La persecución penal del dopaje en el derecho español

Revista Nº 45 Oct.-Dic. 2013

Rosario de Vicente Martínez 

Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Castilla-La Mancha 

(España) 

Sumario

Desde 2006, España pertenece al grupo de países que han recurrido al Derecho Penal para sancionar el dopaje en el deporte. Una gran parte de la doctrina penal española se ha mostrado muy crítica con la intervención penal por entender que frente a estas conductas dopantes basta el reproche meramente administrativo, sin necesidad de requerir la entrada del Derecho Penal. 

Temas relacionados

Deporte; derecho deportivo; dopaje; Ley Orgánica 3/2013 de 20 de junio, de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva; persecución penal; delito de dopaje deportivo; bien jurídico protegido; sustancias y/o métodos prohibidos; tipo básico; tipos agravados. 

1. Introducción

El deporte desempeña un papel importante en la sociedad —contribuye a la integración social; promociona la educación; es beneficioso para la salud; fomenta valores como el respeto mutuo, la tolerancia, la deportividad, etc.— pero actualmente se plantea una intensa polémica social derivada, en muchos casos, de la fuerte presencia de intereses económicos y comerciales que han devaluado algunos de sus principios más significativos y le han convertido en un factor criminógeno.

Ante las nuevas y graves amenazas que se plantean sobre el deporte: presión comercial, explotación de jóvenes deportistas, dopaje, racismo, violencia, partidos amañados, etc., el legislador no consideró preciso, en un primer momento, acudir al Derecho Penal para la protección del buen orden de las competiciones deportivas, siguiendo una concepción del ordenamiento penal como forma subsidiaria de tutela que se inspira directamente en el texto constitucional.

De este modo, la práctica del deporte aparecía disociada de la comisión de delitos, esto es, el deporte venía siendo considerado un espacio que escapaba del Derecho Penal, lo que permitía que determinadas conductas o comportamientos acaecidos en el ámbito deportivo, cuya ejecución en cualquier otro campo hubiera dado lugar a la iniciación de procedimientos penales de oficio y a la imposición de sanciones, gozaran de la más absoluta impunidad. Como señala Albin Eser, deporte y justicia, pelota y balanza, parecen ser instituciones y símbolos que, a primera vista, no se asocian con facilidad(1).

No obstante, con el paso del tiempo las consecuencias del hecho deportivo dieron lugar a algunos cambios concretos en el Código Penal español, los cuales son ejemplo de que el Derecho Penal también se adapta a los acontecimientos deportivos.

Así, la alarma social generada en España producto de diferentes altercados producidos en espectáculos deportivos, como la muerte de un chico de 13 años por una bengala lanzada desde la grada en el estadio de Sarriá, poco antes de iniciarse el partido entre el Espanyol y el Cádiz, llevó a la aprobación de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la cual se modifica el Código Penal para incorporar en el artículo 557 un nuevo apartado segundo que agrava la pena del delito de desórdenes públicos, cuando estos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas, o cuando en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos se altere el orden público mediante comportamientos que provoquen o que sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones del público que pusieran en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes.

A estas modalidades agravadas hay que sumar el delito previsto en el artículo 558 del Código Penal, que castiga a los que perturben gravemente el orden con motivo de la celebración de espectáculos deportivos(2).

Tres años después, en 2006, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte —más conocida como “ley antidopaje”(3)— incorporaba al texto punitivo un nuevo artículo 361 bis, cuya finalidad era castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública, gravemente amenazada por la comercialización y dispensación sin control de productos carentes de garantía y dañinos para la salud. El nuevo artículo 361 bis tutela penalmente la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte y es la respuesta del legislador al caso conocido como “operación puerto”(4).

Años después, en 2010, se aprobaba la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que, entre otras novedades, introduce un delito de fraude deportivo que tipifica penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, como son los sobornos llevados a cabo por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva.

Lejos quedan pues los tiempos en que “el Derecho Penal se detiene ante los muros de un estadio deportivo”(5) o en los que “la tiza que rayaba la cancha de los estadios o las cuerdas de un cuadrilátero eran la más completa y total eximente de responsabilidad criminal de que se tenga noticia”(6). Por el contrario, ahora ya se puede hablar de un Derecho Penal del deporte, de un Derecho Penal deportivo y, consecuentemente, de delitos deportivos, ya que en la actualidad el deporte guarda cierta relación con el Derecho Penal al ser, en ocasiones, tan sólo la manifestación de un delito común donde el motivo desencadenante del delincuente, con traje de competición, es cometer un hecho ilícito: lesionar, agredir, insultar, defraudar, etc.

No obstante lo anterior, en la legislación penal española, al igual que en la de la gran mayoría del Derecho comparado, no existe una protección específica, como bien jurídico autónomo, del deporte como tal, al menos hasta este momento. Tal situación no impide, obviamente, que el Derecho Penal, bajo la custodia de otros bienes jurídicos, intervenga en relevantes actividades delictivas generadas en el seno del deporte, pudiendo distinguirse dos grupos de casos:

Primero: conductas relacionadas con el deporte que son sancionadas a través de tipos penales de nuevo cuño como la violencia en espectáculos deportivos, el dopaje o el fraude deportivos.

Segundo: aquellas relacionadas con el deporte y que son sancionadas a través de tipos penales clásicos como las lesiones u otras conductas incluidas en tipos penales que conforman el núcleo duro del Derecho Penal. Por lo regular se trata de delitos contra la vida, la integridad física o amenazas, coacciones, etc., de forma que por la comisión de delitos en un evento deportivo el autor responde sobre la base de las normas penales comprendidas en el Código Penal(7).

Ahora bien, al doping se dedicará este estudio, pues la carrera por el dopaje es tan vieja y tan nueva que merece la pena detenerse en ella. El último escándalo de dopaje deportivo fue protagonizado por el ciclista americano Lance Armstrong, desposeído de sus siete títulos del Tour de Francia al admitir, en una entrevista realizada por Oprah Winfrey en la televisión estadounidense, que había tomado varias sustancias para mejorar su rendimiento como EPO, así como realizado transfusiones de sangre y testosterona. Este suceso ha vuelto a situar al dopaje deportivo en las primeras páginas de los medios de comunicación.

Son muchos los escándalos de dopaje que ha protagonizado el deporte profesional. Corría el año 1896 cuando se anunciaba la muerte del ciclista galés Arthur Linton, de 29 años, durante la prueba Burdeos-París a causa de un cóctel de estupefacientes suministrado por su entrenador(8). A partir de ahí el deporte se ha visto plagado de numerosos casos de dopaje, en especial en el mundo del ciclismo: la muerte de Tom Simpson en pleno Tour de Francia por consumo de anfetaminas en 1967; el nefasto verano del 98, cuando el equipo francés Festina fue descalificado por completo del Tour de Francia por el uso de una sustancia dopante llamada entropoyetina o comúnmente denominada EPO; el “caso Cofidis”, uno de los mayores escándalos de dopaje en la historia del ciclismo y que acabó con ocho condenados por el Tribunal Correccional de Nanterre por violación de la ley antidopaje francesa; o el caso “Marco Pantani”, primer atleta italiano procesado por fraude deportivo.

En España, entre la Policía y la Guardia Civil, ya se han efectuado más de cuarenta operaciones contra el dopaje en la última década, aunque la mayoría iban dirigidas contra la falsificación de productos y el tráfico de sustancias en gimnasios y salas de culturismo. La Memoria de la Fiscalía General del Estado relaciona, entre las operaciones policiales más relevantes referidas al fenómeno de la criminalidad organizada, la Operación “Fleca II”, investigación sobre una trama de tráfico de anabolizantes para dopaje deportivo en centros de culturismo(9). En nueve entradas y registros se intervinieron más de 100.000 dosis y abundante material para la falsificación de envases y etiquetas de productos legales, llegándose a localizar un local como laboratorio en Gandía (Valencia).

De entre esas, más de cuarenta operaciones, cuatro de ellas han estado centradas en el deporte profesional de élite:

La primera, la “Operación Puerto”(10), en mayo de 2006, supuso un gran golpe al ciclismo. En mayo de 2007, el juez instructor archivó las actuaciones por inexistencia de tipo penal en el momento de los hechos y por constituir una autopuesta en peligro. Sin embargo, el recurso interpuesto por el fiscal propició que en febrero de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara la reapertura de las actuaciones por delito de tráfico de medicamentos. En septiembre de ese mismo año, de nuevo el juez instructor dictó un auto de sobreseimiento que fue recovado por la audiencia provincial que, en enero de 2009, ordenó la preparación del juicio oral. Finalmente, en abril de 2013 se dictaba la sentencia condenatoria contra el principal acusado en la operación, el doctor Eufemiano Fuentes.

La segunda, la “Operación Grial”, en noviembre de 2009, suponía un duro golpe, en esta ocasión, al atletismo. Se detenía al médico peruano Walter Virú y era registrado el domicilio del marchador granadino Paquillo Fernández, medalla de plata de los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y tres veces subcampeón mundial de la distancia, quien reconocería públicamente la posesión de sustancias dopantes y su disposición a colaborar con la policía.

La tercera, la “Operación Galgo”, diciembre de 2010, volvía de nuevo a azotar al atletismo. Se registraron distintos domicilios de atletas, entrenadores y médicos de distintos puntos de la geografía española. Los principales implicados serían Eufemiano Fuentes, el entrenador Manuel Pascua y la atleta palentina Marta Domínguez, campeona del mundo de los 3.000 metros obstáculos. Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid de 10 de mayo de 2011 declaraba nulas las escuchas telefónicas y registros efectuados con el consiguiente sobreseimiento de la causa seguida contra algunos imputados por el delito de dopaje deportivo, entre ellos Marta Domínguez. El caso se cerró con el archivo del procedimiento.

La cuarta, la “Operación Skype”, marzo de 2012, se abría con la detención en Barajas de un médico colombiano por la denuncia de un ciclista arrepentido.

Todos estos casos y muchos otros más(11) son los que han ido propiciando la toma de medidas legales de todo tipo contra el dopaje, iniciándose una verdadera política antidopaje no sólo a nivel nacional o europeo, sino también a nivel mundial.

2. La intervención del Derecho Penal en materia de dopaje deportivo

La respuesta de algunos países a la aparición de determinados casos sonados de dopaje se saldó con la intervención del Derecho Penal. Primero fue Bélgica(12), seguida por Francia(13). Ambos reaccionaron con prontitud ante este problema y elevaron a la categoría de delito el dopaje en las competiciones deportivas.

Tras esto, países como Italia(14) y Portugal(15) optaron también por activar el mecanismo penal contra el dopaje deportivo. Alemania, por el contrario, no recoge un tipo penal específico de dopaje, recurriendo en este ámbito a la Ley del Medicamento de 1998 (Arzneimittelgesetz, AMG) y a la normativa sobre estupefacientes. La Ley del Medicamento, principal instrumento legislativo en la lucha contra el dopaje, prohíbe determinadas conductas con fines dopantes (utilización, introducción o prescripción), quedando excluido el deportista de la sanción penal. No obstante, la creciente presión internacional llevó al Parlamento alemán a aprobar una importante modificación en 2007(16), castigando la posesión de sustancias y medicamentos en grandes cantidades con el objeto de ser utilizados en el ámbito deportivo. Asimismo, ha añadido, en relación con las conductas reguladas en el parágrafo 95 de la ley del Medicamento, dos tipos agravados: dopaje a menores de 18 años y tráfico a través de federaciones, los cuales llevan aparejada una pena de prisión de uno a diez años.

¿Y España? España no podía ser la excepción y, a raíz de la “Operación Puerto”(17), el legislador español impulsó la intervención del Derecho Penal en este campo, al considerar que el dopaje infringe un bien jurídico protegido por este tipo de derecho, como es el de la salud pública.

No obstante lo anterior, hacía tiempo que un sector de la doctrina española se había manifestado en contra de la intervención penal en el ámbito del dopaje por considerar que los mecanismos jurídicos que deben operar al respecto, con carácter sancionador, son los relativos al ámbito deportivo, entre otras razones, porque en las infracciones de dopaje se consideraba que el bien jurídico protegido no era la salud pública.

En este sentido, Roldán Barbero afirmaba que el poder externo, en forma de Derecho Penal, no tiene nada que decir aquí. Los dirigentes modernos tienen la compulsividad de entregar a la justicia externa cuestiones de las que ni esta entiende, ni se halla en condiciones, en caso de entender, de dar una respuesta razonable en un corto lapso de tiempo. Para el autor citado, el dopaje no debe de ser delito, “es una irregularidad, una infracción, como mucho, a las normas del juego, que, como tal, debe de quedar en un plano interno (...). Si se trata de verdad de proteger la salud del corredor, mejor será admitir que solo desde una perspectiva interna, de autocontrol, esta tarea se podrá llevar con un relativo éxito(18).

En esta misma línea crítica se muestran Díaz y García Conlledo(19); Millán Garrido, que considera que la represión penal es innecesaria, desproporcionada, inadecuada y excede de la intervención mínima predicable en este ámbito(20); Álvarez Vizcaya, quien muestra su escepticismo ante la necesidad de que el dopaje deportivo necesite la protección del Derecho Penal(21); Boix Reig, para quien la necesidad de la intervención del Derecho Penal plantea serias dudas de si finalmente el interés jurídico protegido es la pureza de la competición y el juego limpio.

Si lo que se protege es la salud, la cuestión es que ya hay otras respuestas en el Código Penal para salir al paso de la punición de esas conductas sin necesidad de crear un nuevo delito(22), como lo señalan Doval País(23) o Palomar Olmeda(24).

Como, con toda razón, expone Roxin, existen muchos argumentos para afirmar que el Derecho Penal no es el medio especialmente adecuado para la solución del problema del doping, tal como sucede con ley alemana, que prácticamente no se ha aplicado y es “derecho muerto”(25).

3. Persecución del dopaje deportivo en la actual legislación española

En España la persecución del dopaje deportivo se realiza a través de una doble vía: la administrativa, mediante la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva —que entró en vigor el 11 de julio de 2013—, y la penal, mediante el Código Penal.

3.1. La Ley Orgánica 3/2013 del 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva

La Ley Orgánica 3/2013 en su capítulo II, “Del régimen sancionador en materia de dopaje”, título II, “De la salud y del dopaje de los deportistas con licencia deportiva”, Sección I, “Responsables, infracciones, sanciones y régimen de determinación de la responsabilidad”, contiene el catálogo de infracciones y sanciones. En concreto, el apartado 1 del artículo 22 considera infracciones muy graves, entre otras, la utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos en el deporte; la resistencia o negativa, sin justificación válida, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que, por acción u omisión, eviten, impidan, perturben o no permitan realizar controles de dopaje en la forma prevista en la ley; la colaboración o participación en la utilización de sustancias o métodos prohibidos; la alteración, falsificación o manipulación de cualquier elemento de los procedimientos de control de dopaje; la posesión por parte de los deportistas o por las personas de su entorno, ya sea en competición o fuera de competición, de sustancias prohibidas en dichos ámbitos, etc.

Por su parte, en el apartado 2 de este mismo artículo se consideran infracciones graves, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de información sobre localización, así como no cumplir las obligaciones relativas a la información sobre tratamientos médicos y a la comunicación que el deportista está obligado a proporcionar a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, en caso de obtención de autorizaciones para el uso terapéutico, etc.

En lo que respecta a las sanciones, la ley distingue entre aquellas impuestas a deportistas, a clubes, equipos deportivos, federaciones, técnicos, jueces, árbitros, médicos y personal sanitario, así como al personal de clubes, equipos, federaciones y otras entidades deportivas y a los responsables de establecimientos deportivos, entre otros.

Por su parte, en el catálogo de sanciones a deportistas se contemplan la suspensión de licencia federativa por un determinado periodo hasta la inhabilitación de por vida para obtener la licencia y la multa. Entre las sanciones a los clubes, equipos deportivos y federaciones se halla, junto a la multa, la pérdida de puntos, eliminatoria o puestos en la clasificación de la competición, el descenso de categoría o división, etc. Para lostécnicos, jueces, árbitros, demás personas con licencia deportiva, directivos, dirigentes o personal de federaciones deportivas españolas, de ligas profesionales, de entidades organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, clubes o equipos deportivos, la ley prevé, entre otras, la suspensión de licencia federativa o inhabilitación para el desempeño de cargos deportivos por un determinado periodo hasta la inhabilitación de por vida o la multa. En cuanto a las sanciones a los médicos y personal sanitario, así como al personal de clubes, equipos, federaciones, otras entidades deportivas y a los responsables de establecimientos deportivos, se prevé la suspensión de licencia federativa o inhabilitación para su obtención por un determinado periodo o de por vida y la multa.

3.2. El Código Penal

En España, en un primer momento, el legislador no consideró necesaria la intervención del Derecho Penal en materia de dopaje, pues entendía que el mismo infringía únicamente las reglas del juego, por lo que, consecuentemente, el dopaje se configuraba como una infracción administrativa. Este criterio cambiaría con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, en la que el sistema de prevención y sanción de los supuestos de dopaje contaba, además de medidas sancionadoras administrativas, con medidas de consecuencias penales al tratarse de una norma específica y expresamente destinada a preservar tanto la salud pública, como la salud individual de los deportistas y la pureza del deporte.

De ahí que la ley alcance también al Derecho Penal, cuya intervención se justifica en la exposición de motivos con estos términos:

“Para intentar asegurar el cumplimiento de las medidas indicadas se arbitra, en el título tercero de esta ley, un ámbito de tutela penal de la salud pública en actividades relacionadas con el dopaje en el deporte. Se introduce un nuevo artículo 361 bis en el Código Penal, cuya finalidad es castigar al entorno del deportista y preservar la salud pública, gravemente amenazada por la comercialización y dispensación sin control de productos carentes de garantía y dañinos para la salud.

Con el establecimiento de este nuevo ilícito penal, se completa el diseño integral de una política criminal contra el dopaje, iniciado en febrero de 2005 al dar luz verde el Consejo de Ministros a la puesta en marcha de un plan de acción integral contra el dopaje en el deporte. Entre las 59 medidas aprobadas, se incluía la puesta en marcha de un grupo operativo de intervención, en el seno de la Comisaría General de Policía Judicial, especializado en la persecución de las redes de dopaje, así como la creación por parte de la Fiscalía General del Estado de una unidad especializada en la persecución de delitos relacionados con el dopaje en el deporte”.

4. El delito de dopaje deportivo

El artículo 361 bis del Código Penal contiene la siguiente redacción:

“1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que, por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.

2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª. Que la víctima sea menor de edad.

2ª. Que se haya empleado engaño o intimidación.

3ª. Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional”.

El artículo 361 bis se compone de dos apartados. El primero contiene el tipo básico del delito de dopaje deportivo y el segundo, tres tipos agravados.

4.1. El bien jurídico protegido

Mucho se ha discutido sobre el bien jurídico protegido por el delito de dopaje. En España, la doctrina considera que el bien jurídico protegido es la salud en la práctica del deporte, tal como se desprende del título de la propia ley antidopaje de 2006 al referirse a la protección de la salud y lucha contra el dopaje, de la denominación del título III de la misma, donde se enmarca su artículo, y del lugar en el que se ha introducido tal artículo en el Código Penal, dentro del capítulo dedicado a los delitos contra la salud pública, y, por último, por la propia dicción del artículo, que viene a castigar el entorno del deportista cuando se empleen métodos dopantes que, por su contenido o por la reiteración de la ingesta, pongan en peligro la vida o la salud del deportista.

Lo que se pretende por el legislador español es la protección de la salud al excluir el uso de métodos dopantes que puedan afectarla, bien jurídico que no encuentra dificultad en ser incluido en el Código Penal, en tanto que la salud es uno de los más clásicos bienes jurídicos protegidos en las leyes penales.

El artículo 361 bis del Código Penal persigue disuadir al círculo más próximo al deportista de realizar o colaborar en prácticas dañinas para el mismo. El bien jurídico protegido, en consecuencia, no es salvaguardar la pureza de la competición deportiva, el “fair play”, ya que no resulta fácil justificar la intervención penal para proteger aspectos puramente deportivos, dimensión que no carece de importancia, pero que corresponde ventilar en otra sede, como la disciplinaria administrativa o la sancionadora administrativa.

Ahora bien, en Alemania, para evitar equívocos, la exposición de motivos de la Ley del Medicamento excluye de forma explícita bienes meramente deportivos como el juego limpio o la pureza del deporte. Su meta, recalca, es la protección de la salud(26).

4.2. Los sujetos activo y pasivo

En lo que concierne al sujeto activo del delito, su determinación aparece con cierta claridad en el tipo penal. Se ha dicho incluso, en la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2006, que el delito se refiere al denominado entorno del deportista (médicos, entrenadores, fisioterapeutas, etc.) y, aunque ciertamente estos son los autores más probables, en cuanto que son los que están en contacto con el deportista, realmente la descripción típica no hace acotamiento alguno al referirse al sujeto activo de manera totalmente genérica “los que...”. Lo único cierto y seguro es que el deportista no es nunca autor del delito, ni aun cuando, como será frecuente, la administración de las sustancias cuente con su expresa voluntad y hasta con su ferviente deseo.

A diferencia de lo que ocurre en las normas belga e italiana, que sitúan al deportista en el epicentro de la autoría, en España el deportista no es, ni puede ser, el autor del delito, no solo porque así se infiere con claridad de la definición del delito y de sus antecedentes más inmediatos, sino también porque el bien jurídico protegido es la propia salud del mismo frente a un ataque que provenga de otros. Si la autolesión es impune, también lo es la autopuesta en peligro. Por ello, el consentimiento del sujeto pasivo es absolutamente irrelevante para el tercero que comete el delito.

La sanción de las conductas de quien pone en peligro con el consentimiento del deportista la salud de este último, e incluso la justificación de la sanción administrativa para el deportista que se dopa —autodopaje—, se debe a que el objetivo de este conjunto normativo es mantener la práctica del deporte limpia de sustancias o métodos prohibidos.

A mayor abundamiento, al igual que sucede con el consumo de drogas, que no se encuentra tipificado por razones de política criminal, tampoco se ha visto conveniente penalizar el consumo mismo en el ámbito deportivo, por tanto, el autodopaje para el deporte es atípico, lo que no significa que no esté regulado en otras instancias no penales y fundamentalmente en las normativas federativas.

Estas razones si bien sirven para justificar la irrelevancia del consentimiento en el caso de los deportistas que participan en competiciones oficiales, no lo hacen para el caso de deportistas de recreo, donde la sanción del dopaje solo debiera tener sentido cuando no es consentido, por mediar engaño o ausencia de información acerca de los efectos perjudiciales de una sustancia o método.

Por otro lado, en el derecho alemán, antes de la reforma de la Ley del Medicamento de 2007, el deportista solo era castigado cuando traficaba con sustancias dopantes, después de esta, existe la posibilidad de castigarlo por una situación típica de auto-dopaje, solo se necesita que la cantidad de sustancias dopantes encontradas en su poder no sea escasa.

Por otra parte, no deja de sorprender que mientras el conjunto de sujetos activos infractores que contiene la ley antidopaje es acotado, en el ámbito penal no sucede lo mismo. Es cierto que esto contradice las clásicas relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, pues lo que se entiende como lógico es que el primero refuerce al segundo seleccionando aquellas conductas más graves, pero nunca estableciendo un ámbito más amplio de conductas o sujetos responsables.

Igualmente, presentan problemas de interpretación los sujetos pasivos del delito de dopaje deportivo, ya que en el artículo 361 bis se reseñan como sujetos pasivos, en una especie de trabalenguas, a los “deportistas federados no competitivos”, “a los deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo” y a los “deportistas que participen en competiciones organizadas en España“. El Código Penal, también en este aspecto, aparece como un instrumento legislativo de más amplio espectro que la ley antidopaje por cuanto ofrece tutela a deportistas federados en actividad no competitiva y a los no federados en prácticas deportivas de ocio, ambas esferas de sujetos que desbordan la ratio de tutela de la ley antidopaje.

4.3. El objeto material del delito

La lucha contra el dopaje ha obligado a determinar las sustancias, productos o métodos que deben ser considerados como nocivos para la salud a efectos legales, partiendo de la experiencia y los avances científicos que proporciona el trabajo de la comunidad deportiva internacional. Desde ese punto de vista, el objeto material del delito de dopaje deportivo es doble, puesto que lo constituyen no solo las sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, sino también los métodos no reglamentarios, destinados a aumentar las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.

El doble objeto material del delito de dopaje deportivo constituye un elemento normativo del tipo y para su identificación hay que consultar el anexo I de la Convención contra el Dopaje en el Deporte, sujeto a actualizaciones periódicas. De forma muy parecida a lo que ocurre con el tráfico de drogas, el listado de estas sustancias y métodos es publicado anualmente por la Agencia Mundial Antidopaje en el anexo I a la Convención de la Unesco, el cual dice literalmente:

“El texto oficial de la Lista de sustancias y métodos prohibidos será objeto de actualización por parte de la AMA y se publicará en inglés y en francés. En caso de conflicto entre las versiones de ambos idiomas, prevalecerá la redactada en inglés”.

La lista que se integra en el tipo penal es la que cada año confecciona el Consejo Superior de Deportes siguiendo los principios de la Agencia Mundial Antidopaje y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es la propia ley antidopaje la que encomienda al consejo Superior de Deportes la elaboración de las listas de sustancias y productos farmacológicos prohibidos, lo que se concreta en resoluciones que periódicamente se dictan para actualizar la norma conforme al estado del conocimiento científico. La última Resolución es la de 10, de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte(27).

La Resolución distingue entre sustancias y métodos prohibidos en todo momento (en competición y fuera de competición); sustancias y métodos prohibidos en competición; y sustancias prohibidas en ciertos deportes.

El catálogo, a diferencia de las listas de sustancias estupefacientes que son cerradas, no es un repertorio exhaustivo de sustancias y métodos prohibidos, sino que contempla, en algunos casos, lo que se puede denominar “cláusulas abiertas de sustancias”, como, por ejemplo, cuando en los apartados de estimulantes y anabolizantes se consideran como tales a cualesquiera otras sustancias que tengan una estructura química o unos efectos biológicos similares a los de alguna de las sustancias recogidas. Esta previsión puede ser calificada como “rayana en la ilegalidad”, al no determinar la existencia de “lex certa”, ni siquiera por vía de concreción reglamentaria de las conductas infractoras.

Por “sustancias prohibidas” se entienden los productos que, de manera directa, albergan un efecto dopante, aunque debería extenderse el concepto a aquellos otros que se enderezan a enmascarar o apantallar los efectos del dopaje(28).

El criterio que se establece en el Código Mundial Antidopaje para considerar una sustancia como dopante es que tenga al menos dos de estas tres condiciones:

1. Que sea capaz de mejorar el rendimiento.

2. Que pueda perjudicar a la salud.

3. Que viole el espíritu deportivo.

Pero el carácter de sustancia dopante dependerá fundamentalmente de su inclusión en una lista determinada. Es una lista caprichosa, pues al mismo tiempo que se excluye la creatina, el estimulante de los futbolistas, se incluyen productos necesarios para curar un resfriado o una alergia.

En la actualidad, las tres grandes sustancias dopantes que se utilizan son la EPO, la hormona del crecimiento y los esteroides anabolizantes.

Por otra parte, por “grupo farmacológico” hay que entender cualquier medicamento. En todo caso, deberá tratarse de productos capaces de poner en peligro concreto la vida o la salud del deportista y que se hallen tipificados en la lista aprobada por el Consejo Superior de Deportes.

Sin embargo, los métodos no reglamentarios son el caballo de batalla que está llamado a plantear mayores dudas y disquisiciones en el futuro a la hora de valorar la transcendencia penal de ciertos comportamientos, al no definirse en ningún sitio qué es el método y dónde está definido lo reglamentario o lo antirreglamentario del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, las sustancias, grupos farmacológicos o métodos que constituyen el objeto material del delito de dopaje deportivo deben reunir tres características:

1. Estar prohibidos o no ser reglamentarios.

2. Que tengan un efecto positivo en las capacidades psicofísicas del deportista.

3. Que sean peligrosas para la salud del mismo.

En relación al objeto material, el legislador ha introducido en el tipo penal del dopaje deportivo un elemento finalístico: las sustancias o métodos deben estar destinados a aumentar la capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones. Si las sustancias se suministran, dispensan, ofrecen, etc. con otros fines no habrá delito. De esta manera, si los productos suministrados ponen en peligro la vida o la salud del deportista, pero no se pretende con ello aumentar su capacidad física o afectar a la limpieza de la competición, los hechos no pueden sancionarse conforme al artículo 361 bis del Código Penal.

Respecto al primer requisito, por “capacidades físicas”, en sentido estricto, cabe entender aquellas que conforman la condición física, el estado de forma, de cada individuo, como la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, movilidad o coordinación, las cuales pueden mejorarse mediante su entrenamiento. Algunas de estas capacidades también incluyen aspectos psicológicos, por lo que parecen quedar incluidas en esta clase también las sustancias que mejoren las capacidades psicológicas del deportista, como el arrojo, la agresividad, la tenacidad, la decisión, la concentración o la competitividad. Asimismo, hay sustancias que no necesariamente mejoran la condición física, en sentido estricto, del deportista, pero sí mejoran sus capacidades psicológicas, como sucede con ciertos estimulantes y tranquilizantes.

El requisito de “aumentar la capacidad física” lo enfoca Álvarez Vizcaya desde una doble perspectiva. Cuando la conducta la lleva a cabo un profesional del deporte, la idea central será tener mejores condiciones físicas de cara a su participación en una determinada competición, pero obtenidas de forma fraudulenta, puesto que el mero hecho de obtener una buena condición física no solo no es ilícito, sino que es una de las finalidades de cualquier entrenamiento deportivo. Ahora bien, para que pueda sancionarse en el ámbito penal a quien suministre o facilite o propicie este consumo en el deportista, será necesario probar que la misma es susceptible de poner en peligro la salud de este, pues de lo contrario solo puede surgir el ilícito administrativo. En consecuencia, facilitar una sustancia o procurar un método antirreglamentario que esté prohibido, pero que no sea susceptible de poner en peligro la vida o la salud del deportista, no será una acción relevante desde la perspectiva del artículo 361 bis.

Fuera del mundo de la competición, es decir, cuando los sujetos afectados por la conducta son los deportistas por recreo, los no competitivos —federados o no—, debería realizarse una reflexión distinta. Si bien es cierto que se ha detectado el consumo de determinadas sustancias en el “mundo de los gimnasios“, la solución a este problema, o se debe buscar en la criminalización de estas conductas, o en intentar tomar drásticas medidas de carácter preventivo como, por ejemplo, un severo control de las sustancias y sus componentes antes de su salida al mercado, sobre todo teniendo en cuenta las facilidades de adquisición por internet. A lo que debería añadirse otro control exhaustivo sobre los lugares en que estas pueden ser expedidas(29).

Respecto a la segunda finalidad, “modificar el resultado de las competiciones”, ésta sí es una conducta que se halla ligada más estrechamente al concepto tradicional de doping, aunquetampoco aquí es necesario que efectivamente se alcance un resultado más ventajoso para el deportista, simplemente se nos indica que la ingesta va encaminada a conseguir un buen resultado deportivo, independientemente de que este se alcance o no. Una vez más se vislumbra en la tipicidad penal esa doble corriente subterránea que ya se ha mencionado: de un lado, el interés en la protección de la salud, pero de otro, la idea constante de las competiciones deportivas como marco en el que estas conductas se desarrollan.

4.4. La conducta típica

La conducta típica consiste en “prescribir, proporcionar, dispensar, suministrar, administrar, ofrecer o facilitar” “las sustancias o grupos farmacológicos prohibidos”, y “los métodos no reglamentarios”, “sin justificación terapéutica”.

El artículo 361 bis castiga hasta siete conductas diferentes, aunque todas ellas vienen a estar relacionadas con el suministro de sustancias dopantes a deportistas. Seguramente con esta exhaustiva descripción de la conducta típica, el legislador pretendía no dejar resquicio alguno a posibles ámbitos de impunidad pero no pensó que la redundancia iba a estar servida y acarrearía una feroz crítica doctrinal.

La prescripción y la dispensa se relacionan con el ejercicio de la medicina y de la farmacia. Parece indiscutible que el legislador ha pensado en estas dos clases de profesionales a la hora de enumerar las acciones penalmente prohibidas, así como al redactar los tipos cualificados y las penas de inhabilitación. La prescripción médica delictiva y la dispensa de las sustancias por el farmacéutico han de ser idóneas para producir un riesgo para la vida o integridad física del consumidor.

También son conductas típicas: proporcionar, suministrar o facilitar el método dopante y hasta el mero ofrecimiento, siendo ésta conducta la que más distorsiona el encasillamiento del tipo penal del dopaje como delito de peligro concreto, y, en consecuencia, pudiera detraerse de su presencia la consideración del tipo penal como de peligro abstracto, e incluso mixto, por ello se exige el conocimiento por parte del autor de las singulares características fisiológicas del consumidor futuro, de modo que el simple ofrecimiento de productos peligrosos que no conlleven el resultado de la concreta puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 361 bis, goza de absoluta atipicidad penal, y será objeto de sanción solo en el ámbito del derecho deportivo.

La enumeración de las conductas típicas no deja de sorprender, ya que algunas de ellas presentan grados de ofensa distintos, en lo que concierne al bien jurídico protegido, pero el legislador las equipara a efectos penológicos, violando claramente el principio de proporcionalidad. Equiparar, desde un punto de vista penológico, la prescripción y administración con el mero acto de ofrecer es inexacto, pues no cabe duda sobre la menor carga o intensidad lesiva del último comportamiento.

En este sentido se pronunció el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte:

“en este ámbito de la tipicidad, debe realizarse alguna observación relativa a la enumeración pormenorizada de las actividades, actuaciones, del individuo (sujeto activo del delito) que devendrían en conducta típica integrada en la descripción de la acción delictiva de este ilícito penal, y específicamente en lo que atañe a la acción de ofrecimiento de sustancia o método prohibido. La tipificación de esta conducta, dada la redacción del resto del precepto, plantea ciertos inconvenientes que no deben desdeñarse y exigen mayor precisión del legislador. De un lado, la propia naturaleza de la actividad, de la conducta criminalizada. Pues, si ya se cuestionaba con carácter general la necesidad y conveniencia del recurso al Derecho Penal a estos efectos, anticipar (criminalizando) la respuesta penal al mero ofrecimiento (sin esperar siquiera a la eventual actualización del riesgo para la salud del deportista derivada de la aceptación), debe considerarse excesivo. Por otro, anticipar la consumación del delito al mero ofrecimiento de la sustancia o método prohibido, solo tendría sentido si el riesgo de la salud se produjese en todo caso con la ingestión de la misma o con la práctica de aquel; lo que vale decir, cuando la sustancia o el procedimiento fuesen por su propia naturaleza, esencialmente, nocivos, lesivos para la salud. Sin embargo, esto no es así. En la definición del tipo penal, de la sustancia o método no se exige esa capacidad natural (inevitable) de afección, de perturbación, de la salud, sino que lo sea, por el contenido, o por la reiteración de la ingesta u otras circunstancias concretas. De tal modo que, si la sustancia no es, por sí misma, nociva para la salud, resultando necesario el consumo continuado de esta para convertir en real un potencial riesgo, entonces habría que exigir en la conducta activa que el ofrecimiento fuese reiterado. De lo contrario se equiparan conductas que no son susceptibles de provocar el mismo riesgo y, consiguientemente, de afectar en igual modo al bien jurídico protegido. Pues, el ofrecimiento en sí mismo no encierra más, depende de la aceptación que de él se haga (en este caso por el deportista), mientras que otras conductas (así, la prescripción, proporción, suministro, dispensación, administración o facilitación) sí suponen por sí mismas una actualización de la situación de riesgo del bien jurídico. Por tanto, lo más aconsejable sería proceder a la supresión de esta conducta entre las que conforman la acción típica delictiva, o, en todo caso, a una clarificación de la redacción a tenor de lo dicho al respecto”.

También el Consejo Fiscal, en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica Antidopaje, objetó que los verbos utilizados en la descripción de la conducta tipificada son sinónimos o muy similares, recomendando que se empleasen solo dos de ellos: ofrecer y suministrar. Asimismo, la Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo manifestó su preocupación por las expresiones utilizadas en la descripción de las conductas penalmente tipificadas, destacando que es difícil acotar términos como “proporcionen, suministren, ofrezcan o faciliten”, cuya ambigüedad puede crear inseguridad jurídica.

Por otro lado, la comisión de estas conductas por omisión es punible, siempre y cuando se den los requisitos establecidos en el artículo 11 del Código Penal. Se darían todos los requisitos, por ejemplo, en el caso de los padres de un deportista menor de edad que consienten que su hijo se dope o le dopen. Igualmente, también sería punible en comisión por omisión el médico de un equipo, encargado de la salud de sus miembros, que sabe que el entrenador entrega sustancias dopantes a sus pupilos, poniendo en peligro su salud, y no hace nada por evitarlo.

Al tratarse de un tipo mixto alternativo, quien realice varias de estas conductas, de modo sucesivo, no comete varios delitos, sino uno solo. El médico que, por ejemplo, prescribe sustancias prohibidas y luego las administra, no comete dos delitos, sino solo uno.

Además, el tipo penal del artículo 361 bis del Código Penal requiere también un requisito de carácter negativo: que no exista justificación terapéutica, esto es, que las sustancias se prescriban sin justificación terapéutica y vayan destinadas a aumentar las capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones. El tipo no utiliza la conjunción “y”, sino “o”, es decir, que dicha ingesta puede tener una de las dos finalidades, por lo que no resulta ajena al tipo la finalidad de aumentar las capacidades físicas desvinculada de una competición oficial, por lo que es irrelevante que no exista prueba alguna de que la prescripción o el consumo de las sustancias vendidas en la farmacia estuvieran relacionadas con competición alguna.

En este punto hay que resaltar la importancia de la enmienda 28 al texto inicial del artículo 44 de la ley antidopaje, que modificó el giro “sin justificación médica” por “sin justificación terapéutica”, porque de no haberse producido dicha modificación podría haberse producido la impunidad del médico que prescribe una sustancia dopante sin que tenga una justificación terapéutica, es decir, sin que pretenda la sanación de una patología, por lo que, prácticamente, hubiera supuesto la atipicidad de la conducta de suministrar sustancias dopantes por parte de los facultativos.

Esta justificación no depende del criterio de un facultativo concreto, que puede formar parte de la trama delictiva, sino que se conecta estrechamente con la “lex artis”, es decir, no es lo que el médico entienda como justificado, formulándolo mediante una mera receta, pero sí lo que, de acuerdo con las reglas técnicas, se considere correcto en la praxis médica, y este juicio ya no lo sienta en exclusiva la opinión de quien prescribe la sustancia o el método dopante, sino que podrá ser revisado por terceros independientes, que determinarán la ortodoxia científica de la conducta. En definitiva, la justificación terapéutica no puede responder únicamente a designios formales, pues conviene evitar el fraude de ley, y la misma debe responder a criterios de necesidad y debe poder ser probada.

Este elemento negativo ha sido tachado de superfluo por una parte de la doctrina(30), dado que la existencia de un motivo terapéutico relacionado con la vida o con la salud daría lugar a la aplicación de la causa de justificación de estado de necesidad o de ejercicio de la profesión médica y porque el contenido del dolo implica el conocimiento y la voluntad de conseguir un fin ajeno a la intención terapéutica, cual es el de aumentar las capacidades físicas o modificar los resultados de las competiciones.

4.5. Los tipos agravados

El artículo 361 bis, en su apartado 2, contempla tres tipos agravados: cuando la víctima sea menor de edad, que se haya empleado engaño o intimidación y que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional. En estos casos el legislador ha previsto que la pena se imponga en su mitad superior con respecto a la señalada para el tipo básico.

No obstante, no ha previsto el legislador solución penológica alguna para el supuesto en que concurran más de un tipo agravado. Pero, en el caso de que concurriesen dos supuestos agravados, uno de ellos produciría el efecto de agravar en la mitad superior y el otro se tendría en cuenta para la fase de individualización judicial de la pena. Si uno de ellos fuese el supuesto 3 podría, además, reconducirse a la agravante genérica del artículo 22.4ª e imponer a su vez la mitad superior de la pena del tipo agravado.

4.5.1. Víctima menor de edad 

El primer supuesto agravado se dará en los casos en los que la víctima del dopaje sea menor de edad. El legislador ha tenido en cuenta en este supuesto la mayor peligrosidad de la acción por su mayor insidiosidad, atendida la mayor indefensión de la víctima menor de edad. El límite de la minoría de edad, 18 años, es distinto al prescrito para la cualificación de las lesiones, 12 años (art. 148).

En la vieja República Democrática Alemana, en muchos casos, las sustancias dopantes fueron administradas a menores recetándoselas como vitaminas inofensivas(31).

Como señala Tornos, bien podría haberse añadido en este tipo agravado una referencia análoga a los minusválidos o incapaces, quienes, por cierto, también desarrollan actividades deportivas a altísimo nivel competitivo, como sucede en los Juegos Paralímpicos(32). El Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley Antidopaje ya había propuesto que se agravase la pena cuando la víctima fuese discapacitada y no solo cuando fuese menor de edad. Observación que, finalmente, no fue tenida en cuenta en la redacción definitiva del precepto penal.

4.5.2. Empleo de engaño o intimidación 

El segundo tipo agravado, por el empleo de engaño o intimidación, obedece a la mayor antijuricidad de la acción, porque de este modo se vicia el consentimiento del deportista al que se le suministra la sustancia dopante. Se trata de inducir a error a la víctima —engaño— o amenazarle con ocasionarle un mal —intimidación—.

Tanto el engaño como la intimidación han de producirse con carácter previo o concurrente a la acción típica del artículo 361 bis del Código Penal, y nunca posterior, puesto que el desvalor del engaño o la intimidación reside en llevar torcidamente al competidor al consumo no deseado de sustancias prohibidas o al empleo de métodos ilegales.

La intimidación a que se refiere el tipo agravado debe entenderse como el anuncio de un mal inmediato, grave, personal, concreto y posible que despierte o inspire en el deportista un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de un mal real o imaginario. El supuesto de no renovar el contrato del deportista en caso de no consumir sustancias dopantes no sería, por ejemplo, constitutivo de intimidación al carecer el mal de inmediatez y gravedad, sin perjuicio de que le sea aplicable el tipo correspondiente de amenazas o coacciones.

No se ha contemplado por el legislador el uso de la violencia física o vis atrox por parte del sujeto activo para obligar al deportista a doparse. En caso de darse esta violencia física, el problema concursal podría resolverse con la aplicación del delito de coacciones o bien del artículo 173.1 en concurso ideal con el tipo básico del artículo 361 bis del Código Penal.

4.5.3. Prevalerse el culpable de una relación de superioridad laboral o profesional 

El tipo agravado por prevalerse el culpable de una relación de superioridad laboral o profesional sí acota al autor, al contemplar una determinada relación entre este y el sujeto pasivo. Aquí se alude a aquellas personas que, por el vínculo laboral que los une al deportista con una relación de jerarquía o supremacía, al menos de facto, o por su profesión, se les exige un mayor cuidado en evitación de estas conductas no bastando con que exista esa relación sino que ha de haber “prevalimiento”, cuestión siempre difícil de probar al requerir que esa relación de superioridad sea la que precisamente se use como método o medio para obtener el consentimiento del deportista en relación al uso de la sustancia dopante.

Este tipo agravado se corresponde, en parte, con la agravante genérica de abuso de superioridad del artículo 22.2. del Código Penal, por lo que quedaría absorbida.

(1) Albin Eser. Deporte y justicia penal. En: Revista Penal. n.º 6 (2000); p. 53.

(2) Sobre estos tipos penales, vid. más extensamente De Vicente Martínez. Deporte y violencia (a propósito del enfrentamiento entre hinchas tras un partido de fútbol en Port Said, Egipto). En: Revista Internacional de Derecho Penal Contemporáneo. n.º 40 (2012); pp. 5 y ss.

(3) Derogada por la reciente Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

(4) Sobre el mismo Vid. De Vicente Martínez. Derecho Penal del deporte. Barcelona: 2010, pp. 374 y ss.

(5) Cfr. Tomás Ramón Fernández en el prologo al libro de González Grimaldo. El ordenamiento Jurídico del deporte. Madrid: 1974.

(6) Cfr. Salim-Hanna Sepúlveda. El fútbol y la violencia. En: www. colegioabogados.cl/revista/25articulo6.html.

(7) Un estudio minucioso de ambos grupos de casos puede verse en De Vicente Martínez, ob. cit., pp. 101 y ss.

(8) Sobre este caso, vid. Caballero. F. Droit de la drogue. París: 1989, p. 382.

(9) Vid. La Memoria de la Fiscalía General del Estado. Madrid: 2009, p. 1005.

(10) La Guardia Civil en febrero de 2006 descubrió una red de suministro de productos dopantes. Tres meses después, la investigación “Operación Puerto” culminaba con la detención de cinco personas en Madrid y Zaragoza y la incautación de numerosas bolsas de plasma congelado con EPO preparadas para la autotransfusión.

(11) Sobre casos de dopaje en ciclismo, fútbol, boxeo, tenis o atletismo, vid. De Vicente Martínez, ob. cit., pp. 373 y ss.

(12) Fue la ley belga, de 2 de abril de 1965, la primera en el marco del derecho comparado en reprimir penalmente la estimulación en el deporte. Vid. los trabajos de Heyndrickx. Le doping: aspects juridiques et toxicologiques. En: Revue de Droit Pénal et de Criminologie. (1974); pp. 213 y ss.; y De Becker. Dopage et droit pénal. En: Revue de Droit Pénal et de Criminologie. (1974); pp. 181 y ss.

(13) La primera ley penal francesa antidopaje fue la 65-412, de 1.º de junio de 1965, sobre la represión del uso de estimulantes con ocasión de competiciones deportivas. En la actualidad está en vigor la 2008-650, de 3 de julio de 2008, relativa a la lucha contra el tráfico de productos dopantes, que castiga al deportista que posea sustancias dopantes para su uso o trafique con ellas, con penas de hasta cinco años de prisión y multa de 75.000 euros. También castiga al entorno del deportista.

(14) Ley 376 de 14 de diciembre de 2000, de disciplina de la tutela sanitaria de la actividad deportiva y de la lucha contra el dopaje.

(15) Ley 27/2009, de 19 de junio, que establece el régimen jurídico de lucha contra el dopaje en el deporte.

(16) Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Doping im Sport, de 24 de octubre de 2007.

(17) Unos meses después de descubierta la red de suministro de productos dopantes, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por amplia mayoría la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.

(18) Roldán Barbero. La creación política de una nueva delincuencia: El uso del doping en el deporte. En: Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Vol, II. Cuenca: 2001,pp. 590 y 591.

(19) Díaz y García Conlledo. Represión y prevención penal del dopaje en el deporte. Relaciones entre Derecho, deporte y dopaje, con especial atención a la perspectiva jurídico-penal. En: Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. n.º 1 (1994); pp. 103 y ss.

(20) Millán Garrido (Coord.). Régimen jurídico del dopaje en el deporte. Barcelona: 2005, p. 149. En el mismo sentido, De Vicente Martínez, ob. cit., pp. 398 y ss.

(21) De Asis Roig / Hernández San Juan (Coords.). Estudios sobre el dopaje en el deporte. Madrid: 2006, p. 90.

(22) Doval País (Dir.); Sánchez-Moraleda (Coord.). Dopaje, intimidad y datos personales. Especial referencia a los aspectos penales y político criminales. Madrid: 2010, pp. 24 y 25.

(23) Doval País (Dir.); Sánchez-Moraleda (Coord.), ob. cit., p. 45.

(24) Palomar Olmeda. Las alternativas a la represión del dopaje deportivo. En: Revista Jurídica del Deporte. n.º 7 (2002-1); p. 64.

(25) Roxin. Derecho Penal y doping. En: Cuadernos de Política Criminal. n.º 97 (2009); p. 10.

(26) Vid. Haug. T. Doping - Dilemma des Leistunssports. Hamburg: 2006, pp. 201 y ss.; Glocker. M. Die strafrechtliche Bedeutung von Doping – de lege data und de lege ferenda. Frankfurt a.M.: 2009, pp. 176 y ss.

(27) Vid. BOE n.º 306 de 21 de diciembre del 2012.

(28) En este sentido, Quintero Olivares (Dir.) y Morales Prats (Coord.). Comentarios al Código Penal, t. III, 5.ª ed. Pamplona: 2008, p. 277.

(29) Álvarez Vizcaya. Salud o deporte: ¿qué pretende tutelar el Derecho Penal? En: La Ley Penal. n.º 47 (2008); p. 15.

(30) Vid. De Vicente Martínez, ob. cit., pp. 455 y ss.

(31) Vid. Franke. Hormondping als Regierungsprogramm. En: Hartmann, G. (Dir.). Goldkinder. Die DDR im Spiegel ihres Spitzensports. Leipizg: 1998, pp. 166 y ss.

(32) Tornos. A. Una aproximación crítica al nuevo delito de dopaje del art. 361 bis del Código Penal. En: La Ley Penal. n.º 47 (2008); p. 31.