La Ley de Formalización ha sido fundamental para la generación de empleo

Revista Nº 169 Ene.-Feb. 2012

Entrevista realizada por Eduardo Reyes a Rafael Pardo Rueda Ministro del Trabajo 

Diez años después de su fusión en el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) resurge, para encargarse del diseño y la adopción de políticas y planes de generación de empleo, la protección de los trabajadores y del tema pensional, entre otras funciones.

En entrevista con la REVISTA ACTUALIDAD LABORAL, el titular de esa cartera, Rafael Pardo Rueda, presentó un balance preliminar de la Ley de Formalización y Generación de Empleo (L. 1429/2010), anunció un proyecto de ley de seguro de desempleo y un sistema para monitorear el cumplimiento de la reciente Ley de Igualdad Salarial (L. 1496/2011) por parte de las empresas.

También se refirió al Estatuto del Trabajo, a la reforma pensional, a la entrada en operación de Colpensiones, a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales (ISS), a la eliminación de las nóminas paralelas de las entidades públicas, al decreto-ley antitrámites y a otros asuntos a su cargo.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué balance presenta de la Ley de Formalización y Generación de Empleo?

Rafael Pardo Rueda: La Ley 1429, que ya cumplió un año, tiene dos grandes componentes. El primero, los estímulos para la creación y formalización de empresas, consistentes en la exención y el pago progresivo, durante varios años, del impuesto sobre la renta, los aportes parafiscales y la matrícula mercantil. El segundo, los incentivos para la contratación de menores de 28 años, personas en situación de discapacidad y mujeres cabeza de familia mayores de 40 años que no han tenido empleo en el último año. A septiembre pasado, se contrataron 395.000 menores de 28 años, en 44.000 empresas. ¿Cuántas solicitarán los beneficios tributarios? Solo lo sabremos hasta la presentación de la declaración de renta. De otro lado, según información de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), a octubre pasado, se crearon alrededor de 265.000 empresas. Al quitar la demografía usual de empresas que nacen cada año, habría 170.000 empresas nuevas. De esta forma, esa ley ha sido fundamental para la creación de empresas y la generación de empleo.

A. L.: Analistas consideran que los costos salariales de las empresas son muy altos. La Ley 1429 contempla una serie de beneficios para las nuevas pequeñas empresas. ¿El Gobierno prevé extenderlos a las medianas y grandes empresas?

R. P. R.: No. El mayor núcleo de informalidad está en las empresas pequeñas. Ese es el centro y el objetivo principal de la Ley 1429. De otro lado, los beneficios por la contratación de la población que le mencioné se aplican para todas las empresas. Y la mayoría de los empleos creados para los menores de 28 años corresponden a empresas grandes.

A. L.: ¿Cuáles son los principales retos de su cartera en materia de política laboral?

R. P. R.: El principal reto es generar políticas que permitan mantener el desempleo en una cifra baja. Igualmente, diseñar mecanismos de formalización, para que haya empleo decente, y trabajar hacia un sistema de pensiones que sea solidario, equitativo, sostenible y universal.

A. L.: Mauricio Santamaría, exministro de la Protección Social y ahora director de Planeación Nacional, cuando fue director adjunto de Fedesarrollo, propuso aumentar la edad de pensión a 65 años, nivelar las edades de jubilación de hombres y mujeres y aumentar las semanas de cotización. ¿Cuál es su posición sobre esas propuestas, teniendo en cuenta que el Gobierno anunció una nueva reforma pensional?

R. P. R.: Nosotros hemos hablado es de principios. Una reforma pensional debe ser universal. En Colombia, hay un millón y medio de pensionados, frente a casi seis millones de personas en edad de recibir pensión. Igualmente, el sistema debe ser equitativo y sostenible financieramente. El Acto Legislativo 1 del 2005 es un marco bastante bueno en el tema pensional. Y nosotros estructuraremos mecanismos para alcanzar esos objetivos.

A. L.: ¿Y retomarían la propuesta de ampliar la edad a 65 años, incluida en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014?

R. P. R.: Ese tema no lo entramos a discutir.

A. L.: Fedesarrollo también ha propuesto eliminar el régimen de prima media, debido al alto costo en que incurre el Estado para subsidiar a los pensionados de ese régimen. ¿Qué ha pensado el gobierno en ese sentido?

R. P. R.: El régimen de prima media no se ha pensado eliminar.

A. L.: Colpensiones fue creada por el Plan Nacional de Desarrollo de la anterior administración (L. 1151/2007) ¿Después de casi cinco años, por qué no ha entrado en operación?

R. P. R.: En abril de este año entra en operación.

A. L.: ¿Y en ese entonces ordenarán la liquidación del ISS y las demás administradoras del régimen de prima media?

R. P. R.: A partir de la certeza de la operación y el funcionamiento de Colpensiones se tomarán decisiones sobre las otras entidades.

A. L.: El Gobierno anunció que acabará las nóminas paralelas de las entidades públicas. ¿Cómo se hará eso?

R. P. R.: Eso es parte de la política de empleo decente. Hemos coincidido con la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría General en que las funciones misionales de las entidades públicas deben ser asumidas por personal con contrato laboral y no de prestación de servicios. Desde hace 10 años o más, las plantas estatales han estado congeladas, lo cual no es coherente con la realidad del país. El Estado ha crecido notablemente, al igual que sus necesidades. Por lo tanto, las entidades deben adaptar sus plantas y estructuras a las necesidades actuales y examinar qué personas de las que cumplen funciones con contrato de prestación de servicios pueden ser incorporadas mediante contratos laborales. Los contratos de servicios no deben ser la generalidad, sino una excepción justificada.

A. L.: En Bogotá se habla preliminarmente de 30.000 funcionarios con contratos de prestación de servicios.

R. P. R.: Las cifras son muy grandes en Bogotá. Tal vez es en donde más contratistas hay en relación con el personal de planta. Hay entidades que tienen 10 contratistas por una persona de planta.

A. L.: ¿Cuánto le costará al Estado la incorporación de esos funcionarios?

R. P. R.: Eso lo tiene que evaluar cada entidad. Sin embargo, no se trata de nuevas contrataciones, sino de personal actual, al que se le está pagando.

A. L.: ¿Y ese personal ingresaría a carrera administrativa?

R. P. R.: Entrarían a ser empleados.

A. L.: ¿Pero deberán presentar un concurso de méritos?

R. P. R.: Sí. En las condiciones normales de ingreso al empleo público.

A. L.: El aumento del salario mínimo fue del 5,8%. ¿Cuál será el reajuste para los empleados públicos?

R. P. R.: Aún no se ha decidido.

A. L.: Uno de los mandatos incumplidos de la Constitución del 91 es la expedición del Estatuto del Trabajo. ¿En este Gobierno finalmente se expedirá esa norma?

R. P. R.: El Estatuto del Trabajo que contempla la Constitución es la definición de una serie de principios. Mucha gente cree que es una reforma del Código Sustantivo del Trabajo, pero no lo es. Tampoco es una modificación de las relaciones contractuales. Estamos examinado el tema, para definir el ámbito de ese estatuto. Mientras tanto, preferimos no generar expectativas.

A. L.: El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó en noviembre pasado un anteproyecto de Estatuto del Trabajo. ¿Qué avances hay en esa materia?

R. P. R.: Lo publicó, con el fin de recibir comentarios. Estos se evaluarán, para avanzar en el tema.

A. L.: ¿El proyecto lo presentarían este año al Congreso?

R. P. R.: No hay consenso sobre eso.

A. L.: La Ley 1496 del 2011, sobre igualdad salarial para mujeres y hombres, les ordena a las empresas llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, según el tipo contractual. Su incumplimiento acarreará multas de hasta 150 salarios mínimos. ¿Cuándo comenzarán las inspecciones para verificar el cumplimiento de esa norma?

R. P. R.: Estamos organizando primero un sistema de información para empleados del sector privado, donde consideramos que hay discriminación entre géneros en el tipo de empleo. En el sector público es más clara la legislación y no se presenta tal fenómeno.

A. L.: El día de la concertación del salario mínimo para el 2012, el presidente Juan Manuel Santos leyó una declaración suscrita por los integrantes de la Comisión de Concertación Laboral. Esta se refiere, entre otras medidas, al incremento de los precios de los bienes y servicios con base en la inflación y a la verificación de las obligaciones de las empresas con sus trabajadores. ¿Cuándo y cómo se hará eso?

R. P. R.: Una parte de la declaración corresponde a compromisos entre empresarios y trabajadores y la otra, a los del Gobierno. Es claro que en Colombia no hay control de precios, salvo de algunos bienes y servicios, como los medicamentos, los combustibles y los servicios públicos domiciliarios. Para estos, hay un compromiso de monitoreo. Se ha estimado que la gasolina tendrá un comportamiento normal este año, salvo que haya un alza desproporcionada en el mercado internacional, mientras que el diésel sí subiría más de la inflación, debido a que actualmente tiene un precio subsidiado. En todo caso, lo que más incide en el costo de vida son los alimentos y la vivienda. Los regulados explican menos del 6% de la inflación.

A. L.: ¿En materia de concertación laboral, cómo se manejarán las relaciones en la actual administración?

R. P. R.: La Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales será el escenario permanente de discusión de ese tipo de temas.

A. L.: ¿Qué reformas piensa impulsar el Gobierno en materia de subsidio de desempleo?

R. P. R.: Más que un subsidio, tenemos la idea de presentar un proyecto de ley de seguro de desempleo, en el segundo semestre del presente año.

A. L.: ¿Qué resalta del reciente decreto-ley antitrámites, en materia de simplificación y eliminación de trámites laborales?

R. P. R.: Un tema importante es la eliminación de los certificados de supervivencia para el cobro de la pensión. La medida se aplicaría a partir de mediados del presente año, luego de que la Registraduría tenga un sistema actualizado sobre defunciones.

A. L.: Un artículo de ese decreto-ley autoriza a los empleadores para despedir a sus trabajadores en situación de discapacidad, sin autorización del Mintrabajo, cuando incurran en alguna de las justas causas de despido. ¿Por qué se promovió esa norma?

R. P. R.: Pienso que eso es normal, en el sentido de que si se incumplen unas obligaciones específicas, el empleador tiene la facultad legal de tomar esa decisión.

A. L.: ¿Cómo será el manejo de la política sindical en su administración?

R. P. R.: Con el respeto y el cumplimiento de las normas y los derechos sindicales. Eso es lo fundamental. Esta cartera velará por el cumplimiento de esos derechos.