“La ley sobre enfermedades catastróficas busca evitar la discriminación”

Revista Nº 130 Jul.-Ago. 2005

Dentro de la ley se contempla la obligación de la EPS de no interrumpir la atención a los pacientes con enfermedades de alto costo. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Entre los cambios dispuestos por la Ley 972 del 2005, sobre enfermedades catastróficas, se contempla la obligación de las empresas promotoras de salud (EPS) de no interrumpir la atención a los pacientes con enfermedades de alto costo, incluso en los casos de incapacidad prolongada, pues los incumplimientos se sancionarán con multas.

Además, se ordena al Ministerio de la Protección Social definir instrumentos para abaratar los costos relacionados con el tratamiento de esos males. El médico fisiatra y senador Eduardo Benítez, ponente de la ley, habló en detalle con ACTUALIDAD LABORAL sobre los aspectos más importantes de la norma.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué implicaciones tiene la declaración del sida como de interés y prioridad nacional?

Eduardo Benítez: Que tanto el Gobierno como el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) le tienen que dar la importancia necesaria a la atención del sida y de otras enfermedades catastróficas, y que ni el Gobierno ni las empresas promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo y del subsidiado pueden negarse a prestar los servicios que están incluidos en el plan obligatorio de salud (POS) referentes a estas enfermedades.

A. L.: ¿Qué otras determinaciones comprende la ley?

E. B.: Se deben intensificar los procedimientos que permitan la promoción y la prevención de estas enfermedades, pues es el mejor mecanismo para evitar morbilidad y mortalidad por ellas. Las instituciones tienen que facilitar el diagnóstico, a través de laboratorios, y el tratamiento de las enfermedades catastróficas, suministrando en forma adecuada y oportuna los medicamentos.

A. L.: ¿Cuánto le cuesta al SGSSS las enfermedades catastróficas?

E. B.: Los costos no están plenamente definidos, porque depende de la incidencia de estas enfermedades, pero el Consejo Nacional de Seguridad ha incluido, dentro del reconocimiento del POS, los costos de la prevención y la atención de estas. Las cifras de los costos varían entre el 10% y el 15% de la unidad de pago por capitación.

A. L.: ¿Qué motivó el trámite de esta ley?

E. B.: La causa fue evitar que los pacientes tengan que acudir a mecanismos como la tutela para que les atiendan su enfermedad. En los últimos años, se han interpuesto más de 100.000 tutelas originadas en el incumplimiento de la atención en general del POS, sin que mediara una causa justificada para esa desatención.

A. L.: ¿La legislación vigente no ha sido eficaz en esta materia?

E. B.: Esa legislación exige la atención de estas enfermedades, pero ha habido incumplimiento. También se ha presentado desinformación sobre los derechos de los pacientes. Con esta ley, se quiere recordar la obligación que tiene el Estado, a través del SGSSS, de atender aquellas enfermedades. En el país, hay mecanismos, tanto en el sistema de aseguramiento como en el sistema de los entes territoriales, que permiten la atención de estas enfermedades.

A. L.: ¿Cómo se enfrentará el incumplimiento de la ley?

E. B.: La ley determina unas sanciones específicas de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para quien incumpla por primera vez la obligación de atender a estos pacientes. Si hay reincidencia, la sanción se aumenta a 1.000 SMLMV. Son sanciones determinadas por el Gobierno y tienen como objetivo establecer un mecanismo de cumplimiento de la norma. Antes no había sanción pecuniaria.

A. L.: ¿Qué mecanismos coercitivos existían en la normativa anterior?

E. B.: Los instrumentos anteriores estaban relacionados con la suspensión temporal del funcionamiento del establecimiento, que es impráctico, en el sentido de que una EPS no puede dejar de operar por un tiempo, porque quedarían sin atención los pacientes. Si se llegase a una sanción de ese tipo, necesariamente tendría que ser definitiva.

A. L.: ¿En qué régimen es más aguda la falta de atención?

E. B.: Se presenta por igual en los dos regímenes, contributivo y subsidiado, pero la interposición de tutelas es más acentuada en el contributivo, en donde los pacientes consideran tener un derecho más exigible.

A. L.: ¿Qué tantos enfermos catastróficos tiene el país?

E. B.: La cantidad exacta no la sabe nadie, porque el sistema de información es desastroso. Pero es lo mismo 1 que 300.000. Hay que cumplir la ley.

A. L.: ¿Cuál es la enfermedad con mayor incidencia en la población colombiana?

E. B.: El cáncer. Pero en la ley se habla de todas las enfermedades catastróficas. En el artículo primero de la ley se determina que el Estado y el SGSSS garantizarán el suministro de medicamentos reactivos autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades catastróficas en general.

A. L.: ¿Se violan los derechos de pacientes con enfermedades catastróficas?

E. B.: La ley tiene como objetivos defender el derecho a la vida y darles la importancia a estos enfermos. Se pretende no suspender la atención por el hecho de ser, en muchas oportunidades, enfermedades terminales. Muchos pacientes tienen una ‘sobrevida’ larga, por lo tanto, no pueden ser descartados de la atención ni marginados socialmente. Igualmente, por tratarse de enfermedades que causan reacción negativa de la sociedad, debe respetársele la intimidad al paciente, su derecho al trabajo, su relación con la familia y, para todo ello, desde luego, se exige una mayor acción por parte del Estado.

A. L.: ¿Qué tan frecuente es la discriminación laboral por esos casos?

E. B.: La ley es una herramienta que le permite a los pacientes defenderse de esa discriminación, porque efectivamente estos pacientes la han padecido, ya que no han operado los mecanismos de defensa de este grupo de población.

A. L.: ¿El Ministerio de la Protección Social está cumpliendo su misión respecto a las enfermedades catastróficas?

E. B.: El ministerio y los entes de control, especialmente la Superintendencia de Salud, deben fortalecer sus sistemas de inspección, vigilancia y control, con el fin de que la ley sea efectiva.

A. L.: ¿Qué pasará con los trabajadores que viven una incapacidad prolongada?

E. B.: El SGSSS no puede suspender el tratamiento a pacientes diagnosticados con alguna de las enfermedades catastróficas. Si perdiese la afiliación a la EPS por causas relativas a incapacidad prolongada, la entidad debe seguirle prestando los servicios, y esta recobrará a una subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía. Antes, la EPS le suspendía la atención y lo trasladaba a los hospitales públicos. Ahora le tiene que seguir prestando los servicios. Es una novedad importante y, por eso, las EPS están inconformes.

A. L.: ¿Qué se espera de la estrategia del ministerio encaminada a disminuir los costos de estos medicamentos?

E. B.: Hoy existen medicamentos destinados a las enfermedades catastróficas cuyos costos podrían reducirse entre cuatro y seis veces. La ley le ordena al ministerio que busque los mecanismos para abaratar estos medicamentos, a través de convenios interna-cionales o de instrumentos nacionales.

A. L.: ¿Cómo se conformará el sistema centralizado de negociación de precios y de compras de medicamentos?

E. B.: Se trata de una medida de reglamentación del Gobierno. Es un mecanismo como el del Seguro Social, pero específico para las enfermedades catastróficas.

A. L.: ¿Los municipios y los departamentos tienen los recursos para adelantar planes contra las enfermedades catastróficas?

E. B.: Les estamos dando responsabilidades para que vigilen, controlen y sancionen el incumplimiento de la operatividad del SGSSS. Eso se incluye en la otra ley que estamos tramitando, relativa a la reforma de la Ley 100. Lo que le falta al SGSSS es más vigilancia y control. En la ley de enfermedades catastróficas damos pautas y ordenamos criterios que el Gobierno debe desarrollar a través de decretos reglamentarios.

A. L.: ¿Por qué la demora en la reforma a la Ley 100?

E. B.: Porque tiene muchos opositores. El Congreso y el Gobierno deben acelerar las modificaciones que requiere el SGSSS con respecto a las falencias del mismo, no solamente para aumentar el número de asegurados, sino para hacer cumplir las normas. Por eso, considero importante hacer un llamado para apresurar el proceso de aprobación de la reforma de la Ley 100. Las modificaciones son de interés nacional en salud. Si el Congreso no aprovecha los pasos que se han dado para realizarlas, se perderá una gran oportunidad.

A. L.: ¿Cuáles son esas modificaciones sustanciales?

E. B.: Se debe aumentar el número de afiliados al sistema de aseguramiento, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado; se requiere corregir el desequilibrio entre las EPS y las instituciones prestadoras de salud; se necesita fortalecer urgentemente el sistema de inspección, vigilancia y control y descentralizarlo; se debe mejorar el sistema de información; es necesario fortalecer los programas de salud pública colectiva; es indispensable permitir la reorganización y el fortalecimiento en el modelo financiero de la red pública de hospitales y se debe establecer una norma que reglamente lo relacionado con los recursos humanos en salud.