La intoxicación en el derecho penal estadounidense

Revista Nº 13 Oct.-Dic. 2005

Miguel Ángel Méndez Longoria(1) 

Profesor de Derecho 

Universidad de Stanford 

(EE. UU.) 

Sumario

Las leyes vigentes para los delitos cometidos por personas en estado de intoxicación voluntaria presentan problema respecto de la sanción penal porque entra en discusión el estado volitivo del autor, más aún teniendo en cuenta la visión estadounidense. 

El autor considera que las normas, por su ambigüedad, sobre todo en el Estado de California, requieren una reforma que frente a la constitución es perfectamente posible. 

Temas relacionados

Intoxicación; estado mental; voluntad; riesgo; sanción penal; derecho común; culpabilidad; imprudencia.

1. Introducción

La naturaleza federal de Estados Unidos hace difícil generalizar acerca de cualquier aspecto del derecho, incluyendo el penal. De acuerdo con la Constitución Federal, cada Estado, así como el Gobierno Federal, tiene competencia legislativa para definir los delitos y para establecer las reglas para su procesamiento. Adicionalmente, cada subdivisión política tiene competencia legislativa y, en menor medida, competencia judicial para excluir ciertos tipos de medios probatorios presentados por la defensa en un caso. Por tanto, al no haber un derecho penal “nacional” en Estados Unidos, un análisis completo sobre el rol de la intoxicación en el derecho penal estadounidense requeriría de un estudio, Estado por Estado, así como también el examen de la legislación federal en materia penal.

Tal análisis, en el supuesto de que fuera posible, sería necesariamente circunstancial. Cualquier subdivisión política en Estados Unidos, bien sea a través de su órgano legislativo o de sus cortes de apelación, tiene la plena libertad de modificar las reglas sobre admisibilidad de la prueba de intoxicación en casos penales por parte de la defensa.

A pesar de las diversas reglas procedimentales y sustantivas en materia penal que han sido adoptadas por cada Estado y por el Gobierno Federal, el federalismo no ha dado lugar a sistemas legislativos y de procedimiento muy diferentes entre sí. Al menos en el campo del derecho penal hay cierta uniformidad. Muchos de ellos se remontan a los orígenes del derecho penal estadounidense. Tanto es así que, en la actualidad, muchos crímenes contemporáneos son derivados de delitos originalmente definidos por los jueces ingleses del derecho común —common law—. Más aún, aquellos Estados que recientemente han reestructurado sus códigos penales han sido influenciados en gran medida por el Código Penal Modelo, un texto preparado por el Instituto de Derecho Americano hace 50 años.

El instituto es una organización no-gubernamental y lo que produce no tiene carácter vinculante en ninguna jurisdicción estadounidense; sus publicaciones, sin embargo, son muy influyentes debido a que está integrado por jueces, abogados y académicos de mucho renombre. Como consecuencia, los dos cuerpos de doctrina legal que han jugado un papel importante en dar forma al derecho penal son el derecho común—common law— y el Código Penal Modelo.

Este artículo constituye una reflexión sobre esa dualidad. Al examinar el rol de la intoxicación en Estados Unidos, este trabajo parte del enfoque que se le da al tema en California —una jurisdicción paradigmática del sistema de derecho común— y en el Código Penal Modelo. El artículo compara las reglas de cada cuerpo legal, explora sus contradicciones y sugiere cambios dirigidos a lograr que se le dé un tratamiento justo a aquellos que cometen delitos bajo la influencia de sustancias —intoxicados— y, al mismo tiempo, salvaguardar a la sociedad del peligro que representan aquellos transgresores. No obstante, hemos omitido en este trabajo la discusión sobre el tratamiento de la ley federal a los transgresores intoxicados—intoxicated offenders—.

A pesar de la dramática expansión de la jurisdicción penal federal durante los congresos controlados por el Partido Republicano desde 1994, de acuerdo con la Constitución Federal, son los Estados y no el Gobierno Federal quienes tienen amplios poderes para definir los delitos y establecer las penas. Tal como lo ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, “nuestro Gobierno Nacional es solo uno de los poderes delegados. Bajo nuestro sistema federal la administración de la justicia penal reposa en los Estados, con la excepción de los casos en que el Congreso, actuando en ejercicio del poder que le ha sido delegado, ha creado delitos contra los Estados Unidos”(2).

El caso United States v. López(3) sirve para ilustrar esta limitación. En este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos, al considerar que se había producido una extralimitación a los poderes legislativos del Congreso, declaró nula una ley que consideraba como un delito federal “el que un individuo poseyera un arma de fuego en un lugar que esa persona supiere, o al menos tuviere motivo razonable para saber, que era una zona escolar”(4).

Aun cuando la Corte tradicionalmente ha considerado que el poder del Congreso para regular el comercio interestatal es una de sus atribuciones más amplias, en ese caso la Corte estableció que dicha ley federal “ni regulaba actividades comerciales ni establecía como requisito que la posesión —del arma de fuego— estuviera relacionada de alguna forma con actividades comerciales interestatales. Por ello decidimos que —dicha ley— constituye una extralimitación de la autoridad del Congreso ‘para regular el comercio (...) entre los varios Estados...’”(5).

También se ha dejado fuera de este trabajo la discusión sobre si, desde el punto de vista médico o científico, quien comete un delito bajo los efectos de sustancias no puede discernir sobre el acto que se le imputa. Si la intoxicación tiene o no un efecto discapacitante sobre las habilidades cognitivas del trasgresor, ello es materia de las reglas probatorias sobre la admisibilidad del testimonio de expertos y sobre la prueba científica(6).

Tampoco hemos decidido discutir la constitucionalidad —desde el punto de vista de la Constitución Federal— de las leyes que prohíben alegar los efectos del alcohol y otras sustancias estupefacientes, para demostrar la incapacidad mental de quien comete un delito. En el caso Montana v. Egelhoff(7), la Corte Suprema de los Estados Unidos, con una mayoría muy estrecha, mantuvo la constitucionalidad de este tipo de leyes. Al escribir para una pluralidad, el magistrado Scalia admitió que el debido proceso impone límites al poder del Estado para excluir pruebas relevantes para la defensa, pero solamente si la exclusión “ofende algún principio de justicia tan arraigado en las tradiciones y en la conciencia de nuestro pueblo que se le considere fundamental”(8).

Su examen de la regla sobre intoxicación en Estados Unidos lo llevó a concluir que utilizar la intoxicación como prueba para desvirtuar el elemento mental culpable de un delito —mens rea— no es un principio fundamental(9).

La intoxicación voluntaria, no la involuntaria, es el interés central de este trabajo. Primero, a manera de definición, la intoxicación consiste en la ingesta voluntaria de alguna sustancia, incluyendo el alcohol que, en una cantidad suficiente, incapacita al sujeto para discernir el elemento mental o inmaterial del delito que se le imputa.

En segundo lugar, un impedimento cognitivo, no volitivo, es el enfoque que nos interesa. Incluso cuando la ingesta de alcohol y de otras drogas en cantidades suficientes puede relajar el autocontrol y reducir las inhibiciones, el derecho penal estadounidense generalmente no toma en cuenta este impedimento en la fase del juicio en que se determina la culpabilidad del imputado. Cuando la prueba del delito requiere demostrar que el acusado actuó conscientemente, es legalmente irrelevante si el acusado obró bajo un “impulso irresistible” al cometer el delito.

En California, por ejemplo, acusaciones de este tipo son consideradas dentro del ámbito de la demencia y fuera del ámbito del análisis convencional de la intención de delinquir —mens rea. Aunque esto nos hace reflexionar sobre cuál debe ser el debido alcance de la sanción penal(10), algunas reformas recientes a la defensa de demencia —insanity defense—, incluyendo la de California, han considerado dichas pruebas como irrelevantes, incluso en la fase de determinación de la demencia durante un juicio(11).

2. Culpabilidad y daños penales —criminal harms

Tal como ocurre en otros sistemas legales, no todos los delitos en Estados Unidos requieren la prueba del estado mental del autor. En los delitos considerados de responsabilidad objetiva —strict liability offenses—, ninguna consideración se le otorga al estado mental del autor a quien se reputa culpable, independientemente de cuán cuidadosa pensó que era su actuación. Muchos de estos delitos, aunque no todos, son considerados como “regulatorios”. Por ejemplo, todo aquel que venda alimentos adulterados es culpable de un delito, así haya obrado con mucho cuidado al intentar vender alimentos salubres. Además, todas las jurisdicciones en Estados Unidos tipifican algunos delitos sobre la base de la negligencia.

El gravamen está en la falta de atención del imputado en apreciar un riesgo del que debió haber tenido cuidado. En California, por ejemplo, alguien que inadvertidamente mate a otro será en todo caso culpable de homicidio culposo —involuntary manslaughter— si se determina que una persona razonable en las mismas circunstancias se hubiere abstenido de actuar de esa forma. No obstante el número de delitos fundados en responsabilidad objetiva o en negligencia se ha multiplicado en los últimos 100 años, el modelo heredado de los jueces de derecho común inglés sigue siendo la norma. De acuerdo con este arquetipo, tal como enfatizaba el historiador inglés William Blackstone, una lesión causada “sin la intención de hacer daño no es para nada un delito”(12).

El magistrado Robert Jackson de la Corte Suprema de los Estados Unidos elaboró mejor este principio: “La discusión sobre si una lesión o daño puede ser considerada como delito únicamente cuando sea infligida con intención no se basa en una noción provincial o transitoria. Es tan universal y persistente en los sistemas legales desarrollados como la creencia en la libertad de la voluntad humana y la consecuente habilidad y responsabilidad de un individuo normal para elegir entre el bien y el mal. La relación entre el elemento mental y el castigo por un acto dañoso es tan instintiva como la familiar frase exculpatoria de los niños ‘pero yo no tuve la intención de...’”(13).

La referencia del magistrado Jackson sobre la elección entre el bien y el mal refleja una de las premisas subyacentes en el derecho penal estadounidense. Se considera justificado que la sociedad castigue solamente a aquellos transgresores que hayan elegido violar sus reglas. Aun cuando esta premisa no haya logrado obtener estatus constitucional en la forma de una regla de derecho que exija considerar el estado mental para cada delito(14), lo que realmente importa es que todavía muchos delitos estadales y federales requieren al acusador que pruebe la existencia de algún tipo de estado mental culpable. El Código Penal de California ofrece un buen ejemplo y consagra que, con excepción de aquellos casos en que haya habido negligencia —negligence offenses—, “[E]n cada delito o falta de orden público deber existir una unión u operación conjunta entre acto e intención...”(15).

Al lado de esta premisa fundamental hay una de orden procedimental. Como regla general, en aras del principio de igualdad procesal, se exige al Estado que permita al imputado de un delito refutar todos los elementos a través de los medios de prueba admisibles de acuerdo con las reglas del foro. De hecho, como materia federal constitucional, en algunas circunstancias las reglas estatales sobre exclusión de evidencia deben dar paso a las pruebas presentadas por el imputado siempre y cuando estas sean relevantes, confiables e indispensables para su defensa(16).

La combinación de estas dos reglas marca el punto de partida en el análisis de la admisibilidad de la prueba de intoxicación: en ausencia de algunas razones que sirvan de contrapeso, la prueba producida por la defensa sobre la intoxicación voluntaria debe ser admitida, siempre y cuando sea suficiente para contrarrestar la prueba del estado mental necesaria para lograr una condenatoria. Pero, como veremos, este punto de vista no ha sido acogido en su totalidad por ninguna jurisdicción estadounidense.

3. La experiencia de California

3.1. El antecedente legislativo

Ambigüedad y no claridad es precisamente lo que ha caracterizado el tratamiento legal y jurisprudencial que se ha dado en California al caso del transgresor intoxicado.

El Código Penal más influyente de California fue el promulgado en 1872 y, a pesar de haber sido enmendado ampliamente, aún sigue vigente. La sección 22 original del Código Penal establecía que “[n]ingún acto cometido por una persona bajo los efectos de una intoxicación voluntaria es menos criminal por haber estado el sujeto en esa condición”(17). En la siguiente frase, sin embargo, se atempera esta prohibición al indicarse que “en aquellos casos en que la existencia de un propósito, motivo o intención particular sea un elemento necesario para la configuración de algún delito o del grado de participación en un delito, el jurado puede tomar en cuenta el hecho de que el acusado estaba intoxicado al momento de determinar el propósito, motivo o intención con el cual cometió el hecho”(18).

La primera parte de la norma citada compromete a California en el principio de que la intoxicación voluntaria, como un problema de política legislativa, no debería ser excusa para la comisión de un delito. A la luz de esta clara y diáfana declaración, la segunda frase resulta, a lo menos, confusa, pues si, “propósito, motivo o intención” son entendidos como términos necesarios para la determinación del aspecto inmaterial del delito —mental state of the offense—, entonces ello haría parecer que California, de hecho, ha adoptado un enfoque probatorio sobre el problema de la intoxicación a pesar de lo enunciado en la primera parte de la sección arriba citada.

Una norma que prohíba utilizar la prueba de que el delito fue cometido bajo intoxicación voluntaria para refutar el aspecto mental o inmaterial del delito es aceptable si tomamos en consideración la perspectiva histórica. En 1872 ello bien pudo ser el reflejo de los valores morales de los californianos basado en sus creencias religiosas. Los integrantes de las legislaturas en aquella época más que ahora, en su mayoría profesaban la fe cristiana. Aunque el viejo y nuevo testamento no condenan el uso del alcohol, se le considera igualmente una sustancia peligrosa.

El rey Salomón advierte que “[V]ino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio”(19). El apóstol Pablo sentencia que los borrachos son pecadores que no heredarán el Reino de Dios(20). En efecto, Pablo sitúa a los borrachos en la misma categoría de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, maldicientes y estafadores(21). De manera que así como un pecado no puede expiar de otro, tampoco la intoxicación debería excusar la comisión de un delito. Tal como solía decir una antigua instrucción que comúnmente se daba a los jurados, “[C]uando una persona en un estado de intoxicación, en que ha incurrido voluntariamente, comete un delito, la ley no permite a aquella emplear su propio vicio como excusa para evitar la consecuencia de su conducta”(22).

El problema de esto es que choca con la necesidad de permitir al acusado ofrecer prueba de la intoxicación para refutar la existencia del elemento volitivo con respecto al delito que se le imputa. Los acusados de cometer delitos bajo la influencia de sustancias no discuten por lo general haber cometido el hecho punible. Cuando son imputados de un delito que exige prueba de la intención o propósito, generalmente alegan que el estado de intoxicación les impidió discernir sobre el propósito; si son imputados de un delito cometido por falta de cuidado o imprudencia, alegan que no estaban al tanto del riesgo debido a su estado de ebriedad.

Enfrentada a esta situación, la sección 22 puede ser vista como un compromiso legislativo que descarta la utilización de la prueba de la intoxicación para librarse de la responsabilidad penal a menos que ello desvirtúe el elemento volitivo del delito imputado.

La dificultad con esta interpretación es que la excepción parece amenazar con absorber la regla. En 1872, la responsabilidad objetiva —strict liability— era un concepto nuevo en el derecho estadounidense y la mayoría de los delitos consagrados en el Código Penal, al derivarse de los delitos del derecho común —common law—, requerían la prueba de algún estado mental como, por ejemplo, la intención. Con excepción de las pocas situaciones en que la responsabilidad objetiva o la negligencia eran suficientes para lograr la condena, la admisibilidad de la intoxicación para desvirtuar la intención o el conocimiento de una conducta imprudente implicaba su aceptación en la mayoría de los casos.

No obstante, la segunda cláusula de la sección 22 parece haber ampliado el enfoque. Witkin, el comentarista legal más citado en California, en la primera edición de su tratado de derecho penal menciona que la intoxicación era admisible en California para refutar la intención en los delitos de homicidio, robo y forzamiento(23). La más antigua instrucción estándar que se daba a los jurados data de 1946 y en ella se les ordenaba tomar en cuenta la intoxicación para determinar si el acusado había actuado conscientemente al cometer el delito imputado y le imponía al juez la obligación de identificar, para los miembros del jurado, el elemento mental en cuestión(24).

La interpretación amplia de la segunda cláusula de la sección 22 no era descabellada. En los casos ingleses del siglo XIX, además de reiterarse en una forma poco sincera que “la ebriedad no es excusa para ningún delito”, se permitía utilizar la prueba de la intoxicación para refutar la intención de cometer el delito imputado —mens rea(25). En su edición correspondiente a 1858, el estadounidense Joel Prentiss Bishop dice en su tratado de derecho penal que uno no puede ser culpable de haber cometido un delito si “al embriagarse uno se vuelve incapaz de formarse esa [necesaria] intención...”(26) y cita casos ingleses y estadounidenses, incluyendo casos federales, en sustento de su posición(27).

A pesar de que para 1858 California era ya un Estado, las citas de Bishop no incluyen casos de California. Sin embargo, para la fecha que la sección 22 fue promulgada, era indudable que la animosidad del derecho común hacia la prueba de la intoxicación había comenzado a calar en algunas jurisdicciones.

Resulta interesante que la interpretación más amplia sobre la cláusula segunda de la sección 22 aparece en un caso que no trata sobre intoxicación. En el caso People v. Wells(28) se prohibió a un acusado de homicidio ofrecer prueba de sus desórdenes mentales para desvirtuar su intención de cometer el delito. La Corte revirtió su condena, estableciendo que el acusado tenía derecho a probar su estado mental a través de su propio testimonio y el de expertos(29).

En defensa de esta posición, la Corte Suprema de California expresó que “esta prueba era admisible por razones similares a aquellas que hacen posible la admisión de la prueba de la intoxicación. Incluso cuando tenemos una ley (C.P., §22) que regula expresamente la prueba de la intoxicación, pensamos que al consagrar reglas sobre la admisibilidad de dicha prueba bajo determinadas circunstancias, la ley solo expresa cuál sería la regla a aplicar en ausencia de una norma expresa sobre dicho supuesto”(30). Desde la perspectiva de la Corte, la segunda cláusula de la sección 22 contenía el esfuerzo del poder legislativo en cerciorarse de que la prohibición contenida en la primera cláusula “no afectare la regla general sobre la admisibilidad de la prueba ni la necesidad de demostrar un particular estado mental para la configuración del delito”(31).

Que la calificación se hubiere convertido ahora en la “regla general” no debe sorprendernos. De acuerdo con los principios generales de California en materia de pertinencia de pruebas, tanto antes como ahora, la regla general es que toda prueba pertinente es admisible salvo disposición en contrario(32). Si consideramos que la intoxicación impide al acusado formar el estado mental del delito que se le imputa, entonces dicha prueba debería ser admitida.

Si lo que la legislatura de California pretendía con respecto a la intoxicación era que esta fuera admisible siempre y cuando sirviera para refutar el estado mental al momento de cometerse el delito, hubiera sido de gran ayuda que el legislador lo indicare expresamente. En vez de ello, optar por utilizar ejemplos el legislador trajo confusión al concepto que tenía en mente. El uso de términos como “propósito particular” —particular purpose— o “intención” —intent— no incluyen el universo de estados mentales penales.

Hoy día, gracias al Código Penal Modelo, sabemos que los delitos pueden ser cometidos (i) a propósito o intencionalmente —purposely—, (ii) con conocimiento, es decir, a sabiendas de que la conducta del imputado produzca un riesgo dañoso cuya posibilidad de materializarse sea altamente probable —knowingly—, (iii) imprudentemente, es decir, con el conocimiento de que la conducta del imputado produzca un riesgo dañoso cuya probabilidad de materializarse es solamente posible—recklessly—, (iv) negligentemente —negligently— y (v) aun sin discernir, es decir, sin ningún estado mental —with strict liability(33).

Un ejemplo servirá para iluminar los estados mentales definidos por el código. Supongamos el caso de un anarquista que lanza una bomba hacia el automóvil del presidente. La explosión mata al presidente, al secretario que lo acompaña, al chofer y a un peatón. El objeto del anarquista era asesinar al presidente. Sabía que era muy probable que el estallido mataría al secretario, un resultado que lamenta con toda sinceridad. De antemano, el anarquista le había dicho a un conocido que la explosión podría matar al chofer, pero que esperaba que este sobreviviera el estallido. Jamás se le ocurrió al anarquista que la explosión mataría a un peatón. Utilizando los términos del código, el anarquista mató al presidente a propósito, al secretario con conocimiento, al chofer con imprudencia y al peatón con negligencia.

Lógicamente, la intoxicación puede refutar el propósito, el conocimiento y la imprudencia, si aceptamos la postura científica según la cual la intoxicación reduce o destruye la capacidad cognitiva. Pero los redactores de la sección 22 no contaban con el beneficio de la elocuencia del Código Penal Modelo. Los legisladores emplearon terminología con la que estaban familiarizados en su tiempo, incluyendo “motivo”, que en la actualidad no se considera como un elemento mental del delito, sino como prueba que puede ayudar a demostrar el elemento volitivo de este. “Especies” pueden haberse referido a variaciones de un delito genérico.

En California, por ejemplo, se define el hurto a través del método utilizado para llevarlo a cabo: mediante engaño, hurto, artificios, apropiación indebida o falsas pretensiones(34). Dependiendo del valor de los bienes hurtados, este delito puede ser de varios grados conocidos como “menor” —petty theft— y “agravado” —grand theft(35), siendo este último el que acarrea la mayor pena(36). Aunque no es del todo clara, la referencia de la sección 22 al problema de las gradaciones sugiere que también para los delitos relacionados entre sí se requiere probar los diferentes estados mentales que pueden ser desvirtuados con la prueba de la intoxicación.

Sin embargo, esto se hace menos claro cuando notamos que la segunda cláusula de la sección 22 está precedida de la norma general del common law que prohíbe el uso de la intoxicación como prueba. Al incluir dos normas contradictorias en el mismo párrafo, los redactores invitaron a los jueces de las cortes de apelación a especular sobre si la intención de la segunda cláusula fue permitir el uso de la intoxicación, siempre que fuera posible desvirtuar el elemento mental de cualquier delito, o si solamente fue permitir el uso de la intoxicación para refutar el elemento mental de algunos delitos particulares.

3.2. La respuesta judicial

El honorable Roger Traynor, magistrado jefe de la Corte Suprema de California, ha sido el juez que más ampliamente aceptó esta invitación. Si bien el magistrado jefe Traynor no ha sido el primer juez de apelación en deliberar sobre el significado de la sección 22, su ponencia en el caso Hood es considerada como la interpretación definitiva de la sección tal como fue consagrada en 1872(37).

David Hood fue condenado por lesiones a un policía con un arma letal y de atacarlo con intención de matarlo(38). Durante el juicio, Hood presentó pruebas de que se encontraba bajo el efecto de sustancias al momento de cometer los delitos. La Corte revirtió ambas condenas sobre la base de que se habían cometido faltas en las instrucciones que el juez de juicio le dio al jurado —instructional errors(39). Con la idea de guiar al juez de juicio que conocería del asunto en reenvío, la Corte tomó en cuenta la admisibilidad de la prueba de la intoxicación de acuerdo con la sección 22. Fue en el curso de esta discusión que la Corte reescribió la sección al establecer que la prueba de la intoxicación era admisible únicamente para desvirtuar el elemento mental de aquellos delitos que requieren una “intención específica” —specific intent offenses—.

Traynor se sintió en libertad de profundizar sobre el sentido de la norma. En primer lugar, argumentó que los términos empleados en la ley —propósito, motivo o intención— eran ambiguos y ofrecían poca ayuda cuando tocaba aplicarlos a delitos como el de lesiones, en el cual el legislador había omitido indicar con precisión el estado mental o la intención requerida(40). En segundo término, notó que el legislador de 1872 pudo no haber usado los términos empleados en la formulación específica-genérica, porque “intención específica” e “intención genérica” no eran términos utilizados en el lenguaje jurídico de la época(41).

Traynor encontró esta distinción atractiva como una respuesta al problema del transgresor intoxicado. Ese problema, explicó, era “reconciliar dos teorías opuestas sobre el tratamiento que se debe dar a aquellos que cometen crímenes bajo la influencia de sustancias. De una parte, la culpabilidad moral del transgresor embriagado es generalmente menor que la de una persona en el pleno ejercicio de sus facultades. Por otro lado, el sentimiento generalizado parece ser que aquellos que voluntariamente se embriagan y que cometen delitos bajo la influencia de sustancias no deberían escapar de las consecuencias”(42).

A Traynor le preocupaba que un enfoque limitado exclusivamente al problema de la relevancia en la admisibilidad de la intoxicación desplazara a la regla tradicional, con lo que quedaría entonces incluida la intoxicación, pues, con excepción de los delitos de responsabilidad objetiva —strict liability—, el derecho penal exigela presencia de algún elemento mental —mensrea(43).

El magistrado consideró que la solución estaba en adoptar “una fórmula intermedia entre los sentimientos encontrados de lástima y reprobación hacia el trasgresor intoxicado”, permitiendo la admisibilidad del estado de intoxicación solamente en algunos delitos que requieren prueba de la intención específica de cometerlos —specific intent—: “Cuando la definición de un delito consiste simplemente en la descripción de un acto en particular, sin referencia alguna al intento de ejecutar otro acto o de lograr una consecuencia futura, nos preguntamos si el acusado tuvo la intención de realizar dicho acto. Esta intención es entendida como de intención genérica —general intent—.

Cuando la definición del delito se refiere al propósito del autor en lograr una consecuencia adicional, el delito es considerado como de intención específica —specific intent—”(44).

Pero Traynor no aspiró que la definición rigiera para todos los casos. Pensó que este análisis debía ser guiado por razones de política penales y no limitarse al análisis sintáctico de las palabras de la ley. El elemento más convincente de este enfoque es el tratamiento que Traynor le dio a los delitos ante el tribunal. Consideró que el delito de lesiones con la intención de cometer un homicidio sería un delito de intención específica, pero que el delito de lesiones con arma letal sería un delito de intención genérica. Desde el punto de vista de la definición, esa distinción es indefendible. Conceptualmente, ambos delitos se refieren a intentos, y los intentos por definición requieren prueba del deseo “de obtener o lograr una consecuencia futura”, como, por ejemplo, ocurre con el daño descrito en la norma sustantiva.

Sin embargo, para Traynor, permitir la prueba de la intoxicación con el fin de refutar el estado mental de algunos delitos, como el de lesiones con arma letal y otras lesiones más leves, sería una política penal indefendible. Haciendo referencia a un artículo sobre los efectos médicos de la intoxicación, afirmó lo siguiente: “Aparentemente el alcohol tiene un efecto reducido sobre la habilidad de las personas para realizar actividades dirigidas a lograr un objetivo simple, a pesar de que pueden afectar negativamente al comportamiento en cuanto a su eficiencia. Dicho de otra forma, una persona en estado de embriaguez es capaz de formarse la idea y llevar a cabo acciones simples, como golpear a otra persona, a menos que el estado de embriaguez sea tal que haya llevado al sujeto a perder el conocimiento.

De lo que no es capaz el intoxicado, como sí lo es aquel en estado de sobriedad, es de juzgar o valorar las consecuencias sociales de sus actos o controlar sus impulsos sobre actos antisociales. El intoxicado es más propenso a actuar en forma irascible e impulsiva y es susceptible a la pasión y a la ira. Sería por tanto anómalo admitir prueba de la intoxicación para relevar a un sujeto de la responsabilidad que deriva de la comisión de los delitos de lesiones con arma letal o simples lesiones, los cuales son comúnmente cometidos por personas en esas condiciones”(45).

Debido a ello, durante el reenvío del caso al tribunal de primera instancia los miembros del jurado serían instruidos a tomar en cuenta la intoxicación de David Hood para determinar su culpabilidad con respecto al delito de cometer lesiones con la intención de matar, pero a no tomarla en cuenta para determinar su culpabilidad con respecto al delito de cometer lesiones con arma letal.

Sin lugar a dudas, pueden estar abiertas a discusión las observaciones de Traynor de si los efectos del alcohol son científicamente válidas. Desde 1969, mucho se ha investigado sobre el alcohol y sus efectos. Lo que resulta indiscutible es que, a partir de Hood, las cortes de apelación de California han asumido la responsabilidad de decidir caso por caso sobre si la prueba del estado de intoxicación del acusado debería admitirse para desvirtuar el elemento mental del delito.

3.3. La respuesta legislativa: el juicio de Dan White y sus consecuencias

Dos de los homicidios más notorios ocurridos en California durante el siglo XX fueron los asesinatos de George Moscone, alcalde de San Francisco, y Harvey Milk, supervisor de condado. No fue sino hasta después de que Dan White asesinó al alcalde Moscone y al supervisor Milk en 1978, cuando la legislatura de California expresó su desacuerdo con la interpretación de la cláusula 22 en el caso Hood. Durante el acto de promoción de pruebas —case in chief—, la parte acusadora presentó un caso que, a prima facie, era de homicidio intencional(46).

Las pruebas producidas mostraban que Dan White asesinó al alcalde Moscone cuando se enteró de que este no lo iba a nombrar como miembro de la junta de supervisores, a pesar de que hasta el momento le habían asegurado lo contrario. El supervisor Milk fue asesinado porque White pensó que este había jugado un papel importante en influir sobre la decisión del alcalde. Más aún, luego de haber disparado varias veces al alcalde y al supervisor, las pruebas presentadas por la parte acusadora mostraron que Dan White le disparó a cada uno en la cabeza, a manera de tiro de gracia —coup de grace.

La defensa presentó pruebas en contrario, alegando que Dan White había actuado víctima de la pasión —la ira se desató luego de enterarse de que el alcalde no lo nombraría como miembro de la junta de supervisores— y bajo circunstancias que afectaron su capacidad de discernir y de albergar malicia —el elemento que distingue el homicidio intencional del culposo—, así como también de actuar premeditada y deliberadamente —los elementos que distinguen los homicidios de primer grado de los de segundo grado—.

Uno de los elementos más importantes para la defensa fue el testimonio de tres psiquiatras y un psicólogo clínico. Todos estuvieron de acuerdo en que Dan White no tuvo la capacidad para discernir sobre la intención que se requiere para configurar el homicidio de primero y segundo grado, y dos de ellos diagnosticaron una enfermedad mental, la depresión, como causa para el impedimento. Como era de esperarse, la parte acusadora produjo su propio psiquiatra como experto para refutar los argumentos de la defensa. Este experto declaró que el examen que le hizo a Dan White el mismo día de los homicidios no reveló la existencia de ningún desorden mental o incapacidad que le impidiera formarse la intención de matar o de actuar premeditada y deliberadamente para cometer los delitos.

Aparentemente, el jurado decidió confiar más en el testimonio de los expertos presentados por la defensa, pues la condena fue de homicidio culposo —voluntary manslaughter—. Así las condenas de homicidio intencional hubieran sido confirmadas en apelación, en caso de ser atacadas sobre la base de insuficiencia, las condenas de homicidio culposo eran de igual forma válidas de acuerdo con la ley de California.

Sin embargo, gran parte del público no estuvo de acuerdo con estas decisiones. La misma noche después de que fueron anunciados los veredictos, varios miles de personas rodearon el Palacio Municipal de San Francisco y una turba irrumpió entre los manifestantes y la policía. Antes de culminar la noche, más de 120 personas habían sido heridas, muchas más fueron arrestadas y los daños a la propiedad ascendieron a varias decenas de miles de dólares.

Miembros de la comunidad homosexual de San Francisco se sintieron especialmente afectados por la decisión que parecía haber degradado la vida del líder homosexual más importante de la ciudad —el supervisor Harvey Milk—, una sentencia que era vista por aquellos como permitiendo a Dan White literalmente salirse con las suyas y librarse del castigo que merecía. Esta sensación de injusticia fue compartida por muchos otros y motivó a que, durante el año siguiente, se introdujera en el Senado el Proyecto de Ley —Senate Hill— 54(47).

Al ser introducido en el Senado durante el mes de diciembre de 1980, el Proyecto de Ley 54 (S.B. 54) estuvo dirigido fundamentalmente a aquellas normas de la ley de California que habían favorecido a los expertos presentados a favor de Dan White para refutar la intención de delinquir. Tal como fue aprobada en septiembre de 1981, la Ley SB 54 modificó el Código Penal al declarar que, “[como] un problema de política pública, no debe haber defensa sobre la disminución de la capacidad...”(48). Para disipar posibles dudas sobre la intención de la legislatura, una norma adicional fue incluida indicando que la “[p]rueba de una enfermedad, defecto o desorden mental no es admisible para probar o desvirtuar la capacidad del sujeto para formarse un estado mental...”(49). Una provisión final que también fue incluida prohíbe a los expertos en salud mental decirle a los miembros del jurado si el acusado tenía o no el estado mental del delito imputado(50).

Pese a que Dan White no ofreció pruebas de su intoxicación, otra norma fue incluida para descartar la utilización de esta prueba para refutar el estado mental del delito. En su versión definitiva, dicha norma estableció que: “[a] ningún acto cometido por una persona en estado de intoxicación voluntaria es menos criminal por razón de encontrarse el sujeto en ese estado. La prueba de la intoxicación voluntaria no es admisible para negar la capacidad para formarse el estado mental del delito imputado e incluye, pero no se limita al propósito, intención, conocimiento o premeditación alevosa con la cual el acusado cometió el acto(51)”.

Pero la resolución de la legislatura de castigar a los criminales fue mucho menos firme de lo que aparentaba.

En su versión finalmente aprobada, SB 54 permite la admisibilidad de la prueba de la existencia de una enfermedad, defecto o desorden mental “únicamente para la circunstancia de si el acusado pudo o no formarse” el estado mental de delito imputado —mens rea(52). En el caso de la intoxicación, una norma paralela establece que “siempre y cuando la existencia de un determinado estado mental, incluyendo pero no limitado al propósito, intención, conocimiento o alevosía premeditada, constituya un elemento necesario para la configuración de una especie particular o gradación de un delito, la prueba de que el acusado se había intoxicado voluntariamente al momento de cometer el acto es admisible para demostrar si el acusado efectivamente pudo o no formarse el estado mental del delito”(53).

Tal como puede inferirse de la simple lectura de esta sección, la norma eliminó la restricción sobre la intención impuesta en Hood y en cambio implementó un enfoque sobre la relevancia. Si la intoxicación ayuda a desvirtuar el estado mental del delito —mens rea—, debe admitirse independientemente de si el delito es considerado como de intención genérica o específica.

Resulta irónico que una medida dirigida a limitar el uso de la intoxicación haya tenido el efecto contrario. Pero, tal como suele ocurrir en el extraño mundo de la política, la ironía no termina aquí. En 1980 la primera iniciativa anticrimen, denominada a propósito “La carta de los derechos de las víctimas” —The Victims’Bill of Rights—, fue aprobada por el electorado de California. Esta ley, modificó la Constitución de California al agregar una norma denominada “El derecho a la veracidad de las pruebas” —Right to Truth-in-Evidence—. De acuerdo con esta norma “[s]alvo la existencia de una provisión en contrario aprobada por una mayoría de al menos dos tercios de los votos en cada cámara de la legislatura, ninguna prueba relevante puede ser excluida de un juicio penal...”(54).

Por cuanto la prueba para refutar el estado mental del delito es relevante independientemente de si el delito es considerado genérico o específico, da la impresión de que esta nueva iniciativa dejó a Hood sin efecto. La preocupación de que la nueva ley hubiere producido ese efecto inadvertidamente impulsó nuevamente a la legislatura a actuar. De esta forma, a finales de 1982 fue modificada la sección 22 con la mayoría calificada requerida y con ella se implementó un cambio significativo. La enmienda revivió a Hood al establecer que la “[p]rueba sobre la intoxicación voluntaria [sería] admisible solamente con respecto a si el acusado tuvo la capacidad de formarse el estado mental necesario para que se configure un delito de intención específica que le ha sido imputado”(55).

Al armonizar la sección 22 con Hood la legislatura ratificó el criterio de Traynor en utilizar la distinción entre intención genérica y específica para determinar la admisibilidad de la prueba de intoxicación voluntaria(56). De igual manera, quedó claramente establecido el apoyo de la legislatura al papel de las cortes de apelación en establecer cuándo determinado delito cae dentro de una u otra categoría. Pero ello no es una prerrogativa exclusivamente judicial. Trece años más tarde, la legislatura estuvo en desacuerdo con la sentencia dictada por la Corte Suprema de California en el caso People v. Whitfield(57) sobre el homicidio por imprudencia —reckless morder—, el cual debía ser considerado como un delito que requiere intención específica(58).

En 1995, y a través de una enmienda a la sección 22, la legislatura dejó sin efecto el precedente establecido en Whitfield. En dicha enmienda se establece que, cuando a un sujeto le es imputado un delito de homicidio, la intoxicación voluntaria puede ser presentada como prueba, únicamente para desvirtuar la premeditación, deliberación o intención de matar(59).

3.4. Evaluando a Hood

La intoxicación voluntaria es problemática en los casos penales estadounidenses precisamente por las razones expuestas por el magistrado jefe Traynor. Incluso cuando las personas que causan un daño estando bajo la influencia de sustancias no deben escapar de las consecuencias de sus actos, desde la óptica de la intención para delinquir —mens rea—, la culpabilidad del trasgresor intoxicado es menor que la de una persona sobria que cometa el mismo delito. Dependiendo del estado mental del delito imputado, el trasgresor intoxicado puede no ser culpable. Lo difícil está en encontrar una fórmula que permita castigar a quien comete un delito estando intoxicado y a la vez afectar, lo menos posible, la doctrina convencional de la culpa y otros aspectos importantes para el derecho penal.

La idea de que el castigo debe reservarse a aquellos que son culpables tiene raíces muy antiguas, tal como lo ha apuntado el magistrado Jackson. En el derecho común encontramos en forma insistente que en todos los delitos es necesario un elemento mental culpable —mens rea— además de la acción física —actus reus— y, más recientemente, según el Código Penal Modelo, el rechazo a la responsabilidad objetiva —strict liability— como base para la condena(60). Incluso cuando la responsabilidad objetiva es actualmente un rasgo común en los códigos penales estadounidenses, todavía se le considera inconveniente para imponer una sanción penal.

Las reglas de interpretación legislativa llevan generalmente a las cortes de apelación a identificar el elemento volitivo en aquellos casos en que el legislador ha guardado silencio, especialmente cuando la falta parece derivar de un delito de derecho común —common law crime(61).

Hood, sin embargo, separa el castigo de la culpabilidad en aquellos casos en que el legislador ha indicado alguna forma de intención o estado mental. Hood convierte algunas faltas que requieren la prueba del estado mental en una forma de delitos de cuasi responsabilidad objetiva, en aquellos casos en que el autor estaba intoxicado al momento de cometer el hecho y el delito es considerado como de intención genérica. Empero, para estar completamente seguro y desde el punto de vista de los derechos constitucionales, un acusador en Estados Unidos debe siempre tratar de probar el elemento volitivo más allá de una duda razonable(62).

No obstante lo anterior, con frecuencia las pruebas circunstanciales sobre la comisión del hecho permiten al abogado acusador llevar al jurado a considerar la intención. Por ejemplo, en el caso Hood, la prueba de que este apuntó y disparó a un oficial de policía con un arma de fuego serviría para contrarrestar una moción de absolución que presentare la defensa y para apoyar la decisión del jurado acerca de que Hood tuvo la intención de lesionar a un oficial de policía con un arma letal.

Pero el caso es que la norma sobre intoxicación en California impide a quienes, como David Hood, han cometido un delito bajo la influencia de sustancias ofrecer al jurado la única prueba relevante que puede ayudar a refutar el estado mental al momento de la comisión del hecho punible. La prohibición es particularmente extrema. Al quedar admitido el acto material —actus reus—, lo único que le queda al jurado es determinar la existencia del elemento mental del delito —mens rea—.

Pero Hood presenta otros problemas para el derecho penal de California. El primero versa sobre la incertidumbre de qué es lo que constituye un delito de intención genérica y un delito de intención específica. El magistrado jefe Traynor se lamentó de que “intención genérica y específica son términos difíciles de entender y de aplicar” y reconoció que un número de comentaristas han “recomendado que se abandone esa distinción de una buena vez”(63).

Desde el momento en que Traynor hizo alusión a que la inclusión de un delito dentro de una de las dos categorías debía mirar a razones de política penal y no limitarse al análisis sintáctico de las normas, es prácticamente imposible saber con anticipación cuándo un delito pertenece a una u otra categoría sin que antes una corte de apelaciones de California se haya pronunciado sobre el tema(64). Semejante incertidumbre con respecto a la definición de un asunto tan importante difícilmente promueve una eficiente administración del derecho penal(65).

Quizá la mayor falla de Hood es el efecto derogatorio implícito que puede tener cuando un delito puede ser cometido intencionalmente o por imprudencia. Como la imprudencia únicamente requiere que se pruebe la desestimación de un riesgo conocido por el sujeto, por definición, este tipo de delito debe considerarse como de intención genérica. El sujeto no tiene la intención de ejecutar un “acto más allá” o de lograr alguna “consecuencia adicional”. De hecho, tal sujeto puede esperar sinceramente que no se produzca ningún daño, pero para su desgracia esa esperanza resulta inútil.

Este fue precisamente el punto del magistrado Mosk en su voto salvado a la decisión en Whitfield(66). No obstante haber perdido esa batalla, resultó vencedor en 1995 cuando la legislatura, siguiendo su liderazgo, enmendó la sección 22 con el objeto de excluir la intoxicación para desvirtuar el homicidio por imprudencia.

Las implicaciones de la sección 22(b) enmendada sobre el delito de homicidio —morder— merece cierto examen. Este delito puede cometerse a propósito —purposely— o por imprudencia—recklessly— y la pena es la misma independientemente del estado mental de su autor. El homicidio de segundo grado es penado con encarcelamiento en una prisión del Estado por un término que puede ir desde los 15 años hasta toda la vida(67). Los trasgresores intoxicados que son acusados de homicidio intencional pueden presentar prueba de la intoxicación para desvirtuar su intención de asesinar al momento de la ocurrencia de los hechos.

Si el jurado acepta la evidencia, el acusado sería condenado por un delito menor como lo es el homicidio culposo. Este delito, como una forma de homicidio por negligencia, es castigado con prisión en una cárcel del Estado por un término de tres, seis u once años(68). Por otra parte, aquellos a quienes se acusa de homicidio por imprudencia no pueden ofrecer prueba de su intoxicación para refutar su imprudencia. En todo caso, serán condenados por homicidio siempre que el jurado encuentre, con base en las pruebas circunstanciales, que el acusado fue imprudente a pesar de que su estado de embriaguez, en caso de ser cierto, sirviere para desvirtuar tal conducta imprudente. Por cuanto quitar una vida en forma intencionada se reputa más cargado de culpabilidad que asesinar en forma imprudente, este resultado difícilmente encuadra dentro del concepto estadounidense de culpabilidad.

Si complicamos las cosas un poco más, tenemos que, cuando el acusado trata de utilizar su estado de intoxicación para desvirtuar su culpabilidad por homicidio intencional, la parte acusadora todavía puede pedir al juez que instruya al jurado a considerar que se trata de un homicidio por imprudencia —reckless morder—. Como un problema probatorio, la evidencia que sirve de base para demostrar la existencia de un homicidio intencional sirve también de base para un homicidio por imprudencia. Pero ahora, el juez tendría que instruir al jurado a desestimar la evidencia sobre la intoxicación al determinar la culpabilidad del acusado con respecto al homicidio por imprudencia y valorar estas pruebas solamente para determinar la culpabilidad en caso de homicidio intencional.

Los miembros de un jurado que se encuentren frente a estas instrucciones contradictorias pueden resolver el dilema al decidir en primer lugar si el acusado es o no culpable de homicidio por imprudencia. Este enfoque exime al jurado de tener que determinar si el acusado actuó intencionalmente y si la intoxicación tuvo algún efecto en su estado mental. De hecho, este enfoque permite al jurado condenar al acusado sin tener que tomar en cuenta las declaraciones de los testigos y de los expertos sobre la intoxicación. El resultado neto es la derogatoria tácita en estos casos de la norma que define al homicidio como un delito intencional, así como también la condena basada en una forma de responsabilidad delictual cuasi objetiva.

4. El enfoque del Código Penal Modelo

Desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Egelhoff(69), los Estados han tenido mucha amplitud en el tratamiento de aquellos que cometen delitos bajo la influencia de sustancias. Sin afectar lo dispuesto por la Constitución Federal, California puede eliminar las incertidumbres y contradicciones en su legislación sobre intoxicación si simplemente deroga la 2.ª parte de la sección 22. Al dejar únicamente la 1.ª, podría simplemente, como ocurre en el caso de Montana, prohibir a la defensa promover pruebas sobre la intoxicación para refutar el elemento mental del delito imputado —mens rea— incluso cuando tales pruebas sean pertinentes(70).

Montana no es el primer Estado en prohibir la promoción de la prueba de la intoxicación voluntaria para refutar la existencia de un estado mental cuando este es uno de los elementos del delito imputado. Aun cuando para finales del siglo XIX la mayoría de los Estados había abandonado la regla que prohibía el uso de la intoxicación voluntaria a favor de la formulación de la regla sobre delitos genéricos-específicos, una quinta parte de estos mantuvieron la prohibición. Más aún, Arizona, Arkansas y Delaware, además de Montana, se han retractado de su posición y han reestablecido la prohibición(71).

No obstante lo anterior, el enfoque simplificado de Montana tiene sus costos. El principal se refiere a la imposición del castigo sobre la base de una especie de responsabilidad cuasi objetiva, cuando al autor del hecho se le impide promover la prueba de la intoxicación voluntaria para desvirtuar la imprudencia, conocimiento, o propósito, y la parte acusadora puede, sin embargo, llevar al jurado a considerar estos estados mentales. El efecto es eliminar el nexo entre el castigo y la culpa, en razón de que el transgresor intoxicado será castigado de manera idéntica a los que cometen un delito con intención.

El Código Penal Modelo también se inclina por desfavorecer el uso de la intoxicación, pero, al igual que California, tiene un enfoque más limitado. El Código Penal Modelo prohíbe utilizar la intoxicación voluntaria para desvirtuar la imprudencia —recklessness—, pero no para el propósito —purpose— o conocimiento —knowledge(72). Esto lo hace tomando en consideración que los riesgos de la intoxicación son de tal manera conocidos por la sociedad estadounidense, que embriagarse es el equivalente moral de la imprudencia impuesta sobre el delito cometido.

El código ha sido especialmente influyente en darle forma a los esfuerzos de codificación llevados a cabo por varios Estados. Pero, de acuerdo con aquel, hay delitos que pueden ser cometidos como resultado de la imprudencia, al igual que con intención y conocimiento. La regla de intoxicación de tal código ha creado algunos de los mismos dilemas que se han presentado en California(73).

El homicidio, por ejemplo, puede ser cometido con cualesquiera de los estados mentales arriba mencionados(74). Aquellos que sean acusados de cometer un homicidio intencional al estar intoxicados pueden ofrecer la prueba de su intoxicación para rebatir el estado mental; sin embargo, cuando son acusados de haber actuado en forma imprudente, no pueden hacer valer la intoxicación si se considera que, de estar sobrios, hubieren estado al tanto del riesgo homicida(75).

Como el homicidio es un delito castigado de la misma forma, independientemente de si el acusado mata a propósito —con conocimiento o imprudencia—, los resultados son iguales a los que se dan en California: aquellos acusados de cometer un homicidio a propósito o con conocimiento serían condenados solamente de homicidio culposo, si el jurado decide aceptar la prueba de que el autor se encontraba intoxicado al momento de cometerlo; mientras que aquellos que simplemente actuaron imprudentemente serían condenados por homicidio, así la intoxicación permita demostrar que no tenían el conocimiento del riesgo homicida producido por su conducta.

Además, cuando el acusado ofrece rebatir la intencionalidad o el conocimiento mediante la prueba de que se encontraba intoxicado, la parte acusadora todavía podría pedir que se instruya al jurado a considerar un homicidio imprudente. El efecto neto, tal como ocurre en California, es la derogatoria tácita en estos casos de la regla convencional sobre el delito de homicidio y su sustitución por una forma de culpabilidad cuasi-objetiva quasi strict liability(76). De esta forma, a menos que alguna legislatura proscriba el uso de la prueba de la intoxicación en todos los casos en que es presentada para desvirtuar la culpabilidad del autor del hecho, se corre el riesgo de que todos o algunos de los resultados anómalos de California se repitan en otras jurisdicciones.

5. Resolviendo las contradicciones

Una solución a estos problemas sería permitir que se fomente la prueba de intoxicación cuando ella sea idónea para desvirtuar el estado mental del delito y crear paralelamente una serie de delitos —sin el elemento mental tradicional— en los cuales el gravamen consista en cometer un daño bajo estado de embriaguez. En California, esta idea requeriría la derogatoria de la sección 22. La admisibilidad de la prueba de intoxicación dependería entonces de su idoneidad y fiabilidad, de acuerdo con las reglas de admisión de la prueba de testimonio de expertos y de la prueba científica. La incertidumbre que rodea la clasificación de delitos de intención genérica-específica desaparecería como consecuencia. Desde el inicio del proceso, y solo con analizar el estado mental descrito en la ley, las partes y el juez sabrían de antemano cuáles pruebas podrían ser relevantes.

Al mismo tiempo, este enfoque daría al poder legislativo la responsabilidad de determinar cuándo la intoxicación debería ser considerada no como un eximente de responsabilidad, sino más bien como una circunstancia agravante. Este es el lugar que corresponde a la responsabilidad, debido a que la legislatura, diferente a como ocurre con las cortes de apelación, está mejor equipada para hacer este tipo de determinaciones a través de audiencias en las cuales puede ser oída tanto la opinión de los expertos como de los electores que representan un amplio grupo. Si la intoxicación juega un papel importante en algunos homicidios y lesiones, como algunos creen, entonces el poder legislativo debería crear nuevos delitos en los cuales el gravamen sea cometer un homicidio o lesionar cuando se está intoxicado.

Un beneficio adicional de esto estaría en dar a entender que cometer alguno de esos delitos estando bajo el efecto de sustancias será castigado como un delito independiente(77).

Pero este enfoque tiene sus limitaciones. Una de ellas está en la determinación de cuál es el castigo apropiado para estos nuevos delitos. Hoy en día, los acusados de homicidio intencional en California pueden ser condenados únicamente de homicidio culposo —involuntary manslaughter—, una forma de homicidio negligente, si el jurado acepta la evidencia sobre el estado de intoxicación. Si se quiere lograr un efecto apreciable, una ley que castigue un homicidio cometido en estado de intoxicación debería establecer una pena mayor que la prevista para el homicidio culposo —involuntary manslaughter—.

Pero al establecer una pena mayor que la de este delito, se estaría también afectando la racionalidad que sirve de fundamento a la política penal convencional: a quien comete un delito de responsabilidad objetiva —strict liability— se le considera menos culpable que quien causa un daño por negligencia, debido a que el primero ha actuado “sin culpa”. Pero los homicidas intoxicados no están enteramente exentos de culpabilidad. Ellos, por ejemplo, no pueden estar en la misma posición que los vendedores de leche adulterada que han tomado precauciones para vender un producto salubre.

Aquellos individuos que cometen un homicidio al estar intoxicados realizan un acto que es socialmente reprobable. Al ingerir sustancias, contribuyen a incrementar el riesgo de perpetrar actos homicidas. Aun así, como la condena estaría basada en una responsabilidad objetiva, para ser realmente útil, el castigo tendría que ser inferior a aquel consagrado para el homicidio intencional o para el homicidio por imprudencia, pero mayor al del homicidio culposo. Las lesiones cometidas por un individuo en estado de embriaguez deberían también requerir la fijación de una pena entre la establecida para las lesiones intencionales —intentional assaults— y las lesiones por negligencia —negligent batteries—. Para los delitos en los cuales no hay una calificación menor, el castigo debería ser inferior al establecido para aquellas violaciones.

La mayor limitación de este enfoque sería que los nuevos delitos estarían encuadrados dentro de la noción de responsabilidad objetiva. El castigo estaría divorciado de la culpabilidad debido a que ninguno de esos delitos requeriría prueba de un estado mental culpable. Pero el argumento del sujeto acusado de uno de estos delitos sería alegar su exención de responsabilidad, en razón de que la intoxicación le habría impedido discernir sobre el acto cometido. La eventual derogatoria y modificación de la sección 22 aceptaría este alegato y le permitiría al acusado presentar pruebas de su intoxicación para rebatir el estado mental del delito imputado. Los nuevos delitos, sin embargo, reconocerían que la sociedad está moralmente justificada en castigar las culpas cometidas por personas en estado de intoxicación.

Quienes cometen delitos en esas condiciones no están libres de culpa. Las personas en estado de embriaguez, tal como el magistrado Traynor indicó, son más propensas a cometer actos antisociales que quienes están sobrios(78). Aunque la creación de este riesgo no proporciona el estado mental culpable requerida por las normas penales tradicionales, al menos le da a la sociedad una base para castigar a los transgresores cuando el riesgo se materializa. Quienes resultaren condenados bajo una nueva ley, al menos quedarían incapacitados para reincidir durante el tiempo que permanecieren encarcelados(79). Además, la ausencia de un estado mental culpable sería tomada en cuenta, al menos parcialmente, al consagrarse una pena menor que aquellas previstas en la actualidad para castigar delitos parecidos cometidos en forma intencional.

En este sentido, los nuevos delitos difieren de la regla del homicidio grave —felony murder rule— de California que castiga algunos homicidios sobre la base de una responsabilidad objetiva —strict liability(80). La pena por un homicidio cometido bajo esta regla es idéntica a la pena impuesta por un homicidio intencional —intentional murder— o causado por imprudencia —reckless murder(81). Por ello, no debe sorprendernos que la regla del homicidio grave haya sido bastante criticada tanto por las cortes como por los comentaristas estadounidenses(82).

Los nuevos delitos podrían implicar la derogatoria tácita del homicidio convencional, del delito de lesiones y de otras normas penales aplicables a casos específicos. Los acusados que hubieren promovido su estado de intoxicación voluntaria para desvirtuar su estado mental se enfrentarían a nuevas instrucciones dadas a los jurados, indicándoles que tienen la opción de aplicar las condenas previstas para los nuevos delitos. Los miembros del jurado podrían cumplir con su función si simplemente limitaran su tarea a analizar las pruebas de acuerdo con los parámetros de aquellos. Los acusados no podrían reclamar que no se les haya notificado de los nuevos delitos en el escrito de cargos, pues las instrucciones al jurado sobre estos se basarían en las mismas pruebas ya promovidas(83).

Definir la intoxicación de acuerdo con una nueva ley también trae algunos problemas. Son más severos si imaginamos a la parte acusadora actuando únicamente bajo la nueva ley. Por ejemplo, se debería determinar ¿qué grado de intoxicación debe probar la parte acusadora para encuadrar los hechos dentro de una ley que penalice el homicidio cometido bajo intoxicación? Definir a la intoxicación con base en el nivel de alcohol en la sangre, como suele hacerse para calificar el delito de manejar un vehículo en estado de ebriedad —drunk driving— no serviría en aquellos casos en que el acusado no es sometido a la prueba de sangre oportunamente. Así mismo, si todos los sospechosos pudieren ser examinados ¿cuál sería el nivel mínimo de alcohol en la sangre?

Una posible solución estaría en vincular la definición de intoxicación al elemento mental del delito —mens rea— de que se trate (p. ej. causar un fuego por imprudencia se considera un delito en California)(84). Ser imprudente es definido como estar al tanto de un riesgo y a la vez desestimar conscientemente el potencial dañoso que surgiría de llegar a materializarse ese riesgo, como podría ser el incendio de una estructura(85). La ley paralela sobre intoxicación podría contener una norma según la cual toda persona que cree un riesgo, pero que no sea capaz de discernirlo por encontrarse voluntariamente intoxicada, es responsable de un delito de menor gravedad por haber causado el fuego estando intoxicada.

En el caso del homicidio, la nueva ley podría indicar que una persona que al encontrarse intoxicada y, por tanto, inhabilitada de discernir sobre sus actos mate a otra es culpable de un delito de menor entidad calificado como homicidio bajo intoxicación —killing while intoxicated—.

Una alternativa estaría en que la nueva legislación sobre intoxicación centrare su enfoque en la noción de imprudencia —recklessness— por cuanto tanto el propósito como el conocimiento contienen un elemento de imprudencia. El homicidio intencional es un delito de propósito. Uno no puede realizar una conducta con el objetivo consciente de matar, a menos que esté al tanto de que los medios utilizados son suficientes para crear un riesgo homicida. Por tal motivo, una ley paralela sobre intoxicación podría establecer que aquel que mata a otro sin discernir sobre su acto, debido a un estado de intoxicación voluntaria, es culpable del delito de menor gravedad denominado homicidio en estado de intoxicación —killing while intoxicated—. Dicha norma incluiría disposiciones para refutar los alegatos del acusado de homicidio por imprudencia.

En California, el delito de lesiones, al igual que el homicidio intencional, es una violación de propósito(86). Uno no puede cometer un acto con el objetivo consciente de infligir daño corporal a otra persona a menos que esté en conocimiento de que los medios utilizados tengan la potencialidad para causar las lesiones. De acuerdo con ello, una nueva norma sobre intoxicación podría establecer que todo el que lesiona a otro o intenta hacerlo pero no puede discernir sobre su actuación por encontrarse en estado de intoxicación voluntaria, es culpable del delito de lesiones cometidas bajo intoxicación, que es una transgresión menos grave.

En el caso de lesiones contra determinadas personas, como un oficial de paz o un bombero, la ley sobre intoxicación podría establecer que la persona que hiere a una víctima de ese tipo, pero que por razón de su intoxicación desconoce la investidura de la víctima, es culpable del delito de lesiones o intento del mismo cometido bajo intoxicación. Este sería entonces una infracción de menor gravedad.

La nueva legislación sobre intoxicación tendría un enfoque similar frente a los delitos que requieren conocimiento —crimes of knowledge—. Por ejemplo, uno no puede poseer conscientemente una sustancia de tráfico restringido —controlled substance— a menos que esté en conocimiento del riesgo de que esa sustancia es de naturaleza limitada. En tal sentido, de acuerdo a una nueva legislación sobre intoxicación, se establecería que cualquiera que posea una sustancia de tráfico restringido pero que debido al hecho de estar intoxicado voluntariamente no tiene conocimiento del riesgo que conlleva esa sustancia, sería culpable del delito de tenencia de una sustancia de tráfico restringido cometida bajo intoxicación.

El caso de lograr una reforma similar en el Código Penal Modelo traería problemas inconmensurables debido a la inexistencia en el código de la responsabilidad objetiva —strict liability— como base para la condena. De acuerdo con el código, la responsabilidad objetiva puede servir de base únicamente para infracciones de naturaleza no penal denominadas “violaciones” por las cuales exclusivamente se puede imponer una multa(87). De acuerdo con ello, la responsabilidad objetiva no podría ser utilizada como criterio para nuevos delitos dirigidos a castigar la conducta ilícita cometida por personas en estado de intoxicación voluntaria.

Pero ninguna de las jurisdicciones que haya usado el Código Penal Modelo como referencia ha incluido las normas del código que prohíben la responsabilidad objetiva. Por tanto, la única norma de aquel, que debe ser derogada en estas jurisdicciones, es la que prohíbe a los miembros del jurado tomar en cuenta la intoxicación voluntaria del acusado cuando este es imputado de un delito por imprudencia y el jurado concluye que, de haber estado sobrio, el acusado hubiere estado consciente del riesgo creado por su conducta. Tal como en California, en caso de producirse una reforma legal, la pena por los nuevos delitos debería fijarse en un término medio entre el castigo establecido para un delito cometido intencionalmente y uno cometido por negligencia.

6. Conclusión

Como hemos visto, las nuevas leyes que establecen castigos para los delitos cometidos por una persona que se encuentra en estado de intoxicación voluntaria presentan serios problemas acerca del debido alcance de la sanción penal, como se le concibe en Estados Unidos. Aún hay cierta ventaja en sustituir, especialmente en el caso de las ambiguas y conflictivas normas de California, las reglas vigentes sobre intoxicación, por unas que permitan emplear la prueba de la intoxicación cuando sea idónea para refutar el estado mental del delito imputado —mens rea— y que, además, prevean castigos para los delitos cometidos cuando su autor está intoxicado. Desde el punto de vista constitucional, no parece haber en Estados Unidos ningún impedimento para ello.

Aun los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos que salvaron su voto en el caso Egelhoff admiten que los Estados —y esto también incluye al Gobierno Federal— tienen la potestad para redefinir delitos con el fin de eliminar el requisito mental culpable tradicional del delito —mens rea(88). La sociedad estadounidense, más que nunca, tiene interés en inhabilitar y, de ser posible, hasta reformar a aquellos individuos que cometen delitos, estando bajo la influencia de sustancias. La sociedad tiene también un basamento moral para castigar a quienes delinquen embriagados.

(1) Una versión de este artículo dirigida a una audiencia norteamericana ha sido publicada en: Méndez, M. Solving California’s Intoxication Riddle. 13.2 Stan. L. & Pol’y Rev. 211, 2002.

(2) Estados Unidos v. Bass, 404 U.S. 336, 349, (1971).

(3) 514 U.S. 549, (1995).

(4) 18 U.S.C. §922(q)(1)(A), (1988 ed., Supp. V).

(5) Estados Unidos v. López, supra nota 3, en: 551.

(6) Para una discusión sobre estas reglas, véase: Méndez, M. Evidence: the California code and the federal rules. Thomson/West, 3.ª ed., 2004, §§16.01 y ss.

(7) 518 U.S. 37 (1996). Al magistrado Scalia se le unieron el magistrado jefe Rehnquist y los magistrados Kennedy y Thomas.

La magistrada O’Connor salvó su voto. Ella admitió que un Estado puede modificar el elemento mental de un delito —mens rea— particular como parte de su potestad de redefinir los delitos. Pero, a la luz de la interpretación dada a la ley por la Corte Suprema de Montana, ella concluyó que ese Estado no había hecho eso. En cambio, ella consideró que Montana aprobó la ley sobre intoxicación para simplemente impulsar la posibilidad de lograr una condena manteniendo fuera del alcance del jurado “un tipo de pruebas que ayudarían a la posición del acusado y debilitarían la posición del Estado en el caso”. Ídem en 68. En opinión de la magistrada, un Estado no podría hacer eso sin violar el principio del debido proceso. Ídem. A la magistrada O’Connor se le unieron los magistrados Stevens, Souter y Breyer.

El voto decisivo fue de la magistrada Ginsburg, quien emitió una opinión concurrente con la mayoría. Enfrentada al dilema de etiquetar la ley de Montana como una de las que impide a la defensa promover evidencia exculpatoria relevante, o como una de las que simplemente ha redefinido el elemento mental —mens rea— con respecto a todos los delitos de manera que la prueba de la intoxicación pierda toda relevancia, la magistrada Ginsburg se decidió por esta última categoría. Al igual que el magistrado Scalia, ella no estuvo de acuerdo con que proscribir el uso de la defensa de intoxicación violara un “principio fundamental de justicia”. Desde su punto de vista, entonces, impedir al acusado que haga uso de las pruebas de su intoxicación no violenta el debido proceso. Ibídem, en 59.

(8) Ibídem, en 50.

(9) Ibídem.

(10) El derecho que tiene la sociedad de imponer una sanción penal se justifica en la noción de que la sociedad está legitimada para castigar solamente a aquellos que deciden violar la ley penal. Alguien que ha sido impulsado de forma irresistible a cometer un delito no puede considerarse que ha elegido comportarse de esa manera.

(11) En 1982, con ocasión de la iniciativa denominada “La carta de derechos de las víctimas”, el electorado de California rechazó la definición de insania, adoptada por el Instituto Americano de Derecho, y acogió en su lugar el examen M’Naghten del derecho común. Véase, Código Penal de California comentado por West §25(b). La definición del instituto incluye la noción de incapacidad sustancial “para conformar la conducta propia a lo que exige la ley”. ALI. Código Penal Modelo, sección 4.01(1). El examen M’Naghten omite esto.

(12) Reimpreso en: P. Johnson. Criminal Law, vol. 1. West Group 6.a ed., 2000.

(13) Morissette v. United States. 342 U.S. 246, 250, 1952.

(14) Véase, Powell v. Texas, 392 U.S. 514, 535, 1968.

(15) Código Penal de California §20. A la excepción de negligencia se debe agregar ahora la de responsabilidad objetiva.

(16) Véase, Chambers v. Mississippi. 410 U.S. 284, 302, 1973. Donde la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que de acuerdo con la cláusula de la Constitución Federal sobre el debido proceso, un acusador de Missisipi no podía invocar la regla estatal de testimonio referencial —hearsay rule— para impedir a un acusado promover evidencia referencial confiable que resultare importante para su causa.

(17) Ibídem, §22, 1872.

(18) Ibídem.

(19) Proverbios 20:1 —versión estándar revisada—.

(20) Véase, 1 Corintios 6:9 —versión estándar revisada—.

(21) Ibídem. Aun en las escrituras, la embriaguez puede en algunos casos ser excusable. Gracias a la intervención de Abraham, el Señor perdonó a Lot y a su familia cuando destruyó Sodoma. Lot escapó con sus dos hijas hacia una cueva en las afueras del pueblo de Zoar. Temiendo el final de sus vidas, las dos hijas se pusieron de acuerdo para hacer que Lot las embarazara. Para lograrlo, le dieron tanto vino que Lot ni siquiera recordó haberse acostado con ellas. El incesto era un pecado, pero Lot aparentemente no fue castigado porque no estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Véase Génesis 20:30-37 —versión estándar revisada—. La preocupación religiosa norteamericana con la intoxicación y sus efectos también tiene que ver con la era de la prohibición. Entre 1920 y 1933, una enmienda a la Constitución Federal eliminó la licencia para el expendio y la fabricación de bebidas alcohólicas a los destiladores, cerveceros y vinicultores, así como también a los vendedores de bebidas alcohólicas al mayor y al detal.

(22) Instrucciones para los jurados de California. Penal 78-B, 1946.

(23) Witkin, B.E. California crimes, vol. 1, 1963. §144(b).

(24) Instrucciones para los jurados de California. Penal 78-B, 1946.

(25) Regina v. Cruse y Mary su esposa. 8 C.& P. 541, 5406 —Oxford Cir. 1838—. Véase también, Regina v. Monkhouse. 4 Cox Cr. C. 55, 56 —Corte Penal Central 1849—. “Normalmente, la embriaguez no es ni una defensa ni una excusa para delinquir (...) a menos que la intoxicación fuere de tal manera (...) que impidiera [al acusado] formar en su mente la idea específica para cometer el hecho”; Regina v. Doherty, 16 Cox Cr. C. 306, 308 —Corte Penal Central, 1887—. “[A]unque no se puede considerar a la embriaguez como excusa para un delito, cuando el delito es de tal manera que la intención de su autor para cometerlo es uno de sus elementos esenciales, al considerar si el autor del hecho pudo haber formado en su mente la intención de delinquir, puede tomarse en cuenta el hecho de que el autor estaba intoxicado”.

(26) Bishop, J.P. Commentaries on the criminal law, vol. 1, 1858, §299.

(27) Ibídem, notas 4-5.

(28) 33 Cal.2d 330, 202 P.2d 53, 1949.

(29) Ibídem en: 357, 202 P.2d en 69.

(30) Ibídem.

(31) Ibídem.

(32) Véase, código de pruebas de California comentado por West §351.

(33) Ali. Código Penal Modelo §2.02 (1)-(2).

(34) Código Penal de California comentado por West §484.

(35) Ibídem, §486.

(36) Ibídem, §§489-490.

(37) Aunque con anterioridad a Hood en ciertas ocasiones las cortes de apelación de California habían hecho uso de la clasificación específica-genérica para decidir sobre la admisibilidad de la prueba de intoxicación de acuerdo con §22, la Corte Suprema todavía considera que Hood es el caso primigenio sobre este aspecto: “Primero debatimos con el problema de si calificar un estado mental como de intención genérica —para prohibir de esta forma cualquier consideración al asunto de la intoxicación voluntaria— o de intención específica —para permitir la apreciación de la intoxicación voluntaria— en Hood”. People v. Mendoza. 18 Cal.4th 1114, 1127, 77 Cal. Rptr.2d 428, 435, 959 P.2d 735, 742, 1998.

(38) People v. Hood. 1 Cal.3d 444, 447, 82 618, 619, 462 P.2d 370, 371, 1969.

(39) Ibídem en: 451, 82 Cal. Rptr. en 621, 462 P.2d en: 373.

(40) Ibídem en: 457, 82 Cal. Rptr. en 625, 462 P.2d en: 378.

(41) Ibídem.

(42) Ibídem en: 455, 82 Cal. Rptr. en 625, 462 P.2d en: 377.

(43) Ibídem en: 456, 82 Cal. Rptr. en 625, 462 P.2d en: 377. Traynor no se percató de que la intoxicación voluntaria es también irrelevante en los delitos cometidos por negligencia cuando esta prueba es ofrecida por la defensa. El problema central en la noción de negligencia penal se centra no en lo que el acusado pensó, sino más bien en lo que una persona razonable y sobria hubiera pensado de estar en la misma situación del acusado.

(44) Ibídem en 456-457, 82 Cal. Rptr. en 626, 462 P.2d en: 378.

(45) People v. Hood, nota: 38 supra en: 458, 82 en 627, 462 P.2d en: 379. En: People v. Mendoza. 18 Cal.4th 1114, 77 2d 428, 959 P.2d 735, 1998, la Corte Suprema de California reafirmó lo sostenido en Hood al afirmar que “en última instancia, la designación de un estado mental como específico o genéricodesde el punto de vista de la intoxicación es una decisión de política penal”. Ibídem en: 1127, 77 2d en: 435, 959 P.2d en: 772.

(46) Para un análisis profundo sobre las pruebas presentadas por la parte acusadora en este juicio, ver en líneas generales, Méndez, M. Diminished Capacity in California: Premature Reports of its Demise. 3 Stan. L. & Pol’y Rev. 216, 1991.

(47) Ibídem en 219.

(48) Código Penal de California comentado por West §28(c).

(49) Ibídem, §28(a).

(50) Ibídem, §29.

(51) Código Penal de California comentado por West §22(a).

(52) Ibídem. Esta norma fue posteriormente enmendada para limitar la admisibilidad de las pruebas y refutar el estado mental únicamente de los delitos de intención específica. Ibídem.

(53) Código Penal de California comentado por West §22 (b). Para un resumen de la historia de SB 54, incluyendo sus antecedentes. Véase, Méndez, M. Diminished Capacity..., cit., notas 15-16, 1991.

(54) Constitución de California comentada por West, art. 1.º, sección 28.

(55) Código Penal de California comentado por West §22(b).

(56) La Corte considera que por medio de las diferentes enmiendas a la §22 la legislatura ha ratificado la distinción específico-genérico que Hood aprobó para determinar la admisibilidad de la prueba de intoxicación: “Aun cuando la legislatura ha enmendado la sección 22 en varias ocasiones desde Hood, el esquema básico fijado por Hood para designar el estado mental culpable como específico o genérico aún subsiste”. People v. Mendoza, 18 Cal. 4th 1114, 1128, 77Cal. Rptr. 2d 428, 435, 959 P.2d 735, 746, 1998.

(57) 7 Cal.4th 437, 27 Cal. Rptr.2d 858, 868 P.2d 272, 1994.

(58) Ibídem en: 446-448, 27 Cal. Rptr.2d en 862-863, 868 P.2d en 276-277.

(59) Código Penal de California comentado por West §22(b).

(60) Ali. Código Penal Modelo §2.02.

(61) Véase, Morissette v. United States. 342 U.S. 246, 261, (1952).

(62) In re Winship, 397 U.S. 358, 364, 1970.

(63) People v. Hood, 1 Cal.3d 444, 456, 82 Cal. Rptr. 618, 625, 462 P.2d 370, 376, (1969).

(64) Los delitos interpretados como contentivos de un elemento intencional específico incluyen la recepción de cosas robadas —receiving stolen property— en cuanto al conocimiento de que la cosa fue robada, no obstante el delito de recibir cosas robadas sea de intención genérica. People v. Reyes, 52 Cal.App.4th 975, 61 2d 39 (1997); robo —robbery—, People v. Page, 104 Cal.App.3d 569, 163 Cal. Rptr. 839 (1980); violación de morada para cometer un delito —burglary—, People v. Smith, 259 Cal.App.2d 868, 66 Cal. Rptr. 586, (1968); homicidio por tortura —murder by torture—, People v. Pensinger, 52 Cal.3d 1210, 278 Cal. Rptr. 640, 805 P.2d 899, cert. denied, 502 U.S. 930, rehearing denied, 502 U.S. 1051, (1991); intento de violación de morada para delinquir —attemptedburglary—, People v. Wingo, 34 Cal.App.3d 974, 110 Cal. Rptr. 448, (1973); intento de violación —attempted rape—, People v. Osband, 13 Cal.4th 622, 55 Cal. Rptr.2d 26, 919 P.2d 640, (1996); People v. Kelly, 1 Cal.4th 495, 3 Cal. Rptr.2d 677, 822 P.2d 385, (1992); y tenencia de drogas en relación con el aspecto de saber que las drogas son productos de tráfico restringido —drug posesión—, People v. Foster, 19 Cal.App.3d 649, 97 Cal. Rptr. 94, (1971).

Los delitos de intención genérica incluyen el delito de violencia contra las personas —assault—, People v. Rocha, 3 Cal.3d 893, 92 Cal. Rptr. 172, 479 P.2d 372, (1971); lesiones —battery—, ibídem; fuga —escape—, People v. Haskins, 177 Cal.App.2d 84, 2 Cal. Rptr. 34, (1960); incendio intencional de cosas —malicious burning of personal property—, People v. Woods, 157 Cal.App.2d 617, 321 P.2d 477, (1958); homicidio culposo bajo intoxicación —gross vehicular manslaughter while intoxicated—, People v. Martin, 78 Cal.App.4th 1107, 93 2d 433, (2000); incendio —arson—, People v. Atkins, 25 Cal.4th 76, 104 2d 738, 18 P.3d 660 (2001); violación —rape—, People v. Osband, 13 Cal.4th 622, 55 Cal. Rptr.2d 26, 919 P.2d 640 (1996); People v. Kelly, 1 Cal.4th 495, 3 Cal. Rptr.2d 677, 822 P.2d 385 (1992). 1.ª.

Incluso cuando se trata de una teoría y no de un delito, la culpabilidad del cómplice puede desvirtuarse mediante la prueba de intoxicación a pesar de que los delitos en los cuales hubo ayuda como cómplice sean considerados de intención genérica. People v. Mendoza, 18 Cal.4th 1114, 77 Cal. Rptr.2d 428, 959 P.2d 735, (1998).

(65) Tal como lo indicó un comentarista: “El enfoque tradicional de la defensa de intoxicación es bastante confuso. La regla más básica es que la intoxicación no puede ser empleada para mostrar la falta de ‘intención genérica’ cuando ese tipo de intención es lo que requiere un delito. Eso parece suficientemente sencillo, pero hasta ahora nadie ha podido explicar en forma satisfactoria el sentido de esta distinción, o ni siquiera como puede distinguirse en la práctica cuando estamos en presencia de un delito de intención”. Johnson, P. Criminal law cases, materials, and text 13. West Group. 6.a ed., 2000. La referencia de Johnson al “enfoque tradicional” y a la regla básica surge del hecho de que para finales del siglo XIX la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses habían abandonado la regla que prohibía el uso de la intoxicación voluntaria para refutar el elemento mental del delito —mens rea— a favor de la regla que permitía promover la prueba de la intoxicación solamente en los delitos de intención específica. Véase, Montana v. Egelhoff, 518 U.S. 33, 47, (1996).

(66) People v. Whitfield, 7 Cal.4th 437, 463, 27 2d 858, 873, 868 P.2d 272, 287, (1994) —voto salvado y concurrente de Mosk—.

(67) Ibídem.

(68) Ibídem, §193(a).

(69) Montana v. Egelhoff, 518 U.S. 37, (1996).

(70) Como §22(a), la norma de Montana reafirmada por la Corte en el caso Egelhoff dejó establecido que la intoxicación voluntaria “no puede ser tomada en consideración para determinar la existencia de un estado mental cuando este es uno de los elementos del delito”. Ibídem en 40.

(71) Ibídem en 48-49 nota 2.

(72) Ali. Código Penal Modelo §218.2. Como parte de la recodificación de las leyes sobre el delito de incendio (arson) de 1979, la legislatura de California se basó en el enfoque del Código Penal Modelo. La sección §452 del Código Penal de California consagró el delito de causar un fuego en forma imprudente. La Sección 450, subdivisión (f) declara: “‘Imprudentemente’ —Recklessly— significa que la persona está al tanto y a pesar de ello desecha en forma consciente un riesgo sustancial e injustificable sobre su actuación de quemar o causar un incendio a una estructura, un bosque o una propiedad (...) La persona que cree un riesgo de ese tipo pero no está en capacidad de discernir por virtud de intoxicación voluntaria también se considera que actúa imprudentemente a ese respecto“. Ver, Código Penal de California comentado por West §§450(f) y 452.

(73) Véase, People v. Register, 60 N.Y.2d 270, 469 N.Y.S.2d 599, 457 N.E.2d 704, (1983), cert. denegada, 466 U.S. 953, (1984).

(74) Ali. Código Penal Modelo §2.10(2).

(75) La prohibición toma la forma de una instrucción para los miembros del jurado, mediante la cual se les dice que no deben tomar en cuenta la prueba de la intoxicación si consideran que el acusado, de estar sobrio, hubiere estado al tanto del riesgo.

(76) People v. Register, supra nota 75, at 279, 60 N.Y.2d en 603, 457 N.E.2d en 709.

(77) La ampliación de la responsabilidad y de las penas por conducir vehículos en estado de ebriedad combinada con la campaña iniciada por el grupo madres contra la conducción en estado de ebriedad —Mothers Against Drunk Driving’s Madd— son percibidas como las razones por las cuales se han reducido notablemente los delitos ligados a conducir bajo los efectos del alcohol. Las estadísticas de Madd muestran que entre 1982-1999 el total de personas fallecidas en accidentes de tránsito se redujo de 43.945 a 41.611 (5,3%). En el mismo período, el porcentaje total de muertes en accidentes vinculados al consumo de alcohol se redujo de 57,3% a 37,9%. Ver, http://www.madd.org/stats/fatalities82.shtml.

(78) People v. Hood, 1 Cal.3d 444, 458, 82 618,677, 462 P.2d 370, 379, (1969).

(79) A pesar de ser problemáticas desde el punto de vista de la causa, las nuevas leyes podrían resultar, como en el caso de las penas más severas por conducir en estado de ebriedad, en una reducción en el número de delitos cometidos por alguien en estado de intoxicación. Véase nota 77 supra.

(80) Código Penal de California comentado por West §189.

(81) Ibídem, §190.

(82) Véase, People v. Smith, 35 Cal.3d 798, 803, 201 311, 313, 678 P.2d 886, 888, (1984).

(83) En California, un juez debe instruir al jurado por iniciativa propia —sua sponte— sobre “los principios generales del derecho que están estrecha y abiertamente ligados con [las pruebas de] los hechos presentadas durante el juicio”. People v. Lopez, 19 Cal.4th 282, 287, 79 2d 195, 197–98, 965 P.2d 713, 715–16, (1998). Así las definiciones de los nuevos delitos no encuadren dentro de los delitos tradicionales, en los casos penales de California, el deber del juez de instruir al jurado por iniciativa propia incluye también el hecho de formarlos sobre delitos menos graves, a pesar de que el acusado lo objete. Ibídem.

(84) Código Penal de California comentado por West §452.

(85) Ibídem, §450(f).

(86) Código Penal de California comentado por West §240.

(87) Ali. Código Penal Modelo §2.05.

(88) Montana v. Egelhoff, 518 U.S. 37, 71, (1996) —voto salvado de O’Connor—.