La inquebrantabilidad del principio de unicidad en la junta general electrónica

Revista Nº 17 Oct.-Dic. 2007

Marta García Mandaloniz y Teresa Rodríguez de las Heras Ballell 

1. Introducción(1). 

Las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación —en adelante, TIC— en el ámbito societario son indiscutibles: aceleración —tiempo—, facilitación —forma y funciones— y desmaterialización —lugar—(2). No son escasas las áreas de impacto del entorno societario sobre las que se proyectan las posibilidades de las nuevas tecnologías(3): el gobierno corporativo; las exigencias de transparencia (4) en el mercado; la difusión de información contable y financiera; la constitución de sociedades(5) y las relaciones internas entre sociedad, socios y administradores. El legislador y las sociedades mercantiles se han embarcado en el atractivo viaje de la electronificación hacia una deseada reactivación del accionista y una necesaria revitalización de la junta, entre otros destinos(6).

Por sus dificultades, su centralidad en la operativa societaria y su potencialidad para canalizar un cierto resurgimiento del denominado “activismo accionarial”(7), este escrito aborda, de forma particular, el supuesto de celebración de una junta general puramente electrónica. No obstante, antes de llegar al estudio de su viabilidad, se considera imprescindible repasar la actualidad normativa española respecto de la junta. Solo al conocerse con detalle cuál es el marco temporal y locativo que el ordenamiento vigente ha implantado para las juntas generales presenciales y tradicionales de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, se podrán plantear las opciones de admisibilidad con las que cuenta la junta electrónica en estos tipos societarios.

2. El principio de unicidad en la junta general.

Como órgano deliberante, soberano y necesario de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, la junta general de accionistas o de socios, respectivamente, actúa bajo el principio de unitas actus. Se trata de un órgano —y solo uno(8)— deliberante porque a través suyo, y con debates o sin ellos, se expresa la voluntad de la sociedad, mediante la adopción de acuerdos.

En segundo lugar, es un ente soberano porque sus acuerdos tienen efectos obligatorios para todos los socios, incluso los disidentes y ausentes en la reunión, conforme lo indican los apartados segundos de los artículos 93 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas español —en adelante, TRLSA— y 43 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada española —en adelante, LSRL—. Es soberano, además, porque, amén de que sus acuerdos también obligan a los administradores, el nombramiento y la separación de tales cargos es competencia exclusiva de la junta general (TRLSA, arts. 123(1) y 131 y LSRL, arts. 58(1) y 68(1)).

Al respecto se debe precisar que las competencias de la junta ni son ilimitadas ni se encuentran enumeradas en el TRLSA(9)contrario sensu de lo que sucede con el artículo 44 de la LSRL—, pero sí son suyas las de mayor relevancia para la sociedad. Así, por ejemplo, la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior o la resolución sobre la aplicación del resultado (TRLSA, art. 95), por una parte, y la emisión de obligaciones, el aumento o reducción del capital social, la transformación, fusión o escisión de la sociedad (TRLSA, art. 103(1)), por la otra, entran dentro de su esfera de competencia.

En tercer y último lugar, la junta general es un órgano necesario porque no existen procedimientos alternativos para que los socios tomen decisiones(10). Se imposibilita la alternancia y la sustitución de procedimientos. Entonces, no serían admisibles los supuestos en los que una sociedad anónima o una limitada funcionaran en régimen de asamblea(11).

Cuando el artículo 100(1) del Reglamento del Registro Mercantil español —en adelante, RRM— alude a la adopción de acuerdos sin sesión por correspondencia o por cualquier otro medio que garantice su autenticidad, especifica que ello será posible cuando la ley no lo impida. Tanto el TRLSA como la LSRL vigente lo impiden, aun de forma tácita. En cambio, no existía ninguna prohibición en la anterior normativa de sociedades limitadas de 1953, al señalar en su artículo 14: “Cuando el número de socios exceda de 15, o cuando así lo exija la escritura, la mayoría habrá de formarse necesariamente en junta general. En otro caso, el acuerdo social podrá adoptarse por correspondencia postal o telegráfica, o por cualquier otro medio que garantice con arreglo a la ley o a la escritura la autenticidad de la voluntad declarada”.

Esta posibilidad no se mantuvo con la aprobación del actual régimen jurídico de las sociedades limitadas en 1995. Por ello, la interpretación más correcta es entender que el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 100(1) del RRM queda circunscrito a las sociedades colectivas y comanditarias simples(12).

Por ser aplicable la Ley de Sociedades Anónimas —en adelante, LSA— a las sociedades comanditarias por acciones en lo que no resulte incompatible con las disposiciones específicas (C. Co. español, art. 152) de su estructura corporativa, al igual que sucede con las anónimas y en las responsabilidad limitada, debe haber una junta general y es ella la encargada de manifestar la voluntad social. No caben excepciones, salvo que se entienda como una de ellas la consignada en el artículo 127 de la LSRL y, por remisión, el artículo 311 del TRLSA en materia de unipersonalidad: “... el socio único ejercerá las competencias de la junta general”(13).

2.1. Unicidad de tiempo.

Deliberante, soberana y necesaria, la junta general es única, en cuanto a tiempo y lugar, tema sobre el cual trata el artículo 109 del TRLSA, mientras que el 47 de la LSRL se refiere exclusivamente al lugar. En lo relacionado con el aspecto temporal, el primer apartado del citado artículo 109 indica que las juntas se celebrarán el día señalado en la convocatoria. Efectivamente, una de las menciones necesarias para el llamamiento a la reunión de la junta de una sociedad anónima es la expresión de la fecha en primera convocatoria (TRLSA, art. 97(2)), mientras que resulta facultativo hacer constar el día en el que, en su caso, se reunirá en segunda convocatoria (TRLSA, art. 98(1))(14).

En la hipótesis de que el día señalado resultara insuficiente para concluir los puntos del orden del día y adoptar los acuerdos correspondientes, por la cantidad de temas a tratar o por su complejidad, entraría en juego la previsión que contiene el artículo 109(1) in fine en torno a las prórrogas: en efecto, podrán ampliarse las sesiones durante uno o más días consecutivos. En estos casos, además, no hay suspensión. A contrario sensu, no hay prórroga si una vez iniciada la reunión esta se suspende para celebrarse al día siguiente en segunda convocatoria(15).

En estos casos, y siempre que se cumplan las previsiones legislativas, no se trata de dos o más juntas, sino de una sola, pero prorrogada. La explicación de la primera disposición ya ha sido anunciada: que la prórroga sea efectuada durante uno o más días consecutivos, sin que se distinga entre hábiles e inhábiles(16). Para ello se requiere que uno siga inmediatamente al otro, sin solución de continuidad, con el propósito de no romper la continuidad y unicidad de la junta(17).

La segunda previsión está contenida en el apartado segundo del mismo precepto(18): el acuerdo de prórroga se hará mediante la propuesta de los administradores o de los accionistas que representen la cuarta parte del capital presente en la junta. En este sentido, el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado han sido firmes a la hora de negarle al presidente la competencia para aplazar o prorrogar motu proprio la sesión(19).

La última disposición señala que se debe levantar una sola acta para todas las sesiones (TRLSA, art. 109(3)), incluso si se trata de un acta notarial, razón por la que la reunión de cada día se consignará como una diligencia distinta en el mismo instrumento y por orden cronológico (RRM, art. 102(2))(20). Bajo estas tres condiciones, la prórroga no afecta a la unicidad temporal de la junta.

2.2. Unicidad de lugar.

La referencia temporal se debe complementar con la referencia al lugar donde se lleva a cabo la reunión. En efecto, el lugar de celebración de la junta general es único(21). Aun cuando el artículo 97(2) del TRLSA guarde silencio al respecto, entre los datos que han de constar en el anuncio de la primera convocatoria se encuentra el lugar de reunión. Esta omisión se salva con la mención expresa que hace ab initio el artículo 109(1) del mismo texto legal a “... la localidad donde la sociedad tenga su domicilio”, como lugar de celebración.

El modo verbal que emplea este último precepto es imperativo: “... se celebrarán”. Este tono no deja albergar dudas acerca de la intención del legislador de cerrarle el paso a decisiones discrecionales que fijen en otro lugar la reunión de la junta. Sin perjuicio de matizaciones posteriores que luego habrá ocasión de tratar, la localidad —no el local— donde se sitúa el domicilio social es el único lugar admitido por la LSA para que los accionistas reunidos en la junta general expresen la voluntad social.

3. El domicilio social como lugar de celebración de la junta general.

Este apartado tiene como propósito deducir qué debe entenderse por “localidad donde la sociedad tiene su domicilio”. Un dato del que hay que dejar constancia en los estatutos sociales es el domicilio social (TRLSA, art. 9(e) y RRM, art. 120(1)). Este ha de ser único(22), a pesar de que los artículos 6(1) del TRLSA y el 120(1) del RRM conceden una doble posibilidad para su fijación: el lugar en el que se halle el centro de la efectiva administración y dirección de la sociedad o en donde se radique su principal establecimiento o explotación.

Así, fijado en uno u otro lugar, el domicilio habrá de ser concretado con la indicación de “... la calle y número o lugar de situación, la localidad y el municipio”, según precisa el artículo 387(1)(2) del RRM. Aun cuando los vocablos “localidad” y “municipio” aparezcan en este artículo separados con la conjunción “y”, en vez de con la conjunción “o”, la localidad(23), esto es, donde está situado el domicilio, ha sido interpretada como “municipio”(24) o “término municipal”(25). Esta última expresión es, además, la que recogió la LSRL en 1995 para definir, en su artículo 47, el lugar de celebración de la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada.

En este punto es preciso dejar de lado las peculiaridades que tiene el régimen jurídico de la sociedad limitada en esta materia. Por esa razón, el análisis se centra ahora en la sociedad anónima y, al respecto, se puede afirmar que el lugar donde se debe convocar y llevar a cabo la junta general es el municipio designado en los estatutos como domicilio. La justificación de este deber es tutelar el interés del accionista de conocer el lugar al que puede acudir para participar en la junta y permitir su accesibilidad antes de la reunión(26). En último extremo, el deseo es garantizarle al socio el derecho a asistir y, en su caso, votar(27).

Si de lo que se trata es de proteger al accionista frente a las actuaciones que pudieran resultar perjudiciales para sus intereses y derechos, no parece que tal perjuicio se produciría en la hipótesis de que el lugar de reunión, distinto al del domicilio social, estuviera determinado en el anuncio de la convocatoria de la junta y fuera, además, de igual o más fácil acceso que el del domicilio(28). Sin embargo, la jurisprudencia española ha considerado nulas las juntas convocadas en un término municipal diferente al del domicilio, incluso aunque ambos fueran colindantes y sin solución de continuidad(29).

3.1. Las excepciones de la fuerza mayor y la junta universal.

La imperatividad con que el artículo 109(1) de la TRLSA se pronuncia respecto del lugar de celebración de la junta de una sociedad anónima se rompe en dos supuestos excepcionales. Se trata de dos eventos tan dispares como lo son la fuerza mayor y la junta universal. Pese a que ninguno de ellos está previsto de modo expreso en la ley como excepción, el Tribunal Supremo español(30) y la doctrina más autorizada(31) han sido constantes en señalar cómo la inobservancia de lo dispuesto en la citada disposición no desencadena la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta, si es debida a alguno de estos dos sucesos.

Cuando la concurrencia de circunstancias extraordinarias, tales como la guerra, una inundación o un terremoto(32) hagan imposible o extremadamente difícil que la junta se desarrolle en el lugar que indica la ley, será viable efectuar la reunión en una localidad diferente, siempre que ello no sea contrario al interés social(33). Aparte de estos casos en los que interviene la fuerza mayor, no tiene por qué respetarse la previsión legal sobre el lugar de celebración de la reunión, si hay junta universal (RRM, art. 97(1)).

De suyo, este tipo de reuniones es un supuesto excepcional. Así lo demuestra el hecho de que el precepto que la regula, el artículo 99 del TRLSA, comience con la frase: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores...”.

Los requisitos necesarios para que se pueda hablar de una junta universal son dos: la concurrencia de todo el capital social(34) y la aceptación unánime de la celebración de aquella. Si al estar presente todo el capital, todos los accionistas, por sí o debidamente representados, aceptasen —rectius, no se opusieran a— que la junta se celebre en una localidad distinta a la del domicilio social, se salvarían los posibles vicios de la convocatoria y la reunión(35). En virtud del principio general que no permite ir contra los actos propios, no podría impugnarse después el acuerdo o los acuerdos adoptados alegando la desprotección de los intereses del socio, porque la reunión no se realizó en la localidad donde la sociedad tiene su domicilio.

3.2. El principio de la autonomía de la voluntad para la designación estatutaria de un lugar distinto al del domicilio social.

3.2.1. El principio de la autonomía de la voluntad en la sociedad anónima.

Fuera de estos supuestos restringidos, la fuerza mayor y la junta universal, no parece haber resquicio para que, al entrar en juego la libre autonomía de la voluntad, una sociedad anónima decida designar en sus estatutos un lugar de reunión diverso al del término municipal del domicilio. Ni el artículo 109 ni alguno de los demás artículos que componen la sección primera del capítulo V del TRLSA sobre la junta general abren paso a esta decisión.

Incluso, en una interpretación literal del artículo 63 de la anterior LSA de 1951, tampoco dejaba un vacío para aplicar el principio de libre autonomía que propugna el artículo 1255 del Código Civil español. En efecto, tan tajante como el vigente artículo 109 se mostraba el derogado artículo 63: “Las juntas generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio”. No obstante, una dulcificación de este texto legal vino de la mano de una interpretación doctrinal(36), de conformidad con la STS del 13 de octubre de 1961, que enjuició un acuerdo adoptado en una junta que se había reunido en una localidad que no era la del domicilio.

Aunque en esta decisión no existió un pronunciamiento expreso acerca de la clase de nulidad, en una interpretación sistemática de esta declaración judicial se dedujo que el artículo 63 no era una norma de derecho necesario, cuya infracción causara la nulidad del acuerdo, sino una norma de carácter dispositivo, cuyo desconocimiento solo producía la impugnación por anulabilidad del acuerdo, considerándose, mientras tanto, eficaz. Sin embargo, esta tesis no ha tenido eco. Precisamente, la mencionada sentencia de 1961 fue citada después como un ejemplo de una decisión judicial contraria a la determinación de una localidad diferente a la del domicilio(37).

3.2.2. El principio de la autonomía de la voluntad en la sociedad limitada.

Las cortapisas a la libertad de configuración estatutaria que se han visto para la sociedad anónima se han suprimido por completo, respecto de la sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 47 de la LSRL inicia su único párrafo con la siguiente frase: “Salvo disposición contraria de los estatutos...”. En primer lugar debe tenerse en cuenta lo que libremente las partes dispongan y, si no se dispuso algo en contra en los estatutos sociales, la reunión será “... en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio”. Además, continúa el artículo 47, si en la convocatoria de la reunión no figurase el lugar concreto de la reunión, se entenderá que se debe efectuar en el —local del— propio domicilio social(38).

Atendiendo a la flexibilidad del régimen jurídico que declara, como tercer postulado general, la exposición de motivos de la LSRL, en su apartado II, se abre la puerta a la autonomía de la voluntad de los partícipes para que estos, si lo desean, establezcan mediante la oportuna cláusula estatutaria un lugar de reunión no coincidente con el del municipio en el que se sitúa el domicilio social. Con ello no se están perjudicando los intereses del socio. Este conoce de antemano el contenido de los estatutos y sabe, además, que cuando la convocatoria no alude al lugar de reunión, ha de acudir, por sí o por medio de representante, al domicilio social para ejercer sus derechos de asistencia y, en su caso, de voto.

En el caso de la sociedad limitada, la tutela de los socios se obtiene con el conocimiento anticipado. La rigidez de la que hace gala el TRLSA no otorga más protección al socio de una sociedad anónima(39). Por lo tanto, no existen motivos de fondo para seguir conservando los obstáculos legales que impiden que la sociedad anónima designe, vía estatutos, el lugar de celebración de la junta general(40).

4. La junta general presencial y la junta general electrónica.

Una vez examinados con cierto detenimiento los límites que los textos legales españoles vigentes han marcado para las sociedades anónimas y las limitadas, en materia de tiempo y lugar de celebración de la junta general presencial, se está en disposición de afrontar el estudio de la viabilidad de celebración de una junta general electrónica. En todo caso, la clave del análisis está en una adecuada comprensión del principio de equivalencia funcional(41) entre los actos físicos y los realizados en soporte digital. Tal equivalencia ha de interpretarse en forma dinámica y con carácter específico.

Lo anterior quiere decir que el instrumento de la equivalencia con base en las funciones ha de incorporar dos factores: la evolución tecnológica y sus dimensiones y el contexto circunstancial de la realidad socioeconómica sobre la que se proyecta. Para los efectos que aquí interesan, la pregunta que se pretende responder encadena dos cuestiones sucesivas: qué funciones asocia el derecho societario a la unicidad de tiempo y lugar y qué dimensiones tecnológicas ofrecen equivalentes electrónicos para el desempeño de las funciones descubiertas.

4.1. La dicotomía presente/ausente en materia de voto y sesión.

Para efectos de introducir las nuevas tecnologías en el proceso de adopción de acuerdos por los órganos colegiados de la sociedad, es conveniente distinguir dos modalidades que, aun con atención y favor diferentes, aparecen previstas en la ley: adoptar decisiones en la reunión del órgano implicado o tomarlas sin que se hubiese realizado una sesión.

Respecto de este último caso, el legislador ha mostrado cierta desconfianza en la implantación generalizada del sistema, pues entiende que la reunión, en sí misma: (i) permite el ejercicio paralelo de otros derechos subjetivos —o deberes— de los socios y administradores —derecho de asistencia o deber de presencia—; (ii) cumple la función real de supervisión, en el caso de la junta y (iii) materializa, al menos en teoría, la formación de una voluntad colegiada mediante el debate y la deliberación entre los presentes. De ahí que únicamente en las reuniones del órgano de administración quepa admitir sin dificultad la modalidad de adopción de acuerdos sin sesión(42).

El verdadero despliegue de las funcionalidades de las nuevas tecnologías de información y comunicación debe plasmarse sobre la modalidad general de adopción de acuerdos en la reunión de cualquiera de los órganos, bien sea el de administración, el deliberante o el soberano. Tal posibilidad pasa por definir el equivalente funcional de la “reunión”, esto es, determinar el valor funcional del que aparece dotada la “sesión” y sus factores circunstanciales de tiempo y lugar.

No se pone en duda que, en la regulación legal, la reunión de la junta general tradicionalmente presupone la presencia física y simultánea de los miembros asistentes en un lugar y en un momento temporal(43). La comprensión de estos parámetros en el entorno electrónico debe partir de una superación de los condicionantes naturales, técnicos e históricos de las exigencias de unicidad de tiempo y de lugar, para destilar la función última que les era asignada.

Estos requisitos de tiempo y lugar cumplen la esencial función(44) de posibilitar el intercambio real de pareceres y la deliberación en un mismo momento temporal con el objeto de conformar una auténtica voluntad del órgano colegiado(45). La misma función debe ser desempeñada por los modelos electrónicos a los que se les pretenda confiar la equivalencia. Para evaluar su idoneidad de permitir la coincidencia de tiempo y lugar es preciso conocer, desde una perspectiva funcional, las dimensiones tecnológicas que concurren en el entramado de la sociedad de la información.

4.2. Perspectiva funcional de las dimensiones tecnológicas.

Una taxonomía posible de las funcionalidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación requiere la asunción de tres criterios(46):

a) Temporal. Las comunicaciones se distinguen entre sincrónicas —videoconferencia, chat— y asíncronas —correo electrónico— en función de la concurrencia o no en tiempo real, y de forma simultánea, de los participantes en el acto comunicativo.

b) Subjetivo. Las comunicaciones pueden identificarse como estrictamente bilaterales (1-1) —correo electrónico—, dirigidas a un colectivo (1-n) —página web, lista de distribución o streaming— o multilaterales (n-n) —foros de discusión o newsgroups—.

c) Direccional. Los flujos de información pueden ser unidireccionales o bidireccionales, según que la posición de las partes en la relación comunicativa sea simétrica o asimétrica(47). Al partir de que en toda relación comunicativa se tienen dos puntos, un emisor y un destinatario, los tres tipos de relaciones que se describirán se distinguen respecto de dónde se encuentra el centro de gravedad de la comunicación, dando lugar a una relación asimétrica —en una de las partes— o a una simétrica —compartida o equilibrada—:

• Cuando, en el marco de un proceso de navegación en la red, el usuario introduce sus datos en un formulario diseñado por el prestador de servicios o realiza tareas u operaciones activas en la toma de decisiones que conducen su visita y acceso a los sitios web, la información es simultáneamente incorporada al conjunto de datos almacenados en el sistema empleado por el prestador. Por lo tanto, se trata de una relación asimétrica en la que el flujo de información es unidireccional.

• La relación exactamente contraria se produce cuando el usuario descarga un archivo en su ordenador —download—. Al ser igualmente una relación en la que el flujo de información es unidireccional, el sentido del mismo es el inverso —el archivo se desplaza de su ubicación actual al ordenador de destino—.

• Determinados servicios, como el correo electrónico, reflejan un tipo de relación simétrica, en la medida en que los centros de gravedad de la comunicación se desplazan alternativamente del emisor al receptor. Por ello, el flujo de información es bidireccional.

Cada dimensión tecnológica de internet permite satisfacer una serie de exigencias. El correcto uso del principio de equivalencia funcional requiere el conocimiento con detalle de las funcionalidades que cada técnica de comunicación ofrece, para asignar su ejercicio a cada una de las necesidades de la operativa intrasocietaria —v. gr. la obligación de información y transparencia, el ejercicio del derecho de información, el derecho de voto, “asistencia virtual” o remota a la junta, celebración no presencial de juntas de accionistas o de consejos de administración—.

Aunque con cautela, la nueva redacción que da la Ley de Transparencia(48) a los apartados 4º y 5º del artículo 105(49) y apartado 2º del artículo 106(50) de la TRLSA parece responder a un intento(51) de incorporación de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho de voto(52). Para ello, basta una tecnología unidireccional, bilateral y asíncrona. No obstante, el verdadero reto de la electronificación recae sobre la “virtualización” auténtica de la junta.

La celebración plenamente electrónica de una junta general requiere el empleo de una tecnología(53) capaz de canalizar relaciones multilaterales de comunicación bidireccional —realmente, multidireccional— y sincrónica. Un entorno electrónico configurado bajo tales parámetros garantiza la coincidencia de tiempo y lugar y transforma las nociones presente/ausente en una cuestión de accesibilidad. A pesar de esta contundente afirmación de la potencial idoneidad técnica, la regulación legal impone ciertas exigencias que requieren mayor atención.

5. El lugar de celebración de la junta general electrónica.

La exigencia legal de un lugar físico para la celebración de la junta, coincidente en las sociedades anónimas necesariamente y en las sociedades limitadas, “... salvo disposición contraria de los estatutos”, con el término municipal del domicilio social, parece dificultar la plena “virtualización” de las sesiones. La cautela del legislador en esta materia se justificaba para garantizar la previsibilidad y la accesibilidad del lugar de celebración de la reunión, con el objeto de proteger los intereses de los accionistas o de los socios en el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Por imprevisto o por su difícil acceso, el lugar puede convertirse en un eficaz y peligroso instrumento para dificultar el ejercicio real de estos derechos. Sin embargo, las nuevas tecnologías facilitan de un modo extraordinario tal accesibilidad.

5.1. El sitio web como lugar de celebración.

La necesaria previsibilidad y la siempre ansiada, pero nunca conseguida en plenitud, accesibilidad del lugar de celebración de la junta general puede alcanzarse de forma mucho más satisfactoria, si se admitieran las juntas electrónicas. Un entorno técnico-informático, habilitado con tecnologías de comunicación multilateral, multidireccionales y sincrónicas, cuyo portón de entrada fuera la página web corporativa, alojaría la reunión del órgano soberano. Dada la incomprensible rigidez mostrada por la regulación de la sociedad anónima con respecto a la coincidencia del lugar de celebración con el término municipal del domicilio, cabe interrogarse acerca de la admisibilidad de la identificación de la página web con el domicilio social. A esta pregunta se le pueden dar tres respuestas.

La primera, la más ambiciosa, conduce a la plena identificación del sitio web como domicilio social “virtual”. Esta propuesta choca frontalmente con un derecho societario —y otras tantas disciplinas— enraizado y distribuido en virtud de nociones de carácter territorial, que exige el engarce geográfico real de la organización, además de una desconcertante deslocalización de las actividades en internet que agrava la falta de significación geográfica de los nombres de dominio. Así, los intentos de calificar el sitio web como un establecimiento permanente para efectos fiscales en España fallaron. Además, la Ley 34 de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico(54) advierte de la insuficiencia de la ubicación de determinados medios tecnológicos para aclarar su ámbito de aplicación (art. 2(3))(55).

La segunda, más realista, y para efectos de comunicación e información, equipara el sitio web con el domicilio social, sin que este último pierda su actual posición central en la normativa o sus características. En este sentido, en cuanto permita el acceso a la información y el ejercicio de derechos cuyo natural espacio de desenvolvimiento sea el domicilio social, la página corporativa estaría desempeñando una función especular, como réplica, traslación o, en definitiva, una imagen virtual del domicilio social en su configuración física. Esta representación virtual del domicilio social ofrece una alternativa gratamente favorable a la accesibilidad que resulta en extremo potenciada. Es, además, una versión interpretativa que resulta alentadora ante el tenor inflexible de la sección primera del capítulo V del TRLSA.

La tercera, la más conformista con el estado de las cosas, asume que el sitio web no actúa como sede social o una asimilada —posibilidad que arrumbaría el criterio de localización geográfica de los entes societarios—, sino como el “lugar”(56) elegido y determinado para la celebración de la junta. Esta propuesta, con menores inconvenientes aplicativos, es, sin embargo, menos atractiva, pues limita su aplicación, hasta que el legislador decida abordar esta cuestión en la TRLSA(57) a las sociedades limitadas donde se reconoce con plenitud la autonomía de la voluntad para la designación estatutaria del domicilio social.

5.2. Análisis funcional del sitio web como el lugar de celebración de la junta general electrónica.

La designación del sitio web corporativo como lugar de celebración de la junta electrónica cumple el requisito de previsibilidad y, de hecho, lo hará con mayor estabilidad que cualquier indicación de un lugar físico. Sin embargo, se pide cautela al valorar el requisito de la accesibilidad sobre el que reposa la tradicional imposición del domicilio social como lugar de reunión. La falta de disponibilidad universal de las nuevas tecnologías de comunicación y, en concreto, del acceso a internet, se alega como un impedimento para la generalización de una operativa societaria con exclusiva base electrónica.

Aun conscientes de la realidad, se estima que esta responde únicamente a una dificultad coyuntural que debe irse limando de forma progresiva. En todo caso, las ventajas que ofrecen las nuevas técnicas de comunicación sobre la accesibilidad y proximidad del accionista a la vida societaria son innumerablemente superiores a las eventuales dificultades de su uso. No obstante, en el período necesariamente transitorio hasta la plena incorporación de las nuevas tecnologías en la actividad cotidiana, la sociedad tiene la carga de permitir esta disponibilidad, concediendo licencias del software necesario para el acceso a la plataforma electrónica corporativa —si fuera más sofisticado que el simple navegador— o, en su caso, facilitando puntos gratuitos de acceso a internet en la sede social o en cualquiera de sus sedes para socios y accionistas.

6. Conclusión: la inquebrantabilidad del principio de unicidad en la junta general electrónica.

La junta general electrónica no altera el principio de unicidad de tiempo y lugar. Aunque se erige cierta inflexibilidad normativa, especialmente en las sociedades anónimas, como un verdadero obstáculo para la defensa de la plena electronificación de la operativa decisoria de la junta, se ha defendido una aproximación de plena equiparación basada en el principio de equivalencia funcional. Este se constituye como un instrumento que requiere una aplicación dinámica y con carácter específico.

La conjunción de ambos factores determina la resolución de problemas conforme a una doble cuestión de análisis funcional, respecto de la normativa existente y de las dimensiones tecnológicas disponibles. De todo ello resulta una junta general regida por el principio de unicidad, cuyo significado —funcional— último puede reconducirse a la garantía de un entorno de deliberación y decisión capaz de conformar una voluntad real del órgano deliberante, soberano y necesario de las sociedades anónimas y de las de responsabilidad limitada.

6.1. Unicidad de tiempo.

La satisfacción del principio de unicidad temporal de la junta general exige recurrir a técnicas de comunicación multilateral, multidireccional y sincrónica. Bajo tales funcionalidades tecnológicas se asegura la simultaneidad temporal de las intervenciones activas o pasivas de los accionistas que, en cuanto dispongan de un acceso suficiente al entorno electrónico habilitado, se consideran, para todos los efectos, presentes en la sesión.

Esta primera garantía técnica de simultaneidad debe complementarse con otra cautela sustantiva. En la medida en que el acceso a esta junta virtual puede tener su origen en diversos lugares geográficos, es preciso marcar un momento temporal de referencia para la celebración. Para estos efectos puede recurrirse a los sistemas de la denominada “hora internet” o simplemente a la designación de una fecha y hora conforme a un huso horario predeterminado.

6.2. Unicidad de lugar.

Las exigencias de un único lugar para la celebración de una junta general están destinadas a garantizar la accesibilidad en condiciones equitativas de los accionistas o socios para el ejercicio de sus derechos. Esta garantía no se rompe con la designación del sitio web corporativo como lugar de celebración de la junta general electrónica, si la sociedad pone, de antemano, a disposición de sus socios los medios necesarios —v. gr. licencias de software— para el acceso al mencionado “lugar virtual”.

Sin quebrantar el principio de unicidad locativo, como tampoco el de unicidad temporal, los socios y las sociedades se podrán aprovechar de las ventajas de agilidad y simplicidad que las TIC se están encargado de incorporar también al derecho societario.

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(1) Este escrito fue publicado previamente en la Revista de la Contratación Electrónica (RCE), n.º 57, febrero del 2005, pp. 63 86. Se escoge el término “unicidad”, en vez de “unidad”, para poner de manifiesto el carácter único de la junta general, en cuanto a tiempo y lugar. Si unidad hace referencia a uno, unicidad a único, como lo revelan las definiciones que de ambos vocablos proporciona el Diccionario de uso del español de María Moliner. Este “principio de unicidad” fue, además, el que utilizó, entre la mejor doctrina española, J. F. Duque a la hora de estudiar el domicilio social como lugar de reunión de la junta de accionistas —Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 X 1961). En: RDM, vol. XXXVI, n.º 60, octubre diciembre, 1963, pp. 245 293 y, en especial, 254 y 265—.

(2) El Informe Winter, que lleva el nombre de su presidente Jaap Winter, fue elaborado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel en Derecho de Sociedades, creado por la Comisión Europea en septiembre del 2001, dentro del marco del Plan de acción sobre derecho de sociedades, impulsado por la Unión Europea. El informe fue publicado bajo el título On a modern regulatory framework for company law in Europe, el 4 de noviembre del 2002. Disponible en: www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.htm.

(3) Vicent Chuliá, F. Internet y sociedades. Conferencia dictada durante las V Jornadas de Comercio Electrónico, organizadas por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, los días 15 y 16 de marzo del 2004.

(4) El principio de transparencia había sido el elemento central del informe emitido por la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y Sociedades Cotizadas, hecho público el 8 de enero del 2003, conocido como el Informe Aldama, por el nombre de su presidente, D. Enrique Aldama.

(5) Ley 7ª/2003, del 1º de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, del 23 de marzo, de Sociedad de Responsabilidad Limitada —BOE, n.º 79, 2 de abril del 2003— y su desarrollo. Esta modalidad electrónica de constitución y publicación de las sociedades supondrá un significativo avance cuando se extienda y generalice a todas las sociedades, según la previsión del párrafo tercero del punto 1.º de la disposición adicional octava “Documento único electrónico (DUE)” de la normativa mencionada, en línea con la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de Julio del 2003, por la que se Modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo en lo Relativo a los Requisitos de Información con Respecto a Ciertos Tipos de Empresas —DO L 221, 4 de septiembre del 2003—.

(6) Véase: Alonso Ledesma, C. El papel de la junta general en el gobierno corporativo de las sociedades de capital. En: AA. VV., El Gobierno de las Sociedades Cotizadas, Marcial Pons, Madrid: 1999, pp. 628 y ss.

(7) Véase: Recalde Castells, A. Los administradores de las sociedades anónimas en un entorno de “buen gobierno”. En: RVEH, I, 2003, pp. 51 77, en 69.

(8) Véase: Lojendio Osborne, I. La junta general de accionistas. En: Jiménez Sánchez, G. J., (coord.), Derecho Mercantil, Ariel, t. I, 9.ª ed., Barcelona: 2004, p. 333.

(9) Las competencias de la junta general de la sociedad anónima se encuentran dispersas a lo largo del articulado del TRLSA. Así, por ejemplo, en los artículos 25 a 28, 41, 75, 95, 103, 123, 144, 152, 159, 164, 212, 213, 224, 234(3), 239, 240, 254, 260, 262, 271, 277, 283, 292 ó 294.

(10) Véanse: Menéndez Menéndez, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil. Civitas, 2.ª ed., Madrid: 2004, p. 346; Uría, R. Derecho mercantil. Marcial Pons, 28.ª ed., Madrid: 2001, p. 311.

(11) Véase: Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F. Manual de derecho mercantil. Tecnos, vol. I., 11.ª ed., Madrid: 2003, p. 390.

(12) Véase: Ruiz Gallardón, M. Derecho de sociedades e internet. En: Mateu de Ros, R. y López Monís Gallego, M. (coords.). Derecho de internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Aranzadi, Navarra: 2003, p. 608.

(13) A esta excepción se refieren, verbigracia, Lojendio Osborne, I. La junta general de accionistas..., cit., p. 333; Menéndez Menéndez, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil..., cit., p. 346; Sánchez Calero, F., Instituciones de derecho mercantil. McGraw Hill, vol. I., 27.ª ed., Madrid: 2004, p. 362; Uría, R. Derecho mercantil..., cit., p. 311; Vicent Chuliá, F. Introducción al derecho mercantil. Tirant lo Blanch, 17.ª ed., Valencia: 2004, p. 357. Además, véanse las resoluciones de la DGRN del 18 de junio de 1979 (R. 2595), 12 de septiembre de 1985 (R. 4492), 13 de noviembre de 1985 (R. 6635), 14 de noviembre de 1985 (R. 6636) y 21 de junio de 1990 (R. 5366).

(14) De todos es conocido que la LSRL desconoce el juego de la doble convocatoria de la junta general —como, con precisión, indicó: Pérez de la Cruz, A. Órganos sociales; modificación de estructura; cuentas anuales. La SRL “nueva empresa”. En: Jiménez Sánchez, G.J. (coord.). Derecho mercantil. Ariel, t. I. 9.ª ed., Barcelona: 2004, p. 453—. Esto resulta acorde con las tendencias doctrinales actuales que abogan por la desaparición de la diferencia entre primera y segunda convocatoria.

(15) Véase, ad ex., la Sentencia del Tribunal Supremo español —en adelante, STS— del 6 de julio de 1963 y la RDGRN del 21 de septiembre de 1984. Así mismo: Uría, R. Derecho mercantil..., cit., p. 317.

(16) La no distinción entre días hábiles e inhábiles ya fue puesta de manifiesto en: García Luengo, R. y Soto Vázquez, R. El nuevo régimen jurídico de la sociedad anónima —comentarios y jurisprudencia—. Comares, Granada: 1991, p. 509. Véase, también, la RDGRN del 23 de junio de 1997 (R. 4569).

(17) Véase: García Luengo, R. y Soto Vázquez, R. El nuevo régimen jurídico de la sociedad anónima..., cit., p. 509; Garrigues, J. y Uría, R. Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. T. I. 3.ª ed., Madrid: 1976, p. 711; Uría González, R., Menéndez Menéndez, A. y Muñoz Planas, J.M. Comentario al artículo 109. Lugar y tiempo de celebración. En: Uría, R., Menéndez, A. y Olivencia, M. (dir.), Comentario al Régimen Legal de las Sociedades Mercantiles. T. V. La Junta General de Accionistas —Artículos 93 a 122 de la Ley de Sociedades Anónimas—, Civitas, Madrid: 1992, p. 222.

(18) El artículo 63(2) de la Ley de Sociedades Anónimas del 17 de julio de 1951 se pronunciaba en igual sentido.

(19) Es el caso de las STS del 6 de julio de 1963 y del 26 de octubre de 1979 (R. 3460) o de las RDGRN del 21 de septiembre de 1984, 21 de septiembre de 1989 y 4 de marzo del 2000 (R. 1095).

(20) Uría, Menéndez y Muñoz añadieron que así se debe proceder también cuando se trata de un acta privada —Uría González, R., Menéndez Menéndez, A. y Muñoz Planas, J.M. Comentario al artículo 109. Lugar y tiempo de celebración..., cit., p. 222—.

(21) Ibídem, p. 220.

(22) Véanse: Garrigues, J. y Uría, R. Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas..., cit., p. 142; Marina García Tuñón, A. Denominación y domicilio social. En: Alonso Ureba, A. y Duque Domínguez, J. et al. (coord.), Derecho de Sociedades Anónimas. T. I. La Fundación, Civitas, Madrid: 1990, p. 244; Sánchez Calero, F. (dir.) Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. T. I. Disposiciones generales, fundación de la sociedad y aportaciones. Artículos 1.º a 46. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid: 1997, p. 184.

(23) El significado de “localidad” como pueblo o ciudad es el que proporciona, en primer lugar, el Diccionario de uso del español de María Moliner.

(24) “Municipio” es la “... unidad territorial administrativa, formada por una población y cierta extensión de territorio alrededor de ella, llamada ‘término municipal’, regida toda ella por un mismo organismo”, indica el Diccionario de uso del español de María Moliner.

(25) Véase: Lucas Fernández, F. Temas sobre sociedades anónimas. Escrituras de constitución. Ampliación de capital. Edersa, Madrid: 1991, p. 427; Sánchez Calero, F. (dir.) Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas..., cit., pp. 177 y 178. También la RDGRN del 11 de octubre de 1993 (R. 7972).

(26) Véanse: Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., p. 253; Lojendio Osborne, I. La junta general de accionistas..., cit., p. 341.

(27) En el fundamento de derecho primero de su Resolución del 11 de octubre de 1993 (R. 7972), La DGRN puso de manifiesto la garantía que supone el artículo 109(1) de la TRLSA para el derecho de los socios a asistir y votar en las juntas.

(28) En un caso citado por Girón Tena, Duque consideró que había que entender como válida la celebración de una junta en las afueras de la localidad donde la sociedad tuviera su domicilio si el acceso no era más difícil para los socios que quisieran acudir a ella —Girón Tena, J. Derecho de sociedades anónimas. Valladolid: 1952, p. 318; Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., p. 253—.

(29) Léanse las STS del 25 de abril de 1978 (R. 1456), 15 de julio de 1988 (R. 5273), 28 de marzo de 1989 (R. 2273) y 17 de diciembre de 1997 (R. 8818). En la doctrina, véanse: Lucas Fernández, F. Temas sobre sociedades anónimas. Escrituras de constitución. Ampliación de capital..., cit., p. 427; Sánchez Calero, F., Instituciones de derecho mercantil..., cit., p. 359.

(30) Entre otras, las STS del 9 de noviembre de 1955 (R. 3109), 13 de octubre de 1961 (R. 3297), 25 de noviembre de 1967 (R. 4770), 23 de noviembre de 1970 (R. 4885), 25 de abril de 1978 (R. 1456), 15 de julio de 1988 (R. 5723) o 17 de diciembre de 1997 (R. 8818).

(31) En la doctrina se destaca a: Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F. Manual de derecho mercantil..., cit., pp. 390 y 396 397; García Luengo, R. y Soto Vázquez, R. El nuevo régimen jurídico de la sociedad anónima..., cit., p. 508; Sánchez Calero, F. (dir.) Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas..., cit., pp. 182 y 183; Uría, R. Derecho mercantil..., cit., p. 316.

(32) Estos ejemplos de casos de fuerza mayor se expusieron en: Uría González, R., Menéndez Menéndez, A. y Muñoz Planas, J.M. Comentario al artículo 109. Lugar y tiempo de celebración..., cit., p. 221, con base en las STS del 25 de noviembre de 1967 y 7 de junio de 1989.

(33) Véase: Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., p. 274.

(34) Capital social “desembolsado”, puntualizaba con anterioridad el artículo 55 de la LSA de 1951.

(35) En este sentido, véase: Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., pp. 281 284. También la STS del 9 de noviembre de 1955 y las resoluciones del 15 de noviembre de 1956, 29 de noviembre de 1956 y 23 de julio de 1958.

(36) La interpretación doctrinal a la que se hizo referencia en el texto principal fue realizada por: Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., pp. 245 293 y, en especial, 266, 287 y 288.

(37) Véase, verbigracia, Lucas Fernández, F. Temas sobre sociedades anónimas. Escrituras de constitución. Ampliación de capital..., cit., p. 427.

(38) Véase: Pérez de la Cruz, A. Órganos sociales; modificación de estructura; cuentas anuales. La SRL “nueva empresa”..., cit., p. 454.

(39) En dirección análoga, véase: Duque, J.F. El lugar de celebración de las juntas generales de la sociedad anónima..., cit., p. 263.

(40) En este punto, se concuerda con Uría González, R., Menéndez Menéndez, A. y Muñoz Planas, J.M. Comentario al artículo 109. Lugar y tiempo de celebración..., cit., p. 221.

(41) Ley Modelo de la Cnudmi sobre Comercio Electrónico, aprobada por la Resolución 51/162 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1996. Un excelente estudio de los principios y fundamentos del derecho de la contratación electrónica en: Illescas Ortiz, R. Derecho de la contratación electrónica. Civitas, Madrid: 2001; también, Madrid Parra, A. Contratación electrónica. En: Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, 1.ª ed., t. III, Madrid: 1996, pp. 2913 2957.

(42) Así como para las juntas de otro tipo de sociedades, como las comanditarias o colectivas, en virtud del artículo 106 RRM. Véase: Ruiz Gallardón, M. Derecho de sociedades e internet..., cit., p. 608.

(43) Véase: Vicent Chuliá, F. y Fernández del Pozo, L. Internet y derecho de sociedades. Una primera aproximación. En: RDM, n.º 237, julio septiembre, 2000, pp. 915 1002 y, en particular, 956.

(44) Ibídem, p. 958.

(45) La concurrencia de pareceres susceptible de conformar una voluntad del órgano colegiado diferencia este ansiado supuesto de modelos pretendidamente virtuales, donde las nuevas tecnologías se emplean con una finalidad meramente informativa. La distinción es fundamental y muestra también una patente evolución técnica e histórica. El 30 de enero de 1971, Telefónica —en ese entonces, CTNE— celebró una junta general en Madrid que fue retransmitida por televisión en directo, a través de un circuito cerrado en Barcelona y Bilbao. Esa retransmisión cumplía una función meramente informativa y, por ende, los destinatarios no podían participar, es decir, no eran asistentes. El 4 de febrero del 2000, Telefónica S.A. llevó a cabo una junta de accionistas en dos carpas interconectadas mediante videoconferencia. Los asistentes pudieron escuchar las deliberaciones en tiempo real, intervenir, ejercer su derecho de información y su derecho de voto. Este avance técnico ha permitido encontrar finalmente un verdadero equivalente funcional de la sesión presencial, es deicr, la sesión virtual —Rodríguez Artigas, F. Reflexiones en torno a la retransmisión por televisión de la J.G. de la S.A. (A propósito de la JG de la CNTE de enero de 1971). En: RDM, n.º 121, julio septiembre, 1971, pp. 351 377.

(46) Véase una similar aproximación argumentativa en: Rodríguez de las Heras Ballell, T. La incorporación de las nuevas tecnologías a las relaciones intrasocietarias —a propósito de la Ley española sobre Transparencia de las Sociedades Cotizadas—. En: Revista Peruana de Jurisprudencia, vol. 37, marzo, 2004, pp. 159 174.

(47) Este factor de simetría en la comunicación se comporta de forma similar a la distinción entre las denominadas tecnologías pull, como las páginas web, y push, como el correo electrónico, en función del origen de la iniciativa de transmisión de la información —véase: Cook, J. Information and communication technology: the internet and company law. ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge, julio, 1999. Disponible en: www.dti.gov.uk. Consulta realizada el 4 de marzo del 2004—.

(48) Ley 26/2003, del 17 de julio, por la que se Modifican la Ley 24/1988, del 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, del 22 de Diciembre, con el Fin de Reforzar la Transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas —BOE, n.º 171, 18 de julio del 2003 (en adelante, Ley de Transparencia)—.

(49) “4. De conformidad con lo que se disponga en los estatutos, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de junta podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho a voto.

5. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de la constitución de la junta como presentes”.

(50) Cuyo nuevo tenor es: “2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios electrónicos de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo anterior para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada junta”.

(51) Mucho más contundente en el meritorio esfuerzo que reflejan los “pactos estatutarios” en materia de “comunicaciones electrónicas intrasocietarias”, presentados por los registradores de España y disponibles en su página web: www.registradores.org.

(52) La compañía Scytl Online World Security, especializada en la investigación y desarrollo de sistemas de seguridad en votaciones electrónicas, es titular del software Pnyx.corporate, para realizar votaciones electrónicas en juntas generales. Está diseñado para implementar un proceso de votación seguro y auditable apto para múltiples entor nos: acceso desde internet —a través de un navegador— o mediante dispositivos móviles —teléfonos móviles, PDA, etc.—. Para mayor información: www.noticias.com, consulta realizada el 27 de mayo del 2004.

(53) El 3 de febrero del 2003, el Ministro de Economía español anunciaba la puesta en marcha de una plataforma electrónica, en cuyo desarrollo participaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la empresa Indra, que permitirá la emisión del voto electrónico por parte de los socios de sociedades anónimas. Al respecto se pueden consultar las direcciones: www.shareholder.com, www.issproxy.com o www.merl.com. Vañó Vañó reproduce una versión electrónica de celebración de junta general —Vañó Vañó, M.J. Información y gobierno electrónico en las sociedades cotizadas. En: RDBB, n.º 95, julio septiembre, 2004, pp. 77 122, en 109 y 110—.

(54) BOE, n.º 166, 12 de julio del 2002.

(55) Esta mención de la noción de “establecimiento permanente”, nacida en el contexto tributario internacional, y la precisión relativa a la no calificación como tal de simples medios tecnológicos tienen tras ellas una larga polémica sobre la tributación internacional de las operaciones realizadas a través de internet. En la Propuesta del grupo consultivo técnico de calificación de los pagos de la OCDE se deja constancia de una posición dividida en la calificación de la naturaleza de las entregas “on line” como bien o servicio. El Informe de la comisión para el estudio del impacto del comercio electrónico en la fiscalidad española, de octubre del 2000, se pronuncia con el siguiente tenor: “... debería propugnarse una visión avanzada, considerando la posible existencia de un establecimiento permanente de la empresa del comerciante electrónico en todos aquellos lugares en donde se realicen efectivamente operaciones o transacciones comerciales”. Así, insiste: “... la clave de la cuestión radicaría no en la permanencia física continuada de la actividad en un Estado, sino en que se opera económica en ese Estado de forma continuada”. Entiéndase que esta discusión plantea la posibilidad de si un servidor o una página web, como conjunto de datos almacenados en un determinado servidor, puede considerarse un establecimiento permanente para efectos de centro de imputación de rentas. En realidad, si bien un servidor de internet encaja con relativa facilitad en la noción de establecimiento permanente actual, cuando el artículo 5º de la Model Tax Convention elaborada por la OCDE se refiere en su apartado 10 a “Equipos automatizados fijos operados por una empresa y localizados en un país”, no cabe duda de que entender que una página web dispone de iguales caracteres de estabilidad y localización física resulta mucho más complicado y que para Cazolra y Chico de la Cámara es generador de una grave inseguridad jurídica —Cazorla Prieto, L.M.; Chico de la Cámara, P. El Modelo de la OCDE ante internet. En: Cremades, J., Fernández Ordóñez, M.A. e Illescas Ortiz, R. (coord.), Régimen Jurídico de Internet, La Ley, Madrid: 2002, p. 1080—.

(56) De la misma opinión, Vañó Vañó, M.J. Información y gobierno electrónico en las sociedades cotizadas..., cit., p. 108.

(57) Ibáñez Jiménez advierte de la necesaria modificación legal para admitir la viabilidad de la junta electrónica propiamente dicha —Ibáñez Jiménez, J.W. El ejercicio telemático de los derechos del accionista en las sociedades cotizadas españolas. En: RDM, Nº 95, julio septiembre, 2004, año XXIII, pp. 1029 1035.