Ominami (Ediciones) La Tercera Revolución Industrial, Grupo Editor Latinoamericano RIAL, Buenos Aires, pp. 43-89.

PRIETO VALDÉS, M. (2003) El ordenamiento jurídico cubano, Editorial Félix Varela, La Habana, pp. 143-149.

RAMÍREZ, M. y GARCÍA, M. (2010) “La alianza universidad-empresa-Estado: una estrategia para promover innovación”, Revista EAN, v. 68, México.

RÍOS GUAL, JOSEP (2007) “La reingeniería aplicada al mundo empresarial del siglo XXI”, Revista de Empresas, España.

RODRÍGUEZ, J. L. (2014) La economía cubana y la América Latina: oportunidades y desafíos. La Habana: Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, disponible en: hptt://www.ciem.cu (consultado 26 de abril 2016).

ROMER, P. (1986) “Increasing Returns and Long Run Growth (rendimientos crecientes y crecimiento a largo plazo)”, Journal of Political Economy, n.º 94, EUA.

SÁEZ VACA, F. (2009) “Reingeniería de procesos, características, principios y herramientas de aplicación”, Revista de la Empresa, España.

SÁNCHEZ CALERO, F. (1995) “Instituciones de Derecho Mercantil”, Revista de Derecho Privado, España.

SÁNCHEZ MORÓN, M. (2010) Derecho Administrativo, 6ª edición, Editorial Tecnos.

SANTOS VIJANDE, M. (1995) La política de marketing en las empresas de alta tecnología, Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad, Universidad de Oviedo, España.

STEINMUELLER, W. E. (2001). Las economías basadas en el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. Ciencia, tecnología y sociedad-Innovación tecnológica. Madrid: Biblioteca Digital OEI. Disponible en: http://www.oei.es/salactsi/steinmuller.pdf.

TARRÉS VIVES, M. (2000) “Las nuevas referencias en el Derecho Industrial: acreditación y normalización, la competencia de la industria y la seguridad industrial”. En: Revista Autonomies, n.º 26, España.

TRIANA CORDOVÍ, J. (2013) “La economía cubana: balance de las transformaciones y perspectivas. Cuba: ¿De la actualización del modelo económico al desarrollo?”. En: Revista electrónica de Contabilidad y Finanzas Cofín, La Habana. Disponible en: hptt//www.cofinhab.uh.cu/ (Consultado 10 de septiembre 2016).

— (2008) “Un panorama de la economía cubana, las transformaciones en curso sus retos y perspectivas”. En: Revista Ciencias Sociales, n.º 31, La Habana. Disponible en: hptt//www.filosofia.cu/ifc/rcs.htm (Consultado 11 de junio 2016).

TORRES DURRUTHY, P. (2014) La economía del conocimiento y el robo de cerebros, Universidad de La Habana, Cuba.

URÍA, R. (1997) Derecho Mercantil, Editorial Marcial Pons, Madrid.

VERDES CABARCOS, Y. (2014) Tesis de máster en Derecho: las etiquetas ambientales, España: Universidad La Coruña.

VILLAR PALASÍ, J. (1964) La Intervención Administrativa en la Industria, tomo I Madrid: Editorial Instituto de Estudios Políticos.

— (1950) “La actividad administrativa industrial del Estado en el Derecho Administrativo”, Revista de Administración Pública, n.º 3, España.

VIVES, A. (2011) La responsabilidad social de la empresa en América Latina, Editorial Fondo Multilateral de Inversiones, Washington.

WEBER, M. (2009) “Revelar el potencial empresarial de la RSE: cómo pueden las empresas evaluar los beneficios específicos de la RSE para la empresa”, Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, n.º 1, Madrid, pp. 91-115.

1 Kuznets, S. (1966) “Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (El crecimiento económico moderno: tasas, estructura y margen)”, New Haven y Londres: Yale University Press.

2 Romer, P. (1986) “Increasing Returns and Long Run Growth (Rendimientos crecientes y crecimiento a largo plazo), Journal of Political Economy, n.º 94, EUA.

3 García Fernández, F.; Cordero Borjas, A. (2007) “Equipos de trabajo: forma organizativa de la economía basada en el conocimiento”, Revista Economía y Sociedad, n.º 20, pp. 17-33.

4 3ra Revolución Industrial, se origina a mediados de 1940, y una segunda oleada de descubrimientos científicos y tecnológicos se presenta en los setenta y los ochenta. Se trata de una verdadera “Revolución de la inteligencia” (aparece con ella la informática, la biotecnología, la comunicación por internet, y las energías renovables).

5 Arcos Sánchez, T. (2001) “Luces y sombras de la nueva economía y la sociedad de la información y el conocimiento”, Información Comercial Española, n.º 793, España, pp. 87-97.

6 Lundvall, B. A. (2003) ¿Por qué la nueva economía es una economía del aprendizaje? In Boscherini, F. Novick, M. & Yoguel, G. (Ediciones), Nuevas tecnologías de información y comunicación. Los límites de la economía del conocimiento (pp. 5-28) Universidad Nacional de General Sarmiento.

7 Martín Fernández, M. (2004) ¿Cómo medir el progreso de una economía basada en el conocimiento?, Universidad de La Habana, Cuba.

8 Pérez, C. (1986). Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto, La 3ra Revolución Industrial, Grupo Editor Latinoamericano, RIAL, Buenos Aires, pp. 43-89.

9 Es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. El Banco Mundial ayuda a los países en desarrollo a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que exigen la eliminación de la pobreza y la promoción de un desarrollo sostenible.

10 Casalet Ravenna, M. (2010) El tránsito de México hacia la economía del conocimiento, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, pp. 109-116.

11 El Plan de Acción de Europa tiene como objetivo fundamental lograr la conectividad de Europa en el período de tiempo más breve posible; se centra en tres áreas clave: Internet barato, rápido y seguro, Inversión en capital humano, estimulación del uso de Internet.

12 Galindo Martín, M. (2009) “Innovación, progreso y empresarios: la importancia de los valores morales”, Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, n.º 1, Madrid; Callejón, M. (2007) “I + D, innovación y política pública: hacia una nueva política económica de innovación”, Revista sobre la Sociedad del Conocimiento, n.º 4, Disponible en: http://uocpapers.uoc.edu (consultada 10 de abril de 2016).

13 Arcos Sánchez, T. (2001) Luces y sombras de la nueva economía y la sociedad de la información y el conocimiento, Editorial Información Comercial Española, España, pp. 87-97.

14 Alzola Eléxpuru, J. L. (2000) La nueva economía americana: ¿realidad o ficción?, Editorial Información Comercial Española, España, pp. 11-20.

15 Hidalgo Martínez, M. (2013) Capitalismo revolucionario: el ascenso económico de China, Observatorio de la política China.

16 Castro Ruz, F. (2013) Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado en el acto celebrado por la Inauguración del Centro de Biofísica Médica, Santiago de Cuba.

17 Constitución de la República de Cuba. G. O. Extraordinaria n.º 3 de fecha 31 de enero de 2003; Informe del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, (2016), Editorial Empresa Gráfica de Holguín, Cuba.

18 Núñez Jover, Jorge (2015) La política de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en cuba: evaluación y propuestas, Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba; Objetivos, funciones y atribuciones específicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Acuerdo n.º 2823 de 1994, La Habana, Cuba, pp. 1-16.

19 Lage, A. (2012) “Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano”, Revista Temas, n.º 69, Cuba, pp. 31-42.

20 Ley 77, Ley de la Inversión Extranjera. G. O. Extraordinaria n.º 3 de fecha 6 de septiembre de 1995.

21 Ley 118, Ley de la Inversión Extranjera. G. O. Extraordinaria n.º 20 de fecha 16 de abril de 2014 (modificó la Ley 77 de 1995).

22 Fernández- Companioni, A. (2012) La empresa cubana, la competitividad, el perfeccionamiento empresarial y la calidad en, Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Oriente, Cuba, pp. 1-13.

23 Barrera Graf, J. (1991) Derecho mercantil, sociedades mercantiles, 1ra edición, Editorial UNAM, México, pp. 77-92; Sánchez Calero, F. (1995) “Instituciones de derecho mercantil”, Revista de Derecho Privado, España; Jiménez Sánchez, G. J. (1992) Derecho mercantil, Editorial Ariel S.A., Barcelona; Organización Institucional, principales entidades (2015), ONEI, Cuba.

24 o predeterminados, es la base y el ser del rompecabezas, insertar las piezas correctas en las posiciones correctas, Fernandez Zayas, J. (2011) La investigación y desarrollo, nuevos paradigmas en la empresa, Boletín II, en Revista Energía e industria, México.

25 Castillo Vitlloch, A.; Caballero Torres, I.; Lage Dávila, A. (2012) “Modelo de gestión económica de la empresa estatal socialista de alta tecnología a la luz de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)”, Revista Economía y Desarrollo, n.º 2, Universidad de La Habana, Cuba, pp. 94-123; Marcelo, L. (2011) “Separación de funciones estatales y empresariales: problema estratégico principal de la economía cubana”, Revista Cuba: Investigación Económica, n.º 1 y 2, INIE, La Habana, pp. 132-151.

26 Castro Ruz, F. (2013) Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en su condición de Presidente del Consejo de Estado en el acto celebrado por la inauguración del Centro de Biofísica Médica, cuando impartió un discurso, Santiago de Cuba.

27 A pesar de que la educación cubana tiene su asidero jurídico constitucional, siendo gratuita, es criterio de este autor de reseñar la ausencia de una disposición jurídica que regule el sistema de educación superior en la academia cubana, que dicte las pautas para seguir entre la empresa cubana y la investigación desde la academia.

28 Revista Nature, artículo de prensa publicado en fecha 3 de octubre de 2016 y reproducido en el periódico digital CubaDebate.

29 Verdes Cabarcos, Y. (2014) Tesis de máster en Derecho: Las etiquetas ambientales, Universidad La Coruña, España; Infante Ugarte, J. (2014) “La empresa estatal socialista cubana y su transformación competitiva”, Revista Cofin Habana, n.º 4, ANEC, La Habana, pp. 84-94; Antúnez Sánchez, A. (2015) “El tratamiento jurídico de la etiqueta-certificación ambiental. Regulación en el Derecho Cubano”, Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, n.º 18, Argentina.

30 Triana Cordoví, J. (2013) “La economía cubana: balance de las transformaciones y perspectivas. Cuba: ¿De la actualización del modelo económico al desarrollo?”, Revista electrónica de Contabilidad y Finanzas Cofín, La Habana, disponible en: hptt//www.cofinhab.uh.cu/ (consultado 10 de septiembre 2016); Fernández-Companioni, A. (2012) La empresa cubana, la competitividad, el perfeccionamiento empresarial y la calidad, en Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, volumen IV, Universidad de Oriente.

31 Antúnez Sánchez, A. (2015) “El tratamiento jurídico de la etiqueta-certificación ambiental. Regulación en el Derecho Cubano”, Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales, n.º 18, Argentina.

32 Triana Cordoví, J. (2013) “La economía cubana: balance de las transformaciones y perspectivas. Cuba: ¿De la actualización del modelo económico al desarrollo?, necesidad del país de obtener flujos de capital a través de la inversión extranjera para modernizar la industria”, Revista electrónica de Contabilidad y Finanzas Cofín, La Habana, disponible en: hptt//www.cofinhab.uh.cu/ (consultado 10 de septiembre 2016).

33 Partido Comunista de Cuba (2011) VI Congreso del PCC. Información sobre el resultado del debate de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, La Habana.

34 Odriozola Guitar, J. (2003) Derecho a la competencia stricto sensu. Tesis de doctora en Ciencias Jurídicas. Universidad de la Habana, Cuba.

35 Uría, R. (1997) Derecho mercantil, Editorial Marcial Pons, Madrid; Gordillo, A. (2006) Tratado de Derecho administrativo, sobre la clasificación de los entes públicos, Editorial Machi, Argentina. pp. 145-166.

36 Código de Comercio, artículos 1º al 15, de los comerciantes y los actos de comercio. (Norma jurídica que llego con la colonia de España a Cuba y aún se mantiene en vigor desde el siglo XXVIII dentro del ordenamiento jurídico.

37 Decreto 42, Reglamento general de la empresa estatal. G. O. Ordinaria de fecha 4 de junio de 1979. Modificado por el Acuerdo de fecha 12 de junio de 1977, G. O. n.º 31 de 8 de junio de 1989 y G. O. 8 de junio de 1989.

38 Ley 59, Código Civil. G. O. Extraordinaria 9 de fecha 15 de octubre de 1987.

39 Normas sobre la Unión de Empresas Estatales, G. O. n.º 34 de fecha 8 de junio de 1988.

40 Marichal, O. (2003) El perfeccionamiento empresarial en las FARC. Resultado lógico del desarrollo de los modelos de gestión del sistema empresarial en Cuba, Tesis de Máster en Dirección, Universidad de La Habana.

41 Decreto-Ley 187, Bases del perfeccionamiento empresarial, G. O. Ordinaria n.º 45 de fecha 25 de agosto de 1998.

42 Decreto-Ley 252, Perfeccionamiento empresarial. G. O. Extraordinaria n.º 41 de fecha 17 de agosto de 2007.

43 Decreto-Ley 281, Del sistema de información del Gobierno. G. O. Extraordinaria n.º 10 de fecha 23 de febrero del 2007.

44 Decreto-Ley 295, Modificativo del Decreto-Ley 252 Sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial cubano, G. O. Ordinaria n.º 51 de fecha 7 de noviembre del 2012.

45 Decreto 303 de 2012, De la modificación del Decreto 281 Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal, G. O. Ordinaria n.º 051 de fecha 7 de noviembre del 2012.

46 Decreto-Ley 320, Sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial cubano, G. O. Extraordinaria n.º 21 de fecha 28 de abril del 2014.

47 Decreto 323, Modificaciones sistema de perfeccionamiento empresarial. G. O. Ordinaria n.º 21 de fecha 28 de abril de 2014.

48 Ley 116, Código de Trabajo, G. O. Extraordinaria n.º 29 de fecha 17 de junio de junio del 2014.

49 Decreto-Ley 226, Del registro mercantil, artículo 2.1 se inscriben en el registro: las empresas estatales en perfeccionamiento empresarial, las sociedades mercantiles, las empresas mixtas, las personas naturales extranjeras, otros sujetos que disponga el comité ejecutivo del consejo de ministros, G. O. O. del 2001.

50 Lage, A. (2012) Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano: intuiciones a partir del crecimiento de la industria biotecnológica. Disponible en: www. rebelion.org/noticia_pdf.php?id=150467 (consultada 10 julio 2016); Lage, A. (2000) “Las biotecnologías y la nueva economía: crear y valorizar los bienes intangibles”, Revista de Biotecnología Aplicada, n.º 17, Cuba, pp. 55-61.

51 Díaz Canel, M., como primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, realizó un intercambio con los diputados de la Asamblea Nacional, artículo: “Cuba trabaja por la EAT”, tomado del medio de prensa digital Agencia Cubana de Noticias, realizado por Abel Padilla, disponible en: www.acn.cu, (consultado 24 de septiembre 2016); Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (2008), Áreas de prioridad para la investigación científica y la innovación 2008-2015, La Habana.

52 Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, la necesidad de su definición para emprender la política establecida en los lineamientos, informe del 7º congreso del Partido Comunista de Cuba (2016) Editorial Política, La Habana.

53 Núñez Jover, J.; Montalvo Arriete, L. (2013) “La política de ciencia, tecnología e innovación en la actualización del modelo económico cubano: evaluación y propuestas”, Revista Economía y Desarrollo, n.º 2, Universidad de La Habana, Cuba, pp. 40-53.

54 Ley 107, de la Contraloría General de la República de Cuba. G. O. Ordinaria n.º 29 de fecha 14 de agosto del 2009.

55 Tristá Arbesú, G., artículo de prensa en el periódico digital Granma, donde refiere las modificaciones realizadas a los decretos leyes 252 y 281, en su condición de jefa de área de perfeccionamiento de entidades de la comisión permanente para la implementación y desarrollo donde se aplica el perfeccionamiento empresarial. Y con ello dar cumplimiento al lineamiento 15, que contribuya a la actualización del modelo económico dentro del sector estatal cubano, disponible en: www.granma.cu, (consultado 12 de septiembre 2016); Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, 7º congreso del Partido Comunista de Cuba (2016) Editorial Política, La Habana; Weber, M. (2009) “Revelar el potencial empresarial de la RSE: cómo pueden las empresas evaluar los beneficios específicos de la RSE para la empresa”, Revista de Responsabilidad Social de la Empresa, n.º 1, Madrid, pp. 91-115.

56 Es criterio del autor reseñar que el ordenamiento jurídico nacional no existe una Ley de Empresas, que haga la distinción adecuada de los sujetos económicos y privados, y dentro de la misma se establezcan y definan sus clasificaciones, en relación con la teoría de las ciencias de la administración y las ciencias jurídicas.

57 Chía, J. (2004) “Nuevo paradigma. La obtención sistematizada de información sobre la actividad innovadora de las empresas por medio de encuestas nacionales de innovación”, Revista Ciencias de la Información, n.º 3, La Habana, pp. 61-66.

58 Decreto-Ley 68 de 1983, De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen, Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 10 de 14 de mayo de 1983; Decreto-Ley 203, De marcas y otros signos distintivos, Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 3 de 2 de mayo del 2000; Decreto-Ley 290, De las invenciones y dibujos y modelos industriales, G. O. O., n.º 2 de fecha 1º de febrero del 2012.

59 Citma: Segunda Encuesta Nacional sobre la Actividad de Innovación. Informe de los resultados 2003-2005. La Habana, 2008, p. 37.

60 Díaz Fernández, I. (2015) “Las empresas estatales: ¿nuevas medidas para apoyar el crecimiento?”, Revista cubana de ciencias económicas Ekotemas, Universidad de La Habana, Cuba; Gordillo, A. (2006) Tratado de Derecho administrativo, el control de las empresas públicas, Editorial Machi, Argentina; Ramírez, M.; García, M. (2010) “La Alianza Universidad-Empresa-Estado: Una Estrategia para Promover Innovación”, Revista EAN, volumen 68, México; La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el término competencia, la define como ‘‘…capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada’’… Cintefor, 2004.

61 Ley 118, Ley de la Inversión Extranjera. G. O. Extraordinaria n.º 20 de fecha 16 de abril del 2014.

62 Decreto-Ley 313, De la zona especial de desarrollo Mariel, G. O. E., n.º 26 de 13 de septiembre del 2013.

63 Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, G. O. E., n.º 7, de fecha 23 de marzo del 2016.