La jurisdicción de la seguridad social: un camino por y para recorrer

Revista Nº 138 Nov.-Dic. 2006

La jurisdicción de la seguridad social permite a los litigantes, entrar en una especie de laboratorio de experimentación.

Alma Clara García 

Abogada laborista e investigadora 

Universidad Javeriana 

La recién estatuida jurisdicción de la seguridad social permite a los administradores de justicia y a los litigantes, entrar en una especie de laboratorio de experimentación tanto en el ámbito del derecho sustancial como en el del derecho procesal donde, todos sin excepción, parecen estar buscando el camino con los medios que tienen en común: La Constitución Política; el procedimiento civil y el laboral y obviamente toda la atomizada legislación sobre el tema.

Considero que es muy temprano para hacer una crítica a un sistema que además de joven está encadenado a la duración de los procesos en la jurisdicción laboral, pero ello no es óbice para resaltar algunos de los inconvenientes por no decir vacíos, a que nos vemos abocados quienes nos enfrentamos a la entremezcla de derechos fundamentales, con la finalidad del sistema de seguridad social integral y con la concepción comercial del derecho de seguros.

Uno de los temas más interesantes en el momento, desde el punto de vista del autor, lo constituye la viabilidad de demandas judiciales contra los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez —en adelante, JCI—, para lo cual es pertinente hacer referencia a los temas que se indican a continuación, con el objeto de iniciar un debate que tienda a favorecer a todos aquellos que buscan respuestas que otorguen seguridad jurídica a las estrategias que se utilizan en defensa de los clientes:

1. Naturaleza jurídica de los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez

Naturaleza jurídica. Las juntas de calificación de invalidez —JCI—, son organismos de creación legal, autónomos, sin ánimo de lucro, de carácter privado, sin personería jurídica, cuyas decisiones son de carácter obligatorio (D.R. 2463/2001, art. 11).

Integración. Las JCI están integradas por expertos altamente calificados en diferentes disciplinas, que son designados por el Ministerio de la Protección Social. No son funcionarios públicos y reciben sus honorarios de las entidades de previsión o seguridad social ante quienes actúan o de la administradora a la que esté afiliado quien solicite sus servicios.

Finalidad. La finalidad de las JCI es la evaluación técnico-científica del origen y del grado de pérdida de la capacidad laboral, de aquellas personas que hacen parte del sistema general de seguridad social integral, además de la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral —en adelante, PCL— a raíz de la enfermedad o el accidente (L. 100/93, art. 42).

Solicitud. La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral puede ser presentada entre otros, por el afiliado; el empleador; las compañías de seguros con contrato provisional, las administradoras del sistema y por las autoridades judiciales y administrativas, cuando designen a las JCI como peritos.

Para efectos de la pérdida de capacidad laboral —PCL—, con la solicitud se debe allegar la historia clínica del afiliado; los exámenes, evaluaciones y exámenes complementarios; la certificación sobre el proceso de rehabilitación y el certificado de cargos y labores. Para la determinación del origen del siniestro laboral, se adjuntarán a la solicitud, el informe acerca del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional; el concepto tanto de la ARP como de la EPS acerca del origen; exámenes médicos de ingreso al sitio de trabajo; exámenes periódicos ocupacionales; análisis del puesto de trabajo; mediciones ambientales; certificación de cargos y labores y las disposiciones de salud ocupacional vigentes en la empresa (D.R. 2463/2001, arts. 24 y 25).

Dictámenes. En desarrollo de sus funciones, las JCI emiten dictá- menes que deben ceñirse al Manual Único de Calificación de Invalidez —MUCI—, del Decreto Reglamentario 917 de 1999, donde se establecen precisamente, las pautas para calificar el origen y el grado de pérdida de la capacidad laboral como consecuencia de la enfermedad o del accidente. El MUCI define lo que significa en términos de calificación de invalidez, la capacidad laboral y el trabajo habitual —D. 917/99, art. 2º, lits. c) y d)—, conceptos estos indispensables —en mi sentir—, para dilucidar lo que puede considerarse como el status de normalidad de un individuo frente a lo que significa la pérdida de su capacidad laboral —PCL—, que en términos generales constituye un aquí y ahora diferente.

El MUCI define la capacidad laboral como el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo, que le permiten desempeñarse en su trabajo habitual, es decir, en aquel oficio, labor u ocupación que realiza una persona capaz laboralmente, de conformidad con el entrenamiento y/o formación técnica o profesional que tenga.

El MUCI de obligatorio cumplimiento para las JCI, recoge la tendencia doctrinaria internacional, en el sentido de que la calificación del estado de invalidez de un individuo debe ser integral, es decir, debe tomar en cuenta los componentes funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad o del accidente, en la vida real del individuo.

El estudio para calificación debe considerar al trabajador como un todo, es decir, una estructura en términos gestálticos y no una batería de partes autónomas e independientes. La vida, la salud y la aptitud como sinónimo de capacidad laboral, deben valorarse en términos no solo biológicos, sino también psicológicos y sociológicos, en relación con la vida activa normal y real del trabajador. En cuanto a la edad, la pérdida de capacidad laboral debe ser valorada con mayor porcentaje cuanto mayor sea la persona… ya que es más difícil modificar aptitudes frente a un posible cambio de tareas, a lo que se suman mayores dificultades para lograr empleo en el mercado de trabajo…

El grado de PCL será decidido por las juntas regionales de calificación de invalidez —JRCI— y por la junta nacional de calificación de invalidez —JNCI— en 2ª instancia, sobre la base de una fecha de estructuración o lo que es lo mismo según la norma (D. 917/99, art. 3º), desde… la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitivaAsí las cosas, (…) la entidad calificadora determinará en primer lugar, la fecha de estructuración y luego procederá a la aplicación de la tabla correspondiente… (D.R. 2463/2001, art. 4º). La fecha de estructuración puede ser anterior a la fecha de calificación o corresponder a esta, pero en todo caso, debe documentarse con (i) la historia clínica y (ii) los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica.

Procedimiento. Los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2463 del 2001 establecen que las JRCI califican en primera instancia la PCL y/o el origen de la enfermedad o accidente. La JNCI por su parte, como superior funcional de las JRCI, conoce en segunda instancia, de las controversias que se pueden suscitar por los dictámenes emitidos por las JRCI.

La recopilación de pruebas; valoraciones; conceptos de rehabilitación y definición de origen, entre otros, a cargo de los equipos interdisciplinarios que deben conformar las administradoras del sistema de seguridad social integral, también serán parte del expediente que obre en la JRCI y consecuencialmente, del expediente que sobre el caso específico obre en la JNCI (D.R. 2463/2001, art. 5º).

Para el tema de interés, la JNCI, debe (i) emitir los dictámenes previo estudio de los antecedentes clínicos y/o laborales del trabajador; (ii) debe ordenar la presentación personal del afiliado para la evaluación correspondiente o delegar en uno de sus miembros la práctica de la evaluación o examen físico, cuando sea necesario y, (iii) ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarios, diferentes a los acompañados con la historia clínica que considere indispensables para fundamentar su dictamen.

El dictamen. El dictamen con el cual se declara el grado, el origen de la pérdida de la capacidad laboral o invalidez y la fecha de su estructuración debe sustentarse con fundamentos de hecho y de derecho. Los de hecho se referirán al ámbito fáctico que rodea determinada contingencia, como (i) historias clínicas; (ii) reportes; (iii) valoraciones o exámenes médicos periódicos y (…) en general, los que puedan servir de prueba para certificar una determinada relación causal… estos últimos en especial, a cargo del empleador interesado, como quiera que se refieren básicamente al modo, tiempo y lugar de prestación de servicios, es decir, (i) certificado de cargos y labores; (ii) comisiones; (iii) realización de actividades; (iv) subordinación; (v) uso de determinadas herramientas; (vi) aparatos; (vii) equipos o elementos; (ix) contratos de trabajo; (x) estadísticas; (xi) testimonios, entre otros, que se relacionen con la patología, lesión o condición en estudio. Los fundamentos de derecho por su parte, son todas las normas que se aplican al caso de que se trate.

Así mismo, es obligación del empleador y de la administradora de riesgos profesionales —ARP—, dado el caso, realizar mediciones ambientales; analizar los puestos de trabajo o informar acerca de los procedimientos de valoración… para los efectos relacionados con la determinación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional...

Objeto del dictamen de la junta nacional de calificación. De acuerdo con la jurisprudencia, el dictamen que rinda la JNCI en virtud de la apelación… no tiene por objeto determinar un nuevo grado de pérdida de la capacidad laboral del trabajador por condiciones sobrevinientes en la evolución de la enfermedad, sino determinar si el origen de la enfermedad o accidente o el grado de pérdida de la capacidad laboral establecidos inicialmente por la junta regional de calificación de invalidez, tienen el fundamento técnico-científico y jurídico requerido…

Se considera que esta directriz jurisprudencial genera la ineficacia del dictamen de la JNCI pues, al darle prevalencia a una suerte de rigorismo procedimental que congela la situación del solicitante al momento de su valoración por la JRCI frente a la realidad ineludible de la evolución o involución de su enfermedad o de las secuelas de su accidente de trabajo, no le aporta nada distinto al sistema de seguridad social integral, fuera de pérdida de tiempo y pago adicional de honorarios. En efecto, si la revisión es la única salida pre-judicial ante un dictamen de la JNCI básicamente confirmatorio del emitido por la JRCI, que implica la iniciación de un nuevo procedimiento de doble instancia, el camino más expedito, sin lugar a dudas, lo constituye en realidad la justicia ordinaria que producirá efectos de cosa juzgada y no otro peritazgo, con una demora natural de entre 7 y 9 meses, que nunca será ni real ni definitiva.

En la calificación de invalidez se distinguen con claridad dos etapas… (i) una extrajudicial en donde interviene la junta regional exclusivamente o esta y la junta nacional, según se haya interpuesto o no el recurso de apelación contra el dictamen emitido por la primera y, (ii) una judicial, que es eventual ante la jurisdicción laboral, si se presenta la correspondiente demanda…

Recursos y Control Judicial. Como los dictámenes de la JNCI en 2ª instancia carecen de recursos, el control judicial tanto para la estructuración como para el grado de PCL y origen, se ejerce ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Poder decisorio. Las juntas de calificación de invalidez solamente certifican el origen y el grado de la incapacidad sufrida por un trabajador, para el reconocimiento de las respectivas prestaciones sociales. Sus decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada y por tal razón no existe un desplazamiento de la competencia de los jueces para señalar de manera definitiva la titularidad de los derechos que se reclaman, como el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Sobre este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que… La negativa parcial o total de la pensión de invalidez es, en esencia, un conflicto jurídico y como tal, su conocimiento está atribuido por la Constitución Política y por la propia ley laboral al juez del trabajo (CPL, art. 2º). La jurisdicción como facultad del Estado para dirimir los conflictos corresponde a los órganos judiciales y no puede ser transferido a los particulares, como son las juntas en cuestión, dado que ellas no administran justicia… Bajo el anterior planteamiento, es evidente que los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 no podían colocar en cabeza de entes privados (juntas regionales y nacional de calificación de invalidez) la competencia y la jurisdicción para definir un conflicto jurídico que suscite el reconocimiento de la pensión de invalidez, lo cual no se opone a ratificar, como ya se dijo que son tales entes los únicos facultados por la ley para emitir el dictamen sobre el grado de reducción de la capacidad laboral de una persona, como fundamento de su pretendida pensión de invalidez…

Obligatoriedad. Si las decisiones de las JRCI o de la JNCI no son impugnadas ante la jurisdicción laboral, se convertirán en obligatorias para efectos del reconocimiento de la prestación social solicitada.

Prescripción de la acción legal. Una vez emitido el dictamen por parte de la JNCI y existiendo diferencias, en cuanto a la fecha de estructuración o calificación del origen de la enfermedad o en cuanto al grado de PCL, se debe acudir a la justicia laboral; para ello se cuenta con el término general de prescripción de 3 años de acuerdo con lo previsto por el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

2. Revisión de dictámenes

Revisión. A la posibilidad de revisión prevista en el Decreto 2463 del 2001, se puede acudir cuando se presentan cambios en los síntomas o manifestaciones que se le puedan detectar a un trabajador accidentado o enfermo como consecuencia de nuevos exámenes practicados. Los cambios que se puedan presentar pueden tener el efecto de modificar el estado clínico del enfermo y por tanto, el grado de pérdida de su capacidad laboral, pero en ningún caso variar su origen.

La posibilidad de revisión de una calificación de invalidez se encuentra prevista en el Decreto Reglamentario 2463 del 2001, que estableció en su capítulo IV, artículo 42: “Revisión de la calificación de invalidez. La revisión de la calificación de invalidez se sujetará a las reglas dispuestas por el presente decreto y contra el dictamen que se emita proceden los recursos de reposición y apelación. Para la revisión de la calificación de invalidez se aplicará la norma con la cual se otorgó el derecho”.

La determinación del estado de invalidez que hacen las JRCI y la JNCI puede referirse por una parte, al origen de la enfermedad o accidente y por la otra, al grado de pérdida de la capacidad laboral. La determinación del origen definido por las JCI mientras no se impugne ante la justicia ordinaria, se considera definitiva, pues por su propia naturaleza las causas tenidas en cuenta para la calificación no son susceptibles de cambiar con el transcurso del tiempo. En cambio, si se presentan situaciones sobrevinientes en la incapacidad —de agravación o de atenuación— se debe acudir al mecanismo de la revisión, que aunque igual o idéntico al procedimiento de la calificación de invalidez, es independiente de aquel y tiene un objeto distinto.

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que el trámite de la revisión de la calificación de la PCL no puede ser entendido como un recurso adicional o una tercera instancia respecto del trámite inicial. La revisión implica adelantar un nuevo procedimiento que se iniciará en primera instancia ante la JRCI respectiva. El dictamen que profiera la JRCI podrá ser objeto de los recursos de reposición y apelación, para así garantizar el principio de la doble instancia y la posibilidad de la corrección de errores que se hayan podido cometer únicamente, en la calificación del grado de PCL del enfermo o accidentado.

3. Aproximación a la acción judicial contra dictámenes de las JCI

3.1. El procedimiento ordinario laboral

El inciso 2º del artículo 11 del Decreto 2463 del 2001 indica que los dictámenes de las juntas calificadoras de invalidez —JCI—, no son actos administrativos y solo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral (Ref. L. 712/2001).

Sobre la base de que los dictámenes de las JCI tienen el carácter de peritazgo, es importante establecer el tratamiento que le da a dicha prueba la normatividad procedimental laboral y civil, aplicable esta última supletoriamente a laboral, de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, en concordancia con el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y con el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

3.2. La prueba pericial dentro del Procedimiento Laboral y el dictamen de las JCI como objeto procesal

La prueba pericial en laboral solamente es procedente para verificar hechos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral establece que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales, que por su misma índolerebasan los conocimientos jurídicos, de los cuales necesariamente ha de estar provisto quien administra justicia… Así las cosas, se espera que el perito examine cuidadosamente las cosas, personas o elementos materia de su concepto especializado, para rendirlo de manera clara, fundamentada, precisa y detalladacomo asesor del juez en campos extraños a los conocimientos de este, y como fuente de una decisión certera y ajustada a derechos sobre las cuestiones debatidas en el proceso…

La Corte Constitucional ha precisado la naturaleza de los dictámenes que emiten las JCI, así: (i) Las JCI no imparten justicia y su función se limita a determinar el grado de pérdida de la capacidad laboral, en desarrollo de un experticio técnico y científico, que no reviste la calidad de providencia judicial. (ii) Los procedimientos adelantados por las JCI no tienen naturaleza administrativa ni jurisdiccional, porque su finalidad se reduce exclusivamente a certificar acerca de la incapacidad laboral para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales que la requieren. (iii) Los dictámenes que expiden las JCI, no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez, ni de producir efectos de cosa juzgada, que es como se define la función jurisdiccional.

Ahora bien, la acción judicial que se llegare a iniciar contra el dictamen de una junta de calificación de invalidez, sea regional o nacional, tendrá por objeto dejar sin sustento la totalidad o parte del dictamen proferido, ya sea en razón de su oscuridad, deficiencia, insuficiencia o error grave. La objeción al dictamen pericial de acuerdo con la normatividad procesal laboral-civil, puede demostrarse dentro del proceso ordinario, ya sea a través de otro peritazgo o mediante los medios de prueba comunes a este tipo de procesos, como la prueba testimonial, documental, interrogatorio de parte e inspección judicial.

La prueba pericial que se decrete dentro del proceso ordinario estará entonces dirigida a invalidar parte del dictamen técnico-científico emitido por la JCI de que se trate, y para cumplir ese objetivo, lo aconsejable es que el nuevo peritazgo sea más un instrumento de deducción que proporcione al juez las luces, ilustración y pericia práctica que requiera en relación con los datos que son materia de controversia, que un instrumento de percepción como lo sería el dictamen inicial.

Ahora bien, considero que el acervo probatorio no se debe limitar a la prueba pericial, sino que el supuesto fáctico que nos interesa también sea susceptible de demostrarse con otros medios, y en ese sentido que el nuevo dictamen obre como complemento de lo que aparece probado en el proceso, para que contribuya realmente a … formar la certeza del juez, ilustrándolo para que comprenda mejor ese supuesto y pueda deducir con exactitud las causas, las calidades, las consecuencias y los valores que se investigan…

La ventaja del procedimiento laboral es que los jueces de esta jurisdicción gozan de libertad para apreciar las pruebas (CPL, art. 61) y de la Seguridad Social, por lo que si bien el artículo 60 del mismo ordenamiento les impone la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad. Así las cosas, el juez puede apreciar libremente las pruebas, con el objeto de formar su convencimiento sobre el tema debatido y en ese orden, goza de libertad para preferir aquellas que lo persuadan mejor sobre la verdad real del proceso.

3.3. Dictamen confuso, deficiente o insuficiente, de acuerdo con el procedimiento civil

Se considera viable que frente a dictámenes de las JCI impugnados, se puedan aplicar las reglas del procedimiento civil que regulan la prueba pericial y con base en ello, solicitar en el libelo demandatorio la aclaración o complementación del dictamen, si se considera que es confuso, deficiente o insuficiente. El juez en ese caso, fijaría un término prudencial.

La aclaración o ampliación del dictamen no constituye en modo alguno otro dictamen, sino que es parte integrante o complemento del inicialmente proferido, sin embargo, si la ampliación o aclaración modifica, rectifica o contradice las primeras conclusiones… no incurre en yerro de valoración legal el sentenciador que encontrándola uniforme, explicada y debidamente fundamentada atribuye pleno mérito demostrativo a la declaración o aclaración que hagan dos peritos, prescindiendo de lo que inicialmente en sentido contrario ellos hayan afirmado…

3.4. Posibilidad de objetar por error grave

Sin que sea óbice para impugnar el dictamen en forma directa por error grave como se explicará posteriormente, de la complementación o aclaración que presente la JCI respectiva en el caso anterior, acorde con el procedimiento, debe correrse traslado a las partes y en ese término se tendrá la oportunidad para objetar el dictamen por error grave (…) que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se hubiere originado en las conclusiones…

En el escrito de objeción se precisará el error grave y se pedirán las pruebas para demostrarlo; de este escrito se dará traslado a las otras partes, para que dentro del término del traslado puedan solicitar pruebas. El juez decretará las pruebas que considere necesarias, dentro de ellas otro peritazgo si se solicita, para resolver sobre la existencia del error y concederá obviamente un término para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero puede solicitarse su complementación y aclaración.

La objeción se decidirá en la sentencia. El juez puede acoger como definitivo el dictamen practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos que también será inobjetable, pero podrá solicitarse su complementación y aclaración, dentro del término del traslado.

3.5. Lineamientos para objetar por error grave

El error grave se produce cuando el dictamen (i) cambia las cualidades propias del objeto examinado; (ii) cambia sus atributos por otros que no tiene o (iii) toma como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen… pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven.

No constituye error grave a contrario sensu y por tanto no podrán objetarse como tales, las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones de los expertos, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada.

En este punto y como una forma de ampliar el panorama sobre lo que puede ser un error grave, resulta de utilidad hacer un paralelo entre el error grave de un peritazgo y el error de hecho que permite que la Corte Suprema de Justicia case una sentencia. Valga aclarar desde el inicio, que la función de la Corte en esa materia no consiste en arbitrar entre dos interpretaciones razonables del haz probatorio, sino en eliminar la apreciación hecha por el tribunal… cuando quiera que sea tan desacertada que se erija en una afrenta a la razón…

Siguiendo con el símil, al igual que del error de hecho de la sentencia del Tribunal, del dictamen de la JCI en relación con el origen, estructuración o pérdida de capacidad laboral del afiliado, debe surgir con evidencia incontrastable que es radicalmente opuesto a la verdad real que aparece en el proceso. En este evento, la verdad real del proceso puede haber sido demostrada mediante otro peritazgo y/o por otro medio o medios de prueba.

3.6. Práctica del peritazgo como prueba contra el dictamen de la JCI

El artículo 234 del Código de Procedimiento Civil (modificado L. 794/2003, art. 24) establece que sin importar la cuantía o naturaleza del proceso, todo dictamen se practicará por un solo perito, aunque en muchos casos la fase preparatoria del dictamen, cuyo objeto consiste en la consecución de los elementos de juicio necesarios para rendir concepto, también denominado rastreo informativo, pueda ser realizada por auxiliares o por el perito mismo. Las fases subsiguientes, de examen y análisis de lo anterior, se realizan exclusivamente por el perito al igual que el dictamen propiamente dicho, a manera de conclusión o corolario de la labor realizada.

En resumen, el dictamen pericial comprende el juicio técnico pronunciado sobre los datos recogidos y esto lo efectúa el perito designado, sin que ello quiera decir que las operaciones preparatorias para recoger esos datos, que pueden ser variadísimas (difíciles, fáciles, profundas, superficiales, materiales o intelectuales) según el objeto y alcance de la peritación, puedan ser realizadas por personal auxiliar bajo la dirección y control de los peritos. Eso sí como se dijo, el personal auxiliar no puede realizar el análisis y el dictamen mismo, so pena de que el juez no le dé… mérito a la experticia por irregularidades en la producción del medio de prueba…

Tanto la calificación del origen como del grado de pérdida de capacidad laboral y la estructuración de la invalidez, dependen de la determinación del nexo causal, que en opinión del autor, tiene al peritazgo como prueba madre dentro del proceso. A través de otro peritazgo se pretenderá aportar al plenario esos elementos propios de la ciencia —no conocidos por el común de las personas incluido el juez, y de suyo sólo familiares en menor o mayor medida— a aquellos que la practican y que a fin de cuentas otorgan con carácter general… las pautas que tendrá el juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa…

Lo anterior no impide en modo alguno que junto con el dictamen general también se puedan aportar al proceso documentos técnico-científicos; jurisprudencia y doctrina internacionales o testimonios técnico (salud ocupacional/psicología) por ejemplo, para que el juez pueda ilustrarse acerca de las reglas técnicas que la ciencia de que se trate, tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga.

El dictamen debe ser claro… preciso… detallado… expresar los fundamentos técnicos o científicos en que se apoya… debe ser firme… y, … en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados (CPC, art. 237, num. 6º).

A manera de comentario final, que no de conclusión, por cuanto hasta ahora el tema se está empezando a analizar, es importante tener en cuenta que a partir de un sondeo efectuado en los juzgados laborales del circuito de la ciudad de Bogotá D.C., se puede concluir de un lado, que en los 20 juzgados de la ciudad no son muchos los procesos actuales contra los dictámenes de las JCI, y de otro lado, es indudable la confusión existente entre los demandantes y los mismos despachos judiciales acerca de la integración del contradictorio y lo que es peor, acerca del alcance del litigio en sí.

Prueba de lo anterior lo constituye el hecho de que las demandas se han presentado no solo contra los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez —JCI—, como se sugiere en este escrito, sino contra las JCI mismas, contra todos y cada uno de sus integrantes y representante legal, incluidos los miembros de la junta regional de calificación que dictaminó en 1ª instancia y los miembros de la junta nacional de calificación que dictaminó en 2ª instancia. Igualmente, se ha demandado a los beneficiarios de la prestación de seguridad social en discusión y al Ministerio de la Protección Social y de Salud.