La nueva pensión familiar(*)

Revista Nº 175 Ene.-Feb. 2013

Ana María Muñoz Segura 

Profesora asistente Universidad de los Andes 

1. Introducción

Con la expedición de la Ley 1580 de 2012(1), se introduce la figura de la pensión familiar como una nueva institución dentro de las prestaciones económicas reconocidas por el sistema general de pensiones colombiano.

Hasta el momento, el alcance “familiar” de una pensión estaba relacionado fundamentalmente con el cubrimiento de la muerte del afiliado o pensionado a través de la prestación por sobrevivencia. Es decir, el grupo familiar se convierte en el receptor de la pensión, previo cumplimiento de una serie de requisitos(2).

Cabe aclarar que tratándose del reconocimiento de la pensión de vejez, el grupo familiar incide en los cálculos actuariales que la definen, pero se trata de un “elemento invisible” frente al beneficiario de la pensión.

En este panorama, la pensión familiar se introduce dentro de la pensión de vejez con un componente de unidad y apoyo mutuo dentro del grupo familiar.

2. Antecedentes

La pensión familiar se origina en el Proyecto de Ley 85 de 2010 Senado que señala como objeto de esta la posibilidad de que “los cónyuges o compañeros permanentes puedan adquirir una pensión y la puedan disfrutar sin afectar el equilibrio financiero del sistema”(3). A juicio de los ponentes(4), en Colombia muchos de los trabajadores cumplen con la edad para lograr la pensión de vejez pero no pueden acceder a esta pues no cuentan con las semanas de cotización suficientes para estos efectos. Con la iniciativa se lograría que los cónyuges o compañeros permanentes sumaran las semanas de cotización individuales a fin de generar una única pensión repartida entre los miembros de la pareja.

Para los ponentes, la nueva figura lograría “ampliar el marco de la protección social de los hogares colombiano y de contera podría contribuir a fortalecer la unión conyugal y familiar”(5).

La fórmula parte del hecho de que en Colombia hay problemas de flexibilidad en los contratos y desempleo que hacen que los trabajadores no puedan obtener la totalidad de las semanas de cotización. Para sustentar su posición señalan que de acuerdo con la Superintendencia Financiera, “en el sistema de pensiones se encuentran registradas como afiliadas 13.892.175 personas, pero solo se encuentran activas, es decir, con cotizaciones al día, 6.251.479, equivalente al 45% de los cotizantes”(6). De esta manera, la pensión familiar estaría “dirigida al 55% de los afiliados actuales, que de otra forma no se podrían pensionar”(7).

Es decir, que el legislador parte de la flexibilidad y el desempleo como problemas similares dentro del sistema pensional (cuando ello no es así) y asume que el 55% de los afiliados restantes que no reúnen con el capital requerido o con la densidad de cotizaciones, han estado en relaciones laborales formales con pagos oportunos, reduciendo el problema a tiempo de fidelidad y cotización. Es pues una sustentación simplista del problema, que tiene distintas aristas que empiezan en el básico incumplimiento de ciertas normas laborales (donde se encuentran ejemplos de evasión y elusión) hasta llegar a situaciones más problemáticas como la informalidad y el desempleo.

La falacia queda atenuada con la idea final que resulta preferible para el grupo familiar no optar por la opción de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos para acogerse a una pensión familiar compartida.

Ya en la redacción y discusión que se desarrolló alrededor de esta prestación, se incluyeron nuevos artículos en razón de la precisión y diferenciación entre el régimen de ahorro individual y el de prima media(8).

Por ejemplo, dentro de la audiencia pública, la Asociación Colombiana de Actuarios y Fasecolda intervinieron para precisar el funcionamiento de la nueva pensión dentro del esquema del régimen de ahorro individual. Para los primeros, resultaba necesario ser enfáticos en el hecho que la pensión familiar solo podía otorgarse cuando los dos cónyuges o compañeros reunieran el capital mínimo de pensión o la garantía de pensión mínima. Además de ello, habría que desarrollar cómo operaría el descuento por salud. Por su parte, Fasecolda llamó la atención sobre la necesidad que los dos cónyuges o compañeros estuvieran en el mismo régimen pensional y la regulación respectiva frente a los traslados, así como la necesidad de acreditar la supervivencia de los miembros de la pareja.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda consideró inconveniente la propuesta por varias razones(9). En primer lugar, el sistema pensional ha basado el reconocimiento de las prestaciones como un beneficio personal e individual, de tal manera que la creación del beneficio compartido implicaría un impacto fiscal que no se había previsto. En este sentido, para el ministerio la pensión es el resultado del trabajo personal y del dinero de las cotizaciones pagadas por el afiliado, por ello se trata de un derecho irrenunciable e intransferible en vida. Así, con la creación de una pensión compartida “se rompe el principio básico de un sistema pensional, cual es el de permitir que las personas busquen maximizar su ahorro para obtener la mayor pensión o la mayor cobertura en su vejez”(10).

De acuerdo con esta posición, la propuesta estaría promoviendo la obtención de un máximo subsidio al final de la vida, desincentivando el aporte o fidelidad al sistema pues la pensión se alcanzaría como resultado de un esfuerzo mínimo conjunto. Además de ello, la propuesta iría en contra del artículo constitucional toda vez que atenta contra la financiación del sistema pues la pensión familiar no estaría acorde con los ingresos recibidos por un solo miembro de la pareja a lo largo de su vida laboral impactando en las finanzas del sistema. En un cálculo inicial “el valor de las indemnizaciones sustitutivas y devoluciones de saldos en 2010 sería de $ 1.7 billones de pesos, en tanto que la reserva matemática necesaria para el pago futuro de las pensiones familiares respectivas sería de $ 8.2 billones de pesos para las parejas que actualmente cumplen los requisitos exigidos”(11), generando un problema financiero al sistema.

Finalmente, en la iniciativa encuentra el ministerio un riesgo moral en la medida en que estimula uniones con carácter puramente económico y plantea la posibilidad de que existan problemas frente a convivencias simultáneas, litigiosidad frente a disolución de las uniones, regímenes de transición, entre otros.

Algunas observaciones fueron resueltas con la inclusión o modificación del articulado, en tanto que otras, sobre todo las financieras, simplemente fueron resueltas con la consideración de los resultados benéficos que conllevaría la medida.

3. La nueva pensión familiar

La pensión familiar hace parte del título IV del libro I de la Ley 100 de 1993, es decir, se ubica después de la vigencia del nuevo sistema general de pensiones, adicionando un nuevo capítulo a la regulación existente.

Ahora bien, de acuerdo con la ley, la pensión familiar es la que “se reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento de los requisitos establecidos para la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual”(12). Es decir, no se trata de crear unos nuevos requisitos, pues estos se mantienen de acuerdo con cada régimen pensional, el cambio se produce entonces en la forma de llegar a cumplir con ellos.

Dada la coexistencia de los dos regímenes pensionales en el sistema general colombiano, para el análisis se propone destacar los aspectos de carácter general, para dar paso a los asuntos específicos para el régimen de prima media y para el de ahorro individual, tal y como lo hace la nueva legislación.

3.1. Aspectos generales

Además de la definición de la pensión familiar, como aspectos generales para los dos regímenes pensionales, deben mencionarse:

— En primer lugar la ley es enfática en señalar que se trata de una sola pensión que tendrá dos beneficiarios, pero el derecho es solo uno(13).

— Se trata de una política especial, por ello, es incompatible con cualquier tipo de pensión que goce uno de los cónyuges o compañeros, sin importar que esta provenga del sistema general de pensiones, de un sistema excluido o convencional. Incluso es incompatible con los beneficios económicos periódicos BEP, ayudas o subsidios estatales “que tengan como propósito ofrecer beneficios en dinero para la subsistencia de los adultos mayores que se encuentran en condiciones de pobreza”(14).

Es decir, se trata de una estrategia residual que rompe así la justificación en el sentido de que este tipo de pensión vendría a cubrir al 55% de afiliados al sistema que no reúnen el requisito distinto a la edad para pensión.

— La pensión familiar permitirá unir los aportes, capital y/o semanas de cotización entre los cónyuges o compañeros permanentes, originando así una pensión que los favorece a los dos. Esta división podría presentar algunos problemas, pues no es claro si será por partes iguales o en proporción al aporte de capital o semanas de cotización que cada cónyuge haga. Según la situación en que se encuentra cada uno de ellos podría justificarse una u otra opción.

Esta sumatoria de los requisitos requiere que la pareja esté afiliada al mismo régimen pensional y a la misma entidad administradora para hacer efectiva la adición y administración de los recursos. Por eso es necesario el traslado cuando se encuentren en regímenes pensionales diferentes. La selección del régimen es voluntaria y no existe ninguna restricción acerca de a cuál de ellos debe acogerse la pareja; se hace según la conveniencia particular(15).

Ahora bien, debe recordarse que existe una restricción para el traslado cuando al afiliado le falten por lo menos diez años para cumplir la edad de pensión(16). Ante esta situación, se dispone que si el afiliado está en esta situación y no ha podido obtener la pensión de vejez, podrá trasladarse “previa verificación que este traslado se realiza para acceder a la pensión familiar”(17).

— Para el reconocimiento de la pensión se señalará a uno de los miembros de la pareja como titular. Para el régimen de ahorro individual será quien tenga mayor saldo en la cuenta de ahorro individual en tanto que en el régimen de prima media será quien haya cotizado mayor número de semanas(18).

— Los cónyuges o compañeros permanentes que conformen la pareja beneficiaria de la pensión familiar deben tener una “relación conyugal o convivencia permanente” de por lo menos 5 años, que además debe haberse iniciado antes de que cada uno de los miembros de la pareja cumpla 55 años de edad(19).

La ley señala específicamente que la pensión familiar solo podrá operar por una sola vez por cada cónyuge o compañero, es decir, que si una persona se acoge a la figura no podrá hacer uso de ella en una relación posterior. ¿Pero qué sucede con las personas que tienen convivencias simultáneas o separaciones de hecho?, ¿podría escogerse la pareja con la que se hará uso de la figura o quién debe decidir esto?

Si bien es cierto que la regla de la convivencia antes mencionada permitiría resolver el problema, muchas relaciones personales se salen de la línea homogénea establecida por la ley.

— La pensión familiar se reconocerá y con ello se pagará a partir de la fecha de su solicitud. Es decir, el retroactivo no se genera con el cumplimiento de los requisitos, sino con la presentación de la petición de la prestación(20).

— De acuerdo con la ley(21) todos los pensionados, de su mesada pensional, deben hacer los aportes respectivos al sistema general de seguridad social en salud. De tal manera, el descuento correspondiente se descontará del valor de la mesada. Tratándose de la pensión familiar no hay ninguna excepción a esta obligación de afiliación y pago.

Sin embargo, el asunto puede resultar problemático en la medida en que se trata de una sola pensión de la que se benefician dos personas. Por esta especificidad de la prestación, la ley resuelve el asunto señalando que el titular de la pensión será quien se acredite como afiliado cotizante (pensionado) y el otro miembro de la pareja será registrado como beneficiario del sistema de salud(22). Así, los miembros de la pareja gozan de la protección acogiéndose al esquema general que plantea el sistema de salud.

Por esta diferencia entre aportante y afiliado podría suponerse que el respectivo aporte se hará sobre el valor de la pensión de quien obre como titular, pero la ley no lo señala expresamente.

Puede tratarse de un asunto de poca monta, pero frente al valor de la pensión que cada uno de los cónyuges o compañeros recibe puede marcar una diferencia. En estos términos, algunos podrían preferir ser beneficiarios y no aportantes.

— Dado que la pensión familiar implica un solo derecho pensional, con la muerte de uno de los cónyuges o compañeros, el 50% del que se beneficiaba el causante acrecentará la porción del supérstite(23). Ello no significa nada distinto a que la totalidad de la pensión familiar la recibirá el cónyuge o compañero que sobreviva.

No se trata de una pensión de sobrevivencia sino de la integración de la pensión familiar que antes estaba dividida entre dos beneficiarios.

En el evento en que existan hijos (menores de edad, mayores de edad y menores de 25 años con dependencia económica por razón de sus estudios o por invalidez), la porción de la pensión del causante se dividirá entre el cónyuge o compañero sobreviviente y los hijos. Es decir, el otro miembro de la pareja contará con el 50% de su pensión familiar más el 25% por la muerte de su cónyuge o compañero y entre los hijos el 25% restante del padre o madre fallecido(24).

Cuando uno de los hijos deje de ostentar la calidad de beneficiario (ya sea por alcanzar la mayoría de edad, superar los 25 años o la condición de inválido), su porción acrecentará a los otros. Si ya no hubiere hijos beneficiarios, se aplica la regla inicial, esto es, será acreedor del porcentaje la pareja supérstite(25).

— Por el hecho que el cónyuge o compañero permanente sobreviviente goce del 100% de la pensión familiar, esta no abandona su calidad, de tal manera que si no existen hijos beneficiarios la pensión familiar se agota. No se genera pensión de sobrevivientes en cabeza de padres y hermanos como sí ocurre con la pensión de vejez(26).

Sobre las consecuencias de este hecho, es decir, la imposibilidad de convertirse en pensión de sobrevivientes, hay que distinguirlas según el régimen. Tratándose de ahorro individual, si quedan saldos a favor de la pensión familiar se aplicará la regla de la inexistencia de beneficiarios, en otras palabras, estas sumas harán parte de la masa sucesoral de los bienes del causante(27).

Aquí podría haber una extensión de los beneficiarios que no se compadece con el ánimo residual de este tipo de pensión, pues a ella se llega solo con la unión de los esfuerzos pensionales de la pareja, con las restricciones que pretende imponer la ley. Además de ello, esto podría complicar procesos de sucesión en la medida en que accederán solo los causahabientes del causante pero podrán existir intereses económicos de los familiares del otro miembro de la pareja.

Tratándose del régimen de prima media, la regla es más sencilla pues ante la inexistencia de hijos beneficiarios la pensión familiar simplemente se agota(28).

— La pensión familiar cuenta con un trámite especial en caso de fallecimiento de uno de los beneficiarios para que no sea necesario “efectuar sustitución alguna”(29). Para ello, el cónyuge o compañero sobreviviente debe informar a la respectiva entidad de pensiones, ya sea de prima media o ahorro individual, el fallecimiento de su cónyuge o compañero y con ello la titularidad completa de la pensión familiar. Este procedimiento debe hacerse dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento.

Cabe preguntarse si esta misma regla no podría aplicarse en ca-sos “fáciles” de pensiones de sobrevivencia, máxime cuando la ley antitrámites buscó celeridad para los ciudadanos.

— Tal vez uno de los puntos que mayor inquietud genera este tipo de pensión está en las implicaciones de un rompimiento de la pareja una vez se ha reconocido la pensión familiar.

La norma distingue los efectos en los dos regímenes y pretende resolver el problema señalando que en caso de “separación legal o divorcio”, la pensión se extingue(30).

¿Qué ocurre si hay una separación de hecho? Pareciera que no está regulada y pondría en el limbo, y en ocasiones en situaciones desfavorables, a aquellas parejas que no realizaron ningún trámite para formalizar su separación. En el caso del régimen de prima media sí se regula expresamente la situación del “divorcio, separación legal o de hecho”(31).

En los antecedentes no se evidencia una razón sustancial para plantear esta diferencia por lo que valdría preguntarse si pasaría un examen de constitucionalidad por razones de igualdad.

Ahora bien, tratándose del régimen de ahorro individual, el saldo del capital hará parte de la sociedad conyugal que se liquidará(32) de acuerdo con las normas existentes para estos efectos. La pensión deja de serlo y se convierte en un crédito.

A renglón seguido aclara la norma que si la pensión familiar se estaba pagando bajo la modalidad de renta vitalicia, los miembros de la pareja tienen derecho a recibir mensualmente el 50% del monto de la pensión que venían recibiendo, es decir, que con la separación pasan de recibir el 50% de la pensión familiar a recibir 25%. Aclarando que si la pensión es inferior a dos salarios mínimos legales vigentes, tienen derecho a recibir mensualmente un beneficio económico periódico BEP, correspondiente al 50% de la pensión que recibían.

En el régimen de prima media se mantiene la regla de la extinción de la pensión familiar para dar lugar al reconocimiento de un beneficio económico periódico BEP correspondiente al 50% del valor que los cónyuges recibían.

— Finalmente, en el caso en que fallezca uno de los miembros de la pareja que es beneficiaria de la pensión familiar, se genera el derecho al auxilio funerario en favor de quien haya sufragado los respectivos gastos en un valor equivalente al 50% del auxilio en los términos del artículo 86 de la Ley 100 de 1993(33).

Respecto a las diferencias más amplias y específicas entre los dos regímenes habrá de señalarse:

3.2. Régimen de prima media con prestación definida

En este régimen, la pensión familiar se origina si cada uno de los cónyuges o compañeros cumple con la edad de pensión pero por falta de semanas de cotización son acreedores de la indemnización sustitutiva(34). Para otorgar la pensión familiar, entre los miembros de la pareja deberán reunir el número mínimo de semanas de cotización exigidos por la ley(35).

Así, la edad se cumple de manera personal (según sea hombre o mujer), pero la densidad de tiempo se hace de manera conjunta, teniendo en cuenta que cada uno de los cónyuges o compañeros a los 45 años de edad debe haber cotizado por lo menos el 25% para acceder a la pensión de vejez(36), por lo que no todos los grupos familiares podrían acudir a esta prestación.

Ahora bien, en los casos en que uno de los miembros de la pareja esté cobijado por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, este no se aplicará para definir los requisitos de la pensión familiar. Así, los requisitos aplicables serán los establecidos por el régimen general del artículo 33 de la Ley 100 de 1993(37).

Aunque por efectos del Acto Legislativo 1 de 2005, el grupo afectado por esta disposición será reducido y perderá vigencia en el 2014.

La pensión familiar en el régimen de prima media cuenta con otras características que no están presentes en la misma prestación en el régimen de ahorro individual y valdría la pena su análisis a la luz de los antecedentes legislativos y el principio de igualdad. Lo que evidencia nuevamente el carácter subsidiario de la pensión familiar.

En primer lugar, solo podrán ser beneficiarios de la prestación quienes se encuentren clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén o cualquier otro sistema equivalente. Esto podría incentivar la permanencia en una estratificación baja por encima de la idea de mejorar la situación del grupo familiar. Además, habría un aspecto que puede entrar en contradicción entre quienes pertenecen a estos niveles y quienes pueden cotizar en materia pensional.

En segundo lugar se establece que la pensión familiar no puede ser superior a un salario mínimo mensual vigente, aparentemente sin que importen entonces los cálculos respectivos de los IBL.

3.3. Régimen de ahorro individual con solidaridad

Por su parte, para acceder a la pensión familiar en el régimen de ahorro individual es necesario(38):

— Cumplir los requisitos para la devolución de saldos. Esto es, que cumplan la edad pero no cuenten con un capital suficiente para la pensión de vejez, y

— Dado que la acumulación del capital de la cuenta de cada cónyuge o compañero es insuficiente, la suma de las dos cuentas debe permitir reunir el capital necesario a efectos de la pensión de vejez.

Al respecto, la normatividad es precisa en señalar que para reunir el capital mínimo por parte de la pareja, “deberá haberse pagado la totalidad del bono pensional y de las cuotas partes de bono pensional” a que tienen derecho cada uno de ellos. Aquí habría necesidad de preguntarse si este tipo de disposiciones soportan el análisis constitucional o por vía de amparo de tutela en el sentido que el trámite del bono pensional no puede convertirse en un obstáculo para el reconocimiento de la pensión y solo se requiere el reconocimiento y no la expedición del título(39).

Respecto del último requisito habría que indicar que si el capital de la pareja es insuficiente, podrán sumarse las semanas de cotización de los cónyuges o compañeros a fin de lograr la densidad de cotización exigida para que opere la garantía de pensión mínima, precisando que primero se agotarán los recursos de las cuentas individuales y solo después se acudirá al Fondo de Garantía de Pensión Mínima(40).

Resulta necesario que los cónyuges o compañeros estén afiliados a la misma entidad administradora de pensiones. En caso de no estarlo, es indispensable el traslado del capital a la cuenta del cónyuge o compañero titular de la pensión. Este es un asunto en el que por su especificidad el legislador optó por una regulación posterior por parte del Gobierno Nacional(41).

4. Conclusiones

Es necesario reconocer que la pensión familiar es una figura novedosa e inédita. Casos puntuales en los que dentro de un hogar uno de los cónyuges o compañeros, normalmente la mujer, ha tenido poca presencia laboral por sus ocupaciones familiares evidencia su imposibilidad para acceder a una pensión de vejez. Por su parte, el otro miembro de la pareja podrá reunir los requisitos pensionales y el grupo familiar no se verá afectado porque el salario se ve sustituido por la respectiva pensión. Pero, si por el contrario, este otro cónyuge o compañero no logra reunir los requisitos, el grupo familiar se ve abocado a la única posibilidad de seguir en el mercado laboral (aun en una situación de informalidad y precariedad) o a dos devoluciones de saldos o indemnizaciones sustitutivas que nunca podrán cubrir los ingresos periódicos que recibía el grupo familiar. Es allí donde la pensión familiar adquiere relevancia e importancia.

Sin embargo, nótese que detrás de la figura hay una fuerte discusión en aspectos de género y de la teoría del cuidado y responsabilidades familiares que el legislador nunca contempló y mucho menos se discutieron.

En el modelo pensional colombiano está presente su fuerte sustento jurídico en el sistema contributivo, de tal manera que cualquier construcción sigue cimentada en este restringiendo su alcance. Por ello no es claro que la pensión familiar logre cubrir al 55% de los afiliados restantes a los que hacía alusión el proyecto de ley inicial, y lo más grave es ¿qué ocurre con los colombianos que no han podido ser ni siquiera afiliados inactivos?

La pensión familiar ingresa a regular aspectos sociales, propios en la conformación de las parejas, donde no hay un único esquema de vida. Por ello, y teniendo como antecedente los excesos de la Ley 797 del 2003, es posible caer en la sobreregulación y especificidad que convierte a las figuras en inaplicables ante las diversas realidades.

Falta todavía el desarrollo legislativo y jurisprudencial que marcará los derroteros de la figura. La novedad solo tendrá importancia si tiene efectos en términos de progresividad del derecho constitucional a la seguridad social.

(*) El presente artículo es una aproximación inicial frente a la ley. Con otro enfoque ver Muñoz Segura, A.M. y Castillo Cadena, F. La pensión familiar en Colombia: ¿una solución para el déficit pensional colombiano? 2012.

(1) Publicada en el Diario oficial 48.570 del 1º de octubre del 2012.

(2) Ley 100 de 1993, artículos 46, 47, 73 y 74.

(3) Proyecto de Ley 85 del 2010 Senado, exposición de motivos, objeto del proyecto, p. 2.

(4) La propuesta fue presentada por los senadores Jorge Eliécer Ballesteros B. y Dilian Francisca Toro Torres y por el representante a la Cámara Elías Raad Hernández.

(5) Proyecto de Ley 85 de 2010 Senado, exposición de motivos, consideraciones, pp. 2 y 3.

(6) Ibídem, p. 2.

(7) Ibídem.

(8) Proyecto de Ley 266 de 2011 Senado, 259 de 2011 Cámara, ponencias, comentarios de la audiencia pública, p. 4.

(9) Concepto jurídico del Ministerio de Hacienda al proyecto de Ley 203 del 2012 Senado.

(10) Ibídem, pp. 1 y 2.

(11) Ibídem, p. 4.

(12) Ley 1580 del 2012, artículo 1º.

(13) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal e), y artículo 3º, literal e).

(14) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal j), y artículo 3º, literal j).

(15) Ley 1580 del 2012, artículo 4º.

(16) Ley 797 del 2003, artículo 2º.

(17) Ley 1580 del 2012, artículo 4º, parágrafo.

(18) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, parágrafo, y artículo 3º, parágrafo.

(19) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal a), y artículo 3º, literal a).

(20) Ley 1580 del 2012, artículo 6º.

(21) Ley 100 de 1993, artículo 157, literal a), numeral 1º.

(22) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal d), y artículo 3º, literal d).

(23) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal f), y artículo 3º, literal f).

(24) Ibídem.

(25) Ibídem.

(26) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal g), y artículo 3º, literal g).

(27) Artículo 76 de la Ley 100 de 1993. La norma establece que en caso de no haber causahabientes hasta el quinto orden sucesoral, el dinero será otorgado en favor del fondo de solidaridad pensional.

(28) Ley 1580 del 2012, artículo 3º, literal g).

(29) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal h), y artículo 3º, literal h).

(30) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal i).

(31) Ley 1580 del 2012, artículo 3º, literal i).

(32) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal i).

(33) Ley 1580 del 2012, artículo 5º.

(34) Ley 1580 del 2012, artículo 3º.

(35) Ley 1580 del 2012, artículo 3º, reiterado en el literal b).

(36) Ley 1580 del 2012, artículo 3º, literal l).

(37) Ley 1580 del 2012, artículo 3º, literal c).

(38) Ley 1580 del 2012, artículo 2º.

(39) Ver por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional T-235 del 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(40) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal c).

(41) Ley 1580 del 2012, artículo 2º, literal b).