La inflación y el impuesto sobre la renta

Revista Nº 143 Sep.-Oct. 2007

Horacio Ayala Vela 

Contador público, Consultor privado. 

Columnista y Profesor universitario. 

Ex Director DIAN. 

Introducción

Cumplido el desmonte normativo del régimen de ajustes integrales por inflación en Colombia, tanto para fines fiscales como contables, resulta oportuno hacer algunas reflexiones sobre el tema, en la medida en que las variaciones en los precios, cualquiera que sea su grado, tienen un impacto sobre los impuestos directos, particularmente el impuesto sobre la renta, impacto que puede afectar la adecuada aplicación de los principios básicos de tributación.

El fenómeno requiere permanente atención, porque, aun cuando los niveles periódicos de inflación no luzcan alarmantes, los efectos acumulados pueden ser significativos. Por ejemplo, las tasas del IPC durante los últimos años han sido las más bajas de Colombia en mucho tiempo, no obstante, si tomamos los índices acumulados desde cuando la entonces Superintendencia Bancaria suprimió los ajustes contables por inflación para sus vigiladas, el poder adquisitivo del patrimonio de dichas entidades en ese período de seis años se deterioró en una cifra cercana al 44 por ciento, lo que demuestra la importancia del asunto.

De manera que el tema no se agota con la supresión del régimen de ajustes integrales, cuyas virtudes siempre fueron discutibles, aun valorando la bondad de sus objetivos teóricos. Siempre que exista inflación, será prudente tratar de medir y eliminar sus efectos sobre las bases gravables de los impuestos directos, en aras de los principios de equidad y de neutralidad. Por esa misma razón, la implantación de medidas de esta naturaleza no puede servir como un pretexto más para incrementar los recaudos fiscales.

Inflación y tributación

Los principios de equidad en que se basa el impuesto sobre la renta aconsejan consultar la capacidad contributiva del ciudadano —que está muy cerca de su capacidad económica—, para determinar la base gravable con el impuesto. El fenómeno de los precios cambiantes, que se traduce en la volatilidad de los valores relativos de los bienes y servicios, y los cambios en los precios generados por las fluctuaciones en las cotizaciones de las monedas, distorsionan las bases de tributación (1) . El fenómeno es evidente, tanto para los contribuyentes formales, cuya contabilidad refleja en gran medida su capacidad económica, como para las economías de bolsillo, sujetas en forma directa a las variaciones en sus ingresos y sus gastos, incluyendo los impuestos.

El ejemplo más elemental, pero quizá el más elocuente, surge del análisis de las tarifas del impuesto de renta, que en virtud de la equidad vertical deben ser progresivas, al menos para las personas físicas. Si la estructura de las tablas se mantiene inmodificable, aun cuando los efectos inflacionarios fuercen incrementos de los ingresos en valores absolutos, para mantener su capacidad de compra, el tributo se aumenta en términos reales, a pesar de que la capacidad adquisitiva del contribuyente se ha mantenido inmodificable.

De acuerdo con las circunstancias del momento, el estudio de este tema ha ocupado el interés de diferentes países. Inglaterra, por ejemplo, tuvo etapas donde la elevada inflación obligó a las autoridades a estudiar el fenómeno para buscar soluciones. En 1974, cuando un informe oficial declaraba que el Reino Unido se encontraba en la cúspide del peor período de inflación en su historia, el secretario de Estado para el comercio e industria anunció ante la Cámara de los Comunes la integración de un comité designado para estudiar el problema. Uno de los aspectos a analizar, de acuerdo con los términos de referencia, tenía que ver con: “Cualquier implicación para el gravamen a las utilidades y a las ganancias de capital de las compañías, bajo la premisa de que la carga de la cuota de impuesto directo para el sector de la respectiva compañía debía mantenerse sin modificaciones” (2) .

Los mecanismos de medición de la inflación

Siendo el principio muy simple, no lo son los mecanismos para medir los efectos inflacionarios. El procedimiento más preciso es el análisis directo de cada uno de los productos o servicios, construyendo estadísticas individuales, destinadas a medir los cambios en los precios en diferentes momentos, pero debido a las dificultades prácticas que ofrece este sistema, como regla general se acude al uso de los índices de uso común.

No obstante, a pesar de la proliferación y refinación de los índices, su capacidad para medir adecuadamente las situaciones es discutible, dada la diversidad y las características cambiantes de las actividades comerciales. Son muchos los fenómenos que pueden intervenir en los incrementos de los precios de los bienes y servicios, en grados y de formas diferentes. De manera que el uso de un índice único no siempre resulta equitativo y ese es el principal problema con que se tropieza al momento de tratar de medir y ajustar los efectos inflacionarios. Las siguientes frases del estudio del Reino Unido al respecto son muy ilustrativas y por ello resulta oportuno transcribirlas.

“... Un índice mide el cambio en el nivel promedio de los precios de un grupo particular de bienes y servicios, pero es de uso limitado en la determinación de los cambios en los precios de otros bienes y servicios. Un índice general de cambios en los precios o de ‘poder de compra’ del dinero es de muy poco uso práctico y el concepto de ‘cambio general de precios’ y su opuesto, ‘el poder general de compra del dinero’, no son cuantificables”.

Los métodos de ajuste

La limitada confianza en los índices llevaría a concluir, sin ánimo de generalizar, que los ajustes particulares a ciertas áreas de la determinación del impuesto de renta permiten, de manera más adecuada, reconocer los efectos inflacionarios, sin desvirtuar el principio de la neutralidad, es decir, que como indica el informe del Reino Unido, la cuota del impuesto se mantenga inmodificable, a pesar de la inflación. A este respecto, Croll (3) anota que no está de acuerdo con el uso de un índice general, porque no es significativo para el proceso de toma de decisiones gerenciales. Se inclina por los índices particulares, pero referidos a las áreas que tienen una mayor importancia dentro del balance de una empresa tipo, como los activos fijos, los inventarios y las deudas a largo plazo.

El enfoque de este autor es por supuesto mucho más realista, en vista de que no todos los rubros del balance sufren las mismas consecuencias en términos de inflación. Uno de los renglones que más se desvirtúa por efectos de la inflación es el de las provisiones o apropiaciones para depreciación o amortización de activos, que se suponen destinadas a permitir la reposición de los bienes cuando termina su vida útil económica. Por ello es indispensable corregirlas, para que cumplan su cometido. Los inventarios, dependiendo por supuesto de su velocidad de rotación, merecen especial atención, más allá del uso de la valoración con base en el método LIFO. Por estas razones, resulta más apropiado corregir los precios de aquellos rubros críticos del balance, en vez de ponerse en la tarea de ajustarlos todos con un índice general.

Los ajustes en Colombia

La legislación tributaria colombiana tiene una amplia historia en el reconocimiento de los efectos inflacionarios en el impuesto sobre la renta e incluso en impuestos indirectos como el de timbre nacional. A partir de 1976 (4) , aunque parcialmente, las normas permitían el ajuste de las tarifas progresivas del impuesto de renta. Este procedimiento se mantuvo hasta 1979, cuando la Ley 20 de ese año autorizó el reajuste por la totalidad del incremento porcentual en el índice de precios, sin embargo, no se corrigió el ajuste de los años anteriores, que venía desfasado en una cifra que llegaba a casi 200 por ciento en 1982. Tal corrección solo se logró a partir de 1983, gracias a la Ley 9ª de ese año.

De la misma manera, desde 1974, han sido expedidas diversas disposiciones destinadas a reconocer el incremento de los precios motivado por la inflación, de los activos fijos o bienes de capital, para la determinación de las ganancias en la enajenación de tales bienes, sin perjuicio de las medidas coyunturales (o amnistías tributarias) que han permitido la actualización de los costos. También han sido amplias y frecuentes las disposiciones destinadas a reconocer la inflación para el cálculo de la depreciación de los bienes de capital, bien sea mediante la autorización de tasas aceleradas de depreciación, como en el Decreto 1649 de 1976, o a través de la facultad de depreciar los bienes ajustados por inflación, vigente entre 1989 y 1991.

Otro tanto puede decirse de las normas destinadas a deslindar de la tributación el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Medidas parciales en este sentido existen desde 1976, y con cubrimiento total, al menos para las personas naturales, desde 1986. En forma reiterada los gobiernos quisieron desde el principio extender este tratamiento a las personas jurídicas, pero han tropezado con la oposición de los empresarios, quienes han conseguido defender el subsidio al endeudamiento, que se otorga a través de las deducciones totales de los costos financieros.

Finalmente, los ajustes parciales también han cobijado al rubro de inventarios desde el año 1974, cuando por interpretación doctrinaria la Dirección de Impuestos, autorizó el uso del método Últimas Entradas Primeras Salidas o LIFO para la valoración de estos activos. Valga anotar, que esta medida generó innumerables abusos, utilizando como instrumento la denominada reserva LIFO, a través de la cual los contribuyentes incrementaban los costos de ventas y reducían los inventarios, para los meros efectos fiscales, lo que forzó su corrección gradual por mandato de la Ley 174 de 1994 (5) .

Ajustes integrales

Después de este rápido recorrido por la legislación tributaria de los últimos 33 años en materia de ajustes parciales por inflación, la pregunta obligada que surge es: ¿para qué entonces los ajustes integrales? Porque se supone que cuando el legislador de 1986 otorgó al gobierno las facultades para dictar medidas destinadas a desligar de la tributación los efectos de la inflación, no se trataba de introducir los mecanismos, que existían desde hacía quince años, sino de mejorarlos. Aunque no se conoce cuál fue la intención clara del gobierno al solicitar esta facultad, porque el proyecto original no la menciona, las razones, al menos del Congreso, aparecen por primera vez en la ponencia para primer debate en el siguiente texto: “Se introduce una nueva facultad para adecuar la estructura impositiva a los efectos que causa la inflación sobre la economía. Si bien la legislación ha dado pasos en este sentido, mediante el ajuste de las tarifas y del costo de los activos fijos, aún no se ha resuelto en el país el problema de los estados financieros que se manejan a costos históricos, ni el de la depreciación de los activos fijos que actúan sobre el costo histórico y ha sido reemplazada para fines impositivos por una depreciación de tasas variables que no genera el efecto deseable sobre el ahorro de las empresas para atender a la depreciación de sus activos” (6) .

Del texto se desprende que el objetivo primordial estaba dirigido a solucionar el problema que generaban los estados financieros formulados al costo, así la primera frase haga referencia a la estructura impositiva y a las medidas tomadas en esa dirección. No obstante, todavía no se entiende por qué se escogió un régimen de ajustes integrales, en especial, si se tiene en cuenta que el gobierno contrató una misión encabezada por el profesor Charles McLure, especialmente para estudiar el tema, y su recomendación fue precisamente en la dirección opuesta.

Dijo McLure, a manera de conclusión, en un extenso y rico informe general sobre la tributación en Colombia, que no era aconsejable para nuestro país dar un gran salto de los costos históricos a los ajustes integrales, siendo preferible una estrategia de transición suave, cuyo primer paso consistiría en corregir los ajustes parciales existentes (que él denomina ajustes ad hoc) permitiendo al país adquirir la experiencia necesaria para manejar el sistema integral (7) . Además de su propia experiencia y la de su equipo, McLure se apoyó en otros autores, como Massone, quien insiste en la necesidad de que la administración de impuestos, los contribuyentes y los asesores se familiaricen gradualmente con el sistema antes de adoptarlo (8) .

Dentro de la estrategia sugerida, McLure formula, entre otras, las siguientes observaciones a los ajustes parciales utilizados entonces en Colombia (9) :

Activos monetarios. No se reconoce la pérdida en el poder adquisitivo de aquellos que no devengan intereses.

Depreciación. La depreciación acelerada basada en tasas variables no es un sustituto adecuado para reconocer los efectos inflacionarios en los activos depreciables.

Uso del LIFO. Arroja resultados satisfactorios, pero a la vez subestima el valor de los inventarios.

Para solucionar algunas de las dificultades, sugiere algunas medidas, por ejemplo en relación con las siguientes áreas:

Depreciación: reconocer valores que se acerquen a las cifras financieras, con efectos en el patrimonio y en la renta presuntiva. Que los inmuebles se declaren por el mayor valor entre el costo ajustado y el avalúo catastral.

Uso del LIFO: indexado, el FIFO es más adecuado que el LIFO, cuyo uso exige la corrección del inventario inicial.

Ingresos y costos financieros: el sistema utilizado es satisfactorio y el uso de la corrección monetaria como parámetro es adecuado.

Venta de activos: el sistema utilizado para determinar la utilidad fiscal es adecuado.

McLure y los autores que cita coincidieron en que la única experiencia completa conocida en materia de ajustes integrales por inflación era la de Chile, que implantó el sistema con no pocas dificultades y después de haber incursionado en los ajustes parciales (10) . Los expertos colombianos no dudaron entonces en tratar de copiar el modelo chileno, pero su desconocimiento e inexperiencia los desvió del camino. Se copió mal, porque había buena experiencia en materia de ajustes parciales, pero ninguna sobre ajustes integrales. Vale la pena puntualizar algunos de los errores cometidos en el sistema introducido en Colombia, para que estas experiencias negativas sean aprovechadas por quienes tengan la intención de seguir este camino.

Contabilidad v. tributación. El primero y gran error consistió en crear dos sistemas paralelos para los ajustes, uno contable y otro fiscal, con mecanismos diferentes e incluso con índices diferentes. Esta situación se corrigió a partir del año 1995, pero se mantuvo durante los tres años anteriores.

Equidad v. recaudo. Otro gran error consistió en ignorar que el objetivo primordial de la medida era mejorar la equidad, evitando el gravamen a las ganancias puramente inflacionarias. Desde el principio se le imprimió a la norma un carácter recaudatorio, hasta el punto que simultáneamente con su introducción se suprimió la sobretasa patrimonial, para crear algún equilibrio. El problema fue evidente hasta el final, porque las grandes dudas y las discusiones que surgieron para tomar la decisión de mantener o eliminar el sistema estuvieron siempre ligadas al comportamiento de los recaudos tributarios. De la misma manera, en algunos casos el sistema se utilizó para otorgar beneficios tributarios, como el concedido al sector financiero a partir del año 2001.

Ajuste a los resultados. Chile ajusta las cuentas de balance al final del año, no las de resultado (11) . Colombia implantó la moda de ajustar estas cuentas. Uno de los grandes problemas de esta modalidad, radica en la falta de uniformidad en los incrementos de precios por parte de los agentes. Algunos incrementan los precios cada año, otros, con mayor frecuencia, unos, con la inflación pasada y otros, con la prospectiva. En este último caso, los costos sufren incrementos injustificados, porque los ajustes a las compras se duplican, situación que solo se corrigió a partir del año de 1999.

Gravamen a las ganancias. Las ganancias por inflación en Chile solo se gravan si se distribuyen efectivamente. En Colombia, se gravaban las ganancias inflacionarias puramente nominales.

Moneda extranjera. Los bienes expresados en moneda extranjera y los poseídos en el exterior se ajustaban en Colombia con el índice de devaluación, ignorando los bienes adquiridos y sujetos a reposición en moneda extranjera, que se ajustaban con el índice de inflación. Las grandes diferencias entre estos dos índices desfiguraron completamente el objetivo de apropiar la depreciación necesaria para reponer los activos en la respectiva moneda. Chile toma incluso como punto de referencia los grados de estabilidad económica de los países, para determinar si las inversiones en el exterior se deben o no re-expresar en moneda extranjera (12) .

Dos ejercicios muy simples permiten apreciar la magnitud de esos desfases. El primero toma como ejemplo un activo adquirido en moneda extranjera que cuesta mil dólares, traducidos a la TRM del 1º de enero de 2002. Se calcula la depreciación ajustada por inflación durante los cinco años de vida útil, que coinciden con el último quinquenio de vigencia de los ajustes integrales por inflación, como se muestra a continuación:

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Aquí se observa que al final del período, el 31 de diciembre de 2006, el empresario habrá apropiado en pesos colombianos, con destino a la reposición del bien, el equivalente a US$ 1.353,79, a la TRM vigente en esa fecha. Esto quiere decir que durante el período de vida útil económica del bien, habrá afectado sus resultados con una depreciación que excede en más de 35 por ciento la cantidad necesaria para reponerlo en la moneda de origen.

Trasladando el mismo ejercicio al período de cinco años inmediatamente anterior, utilizando las mismas bases e idéntico procedimiento, el resultado es sustancialmente diferente, como se muestra en el cuadro siguiente:

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En este caso, en vista de que el comportamiento de las tasas de cambio y el IPC es opuesto al del primer ejercicio, la suma apropiada a través de la depreciación durante la vida útil del bien es insuficiente para reponerlo en la moneda de origen.

¿Dónde estamos?

Un análisis simple sobre el comportamiento del sistema de ajustes integrales por inflación, durante los 15 años de su vigencia, no permite afirmar que el país ganó con su implementación, excepto por los resultados favorables para el fisco en algunos casos y para los contribuyentes en otros. Revisando los comentarios y las recomendaciones de McLure, se observa que los objetivos perseguidos en la Ley 75 de 1986, al menos en teoría, se hubieran podido lograr a través de los ajustes parciales.

Tampoco salió bien librada la información financiera. A partir del año 1992 era necesario aclarar que los estados financieros no cumplían los principios de uniformidad y comparabilidad, porque hasta 1991 estaban expresados al costo histórico. Ahora, habrá que aclarar que regresan al método del costo, pero después de un enorme paréntesis de quince años, sin embargo, como las cifras ajustadas hasta el año 2006 se congelan, sus efectos se extenderán por unos cuantos años más.

Para saber dónde estamos en este momento, resulta útil intentar un resumen de los cambios provocados por la Ley 1111 de 2006.

Ajustes contables: fue necesario que se eliminaran de manera expresa, a través del Decreto 1536 de 2007, porque la Ley 174 de 1994 había delegado en las normas de contabilidad y en las entidades de control su regulación. El Decreto 2649 de 1993 contenía normas expresas sobre los ajustes integrales para fines contables, que de no ser derogadas o modificadas se mantendrían vigentes para las entidades del sector real.

Ajustes fiscales: se produjo un cambio en el nombre del índice de ajuste, de IPC a UVT (Unidades de Valor Tributario), pero en esencia se mantienen los mismos principios y los ajustes parciales que han operado desde hace muchos años. Los efectos concretos sobre algunos rubros de las declaraciones se resumen a continuación:

Ingresos: desaparece la corrección monetaria.

Costos y deducciones: desaparece la corrección monetaria sobre la depreciación y sobre el patrimonio.

Renta líquida: los resultados netos dependen de la composición patrimonial. Los contribuyentes con activos no monetarios significativos y con alto endeudamiento saldrán beneficiados. Los contribuyentes que invierten recursos propios en el negocio se perjudican. Se privilegia el endeudamiento. Se mantiene la facultad de ajustar las pérdidas fiscales con la UVT.

Costos de activos fijos: renace la ganancia ocasional por venta de activos fijos para los obligados a llevar contabilidad. Los ajustes por inflación acumulados hasta 2006 se utilizan para la determinación de la utilidad o pérdida en la venta de activos fijos. Otros ajustes especiales, incluyendo el autoavalúo, solo rigen para determinar la utilidad en la venta. El costo de los activos fijos puede ser ajustado anualmente, con la UVT, con efectos sobre la renta, la ganancia ocasional, la renta presuntiva y el impuesto de patrimonio.

Ajustes que permanecen: además de algunos ya mencionados, son varias las modalidades que se mantienen en las normas del impuesto sobre la renta, para reconocer los efectos de la inflación. Veamos algunos ejemplos:

— No gravamen y no deducción del componente inflacionario de los rendimientos financieros.

— Ingresos por diferencia en cambio. Gravables para los obligados a llevar contabilidad.

— Ingresos pactados en UVR o en SMML.

— Distribución utilidades en acciones de ajustes por inflación (E.T., art. 50).

— Valoración de inventarios con UEPS o LIFO.

— Costos y deducciones por diferencia en cambio.

— Ajustes de pérdidas, efectuados hasta 2006.

Conclusiones

La experiencia con el uso de un sistema de ajustes integrales por inflación, tanto para propósitos fiscales como contables, dejó varias enseñanzas. La primera de ellas, que no es necesario que la inflación llegue a proporciones exageradas para reconocer sus efectos en el impuesto sobre la renta.

La segunda, que hay que pensarlo dos veces antes de embarcarse en un sistema desconocido y complejo, en especial si no lo aconsejan los que saben y lo diseñan los que no saben.

La tercera, que la inflación es un fenómeno cambiante y muchas veces cíclico, como ocurre con muchos de los misterios de la macroeconomía. Por consiguiente, las experiencias adquiridas en su manejo no deben ser archivadas como historia antigua, porque podrían ser útiles de nuevo, más temprano que tarde.

Y la última, que puede ser la primera, que no todas las medidas relativas al tema impositivo tienen que ser inevitablemente dirigidas a incrementar los recaudos.

(1) El informe del secretario de Estado para el comercio e industria de Inglaterra, ante la Cámara de los Comunes en 1974, define la inflación como: “... una situación donde el movimiento del nivel de precios promedio de los bienes y servicios en un período tiende a subir...”. Report of the Inflation Accounting Committee. Her Majesty’s Stationary Office. Londres, 1975 (Todas las citas de esta obra corresponden a traducciones libres del autor).

(2) Cfr. p. 4.

(3) John R. Croll fue uno de los expertos reunidos por Michael Alexander en su obra “Accounting for Inflation”. Maclean-Hunter Limited, Toronto, 1975.

(4) Ley 19 de 1976. Véase un análisis de este proceso en “Ajustes fiscales y contables por inflación”. Horacio Ayala Vela. Plaza y Janés Ltda., 1992, Bogotá.

(5) Los temas tratados en este acápite pueden verse con mayor detalle en la obra citada del autor, y en sus artículos: “La respuesta tributaria a la inflación en Colombia” y “Ajustes por inflación en el impuesto de renta”. Revistas: Impuestos, Legis, noviembre-diciembre 1984 y mayo-junio 1989, respectivamente.

(6) “Nueva reforma tributaria”. Cámara de Comercio de Bogotá, segunda edición 1987. Dirigida y comentada por el autor.

(7) La tributación de la renta proveniente de los negocios y del capital en Colombia. Dirección General de Impuestos Nacionales (sin fecha de impresión), pp. 222 y 223.

(8) “Aunque el método completo no es tan excesivamente complejo como para excluir su introducción, su uso generalizado por parte de los contribuyentes requiere un período de desarrollo, difusión y capacitación debido a que en la mayoría de los países en vías de desarrollo solo unos pocos expertos lo conocen”. Massone, P. Pedro. “Adjustment of Profits for Inflation: Part II”. Bulletin of the International Bureau for Fiscal Documentation, 1981.

(9) Cfr. p. 222.

(10) Chile llegó a sufrir una inflación de 2,096% en 1973, que se redujo a 31,2% en 1980. A partir de 1986 ha sido inferior a la de Colombia, en algunos casos de manera sustancial.

(11) Ley sobre Impuesto a la Renta, art. 41.

(12) Ver Horacio Ayala Vela. “Esas monedas casquivanas”. En revista: El contador público, Nº 73, diciembre de 1998. Instituto Nacional de Contadores Públicos, Bogotá.