La institución del pronto pago en los seguros marítimos

Revista Nº 38 Ene.-Mar. 2013

por Luis Cova Arria 

1. Introducción

El derecho referente a la navegación ha participado desde los orígenes de la civilización en forma activa, a través de figuras tan típicas como el fletamento, el contrato de enganche, las averías gruesas(1). Pues bien, el seguro marítimo es parte de esa tradición marítima.

El seguro marítimo tiene sus ancestros muy remotos y hasta inciertos. Se dice que ya lo conocían los longobardos, y que al igual que en la Liga Hanseática, se conocían sus bondades; su desarrollo ha sido pausado pero continuo. Se afirma por parte de la doctrina que su antecedente es el “préstamo a la gruesa”.

La póliza de seguros marítimos más antigua conocida de Lloyds data de 1779, siendo el origen de las que sucesivamente se han producido, casi idénticas en sus sucesivas copias, apenas con pequeños cambios(2).

El seguro marítimo, por haber sido el origen de los otros tipos de seguro, participa de los caracteres generales del instituto. De allí que el seguro marítimo tienda, análogamente al seguro in genere, según Sergio Ferrarini, a la satisfacción de los intereses humanos por el “desequilibrio en sentido desfavorable entre las necesidades de una persona y los medios que se hallan a su disposición para satisfacerlos”. Sin embargo, en el seguro marítimo se observan otras tendencias y propósitos que lo alejan y distinguen de los otros tipos de seguros por participar del mismo sentido finalista propio del derecho de la navegación(3).

En el derecho positivo venezolano con motivo de la reforma de las leyes del sector marítimo(4), en materia de seguro marítimo fue introducida, una institución sui generis que constituye un valioso instrumento de seguridad jurídica, que ya era aprovechada en otros países, se trata del pronto pago provisorio.

Esa inclusión tiene como base fundamental la necesidad de acercar en la práctica la realización de los fines del seguro marítimo para favorecer, sin duda alguna, el desarrollo del comercio marítimo apoyado en esa disciplina primigenia, lo que en definitiva va a contribuir a moldear el ordenamiento jurídico para que vaya en armonía con los fines específicos que se persiguieron con la reforma integral marítima, esto es, la revitalización de la actividad como un todo.

La reforma está contenida en el título VII, capítulo VI (arts. 451 a 454) de la Ley de Comercio Marítimo del 2006, aunque ya se había estrenado por encontrarse en igual sentido, en el original decreto con fuerza de ley de comercio marítimo del 2001. Las normas supra indicadas hacen referencia directa al llamado pronto pago provisorio en el seguro marítimo. Lamentablemente, hasta el presente, esa figura sui generis ha resultado poco utilizada en nuestro foro judicial marítimo y es hasta casi desconocida para los mismos profesionales del derecho y juristas, desuso que acentúa la imposibilidad de canalizar, sabiamente, a través de este la funcionalidad del contrato de seguro y del seguro marítimo en particular.

Como bien lo afirmó en una ocasión el maestro Blas Simone: “Tan importante y transcendente es la influencia de este instituto que su generalización a todos los restantes ramos de seguros privados podría aumentar eficazmente, a criterio de quien esto escribe, la benéfica proyección que tiene el seguro en las relaciones humanas, hasta llegar a trascender popularmente en pro del buen nombre y seriedad del comercio asegurador. Bastaría, solamente, con incluir este instituto en los restantes ramos de seguros privados posibilitando su aplicación en todo tipo de pólizas”(5).

El estudio sistemático de la figura del pronto pago provisorio de las pólizas de seguros, independientemente del ramo, clase y objeto en que se las divida para contener la totalidad de los distintos intereses asegurables, necesita un apoyo doctrinal y jurisprudencial sólido. El problema no se particulariza solamente en la póliza de seguro marítimo, como podría creerse inicialmente. Más aún, tampoco el seguro marítimo tiene resuelta la cuestión en profundidad ni en extensión, a pesar de contar en Venezuela, como acotamos, con normas particulares y precisas de reciente data.

2. Breve reseña de los antecedentes históricos de la institución

El Estatuto de Florencia de 1523 establecía, que “los aseguradores debían primero pagar la indemnización acordada y luego discutir y litigar si se creía con derecho a ello”. Así mismo al explorar, encontramos disposiciones similares en el Guidon de la Mer y en las celebres Ordenanzas de la Marina francesa de Colbert de 1681, cuya normativa sirvió de inspiración al Código de Comercio Francés de 1807.

En este último se incluía el pronto pago provisorio en la parte referida a los seguros marítimos.

Sin embargo, el pronto pago provisorio solo se admitía en caso de pérdida total de la cosa sobre la cual recaía el interés asegurable y en los casos en que paralelamente operaba el abandono a favor de la aseguradora.

Para ese entonces, se permitía que el juzgador pudiese examinar la reclamación del asegurado, existiendo la posibilidad de ser condenada la aseguradora a pagar provisoriamente el monto asegurado, si este lo juzgaba conveniente, quedando obligado el asegurado a devolver la suma entregada con anticipación si estas reclamaciones no eran posteriormente juzgadas valederas. En tal sentido, se solicitaba una caución al asegurado. Esa caución quedaba sin efecto, si al cabo de cuatro años de haber sido condenado al pago provisorio, la aseguradora no iniciaba su reclamación para solicitar la repetición de la suma anticipada.

Posteriormente, el 3 de julio de 1967 fue derogado el Código de Comercio francés, en lo referente a los seguros marítimos, por la Ley Francesa n.º 67-522. Esta nueva ley abolió el pronto pago provisorio sin sancionar un procedimiento o régimen similar(6).

3. Justificación del pronto pago provisorio

Del particularismo del derecho de la navegación surge la necesidad de que las varias instituciones que lo conforman adopten características propias de la disciplina, encaminadas a justificar y apoyar la realización de esa navegación y darle contenido al bien llamado particularismo, lo que lo distingue de las otras ramas del derecho y justifica plenamente su autonomía.

En el caso del seguro marítimo, encontramos un ejemplo válido de estas aseveraciones, porque en ese seguro nos vamos a vincular con aspectos, funciones y características que no se observan en los restantes tipos de seguros. Este parecer lo confirma el maestro Osvaldo Blas Simone (Simone, 1982) cuando cita a Hemard y acota: “los seguros marítimos son profundamente diferentes de los seguros terrestres y que, como institución especial, independiente, participa del carácter particularista del derecho marítimo”(7).

Siendo esto así, la lógica indicaba que el seguro marítimo debía estar integrado en el derecho de la navegación, para que se mantuviese el criterio de razonabilidad en la regulación que a él corresponde. Esa integración podía venir por vía de un código o por medio de una ley específica, todo va a depender del criterio metodológico que se siga.

En el caso venezolano, se optó por su inclusión en la Ley de Comercio Marítimo, circunstancia por demás pertinente puesto que de esa forma se posibilitó su aplicación a los interesados, y se lo inserta dentro de ese factor técnico-jurídico extraño a los otros tipos de seguros de daños, que viene dado por el hecho navegatorio y su participación en el mismo objeto y fin del derecho de la navegación, es decir, se respeta la vinculación directa entre ambas estructuras.

4. El pronto pago en otros ordenamientos jurídicos

Como primer destino cierto de la institución podemos citar el conocido ejemplo de la República de Argentina, donde está presente dentro de la regulación del seguro marítimo y donde existe considerable información doctrinal y jurisprudencial al respecto, más cuando lo ponemos en perspectiva frente a otras legislaciones; por lo que la legislación argentina constituye una consulta y estudio indispensable para su conocimiento en América del Sur.

En efecto, la Ley de Navegación Argentina de 1973, contempla el pronto pago en los artículos que a continuación transcribimos:

Sección 4.ª. De la acción por pago provisorio e inmediato de la indemnización emergente del contrato de seguro.

ART. 583.—Cuando el asegurado ejerce la acción de avería por pérdida total o la de abandono, el asegurador puede controvertir el derecho del asegurado mediante las pruebas pertinentes. El asegurado tiene derecho a exigir el pago provisorio e inmediato de la indemnización por vía de incidente, dentro del mismo juicio, presentando los comprobantes justificativos de su derecho y prestando caución suficiente para responder, en su caso, de la restitución de la cantidad percibida. A este efecto, el juez librará mandamiento de intimación de pago y embargo, siempre que considere prima facie que corresponde el pago de la indemnización, previa citación al asegurador para que reconozca la autenticidad de la póliza y se pronuncie sobre la documentación acompañada por el asegurado. El asegurador puede oponer las excepciones que son admisibles en el juicio ejecutivo. La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos, sin perjuicio del trámite del proceso de conocimiento, dentro del cual se haya plateado la acción de pago provisorio.

ART. 584.—Cuando se trate de una avería particular que no implique una pérdida total o no dé lugar al ejercicio de la acción de abandono, el asegurador, salvo negativa expresa y fundada de su parte, está obligado a pagar la indemnización respectiva dentro de los sesenta (60) días de haberle entregado al asegurado todos los documentos justificativos de su crédito. Si no se efectúa el pago, previa intimación al asegurador, el asegurado puede solicitar que la avería se liquide judicialmente por un perito designado por el tribunal, presentando duplicado de la documentación. El asegurado puede ejercer la acción de pago provisorio por el importe de la indemnización que fije el liquidador designado por el asegurador o por el mismo juez, a pedido de cualquiera de las partes, en la misma forma que establece el artículo anterior y sin perjuicio de la prosecución del juicio ordinario, si las partes no reconocen la procedencia del importe fijado por el liquidador y la resolución dictada por el juez.

En esas normas podemos claramente confirmar la posibilidad que tiene un asegurado de solicitar y reclamar el pronto pago, así como el deber de ese mismo sujeto de presentar una fianza que garantice a su asegurador, la eventual devolución de las sumas recibidas en concepto de indemnización adelantada. Debemos sin embargo acotar que el último aparte del artículo 583 establece el derecho del asegurador de oponer excepciones a la solicitud de pronto pago.

Igualmente, conforme a esas normas argentinas, la institución del pronto pago se establece de forma accesoria, es decir, puede o debe ser presentada en forma incidental después que se ha intentado una acción principal contra la empresa aseguradora para el pago de la indemnización prevista en la póliza, con ocasión de la pérdida total o parcial del bien asegurado.

Adicionalmente, en el ámbito de las legislaciones de la América del Sur podemos citar y considerar a la República del Uruguay donde también se regula la institución del pronto pago en el seguro comercial. En efecto, el título IX, capítulo IV del Código de Comercio uruguayo intitulado “De los derechos y obligaciones del asegurador y del asegurado”, incluye un artículo específico, el artículo 1.403 donde se regula expresamente la figura in comento(8). Siendo que la particularidad de esta disposición legal estriba en el hecho de que en su parte final establece un plazo de caducidad de seis (6) meses para el asegurador, contados desde el día en que se verifique el pago indemnizatorio, dentro del cual debe contradecir el derecho del asegurado a percibir la indemnización provisoria, y cumplido el cual no tendría el asegurador derecho alguno a objetar la reclamación del asegurado, quedando firme el pago efectuado.

Otra legislación iberoamericana allende nuestros mares, que prevé desde hace mucho tiempo en su Código de Comercio (1885), la institución del pronto pago, es la legislación española. Previsión que podemos revisar en los artículos 769, 770 y 774 del citado código(9).

Siendo que podemos interpretar que la institución se encuentra particularmente prevista en el artículo 770, esa disposición legal la vamos a concordar con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley española de 1980 sobre contrato de seguros, que viene a completar la regulación expresa del instituto(10).

5. Incorporación del instituto a la legislación marítima venezolana

El seguro marítimo no puede separarse del derecho de la navegación por su íntima correspondencia con todo su contenido, de allí que en la Ley de Comercio Marítimo venezolana se haya regulado el seguro marítimo atendiendo a la mejora y modernización de este respecto a la regulación que le precedió, acogiéndose las soluciones de las legislaciones de países con tráficos de navegación muy intensos, así como las plasmadas en convenciones internacionales y en prácticas o reglas uniformes fijadas por organismos especializados.

La fuente de inspiración de nuestra Ley de Comercio Marítimo en lo que a seguro marítimo se refiere, fue la Ley de Navegación argentina (L. 20.094/73), la cual a su vez se inspiro en la Merchant Insurance Act inglesa de 1906, de la cual solía decirse era la Biblia de la materia, cuerpo normativo del que puede afirmarse ha regido el seguro marítimo mundial, dada la función que representa Londres como plaza aseguradora.

Sin embargo, los proyectistas de las normas venezolanas sobre seguro marítimo no acogieron algunas disposiciones referidas a la acción por pago provisorio previstas en la ley argentina, particularmente las que establecen el ejercicio de este derecho solamente cuando se trata de una pérdida total, o en caso de abandono. El proyectista venezolano no estableció al asegurado limitación alguna para el ejercicio del derecho a percibir la indemnización convenida.

Así como principal innovación dentro de la regulación del seguro marítimo en Venezuela, se estableció el denominado en la doctrina internacional “pronto pago” o “pago provisorio”, instituto típico del derecho de la navegación que no existe en el derecho común de seguros, y por el cual, el asegurado tiene derecho a exigir, en juicio, el pago provisional e inmediato de la indemnización pactada en la póliza, sujeto a una serie de condiciones, una de las cuales es la constitución por parte del asegurado de una fianza que el tribunal estime procedente, para responder de la eventual restitución de la suma pagada, caso de ser vencido en la litis(11).

Debemos recalcar, que este “pronto pago” es una innovación de la mayor importancia práctica, por cuanto tiende a evitar que el asegurador se pueda sentir tentado a discutir injustamente a su asegurado el derecho a la indemnización convenida en la póliza.

La ocasión de la reforma de la legislación marítima venezolana en el año 2001, fue más que propicia para estimular la adopción de este instituto y beneficiar con ello la aplicación e implementación integral de un derecho de la navegación que se adecúe a la realidad jurídico-social-económica, como vía expedita para obtener los anhelados valores de justicia, paz, solidaridad, orden y seguridad.

6. Comentarios sobre los artículos de la Ley de Comercio Marítimo venezolana sobre pronto pago

En el capítulo VI del título VII la Ley de Comercio Marítimo venezolana se estableció el mecanismo jurídico-procesal, a través del cual el asegurado podrá ejercer el derecho a obtener un pronto pago provisorio de su asegurador, es decir, acudir al órgano de control jurisdiccional, en nuestro caso, el tribunal marítimo de primera instancia, para obtener la tutela jurisdiccional que tienda a oír y satisfacer si es el caso, su reclamo indemnizatorio.

En el señalado capítulo, se conjugan cuatro(12) normas jurídicas mediante las cuales se hará realidad, hecho concreto la institución del pronto pago provisorio. Se previó un procedimiento relativamente sencillo que incluye la constatación de una serie de requisitos de forma y de fondo para que la exigencia del pago provisorio sea procedente, ya sea que este se formule por vía incidental o por vía principal.

Lo que implica para el juez o magistrado la formación de un juicio de valor anticipado acerca de la verosimilitud del derecho del reclamante respecto de la indemnización cuyo pago pretende, por lo que esta etapa previa exhibe cierto grado de similitud con la que el ordenamiento procesal prevé para el dictado de las medidas cauterales o preventivas.

El derecho que la norma marítima da al asegurado (art. 451), es un derecho subjetivo material contra la aseguradora, que resulta accesorio del principal que las partes tuvieron en mira al concertar el contrato de seguro marítimo y que deviene, lógicamente, en su causa-fin.

Las expresas indicaciones “pronto” y “provisorio” caracterizan especialmente a este instituto. El primero lo distingue del pago normal traducido por su rapidez, y el segundo, porque señala que el pago está sujeto a su posible repetición si se demostrara, en un posterior juicio, la improcedencia del derecho alegado por el asegurado. Es decir, el carácter no definitivo del pronto pago provisorio se impone para posibilitar la eventual repetición por la aseguradora. Ese carácter provisorio permitirá a la aseguradora hacer valer las defensas que tuviera en un juicio posterior, según dispone el artículo 453. De lo contrario, el derecho al pronto pago provisorio se convertiría en una arbitrariedad.

7. Conclusiones

La institución del pronto pago provisorio trasciende a su concepto y características. Su adecuación al marco jurídico deriva del método legislativo mediante el cual se introduce en el sistema normativo positivo y a través del cual adquiere vigencia y eficacia en el modo sustantivo y adjetivo.

El pronto pago provisorio es el derecho del asegurado a la indemnización rápida y provisoria por su aseguradora, nacido de un hecho dañoso, en la medida y forma convenidas contractualmente y condicionado a su posible repetición en juicio contradictorio.

Con este concepto se resaltan las características que definen la figura en comento: su participación en la caracterización propia del seguro in genere y su modalidad de constituirse en el cumplimiento anticipado de la obligación asumida por la aseguradora, condicionado a su eventual repetición en juicio si se demostrara que no se encontraba obligada a pagar.

La institución del pronto pago provisorio se hace parte del contrato de seguros al realizarse su objeto que a su vez coincide con la finalidad del seguro en general, esto es, la indemnización; solo que realizada ésta por vía de cumplimiento anticipado, lo que nos muestra un resultado inmediato. Este anticipo exterioriza un principio de equidad porque se constituye en la adelantada nivelación de los derechos y obligaciones del asegurado y de la aseguradora que la artificial uniformidad de las pólizas no logra establecer y, a la que solo podría accederse con la sentencia definitiva de un proceso judicial.

El pronto pago provisorio cumple con el desiderátum de hacer posible la continuidad permanente de la navegación con el cumplimiento anticipado de la obligación asumida por la aseguradora.

En efecto, con la utilización de esta figura, el seguro marítimo tiende a colocar al asegurado en una situación similar o potencialmente equivalente a la que tenía antes de producirse el siniestro, y en el menor tiempo posible. Ese asegurado, sujeto de la navegación sea como cargador, consignatario, armador o propietario, estará en condiciones de continuar con el tráfico que realizaba antes del siniestro en el menor tiempo posible, al percibir las indemnizaciones correspondientes como consecuencia del ejercicio del pronto pago provisorio que le facilita el seguro marítimo contratado.

De tal forma que esta figura particular del seguro marítimo tiende a atenuar la inseguridad jurídica de la aventura marítima creando la posibilidad de lograr, en su relación económica, que puedan continuarla quienes intervienen en esta.

Sin embargo, ante su novedad y la relativa poca difusión de las bondades que ofrece la consagración normativa de ese derecho del asegurado, estima el autor de este trabajo que se impone la necesidad de difundir en profundidad su naturaleza jurídica y las características del instituto, para propender a su mayor utilización en la mayor cantidad posible de países iberoamericanos y procurar su desarrollo jurisprudencial sistemático, coherente con las realidades de nuestros mercados, que permita en el mediano plazo alcanza uniformidad en beneficio de la actividad comercial marítima.

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(1) Cova Arria, Luis. “Génesis y desarrollo del derecho de la navegación”. En: Libro conmemorativo X años de legislación acuática venezolana. Legis: 2011, p. 259.

(2) Baumeister T., Alberto. “Introducción al tema de los seguros marítimos”. En: Libro conmemorativo X años de legislación acuática venezolana. Legis 2011, p. 51.

(3) Simone, Osvaldo Blas. Pronto pago provisorio en los seguros marítimos. Buenos Aires: Ediciones Novum Forum, 1982, p. 50.

(4) Reforma que tiene como antecedente el Proyecto de Ley Orgánica de la Navegación y el Comercio por Agua (Plonca), presentado por el autor de este artículo en 1980 ante el extinto Congreso de la República.

(5) Simone, Osvaldo Blas, ob. cit., p. 16.

(6) Blanco, Maria Grazia. “El pago provisorio en la legislación marítima venezolana”. En: Libro conmemorativo X años de legislación acuática venezolana. Legis: 2011, p. 159

(7) Simone, Osvaldo Blas, ob. cit., p. 52.

(8) “ART. 1.403.—Siempre que el asegurado demande el pago de la cantidad asegurada, en virtud de póliza que traiga aparejada ejecución, el juez hará pagar inmediatamente por los aseguradores y por vía de apremio, la cantidad demandada, prestando el demandante fianzas suficientes que respondan en su caso de la restitución de la cantidad percibida y sus intereses legales; pero por su parte los aseguradores verificado el pago bajo fianza, podrán contradecir en vía ordinaria los hechos, en que se apoye el asegurado y se les admitirá la prueba que dieren, estándose al resultado de ese juicio. Si los aseguradores no usaren de su derecho en el término de seis meses contados desde el día en que se verificó el pago bajo la fianza, no serán después oídos, y el juez a petición del asegurado, mandará cancelar la fianza”.

(9) “ART. 769.—Toda reclamación procedente del contrato de seguro habrá de ir acompañada de los documentos que justifiquen:

1. El viaje del buque, con la protesta del capitán o copia certificada del libro de navegación.

2. El embarque de los objetos asegurados, con el conocimiento y documentos de expedición de aduanas.

3. El contrato del seguro, con la póliza.

4. La pérdida de las cosas aseguradas, con los mismos documentos del número 1, y declaración de la tripulación, si fuere preciso.

Además se fijará el descuento de los objetos asegurados, previo el reconocimiento de peritos. Los aseguradores podrán contradecir la reclamación y se les admitirá sobre ello prueba en juicio.

ART. 770.—Presentados los documentos justificativos, el asegurador deberá, hallándolos conformes y justificada la pérdida, pagar la indemnización al asegurado dentro del plazo estipulado en la póliza, y en su defecto, a los diez días de la reclamación. Mas si el asegurador la rechazare y contradijere judicialmente, podrá depositar a cantidad que resultare de los justificantes, o entregarla al asegurado mediante fianza suficiente, decidiendo lo uno o lo otro el juez tribunal, según los casos.

ART. 774.—Cuando se trate de indemnizaciones procedentes de avería gruesa, terminadas las operaciones de arreglo, liquidación y pago de la misma, el asegurado entregará al asegurador todas las cuentas y documentos justificativos en reclamación de la indemnización de las cantidades que le hubieren correspondido. El asegurador examinará a su vez la liquidación, y hallándola conforme a las condiciones de la póliza, estará obligado a pagar al asegurado la cantidad correspondiente, dentro del plazo convenido, o en su defecto, en el de ocho días. Desde esa fecha comenzará a devengar intereses la suma debida. Si el asegurado no encontrare la liquidación conforme con lo convenido en la póliza, podrá reclamar ante el juez o tribunal competente en el mismo plazo de ocho días, constituyendo en depósito la cantidad reclamada”.

(10) Artículo 18 de la Ley española del Contrato de Seguros.

“El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas. Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado.

(11) Cova Arria, Luis. El nuevo régimen de la navegación en Venezuela y la ley de comercio marítimo. Caracas: Anauco Ediciones, C.A., 2002, p. 20.

(12) Ley de Comercio Marítimo, Gaceta Oficial 38.351 de enero 5 del 2006.

“ART. 450.—Los siniestros amparados por las pólizas de seguros marítimos, deberán ser indemnizados o rechazados por el asegurador, dentro del lapso de treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de consignación del último de los recaudos necesarios por parte del asegurado, o de la entrega del informe definitivo de ajuste de pérdidas.

ART. 451.—Expirado el lapso indicado en el artículo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otras facultades, el asegurado o beneficiario tiene derecho a exigir por la vía judicial el pronto pago provisorio de la indemnización que pudiera corresponder, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Reclamándolo expresamente en juicio o en forma incidental, al ejercer cualquiera de las otras acciones aquí referidas.

2. Presentando los comprobantes que justifiquen el seguro, el interés asegurable y la navegación del buque o el transporte de las mercancías, según corresponda.

3. Justificando sucintamente la producción del riesgo asegurado y el perjuicio sufrido.

4. Prestando la fianza que el tribunal estime procedente para garantizar la devolución de la indemnización pretendida y de las costas, intereses y cualquier suma que pudiera corresponder por los eventuales perjuicios que cause la conducta del asegurado, en el supuesto de prosperar su repetición por el asegurado.

El asegurador deberá ser citado al juicio al solo efecto de reconocer la autenticidad del seguro invocado y para que se pronuncie sobre la restante documentación agregada por el accionante. En caso de desconocimiento, el asegurado podrá probarlas por cualquier medio procesal.

Si el perjuicio invocado fuera parcial, un perito designado de oficio por el tribunal, determinará provisoriamente la existencia y magnitud del perjuicio pretendido.

ART. 452.—Con el cumplimiento de todos los requisitos señalados, el tribunal declarará admitido el derecho invocado por el accionante, ordenando librar mandamiento de intimación de pago y embargo contra el asegurador, quien sólo podrá oponer la excepción de pago.

ART. 453.—El asegurador podrá repetir la suma que se haya visto obligado a pagar mediante la acción del pronto pago provisorio, contradiciendo el derecho del accionante.

En dicho juicio, el cual deberá tramitarse por la vía ordinaria, el asegurador dispondrá de todos los medios y defensas que estime pertinentes. El derecho del asegurador para iniciar el juicio de repetición por el pronto pago provisorio a que se viera obligado, prescribirá al año desde que el mismo fuera exigible.

La fianza que prestara el asegurado para la procedencia del pronto pago provisorio, quedará subsistente hasta el cumplimiento de la sentencia que se dicte. Esa fianza caducará con la prescripción del derecho para iniciar dicho juicio”.