La necesaria consideración del autoblanqueo como acto copenado o autoencubrimiento impune(*)

Revista Nº 35 Abr.-Jun. 2011

Jaime Campaner Muñoz 

Abogado Penalista 

(España) 

Sumario

El autor aborda la expresa tipificación por parte del legislador penal del 2010 de una cuestión doctrinal y jurisprudencialmente no esclarecida de modo unánime hasta la fecha, cual es el castigo por delito de blanqueo de capitales al sujeto activo de la infracción penal precedente y que dio origen a los bienes que posteriormente blanquea, lamentándose por la opción finalmente acogida, ofreciendo argumentos técnicos que determinan la inaplicación de este nuevo delito.

Temas relacionados

Derecho penal especial; blanqueo de capitales; autoblanqueo; proporcionalidad; non bis in ídem.

1. Introducción

De modo tan simple como acertado, Juanes Peces ha definido recientemente el blanqueo de capitales como determinadas conductas que tienden a la incorporación al tráfico económico legal de los bienes, dinero y beneficios en general procedentes de actividades delictivas, creando así una apariencia de normalidad.

El 23 de diciembre del 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal Español operada mediante la Ley Orgánica 5.ª de junio 22 del 2010, la cual, en lo que aquí interesa, otorga carta de naturaleza al denominado autoblanqueo de capitales mediante la ampliación de la redacción del artículo 301.1 del Código Penal. Esto es, ahora el Código Penal pune expresamente que quien haya participado en cualquier actividad delictiva subyacente y con la que se hayan obtenido bienes, proceda a adquirirlos, poseerlos, utilizarlos(1), convertirlos o transmitirlos, o a realizar cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para “ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”.

A pesar del gran calado de la reforma en materia de blanqueo de capitales (y no solo en el aspecto que se trata en el presente trabajo), resulta ciertamente alarmante que el legislador ni siquiera se haya dignado a dedicar unas líneas en el preámbulo de la nueva ley a fin de explicar —siquiera sucintamente— a qué se debe la indicada reforma, algo que —como se verá más adelante (sección 3)— trató de hacer, aunque con escaso acierto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los pocos días de la publicación de la tan traída ley en el BOE.

2. El estado de la cuestión hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 5.ª del 2010, de 22 de junio

A diferencia de lo que ocurría con los delitos de receptación del artículo 298 y de encubrimiento lucrativo del artículo 451.1 del Código Penal(2), donde el legislador optó por excluir expresamente la posibilidad de que el partícipe del delito precedente pudiera ser considerado receptador o encubridor, en la redacción del artículo 301 del texto punitivo español, se ha venido guardando silencio al respecto. Y tal silencio ha posibilitado que parte de la doctrina y de la jurisprudencia(3) admita la posibilidad de castigar por el delito de blanqueo de capitales a los partícipes en el delito precedente que originó los bienes posteriormente “lavados”; razonando, en síntesis, que cuando el legislador así lo ha querido, ha excluido expresamente del abanico de posibles autores de un delito a quienes tuvieron alguna participación en la infracción penal previa y que la conducta tipificada en el artículo 301 del Código Penal, amén de autónoma y desconectada jurídicamente del delito precedente, atenta contra un bien jurídico distinto, haciéndose tributaria de reproche penal, independientemente de que se pueda producir una coincidencia de sujetos activos.

Sin embargo, la STS número 1071 de septiembre 30 del 2005, (Pon.: Sr. Andrés Ibáñez), objetó con tino a ese primer supuesto escollo que el artículo 301.1 del Código Penal prevé como autor de las acciones típicas “a un sujeto denotado específicamente como conocedor de la procedencia ilícita de los bienes objeto de esas acciones. Y ‘conocer’ es averiguar o llegar a saber algo externo o ajeno, de lo que el sujeto cognoscente adquiere noticia mediante el ejercicio de sus facultades intelectivas. Es decir, cosa bien distinta de tener constancia cierta de determinados actos y sus efectos, por razón de la directa intervención en los mismos con algún grado de protagonismo. Tanto es así, que, en la práctica social, del que sabe por este preciso motivo nunca se diría que es ‘sabedor’, es decir, conocedor desde afuera, sino, más precisamente, implicado o partícipe”.

La STS número 986 de junio 19 del 2006, (Pon.: Sr. García Pérez), desechó la posibilidad de castigar al autor de un delito de tráfico de drogas como autor de uno posterior de blanqueo de las ganancias procedentes del primero con base en la proscripción del non bis in ídem, dada la identidad de sujeto.

Mas, apenas un mes después del dictado de la expresada sentencia, el pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reunión del 18 de julio, adoptó el siguiente acuerdo: “El artículo 301 del Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente. Para el conocimiento de estos supuesto, la Sala Segunda se constituirá siempre con un mínimo de cinco magistrados”. Evidentemente, si bien este acuerdo no suponía, al menos a las claras, una toma de postura por la tesis de la punibilidad del autoblanqueo, sí que la posibilitaba, de suerte que si se negara la viabilidad de tal concurso de delitos —que no de normas—, triunfaría la tesis de la impunidad.

No obstante, la Sala Segunda continuó manteniendo la tesis de la impunidad del autoblanqueo en diversas resoluciones. Así, en las SsTS número 115 de enero 22 del 2007 (Pon.: Sr. García Pérez)(4); número 959 de noviembre 23 del 2007, (Pon.: Excmo. Sr. Delgado García) y número 637 de junio 28 del 2010 (Pon.: Sr. Martín Pallín).

3. El porqué de la expresa tipificación del autoblanqueo: el silencio del legislador y la errónea respuesta ofrecida por el Tribunal Supremo

Como se ha avanzado supra (sección 1), el legislador penal no se ha dignado a dedicar unas líneas para explicar —siquiera sucintamente— el motivo de la toma de postura por la tesis de la punición del autoblanqueo ante la falta de consenso en el seno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la doctrina penal. Toda una incógnita.

Ante el espeso silencio guardado por el legislador, tan solo unos días después de la publicación de la Ley Orgánica 5.ª de junio 22 del 2010 BOE, el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 637 de junio 28 del 2010 (ya citada), vino a suplir, obiter dicta, las carencias de aquel, aunque, como se expondrá a continuación, con escaso acierto.

En efecto, en la expresada sentencia, tras sostenerse la imposibilidad de castigar a quien haya participado en el delito precedente por un subsiguiente delito de blanqueo de capitales, se explica que la impunidad del autoblanqueo se verá modificada por la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal, que, según la expresada resolución judicial, traería causa de la transposición de la Tercera Directiva sobre blanqueo de capitales, articulada ya al tiempo de dictarse la sentencia mediante la Ley 10.ª de abril 28 del 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y ello por cuanto, en primer lugar, ni la Tercera Directiva (2005/60 CE) ni las dos anteriores (1991/308/CEE y 2001/97/CEE) exigían la tipificación del autoblanqueo. No en vano, la disposición final sexta de la Ley Orgánica 5.ª de junio 22 del 2010, intitulada “Incorporación de Derecho de la Unión Europea”, no contempla ninguna normativa de la Unión Europea relativa al blanqueo de capitales.

Tampoco exigían tal punición los textos internacionales como el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, en cuanto que establece en su artículo 6.2 b) que “puede establecerse que los delitos previstos no sean de aplicación para las personas que cometieron el delito principal”, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 1990, que establece en su artículo 6.2 e) que “si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante”.

4. Razones a favor de la impunidad del autoblanqueo

Son varias las razones que, a mi juicio, ponen de relieve la nefasta elección del legislador al haber optado por la tesis de la punición del autoblanqueo:

a) Desafía y colisiona abiertamente con la proscripción del non bis in ídem, en tanto que integrante del artículo 25.1 de la Constitución española y, en consecuencia, del principio de legalidad penal.

b) No salvaguarda el principio de proporcionalidad, cuyo reconocimiento y alcance constitucional, a pesar de no aparecer recogido expresamente en la Constitución, no ofrecen dudas, tal y como se ha encargado de recordar la Sala Segunda del Tribunal Supremo en numerosas resoluciones (SsTS número 958 de junio 1º del 2000, y número 283 de febrero 24 del 2003, entre otras).

Conviene aquí traer a colación dos extremos de suma relevancia en orden a la cabal comprensión de por qué se sostiene en este artículo la violación del principio de proporcionalidad con la punición del autoblanqueo.

En primer lugar, debe tenerse muy presente que, mediante la tan traída reforma del Código Penal español, el legislador ha añadido al ya extenso abanico de conductas típicas previstas por la redacción del artículo 301.1 del texto punitivo los verbos “poseer” y “utilizar”, de tal manera que, sin perjuicio de lo que se expondrá en otro lugar, se aduce el paradigma de la desproporcionalidad, amén de absurdo, castigar a quien, tras haber cometido un delito, ostente sus efectos y/o les dé uso (piénsese en el narcotraficante que, tras haber efectuado recientemente una transacción de sustancia estupefaciente, porte consigo parte del pago recibido por la misma y/o que utilice un vehículo de alta gama adquirido con las ganancias de dicha actividad delictiva). Se han ampliado las previsiones típicas hasta límites insospechados, y no solo en lo que concierne al autoblanqueo (siguiendo con el ejemplo, si el cónyuge del narcotraficante, aun siendo ajeno a la actividad de este es conocedor de su actividad y utiliza el vehículo, debería ser castigado como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales).

A pesar de que los dos referidos verbos no eran desconocidos en la legislación penal española, pues, en puridad, han sido rescatados del artículo 344 bis i) del Código Penal de 1973 tras la Ley Orgánica 8.ª de 1992, no debe perderse de vista que en aquel entonces el blanqueo tan solo podía tener lugar si el delito precedente era el de tráfico de drogas y que, tras las críticas de la doctrina, el legislador de 1995 decidió suprimirlos. Como una segunda consideración, el delito de blanqueo de bienes ha pasado de tener como presupuesto necesario o delito antecedente solo el de tráfico de drogas, ampliando a delitos graves y extendiéndose, finalmente, a cualquier delito por obra de la Ley Orgánica 15 del 2003, de 25 de noviembre(5). Luego, se colige fácilmente la desproporcionalidad que implica castigar con un máximo de dieciocho meses de prisión al autor de un hurto que, a continuación, procede a “lavar” lo hurtado con hasta un máximo de seis años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes por el delito de blanqueo de capitales. Un alarde más de la nefasta técnica legislativa seguida en este país en materia penal.

c) En íntima conexión con las dos objeciones expuestas hasta este lugar (la violación del non bis in ídem y la desproporcionalidad), el legislador provoca que quien haya participado en un delito que haya reportado beneficios se vea abocado a cometer no uno sino dos delitos con la realización física del mismo segmento de la acción, normalmente(6), con el segmento que se corresponde con la consumación del delito subyacente o precedente (la toma de posesión de lo hurtado, el desplazamiento de lo estafado, la adquisición de las ganancias procedentes de la explotación sexual ajena, etc.), lo cual vuelve a determinar nuestro absoluto rechazo a la reforma en este punto.

d) Supondría negarle al autor del delito precedente su derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (C.E., art. 24.2), de modo que, a mi juicio, quien no se autodenunciara —pues no otra conducta parece exigir la tipificación del autoblanqueo— se vería amparado por una causa de justificación ex artículo 20.7 del Código Penal (obrar en el ejercicio legítimo de un derecho), de modo que el hecho resultaría típico pero no antijurídico.

e) Ya en el plano del juicio de culpabilidad del sujeto, sería incluso posible sostener la inexigibilidad de otra conducta, en cuanto que a quien ha participado en un delito y ha obtenido ganancias con el mismo no le sería, desde luego, exigible proceder a deshacerse raudo y veloz de lo obtenido ni le estarían vedadas las conductas típicas que prevé el artículo 301.1 del Código Penal, como convertir el bien a fin de ocultar su origen ilícito.

5. Las conductas de autoblanqueo como actos copenados o actos posteriores impunes

Visto el panorama ante el que consciente o inconscientemente, nos ha situado el legislador, y entretanto alguien se decida a plantear la inconstitucionalidad de la tipificación del autoblanqueo de bienes, no puedo por menos que sostener una propuesta de interpretación de este tipo penal respetuosa con los principios consagrados en la Carta Magna y, desde luego, ajustada a la teoría del delito elaborada desde antiguo por la doctrina penal.

Para tal empresa, conviene comenzar diferenciando dos grupos de supuestos, como ya se esbozó en la STS número 959 de noviembre 23 del 2007, resolución que será útil como punto de partida: “Cuando en la misma persona concurren los dos comportamientos, el de adquisición de esos bienes (o participación en el delito del que esos bienes proceden), y asimismo el de blanqueo de capitales, puede ocurrir que exista un concurso de normas, consecuencia de la absorción del segundo por el primero (C.P., art. 8.3) o un concurso real de delitos.

El criterio para resolver en qué caso nos encontramos ha de ser el habitual en esta clase de cuestiones: si una de las normas a aplicar no abarca la total antijuridicidad del hecho nos hallaremos en presencia de un concurso real, al ser necesario aplicar las dos normas penales en juego para cubrir esa total significación antijurídica de lo acaecido. En caso contrario habrá concurso de normas”.

Pues bien, proyectando los rasgos fundamentales de las consideraciones contenidas en la expresada resolución judicial, efectuadas bajo la vigencia de la antigua redacción del artículo 301.1 del Código Penal, a la nueva redacción del autoblanqueo de capitales, se entiende que, en función del significado de cada verbo nuclear de los que integran el tipo penal, se podrá determinar la existencia de un concurso de normas o de delitos:

5.1. Concurso de normas

Parece claro que las conductas típicas consistentes en adquirir, poseer y utilizar los bienes procedentes del delito previo pertenecerían a la fase de agotamiento del mismo, tratándose, por tanto, de actos copenados, esto es, actos cuya sanción ya se halla comprendida en la pena del delito que describe la conducta más amplia. Piénsese, por ejemplo, en el caso del sujeto que sustrae una obra de arte y la coloca en el salón de su domicilio. Aparentemente, su conducta encajará en dos tipos penales (el de hurto y el de blanqueo de bienes). No obstante, en la medida en que la segunda conducta resulta inherente a la comisión de la primera, debe considerarse integrada en la progresión delictiva inicial y quedar absorbida por esta en virtud del principio de consunción (C.P., art. 8.º, regla 3.ª). En definitiva, no es necesario aplicar ambas normas para abarcar la total antijuridicidad del suceso.

Incluso la transmisión de dichos bienes debe considerarse inherente y consustancial a la comisión del delito precedente y, por tanto, un acto copenado. Piénsese, por ejemplo, en el narcotraficante que con el dinero que le proporciona su actividad delictiva procede a adquirir un bien inmueble. Se trata de una consecuencia lógica y previsible. En efecto, salvo en contadas excepciones, no se delinque —sit venia verbo— para hacer deporte y menos aún cuando se trata de infracciones penales que reportan un beneficio económicamente evaluable. Luego, cuando el partícipe en un delito obtiene alguna ganancia, el delito habrá sido el medio para conseguirla. Y, claro está, lo lógico será que el mismo destine esa ganancia de modo idéntico a cualquier ciudadano que obtiene un beneficio (de origen lícito, en este último caso): que se la transmita a sus descendientes (a modo de donación, ora ínter vivos, ora post mórtem), que adquiera un bien inmueble para sí o para tercera persona (negocio jurídico que, evidentemente, implica una transmisión), etc.

Lo que parece evidente es que a quien fruto de su actividad delictiva, obtiene bienes, no le es exigible para no incurrir en la comisión de un nuevo delito conservarlos y no disponer de los mismos. Siguiendo con el ejemplo anterior, que el narcotraficante guarde el dinero debajo de una baldosa o, retomando el ejemplo de la obra de arte, que el autor del hurto la mantenga en su domicilio. Nótese, en cualquier caso, que con la ampliación de los verbos nucleares integrantes del tipo de blanqueo de capitales, el legislador de 2010 parece haber pretendido reputar delictivas también estas conductas o, más limitadamente, no ha sido consciente de que hipertrofiaba el tipo penal hasta límites insospechados.

5.2. Concurso de delitos

En cambio, el resto de conductas descritas en el precepto objeto de comentario, consistentes en convertir los bienes obtenidos con la comisión del delito previo, o realizar “cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos” entrañan, a mi juicio, un plus de energía criminal, en cuanto que, en puridad, no se constriñen a la ejecución misma del delito precedente ni constituyen actos típicos de quien obtiene un beneficio, sea delictivo o no. Luego, no existiría un concurso (aparente) de normas, sino un verdadero concurso (real) de delitos.

No obstante, sostenemos que en los casos de autoblanqueo, las expresadas conductas constituirían actos posteriores impunes. En efecto, desde hace años y de forma restringida, la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene aceptando la tesis del autoencubrimiento impune a fin de no castigar determinadas conductas típicamente delictivas, en cuanto que se cometen por el sujeto activo en aras de procurar no ser descubierto por un delito cometido con anterioridad.

Constituye un magnífico exponente de esta doctrina jurisprudencial la STS de enero 11 de 1999 (Pon.: Sr. García Ancos), dictada en el denominado “caso UCIFA”. En este supuesto, el Tribunal Supremo, casando y anulando la sentencia de instancia, consideró impune que los agentes de la Guardia Civil enjuiciados incluyeran en sus atestados una menor cantidad de droga de la realmente aprehendida, cantidad menor que era el resultado de restar, a la suma total, la detraída para pago de confidentes y colaboradores, pago y detracción que fue precisamente la base esencial de la comisión delictiva y de la subsiguiente condena por delito continuado contra la salud pública. Puede verse así mismo, por su claridad, y a pesar de que se refiera al ya derogado delito de inhumaciones ilegales del artículo 339 del Código Penal de 1973, la STS de septiembre 18 de 1992 (Pon.: Sr. De Vega Ruíz). En este caso, entiende el alto tribunal que no puede ser apreciada la expresada infracción penal al haber pretendido su autor con el traslado, descuartizamiento e incineración del cadáver ni más ni menos que esconder y disimular la acción homicida, y no atentar contra las normas reglamentarias que salvaguardan la salud pública.

Pudiera oponerse —y se ha venido oponiendo— que para la aplicación de esta doctrina jurisprudencial se precisa de cierta inmediatez entre la comisión de los actos típicos de uno y otro delito. Inmediatez que no necesariamente se dará en los delitos de autoblanqueo de capitales. Sin embargo, la más moderna jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido la tesis del autoencubrimiento impune incluso en supuestos en donde se aprecia una notable desconexión temporal entre el delito inicial y la posterior conducta pretendidamente delictiva. Así, en la STS número 1009 de octubre 14 del 2009 (Pon.: Sr. Marchena Gómez), se absuelve al acusado de un delito de estafa procesal y falsedad en documento privado por la posterior conducta, tipificada en el artículo 396 del Código Penal, consistente en presentar en juicio varios documentos falsos por considerarse la expresada conducta como “un acto propio dirigido expresamente a buscar la impunidad de otro de carácter precedente”, buscándose, en definitiva, “ocultar el acto ya ejecutado”(7).

En otro orden de consideraciones, pero, como se verá a continuación, en íntima conexión con lo expuesto hasta este lugar, debo referirme necesariamente a la reciente STS número 1080 de octubre 20 del 2010 (Pon.: Sr. Varela Castro). En dicha sentencia, se restringe enormemente el ámbito de aplicación del delito de blanqueo de bienes al exigir, para que la conducta objetivamente típica lo sea también en el ámbito subjetivo, que la misma se ordene por el autor a una concreta finalidad: ora de ocultación de la ilicitud del bien, ora de ayuda a la elusión de las consecuencias legales de la actividad delictiva precedente (si bien esta última finalidad, a la vista de la literalidad del precepto, parece no tener sentido en los supuestos de autoblanqueo)(8). Este pronunciamiento deviene de suma importancia para evitar que toda adquisición, posesión, utilización, transmisión, etc., de bienes procedentes de una actividad delictiva sea castigada como blanqueo de capitales. Y, más concretamente, en lo que concierne al tema que nos ocupa, el autoblanqueo, al exigirse como finalidad de tal conducta la de ocultación del origen de los activos legitimados o la de ayuda a la elusión de las consecuencias legales de la actividad delictiva, abocará necesariamente a la consideración de dichas conductas como actos posteriores impunes. Es la última vuelta de tuerca para evitar la aplicación de un precepto viciado de inconstitucionalidad.

Pudiera objetarse que, asumiendo estos planteamientos, quedará en hojarasca seca la prevención (general y especial) de la legitimación de capitales, mas lo cierto es que el Código Penal español arbitra mecanismos más que suficientes para combatir el autoblanqueo sin necesidad de castigarlo desde el momento en que regula consecuencias accesorias en los artículos 127 (comiso) y 129 (medidas sobre personas jurídicas), la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo artículo 31 bis, el comiso específico del artículo 374, así como importantes multas cuyo impago lleva aparejada responsabilidad personal subsidiaria (excepto cuando la condena privativa de libertad supere los cinco años). Luego, también desde este prisma, el Estado puede prescindir perfectamente de amenazar —y luego castigar— doblemente a quien, tras participar en un delito, blanquea los beneficios obtenidos con el mismo.

A pesar de que en términos generales, se haya sostenido el carácter pluriofensivo del delito legitimación de capitales(9) como causa impeditiva de la tesis de la impunidad del autoblanqueo, como acertadamente ha señalado Choclán Montalvo, el blanqueo de capitales es fundamentalmente un delito contra la administración de justicia, en cuanto constituye esencialmente una conducta obstativa al comiso o a la confiscación, sin perjuicio de su vertiente socioeconómica en cuanto es apto para incidir perniciosamente en la economía legal. Se trata, a juicio de este autor, de la sanción de hechos impeditivos del comiso y la confiscación, consistentes fundamentalmente en maniobras de ocultación del origen ilícito de los bienes, conductas que —como se ha expuesto a lo largo de este trabajo— no pueden ser castigadas penalmente cuando el autor ha participado en el delito precedente.

Bibliografía

Aránguez Sánchez, C. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, 2000.

Choclán Montalvo, J.A. ¿Puede ser el delito fiscal precedente del delito de blanqueo de capitales? En: Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, n.º 37, 3.ª época, septiembre, 2007, pp. 157 y ss.

De Alfonso Laso, D. La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302). En: Quintero Olivares, G. (Dir.) La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios. Aranzadi Derecho Penal, n.º 635, 2010, pp. 253 y ss.

Juanes Peces, A. Ámbito competencial de la Audiencia Nacional: Presente y futuro. En: Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 5, 2010.

Manjón-Cabeza Olmeda, A. “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”. En: Álvarez García, F.J. y González Cussac, J.L. (Dirs.) Comentarios a la Reforma Penal de 2.010. Tirant lo Blanch, 2010, pp. 339 y ss.

Moreno Verdejo, J. Aspectos concursales del delito de blanqueo. En: Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, n.º 37, 3.ª época, septiembre, 2007, pp. 137 y ss.

Palma Herrera, J. M. Los delitos de blanqueo de capitales. Madrid: Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, n.º 83, 1999.

(*) El presente trabajo ha sido publicado por Sepín, Editorial Jurídica en su base de datos www.sepin.es, con referencia SP/DOCT/9994, y en el Boletín Electrónico Penal de febrero de 2011, bajo el título “El autoblanqueo de capitales tras la reforma penal de 2010 y sus relaciones concursales”.

(1) Como se verá más adelante, los verbos “poseer” y “utilizar” han sido introducidos por la Ley Orgánica 5.ª de junio 22 del 2010.

(2) Infracciones que guardan evidentes semejanzas con la consistente en blanquear capitales.

(3) Vid., ad exemplum, las SSTS número 1293 de junio 28 del 2001 (Pon.: Sr. Sánchez Melgar); 1704 de septiembre 29 del 2001 (Pon.: Sr. Jiménez Villarejo); 1597 de diciembre 21 del 2005 (Pon.: Sr. Martín Pallín) y 115 de enero 22 del 2007, (Pon.: Sr. García Pérez).

(4) Aunque el supuesto es peculiar en cuanto confirma la condena al constar que el acusado estuvo imputado en varias causas seguidas por supuestos delitos contra la salud pública sin llegar a ser acusado y, menos aún, condenado por tales hechos.

(5) No se acaba de comprender que, ahora, la Ley Orgánica de junio 22 del 2010, hable de “actividad delictiva” si no es para refrendar la consolidada tesis jurisprudencial que sostiene que no es precisa la condena por un delito precedente para castigar por blanqueo de bienes.

(6) Salvo en los delitos contra la salud pública, en los que, aun reportando beneficios económicos, no es preciso que estos hayan sido recibidos por el autor para la consumación del delito, en cuanto que se trata de un tipo de mero peligro.

(7) No obstante, a pesar de que el resultado sea el mismo (la impunidad), el Tribunal Supremo confunde conceptos que he tratado de distinguir en el presente trabajo, al referirse de modo indistinto a los actos copenados, cuya calificación ha de resolverse acudiendo a las reglas previstas en el artículo 8.º del Código Penal (concurso aparente de leyes) y al autoencubrimiento impune, cuyo tratamiento deber ser totalmente diferenciado (no en vano, se enmarca en el seno del concurso real de delitos). Parece fuera de toda discusión la desconexión temporal existente entre una tentativa de estafa procesal que se remonta al año 2004 con más de una falsedad documental consumada declarada prescrita (delitos precedentes) y la aportación en 2005, en el proceso seguido por aquellos supuestos delitos, de varios documentos falsos (conducta reputada autoencubrimiento impune).

(8) Como tampoco lo tiene, por otra parte, que el artículo 301.1 del Código Penal exija, en el plano subjetivo, que el sujeto activo sepa que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva. ¿Cómo no lo va a saber si habrá participado en el delito previo?

(9) Se dice que afecta a dos bienes jurídicos distintos: el tráfico lícito de bienes y la administración de justicia.