La funcionalidad de la intervención judicial en sociedades comerciales

Revista N° 29 Oct.-Dic. 2010

por Ana Cecilia Alonso 

1. Introducción

La sociedad funciona y se relaciona con el medio a través de sus representantes, cuyo marco de acción se encuentra limitado y definido por su objeto y las actividades consecuentes con él, respetando la ley, los estatutos y el reglamento, si lo hubiere.

Cuando el órgano de administración no funciona o funciona mal, excepcionalmente, el ordenamiento societario nos brinda la posibilidad de que el ente sea intervenido judicialmente, con la finalidad de alinear el accionar de los miembros de dicho órgano con el interés social.

La intervención judicial se presenta como un instituto que protege el derecho de los socios frente a lo que se denomina “abuso de la mayoría” o “desviación de poder”(1), siendo tal intervención una medida que deriva como consecuencia de permanentes conflictos societarios, afectando principalmente a los socios, aunque también a los acreedores sociales y al interés de la colectividad(2).

La afectación de estos intereses, generada por los administradores durante su gestión, justifica que estos últimos sean controlados, restringidos o desplazados en el ejercicio de sus funciones.

Clásicamente se han reconocido tres tipos de intervención judicial: veeduría, coadministración e intervención con desplazamiento de autoridades.

También, y ante la falta de ejecución de determinados actos propios del órgano de administración, el magistrado a instancia de parte interesada podrá designar a un administrador o interventor ejecutor(3) quien estará facultado para efectuar esos actos, necesarios para el desenvolvimiento de la vida societaria.

Para que la medida sea funcional respecto a los motivos que la justifican, deberá ser oportuna y motivada. Ello por cuanto su pedido extemporáneo o injustificado no solo será inútil, sino que implicará costos —jurisdiccionales y económicos— y perjuicios que aumentarán la situación de conflicto atravesada por la sociedad, debilitándola a expensas de un caprichoso pedido.

Lo anterior justifica el carácter restrictivo que han mantenido los tribunales a la hora de activar el funcionamiento del instituto que seguidamente se analizará.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes extranjeros

El Código Civil italiano contempla la figura de la intervención judicial, a pedido de los accionistas que representen un décimo del capital social, cuando existen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes de los administradores y de los síndicos.

El tribunal podrá ordenar una inspección de la administración, trabar medidas cautelares y convocar a asamblea. Si la gravedad del caso lo amerita, podrá revocar a los administradores y síndicos, nombrando un administrador judicial, determinando sus poderes y el lapso de tiempo en que actuará, quien, antes de finalizar sus funciones, deberá convocar y presidir la asamblea para el nombramiento de los nuevos administradores y síndicos o para proponer —si fuera el caso— la puesta en liquidación de la sociedad —C.C. italiano, art. 2409—(4).

En España, el artículo 132 del Código de Comercio dispone que cuando los administradores de la sociedad perjudicaran con su gestión en forma manifiesta a la masa común, los demás socios podrán nombrar entre ellos un coadministrador que intervenga en todas las operaciones, o bien promover la rescisión del contrato ante el juez o tribunal competente, que deberá declararla, si se probare aquel perjuicio(5).

2.2. Antecedentes nacionales

2.2.1. Código Civil, Código de Comercio y Ley de Sociedades 

La intervención judicial fue introducida en el ordenamiento societario a través de la Ley 22903, modificatoria de la Ley 19.550, incorporando la sección XIV del capítulo I bajo el título “de la intervención judicial” y encontrándose regulada en la actualidad por los artículos 113 a 117 de la Ley 19.550.

Con anterioridad, la orfandad regulatoria de dicho instituto en el Código de Comercio halló justificación en evitar la injerencia en los asuntos internos de la sociedad, por considerar que esa conducta era atentatoria del atributo societario de la personalidad jurídica.

La realidad demostró una necesidad opuesta a la hasta entonces defendida.

Ello provocó que la jurisprudencia comercial echara mano a la aplicación de los artículos 1681 a 1685 del Código Civil(6), disponiendo la intervención de sociedades mediante la designación de un “administrador provisorio” —socio o no—, en aquellos casos en que existiendo peligro en la demora, el juez decretara la remoción de los administradores. Ello ocurriría especialmente para aquellas sociedades en las cuales se precisaba justa causa para la remoción de sus autoridades.

Tanto Otaegui(7) como Nissen(8) mencionan dos fallos señeros en la materia: “Uman S. c. Seglin G. y otros”(9), en donde se otorgó la medida en defensa del patrimonio social, y “Feune de Colombí, D. c. La Esmeralda S.A.”(10), donde se admitió la aplicación del artículo 1684 del Código Civil a una sociedad anónima, ante el cuestionamiento de la constitución y funcionamiento de una asamblea por impugnación de la validez de los títulos que invocaban parte de sus componentes.

2.2.2. Código procesal 

La intervención judicial se encuentra regulada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —CPCCN— en los artículos 222 a 227, estableciendo su ámbito de aplicación, las figuras de los interventores recaudador e informante, las disposiciones comunes a toda clase de intervención, los deberes, la remoción y los honorarios del interventor(11).

2.2.3. Recaudos generales establecidos por el Código Procesal 

En líneas generales, el Código Procesal exige que las medidas cautelares sean interpuestas antes o después de deducida la demanda —salvo disposición legal que obligue instar la acción de fondo en forma previa o conjunta—. Además deben fundarse en derecho, mencionar claramente la medida solicitada y cumplir con los recaudos particulares que se correspondan con esta última —CPCCN, artículo 195—.

A su vez, y conforme lo establece el artículo 198 del Código Procesal, es requisito de procedencia para su obtención probar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Respecto de la intervención judicial, los artículos 222 y siguientes del CPCCN mencionan en primer término las clases de interventor: interventor recaudador —art. 223— e interventor informante —art. 224—.

Los artículos mencionados disponen claramente las funciones de uno y otro(12) y aclaran la legitimación para cada uno de los supuestos, dado que esta última difiere en caso de requerirse un interventor recaudador o un interventor informante.

Mientras que en el primer supuesto están legitimados los acreedores, en el segundo solo se requiere ser “parte interesada” —ampliando el margen de acción de los terceros interesados— o juez de oficio.

Como recaudos comunes a ambos tipos de intervención, el artículo 225 del CPCCN establece los siguientes:

a) El análisis de la verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora deberá efectuarse con criterio restrictivo.

b) El interventor deberá ser una persona con conocimientos necesarios para desempeñarse en la tarea encomendada, ajena a la sociedad o asociación intervenida. Aunque no de manera expresa, obviamente el interventor designado conforme a la Ley de Sociedades deberá respetar estos recaudos.

c) Se establecerá su misión y un lapso de tiempo para su intervención, el cual se podrá ampliar judicialmente.

d) Fijación de contracautela. Se tendrán en cuenta las siguientes pautas para la determinación de su monto: clase de intervención, circunstancias del caso, perjuicios potenciales que la medida pudiera irrogar y costas causídicas.

2.2.4. Aplicación de las normas establecidas en la Ley 19.550 y en el Código Procesal en materia de intervención judicial 

Se enarbola la compatibilización de ambos sistemas normativos y la aplicación subsidiaria del derecho procesal, en razón a lo dispuesto por el artículo 31 de la C.N.(13), con el objetivo de resolver con mayor precisión las situaciones fácticas complejas que resultan ser moneda corriente en el mundo del conflicto societario.

A tales fines, se han fijado las siguientes pautas(14):

a) Las reglas procesales están subordinadas a las normas de fondo, por lo cual las disposiciones del Código Procesal relativas a la intervención judicial se aplican subsidiariamente a la ley sustancial(15).

b) Toda disposición procesal que se oponga a lo establecido en la Ley 19.550 debe considerarse inaplicable, lo cual no ocurre cuando la hipotética disposición resulta concordante con esta o viceversa.

2.2.5. Casuística referida al modo de aplicación de las normas contenidas en la Ley 19.550 y en el Código Procesal en materia de intervención judicial 

Cuando la medida cautelar se otorgue en el marco de protección del interés social, dentro de una acción de remoción de los administradores, siendo condición sine qua non que la legitimación activa recaiga sobre un accionista de la sociedad pasible de la medida, se tratará de la intervención regulada por los artículos 113 y siguientes de la Ley 19.550.

En cambio, cuando para la obtención de la medida no resulte necesario que el peticionante revista carácter de socio y mediante ella se persiga la protección de otros intereses más allá de los societarios —individuales de los socios o bien de terceros— y no se cumplan los recaudos fijados por el ordenamiento societario —L. 19.550, artículo 114—, se tratará de una intervención regulada por el Código Procesal, que en el ámbito de la Capital Federal estará regulado por los artículos 222 y siguientes(16).

Ello no obsta para que ambos ordenamientos, en aquellos aspectos en los que no resulten incompatibles, puedan complementarse.

La jurisprudencia ha sostenido que entre la Ley 19.550 y la legislación procesal local se producirá una relación de subsidiariedad y que en aquellos supuestos no contemplados por uno u otro ordenamiento, existirá una relación de complementariedad(17).

Siguiendo esta línea, nuestros tribunales han prescindido del cumplimiento del recaudo establecido por el artículo 114 LSC —Ley de Sociedades Comerciales. Revestir el carácter de socio de la sociedad sobre la cual se pretende la intervención—, reconociendo que le asistía derecho al tercero acreedor a solicitar una medida cautelar —en el caso se otorgó en grado de veeduría— cuando la misma fuera solicitada en los términos de los artículos 223 y 224 CPCCN o 232 de la misma disposición(18).

2.2.6. Proyecto de reforma de la Ley de Sociedades(19) 

La tendencia actual fijada por el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Comerciales es amplia, extendiendo la aplicación de la medida, no ya en forma exclusiva a supuestos en los que se compruebe violación o peligro del interés social del particular, sino también a aquellos en los que el interés vulnerado sea el de uno de los socios, entre otros recaudos(20).

Para algunos autores(21) esta tendencia reafirma la filosofía tradicional del régimen de sociedades respecto de la intervención judicial, en el entendimiento de que la satisfacción del interés individual tendrá lugar en la medida en que se respete primordialmente el interés de la sociedad, dado que si bien el socio persigue la satisfacción de un interés particular, lo hace juntamente con el de la sociedad, en un todo, de acuerdo con el principio de conservación de la empresa —LSC, art. 110—.

3. Intervención judicial en la ley de sociedades comerciales

3.1. Concepto

Conceptualmente, podemos afirmar que la intervención judicial de sociedades es la medida cautelar en cuya virtud un sujeto designado por el juez, en calidad de auxiliar externo, interfiere en la actividad económica de una persona física o jurídica, sea para asegurar la ejecución forzada —interventor recaudador— o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en el estado de los bienes —interventor informante, interventor administrador o coadministrador—(22).

Se trata de una medida cautelar dentro de un juicio de remoción, de carácter general y excepcional, que se adopta sobre el órgano de administración en los casos de urgencia y necesidad que denoten una gravedad tal que se vea afectado el interés social(23).

3.2. Caracteres

3.2.1. Medida cautelar 

Al ser una medida cautelar, para su obtención será necesario probar la verosimilitud del derecho invocado —fumus boni iuris o humo del buen derecho— y el peligro en la demora —periculum in mora—, disponiéndose la misma inaudita parte.

Por ello es que la designación de interventor judicial posee carácter provisional, establecida para el resguardo de los pretendidos derechos de quien la solicita, por lo que la resolución que la adopta no causa estado(24).

Ello explica que la concreción de dicha medida no importe pronunciamiento sobre el derecho que en definitiva el magistrado pueda o no reconocer.

3.2.2. Notas características 

Según Verón(25) la intervención judicial de sociedades participa de las siguientes características: se dicta en protección de los socios e implica una intromisión o control del órgano jurisdiccional dentro del órgano administrativo, que limita el derecho a la libre gestión patrimonial del ente.

Por último, es necesario remarcar que el interventor judicial es un funcionario de la justicia, un auxiliar externo del juez; ejerce el cargo en delegación del magistrado, quien impartirá las directivas e instrucciones, las cuales deberán ser cumplidas.

4. Recaudos de procedencia —LSC, arts. 113 y 114—

La exposición de motivos de la Ley 19.550(26) condiciona la procedencia de la medida a la verificación de los siguientes recaudos: el carácter de socio del peticionante, la existencia de un peligro grave, la promoción de la acción de fondo correspondiente —acción de remoción— y la inexistencia de otros recursos que pueda otorgar el contrato social.

Dichos recaudos, recogidos por los artículos 113 y 114 de la Ley 19.550, serán analizados a continuación en forma particular. Tan solo a los fines didácticos, para su tratamiento los hemos dividido en los siguientes subtemas: peligro grave: actos u omisiones de los administradores de la sociedad; acreditación de la calidad de socio del peticionante de la medida; agotamiento de los recursos acordados por el contrato social; acción de remoción y criterio restrictivo.

4.1. Peligro grave: actos u omisiones de los administradores 

La verosimilitud del derecho que fundará la petición de la medida cautelar consistirá en la comprobación de los actos u omisiones de los administradores que pongan a la sociedad en peligro grave.

El mayor peligro que puede padecer esta última es su disolución. Ello significaría, según varios autores, que las causales que ameritarían la injerencia en los asuntos internos de la sociedad serían aquellas conductas que se alinearan con las causales de disolución —LSC, art. 94—(27), lo que a su vez también justificaría el análisis de las mismas en forma restrictiva, tal como lo enuncia el artículo 114 in fine de la LSC.

Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que el peligro grave debe analizarse en relación con el daño efectivo producido o la posibilidad de daño inminente al interés social(28), en caso de que los administradores no cesen en su conducta nociva para el ente, violando la ley, el estatuto social o el reglamento o bien cuando el conflicto suscitado comprometa su normal funcionamiento(29).

No se exige una prueba acabada de dicha circunstancia, pues tal necesidad tornaría imposible la concesión de la medida cautelar. Simplemente, basta con crear cierta convicción jurisdiccional a través de una sospecha fundada de que realmente la actividad o inactividad de los administradores podría provocar un daño cierto y efectivo en la sociedad(30), de modo que cuanto mayor sea la prueba de esta potencialidad de daño, también mayor será la gravedad de la medida cautelar otorgada.

Como se verá al momento de analizar las causales que han dado lugar a este tipo de medidas, en líneas generales estas condenan la violación de los derechos sociales de los accionistas; el modo incorrecto de llevar los libros sociales o contables —desactualización o ausencia de ellos—, en incumplimiento de los artículos 53 y siguientes del Código de Comercio; la falta de convocatoria a asamblea en tiempo y forma; el incumplimiento de la regularidad exigida por la ley de sociedades para las reuniones de directorio; la actuación irregular del órgano de administración —interés contrario, aprobación de su propia gestión, aprobar y retirar honorarios en exceso del artículo 275, aprobación de balances que no cumplen con los recaudos exigidos por la Ley 19.550, etc.—; identificación de la figura del síndico societario con el auditor contable que firma los balances y el contador interno de la sociedad, con la consecuente aprobación de dichos documentos por la administración, entre muchas otras causales que, en general, verificadas fácticamente, llevan a la designación de un interventor o a la suspensión de las decisiones asamblearias en los términos del artículo 252 de la LSC.

Por último, la mayor prueba de la verosimilitud del derecho se relaciona directamente con el monto de la contracautela, el cual disminuirá o aumentará proporcionalmente, de acuerdo a la menor o mayor prueba de la verosimilitud del derecho invocado(31), pero nunca podrá ser de magnitud tal que torne ilusorio el ejercicio del derecho que asiste al accionista de peticionar medidas cautelares(32).

4.2. Acreditación de la calidad de socio del peticionante de la medida

Quienes soliciten la medida deberán acreditar su calidad de socios; esta prueba dependerá del tipo societario del que se trate(33). En líneas generales, y en caso de sociedades de personas, la prueba de la calidad de socio será el contrato social o las modificaciones del mismo.

En las sociedades de responsabilidad limitada, la prueba será recogida del contrato social o bien de las sucesivas transferencias que deberán ser inscriptas en el registro público de comercio para su validez frente a terceros, siendo innecesaria esa inscripción para su validez entre socios —LSC, art. 12—.

Por último, en las sociedades por acciones, la calidad de socio se podrá probar de las siguientes formas:

a) Títulos nominativos emitidos: con el título conforme la Ley de Circulación(34) —LSC, arts. 208, 214 y 215—

b) Títulos nominativos no emitidos: con las constancias que surgen de los registros de sus libros o del estatuto social inscripto(35).

c) Acciones escriturales: con los registros existentes en la sociedad o en la entidad encargada de llevar el registro de las mismas.

En los supuestos de existir transferencia de las cuotas o acciones mortis causa, será necesario acreditar el carácter de heredero con el testimonio de la declaratoria —CPCCN, arts. 726, 3545 y 728—; pero en caso de urgencia o de riesgo probado de vulneración de los derechos del heredero del accionista, bastará con que se pruebe el vínculo con la documentación identificatoria correspondiente, sujeta condición de la posterior declaratoria de herederos(36).

El artículo 114 de la Ley 19.550 es claro en punto a los sujetos legitimados para solicitar la intervención societaria: deben ser socios.

Excepcionalmente se ha prescindido del cumplimiento de este recaudo, admitiéndose que la medida sea solicitada a pedido del acreedor. En este sentido, se ha sostenido que “mientras que la Ley 19.550 legisla la medida exclusivamente en protección de los socios o de la sociedad para los casos en que los actos de los administradores pongan en peligro sus derechos, el Código Procesal la contempla para cautelar legítimos intereses de terceros a falta de otra medida precautoria eficaz, sin perjuicio de contener este cuerpo de leyes disposiciones comunes a ambas intervenciones”(37).

También se ha resuelto en consonancia con calificada doctrina(38), que la restricción subjetiva que resulta del artículo 114 de la ley societaria no es óbice para que los terceros, una vez suscitado un pleito entre ellos y la sociedad, puedan pretender las medidas cautelares que aseguren la satisfacción de su derecho —y con mayor razón si los actos de la sociedad pudieran tener por fin inmediato defraudarlos—, trátese de las medidas reguladas por los artículos 223 y 224 del Código Procesal o de las decretadas por aplicación del artículo 232 del mismo código, ordenando, aún sin cumplimentar con el recaudo subjetivo del artículo 114 LSC, una intervención judicial en grado de veeduría(39).

Es decir que en este último caso se admite una medida cautelar societaria —LSC, arts. 113 y ss.—, encausada en una medida cautelar genérica —CPCCN, arts. 223 y 224—.

4.3. Agotamiento de los recursos acordados por el contrato social

Para la procedencia de la medida será necesario agotar los recursos otorgados por el contrato social. La doctrina ha sostenido que en donde adquiere relevancia este recaudo es en la sociedad anónima(40), dado que la asamblea, como órgano superior de la sociedad, deberá pronunciarse respecto de las cuestiones planteadas por los socios interesados en que esta sea intervenida, intentando poner fin al conflicto suscitado.

En este contexto, pueden generarse varias situaciones, a saber:

a) Que el accionista perjudicado sea a su vez miembro del directorio: aunque es un supuesto de difícil configuración, no por ello resulta imposible. Solo bastará que como director, y en función de la facultad que lo asiste, llame a reunión de directorio con el objeto de convocar a asamblea para tratar los hechos u omisiones que justifiquen o no la intervención societaria.

b) Que el accionista sea tenedor de acciones que alcancen o superen el 5% del capital social: tampoco habrá inconvenientes en el caso de que el directorio sea reticente a la hora de convocar a la asamblea previamente solicitada, pues él mismo podrá hacerlo en razón de lo establecido en el artículo 236 de la Ley 19.550.

c) Que el accionista no alcance el 5% en su representación accionaria: en tal supuesto, podrá intentar la vía judicial para convocar a asamblea, la que será llevada a cabo por un interventor ejecutor, nombrado a tal efecto —L. 19550, artículo 236 in fine y 242—.

Sin embargo, esta exigencia pareciera diluirse en aquellos casos en los que la tenencia accionaria del socio denunciante de los actos u omisiones que pusieran en peligro grave a la sociedad no alcanzara para imponer su decisión en la asamblea, o bien en los que el accionista perjudicado sea parte de una minoría cuyos intereses resulten contrarios a los de la mayoría —a su vez integrante del órgano de administración—, dándose una suerte de “monopolización” de la gestión en manos de unos pocos.

La jurisprudencia, en estos supuestos, se ha mostrado más flexible a la hora de analizar el recaudo de agotar previamente los recursos dados por el contrato social, prescindiéndose del cumplimiento del mismo(41).

Otros antecedentes jurisprudenciales han exigido que mínimamente se dé una explicación circunstanciada de la imposibilidad de cumplir con este recaudo(42), para relevar a la parte de su prueba. También se ha sostenido que la circunstancia de hallarse el peticionario en minoría para la adopción de decisiones sociales no constituye per se fundamento suficiente para la cautela, pues el mero desacuerdo con tales decisiones no indica que estas sean perjudiciales para los intereses del ente(43).

Por otro lado, se han rechazado las peticiones interventivas por falta de cumplimiento de este requisito, en el entendido de que estos intentos estarían destinados al fracaso por tratarse de accionistas minoritarios(44). En síntesis, deberán analizarse cuidadosamente las circunstancias particulares de cada caso al momento de flexibilizar o no la exigencia de agotar los recursos otorgados por el contrato social, así como su alcance. Este recaudo podrá ser suplido por una explicación razonada y circunstanciada de la imposibilidad de cumplimiento, lo cual será valorado por el magistrado de acuerdo con el principio de la sana crítica.

Por lo demás —más allá del cumplimiento o no del recaudo legal— resulta coherente con el funcionamiento orgánico de la sociedad solicitar al directorio que convoque a asamblea para intentar que este órgano adopte medidas respecto de los administradores cuyas conductas se consideren dañosas.

De este modo, se le daría la posibilidad al órgano de analizar el costo-beneficio de avalar y sostener una administración —cuanto menos sospechosa— cuya gestión abrió un frente de conflicto, lo cual de por sí ya implica un perjuicio para la sociedad con proyección desconocida.

4.4. Promoción conjunta de la acción de remoción de los administradores

Tal como lo manifestara Otaegui(45), la medida cautelar, como tal, tiende a asegurar derechos y está vinculada a otro proceso principal, que es la acción de remoción del administrador —L. 19.550, art. 276—.

El proceso cautelar persigue afianzar la eficacia práctica del pronunciamiento definitivo y debe guardar relación de accesoriedad con una pretensión sustancial definitiva, toda vez que no es una acción autónoma(46). La jurisprudencia ha entendido suficiente la iniciación del trámite de mediación a los fines de cumplir con el requisito de la promoción previa —o conjunta— de la acción de remoción(47).

Los actos u omisiones deben ser imputables al directorio que se pretende remover(48), no siendo posible tal remoción cuando los componentes de dicho órgano han sido remplazados al momento de solicitar la medida(49).

La jurisprudencia no ha admitido la acción de inexistencia e inoponibilidad de la persona jurídica como sustentatoria del pedido cautelar de intervención judicial(50), por considerar que dicha acción no guarda relación con la intervención judicial. Tampoco lo ha hecho dentro del marco de un juicio encaminado únicamente a nulificar ciertos actos asamblearios, pues en materia de medidas cautelares debe relacionarse necesariamente la índole de la cautela pedida con el objeto del juicio, para juzgar la existencia de verosimilitud en el derecho que amerite admitir la solicitud(51).

4.5. El criterio restrictivo

Dice el artículo 114 in fine que los recaudos de procedencia mencionados deberán ser analizados con criterio restrictivo, imponiéndose los cuestionamientos en punto a cuáles serán la medida, los parámetros objetivos y el alcance de esta evaluación jurisdiccional.

Se ha dicho que no corresponde entrometerse en la vida social si no se aprecia que la actuación de los administradores fuese de una irregularidad tal que pudiera poner en peligro grave a la sociedad y perjudicar el interés de los socios, sin posibilidad de ser subsanada por otra vía, debiendo el juez apreciar la procedencia de la intervención con criterio restrictivo —L. 19.550, art. 114—(52).

Pareciera que la significación del análisis restrictivo de los recaudos al momento de decidir radica en no abusar de la figura cautelar, dado que por definición se trata de una medida excepcional. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que la justificación del criterio restrictivo radica en que la intervención judicial no puede comportar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad, a fin de no provocar un daño mayor del que se quiere evitar, debiendo el órgano jurisdiccional tratar con prudencia todo lo que signifique interferir en la vida de las sociedades(53).

En la misma línea, se ha defendido la aplicación del criterio restrictivo, por ser la intervención cautelar societaria una medida de excepción a la que cabe recurrir una vez agotadas las posibles instancias para conjurar el peligro potencial que provendría de acciones u omisiones, enfatizando que no se trata de aplicación sistemática de un axioma o “cliché”, dado que existe normativa que contempla de forma específica el caso —LSC, art. 114— que impone la adopción de un criterio restrictivo en tanto no se adviertan configurados en forma patente los presupuestos inherentes a la medida, máxime teniendo en cuenta la injerencia en la vida del ente que su dictado acarrea(54).

La intervención judicial afecta directamente el normal funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, no hay que perder de vista que, en algunos supuestos, los primeros que atentaron contra aquel a través de su accionar fueron los administradores cuyas conductas se pretende controlar.

No se trata de una mera sospecha ni de otorgar medidas cautelares livianamente, como si ello no provocara ningún perjuicio, sino de soportar las consecuencias en forma responsable por los actos efectuados por aquellos representantes cuyas conductas han sido cuestionadas por los componentes de la sociedad.

Una sociedad interesada en su buen funcionamiento, ante la duda fundada de un accionista en cuanto a la existencia de administradores que estarían actuando en contra del interés social, no dudará en convocar a asamblea para remover o bien interpelar a dichos administradores respecto de su gestión, para evitar más daños, los que a su vez se proyectarán en conflictos internos, más allá del problema efectivamente planteado desde que se solicita la intervención societaria.

5. Casuística relacionada con la procedencia e improcedencia de la intervención judicial de sociedades

No existe en el ordenamiento societario una enumeración casuística de hechos que configuren per se el peligro grave exigido por el artículo 114 LSC para que dé lugar a la medida interventiva. Ello ha dado lugar a que renombrada doctrina interprete que la sociedad se encontrará en peligro grave cuando la conducta de los administradores la encamine a una causal de disolución(55).

A continuación se enumerarán, a modo de ejemplo, supuestos en los que la medida ha sido procedente y otros en los cuales ha tenido la suerte contraria.

5.1. Supuestos de procedencia

La jurisprudencia más reciente ha considerado que prospera la intervención judicial de sociedades en los siguientes supuestos, entre otros:

a) Asamblea irregularmente convocada e impedimento de los accionistas de acceder a la asamblea y a ejercer sus derechos sociales(56).

b) Falta de exhibición de libros, defectos en la documentación relacionada en artículo 234, inciso 1º, LSC —carencia de firmas del contador certificante y del presidente de la sociedad; falta de certificación de firmas—, ausencia de libros contables, defectos en los libros sociales(57), etcétera.

c) Incumplimiento de los recaudos formales para realizar actos de disposición trascendentes —constitución de hipoteca e inversiones— no aprobados por la asamblea y violación del derecho de las minorías en punto a la posibilidad de ejercer el voto acumulativo(58).

d) Ausencia de libros exigidos por la ley, funcionamiento defectuoso de sus órganos, ausencia de regularidad en las registraciones contables y la hipótesis de disolución prevista en el artículo 94, inciso 2º(59).

e) Funcionamiento irregular del ente societario en razón de encontrarse vencidos los mandatos de los directores durante años(60).

f) Falta de constitución de garantías por parte de los directores a favor de la sociedad en los términos del artículo 256 de la Ley 19.550(61).

g) Que el último directorio electo haya omitido la convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas dentro del plazo de cuatro meses previsto por el artículo 234 in fine(62).

h) Requerimientos de exhibición de libros y documentación respaldatoria incontestados y entrega de antecedentes contables no actualizados(63).

i) Que del último balance aprobado surja que la sociedad se encuentra incursa en la causal de disolución prevista por el artículo 94, inciso 5º, de la Ley 19.550, por haber perdido su capital social(64).

j) Que no se haya constituido la reserva conforme lo establece el artículo 70 de la Ley 19.550(65).

k) Que se hayan celebrado transferencias de activos cuya regularidad no pudo ser comprobada por un veedor designado con anterioridad(66).

l) Que exista un endeudamiento sin respaldo contable alguno(67).

m) Cuando la gestión societaria no tienda a la consecución del fin social, existiendo desvío del interés societario en beneficio del patrimonio de un accionista y la administración, designada de acuerdo a los cauces estatutarios previstos, luzca evidentemente defectuosa, de lo cual se sigue la sanción firme impuesta por la inspección general de justicia con base en negligencia y desinterés en el ejercicio de la función —L. 19.550, art. 59—(68).

n) Cuando se constituya una sociedad en forma simulada, no pudiendo comprobarse el componente affectio societatis ni una natural predisposición para disfrutar de los beneficios y soportar las pérdidas(69).

5.2. Supuestos de improcedencia

La jurisprudencia ha dispuesto que no procede intervenir a una sociedad en los siguientes casos:

a) Existe negativa a que las socias constaten el estado del asiento de los negocios —establecimiento—(70).

b) El demandado no acreditó que se le haya negado la información pertinente por los canales societarios adecuados —LSC, art. 55— e intenta obtenerla a través de un veedor, lo cual excede las facultades de los accionistas, en cuanto se incursiona en decisiones de gestión ajenas(71).

c) Falta de reunión del directorio en forma regular, por no contar la carga impuesta por el artículo 267 LSC con sanción alguna(72).

d) Alegación genérica e imprecisa de una situación administrativa anárquica(73).

e) Existencia de acefalia del órgano de administración, por no ser la vía adecuada el pedido de que la sociedad sea intervenida, sin haber en primer lugar convocado a asamblea para tratar el punto, en razón de lo cual no se encuentra agotada la vía intrasocietaria(74).

f) La sociedad se encuentra en estado de liquidación(75).

6. Clases de sociedades susceptibles de ser intervenidas

Son sociedades susceptibles de ser intervenidas todas aquellas en las cuales sus administradores realicen actos o incurran en omisiones que las pongan en peligro grave. A continuación analizaremos brevemente las sociedades típicas que pueden ser sujetos pasivos de las medidas cautelares mencionadas —sociedades de personas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita por acciones y sociedades anónimas—, así como algunos supuestos particulares —sociedades en formación, sociedades en liquidación, sociedades irregulares y de hecho y sociedades extranjeras—.

6.1. Sociedades de personas

En las sociedades colectivas, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 129 de la Ley 19.550, el administrador judicial podrá ser removido por decisión de la mayoría, sin invocación de causa, salvo pacto en contrario.

En este último caso, el administrador conservará su cargo hasta tanto se decida judicialmente la configuración de la causa que dio origen a la petición de remoción, salvo que se lo separe en forma provisional por aplicación de lo dispuesto en los artículos 113 y 117 de la Ley 19.550.

Igual sistema regirá para las sociedades en comandita simple, por aplicación analógica del artículo 129 de la Ley 19.550, de conformidad con lo establecido en el artículo 136, parágrafo 1º, de la misma ley, y también será extensivo a las sociedades de capital e industria, esta vez por lo dispuesto en el artículo 143.

6.2. Sociedad de responsabilidad limitada

No existe en el ordenamiento societario norma que inhiba la intervención de las sociedades de responsabilidad limitada, por lo cual serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 113 y 117.

6.3. Sociedad en comandita por acciones

Sostiene Verón que al socio comanditario se le reconoce el derecho de pedir la intervención judicial —pues esta no constituye un acto de intervención como el que estipula el artículo 137 de la Ley 19.550—, toda vez que el ejercicio de ese derecho no implica la injerencia en la administración, reconociendo el autor una limitación fijada por el artículo 319 de la ley: si bien la remoción se ajustará al artículo 129 de la Ley 19.550, el socio comanditario podrá pedirla judicialmente, con justa causa, cuando represente no menos del 5% del capital social(76).

6.4. Sociedad anónima

Es en este tipo societario donde la medida cautelar de intervención judicial encuentra mayor campo de aplicación.

Cabe destacar que los supuestos de procedencia serán aquellos que configuren los artículos 265, 276 y 277 de la Ley 19.550, y que se deberá demostrar que el accionista ha agotado los recursos previstos por el estatuto social —L. 19.550, art. 294—.

Por lo demás, es de aplicación para este tipo societario todo lo ya desarrollado en el presente capítulo.

6.5. Sociedad en formación —LSC, arts. 38 y 183/5—

Procede la intervención ante el incumplimiento de las obligaciones atinentes a la constitución definitiva de la sociedad. Se designa interventor para: constituir definitivamente la sociedad, definir su estado financiero y destino y ante el retraso ostensible de la inscripción en el registro(77).

6.6. Sociedad en liquidación —LSC, arts. 101/2—

Dado que el liquidador ocupa el lugar del administrador, se le asigna su mismo carácter(78). En consecuencia, y por aplicación del artículo 108, también le es extensible el régimen de responsabilidad previsto para los administradores en aquello no regulado en la sección sobre liquidación, encontrándose sometido, a la hora de analizar sus conductas, al cartabón del artículo 59(79).

En razón de ello, nada obsta a la viabilidad de la medida en el supuesto de que la intervención judicial tenga por objeto asegurar los derechos de los socios hasta tanto se divida y efectivice la liquidación de la sociedad que los unía(80).

Sin embargo, también es posible se deniegue la intervención de sociedades en liquidación:

“1. La intervención judicial de sociedades está prevista para el caso de que los administradores cometan actos que la pongan en peligro grave, y no como accesoria al pedido de remoción de liquidador —art. 103 y concordantes de la L. 19.550— cuando se encuentra en estado de liquidación. 2. La designación de un interventor judicial, que debe apreciarse con criterio restrictivo —L. 19.550, art. 114—, y cuando la actividad objeto de la sociedad está en estado de liquidación, implicaría [en tal caso] un desgaste inútil de recursos injustificado y no funcional a la liquidación que integra el objeto principal de este litigio”(81).

6.7. Sociedades irregulares y de hecho

Nada obsta a solicitar la intervención de sociedades irregulares y de hecho, siempre que se inicie, en forma conjunta con la cautelar, la acción de disolución de sociedad, en razón de la prohibición prevista en el artículo 26 de la Ley 19.550(82).

6.8. Sociedad extranjera —L. 19.550, art. 123—

El artículo 123 LSC regula el caso de una sociedad extranjera que integra una sociedad argentina en forma originaria —fundacional— o en forma derivada, estableciendo los requisitos necesarios para ello(83).

Se ha decidido —previa consideración del hecho de que la sociedad extranjera constituida en los términos del artículo 123 solo acredita su existencia a los fines de que el estado nacional verifique las características y condiciones de su inscripción para que dicha sociedad pueda ser socia fundadora o simplemente socia de una sociedad nacional— que sí es factible intervenir una sociedad extranjera inscripta en el país en dichos términos, cuando se trata de una intervención en grado de veeduría.

Ello por cuanto la medida interventiva —en los supuestos de coadministración o intervención con desplazamiento de autoridades— solo puede recaer sobre el órgano natural de administración. Y si bien los representantes locales de una sociedad extranjera comprendida en el artículo 123 no pueden ser confundidos con dicho órgano natural de administración, nada obsta a que se designe un veedor judicial, con fines de control e información, en razón de no existir injerencia ni desplazamiento del órgano natural de administración, pues su misión se circunscribe a una tarea meramente informativa del accionar de dicho órgano(84).

En síntesis, en caso de sociedad constituida en los términos del artículo 123, no procederá la intervención judicial en grado de coadministración o intervención judicial con desplazamiento, siendo esta procedente en los casos de veeduría judicial, en vista de que no recae sobre el órgano natural, sino que tan solo se limita a informar sobre el funcionamiento de los representantes en Argentina.

7. Clases de intervención judicial. Funciones. Misión

Conforme lo establece el artículo 115 LSC, la intervención podrá consistir en un veedor, un coadministrador o uno o varios administradores que desplazarán a las autoridades naturales de la sociedad.

7.1. Veedor judicial

El grado más leve de intervención es la designación de un veedor judicial, quien será “los ojos” del juez —vigila, controla y fiscaliza— y de los accionistas, a quienes se los ha privado de determinada información en la administración de la sociedad.

En líneas generales, y salvo supuestos en los cuales se asignaran funciones puntuales, el veedor es quien informará al juez acerca de los movimientos de la administración de la sociedad, el cumplimiento de la ley y el estatuto social, y también acerca del respeto por el derecho de los accionistas, en relación directa con la misión asignada, la cual siempre se encontrará circunscripta a las imputaciones efectuadas por el peticionante de la medida y aceptadas prima facie por el magistrado como posibles perjuicios a la sociedad.

Por otra parte, el veedor no desplaza a las autoridades y carece de facultades para participar en los actos de gestión, para asesorar a los administradores naturales o para vetar las decisiones de gestión.

Se ha dicho, además, que la designación de un veedor comporta más una medida preliminar respecto de otra cautela más grave, que una cautela en sí misma(85).

El proyecto de reforma(86) categoriza a la veeduría como una medida asegurativa y no como una medida cautelar. Esta posición es apoyada por cierto sector doctrinario(87), siendo innecesario el cumplimiento de todos los recaudos exigidos por la ley de sociedades para el otorgamiento de la medida.

7.2. Coadministrador

El coadministrador será quien deba actuar en forma conjunta con los administradores naturales de la sociedad, trabajando en equipo con ellos y siempre dentro del marco funcional otorgado, en razón de que se concentre en ambas figuras la administración y representación de la sociedad.

Este tipo de intervención puede ser decidido en forma originaria o por agravamiento de una veeduría judicial, ante la existencia de irregularidades que así lo ameriten.

A su vez, la misión del coadministrador puede limitarse a recaudar los ingresos de la sociedad, en cuyo caso también le será aplicable el artículo 224 del CPCCN, en punto a los límites allí previstos y en caso de silencio en el auto de designación.

7.3. Administrador con desplazamiento del órgano natural

Por último, se podrá nombrar un administrador o varios, que reemplazarán en forma provisoria a los administradores judiciales, ejerciendo funciones de administración y representación.

Aquí es de aplicación directa la segunda parte del artículo 115, por cuanto dispone que nunca las funciones y atribuciones de estos administradores podrán ser mayores a las acordadas por la ley o por los estatutos para los administradores del ente social intervenido, encontrándose así facultados para comparecer a reuniones de directorio y asambleas, presentar informes al juzgado, llevar adelante la gestión social, ejercer la representación de la firma, allanar domicilios, incautar documentación e intervenir libros, entre otras funciones otorgadas.

La misión de la intervención es el objetivo que deberá cumplir el funcionario asignado. Para ello, el magistrado ordenará y describirá las facultades especialmente asignadas, el plazo de duración de la gestión y los deberes que deberá cumplir el interventor.

Lo cierto es que la misión se circunscribe a controlar, en los modos descritos, el giro empresario del ente intervenido, y solo se tomarán decisiones de política empresaria en casos excepcionales, con previa autorización judicial, y siempre que el rol del interventor y las circunstancias del caso lo ameriten.

En empresas de gran envergadura, las diferencias entre la figura del empresario y la de los miembros del órgano de administración son claras, con lo cual también será claro el rol del interventor, quien controlará el obrar de los directores, trabajando, en consonancia con el empresario o con los departamentos correspondientes, en la toma de decisiones de política económica, las cuales deberán ser aprobadas y ejecutadas por el órgano de administración, a su vez controlado o desplazado por el interventor judicial.

Distinto es el caso de las sociedades de familia(88), en las cuales los roles relevantes de la sociedad —en líneas generales— están en manos de los miembros del órgano de administración, de forma que se concentra en ellos la toma de decisiones empresarias, su aprobación y su posterior ejecución.

En estos supuestos, el funcionario designado —siempre acorde al grado de intervención— muchas veces se verá involucrado en circunstancias que exceden el marco de su designación, pero que requerirán de su actuación para poder superarse, para lo cual se exige un conocimiento empresario que muchas veces rebasa su ciencia.

Lo dicho obliga a preguntarnos acerca de la existencia o no de una zona de discrecionalidad en el margen de acción de los interventores judiciales que desplazaron a las autoridades naturales. Es claro que cuanto mayor sea su grado de intervención, mayor también será la posibilidad de ampliar su margen autónomo de actuación.

La ley de sociedades no da lugar a una interpretación amplia de la misión fijada para el interventor, más bien la limita a la manda jurisdiccional, señalando que sus funciones nunca podrán exceder aquellas señaladas para los administradores en el estatuto o en la ley.

¿Deberá, entonces, pedir autorización judicial para realizar aquellos actos que, dentro de estas últimas funciones, excedan la misión encomendada?

La realidad de la actividad no permitirá ni que el juez controle la gestión del interventor, ni que este último pida autorización para todos los actos que deba llevar a cabo en cumplimiento de su cometido.

En líneas generales, la jurisprudencia avala la existencia de este margen de discrecionalidad en el obrar del funcionario, entendiendo que las decisiones y acciones llevadas a cabo por la intervención pueden no coincidir con los intereses de la recurrente, o que pudieron ser otras en un marco de necesaria y legítima discrecionalidad para apreciar su mérito, oportunidad o conveniencia. Pero no puede dejar de admitirse en el obrar del interventor judicial un margen razonable de aptitud funcional no sometido a un control específico y circunstanciado, puesto que como integrante del directorio responde por su gestión y no necesariamente por cada acto aislado(89). De lo contrario, el interventor se convertiría en simple agente de la administración, que aparecería así llevada en forma directa por el órgano judicial, lo que ninguna doctrina ha avalado(90).

Sin embargo, existen situaciones en las cuales el interventor judicial deberá ceder paso a la actuación del administrador societario(91). El objetivo del interventor es el control de una situación que se presume contraria a derecho y no la obtención de utilidades por el desarrollo empresario a través de una gestión próspera de la sociedad intervenida.

Se trata de una misión jurídica y no económica. Cuando la realidad supera lo ideal, el interventor deberá contar con la venia judicial para adoptar decisiones, como así también apoyarse en la asignación de auxiliares que lo asistan en la tarea a efectuar.

8. Margen de actuación de los administradores cuya remoción se pretende

Directamente relacionado con la misión fijada para los interventores judiciales, se encuentra el tema de la ultractividad de los administradores que pretenden ser removidos —en el caso de intervención con desplazamiento— o mínimamente contratados —en los supuestos de veeduría o coadministración—.

Ello por cuanto, y como se explicara ut supra, la línea entre las decisiones empresarias y el cumplimiento de las formalidades a la hora de adoptar y ejecutar dichas decisiones resulta muy estrecha en la realidad empresaria, o al menos en la de nuestra República.

Ello sumado a que el motor de la economía nacional se encuentra representado por sociedades de familia(92), en las que, como ya se ha señalado, la misión del interventor se encuentra muchas veces nublada por la concentración de la gestión societaria y empresaria en manos de las mismas personas; personas que en la mayoría de los casos, poseen el doble carácter de administradores y socios, o el triple carácter de administradores, socios y parientes, lo cual complica aún más la labor del interventor.

Existen antecedentes que tratan de solucionar estos escollos, lo cual requiere de una fuerte intención judicial compatibilizadora de intereses, cuando no una dotación especial de creatividad en la toma de decisiones en situaciones específicas.

En esta línea, se decidió, en un proceso en el cual existía intervención plena de la sociedad, consagrar una suerte de coadministración judicial, en donde convivieron el administrador pleno —interventor— con el administrador natural desplazado, en razón a la idoneidad de este último a la hora de concretar negocios acordes con la actividad empresaria limitada en su objeto social(93).

En otro caso, se admitió —ante una orden de constatación del establecimiento principal de una sociedad— que el coadministrador, cuyo mandato se encontraba vencido, acompañase a las peticionantes de la medida —supuestas herederas de un socio de la demandada— en dicha constatación, con base en “razones de economía procesal y practicidad”(94).

Lo importante en todos estos supuestos es salvaguardar el interés social, el cual se objetiviza en evitar mayores daños —en el caso: eco­nómicos— a la empresa como faz dinámica de la sociedad intervenida.

8.1. Legitimación procesal

Los administradores que se intenta remover poseen legitimación procesal para presentarse en juicio en representación de la sociedad, máxime cuando esta se encuentra cuestionada en los periodos de su gestión y en el entendimiento que de adoptarse un criterio contrario, al interventor judicial no le quedaría otra alternativa que allanarse a las demandas en su contra, por un principio de coherencia con los motivos de su designación, lo que eventualmente dejaría desprotegida a la sociedad en punto al derecho de defensa en juicio.

En esa línea se ha otorgado a los administradores desplazados provisionalmente la legitimación procesal para ejercer la defensa de la sociedad en la demanda de remoción promovida por un socio o accionista y que diera origen a la medida cautelar(95).

Como fundamento de esta posición, se ha sostenido que “la designación del interventor fue dispuesta teniendo en cuenta los argumentos de la actora, quien tuvo por finalidad regularizar la administración de la sociedad, reparar y conservar los bienes confiados mientras se sustancia el litigio principal, es incongruente pretender que el propio auxiliar sea quien suscriba la contestación de la demanda”(96).

Sin lugar a dudas, los administradores conservarán su legitimación procesal respecto de la contestación de la demanda de fondo que dio lugar a la medida cautelar, mas no se presenta tan contundente que la conserven respecto de nuevas acciones que se interpongan contra la sociedad o respecto de las que se encuentran en trámite, máxime cuando se trate de intervención plena.

Ello por cuanto los sujetos que se encuentran bajo sospecha —administradores desplazados por la figura del interventor— difícilmente pueden defender al ente intervenido, en el intento de proteger el interés que aparentemente han desvirtuado.

Acorde con esta última posición, el interventor administrador tendrá la carga y obligación de presentarse en todos los juicios en los cuales la sociedad intervenida sea parte demandada o actora. El veedor judicial, en cambio, y dado que no podrá interferir en los negocios de la sociedad, tampoco podrá representarla, por conservar sus administradores todas las facultades otorgadas por la ley y el estatuto. La misma solución es extensible al caso de coadministración judicial.

9. Facultades del interventor frente a la insolvencia de la sociedad intervenida

Capítulo aparte merece el análisis de las facultades del interventor judicial frente a la sociedad intervenida.

Esta situación se torna relevante tan solo en el supuesto de intervención plena, dado que al no existir desplazamiento de autoridades en los otros casos, los administradores naturales de la sociedad serán los facultados para actuar ante una situación de insolvencia.

El estado de cesación de pagos de la sociedad puede ser anterior, concomitante o sobreviviente a la designación del interventor judicial. Es claro que el interventor puede —y debe— colaborar en la configuración de dicho estado, a través de la información suministrada a la sociedad, la cual se asimila a un reconocimiento autenticado de la sociedad —deudora—(97).

No existe opinión unánime respecto de las facultades del interventor una vez manifestada la cesación de pagos. Por un lado, están quienes piensan que es facultad de la intervención judicial pedir el concurso preventivo de la sociedad intervenida(98) y, por el opuesto, quienes comprenden que esa facultad no asiste al interventor(99), o que este carece de capacidad para negociar la propuesta(100) o directamente denegando el pedido de intervención cuando la sociedad se hallaba concursada(101).

10. Fin de la intervención. Aprobación de la gestión y regulación de honorarios

La intervención judicial siempre tendrá un plazo determinado. Una vez acontecido el término del mismo, los funcionarios designados no tendrán más acceso al establecimiento, deberán presentar su informe final y, luego de la aprobación de su gestión, habrá concluido su misión(102).

Dado que el interventor judicial es un órgano de la sociedad nombrado por el tribunal, sus conductas deben juzgarse con las pautas establecidas por el artículo 59 de la Ley 19.550(103).

Las conductas llevadas a cabo por un interventor que justificarían su remoción deben ser por sí mismas arbitrarias, excesivas, abusivas o evidentemente perjudiciales para los intereses de la sociedad(104). La remoción debe ser juzgada por su gestión al igual que la de los administradores, pues es por ella responde, no siendo procedente que el órgano jurisdiccional revise cuanta decisión administrativa adopte. De ahí que si los actos realizados por este revelaran abuso o torpeza, sería el caso analizar su remoción. Pero en tanto esto no suceda, debe reconocérsele un mínimo de aptitud funcional no sometida a control específico y circunstanciado(105).

La regulación de honorarios procederá, independientemente de que se haya cumplido el objetivo propuesto y del pronunciamiento definitivo de la causa principal(106). Los parámetros a tener en cuenta serán la consideración de la naturaleza y modalidades de la intervención, el monto de las utilidades realizadas, la importancia y eficacia de la gestión, la responsabilidad comprometida, el lapso de duración y las demás circunstancias del caso.

Nissen entiende que el mejor parámetro serán las utilidades obtenidas durante la gestión, entendidas estas como el monto de los ingresos obtenidos en el lapso de su función(107), y no en el sentido contable utilizado por el artículo 68 LSC. Dichas utilidades se desprenderán, bien del cuadro de resultados del último balance al que el veedor tenga acceso, o bien de la facturación efectuada durante el lapso de duración de la medida.

11. Contracautela

El artículo 117 de la Ley 19.550 fija las siguientes pautas para la determinación del monto de la contracautela: clase de intervención, circunstancias del caso, perjuicios potenciales que la medida pudiera irrogar y costas causídicas.

Al respecto, se ha sostenido que el monto de la cautela aumentará en forma proporcional a la demostración de la verosimilitud del derecho(108) y que aun tratándose de una veeduría judicial, no procederá la sustitución de la contracautela por una caución juratoria del peticionante, en tanto resultaría apresurado concluir que ningún perjuicio podría causarse a la sociedad(109).

Quienes no reconocen en la veeduría judicial una verdadera intervención, sino una suerte de medida preliminar de una posible medida cautelar interventiva o una medida asegurativa(110), tampoco consideran necesario otorgar contracautela ni probar el peligro en la demora, considerándola en un punto extremo como medida autosatisfactiva(111).

12. Apelabilidad de la medida

La petición de la medida cautelar, su otorgamiento o rechazo se deciden inaudita pars, lo cual es propio de la confidencialidad que deben respetar este tipo de medidas para no restarles efectividad.

Cuando la medida sea otorgada, se notificará a la contraparte y esta podrá apelar en los términos del artículo 117 o bien consentirla. La medida también puede ser denegada, y ante la apelación de la peticionante, se abren dos posibilidades: que consienta su rechazo y continúe con la acción de fondo o que la apele.

También en este supuesto existen dos alternativas: que la alzada confirme la denegación o que la revoque, haciendo lugar a la intervención solicitada.

En este último caso, se le notificará a la contraparte la resolución de la alzada, corriendo grave peligro su derecho de defensa en juicio, en razón de existir pronunciamiento definitivo sobre el tema(112).

13. Conclusiones

La sociedad no se constituye para vulnerar intereses —ni de la mayoría, ni de la minoría—, con lo cual, ante situaciones extremas sin posibilidad de recomposición de estos, será necesario plantear un nuevo camino, ya sea a través de la mera observación de las conductas de los administradores, del trabajo conjunto con ellos o de su alejamiento y consecuente reemplazo.

La finalidad de la medida interventiva, naturalmente, es regularizar una situación que atenta contra la vida societaria. Para ello, precisa tomar los datos de la realidad y cruzarlos con las imputaciones vertidas por los denunciantes, adoptando las medidas necesarias para cumplir su objetivo.

Estas últimas deberán ser efectivas a los fines de echar luz en la oscuridad de los acontecimientos que han dañado el interés social. De dicha efectividad se desprenderá la funcionalidad del instituto en análisis.

Será necesario, para ello, una conducta seria por parte del requirente a la hora de plantear la medida, resultando esencial que su pedido se funde en hechos concretos —cuya configuración signifique un daño inminente— y no en conjeturas “literarias” que pretendan nublar la razón del tribunal.

Resultará fundamental que el potencial requirente de la medida demuestre un verdadero intento de instar positivamente al órgano de gobierno para que trate la conducta irregular denunciada, aun cuando los esfuerzos culminen en un fracaso.

Desde la esfera interna de la sociedad, también deberá intentarse resolver la cuestión, reuniendo al órgano de administración en primer lugar y, en segundo, al de gobierno, a los fines de adoptar medidas previas acorde a las necesidades de todos los miembros de la sociedad y atendiendo a los planteos efectuados por aquellos accionistas disconformes con la gestión social, en la medida de lo posible.

Ambas posiciones signan una actitud componedora como contrapartida a una actitud beligerante e improductiva, la cual solo generará daños a ambas partes, transformando a la intervención judicial en un medio de presión y no de solución.

El factor tiempo es de gran importancia tanto desde el punto de vista de la sociedad como del peticionante de la medida. El peticionante deberá instar la acción previamente a que se consuman los posibles daños o que se generen otros mayores.

La sociedad deberá advertir el conflicto con anterioridad a la promoción de la medida, obligando a una atenta gestión que aliente las normas de buen gobierno en materia societaria.

Si por el contrario, los acontecimientos no se suscitaron de tal modo, no solo constituye un derecho, sino también un deber por parte de los socios, que ante acontecimientos reprochables a la administración, rápidamente se actúe a los fines de anoticiar a los componentes del conflicto inadvertido.

Estas medidas preventivas evitarán intentos extorsivos por forzar la salida de aquellos socios disconformes con la gestión, favoreciendo un marco de negociación saludable para todo el ente.

También el tiempo cobra vigor en cuanto a la duración de la medida. En este punto, es el magistrado quien deberá limitarla cuando no pueda cumplir con los fines para la cual fue propuesta.

El criterio restrictivo debe ser la medida del abuso. Su función será limitar el ejercicio disfuncional de los derechos que asisten tanto a los requirientes como a los demandados.

En la misma línea, la contracautela ofrecida por los peticionantes, si bien actúa como limitante del acceso a la jurisdicción, nunca deberá ser inhibitoria del tal derecho.

Claramente, las normas de la ley de sociedades deben integrarse con las del ordenamiento adjetivo.

Por último, y habiéndose decidido la procedencia de la intervención judicial de una sociedad, los interventores deberán conservar un margen de discrecionalidad dentro del que actuarán, considerando las consecuencias que su obrar signifique en la actividad empresaria del ente.

Para ello, deberá reconocer siempre los límites de su ciencia, recurriendo a auxiliares que lo asistan en el cumplimiento de su cometido, en forma responsable, perdiendo el miedo a los cuestionamientos que puedan resultar a partir de su gestión, analizándolo en todo caso, de manera previa a aceptar el caro conferido.

Con estos lineamientos, la intervención judicial podrá ser una herramienta eficaz a la hora de aclarar la situación de una sociedad cuestionada, ya sea para su continuidad o su fin.

(1) Odriozola, Carlos S. Intervención Judicial e intervención administrativa de las sociedades. En: Zaldívar y otros. Cuadernos de Derecho Societario, t. III, vol. IV, p. 401.

(2) Verón, Alberto Víctor. Sociedades Comerciales, Ley 19.550 y modificatorias. Ed. Astrea, Buenos Aires: 1983, p. 378.

(3) Término que recoge el artículo 114 del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Resolución 112 de 2002, comisión integrada por Jaime L. Anaya, Raúl A. Etcheverry y Salvador D. Bergel; en adelante, “el proyecto”.

(4) Verón, Alberto Víctor, ob. cit., pp. 378-379.

(5) Ibídem. Aclara el autor que el mismo sistema rige en algunos países latinoamericanos, como Perú, Honduras y México.

(6) Recordemos que dicho cuerpo legal es norma aplicable en forma subsidiaria, conforme lo establece el título preliminar, regla I, y el artículo 207 del Código de Comercio.

(7) Otaegui, Julio César. Administración societaria. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires: 1979, pp. 455-456,

(8) Nissen, Ricardo. Impugnación judicial de actos y decisiones asamblearias. Ad Hoc, Buenos Aires: 2006, pp. 288 y 289.

(9) En: La Ley, t. 53, p. 193 —Plenario Cámara de Comercio de la Capital Federal—.

(10) En: La Ley, t. 90, p. 392 —CSJN—.

(11) Verón, Alberto Víctor, ob. cit., p. 381.

(12) En caso de interventor recaudador, se otorgará ante la inexistencia de otra medida cautelar eficaz o como complemento de otra medida ya dispuesta, recaerá sobre los bienes productores de rentas o frutos y la función del funcionario judicial consistirá en la recaudación de la parte embargada, fijándose un tope máximo para la recaudación —no más del 50% de las entradas brutas— e impidiéndose su interferencia en la administración de la sociedad. En el supuesto del interventor informante, la función asignada será la de dar noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o marcha de los negocios o actividades de la sociedad intervenida, con la carga de confeccionar informes diarios y uno final.

(13) “En los casos en los que la norma de rito no incluya tal mención —aplicación subsidiaria del derecho procesal respecto del sustancial—, entendemos que también existirá subsidiariedad del sistema procesal local ya que, si bien la competencia del legislador nacional, de conformidad con el artículo 75 inc. 12 CN es para dictar las leyes de fondo, el inc. 32 del mismo artículo le confiere las facultades implícitas para dictar las normas adjetivas, necesarias para evitar que las leyes procesales locales desvirtúen o alteren las instituciones de derecho de fondo. Roitman, Horacio. Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada. En: La Ley, t. II, Buenos Aires: 2006, p. 640.

(14) Verón Alberto Víctor, ob. cit., pp. 381-382.

(15) Cfr. artículo 31 C.N. y capítulo I, sección XIV, 3, de la exposición de motivos de la Ley 19.550, que dice: “Las disposiciones de los artículos 224 y ss. del Código de Procedimientos, Ley 17.454, y la de los códigos procesales locales se aplicarán subsidiariamente y solo en cuanto a las normas procesales ahí contenidas”.

(16) La jurisprudencia ha admitido medidas cautelares extrasocietarias tendientes a salvaguardar el interés de la sociedad en adquirir fondos por un contrato de leasing celebrado por los administradores en supuesto fraude a la sociedad, aun cuando no se cumplieron requisitos de forma —CNCom, Sala C, 2009/04/30, Lombardi Eduardo Alberto c. Brescia Alejandro Daniel s/ medida precautoria, en: La Ley, t. D, 2009, p. 592. En la especie no se había iniciado acción de remoción en forma conjunta, ni tampoco acreditado el agotamiento de las instancias societarias previas, en razón de lo cual la medida decretada fue genérica pero condicionada a que se inicie en el término del artículo 207 CPCCN la acción de fondo correspondiente: remoción de los administradores—.

(17) Roitman, Horacio, ob. cit., p. 644.

(18) CNCom, Sala D, 2008/07/21, Kahl Amalia Lucía c. York Air SA y otros, en: La Ley on line.

(19) El proyecto, cfr. nota 1.

(20) “ART. 113—Procedencia. Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave o nieguen a los socios el ejercicio de sus derechos, así como cuando se susciten conflictos entre socios que comprometan el normal funcionamiento de la sociedad, procederá la intervención judicial u otras medidas asegurativas con los recaudos establecidos en esta sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad” —art. 1134 del proyecto de reforma—.

(21) Macagno, Ariel A. G. Atipicidad procesal de la intervención judicial de sociedades. A propósito del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Comerciales. En: Lexis Nexis, n.º 003/010824, p. 23.

(22) CNCiv, Sala A, 1994/06/28, Cocimano Victorio c. Consorcio Avenida Libertador 4730, en: La Ley, t. 1995-C-p.143, cit. por Macagno, Ariel A. G., ob.cit.

(23) Richard, Efraín Hugo y Muiño, Orlando Manuel. Derecho societario. Astrea, Buenos Aires: 1997, p. 241.

(24) Verón, Alberto Víctor, ob.cit., 1983, p. 384.

(25) Verón, Alberto Víctor, ob.cit., 1983, pp. 386-388.

(26) “En la formulación de distintas disposiciones legales se ha recogido la vasta experiencia judicial y los importantes antecedentes doctrinarios existentes sobre el tema, tal como se hiciera en el anteproyecto y en el proyecto de la comisión revisora. La procedencia de esta medida cautelar se condiciona a la demostración de la calidad de socio por parte del peticionante, a la acreditación de la existencia del peligro y de su gravedad, a la promoción de la acción de fondo correspondiente y a la inexistencia de otros recursos que pudiere otorgar el contrato social” —cap. I, secc. XIV, 1—.

(27) Otaegui, Julio C., ob. cit., p. 460.

(28) “Cuando las pretensiones de los peticionantes parecen inherentes a su interés particular y no al social, debe rechazarse la intervención judicial solicitada, ya que, si bien se admiten intereses particulares de los socios, ello no podría evaluarse en ese contexto de apreciación liminar sin exceder el marco de dicha medida” —CNCom, Sala A, junio 24 de 1998, Grisolía Jorge M. y otro c. Tracfer S.A. y otros, en: La Ley, 1999-D, 192—.

(29) CNCom, Sala A, 2009/06/04 González Ramella Virginia c. Asyst S.A. s/ ordinario.

(30) En contra de lo dicho, se ha considerado que los presupuestos inherentes a la medida cautelar deben configurarse en forma patente y efectiva, no alcanzando que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora sean hipotéticos o conjeturales —CNCom, Sala C, 2006/02/10, Justo Elba Noemí c. Once Esquinas S.A. y otro, en: La Ley Impuestos, t. 13, Buenos Aires, 2006, p. 1.965—.

(31) Ver punto 4.4 del presente artículo, en donde se desarrolla con mayor profundidad el tema.

(32) Nissen Ricardo, ob. cit., p. 307.

(33) Ver ampliamente este tema en Otaegui, Julio C., ob. cit., pp. 457 y 458.

(34) CNCom, Sala B, 1969/08/27, Katz Zygmundo c. IZA S.A.

(35) “Corresponde considerar acreditada por el actor la calidad de accionista de la sociedad demandada, a los efectos del dictado de una medida cautelar, aun cuando no hubiera acompañado los documentos accionarios, pues si bien estos una vez emitidos exteriorizan el carácter de socio al constituir la representación material de la participación en el capital, tal condición es preexistente a la emisión del documento” —CNCom, Sala B, 2003/09/10, Morales Luis Alberto c. Placido Martínez Sobrado S.A. y otro s/ ordinario s/ inc. de apelación, artículo 250 CPCCN; CNCom, Sala B, 2001/05/24, Trainmet S.A. c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A., en contra; CNCom, Sala C, 1989/09/28, Luna, Jorge c. Cervecería Argentina San Carlos S.A., en: La Ley, t. B, 1990, p. 604—.

(36) “Tratándose de herederos forzosos que entran en posesión de la herencia desde el día del fallecimiento del causante sin necesidad de investidura judicial —C.C. 3410—, el ejercicio de los derechos de socio no se encuentra subordinado a la inscripción de la declaratoria de herederos en los registros de la sociedad” —CNCom, Sala C, 1990/10/29, Schillaci, Irene c. Establecimiento Textil San Marco S.A. s/ nulidad de asamblea; CNCom, Sala E, 2005/12/26, sucesión de Arnaldo Gavazzo c. Artes Gráficas Negri s/ medida precautoria—.

(37) Verón Alberto, Víctor, ob. cit., pp. 381-382.

(38) Pérez Peña, L. Intervención Judicial de Sociedades Comerciales, Buenos Aires: 2005, p. 106; Cámara, H. Derecho Societario. Estudios Relacionados con las leyes 19.550 y 22.903. Buenos Aires: 1985, p. 649; Roitman, H., ob. cit., p. 704; Molina Sandoval, C. Intervención Judicial de Sociedades Comerciales. Buenos Aires: 2003, pp. 56 y 58, cit. en fallo nota 11.

(39) CNCom, Sala D, 2008/07/21, Kahl Amalia Lucía c. York Air S.A. y otros, en: La Ley on line.

(40) Verón, Alberto Víctor, ob. cit., p. 429.

(41) CNCom, Sala B, 1963/07/02, Navarro Ocampo, Carlos c. José S. Pampin —ya por ese entonces y ante la concentración momentánea de todas las acciones en una sola persona, se prescindió del requisito de agotar los recursos societarios, en razón de estar impedido el normal funcionamiento de los órganos—. En igual sentido: CamCCCdoba Nº 2, 1991/07/05, La Capillense SRL; “No tiene asidero controvertir que no se encuentran agotadas las vías societarias internas a efectos de la designación de veedores judiciales, si la accionante propuso a la asamblea ordinaria la consideración de la acción de responsabilidad contra el directorio, la que fuera denegada con el mismo voto de sus miembros cuestionados. Llegado a tal extremo, no parece requerirle a la actora, en orden a agotar esas vías, la presentación de requisitoria al órgano sindical” —CNCom, Sala C, 1979/09/14, Kuckiewicz, Irena c. Establecimientos Metalúrgicos Cabanna S.A.—.

(42) “No se acreditó el requisito de agotamiento de la vía intrasocietaria —LSC: 114—. Como bien lo señaló el peticionante, ello estaría dado por la convocatoria a la asamblea para que se debata y resuelva la remoción de los nuevos directores designados en la asamblea del 14/08/2008. Pero en el caso nada de ello se produjo, ni se alegó haber hecho alguna gestión para llevar al seno de la asamblea de accionistas la pretendida remoción de los directores, que es el trámite adecuado —al ser dicho órgano de gobierno quien ejerce el control de la administración y quien está facultado para designar y remover a sus integrantes —LSC: 234, inc. 2º—. “Y no es suficiente para soslayar el cumplimiento de ese requisito legal la mera manifestación en el caso de que ello se evidencia como un ‘ritualismo vacuo’ y que resultan ‘obvias’ las razones por las que en ese supuesto no es factible transitar las vías internas” —el destacado me pertenece— CNCom, Sala C, abril 3 de 2009, Chemea Alberto c. Lelie SAIC s/ ordinario.

(43) Richard, Efraín Hugo y Muiño, Orlando Manuel, ob. cit., pp. 242-243.

(44) CNCom, Sala A, 1972/07/20, Dacunto, José R. y otros c. Transportes Saavedra S.A., en: La Ley, Tº 148, p. 567; CNCom, Sala C, marzo 18-977, Gainza Paz, Guillermo c. La Prensa S.A. y otros, en: La Ley Tº 1977-C 603.

(45) Otaegui, Julio C., ob. cit., p. 457.

(46) CNCom, Sala E, 2005/05/21, Mastrocola c. Estado Nacional s/ sumarísimo; CNCom, Sala E, 1993/06/30, Giacchino c. Levitan s/ inc. de medida precautoria”; sentencia de primer instancia firme, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, n.º 11, Secre. n.º 21 con fecha 2005/07/08 en autos Tregnaghi Sandra María c. Metalúrgica Aquiles Tregnaghi S.A. s/ ordinario.

(47) CNCom, Sala A, 1998/06/24, Grisolía Jorge M. y otro c. Tracfer S.A. y otros, en: La Ley, t. D, 1999, p. 192.

(48) “No procede la intervención de la sociedad si las irregularidades denunciadas en sustento del pedido de remoción están referidas a actuaciones registradas con anterioridad a la designación de los demandados en el directorio” —CNCom, Sala C, 2009/04/03, Chmea Alberto c. Lelie SAIC s/ ordinario—.

(49) “El pedido de intervención societaria —L. 19.550, art. 113— deviene improcedente si dos de los tres directores, cuya remoción se requirió, fueron asambleariamente reemplazados con posterioridad a la promoción de la demanda judicial, de modo que sólo continua desempeñándose uno solo de los originariamente demandados —que fue reeligido—” —CNCom, Sala C, 2009/04/03, Chmea Alberto c. Lelie SAIC s/ ordinario—.

(50) CNCom, Sala C, 2008/09/12, Díaz Nora Patricia c. Azumendi Belén y otro, en: La Ley, 2009/01/20, p. 4.

(51) CNCom, Sala A, 2009/06/04, González Ramella Virginia c. Asyst S.A. s/ ordinario.

(52) CNCom, Sala A, 2009/05/14, Lebon Carlos Alberto c. Acquanova S.A. s/ medida precautoria.

(53) CNCom, Sala B, 1994/12/12; Ferrer de Ezcurra Horacio c. Talanga S.A. s/ sumario; CNCom, Sala B, 1994/05/23, Bietti, Maximiliano c. Vattuone, Édgar Antonio y otros s/ sumario.

(54) CNCom, Sala C, 2006/02/10, Justo Elba Noemí c. Once Esquinas S.A. y otro, en: La Ley Impuestos, t. 13, 2006, p. 1.965.

(55) Otaegui, Julio César, ob. cit., p. 460.

(56) CNCom, Sala E, 2007/01/27, Paz Menéndez Alejandro J. c. Grupo JAC S.A., en: La Ley, 2007/01/25, p. 4; La Ley, t. A, 2007, p. 563.

(57) CNCom, Sala B, 2005/04/13, Eurodale SA c. Univista S.A.

(58) CNCom, Sala D, 2007/09/20, Bardessono Silvia Mabel y otros c. Salvador Liguori S.A.A.C.I.I., en: La Ley, 2008/01/04, p. 4.

(59) CNCom, Sala C, 1997/02/27, Diviachi Pedro v. Schuberoff Julio s/ sumario.

(60) CNCom, Sala D, 2001/11/28, Comesaña Graciela Susana v. Accinelli Luis Ángel s/ medida precautoria s/ inc. de apelación.

(61) CNCom, Sala A, 2009/05/14, Lebon Carlos Alberto c. Acquanova S.A. s/ medida precautoria.

(62) CNCom, Sala A, 2009/05/14, Lebon Carlos Alberto c. Acquanova S.A. s/ medida precautoria.

(63) CNCom, Sala D, 1999/11/08, Blajean Bent Enrique v. Ye Olde S.A. s/ medida precautoria.

(64) CNCom, Sala A, 2009/05/14, Lebon Carlos Alberto c. Acquanova S.A. s/ medida precautoria.

(65) Ídem nota 37.

(66) Ídem nota 37.

(67) Ídem nota 37.

(68) CNCom, Sala D, 2008/11/28, Bettinoti María Julia y otros c. Santa Julia SCA s/ diligencia preliminar.

(69) CNCom, Sala D, 2008/11/28, Bettinoti María Julia y otros c. Santa Julia SCA s/ diligencia preliminar.

(70) Aunque en el caso se autorizó —no como medida cautelar, ni como medida dentro de otra cautelar, dado que el mandato del coadministrador se encontraba vencido— la constatación del estado del establecimiento y los bienes en él existentes, con posibilidad de ser inventariados por las presuntas herederas de uno de los accionistas y en compañía del coadministrador —CNCom, Sala B, 2009/08/21, Leloir, Dolores c. Pacheco Santamarina, Carlos Juan—.

(71) CNCom, Sala E, 1998/10/31, Kispia S.A. v. Donati Hnos. CIIES; CNCom, Sala E, 1994/06/02, Huevofrito SRL v. Geson S.A. s/ sumario; CNCom, Sala E, 1994/12/29, Sassón Attie Raúl v. Sassón y Cía. S.A. s/ intervención judicial.

(72) CNCom, Sala B, 2004/08/23, Thorp Mario v. Edificadora MB SA s/ medida cautelar s/ inc. de apelación.

(73) CNCom, Sala E, 1995/10/10, Bucchianeri de Bernasconi María v. Doña Facunda SRL s/ inc. de medida cautelar.

(74) CNCom, Sala D, 2009/05/22, Feijoo Jorge c. Santos Horacio Aníbal y otro s/ medida precautoria.

(75) Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Reconquista, 2008/05/07, Yuquich Teresita María Shaumburg c. Ferrari Guillermo s. remoción de liquidador (sumario) s/ pedido de intervención Sanatorio Vera.

(76) Verón, Alberto Víctor, ob. cit., p. 422.

(77) CNCom Sala B, 1976/08/04, Feito M. c. Gacciopo y otros.

(78) “El liquidador ocupa y asume el lugar y carácter de administrador y representante de la sociedad con relación al fin extintivo de su cometido, no es representante de los socios, ni de los acreedores sociales, sino que es el órgano societario y sus derechos y obligaciones se desprenden de los textos respectivos de la LSC, especialmente los artículos 108 y 105” —C 1ª civ. com. Tucuman, 1979/04/25, Provincia de Tucumán c. Inmobiliaria del Noroeste S.A.—.

(79) CNCom, Sala 1978/07/07, Facio J.E. y otros c. Facio de Crotto A. SCA y otros.

(80) CNCiv, Sala C, 1976/22/10, Macías de Borderampé M.A. c. Borderampé O.H.

(81) Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Reconquista, 2008/05/07, Yuquich Teresita María Shaumburg c. Ferrari Guillermo s/ remoción de liquidador (sumario) s/ pedido de intervención Sanatorio Vera.

(82) CNCom, Sala D, 1977/08/05, Macri E. y otra c. Angeli; CNCom, Sala A, 1977/05/27, Saturnini c. Morte MA.

(83) CNCom, Sala D, 1978/07/20, Saab Scania Argentina S.A., ED. ED t. 79, p. 730.

(84) CNCom, Sala D, 2008/21/07, Kahl Amalia Lucía c. York Air SA y otros, en: La Ley on line.

(85) CNCom, Sala A, 1998/03/12, Morrone Domingo c. Carmor S.A.

(86) Artículos 113-116.

(87) Matta y Trejo, Guillermo. En torno a la impugnación de decisiones asamblearias de sociedades anónimas. En: Nuevas Doctrinas Judiciales en Materia de Sociedades Comerciales. Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Mac Tomas, Buenos Aires: 2009, pp. 271-272.

(88) Ver Dubois, Eduardo M. Favier (h). Revista Jurídica El Derecho, ejemplar del 2010/02/17, p. 1 y ss.

(89) CNCom, Sala B, 2008/10/10, Gran Vía S.A. c. Nothern Lauzen S.A. y otro, s/ incidente de impugnación (actuaciones y remoción de los interventores); CNCom, Sala D, 1980/12/23, Productos Sudamericanos SCA c. Iweco Isidoro Weil y Cía. S.A.; CNCom, Sala A, 2006/05/04, Taselli, María Victoria y otros c. IATE S.A. y otros, s/ medida precautoria s/ remoción de coadmistrador judicial.

(90) Dasso, Ariel. La intervención en la sociedad anónima, en: La Ley, t. A, 1990, p. 636.

(91) Raisberg, Claudia. Intervención de sociedades. Legitimación del administrador judicial. Cuestiones internas. Insolvencia. Ponencia presentada en el V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia y VII Congreso Argentino de Derecho Concursal, Mendoza, 2009.

(92) “Es parte de la realidad que viven en la Argentina el 70% de las empresas que se encuentran en funcionamiento y que son familiares” —Dubois, Eduardo Favier. Nota periodística publicada en Info Bae Profesional, del 2010/03/23—.

(93) CNCom, Sala D, 2003/16/07 (causa 113334/99), Las Dos Manos S.A. s/ concurso preventivo.

(94) CNCom, Sala B, 2009/08/21, Leloir Dolores c. Pacheco Santamarina Carlos Juan.

(95) Nissen, Ricardo, ob. cit., p. 306; Raisberg, Claudia, ob. cit.

(96) Raisberg, Claudia, ob. cit., con cita de Anta, Carlos Alberto. La intervención judicial en las sociedades comerciales, en: La Ley, t. F, 2007, p. 1.076.

(97) CNCom, Sala C, 2005/10/11, Bosch Francisco c. Seia Beauty S.A. s/ medida precautoria, y CNCom, Sala C, 1990/06/04, Pelliza Oscar s/ pedido de quiebra por Vilaboa Damian s/ inc. de medidas cautelares.

(98) CNCom, Sala B, 2006/07/06, Cementerio Parque Jardín del Oeste S.A. s/ concurso preventivo.

(99) CNCom, Sala C, 1980/04/01, Cooperativa de Crédito del Centro de Almaceneros.

(100) CNCom, Sala A, Southern Winds S.A. s/ concurso preventivo.

(101) CNCom, Sala A, 2002/03/08, Multicanal S.A. c. Supercanal Holding S.A. s/ medidas cautelares s/ inc. de medida cautelar; CNCom, Sala B, 2003/02/28, Piccaluga Francisco Atilio c. LBB S.A. y otros s/ ordinario.

(102) Efectivamente, la misión encomendada culminará, lo que no obsta a que una nueva se le encargue de conformidad con lo informado, pudiéndose extenderse el plazo de la intervención o aumentarse el grado de la misma.

(103) CNCom, Sala B, 2008/10/10, Gran Vía SA c. Northern Lauzen S.A. y otro s/ incidente de impugnación.

(104) CNCom, Sala B, 2008/10/10, Gran Vía SA c. Northern Lauzen S.A. y otro s/ incidente de impugnación.

(105) CNCom, Sala D, 1980/12/23, Producciones Sudamericanas SCA c. Iweco Isidoro Weil y Cía. S.A., citado por Palomino, Luis Alberto. Intervención judicial de sociedades comerciales. En: La Ley t. D, 1996, p. 1.502.

(106) “... su gestión se halla concluida y aprobada, encontrándose satisfecho —por ende— el recaudo previsto por el CPR: 227 y por este tribunal en casos anteriores (...). En consecuencia, resulta procedente la determinación de la retribución por los trabajos realizados, aun cuando no haya recaído pronunciamiento definitivo en la causa principal”. CNCom, Sala E, 1997/10/23, AGF Inversiones S.A. c. La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. s/ medida precautoria; CNCom, Sala B, 1987/12/24, Marat S.A. c. Bastarrechea S.A. s/ ordinario.

(107) Nissen, Ricardo, ob. cit., pp. 308-309.

(108) Se ha resuelto que “La razón de ser de la contracautela radica en la circunstancia de que la cautela se decreta inaudita pars, y tiene la función de amparar al destinatario de la medida, asegurándole para la eventualidad de que esta haya sido obtenida sin derecho. Cuanto mayor sea la verosimilitud del derecho fundante del pedido de la cautelar, menor habrá de ser la contracautela que se imponga” —en igual sentido: CNCom, Sala B, 1995/12/05, Viparita S.A. c. Santana, Juan; CNCom, Sala B, 2002/12/30, Sánchez Amuchastegui, Gustavo Gabriel c. Vázquez, José María y otro s/ medida precautoria; Álvaro, Hugo c. Instituto Privado de Ojos Dr. Scattini S.A. s/ medida cautelar s. inc. de apelación; CNCom, Sala B, 1991/05/13—. “La contracautela es una garantía que debe suministrar quien solicita una medida cautelar a los fines de asegurar la reparación de los daños que se ocasionen al afectado cuando se la decreta indebidamente, quedando librado al prudente arbitrio judicial su determinación, de acuerdo a la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso —en igual sentido: Sala A, 23.5.96, Orrico, Abelardo c. Transportes Aut. Riachuelo S.A., Sarquise, Alfredo c. Astilleros Sistemas Marinos, 24/08/93, CNCom, Sala C—. “La contracautela sirve como medio para garantizar preventivamente el eventual crédito de resarcimiento de futuros perjuicios que podrán resultar de la ejecución de la medida cautelar, si en definitiva la misma se revela como infundada. Al respecto, los jueces tienen la facultad de graduar la calidad y monto de la caución, que debe otorgar quien haya obtenido una medida cautelar en un intento de hacer posible con celeridad y eficacia la función de garantía que constituye el objeto de tales medidas, pero impidiendo al mismo tiempo perjuicios innecesarios para el deudor. La pauta respectiva está dada por la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado y las circunstancias del caso” —Cfr. CPR 199-2ª parte— (CNCom, Sala C, 1994/04/18, Cozzi, Emilia c. Vázquez Cozzi y Cía. S.A.). “La contracautela no es necesaria que se preste por el monto equivalente al que se decreta el embargo, sino al de las costas y los daños y perjuicios que este puede irrogar” —CNCom, Sala B, 1985/07/1º, Estela S.A. c. Srigar SRL s. ord.—. “La contracautela prevista por el CPR 199 es aplicable en términos generales a toda medida cautelar. Además ha de ser proporcionada al contenido de la eventual responsabilidad: ni excesiva, ni exigua, atento a que debe cubrir los daños eventuales en los términos del CPR 208” —CNCom, Sala A, 1982/09/10, Decker Perdomo de Houwer c. Houwer Gijabart, E.—. “La contracautela es la garantía que debe suministrar quien solicita una medida precautoria, a fin de asegurar la reparación de los daños que puedan ocasionarse al afectado cuando hubiere sido decretada indebidamente, quedando librada al arbitrio judicial su determinación, calidad y monto de conformidad con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las particularidades del caso” —CNCom, Sala C, 1995/06/16, Antuña Hnos. sociedad de hecho c. Berardi y Cía. SCA—.

(109) CNCom, Sala E, 2008/11/12, Meigas A c. San Lamed S.A. y otros s/ medida precautoria.

(110) Nissen, Ricardo, ob. cit., pp. 54 y ss.

(111) Matta y Trejo, Guillermo, ob. cit., pp. 271-275.

(112) Nissen, Ricardo, ob., cit., p. 290.