Panorama tributario

La liquidación provisional

Revista Nº 200 Mar.-Abr. 2017

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

La reforma contenida en la Ley 1819 del 2016 modificó el procedimiento tributario, entre otros, al introducir una figura nueva con el propósito de determinar y liquidar obligaciones fiscales de manera provisional solo para algunos contribuyentes, agentes de retención y/o declarantes, aparte de las liquidaciones oficiales de corrección aritmética, de revisión y de aforo con las que la DIAN tradicionalmente ha ejercido sus facultades de fiscalización.

Se trata de la liquidación provisional prevista en el artículo 764 del estatuto tributario, que sustituye la restringida facultad anterior con que contaba la DIAN de determinar provisionalmente el impuesto ante la omisión en la presentación de la declaración tributaria.

Ahora la administración tributaria —amparada en los datos obtenidos de los cruces de información (E.T., art. 631) y en las presunciones y medios de prueba contemplados en el estatuto tributario— podrá proferir una liquidación provisional para determinar y liquidar obligaciones que no hayan sido declaradas o se hubiere hecho de manera inexacta, con relación a: i) impuestos —incluido el monotributo— gravámenes, contribuciones, sobretasas, anticipos y retenciones, junto con las sanciones que de ello se deriven; ii) sanciones omitidas o indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias; y iii) sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales. La liquidación provisional procede siempre y cuando, en el año gravable inmediatamente anterior al cual se refiere la liquidación, los ingresos brutos del contribuyente no superen las quince mil (15.000) UVT ni su patrimonio bruto sea superior a treinta mil (30.000) UVT.

La liquidación provisional debe tener el mismo contenido que una liquidación oficial de revisión, y solo puede ser proferida dentro del término de firmeza de la declaración tributaria, en caso de su modificación, o dentro del término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar, si se trata de omisos, o dentro del término para imponer sanciones, si corresponde al incumplimiento de obligaciones distintas al deber formal de declarar.

Una vez notificada la liquidación provisional conforme a las reglas generales —e incluso solo de manera electrónica a partir del año 2020—, el afectado cuenta con un (1) mes para realizar una de estas opciones: i) aceptarla en forma total y proceder a presentar la declaración, corregirla, o subsanar el hecho sancionable y pagar la sanción, según sea el caso. De igual manera, se considerará aceptada si no se pronuncia dentro del término, lo que la convierte en título ejecutivo; ii) solicitar su modificación, manifestando los motivos de inconformidad, petición que deberá ser resuelta por la DIAN, bien sea profiriendo una nueva liquidación provisional o rechazando la solicitud de modificación. La nueva liquidación solo podrá ser aceptada o rechazada; o iii) rechazarla expresamente, y en consecuencia, la misma remplaza para todos los efectos legales al requerimiento especial, al pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, según se trate.

Las declaraciones tributarias presentadas o corregidas al amparo de la aceptación de la liquidación provisional, quedan en firme a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de su presentación y/o corrección, mientras que, si la liquidación provisional es rechazada expresamente o la solicitud de modificación es rechazada por la DIAN, se inicia un proceso de determinación oficial que se aparta de los lineamientos generales, según las previsiones del nuevo artículo 764-6 del estatuto tributario, que reduce los términos para la expedición de los actos administrativos definitivos y, de paso, deja muchas dudas con miras a su correcta aplicación.

En efecto, más que un reemplazo de los actos preparatorios, pareciera que la liquidación provisional lo que servirá es de fundamento de los mismos, ante la exigencia del artículo 764-2 del estatuto tributario, en el sentido de que para que el reemplazo proceda la citada liquidación debe ser ratificada como tal, que la notificación de los actos se haga en debida forma y que se otorguen los términos para su contestación, señalados para todos los casos en un (1) mes.

Lo que sí se traduce en un grave error de técnica jurídica —que dará al traste con la viabilidad de este mecanismo—, es el hecho de que el legislador no previó la improcedencia expresa de la impugnación del acto que expida la DIAN rechazando la solicitud de modificación, lo que implica la posibilidad para el administrado de recurrirlo en reconsideración a la luz de las disposiciones generales contenidas en los artículos 720 y siguientes del estatuto tributario, actuación que impide iniciar el proceso de determinación oficial que se derive de la liquidación provisional, atendiendo a la prohibición de ser proferida de manera concomitante con el requerimiento especial, el pliego de cargos o el emplazamiento previo por no declarar (E.T., art 764-1, par. 1).

Nos quedamos a la espera de una reforma tributaria estructural —sobre todo en materia procedimental que recogiera la imperiosa necesidad de simplificar los trámites— y, a cambio, recibimos un elemento que adiciona y distorsiona la ya de por sí compleja estructura de determinación de la obligación tributaria y, por contera, mal redactado.