LA LEY DE ARBITRAJE FRANCESA: INNOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

 

La ley de Arbitraje Francesa: innovación y consolidación

Revista Nº 17 Jul.-Dic. 2012

por Alexis Mourre y Valentine Chessa

El año 2011 es un año memorable para el arbitraje internacional en Francia. Treinta años después de los dos decretos de 1980 y 1981, el Gobierno francés adoptó un nuevo decreto —Décret 2011-48—, codificado bajo los artículos 1442 a 1527 del Código de Procedimiento Civil francés. La nueva ley constituye una modernización significativa a la ley de arbitraje francesa, coherente con una beneficiosa jurisprudencia sobre arbitraje.

Un grupo de especialistas en arbitraje, miembros del Comité Français de l’Arbitrage(1), allanó el camino de esta reforma, mediante la preparación de un primer borrador de los nuevos estatutos entre los años 2001 a 2006, el cual fue remitido al Ministerio de Justicia francés y utilizado como base sobre la cual edificar la nueva ley(2).

Como consecuencia de estos esfuerzos, hoy en día existe un fuerte deseo político en Francia por proporcionar a los profesionales extranjeros un acceso fácil a la ley de arbitraje francesa y de esta manera atraer los arbitrajes internacionales(3).

El principio fundamental de la nueva ley es el reconocimiento de un orden jurídico internacional de arbitraje, autónomo de las leyes estatales y de las cortes.

De conformidad con estas consideraciones, la nueva ley mantiene el principio francés del dualismo, separando el arbitraje local del internacional. Esta elección surge de la idea consistente en que el arbitraje es un “tipo especial de arbitraje”(4) que merece un régimen separado y más liberal. Una manifestación de este dualismo radica en el artículo 1507, el cual dispone que “un acuerdo arbitral no deberá estar sujeto a ningún requerimiento en cuanto a su forma”, pero en cuanto al arbitraje local, el artículo 1443 dispone que “para que sea válido, un acuerdo arbitral deberá constar por escrito...”(5).

Otra manifestación de la aproximación dualista radica en el artículo 1464-4, el cual establece un deber de confidencialidad durante los procedimientos del arbitraje local —sujetos a requisitos jurídicos, y a menos que sea pactado en contrario por las partes, los procedimientos arbitrales deben ser confidenciales”—, mientras que no existe ninguna regla al respecto en el arbitraje internacional(6). La ausencia de una regla de confidencialidad en el arbitraje internacional se debe a la necesidad de transparencia en las controversias entre un inversionista y un Estado. Como consecuencia, las partes que desean conservar los procedimientos arbitrales como confidenciales deberán realizar una solicitud expresa para dicho efecto.

1. Eficiencia de los procedimientos arbitrales

1.1. Principios generales

1.1.1. Compétence-compétence

Después de haber codificado el principio fundamental de independencia de la cláusula arbitral(7) —art. 1447—, la nueva ley declara explícitamente el principio de compétence-compétence que ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por la jurisprudencia. De igual manera, el artículo 1465 determina que “el tribunal arbitral tiene la competencia exclusiva para decidir sobre las objeciones a su competencia”, mientras que el artículo 1448 deja claro que, como consecuencia del principio compétence-compétence, las cortes están desprovistas de cualquier jurisdicción para tal efecto a menos que el acuerdo arbitral sea manifiestamente nulo o inaplicable: “Cuando una controversia sujeta a un acuerdo arbitral sea presentada ante una corte, dicha corte deberá rechazar su jurisdicción, excepto que un tribunal arbitral no haya asumido aún la controversia y siempre que el acuerdo arbitral sea manifiestamente nulo o manifiestamente inaplicable...”(8).

1.1.2. Deberes de diligencia y buena fe

Una disposición novedosa en la nueva ley impone los deberes de diligencia y buena fe para ambas partes y para los árbitros. El artículo 1464 determina que “ambas partes y los árbitros deberán actuar diligentemente y con buena fe durante la conducción de los procedimientos...”. Esto es un intento legislativo interesante de introducir reglas éticas en el arbitraje internacional(9).

La nueva ley no provee ninguna sanción por el incumplimiento de estas obligaciones éticas. Por lo tanto, es difícil anticipar cómo esta regla será aplicada en la práctica, especialmente en el caso de las tácticas dilatorias de las partes.

1.1.3. Trato igualitario y debido proceso

El artículo 1510 dispone el principio general de que “independientemente del procedimiento adoptado, el tribunal arbitral deberá asegurar que las partes sean tratadas de manera igualitaria y deberá defender el principio del debido proceso”(10).

El principio de igualdad de las partes en los casos multipartes fue adoptado por la Corte Suprema francesa —cour de cassation— en la decisión Ducto(11).

Ducto integró a diferentes partes en un mismo lado de la controversia. La CCI —por medio de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional— les solicitó conjuntamente nominar un árbitro, sin importar el hecho de que ellos presuntamente tenían intereses divergentes. Como ellos no podían decidir sobre la escogencia de un árbitro, la CCI designó a uno por ellos. Una vez proferido el laudo, este fue impugnado ante la Corte francesa de apelaciones, la cual mantuvo el laudo. Sin embargo, la Suprema Corte francesa, confiando en el principio de igualdad entre las partes, decidió dejar a un lado la decisión de la Corte de Apelaciones.

La CCI sometió a revisión sus reglas de arbitraje en el año de 1998 para hacerlas “compatibles con el caso Ducto”. Introdujo un nuevo artículo 10, disponiendo que “en ausencia de dicha nominación conjunta y cuando todas las partes no puedan llegar a un acuerdo sobre un método para la constitución de un tribunal arbitral, la Corte podrá designar cada miembro del tribunal arbitral...” —énfasis agregado—.

La nueva ley dispone expresamente en el artículo 1453 que “si hay más de dos partes en una controversia y ellas fracasan en llegar a un acuerdo sobre el procedimiento para constituir un tribunal arbitral, la persona responsable de administrar el arbitraje o, cuando no exista tal persona, el juez apoyando el arbitraje, deberá designar los árbitros” —énfasis agregado—.

Sin embargo, a diferencia de las Reglas de la CCI, el artículo 1453 no permite a la autoridad que los nombra ninguna flexibilidad para valorar cada caso individualmente, particularmente cuando las partes tienen los mismos intereses.

1.1.4. El deber de imparcialidad del tribunal y su independencia

Sorprendentemente, los estatutos de arbitraje franceses anteriores no requerían expresamente que los árbitros fueran independientes e imparciales, aunque las decisiones de la Corte en Francia así lo han sostenido(12). Estas características distintivas de un proceso justo son incorporadas ahora en la nueva ley.

De igual forma y por primera vez en un estatuto de arbitraje francés aparece el requisito de una revelación pronta por parte de los árbitros de cualquier circunstancia, que por su naturaleza pueda afectar su independencia o imparcialidad. Además, la obligación de declarar contenida en el artículo 1456 es continua. La posición de las cortes francesas es a favor de una obligación amplia de revelación, imponiendo un estándar subjetivo sobre los árbitros(13). La nueva ley no se refiere a ningún estándar en particular, pero debe interpretarse en el sentido de estar de conformidad con la interpretación amplia adoptada hasta el momento por la jurisprudencia francesa.

1.1.5. Renuncia

La nueva ley de arbitraje codifica el principio de renuncia —también conocido en Francia como estoppel—, el cual fue declarado por la Suprema Corte francesa en la famosa decisión Golshani(14). El artículo 1466 dispone: “Una parte que, a sabiendas y sin una razón legítima no objeta oportunamente una irregularidad ante un tribunal arbitral deberá considerarse como haber renunciado a su derecho a alegar de dicha irregularidad”. Esta disposición va más allá de la jurisprudencia más reciente, la cual definió el principio del estoppel como “el cambio en la posición —de una parte—, modificando erróneamente la intención —de dichas partes—...”(15). El artículo 1466 no requiere dicho cambio en la posición jurídica de las partes.

Tal como lo señalaron algunos tratadistas, existe una alta probabilidad de que las cortes sean cuestionadas sobre cómo interpretar la frase “conociendo y sin ninguna razón legítima”, dejando alguna incertidumbre sobre esta disposición(16).

1.2. Ayuda judicial al arbitraje

En concordancia con el propósito general de volver el proceso de arbitraje más eficiente, la nueva ley define los poderes que tienen las cortes francesas para ayudar al arbitraje, mientras fortalece simétricamente la autoridad de los tribunales arbitrales en tres áreas específicas: la constitución del tribunal, la obtención de pruebas y las medidas interinas.

1.2.1. El juez de apoyo y la constitución del tribunal

Una de las innovaciones más destacables de la nueva ley, es la inclusión del “juez de apoyo” —judge d’appui), siendo un ejemplo, la actuación del juez de apoyo en la constitución del tribunal arbitral(17). El término judge d’appui, el cual ya era usado frecuentemente por las cortes francesas(18), se refiere al presidente del Tribunal de Grande Instance de Paris, quien tiene jurisdicción para decidir sobre los asuntos relacionados con la constitución de un tribunal. De conformidad con el artículo 1452, la jurisdicción de judge d’appui está sujeta al acuerdo de las partes de confiar en otra autoridad, tal como una institución de arbitraje, para que brinde su colaboración en esta parte vital del arbitraje.

De conformidad con el artículo 1505, una de las siguientes condiciones se deben presentar para que el judge d’appui tenga competencia: i) que el arbitraje se lleve a cabo en Francia; o (ii) que las partes acuerden que la ley de procedimiento francesa deba emplearse en el arbitraje; o (iii) que las partes hayan otorgado expresamente la competencia a las cortes francesas sobre las controversias relacionadas con el procedimiento arbitral, o iv) el que una de las partes esté sujeta a un riesgo de denegación de justicia. La jurisdicción basada en la condición anterior es una codificación de la famosa decisión de la Corte Suprema francesa NIOC(19), relacionada con la intervención del judge d’appui en un caso de denegación de justicia.

Sin embargo, de manera opuesta a esta decisión, la nueva ley no requiere de una conexión entre Francia y la controversia, como una condición necesaria para que el juez francés tenga jurisdicción. Por lo tanto, en concordancia con la idea de un orden arbitral internacional y autónomo, bajo el artículo 1505, el judge d’appui es ahora investido con una “jurisdicción universal”(20) para ayudar a las partes donde una denegación de justicia pueda presentarse.

1.2.2. Ayuda en el recaudo de pruebas

El artículo 1469 permite a las partes de los procedimientos, a partir de la “invitación del tribunal arbitral”, solicitar la “ayuda de las cortes francesas en relación con la presentación de documentos en poder de terceras partes”.

El artículo 1469, junto con el artículo 1467, el cual faculta al tribunal arbitral el imponer sanciones a las partes por no cumplir con las órdenes arbitrales de presentar pruebas, enfatiza en el equilibrio correcto entre la necesaria primacía de la autoridad del tribunal arbitral y el imperio inherente de la corte estatal.

1.2.3. La ayuda por medio de medidas cautelares

El primer párrafo del artículo 1449 está redactado de tal manera que parece permitir a las cortes ordenar medidas provisionales o conservatorias antes de que el tribunal arbitral sea constituido(21). Esta disposición señala: “La existencia de un acuerdo arbitral, cuando el tribunal arbitral no haya sido aún constituido, no deberá impedir que una parte se presente ante una corte para solicitar medidas relacionadas con el recaudo de pruebas o medidas provisionales o conservatorias”. Sin embargo, algunos autores han recalcado que las facultades de las cortes no son tan limitadas debido a que el artículo 1449 se refiere al efecto del acuerdo arbitral sobre las partes, no sobre la corte(22).

Las facultades del tribunal arbitral de ordenar medidas interinas de protección están de forma expresa e inequívoca descritas en el primer párrafo del artículo 1468. Este dispone: “El tribunal arbitral puede ordenar sobre las partes cualquier medida conservatoria o provisional que considere apropiada, fijar las condiciones para dichas medidas y, de ser necesario, incluir sanciones en dicha orden. Sin embargo, solamente las cortes pueden ordenar embargos provisionales y garantías jurídicas”. Esta disposición codifica la jurisprudencia que existe(23).

1.3. Eficiencia del laudo

1.3.1. Sin suspensión

El artículo 1526 introduce un cambio importante en la ley de arbitraje francesa. Revierte la regla anterior, que consistía en que la acción para anular un laudo extranjero o para oponerse a su exequátur suspendía el cumplimiento del laudo. La nueva ley determina: “Ni la acción para revocar un laudo ni una apelación contra una orden de cumplimiento deberá suspender el cumplimiento de un laudo...”.

Solamente cuando una parte sea gravemente perjudicada una suspensión sobre los procedimientos de cumplimiento podrá realizarse. El segundo párrafo del artículo 1526 determina lo siguiente:

“Sin embargo, el primer presidente —de la Corte de apelaciones— que rige los procedimientos expeditos —référé— o, una vez que el asunto sea dirigido a él o a ella, el juez nombrado para el asunto —conseiller de la mise en état—, podrá suspender o fijar las condiciones para el cumplimiento de un laudo donde su cumplimiento pueda perjudicar gravemente los derechos de una de las partes”(24).

1.3.2. Revisión judicial

De conformidad con el artículo 1519-2, el tiempo límite para iniciar una acción para anular un laudo proferido en Francia ha sido modificada a un mes a partir de la recepción de la notificación del laudo, en vez de un mes desde el oficio —signification— de la orden de cumplimiento, tal como se dispuso con anterioridad(25).

Los cinco criterios para revisar los laudos franceses y extranjeros han sido modificados. El artículo 1520 dispone que un laudo puede anularse cuando:

1. El tribunal arbitral equívocamente ha confirmado o declinado su competencia; o

2. El tribunal arbitral no ha sido debidamente constituido; o

3. El tribunal arbitral falló sin cumplir con el mandato conferido sobre él; o

4. El debido proceso fue violado; o

5. El reconocimiento o cumplimiento del laudo es contrario al orden público internacional.

Los numerales 2.º a 5.º del artículo 1520, son idénticos a aquellos previamente proporcionados por el artículo 1502, con excepción de cambios pequeños en las palabras.

El artículo 1520-1, sin embargo, ha sido sustancialmente modificado. Con anterioridad disponía que un laudo solamente podía anularse o rehusar su cumplimiento si “el tribunal arbitral había proferido el laudo sin un acuerdo arbitral o con base en un acuerdo arbitral que era nulo y había expirado...”. El artículo 1520-1 ahora permite la revisión judicial cuando “el tribunal arbitral ha equivocadamente retenido o declinado su competencia...”. Esto le otorga a la corte jurisdicción para anular o rehusarse al cumplimiento de un laudo internacional cuando el tribunal equivocadamente ejerció o negó su competencia. El artículo codifica el reciente caso Abela, según el cual el juez de revisión —juge d’annulation— “debe controlar la decisión del tribunal sobre su competencia, esto es, en cuanto a si es considerado competente o no”(26).

1.3.3. Renuncia a los procedimientos de anulación

La nueva ley permite a las partes el acordar o renunciar al derecho de anular un laudo proferido en Francia. El artículo 1522 dispone: “Mediante un acuerdo específico las partes pueden, en cualquier momento, renunciar expresamente a su derecho de instaurar una acción de anulación”. Esta disposición está basada en leyes similares contenidas en estatutos extranjeros, tales como los de Suiza, Bélgica y Suecia(27). Sin embargo, a diferencia de estos estatutos extranjeros, los cuales restringen la posibilidad de renunciar a los procedimientos de anulación a partes no residentes, la nueva ley de Francia no condiciona este derecho al domicilio de cualquiera de las partes.

Nosotros hacemos énfasis en que la renuncia requiere de un “acuerdo específico”. Esto hace surgir la pregunta de si una renuncia general en las reglas institucionales de arbitraje —una “renuncia”, tal como la de las reglas 28-6 de la CCI la cual determina: “Cualquier Laudo deberá ser vinculante para las partes. Al someter la controversia a arbitraje bajo estas reglas, las partes... se considerarán haber renunciado a su derecho a cualquier forma de recurso en la medida en que dicha renuncia pueda realizarse válidamente”(28)—, deba ser considerada como un “acuerdo específico” para los fines del artículo 1522. Este tema ha sido abordado por algunos tratadistas y debatido en seminarios recientes(29). Nosotros nos sentimos cómodos opinando que el requisito de realizar un “acuerdo específico” es poco probable de lograrse por una disposición general de renuncia contenida en las reglas institucionales(30).

Es importante tener en cuenta que incluso si las partes acuerdan renunciar a su derecho a anular un laudo, aún tienen el derecho a oponerse a su cumplimiento dentro de una o más de las circunstancias dispuestas en el artículo 1520. La regla es similar al artículo 192(2) del Estatuto Federal Suizo sobre Derecho Privado Internacional, el cual dispone que, si el laudo se busca ejecutar en Suiza, las reglas de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Observancia de Laudos Arbitrales Extranjeros aún le son aplicables, protegiendo de esta manera a las partes de la ejecución de un laudo nulo.

1.3.4. Revisión del laudo

La última modificación que vale la pena mencionar es la del artículo 1502. Esta disposición reglamenta la capacidad de las partes en solicitar la revisión de un laudo ante el tribunal arbitral en caso de fraude(31) —en relación con el artículo 595 del Código de Procedimiento Civil francés aplicable a las decisiones de las cortes estatales—.

La nueva ley deja claro que al árbitro se le puede solicitar que revise el laudo cuando: “1) después que la decisión ha sido proferida, se da a conocer que el laudo fue obtenido de manera fraudulenta por la parte a cuyo favor fue emitido; 2) después de que la decisión ha sido proferida, se recupera una prueba decisoria que ha sido ocultada por la otra parte; 3) la decisión se basa en documentos que han sido probados o considerados por la corte como falsos; 4) la decisión se basa en una declaración jurada, testimonios o juramentos que son considerados por la corte como falsos”.

La nueva ley también deja claro que el límite de tiempo requerido para solicitar al árbitro la revisión del laudo es de dos meses a partir de la fecha en la que el solicitante conoce los hechos objeto de su solicitud.

2. Observaciones finales

Esta ambiciosa reforma convierte a la ley francesa en la más progresista y favorable para el arbitraje hasta la fecha. Es la culminación de un proceso intenso de modernización y de 30 años de jurisprudencia, en el que se respeta el acuerdo de las partes a arbitrar sus controversias. Ahora depende de los árbitros y de los abogados probar la eficiencia de la nueva ley en la práctica.

(1) El Comité Français de l’Arbi trage, fundado en el año 1953, edita la Revue de l’arbitrage —Rev. Arb.—.

(2) Delvolvé, Jean-Louis. Présentation du texte proposé par le Comité Français de l’Arbitrage pour une réforme du droit de l’arbitrage. Rev. Arb. 490 —2006—.

(3) Ver Prada, Michel. Rapport sur certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris. Report to the French Ministries of Justice, Economy, Finances and Industry, marzo 2011. Disponible en: www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_Rapport_prada_20110413.pdf.

(4) Schwartz, Eric. The New French Arbitration Decree: The Arbitral Procedure. Cahiers de l’Arbitrage|Paris J. of Int’l Arb. —CAPJA—, 2011, Issue 2 —próximo a publicarse—.

(5) La ausencia de un requisito escrito para los acuerdos de arbitraje internacional había sido arraigado durante mucho tiempo atrás por la casuística jurídica. Costa de Marfil Naviera v. Compagnie Mar chande de Tunisie, Paris Cour d’appel, Rev. Arb. 25 —1961—. Una aproximación similar se refleja en el artículo 7.º, Opción II de la Ley Modelo de la Uncitral sobre Arbitraje Comercial Internacional tal como fue modificada en el año 2006. Aunque algunas leyes de arbitraje siguen una aproximación flexible, ninguna de ellas va tan lejos como para explícitamente determinar la ausencia de un requisito escrito. Ver U.K. Arbitration Act, 1996 § 7 —“A menos que se acuerde en contrario por las partes, un acuerdo arbitral que hace parte o pretende hacer parte de otro acuerdo —ya sea o no por escrito— no deberá considerarse como inválido, inexistente o ineficiaz...”—; El Netherlands Abitration Act 1986, artículo 1021 —“El acuerdo arbitral debe ser probado por un instrumento por escrito. Para este fin un instrumento por escrito que disponga por un arbitraje o que se refiera a condiciones estándares que dispongan por un arbitraje es suficiente...”—; Swiss Private International Law, artículo 178(1) —“Un acuerdo arbitral es válido si es hecho por escrito...”—.

(6) Esto en concordancia con la mayoría de otros estatutos arbitrales, los cuales rara vez hacen del arbitraje un proceso confidencial.

(7) Gosset, Cass. civ. 1e, mayo 7, 1963; Hecht, Cass. civ. 1e, julio 4, 1972; Cass. civ. 1e, Dalico, Dic. 20, 1993; Zanzi, Cass. civ. 1e, Enero 5, 1999.

(8) Eurodif v. République Islamique d’Iran, Cass. 1e civ., junio 28, 1989, Rev. Arb. 653.

(9) Seminario Eversheds, “Arbitral Autumn or Spring News from London, Brussels and Vienna”, Paris, diciembre. 7, 2010; S.J. Seminario Berwin, “Hot Topics” in International Arbitration, Paris, septiembre. 20, 2010; Bishop, Doak y Stevens, Magrete. The Compelling Need for a Code of Ethics in International Arbitration: Transparency, Integrity and Legitimacy. Discurso realizado en la reunión de la ICCA en Río de Janeiro, mayo 2010; Van Vechten Veeder, “Is There Any Need for a Code of Ethics for International Commercial Arbitrators?” en Les Arbitres Inter nat ionaux —coord. José Rosell; Soc. de Lég. Comp. Paris, 2005—.

(10) Estos derechos ya han sido adoptados por la casuística jurídica francesa. Para los derechos de buena fe y diligencia, ver Paris Cour d’appel, febrero 28, 2008, Rev. Arb. 712; y para el derecho consistente en hacer cumplir los principios del debido proceso, ver Cass. 1e civ., marzo 14, 2006, n.º 03-19764, 2006, Rev. Arb. 652.

(11) Société BKMI et Siemens v. Société Dutco Construction, Cass. 1e civ., enero 7, 1992.

(12) Consorts Ury v. S.A. des Galere ries Lafayette Cass. 1e civ., abril 13, 1972, JCP, éd. G., II, n.º 17, 189.

(13) Paris Cour d’appel, septiembre 9, 2010, Rev. Arb. 197, acerca de la revelación insuficiente de un profesor de derecho, quien había prestado servicios jurídicos a la parte que lo nominó. En este caso la Corte de Apelaciones determinó que el árbitro deberá informar a las partes cualquier circunstancia que pueda ser de tal naturaleza que pueda influenciar su juicio y que pueda razonablemente poner en duda su imparcialidad e independencia ante las partes. Ver también Paris Cour d’appel, marzo 10, 2011.

(14) Golshani v. Gouv. Rép. Islamique d’Iran, Cass. 1e civ., julio 6, 2005. En este caso, la Corte Suprema de Francia sostuvo que, con base en la regla del estoppel, una parte que había solicitado el arbitraje y había participado en el arbitraje sin realizar ninguna salvedad por más de nueve años no le era permitido argumentar que el tribunal había proferido su decisión ante la ausencia de un acuerdo arbitral o sobre la base de un acuerdo arbitral nulo e inválido.

(15) Mérial v. Klocke Verpackungs-Serv., Cass. 1e civ., febrero 3, 2010, n.º 08-21288.

(16) Schwartz, supra 4.

(17) Clay, Thomas. L’appui du juge àl’arbitrage. CAPJA, 2011, Issue 2 —próximo a publicarse—.

(18) Cass. civ. 1e, noviembre 22, 2010, 2011. Rev. Arb. 159, Cass. civ., septiembre 22, 2010. Rev. Arb. 967, Cass. civ., junio 14, 2009. Rev. Arb. 652.

(19) National Iranian Oil Co. v. Israël —NIOC—, Cass. 1e civ., febrero 1.º, 2005, n.º 01-13.742, 02-15.237. Rev. Arb. 693. En este caso, la Corte Suprema francesa sostuvo que: “la inhabilidad de una parte para acceder a la corte —o a un tribunal arbitral— junto con la instauración de una reclamación de esa parte a la exclusión de todas las otras jurisdicciones estatales, y por lo tanto la inhabilidad de ejercer un derecho en búsqueda de una política pública internacional, determinados por los principios de arbitraje internacional y el artículo 6(1— de la Convención Europea de Derechos Humanos, es una denegación de justicia justificando la jurisdicción internacional del presidente de la Corte de Paris de Primera Instancia dentro del contexto de la misión de las cortes estatales en asesorar y cooperar en la constitución de un tribunal arbitral cuando exista una conexión con Francia” —énfasis agregado—.

(20) Gaillard, Emmanuel. Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage. CAPJA 2011, Issue 2 —próximamente publicado—; Le nouveau droit français de l’arbitrage in terne et international. Dalloz 175; —2011—; France Adopts New Law on Arbitration. NYLJ, vol. 245, n.º 15.

(21) Schwartz, supra 4.

(22) Jarrosson, Charles y Pellerin, Jacques. Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011. Rev. Arb. 15, 2011.

(23) Paris Cour d’appel, Otor v. Carlyle, octubre 7, 2004. Determina que “el poder para ordenar sanciones judiciales es una parte inherente de la función jurisdiccional para asegurar su eficacia”. J. du Droit Int’l —JDI—, 341 —Clunet 2005—. Nota de Alexis Mourre y Priscille Pedone.

(24) De conformidad con el artículo 524 relacionado con el cumplimiento de las decisiones de las cortes locales, surge un perjuicio cuando la suspensión de su cumplimiento “conlleva consecuencias excesivamente evidentes”, tales como la imposibilidad de reembolsar las cantidades pagadas. Ver Rennes Cour d’appel, mayo 19, 1991, JCP 1992, II 21925. La referencia a “podría gravemente perjudicar los derechos de una de las partes”, parece, sin embargo, comprender un campo amplio de situaciones. The reference to “could severely prejudice the rights of one of the parties” seems, however, to encompass a wider range of situations. Ver Jarros son y Pellerin, supra 22.

(25) Las partes deberán tener en cuenta que esta nueva disposición reduce sustancialmente el límite de tiempo para iniciar una acción. Con anterioridad a la nueva ley, el actual artículo 1505 disponía en una parte sustancial: “La acción de revisión para renunciar referida bajo el artículo 1504 es traída ante la corte de apelaciones en cuya jurisdicción el laudo es proferido. Esta acción es admisible tan pronto el laudo haya sido proferido; dejará de ser admisible si este derecho no ha sido ejercido dentro del mes a partir de la notificación del laudo que lo declaró ejecutoriado” —por ejemplo un mes a partir de la notificación de la orden de ejecutoría—.

(26) Joseph Abela Family Found. v. Albert Abela Family Found. and al, Cass. 1e civ., octubre 6, 2010, Rev. Arb. 813 —2010—; nota François-Xavier Train, Les Petites Affiches. Febrero 23, 2011, p. 6, nota Arthur de Keyzer. Ver la decisión de apelación que la Corte de casación aprobó: Paris Corte de apelaciones, mayo 22, 2008. Ver también Alexis Mourre. A propos de trois récents arrêts: quelques questions sur le contrôle de la compétence de l’arbitre, notamment dans l’arbitrage institutionnel —Acerca de tres decisiones recientes de la corte: algunos temas en relación con el control sobre la jurisdicción del árbitro, en especial en el arbitraje institucional—. En: Liber Ami corum Christian Larroumet 371 —Económica 2009—.

(27) El artículo 192(1) del Estatuto Federal Suizo sobre Derecho Privado Internacional dispone: “Si ninguna de las partes tiene su domicilio, su residencia habitual, o su lugar de negocios en Suiza, ellas podrán, mediante una declaración expresa en el acuerdo arbitral o mediante un acuerdo subsecuente escrito, renunciar completamente a la acción de anulación o podrán restringirla a una o a varias de las circunstancias enunciadas en el artículo 190(2)”; el artículo 1717(4) del Código Judicial Belga dispone: “Las partes podrán, mediante una declaración expresa en el acuerdo arbitral o mediante un acuerdo escrito, renunciar a cualquier acción de anulación cuando ninguna de ellas, como individuos, tenga la nacionalidad belga o su residencia en Bélgica, o siendo una entidad jurídica, tenga su domicilio comercial en Bélgica o en su sucursal”; la sección 51 de la Ley de Arbitraje Suiza de 1999; el artículo 126 de la Ley General de Arbitraje española, del 3 de enero de 1996, y el artículo 78(6) del Código de Túnez sobre Arbitraje, del 26 de abril de 1993.

(28) Ver por ejemplo el artículo 28(6) de las reglas CCI de 1998: “las partes... deberán considerarse como haber renunciado a su derecho a cualquier forma de recurso en la medida en que dicha renuncia pueda ser válidamente hecha”; y el artículo 26.9 de las Reglas LCIA: “las partes renuncian a su derecho a cualquier forma de recurso contra un laudo o frente a cualquier corte u otra autoridad competente, en la medida en que dicha renuncia pueda hacerse válidamente bajo la ley aplicable”.

(29) Conferencia, Paris, the Home of International Arbitration, The Decree of 13 January 2011: Greater Effectiveness for International Arbitration in France. Abril 20, 2011; conferencia, Chance Clifford. Réforme du droit français de l’arbitrage. Enero 19, 2011; ver también Gaillard, Emmanuel. Com ment aire analytique du décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit français de l’arbitrage. CAPJA 2011, Issue 2 —próximo a publicarse—; Ortschiedt, Jérome y Seraglini, Christophe. La nouvelle articulation des recours en arbitrage international. En Clay, Thomas —dir.—. Le nouveau droit français de l’arbitrage, actes du colloque du 28 février 2011 —Lextenso 2011—.

(30) Ver Krausz, Nora. Waiver of Appeal to the Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the Case Law and Compatibility with ECHR, Article 6. J. Int’l Arb. 147 —2011—.

(31) Bajo la casuística federal Suiza: “Las declaraciones generales que disponen que un laudo es definitivo y vinculante o referentes al artículo 28 de las Reglas de Arbitraje de la CCI, no constituyen una renuncia...”. Fougerolles v. Proco france, Cass. 1ère civ., May 25, 1992, Clunet 1992.974, nota, E. Loquin, 1992. Rev. Crit. DIP —Revue Critique du droit international privé—, 699.