La evolución tributaria del crédito mercantil en Colombia

Revista Nº 202 Jul. Ago. 2017

“¿Una cacería de leones y antílopes?”Diferentes fases en las que se ha avanzado en esta cacería al crédito mercantil. 

William Daniel Bulla Verdugo 

Asociado GARRIGUES Colombia

Introducción

Dentro de los fuertes focos de inversión en el país y el mundo de las reorganizaciones empresariales se convirtió común escuchar la noción de crédito mercantil (en adelante CM), un concepto emanado de las operaciones económicas de principios del siglo XIX donde, como good will (su traducción más cercana al inglés) se empezó a entender ese valor inmaterial de una empresa, mercantil o industrial, traducido en un activo independiente que capitaliza los beneficios esperados de ella.

De este modo, el CM engloba y representa el valor que como negocio en marcha se derivan entre otras cosas de intangibles como la cartera de clientes, la reputación positiva, las marcas asociadas a la producción y la misma experiencia o know how que no se reconocen en los estados financieros y que están llamados a materializarse vía venta global del mismo negocio en marcha.

Nótese cómo por negocio en marcha no puede entenderse solo una empresa como tal o sus acciones, sino toda unidad generadora de recursos que per se pueda ser objeto de venta como universalidad por separado, por ejemplo un establecimiento de comercio, un grupo específico de activos y pasivos o una unidad económica particularizada.

Ahora bien, debe decirse que esta noción hubiera pasado inadvertida si no se hubiera convertido en un alivio tributario para los contribuyentes y en algún momento también financiero para los inversionistas, en el sentido de ser un crédito fiscal acreditable contra el impuesto sobre la renta como deducción y un mecanismo que permitió recuperar parte de la inversión realizada en estos negocios por el camino de la amortización contable.

Así las cosas, al permitirse de forma tributaria recuperar los importes reconocidos como CM este pasó a ser un matiz para considerar dentro de las negociaciones que llegaba a inferir en los valores de referencia que los jugadores de estas operaciones pactaban, al ser un factor que pudiera representar un ahorro de impuestos en el mediano plazo y, por ende, incidir en los modelos financieros que se tienen en cuenta a la hora de realizar estas transacciones.

Es así como en Colombia el CM se ha convertido en uno de esos aspectos donde el legislador fiscal paulatinamente ha cerrado la oportunidad de invocar este crédito fiscal como aquel león que poco a poco asecha al antílope que al final ajustará, materializándose una cacería entre el derecho y la práctica económica donde, en un imaginario, se personifica a lo regulatorio como los leones que buscan cercar a su presa y las prácticas de los contribuyentes a los indefensos antílopes que hasta el final luchan por su vida pero han visto llegar su derrota a manos de su rival.

Es así como en este artículo se expondrán los elementos y las diferentes fases por donde ha avanzado esta cacería al CM, ahondando en los aspectos tributarios y contables que han servido de ingredientes en esta receta.

La evolución histórica contable del crédito mercantil

Los artículos 142 y 143 del estatuto tributario (en adelante ET) subordinaron el tratamiento de los activos intangibles e inversiones amortizables a la contabilidad y el tratamiento que esta técnica establece, a tal grado que, el reconocimiento como activo desde el prisma fiscal dependía del filtro que hiciera la óptica contable y de si a sus ojos se entiende la existencia de un activo.

Evidentemente, dentro de estos tipos de activos se encuentra el crédito mercantil, por lo que cobra especial pertinencia trazar una línea de tiempo para conocer la evolución del tratamiento contable que ha influenciado el tratamiento del crédito mercantil en Colombia y luego recoger conclusiones y exponer las particu­laridades tributarias que han rodeado a estos intangibles.

Para tener una referencia acortada en el tiempo se hará mención a la historia reciente de la normativa contable, remitiéndonos a partir de 1993, donde se observa la consagración en el ordenamiento de la noción de CM, es así como el artículo 66 del ya anacrónico Decreto 2649 define este activo como un intangible obtenido por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implica un derecho o privilegio oponible a terceros de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables; a su turno, la misma norma señala que la amortización para efectos contables debe efectuarse de manera sistemática durante su vida útil.

El complementario Decreto 2650 del mismo año 1993, o catálogo de cuentas para comerciantes, se ocupó de describir que el valor reconocible como CM sería el importe adicional pagado en la compra de un ente económico activo, sobre el valor en libros o sobre el valor calcu­lado o convenido de todos los activos netos comprados, por reconocimiento de atributos especiales tales como el buen nombre, personal idóneo, repu­tación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios y localización favorable. Así las cosas, a partir de 1993 se estableció la figura de un activo individualizado en la contabilidad suje­to de amortización que se diferenciaba en el valor de compra de un negocio.

El tema careció, como casi toda la contabilidad en Colombia, de desarrollo y permaneció estático hasta el 2005, donde fue abordado por las superintendencias de Sociedades y de Valores quienes en su circu­lar conjunta de ese año (11 de Supersociedades y 100-000006 de Supervalores), señalaron las directrices para la contabilización y amortización del crédito mercantil para sus vigilados de la siguiente manera:

Cercano a la directriz del Decreto 2650, el crédito mercantil adquirido correspondía al monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones de un ente económico activo en la medida que esta diera lugar a los presupuestos de control del Código de Comercio. Nótese como, en esta oportunidad, el desarrollo del CM se circunscribió a la compra de acciones, perdiendo de vista los otros subyacentes que pudieran dar lugar a la generación de créditos mercantiles y dejó claro que en los supuestos donde no se perfeccionaba control no operaba el reconocimiento del CM.

Frente a la amortización, este pronunciamiento estableció que la misma debería dar alcance a estudios técnicos en cuanto a su término, que en todo caso no podía ser superior a veinte años y su método debería revestirse igualmente de un reconocido valor técnico. Por último, la Circu­lar Conjunta dejó claro que el CM formado no era sujeto a reconocimiento.

La Superintendencia Financiera (SFC) en el 2008 emitió su Circu­lar Externa 13, abordando de manera más profunda el tema del CM para sus supervisados y amplió la noción de crédito mercantil a procesos de cesión de activos, pasivos y contratos y adquisición de establecimientos de comercio originados en procesos de reorganización empresarial asociados a una o varias líneas de negocio, también bajo el requisito que detenten presupuestos de control.

La circular señaló para el CM en acciones que se calcu­la en función del exceso del costo de adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida. En el caso de activos, el valor sería el exceso del costo de adquisición frente al valor en libros de activos, pasivos y contratos obje­to de la operación.

Obsérvese cómo este desarrollo en el alcance del tratamiento del CM se impartió por una entidad con vigilados particulares y aunque fue referencia para muchos tratamientos, dejó en una zona gris la aplicación o no de estos parámetros a operaciones realizadas, por ejemplo, por supervisados por la Superintendencia de Sociedades.

Así las cosas, la trazabilidad del CM arroja que hasta antes de adoptar IFRS como arquetipo contable, el CM era el intangible reconocido por la diferencia entre el valor en libros de los activos adquiridos y el precio de compra cuando se adquiría control de una sociedad o unidad económica.

Ahora bien, estas definiciones pierden vigencia con la armonización que hizo Colombia mediante la Ley 1439 del 2009 y todos sus decretos concordantes a los principios contables vigentes en las normas internacionales de contabilidad, al alejarse del concepto internacional de CM desarrollado de manera dinámica por el IASB (emisor de los nuevos postulados) en su IFRS 3 sobre combinaciones de negocios o en otras palabras lo que conocemos por procesos de reorganización empresarial, donde el CM corresponde, en realidad, al mayor precio de un negocio, noción muy cercana a la unidad generadora de efectivo, sobre el valor razonable de sus activos, así como los intangibles y contingencias no reconocidos por el enajenante.

Es así como con la entrada de los estándares internaciones de información financiera se cambia el paradigma del valor en libros atado a la noción del costo histórico para adoptar en el marco de las combinaciones de negocios un criterio de valor razonable como referencia de los activos adquiridos e introducir como cambio trascendental el termino asignación, donde surtido el proceso de reconocimiento de valores razonables los activos adquiridos, el CM solo será el residuo de aplicar al resto del precio de adquisición, una distribución que en primera medida identifique activos intangibles no reconocidos por el vendedor.

Para esquematizar este cambio de paradigma, a continuación, un ejemplo del tratamiento bajo el nuevo y el anterior régimen contable de una transacción donde se adquiere por un precio de 1.000 una unidad de negocio que concentra unos activos comprados y unos intangibles no reconocidos por el vendedor:

PRECIO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO1.000
Valor atribuido a activos por su valor en libros500
Crédito mercantil en el anterior régimen contable500
Bajo la técnica moderna o IFRS el valor para detraer del precio se depuraría así:
Valor atribuido a activos por su valor razonable700
Activos intangibles identificados en la transacción200
Crédito mercantil en el nuevo régimen contable100

Así, la metodología anterior reconocía exclusivamente como CM el exceso pagado sobre el valor en libros de los activos adquiridos (para el caso 500), mientras los nuevos postulados IFRS reconocen adicional al valor en libros de los activos adquiridos, no solo su valor razonable, que por lo general es mayor (700 ajustado a valor razonable vs. 500 de su costo histórico en libros en el ejemplo), sino aquellos activos intangibles no reconocidos por el vendedor y que individualmente podrán ser suje­tos de amortización (200 en el ejemplo); de este modo, solo una vez asignados estos dos conceptos i) valores razonables de activos y ii) activos intangibles no reconocidos en sede del vendedor, se determinará el remanente del precio que se va a catalogar como CM (100 en el ejemplo).

En cuanto a su recuperación, es decir, la amortización del CM, también surge con la adopción de los postulados modernos un giro de 180 grados entre las ya obsoletas técnica local y la internacional, toda vez que como señalamos, la norma anterior permitía amortizar los CM hasta en veinte años, mientras hoy, los nuevos principios proscriben la amortización permitiendo el retorno de la inversión realizada solo por el camino del deterioro(1).

Las eras en el tratamiento tributario del crédito mercantil en materia de impuesto sobre la renta

Reconocido lo anterior, a la hora de analizar el tratamiento que la ley fiscal le ha brindado a los créditos mercantiles resulta necesario diferenciar en tres los períodos de tiempo en la historia donde el marco tributario vigente para el reconocimiento del activo crédito mercantil, así como el procedimiento aplicable a su deducción por amortización, ha sido modificado por el legislador.

Las marcadas eras donde el tratamiento tributario de los créditos mercantiles ha ido evolucionando se pueden describir como:

i. Edad antigua o créditos mercantiles generados en compra de acciones antes de la Ley 1607 de 2012,

ii. Edad media o créditos mercantiles originados en la adquisición de acciones a partir de 2013 y antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016,

iii. Edad moderna o créditos mercantiles actuales.

i. Edad antigua o créditos mercantiles generados en compra de acciones antes de la Ley 1607 del 2012

El panorama hasta la promulgación de la Ley 1607 del 2012 nunca se ocupó de reglar el tratamiento de los créditos mercantiles, por lo que de manera general el único recurso técnico para determinar el procedimiento que se va a aplicar era el adoptar las reglas de las expensas generales y los activos amortizables.

Sin embargo, la autoridad tributaria sí identificó esta partida como un elemento erosionador de la base gravable de renta, siendo cuestionado el tratamiento del CM derivado de la compra de acciones, elevando a doctrina el argumento de que el crédito mercantil no debería ser un activo independiente y menos amortizable, sino que debería ser un mayor valor de la inversión, es decir, hacer parte del costo de las acciones, por lo que la deducción de su amortización no era procedente, deviniendo colateralmente un efecto en el balance fiscal donde la imposibilidad de amortizar mantenía el patrimonio bruto del contribuyente con las consecuencias que en materia de renta presuntiva e impuestos tasados sobre el patrimonio conllevaban.

Los cuestionamientos realizados evidentemente no fueron compartidos por los contribuyentes y tuvieron que resolverse en la última instancia, y vía jurisprudencia del Consejo de Estado (CE) se anuló la doctrina proferida por la autoridad tributaria, concluyendo con base en los criterios de la técnica contable, que el CM sí era un activo independiente para efectos fiscales y él mismo era materia de amortización.

Ahora bien, el CE en todo caso condicionó la amortización fiscal del CM al cumplimiento general de los requisitos, derivándose en su aplicación que el gasto operaría en la medida que esta inversión, el CM, generara en cabeza del contribuyente ingresos gravados con el impuesto sobre la renta, pero ¿y qué tipo de ingresos estaba llamado a percibir el contribuyente por esta inversión? La respuesta es dividendos, lo cual determinó al final que solo en presencia de dividendos gravados podría invocarse la amortización, lo cual hacía nugatoria la deducción, toda vez que, estos dividendos, normalmente ostentan la calidad de no gravados o no constitutivos de renta.

Como respuesta a esta restricción, fue cobrando fuerza entre los contribuyentes la opción de fusionar la compañía titular de este CM con la misma accionista, para de este modo levantar este requisito de generar ingresos —dividendos— gravados y asociar ya no dividendos sino rentas activas al gasto por amortización; lo anterior recibió el aval de la DIAN (Concepto 14480 del 19 de mayo del 2015) que en este caso aceptó la amortización como procedente, siempre que el crédito mercantil inicial se asigne a líneas productivas de la entidad producto de fusión y estas líneas perciban utilidades suficientes para su compensación, eso sí dejando claro, en una posición que no se compartió por carecer de tecnicidad, que nunca se admitiría la deducción cuanto el gasto por amortización generara pérdidas en la correspondiente línea de producción.

Nótese cómo la discusión hasta ese momento se suscitó en virtud de los créditos mercantiles, cuyo subyacente son acciones o cuotas de participación, y la norma no se ocupó de los otros créditos mercantiles posibles, es decir, los derivados de transacciones con unidades productivas, lo cual dejó un cierto vacío en su tratamiento, llevando a pensar que los mismos continuaban cobijados por las reglas generales de las deducciones e inversiones amortizables, o sea, que respete los requisitos generales de las deducciones del artículo 107 ET y que su amortización se realice en no menos de cinco años como rezaba el artículo 143 ibídem.

ii. Edad media o créditos mercantiles originados en la adquisición de acciones a partir del 2013 y antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016

La Ley 1607 del 2012 recogió la jurisprudencia del CE y con su promulgación dictó nuevos ingredientes al tratamiento de los CM, primero dejó claro que el CM es un activo independiente y señaló que a partir del 2013 la amortización del CM derivado de la compra de acciones es deducible siempre que se compruebe su “demérito” con estudio técnico y se cumplan las normas generales de deducibilidad del artículo 107 estatuto tributario.

Esta visión tenía ciertos matices de cercanía con las premisas que la norma internacional de contabilidad hasta ese momento no aplicada señalaba, donde la recuperación del costo de la inversión se podía dar por el camino del deterioro, no obstante lo anterior, la norma fiscal dejó claro que fiscalmente lo que procedía era la amortización previo cumplimiento de la calidad de demerito y en todo caso en los límites temporales del artículo 143 del estatuto tributario, en otras palabras cinco años.

Nótese que aunque la norma introdujo una noción asimilable al deterioro como parámetro para avalar la deducción, tomó un camino sobrepuesto al señalar que el requisito era este “demérito” pero que de todas formas lo que era deducible era la amortización, arrojando que el contribuyente primero tuviera que demostrar el demérito y luego modelar una amortización que por lo menos tuviera un término de cinco años, lo cual determinaba un escenario complejo regresando a la misma problemática de su pasado reciente, es decir, que la amortización resultará complicada de documentar y sin esta el patrimonio se viera congelado para efectos de las cargas fundadas en esta base.

Adicionalmente, esta Ley 1607 del 2012 se encargó de bloquear la deducción en casos de fusiones con las sociedades que originaron el intangible, salvo que se trate de entidades vigiladas por la SFC, siempre tratadas con un racero especial habida cuenta que el tratamiento de los CM percibidos por estas entidades se supeditaría a la metodología impartida por la SFC de amortización exponencial decreciente permitiendo agotar estos intangibles hasta en veinte años.

Algo que advirtió el legislador en el panorama para este momento (2012) fue poner en evidencia el uso que la figura del crédito mercantil en conjunto con la fusión para ejecu­tar planeaciones tributarias sobre todo internacionales, donde, desde el país se pagaban a inversionistas del exterior, titulares de acciones nacionales, valores en exceso sobre los patrimonios subyacentes en Colombia que daban origen a un CM y muchas veces estos ingresos se quedaban en el exterior sin tributación o en menor grado tributaban por ganancia ocasional al 10%, mientras en el país quedaba la amortización a tarifas generales; sin duda en aras de restringir estas figuras se consagró el bloqueo de las mismas, neutralizando de plano la amortización de estos créditos mercantiles cuando se evidenciaban procesos de reorganización en la hoja de ruta de cada caso.

Por último, de nuevo la asignatura pendiente fue establecer reglas particulares para los CM distintos de acciones, donde al igual que en la era anterior, su amortización debería ser aceptada siempre que se cumplieran los requisitos generales, es decir, los paradigmáticos presupuestos de los artículos 107 y 143 del estatuto tributario.

iii. Edad moderna o créditos mercantiles actuales

Con la entrada en rigor de las normas internacionales de contabilidad se abría un abismo entre los tratamientos tributarios de los CM y la nueva directriz contable. Este sisma entre lo contable y lo fiscal determinaba que por ejemplo con la armonización de las IFRS un CM dejaría de ser amortizable contablemente mientras que fiscalmente, dependiendo la naturaleza y origen sí se continuaría amortizando, deviniendo así en una diferencia temporal para conciliar vía norma internacional de contabilidad 12 o impuesto de renta diferido.

Tal vez considerando dentro uno de los ingredientes esta abismal asimetría en el tratamiento de los créditos mercantiles fue que la pseudorreforma tributaria estructural, Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, recogió el amplio desarrollo que la técnica contable global ha acumulado durante los años en los que la norma local permaneció estática (desde 1993), abordando los CM de distintas maneras, dando así un giro copernicano al tratamiento de estos intangibles.

La norma, hoy 2017 vigente, plantea en el caso de adquisición de acciones un cambio crucial en su tratamiento, habida cuenta que a la sombra de la técnica contable cualquier exceso pagado sobre el valor en libros de la adquirida dejará de entenderse como un activo independiente (crédito mercantil) para ser parte integral del costo de las acciones compradas, lo cual plantea una pérdida de un beneficio para el contribuyente en la forma como se recuperaba esta inversión al no ser amortizable, es decir, volvemos a la tesis DIAN de antes del 2012. Lo anterior, sin perjuicio de que en estados financieros consolidados se reconozca el CM pero que al igual no incidirá en la fiscalidad en la medida que estos reportes escaparan del resorte tributario.

Para los demás créditos mercantiles diferentes a acciones, la Ley 1819 incorpora al ET las directrices de la norma internacional de combinación de negocios IFRS 3, entendiendo que cuando los intangibles adquiridos hacen parte de un negocio en marcha o una unidad generadora de efectivo, el procedimiento que debe surtirse es un estudio de los activos comprados en el que se atribuya al precio pagado el valor de los intangibles no reconocidos en la contabilidad del vendedor. Así, solo al final de ese proceso de asignación se determinará si el valor cancelado honra los activos comprados o si, por el contrario, existe un remanente sin activo asociado; este valor se definirá como la plusvalía, crédito mercantil, fondo de comercio o good will, semánticamente distintos, pero sinónimos para efectos fiscales (qué diría de esta desviación de la noción de “plusvalía” Carl Marx…).

La nueva metodología plantea desafíos a la hora de ponerla en práctica, que desde el análisis de la IFRS 3 y la nueva regla tributaria en conjunto arrojan preguntas iniciales tales como la conciliación entre las nociones de “valor de enajenación” fiscal y “precio de la combinación de negocios” precepto contable, así como el espacio gris que se abre entre la definición fiscal de valores patrimoniales y el término valor razonable de la norma contable entre otras problemáticas que en la marcha se vendrán presentando.

Uno de los grandes cambios que trae consigo este nuevo proceso de asignación es el tratamiento del crédito mercantil diferente de acciones, toda vez que, el mismo no será obje­to de amortización fiscal(2), como tampoco lo es en la norma contable(3), ni deterioro, el cual si se reconoce en las NIIF derivando en otra asimetría para conciliar.

Manejo de la enajenación del crédito mercantil en la modernidad

En concordancia con lo anterior, la Ley 1819 del 2016 se ocupa igualmente de proscribir la deducción de la pérdida en la venta del mismo intangible, si se hace de manera independiente.

Si la enajenación del intangible se realiza en el marco de una operación de combinación de negocios, atendiendo al criterio técnico que las normas internacionales han desarrollado sobre esta suerte de transacciones, o se enajena como parte de otro activo, la perdida que se tenga en su venta será deducible, al considerarse el CM parte del coste de los activos enajenados.

Transición bajo el mundo de la Ley 1819 del 2016

Ahora bien, aunque la Ley 1819 del 2016 no respeta la alternativa de amortizar o deteriorar los CM y limi­ta la recuperación a la venta en el marco de otra transacción (combinación de negocios) o como parte de uno o un grupo de activos desligándose así de la técnica contable, en atención al principio constitucional de irretroactividad de las normas tributarias se establece un régimen de transición para los créditos mercantiles anteriores a la promulgación de la ley, es decir, operaciones anteriores a diciembre del 2016, y respeta las diferentes clases de intangibles con los que los contribuyentes han convivido y deberán convivir hasta su agotamiento, determinando que los CM se extinguirán dando alcance a los mismos criterios que tenían en vigencia de la normativa anterior(4), limitando eso sí, arbitrariamente, el lapso de tiempo en el cual se deben amortizar por completo a cinco años y permitiendo su amortización solo por el método de línea recta.

Un problema de la redacción de la norma es resolver qué sucede con la amortización que no se logre canalizar como deducible dentro de estos cinco años, con lo cual puede considerarse que podría menoscabarse el derecho del contribuyente.

A este dilema podría dársele dos interpretaciones i) que el saldo no amortizable constituya costo de los activos y ii) que este saldo pendiente por amortizar en los cinco años de la norma se pierda lo cual sería confiscatorio.

Capítulo aparte puede merecer esta transición cuando de créditos mercantiles en libros de entidades vigiladas por la SFC se trata, donde recordemos que en la medida que se hubieran generado con posterioridad a la Ley 1607 del 2012 guardarían el derecho a deducirse por el método de saldos crecientes que presumían una menor alícuota al inicio del término para amortizar y en todo caso su cargo a resultados se llevaría hasta en 20 años enmarcándose en una figura que dilataba la deducción, ahora, con esta transición puede concluirse que la misma es una oportunidad tributaria que permite acelerar la deducción al cambiar su método a la línea recta y al acotar el término a cinco años (…).

Finalmente, respecto de los discriminados CM donde subyacen orígenes diferentes a acciones, al no hacer la norma de transición distinción alguna estarán cubiertos por este tratamiento, es decir, la línea recta restringida a cinco años, tanto el crédito sobre acciones como el originado en la compra de unidades productivas y demás diferentes.

Conclusión

Dicho todo esto, puede que determinar la procedencia fiscal y el tratamiento contable de los CM tanto patrimonialmente como en el resultado (su amortización) es un ejercicio jurídico de sofisticada técnica tributaria, donde se envuelven muchas combinaciones de ingredientes, dependiendo el tipo de crédito mercantil y el momento histórico donde se originó, teniendo tres claras generaciones o eras en su línea de tiempo.

Esta variada combinación, lo que realmente representa son infinitos desgastes administrativos y efectos financieros igualmente complejos que precisarán de un tiempo de asimi­lación, habida consideración que cada mezcla de variables puede traducirse en diferencias diametrales en cuanto a su tratamiento.

Evidentemente, el CM se convierte en virtud de esta evolución en el actual enemigo tributario de las transacciones, habida cuenta que el mismo será un activo sin derecho a amortización que permanecerá en los patrimonios brutos de las declaraciones, sumando a las bases gravables de las obligaciones que se tasen en función de ese criterio.

Esto señala que en el mundo moderno los esfuerzos en este tipo de operaciones serán enfocados en la identificación de activos amortizables en los procesos de combinación de negocios, de tal suerte que se mitigue el impacto económico que amerita el considerar la ahora residual partida de CM como no deducible; esto representará que los estudios de identificación de activos y asignación de precio o PPA (Purchase Price Allocation) se pondrán a la orden del día y se convertirán en el soporte idóneo de cara a la fiscalización.

Como resumen, filosóficamente es evidente que en materia de crédito mercantil la cacería a la práctica comercial (vulnerable antílope-contribuyente) de parte del derecho tributario (agresivos leones ávidos de recaudo), llega por fin a su término, y deja de ser una carrera similar a la de Aquiles y la “sabia tortuga” en la paradoja de Zenón, que tan solo hoy, en determinada medida, consolida la visión de cercar a los contribuyentes para cerrar la brecha que permitía tomar ese crédito fiscal como beneficio en las declaraciones de renta.

1. Salvo claro está el tratamiento diferencial de la norma aplicable en Pymes donde el mismo se amortiza a 10 años.

2. Con su ya tratado efecto en impuestos y bases fiscales datadas desde el patrimonio.

3. Salvo en las NIIF para pymes donde hay una excepción como fue mencionado previamente.

4. Recuérdese para el caso de CM en acciones que en el mundo antiguo se requería la presencia de ingresos gravados contra los cuales asociar esta deducción y en el medievo la comprobación de demérito.