La póliza ambiental y el desarrollo sostenible (*)

Revista Nº 44 Jul.-Sep. 2014

por Alcides Antúnez Sánchez y Elena Polo Maceiras 

1. Introducción

El contrato de seguro por la comisión del daño ambiental es motivo de que surjan propuestas que busquen solucionar los problemas producto de su no regulación dentro del ordenamiento jurídico cubano como política estatal. Por esta razón, realizamos una comparación con los distintos ordenamientos jurídicos en torno a la póliza de seguro ambiental; como seguro de caución, perteneciente a la familia de los seguros de garantía o crédito.

Por otra parte, para desarrollar la investigación utilizamos un método teórico-jurídico, que nos permitió valorar la legislación cubana relacionada con el seguro, las condiciones en que se promulgó, así como los contenidos, cambios y la valoración de su impacto dentro de la política ambiental, económica-social y cultural. En el desarrollo del estudio de la política de seguro se empleó un método de análisis-síntesis, la caracterización de la institución y la valoración del estado de la ciencia respecto al tema, identificando regularidades y tendencias en la doctrina moderna, documentos de la política ambiental cubana y del Ministerio de Finanzas y Precios, esto con el fin de localizar posiciones teóricas y prácticas. El jurídico-comparado se utilizó a los fines de ofrecer una perspectiva de corte horizontal contrastiva en toda la investigación del tratamiento de la póliza de seguro ambiental, mediante la selección cualitativa de los ordenamientos jurídicos analizados. Por último, el método histórico jurídico fue necesario para lograr una correcta comprensión de la política aseguradora en lo ambiental como institución, para brindar una eficaz valoración de la evolución y tránsito de esta institución en las legislaciones foráneas y en Cuba (Hernández Sampieri, 2008: 63-117)(1).

Este tipo de seguro difiere de los demás, toda vez que es el deudor el tomador del seguro en beneficio de su acreedor y es quien responde al asegurador ante el incumplimiento de sus obligaciones, derivadas del contrato suscrito con el asegurado “acreedor”, sin necesidad de una previa interpelación o acción judicial contra los bienes del tomador “deudor” (García Castro, 1984: 1).

Al iniciarse este estudio sobre la historia del seguro y de los sistemas de responsabilidad por la comisión del daño ambiental, los elementos que intervienen en la relación entre la administración pública y los administrados, al considerarse que todo sistema de responsabilidad tiende a establecer la reparación del daño, sin perjuicio que dentro de la responsabilidad se establezcan otros elementos, como las medidas preventivas con un carácter esencialmente reparador. (Ciollaro, 1984)(2).

El principal fundamento del seguro es otorgar solvencia para la reparación del daño y la protección a la víctima, por lo que se concluye que los avances hacia una mayor cobertura de los riesgos por el sistema de responsabilidad dependen, en gran medida, de cómo los mecanismos aseguradores son capaces de internalizar dichos riesgos y ofrecer a los agentes de comercio y de producción, pólizas de seguros que hagan viable el desarrollo de las actividades susceptibles de causar daños a los usuarios (La Cruz Moreno,1953: 1-55)(3).

Por lo anterior, se analizan otros sistemas de responsabilidad, como el sistema norteamericano Cercla, que funciona bajo el principio del que contamina paga; el estipulado en la Directiva del Parlamento Europeo y el establecido por el Consejo sobre Responsabilidad Medioambiental en Relación con la Prevención y Reparación de Daños Medioambientales (Obregón Sánchez, 2008)(4).

En la cuestión medioambiental, como campo de observación privilegiado para evaluar la necesidad de establecer criterios de responsabilidad que se complementen con la necesidad de los instrumentos financieros que brinden garantía ante los eventuales y, a veces, inevitables daños que concurren, junto al tratamiento del riesgo ambiental en las pólizas generales, no puede faltar el estudio detallado de la cobertura del riesgo de contaminación a través de las pólizas específicas con un planteamiento de suscripción claramente especializado. De esta forma, en el mercado de la Unión Europea se ha dado la formación de pools de cobertura de daños por contaminación (Cafferata, 2004: 5)(5).

Por su parte, la póliza de seguro actúa como póliza de garantía, mientras que cada una de sus menciones planteará la hipótesis de una posible responsabilidad objetiva, evidenciándose cierto grado de incompatibilidad con nuestro sistema de responsabilidad subjetiva, en el que solo se responde si se ha actuado con dolo o culpa (Meilij, 1975: 261).

Los problemas y vacíos que contiene la regulación de este contrato de seguro dentro del ordenamiento jurídico cubano, la dificultad que se presenta al ofrecer productos que sean accesibles a las empresas y que otorguen una cobertura efectiva por los daños causados, y así proponer algunas medidas que entreguen una propuesta en un escenario que está sujeto a grandes transformaciones, al ser considerado como una herramienta necesaria para el buen funcionamiento de un sistema de reparación de daños ambientales, son consideraciones que han motivado a la redacción de este trabajo, así como su vinculación con las herramientas de gestión ambiental para su concesión por parte de la entidad aseguradora y la necesidad de implementar la contabilidad ambiental dentro del sistema contable en el país (González Malaxechavarria, 2005: 5-19)(6).

2. La actividad aseguradora en Cuba, tracto histórico

En Cuba, para el año1762, el comercio de la isla se centraba en sus vínculos con la corona española, existiendo en los puertos cubanos agentes o factores, como se les denominaba entonces, de compañías españolas de seguro que reafirmaban el monopolio total de la metrópoli, como el de la “La Unión”, dedicada al ramo de incendios, o “El porvenir de las familias”, sobre seguro de vida.

El 24 de enero de 1795 se constituye, en La Habana, la primera compañía de seguros, mediante escritura pública, “Protectores y Superdirectores de la Compañía a la Santísima Virgen Nuestra Señora de Regla y al señor San Cristóbal” (Martínez Escobar, 1945: 1)(7), cuyos estatutos señalan: “su patrocinio para que, como padrinos de este establecimiento, intercedan con el omnipotente para el buen éxito de sus empresas”. Su objetivo era “los seguros marítimos generales para las cuatro partes del mundo”, por considerar sus fundadores, personalidades prominentes de la colonia, que La Habana requería aseguradores, pues “una plaza de tanto tráfico como esta, estaba muy necesitada de aseguradores que, en un caso o embarque repentino, puedan asegurar aquí sus remesas”, otorgándose garantías al comerciante. Tuvo visibilidad en los puertos de Cádiz, Barcelona, Santander, Coruña, Tenerife, Guayra, Campeche, Veracruz, Trujillo, Nueva Orleáns, Cartagena y Buenos Aires.

Para el año 1845 se constituyeron las primeras agencias de compañías extranjeras (Henríquez Ureña, 1937: 26.)(8), inglesas principalmente. En 1851 se crea “La Alianza”, sociedad de créditos y seguros sobre la vida de los colonos chinos y de esclavos, desarrollando el seguro marítimo. Luego, en 1855, se fundan varias aseguradoras: “El Iris”, primera compañía de seguros mutuo contra incendios, “La Hereditaria”, dedicada a los seguros mutuos sobre la vida y “La Providencia”, sociedad de seguros sobre la vida de los esclavos, similar ramo al que se dedicó “La Protectora”, creada en 1856. Estas compañías tenían carácter mixto, actuando como instituciones de seguro y crédito, con estrechas relaciones con el sistema esclavista imperante.

En el año 1862 comienzan a operar en el país compañías de seguros, principalmente inglesas, canadienses y americanas, entre otras nacionalidades. Alrededor de 1882 se crea “Lloyd Habanero”, dedicada a seguros marítimos, así como otra compañía especializada en seguros. Éstas surgieron con nuevas orientaciones económicas, desligadas del esclavismo y bajo la estructura de sociedades anónimas.

En cuanto a seguros de vida, la historia de Cuba refleja la creación, en 1891, de “El Fénix” y, en 1895, de “Círculo Cosmopolita”, así como la “Caja de Ahorros y Socorros Mutuos de los Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de la Isla de Cuba”. Otro hecho importante en el tracto histórico del seguro fue la creación de la primera compañía que estableció su agencia en Cuba al colocar depósitos en garantías, según lo establecido en la Orden Militar 181 de 1899, con la “Fidelity & Deposit Company of Maryland”.

A fines del siglo XIX se empieza a ofrecer al mercado cubano el seguro de accidentes por parte de la “Norwich Union Fire Insurance Society Limited“. A raíz de la primera intervención norteamericana, surgió en La Habana una compañía de inversiones que adquirió notorio crédito y realizó numerosas operaciones de seguros personales. Las pólizas eran vencibles a seis años como máximo, pudiendo ser canceladas antes, si eran agraciadas en los sorteos que periódicamente se celebraban.

Para el año 1908 se crean dos nuevas compañías: “La Nacional”, de efímera vida y dedicada a los seguros de vida, y “La Mercantil”, centrada en seguros de incendio. Esta última protagonizó una encendida disputa con una asociación que, en sus estatutos, prohibía el reaseguro y coaseguro, por lo que su presidente impidió su entrada en el seno de la misma. La Mercantil obtuvo reaseguro de la “Home” y de “Hartford”, ambas norteamericanas, las que, por su influencia en Londres, lograron que el “Fire Offices Comitte Foreign” (Comité de Compañías Británicas para el Negocio Extranjero) enviara un representante para que se reorganizara la asociación sobre bases que permitieran la cooperación entre asociados, renunciando el respetado pero recalcitrante presidente, lográndose así la entrada de “La Mercantil” y con ello una nueva etapa de los seguros en Cuba al renacer sobre unas bases firmes el seguro a prima fija y la cooperación entre aseguradores.

En el ámbito del transporte automotor, la primera compañía que ofertó seguros de automóviles fue la norteamericana “United States Lloys, Nueva York”, en 1911. La Primera Guerra Mundial favoreció a los países neutrales por la calma política y el incremento comercial que buscaba llenar el vacío de Europa. En 1915 se aprueba la primera ley del seguro de accidentes del trabajo, lo que generó una mayor creación de compañías que ofrecían los seguros regulados.

De este modo, entre 1915 y 1919 se crearon numerosas aseguradoras, como la “Unión Hispano-Americana“, organizada por el Banco Español, “Cuba”, “La Cubana“, “Unión Nacional”, “Metropolitana”, “Internacional”, “Comercial“, “Unión Agrícola”, “Federal”, “Alianza“, “La Mutua“, todas ubicadas en La Habana. En otras ciudades fueron creadas “Cienfuegos“, “Sagua“, “Oriente” y “Unión Antillana”, empresas en las que prevaleció el sistema de la multiplicidad de líneas de seguro al incluir incendios, marítimo, automóviles, vida y hasta accidentes laborales (Henríquez Ureña, 1937: 26)(9).

Otro momento de riqueza y esplendor se observó en la denominada época de las vacas gordas, que se refleja en el momento en que la Unión Hispano-Americana, La Cubana y Metropolitana llegaron a establecer sucursales en Estados Unidos y Gran Bretaña. Para el año 1920, el derrumbe de los precios del azúcar y la consiguientes caída económica y desplome de la banca, debilitaron, pero no acabaron con el sistema asegurador. (Cantón Navarro, 2009: 1-259)(10).

Tiempo después, en 1929, los estudios de la Comisión Nacional de Estadísticas y Reformas Sociales (Wolter del Río, 1931)(11), las primas de seguros recaudadas por compañías nacionales y extranjeras, en seguros de vida, incendio, automóviles, marítimos y cristales. Según estadísticas de la Secretaría de Comercio, a 31 de diciembre de 1935, las compañías de seguros de vida poseían más de 26 millones de pesos en reservas, pero de estos, unos 25 millones se encontraban invertidos fuera del país. En enero de 1937 32 compañías cubanas de seguros estaban autorizadas para ejercer (Gacetas Oficiales 7, 8, 9, 22, 1937).

En 1940, 95 compañías de seguros tenían autorización para operar (Montalvo, 1953)(12), las cuales provenían de cinco países. A finales de 1954 (Montalvo, 1954)(13) operaban 162 y 5 de reaseguros, y finalizando 1955 (Montalvo, 1955)(14) eran 154 y 6 (Camacho Rodríguez, 2010)(15), respectivamente.

En 1955, las compañías cubanas tenían una participación en el mercado de aproximadamente el 50% de negocios por concepto de pólizas suscritas, llegando a ingresar 10,4 millones de pesos por concepto de primas cobradas (Camacho Rodríguez, 2010)(16).

Ahora bien, se considera que, a pesar de que el acta de nacimiento del Derecho Ambiental data del año 1969, las normativas cubanas dictadas no estuvieron enfocadas en la protección de los recursos naturales a través de compañías aseguradoras objeto de análisis en este texto, aunque en la historia del Estado y del Derecho en Cuba (Carreras, 1982: 11)(17), encontremos algunas normativas de orden administrativo que entraron a regular el uso de los recursos naturales, como fue el caso del agua en la capital del país, además, sobre el seguro hemos contrastado en este análisis su vínculo con la actividad comercial (Ojeda Mestre, 2000: 47)(18).

Al triunfo de la revolución como nuevo proyecto social, muchas de las compañías que operaban cerraron o se mantuvieron inactivas y provocaron una situación de caos en el mercado, lo que exigió la intervención directa del Gobierno Revolucionario para proteger los intereses de los asegurados y del país. Entre los principales problemas estaban las protecciones de reaseguro que requerían los aseguradores cubanos y extranjeros, ya que las mismas estaban contratadas con reaseguradores norteamericanos o a través de sus casas matrices en Estados Unidos (Fernández Bulté, 2005: 97)(19).

Estas formas de protección fueron canceladas a raíz de las primeras nacionalizaciones, lo que provocó que estas compañías dejaran de suscribir nuevos riesgos, al no contar con el reaseguro para sus excedentes. Ejecutivos y personal especializado en seguros abandonaron el país, dejando a las compañías totalmente inoperantes.

En 1959 funcionaban 52 instituciones en el país en materia de seguro social, denominadas “cajas”, “fondos”, “cajas de retiro” o “seguros”. Estas eran clasificadas por la Junta Nacional de Economía en: “jubilaciones y pensiones del Estado”, “seguros profesionales” y “seguros de los trabajadores”. Con los cambios ocurridos en la vida política y económica del país la seguridad social adquirió un nuevo sentido.

En este campo, los objetivos del programa abarcaron de inmediato la atención financiera a los fondos de los seguros sociales existentes para garantizar el cumplimento de sus obligaciones sin interrupción y, a largo plazo, la cobertura de todos los riesgos, la extensión de la protección a todos los trabajadores, la concesión de las suficientes prestaciones, la racionalización y unidad administrativa, la gratuidad del sistema y la creación del seguro de enfermedad. El propósito consistía en aplicar medidas encaminadas a iniciar una justa protección y redistribución del ingreso en concordancia con la línea económico-social que caracterizaba la acción inmediata del Gobierno. El país enfrentó situaciones que significaron un crecimiento importante en el gasto social.

Los primeros pasos se encaminaron a la transformación organizativa de los seguros sociales. Detrás quedaron los intereses políticos que durante años habían frenado a la unificación. La nueva organización se basaba en el principio de unidad. Este proceso comienza en el sector laboral, constituido por los seguros sociales de mayor homogeneidad (Portuondo del Prado, 1965: 7-332)(20).

Para el mes de mayo de 1959 se creó el “Banco de los Seguros Sociales de Cuba”, como organismo autónomo encargado del gobierno y ejecución de los seguros sociales, al que se incorporaron las veinte cajas de retiro de este sector. A partir de este momento, se extinguen las funciones de sus directorios, así como se transfiriere al Bansescu el patrimonio de dichas instituciones. El objetivo era asegurar la unidad de la administración para luego ampliar la cobertura del régimen a los trabajadores desprovistos de amparo.

Luego, la Ley 851 de 1960 decretó la nacionalización de casi 50 agencias norteamericanas de seguros radicadas en Cuba, declarándose adjudicadas al Estado cubano, designando para su administración al Banco de Seguros Sociales de Cuba. En el mismo año se creó la Oficina de Control de Seguros con el fin de regir todos los negocios desarrollados por las entidades aseguradoras.

En septiembre de 1962, considerando las observaciones y sugerencias atendibles como resultado de un amplio proceso de análisis y discusión realizado por los trabajadores, se elaboró una ley de seguridad social, cuyo campo de aplicación se extendió a todos los trabajadores, lo que hizo posible que más de 250 mil trabajadores agrícolas quedaran comprendidos en el nuevo sistema.

Con el proyecto revolucionario, el Estado se ocupó, a través de las primeras leyes revolucionarias, en este caso las concernientes a la reforma agraria, de trabajar en lo relativo a la protección de los recursos naturales. El 9 de abril de 1963 se creó la “Empresa de Seguros Internacionales de Cuba”, dedicada a ofrecer los seguros necesarios para el desarrollo del comercio exterior; esta compañía era miembro de organizaciones internacionales y ejecutora de las reclamaciones y reaseguros necesarios.

La Ley 1100 de 1963 representó la culminación del proceso unificador y un momento singular en la aplicación de los principios de universalidad, solidaridad, comprensibilidad e integridad en el Sistema de Seguridad Social. Para el año 1964, inicia sus actividades en el país la “Empresa Nacional de Seguros” —ENSEG—, bajo el régimen de financiamiento presupuestario, con las funciones de atender los negocios traspasados por la oficina de control, para fiscalizar y atender las compañías extranjeras intervenidas, la comprobación contable de las que se encontraban en liquidación, así como la nacionalización e integración de las 13 compañías cubanas que aún se mantenían en el sector privado. En 1968, la Ofensiva Revolucionaria elimina la actividad de los corredores de seguros. Por su parte, la Resolución 330 de 1970 del Banco Nacional de Cuba disuelve la ENSEG, asumiendo ESICUBA las carteras de seguros que poseían determinada incidencia en la economía del país.

Desde su creación, ESICUBA brindó cobertura a todos los riesgos vinculados a la economía exterior del país: la aviación, los buques mercantes y pesqueros, las cargas del comercio exterior, las propiedades cubanas en el extranjero —embajadas, consulados, etc.— y otros de similar naturaleza. Sin embargo, en la medida en que el Estado pasaba a ser dueño de los medios de producción, asumía a su cargo —a cuenta del presupuesto del Estado— más y mayores riesgos sin intervención del mecanismo financiero del seguro, mientas que solo aquellas propiedades que se vinculaban a terceros no cubanos continuaron necesitando protecciones en forma de seguros.

Durante la década de los años 80, comenzaron a resurgir intereses extranjeros y la actividad reaseguradora de ESICUBA había alcanzado cierto nivel en el mercado internacional. Con el objetivo de agilizar sus operaciones internacionales, adoptar un estilo de trabajo más comercial y desvincular claramente sus obligaciones de las del Estado, a partir de 1987 esta entidad se transformó en una sociedad mercantil, adoptando la denominación social de Seguros Internacionales de Cuba, S.A. y manteniendo las siglas ESICUBA como nombre comercial.

La “Aseguradora del Turismo, La Isla S.A.” operó 7 años desde 1996, ésta se especializó en seguros generales asociados al sector turismo; fue liquidada en el 2003, asumiendo ESICUBA sus obligaciones pendientes. Igualmente, la “Reaseguradora de La Habana, S.A.” funcionó algunos años, esta se encargó de colocar en el mercado externo los riesgos cubiertos por las aseguradoras cubanas, asumiendo igualmente ESICUBA la tarea de continuar su labor. Por otra parte, la compañía cubana de capital mixto cubano-inglés “Heat Lambet de Cuba, S.A.” funcionó por varios años como corredor de seguros. En 1996 se crea “Asistencia al Turista S.A.”, la cual a su vez opera como compañía de asistencia.

Así mismo, más de mil agentes de seguros se encontraban activos, fundamentalmente personas naturales que realizaban una labor de intermediación entre las aseguradoras y los clientes. Operando como entidades auxiliares de seguros se encontraban Intermar S.A., Sepsa y el Registro Central de Buques, que se dedicaron, entre otros, a los servicios de inspección, tasación y ajuste de averías a efectos del seguro. También mantuvieron su presencia en este mercado dos compañías reaseguradoras: “La Intercontinental de Reaseguros” y la “Reaseguradora de las Américas” (Le Riverend, 1979)(21).

El 11 de diciembre de 1978 se crea la “Empresa del Seguro Estatal Nacional” —ESEN—, actualmente “Empresa de Seguros Nacionales”, que tiene como objetivo fundamental desarrollar los distintos tipos de seguros nacionales, especializándose en aquellos personales, de responsabilidad civil y de bienes. La Ley 1100 de 1963 solo comprendía al trabajador y a su familia. El nuevo reto consistía en concebir la seguridad social como un sistema que garantizara la protección con la más amplia cobertura para el trabajador, su familia y también aquella parte de la población cuyas necesidades esenciales no estuvieran aseguradas o que, por sus condiciones de vida o de salud, requiriera esa protección y no pudiera solucionar sus dificultades sin ayuda de la sociedad (Benítez Rojas, 2010: 1-5)(22), todo esto como parte del Ministerio de Finanzas y Precios, organismo de la administración pública.

Como respuesta a lo anterior, se concibió la regulación de un sistema integrado por dos regímenes: el de seguridad social y el de asistencia social, que, en conjunto, formaran un tono armónico capaz de garantizar, como lo expresa la Constitución de la República, que “no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia” (Pérez Hernández, 2002: 11-384)(23).

Con el cambio de sistema social en el país, el Estado comenzó a dictar normas que dieron una mirada a la protección de los recursos naturales como la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Minas, la Ley Forestal, entre otras, las cuales han estado dirigidas a disfrutar de un desarrollo sustentable entre las transformaciones sociales y el hombre, pero, a pesar de existir una legislación en materia ambiental adecuada, no a establecer un seguro ambiental dentro del ordenamiento jurídico interno que tribute al desarrollo sostenible del hombre con la naturaleza (Hernández Aguilar, 2011: 29)(24).

3. El marco jurídico dentro del derecho interno de la política aseguradora en Cuba

Si tomamos en cuenta un primer análisis sobre qué se entiende por contrato, para el Derecho Romano no es un cuerpo jurídico homogéneo con una orientación uniforme, obra de un legislador, sino el resultado de una larguísima evolución histórica que pudiera haberse iniciado en el año 753 a. c. (Rimli: 220)(25). Ahora bien, se discute si los romanos entendieron el contrato como una forma genérica productora de obligaciones o si en realidad solo conocían ciertos contratos especiales. Demofilo de Buen (Vigil Iduate, 2005)(26) afirmó que del Digesto, atribuido a Ulpiano, se infiere una concepción de contrato en la que, según ella, un contrato es la convención productora de acción, por tener nombre de contrato o causa civil de obligar.

Por las diversas acepciones que se daban a este concepto, afirma Messineo (Alterini, 1999: 7)(27) que éste ha sido un paradigma general y abstracto, susceptible de acoger cualquier contenido al subrayar la variedad temporal-espacial del concepto: asimismo, señala Messineo “El concepto moderno del contrato se deriva no del contactua de los romanos, sino del nudo pacto —convenio— reconocido por el derecho pretoría que originalmente, es decir, en el derecho romano más antiguo, indicaba el elemento voluntario y no lo que los romanos llamaban “contractus”, el vínculo que mediaba entre dos personas, tuviese este su origen en un hecho voluntario o no voluntario, y era, además, un vínculo que se producía tan solo en relación a un contenido determinado al que correspondían figuras igualmente determinadas de contrato. Solo dichas figuras de contrato engendraban acción, esto es, eran reconocidas por el ordenamiento jurídico y protegidas contra su incumplimiento” (Barrera Graf, 1983: 11-189)(28).

Cuestiones estas que nos llevan a analizar el contrato de seguro desde su génesis económica hasta la arista jurídica, en particular la relacionada con los recursos naturales y su protección, vinculada con el control ambiental. El seguro, en sentido económico, es la cobertura recíproca de una necesidad fortuita y valorable, relativa a múltiples economías amenazadas de igual modo, así que puede afirmarse que sin mutualidad o cobertura recíproca no hay seguro. Esta cobertura recíproca puede realizarse mediante dos sistemas: a) el sistema de reparto y b) el sistema de capitalización (Cañizares Abeledo, 2013)(29).

El seguro posee cuatro funciones: la función social de sustituir la ansiedad paralizadora de las actividades por la seguridad. La preventiva de los riesgos, que se da a través de las instrucciones que los aseguradores imponen a los asegurados para evitar o aminorar los siniestros. La de indemnización o de capitalización, si se produce el evento. Y la financiera, mediante la inversión de las sumas recaudadas en forma de primas o cuotas, que pueden oscilar desde una actividad especulativa a una de inversión selectiva, de acuerdo con la planificación estatal del desarrollo económico-social (Benítez Rojas, 2010)(30).

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. También se le denomina póliza, donde se entran a delimitar las condiciones de dicho acto contractual (Fraga Martínez, 2005)(31).

En cuanto al derecho interno analizamos su tracto legal y constatamos que aparece recogido en el Código de Comercio, norma jurídica aplicada en Cuba desde Ultramar, la que estableció, en su artículo 380, que será mercantil el contrato de seguro si fuere comerciante el asegurador, y el contrato, a prima fija, es decir, cuando el asegurado satisfaga una cuota única o constante como precio o retribución del seguro. Estos contratos son conocidos como seguros sobre la vida, seguros de vida industrial o popular, los cuales han sido concertados por asegurados individuales con las compañías de seguros nacionalizadas o confiscadas. No obstante, estos fueron liquidados en virtud de lo dispuesto en las leyes 1192 y 1193 de 1966.

Ahora bien, estas operaciones de seguro mercantil se realizaron en ese momento realizadas por la Empresa Nacional de Seguros, en el ámbito interno, y por la Empresa internacional de Seguros a nivel internacional, ambas entidades de carácter estatal y creadas mediante las Resoluciones 1401 y 416 de 31 de 1963, respectivamente del extinguido Ministerio de Hacienda (Castillo Pérez, 2013)(32). Dichas empresas se hallaban vinculadas a la Banca Nacional de Cuba, según lo dispuesto en la Ley 1298 de 1975, proponiendo y ejecutando la política y planes de seguros en el ámbito nacional (Moreno Cruz, 2000)(33).

Con el devenir del proceso revolucionario, y como parte de la política de institucionalización aplicada en el país, se aprueba la Ley 59, Código Civil, que, en su artículo 449, define que en el contrato de seguro la entidad aseguradora se obliga a pagar una indemnización, o a efectuar alguna otra prestación hasta el total de la suma o valor asegurado, al ocurrir alguno de los acontecimientos previstos en el mismo, mientras que el asegurado se obliga a pagar una prima calculada de conformidad con las tarifas establecidas. El artículo 449.1 establece que el seguro voluntario se rige por las disposiciones de dicho código y por aquellas dictadas por el organismo correspondiente, contentivas de las condiciones generales y especiales, así como de las tarifas aplicables a cada tipo de seguro. Por su parte el 449.2, establece que el seguro obligatorio se rige por las disposiciones de la ley que lo crea y, supletoriamente, por las que se establecen en el código (Pérez Gallardo, 1999)(34).

Con posterioridad se decide fijar en una normativa independiente al contrato de seguro, promulgándose el Decreto-Ley 263, dando otra impronta a la actividad del seguro, pues en su artículo 5º se estipula que el seguro es aquel por el cual la entidad de seguros se obliga, mediante el cobro de una prima, a garantizar el interés del asegurado o del beneficiario en cuanto a las consecuencias que resulten del riesgo cubierto por el contrato (Vigil Iduate, 2009)(35).

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Precios (Castillo Pérez, 2013)(36), organismo encargado de la actividad objeto de análisis en este artículo, dicta la Resolución 8, actual reglamento en materia aseguradora en el país, de la que se coligen los siguientes ramos de seguro: bienes, personales, de responsabilidad civil y otros, con lo que es posible apreciar que el seguro ambiental no es abarcado por la legislación, a pesar de ser esta una de las políticas internacionales en materia ambiental a las que se ha adherido el Estado cubano al ser parte del denominado Derecho Ambiental Internacional (Jordano Fraga, 2009).

Este tipo de contrato es de suma importancia para el sector empresarial y para el futuro desarrollo de la economía del país en la implementación de los lineamientos relacionados con las políticas medioambiental y monetario-crediticia dentro del nuevo modelo económico que hoy se implementa. La teoría del seguro nos señala que tiene como función la de reponer al asegurado, tras un siniestro, en una situación personal o patrimonial lo más próxima a la anterior a sufrirlo, o, sí ello no es posible, darle una compensación económica que merme los efectos del daño. Debe observarse que se habla de compensación económica, nunca de negocio, ya que la naturaleza del seguro rechaza per ser que de él pueda obtenerse beneficio alguno, pues incentivaría el fraude (González Rodríguez, 2004)(37).

Una primera clasificación del seguro podría establecerse de la siguiente manera: seguros personales, de vida, de accidentes, etc.; seguros de daños, incendio, robo, transporte, etc. El seguro se basa en la existencia de la cadena riesgo-siniestro-daño que consiste en:

• Riesgo: la posibilidad de que suceda un evento futuro que pueda dañar el objeto del seguro.

• Siniestro: materialización del riesgo “si aseguramos un cargamento contra roturas, estas son el siniestro”.

• Daño: el perjuicio producido a consecuencia del siniestro, susceptible de cuantificación, “en mercancías se le conoce también como avería”.

Es intención de los autores de este texto opinar respecto a algunas cuestiones recogidas por la norma que pueden estar relacionadas con el seguro ambiental, que son las cubiertas en lo relativo a los riesgos cubiertos al ser variados, por ejemplo: incendio, rayo o explosión, cualquiera que sea su origen; terremotos, temblores de tierra, erupción volcánica, huracán, ciclón, manga de viento, granizadas y tormentas; hundimiento o corrimiento de tierra; inundación por cualquier causa, escape de agua por cualquier causa imprevista; desplome o derrumbe de paredes, techos o estructuras del local asegurado o donde se encuentren los bienes asegurados (Garrido Vásquez, 2008: 44)(38).

De aquí que consideremos que existe un nexo vinculante con el derecho del medio ambiente y, dentro de este, con la responsabilidad ambiental (Lozano Cutanda, 2009: 99)(39), la inspección ambiental (Jaquenod de Zogon, 2009: 372), la auditoría ambiental (Murad Robles, 2009: 263)(40) y la comisión de daños, como parte del desarrollo sostenible que tanto se aboga como política ambiental por parte de la administración pública de Cuba en el nuevo modelo económico implementado en el siglo XXI (Cánovas González, 2010)(41).

4. El derecho ambiental

La historia medioambiental de la Tierra y de la humanidad es tan moderna como la propia preocupación ambiental. Las obras científicas de Bailes, Caracciolo, Walter, Ruffolo, y Environmental History, plantean la dificultad metodológica y la imposibilidad de separación de los problemas medioambientales y de gestión, en lo que se refiere a la sociedad y a sus instituciones (Cafferrata, 2004)(42).

En este estudio ambiental, sus componentes e interrelaciones son un tema de larga data, el cual se remonta a la antigüedad con los primeros biólogos y naturalistas, como Aristóteles, Heráclito de Éfeso y Anaximandro. Con el inicio de las ciencias modernas, bajo el modelo naturalista, encontramos a fisiologistas como René Antoine Ferchault de Réaumur y Antoni Van Leeuwenhoek. Estudiosos a nivel geográfico como el naturalista y geógrafo Alexander Von Humboldt, y entre los evolucionistas a Jean Baptiste Monet (Maximiliano Martin, 1979)(43).

La historia general y la económica, de tradición humanístico-historicista, previó afectaciones para el siglo XX, como portador de peligros, insertó a la especie humana en el magma complejo de un medioambiente en tensión. Para dar soporte a la anterior afirmación, la obra “Les suisses et l’environnement” hace una documentación histórica a partir del siglo XVIII, en la que se considera que el punto de partida de los cambios ambientales es la industrialización (De Besa Antunes, 2010)(44).

La ecología iniciada por Humboldt y los aportes de Wallace y Darwin, así como por otras propuestas de filósofos que, como Holbach, señalan que: cuando los hombres se juntaron entre sí para vivir en sociedad, hicieron, ya sea formal o tácitamente, un pacto por el cual se obligaron a hacerse mutuos servicios y a no dañarse. La diversidad que existe entre los seres humanos hace que reine entre ellos una desigualdad que es la base de la sociedad (...) La justicia se llama también equidad porque impide que cada cual use del ascendiente que la desigualdad de naturaleza o industria le ha dado para dañar a los demás (Funes Monzote, 2003)(45).

Engels, en su obra “La dialéctica de la naturaleza” indicó sus preocupaciones; tratando con convicción la gravedad de las acciones humanas, irreflexivas e ignorantes, sobre la naturaleza, en el proceso de apropiación de sus recursos, Engels articuló estos desajustes con los de implicación social: “si ha hecho falta el trabajo de siglos hasta que hemos aprendido, en cierto modo, a calcular las consecuencias naturales remotas de nuestros actos encaminados a la producción, la cosa era todavía mucho más difícil en lo que se refiere a las consecuencias sociales” (Holbach, 1969)(46).

La máquina de vapor, como inicio del deterioro medioambiental, no permitió la armonía propuesta, pues no se sustentaba solo en el conocimiento de las leyes y regularidades del funcionamiento de la naturaleza. Este acelerado avance de la ciencia y de la técnica en la era post-industrial trajo consigo riesgos a la salud y al medioambiente, al utilizar tecnologías que no permitían su control absoluto y que, en ocasiones, escapaban a la posibilidad de previsión y a la imputación culposa de sus consecuencias (Engels, 1970)(47).

Por lo anterior, ha sido necesario que el hombre construya políticas que, de una forma u otra, le ayuden a mitigar los riesgos al medio ambiente a través de políticas aseguradoras, como es el caso del seguro ambiental. El Derecho Internacional del Medio Ambiente requiere, entonces, frente a actividades riesgosas o eventualmente peligrosas llevadas a cabo en territorio bajo la jurisdicción de los Estados o bajo sistemas especiales la adopción de medidas especiales ad intra y ex ante, entre ellas, como ya citábamos, el seguro ambiental obligatorio (Ahumada, 2007)(48).

En este sentido, es importante destacar que hay por lo menos tres pautas esenciales del sistema civil de tutela ambiental: a) Responsabilidad objetiva (Galindo Garfias, 2009)(49), b) Reparación en especie y c) Prevención del daño ambiental (Jaquenod de Zsogon, 2004). En relación a la primera pauta, la atribución “sin culpa” es un mecanismo determinante en el sistema de tutela civil del ambiente, debido a que la responsabilidad civil clásica —fundada únicamente en la culpabilidad subjetiva— significó durante mucho tiempo un obstáculo para que los damnificados accedieran fluidamente a la indemnización. “Y máxime en el ámbito de actividades de alto potencial nocivo —p. ej. contra el medio ambiente—, pero sustraídas en principio a evidencias de culpabilidad, que quedaban, por ende, fuera del sistema resarcitorio, garantizando al contaminante un margen de provecho, a costa de la seguridad de la población (Cabeza Ares, 2003).

Por ello, la evolución hacia una responsabilidad objetiva por daño ambiental constituye un eficiente mecanismo de internalización que impone, inexorablemente, al contaminante el costo de recomposición, operando entonces como sistema de prevención indirecta, ya que la sanción resarcitoria motiva, como amenaza o coacción psicológica-económica, a no producir actos antijurídicos, lesivos del medio ambiente” (González Molina, 2010)(50).

En el mismo sentido se expresa la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su Principio 16, al establecer que las autoridades nacionales deben procurar que se fomente la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, asumir los costos de la contaminación, considerando debidamente el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales (Brañes Ballesteros, 2009)(51).

En este marco de responsabilidad objetiva es fundamental para los agentes contaminantes, o potencialmente contaminantes, contar con un seguro que les permita afrontar los costos de la restitución del ambiente dañado al estado previo al acto de contaminación. Esto, desde el punto de vista de la responsabilidad con la que debe obrar cualquier potencial contaminante del ambiente. Desde la perspectiva del Estado también se vuelve imprescindible establecer la obligatoriedad de contratar este tipo de seguros, con el fin de dar cumplimiento al Principio de Prevención, uno de los Principios Internacionales del Medio Ambiente (Stiglitz, 1997)(52).

Cuestiones estas abordadas en relación a tres principios tributarios para la creación de un régimen comunitario de responsabilidad, entre los que destacan, la cautela, la acción preventiva y la máxima ‘quien contamina paga’. Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad civil debe ser un instrumento legal básico para la protección del medio ambiente como bien de titularidad colectiva, por constituir uno de los mecanismos más idóneos para garantizar la reparación adecuada de los daños que resulten de actividades peligrosas (Alarcón García, 2012: 205)(53).

Es preciso destacar que el medio ambiente se ha reconocido como bien jurídico público, se considera como res nullius, como un bien de dominio público, o como un bien de propiedad privada, aunque consideramos que éste es de uso colectivo, así responda a intereses de carácter difuso. En el siglo XXI los problemas ambientales se han agravado aún más, y no se avizoran soluciones para resolver el actual deterioro ambiental que impera en el mundo y del que Cuba no es ajena. Por otra parte, es importante destacar que dentro del derecho interno cubano existen normas que entran a regular la protección de los recursos naturales, pero es menester reconocer que el sector empresarial estatal y el no estatal están obligados a incrementar la cultura jurídica para poder ser competitivos, pues los empresarios en su mayoría no tienen la cultura del seguro y no lo planifican en sus registros contables ante la posibilidad de que concurran riesgos (Carrillo Fuentes, 2011).

5. La póliza ambiental en el nuevo modelo económico cubano

Dentro del proceso de institucionalización, la protección ambiental ha tenido un espacio preponderante desde el texto constitucional, contribuyendo a que se hayan dictado posteriores leyes como parte del derecho sustantivo en materia ambiental, con lo que se evidencia que el país ha realizado acciones protectoras de la naturaleza, en correspondencia con los tratados firmados y corroborados en la actualidad mediante el nuevo modelo económico que se implementa (Triana Cordoví, 2013)(54).

En su capítulo I, Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, se distinguen cuatro ámbitos interrelacionados de incidencia: la protección del medio ambiente como principio constitucional rector de la política económica y social; la función pública de protección ambiental como mandato de acción para el Estado; la protección ambiental como ámbito de atribuciones y competencias, y la protección de los recursos naturales y de todo el rico potencial de la naturaleza como un deber ciudadano (Monzón Brugera, 2012)(55).

Al amparo de nuestro texto constitucional, cumplir con las exigencias de la protección ambiental y reconocer su estrecha relación con el desarrollo económico y social sostenible es un mandato del Estado, el cual se ejerce a través de los órganos competentes. Su aplicación se instituye como principio constitucional de actuación de los órganos estatales y se convierte en fundamento informador del ordenamiento jurídico (Cruz Sardiñas, 2013)(56).

Este nuevo modelo económico, erigido a través de la aprobación de los Lineamientos en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, deberá repensarse un nuevo derecho ambiental en el derecho interno cubano, mientras que dentro de la temática que se aborda es meritorio decir que el sistema contable del país aún no incorpora en toda su dimensión los riesgos medioambientales para evaluar responsabilidades, de ahí la importancia que adquieren las organizaciones estatales y profesionales a la hora de definir los hechos medioambientales y marcar las pautas para su reflejo contable, de forma que las empresas conozcan cuál será la línea de actuación en este campo, mejorando la comparabilidad de la información suministrada, denominada en el mundo contable como ‘contabilidad verde’ (Del Monte Navarro, 2012)(57).

Esta deuda legislativa, relacionada con el seguro ambiental, debido a que nuestra legislación no lo establece de manera fáctica, aunque deja abierta en la clasificación de los ramos donde el legislador señala de forma abierta “otros”, coligiéndose por estos autores que no está aún definido, factor este muy vinculado a la comisión de daños al ambiente, fundamentalmente de los que proceden de la actuación de las personas jurídicas, si tenemos en cuenta que por la obsolescencia tecnológica imperante en el país podríamos señalar que la industria cubana, por su heterogeneidad y muchos años de explotación, no cumple con los estándares internacionales relacionados con el mercado de las Producciones más Limpias (Caraballo Maqueira, 2009: 3)(58), ocasionando agresión al medio ambiente, sin dejar de reconocer esta comisión también por parte de las personas naturales, la cual ha aumentado al haber más pequeños empresarios y empresarios individuales que no acatan buenas prácticas medioambientales (Antúnez Sánchez, 2012)(59).

Quienes escribimos este texto coincidimos en que tendrá que repensarse el derecho del medio ambiente, pues la mayor parte del daño ambiental ocurre por causas lícitas y el derecho ambiental lo contempla en la distancia e impasible, tal como lo expresara el Director de Política Ambiental del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente Cubano:

“parece haber muy pocas dudas sobre el vínculo de la crudeza de estos fenómenos y el actuar humano. No solo por las crecientes indicaciones sobre los cambios climáticos de origen antrópico, sino también por el modo en que el manejo de bosques, humedales, cuencas y otros recursos contribuye al costo humano y económico de estos fenómenos. Son mega fenómenos de daño ambiental, aunque en una primera mirada no parezcan aprehensibles jurídicamente” (Rey Santos, 2008)(60).

Algunos de los mandatos legales que no han sido aún cumplidos por el Estado cubano son el de implementación dentro del ordenamiento ambiental, la regulación de un seguro ambiental obligatorio, relacionado con el ambiente de control, entre otros, además de desafíos de la legislación ambiental en el siglo XXI, que han surgido con la introducción de elementos trasversales u horizontales en la regulación de las distintas esferas específicas del medioambiente, los cuales han sido enunciados a nivel de principios y sin un adecuado desarrollo (Rey Santos, 2008)(61).

No es desconocido que el artículo 27 de la Constitución consagra la protección ambiental como función pública. Técnicamente, a la vez que se habilita a los órganos competentes para que intervengan en la protección del medio ambiente, inspirados en el desarrollo sostenible, se ordena la aplicación de dicha habilitación con el objetivo de “hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras”, con lo que la solidaridad en términos de equidad inter e intrageneracional, la racionalidad y la sostenibilidad trascienden al texto constitucional cubano (Hernández Aguilar, 2011)(62).

Esta protección medioambiental en Cuba es también considerada como un mandato de acción para los órganos y organismos estatales, mientras que el deber ciudadano de protección no atañe a todo el medio ambiente que hay que proteger en virtud del concepto jurídico consagrado en el ordenamiento positivo, sino exclusivamente al ambiente natural. De este modo, queda fuera no solo el ambiente social, sino también el artificial, constituido por lo que circunda al hombre y que él mismo ha creado (Monzón Brugera, 2012)(63).

El sector empresarial, conocedor de las disposiciones jurídicas reguladoras de políticas ambientales, no las acata debidamente por diversas causales o contradicciones, entre las que se pueden considerar: falta de prioridad del tema ambiental, inadecuado manejo de los presupuestos o, en ocasiones, la actividad no es prioridad, otras sí consideran que la poseen pero la relegan a un segundo o tercer plano, sin darle una adecuada visión de futuro en relación con la disminución o mitigación de los problemas ambientales en diversos escenarios a transformar. Los organismos de la administración pública que tienen que ejercer las acciones de control no lo hacen con la adecuada rigurosidad que amerita, a pesar de que en los medios de comunicación social es recurrente el tratamiento de temas medioambientales; pero no conciben la percepción del riesgo (Viamontes Guilbeaux, 2009) y han abordado lo socio-ambiental y sus implicaciones negativas desde el derecho laboral (Rodríguez Coquet, 2010)(64).

Otros autores contrastados en materia de derecho comparado del área latinoamericana, Estados Unidos y la Unión Europea, consideran que los orígenes del seguro ambiental están dados en atención a que, hoy en día, los riesgos medioambientales cobran vital relevancia en la industria de los seguros, considerando que este ha ido evolucionando a través del tiempo y que no solo se aseguran necesidades económicas derivadas de la actividad empresarial, sino también la calidad de vida del individuo (Viguri Perea, 2011: 53)(65).

De esta forma, han aparecido nuevos riesgos cuyas implicaciones económicas son desconocidas y no existe un conocimiento científico que sea suficiente para valorar todos los daños asociados a la ocurrencia de grandes problemas medioambientales en el futuro, tales como el cambio climático y la escasez de agua potable (Ahumada, 1975)(66).

Si tomáramos como referencia la estructura de una póliza de contaminación, que deberá supeditarse para su formalización al resultado técnico de los cuestionarios previos y auditorías sobre la gestión ambiental de la empresa “auditoría ambiental” realizada en la Comunidad Europea, se puede constatar que se señala la incidencia de importantes problemas relativos a lo que debe entenderse por contaminación, daño y perjudicado, de acuerdo a los acuerdos de subscripción entre instituciones aseguradoras y reaseguradoras para la asunción de los riesgos medioambientales (González Molina, 2008)(67).

Así, en el ámbito norteamericano, conocido como Plia y en España pool español de riesgos medioambientales “asociaciones de aseguradoras”, cuyas opiniones, conjuntamente con las de la Unión Española, de entidades aseguradoras y reaseguradoras definen la introducción o dispersión en la tierra, mar o aire de materias o formas de energía que produzcan un deterioro que resulte peligroso o dañino. Lo anterior se hace estableciendo dos criterios: a) Que se origine en las instalaciones o en los trabajos, donde debe observarse un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, siguiendo una auditoría ambiental previa; b) que se produzca de forma accidental y aleatoria, tanto con carácter repentino como gradual.

1) Objeto de seguro: incluye el daño emergente y el lucro cesante, con la consiguiente carga de la prueba, así como los gastos de prevención y aminoración. Según el pool, las prestaciones del asegurador se componen de las siguientes partidas:

a) Pago de indemnizaciones por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos, definidos con anterioridad y con las limitaciones ya señaladas supra.

b) Abono de gastos originados para detener, aminorar o neutralizar la contaminación, siempre que se hayan iniciado y afectado —o sean susceptibles de hacerlo— a terceros.

c) Reintegro de gastos efectuados con la finalidad de evitar un riesgo inminente de contaminación.

d) Restitución de las costas judiciales y extrajudiciales o los gastos de la constitución de fianzas.

2) Exclusiones: entrarían en esta categoría los incumplimientos dolosos como las multas y los daños propios. El pool excluye de la póliza a los bienes naturales o con valor medioambiental o ecológico que sean complejos de valorar, pero no por ello deben quedar sin cobertura daños derivados de instalaciones nucleares radioactivas —que poseen su propio seguro—; las instalaciones del asegurado —incluyendo la propiedad, posesión o uso de vehículos terrestres, artefactos volantes o embarcaciones—; los daños genéticos en personas, animales o plantas; las reclamaciones por modificaciones en el nivel, caudal o curso de las corrientes o masas de aguas subterráneas o superficiales; los producidos al personal de la empresa, además de los perjuicios puros que no son consecuencia directa de daños personales o materiales sufridos. Por último, se incluyen aquellos daños cuya ocurrencia no podía ser prevista por el asegurado, debido al estado de los conocimientos científicos y técnicos en el tiempo en que aconteció la causa de tales daños, puesto que en las operaciones del cálculo de la prima no se pudieron prever.

3) Delimitación temporal: tradicionalmente se han configurado con el sistema “claims made”, fórmula cuestionada por los tribunales de algunos países. De ahí que actualmente se estén subscribiendo pólizas bajo los principios de “primera manifestación verificable”, en virtud de los cuales el asegurador cubre los daños declarados, por primera vez, durante la vigencia de la póliza, siempre que no sean consecuencia de causas sobrevenidas con anterioridad a la fecha del contrato “contaminación histórica”.

4) Delimitación territorial: será importante delimitar el ámbito geográfico de la aplicación de la póliza. Estipula el pool que debe incluirse toda responsabilidad por daños originados a cualquier país de la Unión Europea —lo que se entiende como responsabilidad por contaminación transfronteriza—.

5) Siniestros en serie: se estima que todos los daños que obedezcan a un mismo siniestro, o a una misma causa o causas relacionadas con el mismo, constituyen un único siniestro a los efectos del límite cuantitativo de la póliza.

6) Suma asegurada y límite máximo: puntos expuestos con anterioridad.

7) Garantías opcionales: en función de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes.

8) Cláusulas administrativas: son los términos que regulan las obligaciones de las partes.

Finalmente, queremos señalar que, en el año 1997, un grupo de compañías de seguros puso en marcha una iniciativa, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyo objetivo fue promover la gestión en el sector asegurador. En la actualidad, ya más de 80 aseguradoras de 26 países se han adherido a ella. El plan obliga a realizar una adecuada gestión de los riesgos ecológicos, una introducción de consideraciones ambientales en las operaciones internas, así como la realización de revisiones periódicas y la promoción de productos y servicios verdes. En España, podemos constatar el pool de riesgos medioambientales (Viguri Perea, 2011)(68).

Con la certificación de las normas ISO 14 001 (Lorena Barilá, 2002)(69), hay una experiencia curiosa: son las PYMES las más interesadas en los seguros de contaminación, mientras que las grandes compañías siguen prefiriendo contratar esta garantía dentro de sus seguros tradicionales de responsabilidad civil, como el de carácter forzoso o el de libre contratación, así como otras clasificaciones entre las que se encuentran los seguros de responsabilidad por derrame de hidrocarburos u otras sustancias nocivas, de responsabilidad por accidentes nucleares, de responsabilidad civil por contaminación y de responsabilidad por contaminación asimilada de asociación de aseguradores no marítimos (Cabeza Ares, 2003)(70).

Conclusiones

— El seguro medioambiental no debe mirarse como la única herramienta útil en la tarea de preservar el ecosistema, pues es un instrumento que si bien protege el patrimonio estatal o privado de un asegurado ante la generación accidental de un daño al medio ambiente, producto de la realización de una actividad, presenta dificultades en cuanto a su aplicación, las cuales no deben dejarse de lado a la hora de constituir un efectivo sistema de reparación medioambiental.

— Regular, a través del Ministerio de Finanzas y Precios, por parte de la Empresa de Seguros Nacionales, la normativa correspondiente a los seguros de responsabilidad ambiental, sobre la base de experiencias y legislación internacional en la materia en el contexto cubano.

— Concientizar al sector empresarial estatal y no estatal de la importancia que reviste concertar un contrato de seguro de responsabilidad ambiental que contribuya al fortalecimiento de la capacidad económica y al desarrollo sostenible del país, sobre la base del respeto a la soberanía e independencia nacionales y de la protección y uso racional de los recursos naturales.

— Implementar dentro del sistema empresarial estatal y privado la contabilidad ambiental, con la que será posible para los empresarios implementar políticas relacionadas con las producciones limpias, certificadas por la Contraloría General de la República mediante auditoría ambiental.

— Revisar la actual legislación ambiental cubana en pos de su actualización y establecer nuevas pautas relacionadas con la responsabilidad ambiental, el control ambiental y el seguro ambiental.

— Contextualizar la política inversionista de Cuba, expresada en la normativa relativa a la inversión extranjera con buenas prácticas ambientales, la cual requiere la implementación de una política en materia de seguros, con la cual se tributen al desarrollo sustentable o sostenible, en armonía con los recursos naturales.

Bibliografía

BARBATO, N. H. (2001) Derecho de Seguros. Buenos Aires: Hammurabi.

BARRERA GRAF, J. (1963) El Derecho Mercantil en la América Latina. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

BARRERA, S. L. (1956) Ciencia del Seguro. Cuba: Columbia S.A.

BERNAL PEDRAZA, A. Y. (2009) Responsabilidad ambiental de las empresas, un compromiso ético con el desarrollo sostenible. Universidad Externado de Colombia.

BROSETA PONT, M. (1991) Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Editorial Tecnos S.A.

BUERES, A. J. & KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (1997) Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

BUSTAMANTE ALSINA, J. (2010) Derecho Ambiental. Fundamentación normativa. España.

CABANILLAS SÁNCHEZ, A. (1996) La reparación de los daños al medioambiente. Pamplona: Ediciones Aranzadi. Pamplona.

CABEZA ARES, A. M. (2003) Los seguros de responsabilidad civil medioambiental en la obligación de reponer y restaurar el medioambiente alterado. León: Universidad de León.

CAFFERATA, N. A. (2004) La responsabilidad por daño ambiental. México D.F.: INE-Semarnat.

CALZÓN, B. (2002) Medio Ambiente y Empresa. Las aseguradoras promueven una póliza de responsabilidad ambiental. España: Cinco Días.

CAMACHO RODRÍGUEZ, T. (2010) “El seguro en Cuba, antecedentes, desarrollo y perspectivas”, Revista Cubana de Derecho, Nº 33. Año XVII. Cuba: La Habana.

CAÑIZARES ABELEDO, F. (2012) Derecho Comercial. La Habana: Ciencias Sociales. La Habana.

CÁNOVAS GONZÁLEZ, D. (2013) “Nuevas normas sobre responsabilidad civil por daños derivados del manejo de productos y desechos químicos”. En: I Congreso de Política, Derecho y Justicia Ambiental. CITMA. La Habana. Cuba.

COMITÉ CENTRAL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (2011) Lineamientos Económicos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana: Política.

DE BESA ANTUNES, Paulo. (2001). Daño ambiental, unma abordagem conceitual. Brasil: Lumn Juris.

DE LUGO BENÍTEZ, B. (1995). Tratado de Seguros. Madrid: ASES S.A.

Declaración de principios de producción limpia. (2003) En: Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur. Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Diccionario de Seguros. (2002) Madrid: MAPFRE S.A.

GARCÍA CASTRO, M. J. (2012) Requerimiento de los principios de prevención y precaución ambiental: seguro ambiental obligatorio. Argentina: Universidad de Córdoba.

GALINDO GARFIAS, I. (2009) Responsabilidad objetiva, elementos. México D.F.: UNAM.

GARRIDO VÁSQUEZ, R. (2008) “Las consideraciones ambientales en la toma de decisiones económicas de Cuba. Una actualización”, BETSIME. Cuba.

HENRÍQUEZ UREÑA, F. (1937) “La evolución del seguro en Cuba”, Revista Seguros, Cuba.

HERNÁNDEZ AGUILAR, O. & ANDINO RUIBAL, A. R. (2013) Fundamentos jurídicos constitucionales de la gestión ambiental en Cuba. Propuestas para su perfeccionamiento desde una perspectiva integral. Cuba.

JAQUENOD DE ZSOGON, S. (1991) El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores. 3ª ed. USA: Dykinson, S.L.

JORDANO FRAGA, J. (2009). “El Derecho Ambiental del Siglo XXI”, Medio Ambiente & Derecho. Disponible en: http://huespedes.cica.es/gimadus/09/dcho_amb2_XXI.htm

LOZANO CUTANDA, B. (2004) Derecho Ambiental Administrativo. 5ª ed. Madrid: Editora Dykinson.

MARK R. GREENE (1999) Riesgo y Seguro. España: MAPFRE, S.A.

MARTÍNEZ ESCOBAR, M. (1945) Los Seguros. Cuba: Cultural.

MARTÍN MATEO, R. (1975) Manual de Derecho Ambiental. 2ª Ed. Madrid: Trívium, S. A, Madrid, España.

MORENO MEDINA, Á. M. (2007) Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas para una reforma. Madrid: Laboratorio de la Fundación Alternativas. Universidad Carlos III.

MEILIJ, G.R-Barbato, N.H. (1975) Tratado de Derecho de Seguros. Contrato de Seguros. Seguros de Daños. Argentina: Zeus.

PEÑA CHACÓN, M. (2006) Daño, responsabilidad y reparación del medio ambiente. 1ª Ed. Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESICUBA. (1999). Propiedad y Contenidos Transportación de Mercancías. Cuba.

REY SANTOS, O. (2013) “¿Qué derecho ambiental necesitamos? Notas para una teoría del derecho ambiental”. I Congreso Política, Derecho y Justicia Ambiental. Convención Internacional sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Cuba.

RODRIGO URÍA. (2001) Curso de Derecho Mercantil. T. I. España: Civitas S.L.

RUIZ DE VELASCO, A. (1992) Manual de Derecho Mercantil. Bilbao: Editores Deusto S.A.

SÁNCHEZ CALERO, F. (1996) Instituciones de Derecho Mercantil. 19ª Ed. España: Editorial Revista de Derecho Privado.

SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, M. (1994) La responsabilidad civil del empresario por deterioro del medioambiente. Barcelona: J. M. Bosch, Barcelona.

TRIANA CORDOVÍ, J. (2013) “La economía cubana: balance de las transformaciones y perspectivas”. IX Encuentro Internacional sobre Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Centro de Estudios de la Economía Cubana. Universidad de La Habana. Cuba.

VALLS, M. & BRILL, R. “Prevención y compensación frente al daño ambiental - El seguro ambiental”. Disponible en: http//:www.cedha.org/docs/doc156-spa.doc

VEGA VEGA, J. (2000) Cuba, Inversiones Extranjeras. Cuba: UNJC. Cuba.

VIAMONTES GUILBEAUX, E. (2007) Derecho ambiental cubano. 2ª ed. Cuba: Félix Varela.

VICENT CHULIÁ, F. (1991) Compendio Crítico de Derecho Mercantil. 3ª Ed. España: José María Bosch.

VIVANTE, C. (2003) Derecho Mercantil. Madrid: Universidad de Bolonia.

YANEZ QUIVEIRO, M. (2000). “El seguro”. Revista Cubana de Derecho.

(*) El presente artículo es el producto final de la investigación sobre la auditoría ambiental en Cuba, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente. Igualmente, es resultado de la tesis doctoral vinculada al control ecológico dentro del sector estatal cubano, como autor principal.

(1) Metodología de la investigación. 3ª ed. Mc Graw Hill. Estados Unidos de América. Son coincidentes Abello Llanos, R. (2009) “La investigación en ciencias sociales: sugerencias prácticas sobre el proceso”, Investigación y Desarrollo, Vol. 17, n.º 1. Álvarez de Zayas, C. (2005) Metodología investigación científica. México, D.F. Villavella Armengol, C. (2012) “Prosiguiendo el debate: los métodos en la investigación jurídica”, Revista de Derecho, n.º 40. Pérez Hernández, L. (2011) “Algunas consideraciones a debate sobre la ciencia jurídica y los métodos”, Revista Cubana de Derecho, Nº 38. Jiménez Serrano, P. (1998) Metodología para las investigaciones jurídicas. Brasil. Del Río Hernández, M. (2012) “La investigación científica en opción a grados científicos”. Revista Cubana de Derecho, Nº 39.2012.

(2) El seguro de caución pertenece a la familia de los seguros de garantía o crédito. Se diferencia de estos porque es el deudor el tomador del seguro en beneficio de su acreedor y porque responde el Asegurador ante el incumplimiento de este a sus obligaciones derivadas del contrato suscrito con el asegurado (acreedor), sin necesidad de una previa interpelación o acción judicial contra los bienes del tomador (deudor).

(3) “Acerca de la responsabilidad social de los empresarios, la auditoría como control ecológico, vínculos con otras herramientas de gestión ambiental, políticas, ciencias y saberes culturales”.

(4) “Sobre la responsabilidad ambiental de las empresas. La empresa ambientalmente responsable. Una visión de futuro como meta para lograr el desarrollo sostenible o sustentable, en armonía con el progreso y la naturaleza”.

(5) Elementos doctrinales acerca de la cultura ambiental bajo el lema: El derecho a la vida, es la base de todos los demás derechos.

(6) La auditoría ambiental desde la arista de la contabilidad en la Unión Europea. Desde una perspectiva contable, la contabilidad ambiental permite disminuir los costos empresariales y determinarlos costes en que se incurrirá.

(7) Menciona que la escritura fue encontrada por el Dr. Francisco Henríquez Ureña en la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País y publicada en la revista Seguros, en Cuba.

(8) “La evolución del seguro en Cuba”, Revista Seguros, coincidente con estudios historiográficos sobre la historia de Cuba.

(9) Acerca de la evolución del seguro en Cuba antes del triunfo del proyecto revolucionario cubano. Historia que se recoge en la Revista Seguros de la época desde los saberes económicos financieros.

(10) Historia de Cuba. Desde los saberes históricos se trata la evolución del comercio vinculada al Derecho. Se recoge el tracto histórico de las normativas jurídicas cuando Cuba era colonia de España, vinculadas a lo que hoy se denomina Derecho Ambiental, nueva rama de las ciencias jurídicas.

(11) Informe y proyecto de ley de seguros elevado al honorable Presidente de la República de Cuba por la Comisión Económica en ese momento.

(12) “Compañías de seguros autorizadas”, Revista S.B.B.

(13) “Historia sobre el seguro”, Revista Anuario Financiero de Cuba.

(14) Reseñas acerca de la actividad aseguradora en Cuba, recogidas en la Revista Anuario Financiero. Cuba. Son coincidentes Casas Hernández, L. Legislación Bancaria y Económico-financiera. T. II, s. ed. Cuba: Cenit. Martínez Escobar, M. (1945) Los Seguros. 2ª ed. Cuba: Cultural S.A.

(15) Plantea que en noviembre de 1955 el negocio del seguro en Cuba lo ejercían 149 compañías: 69 cubanas, 36 inglesas, 31 norteamericanas, seis canadienses, dos suizas, dos brasileras, una española, una irlandesa y una australiana, aunque en las más poderosas los intereses se hallaban entremezclados y ocultos en muchos casos, bajo el manto de sociedades anónimas.

(16) Esto representó un aumento significativo respecto a 1939, año en que la participación de las compañías cubanas en el mercado era del 37,5% por concepto de pólizas suscritas, cuando se cobraron 10,4 millones de pesos por concepto de primas.

(17) Historia del Estado y el Derecho en Cuba. Desde saberes histórico-jurídicos y normativas jurídicas aprobadas en ese momento histórico. Se destacan los principales elementos de orden histórico-jurídico que permiten conocer la evolución normativa en la investigación relacionada con esta nueva rama del Derecho.

(18) Derecho ambiental y desarrollo sustentable. Nexo vinculante necesario para la preservación de la vida y del hombre como ser social.

(19) Historia del Estado y el Derecho en Cuba. Principales elementos de orden histórico jurídico que permiten conocer la evolución normativa en la investigación relacionada con esta nueva rama del Derecho.

(20) Historia de Cuba desde el 1492-1898. Vinculada a la historia de Cuba a modo de interrelación de saberes.

(21) Acerca de la historia económica de Cuba, en relación con el nacimiento de la actividad aseguradora en el inicio del proyecto revolucionario, con el necesario nexo con la materia medioambiental.

(22) Disposiciones jurídicas relacionadas con la creación de los organismos que conforman la administración pública en el país, en relación con los Decretos leyes 67 y 147. “La historia del seguro en Cuba”. Superintendencia de Seguros.

(23) Temas de derecho constitucional cubano que se relacionan con la protección del medio ambiente como rama del Derecho.

(24) Acerca de los retos y tendencias del Derecho Ambiental contemporáneo. La autora señala los retos ambientales para la constitución y, en su opinión, las principales falencias en el texto constitucional en materia ambiental. Coinciden los dos investigadores en que se deberán abordar en el momento que su inclusión sea decidida por parte del Estado. Ley 81, artículo 3º. Es deber del Estado, los ciudadanos y la sociedad en general proteger el medio ambiente mediante (...) e) la reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo ambientalmente insostenibles; Ley 81, artículo 4º. Las acciones ambientales para un desarrollo sostenible se basan en los requerimientos del desarrollo económico y social del país y están fundadas en los principios siguientes: a) el Estado establece y facilita los medios y garantías necesarias para que sea protegido de manera adecuada y oportuna el derecho a un medio ambiente sano; b) la protección del medio ambiente es un deber ciudadano.

(25) Historia Universal Ilustrada. Esta es una visión universal sobre la protección medioambiental como responsabilidad del Estado.

(26) Ensayo sobre el concepto del contrato. Panamá. Es coincidente con Vigil Iduate, A. Temas de Derecho Mercantil cubano. Cuba: Félix Varela. Albadalejo García, M. (1977) Curso de Derecho Civil Español Común y Foral. Vol. I, “Introducción y parte general”. España: Librería Bosch. Castán Tobeñas, J. Derecho Civil Español Común y Foral. T. IV, Derecho de obligaciones: las particulares relaciones obligatorias. Decimocuarta edición, revisada y puesta al día por José Ferrandis Villela. España: Reus, S.A.. Martínez Escobar, M., ob. cit. Mascarós, J. Historia de la Banca en Cuba (1492-2000). Cuba: Ciencias Sociales. Borrás Atiénzar, F. et al. Cuba: Banca y Seguros: Una aproximación al mundo empresarial. Cuba: Caja de Ahorros del Mediterráneo. Buide López, M. et al. Evolución de la Banca en la República de Cuba, 2ª ed. Cuba: Centro Nacional de Superación Bancaria.

(27) Contratos. Teoría general. Argentina. Es coincidente Josserand, L. Derecho Civil. Revisado y compilado por Andre Brun, T. II, vol. I: Teoría general de las obligaciones, traducción de Santiago Cunchillos y Manterola. Argentina: Ediciones Jurídicas Europa América, Bosch y Cía. Editores.

(28) Contratos civiles y comerciales. México D.F.: UNAM. Coincidente con De Pina, R. Derecho Civil Mexicano. Vol. IV, 6ª ed. Argentina-México: Porrúa, S.A.AV. Díaz Pairó, A. Teoría General de las Obligaciones. Vol. I. México: Publicaciones y Materiales Educativos del Instituto Politécnico Nacional.

(29) Obra que aborda el tracto del derecho del comercio en el devenir histórico del país al contrastarla de forma histórica con las ciencias jurídicas.

(30) Derecho Financiero Tributario. Utilizado en la carrera de Derecho como material de pregrado para la formación de los juristas.

(31) Decreto-Ley 263, contrato de seguro. Gaceta Oficial 5, de fecha 26 de enero de 2009. En relación con la Resolución 8 de 2009. Ministerio de Finanzas y Precios. Cuba. Coinciden Fraga Martínez, R. et al. Derecho Mercantil. Cuba: Félix Varela; Rapa Álvarez, V. “La relación jurídica. Categoría esencial en el nuevo Código Civil”, Revista Jurídica, año VI, n.º 19, Cuba.

(32) Ministerio que convivió con la Dirección de Comprobación del Banco Nacional hasta 1967, momento en que la última se disuelve. Implementó un fuerte aparato de auditoría para comprobar el gran número de entidades que se subordinaron a ese organismo. Memoria histórica del Ministerio de Auditoría y Control. Contraloría General de la República de Cuba.

(33) Código de Comercio de la República de Cuba. Coincidente con Moreno Cruz, M. Principales transformaciones económicas en Cuba a partir de 1990. Cuba: Universidad de La Habana.

(34) Ley 59, Código Civil de la República de Cuba. Coincidente con Pérez Gallardo, L. et al. Lecturas de Derecho de Obligaciones y Contratos. Cuba; Félix Varela.

(35) Decreto-Ley 263, sobre el seguro. Cuba. Coincide Vigil Iduate, A. Temas de Derecho Mercantil Cubano. Cuba: Félix Varela.

(36) Disposiciones jurídicas relacionadas con la creación de los organismos que conforman la administración pública en el país. En relación con los decretos leyes 67 y 147. En el artículo le corresponden estas funciones al Ministerio de Finanzas y Precios, como parte de la administración pública del país. Para la actividad aseguradora a través de la ESEN y ESICUBA.

(37) González Rodríguez, L. Algunas consideraciones en torno a la construcción dogmática del Contrato de Financiamiento de Primas de Seguro en Cuba. Cuba: Universidad de Pinar del Río. Son coincidentes Pérez Gallardo, L. Trabajo de Investigación del Contrato a Favor de Terceros, dirigido por el profesor Dr. Lorenzo Prats Albentosa, Universidad de La Habana y Universidad de Valencia, España. Ojeda Rodríguez, N. et al. Teoría General de las Obligaciones. Comentarios al Código Civil Cubano. Cuba: Félix Varela. Clemente, T. Derecho Civil. Parte General. T. II, 2ª parte. Cuba: M. E. S.

(38) Obra en la que se aborda a la contabilidad verde y a las buenas prácticas ambientales en relación con el desarrollo sostenible y las producciones más limpias, dentro del nuevo modelo cubano. En la actualidad los sistemas contables no incluyen aspectos ambientales, no se tienen en cuenta en la toma de decisiones. ¿La economía verde o la economía del desarrollo sostenible?, retos actuales y respuesta a los lineamientos del 6º Congreso del PCC. Cuba.

(39) Acerca del fomento ambiental como institución dentro del Derecho Administrativo.

(40) La responsabilidad ambiental empresarial, como prioridad entre la naturaleza y las nuevas tecnologías en la industria.

(41) Acerca de la protección constitucional, la ley general ambiental, en cumplimiento de los principios de prevención, autorregulación y regulación jurídica integral.

(42) Realiza una descripción epistemológica sobre los orígenes del derecho del medioambiente y sobre quiénes han sido en el ahora de Latinoamérica sus principales precursores.

(43) Sobre los orígenes del medio ambiente como ciencia del derecho y su interrelación con otras ciencias, destacando las obras científicas relacionadas con el tema, tales como: “De anima”, “Parva naturalia”, “Historia de los animales y Las partes de los animales”. Filósofo griego, evolucionista y observador del cual se mencionan varias obras, pero solo se le da por cierta la autoría de “De la naturaleza de las cosas”.

(44) Derecho Ambiental. Necesaria precaución por parte de la administración pública y el ciudadano social.

(45) Historia ambiental latinoamericana. Una mirada desde Cuba. Cuba: ONG Antonio Núñez Jiménez.

(46) Obra conocida como la “Biblia del materialismo” en el año 1770, la cual refleja la necesidad de preservar la naturaleza, papel que juega el hombre por ser un ente transformador en ésta. Cuestión aún pendiente por cumplirse en nuestros días, ya que no se ha creado una conciencia jurídica ambiental para transformar nuestras conductas en una de preservar y mitigar la problemática ambiental que hoy impera en el mundo, cuestión esta que con las nuevas tendencias sobre el ciudadano ambiental orientan el camino a revertir esta problemática desde la arista social.

(47) Introducción a la dialéctica de la naturaleza. Obras escogidas.

(48) Seguro y daño ambiental. Su necesaria implementación por parte del empresariado. Tesis de maestría, Universidad de Chile.

(49) Sobre la actuación de la administración pública.

(50) Sobre la responsabilidad de la administración pública en la preservación del medio ambiente y el tratamiento de este tipo de responsabilidad.

(51) “Informe sobre los cambios jurídicos después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río 1992)”. PNUMA, México, D.F. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/ La problemática ambiental que impera en el mundo y las principales acciones a realizar por los países que contaminan con mayor fuerza en pos de preservar al hombre. hptt/www.onu.org.

(52) “El daño al medio ambiente en la Constitución Nacional”. En: Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio. En homenaje al profesor Atilio Aníbal Alterini. Argentina.

(53) El tratamiento sobre la exigencia de la responsabilidad civil en materia ambiental, en relación con los presupuestos establecidos en la doctrina.

(54) Lineamientos del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. La actualización del modelo económico cubano se inició a partir del 1º de noviembre del 2010, con el debate del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social que se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 15 al 18 de abril del 2011 y por Acuerdo VII-61 del 1º de agosto del 2011 de la Asamblea Nacional del Poder Popular. “Un panorama de la economía cubana, las transformaciones en curso sus retos y perspectivas”. Disponible en: http/www.cienciassociales/
weblog.com, consultado 14 de enero del 2014. “La economía cubana: balance de las transformaciones y perspectivas. Cuba: ¿De la actualización del modelo económico al desarrollo?”. Disponible en: hptt//www.nuso.org.

(55) Tesis doctoral sobre derecho ambiental. Manejo integral de zonas costeras. Universidad de Cienfuegos. Cuba. La autora realiza un análisis sobre el texto constitucional cubano en cuanto a la protección de los recursos naturales por parte de personas naturales y jurídicas, así como las competencias que le corresponden a los órganos de control establecidos dentro del Derecho sustantivo cubano.

(56) La autora considera la necesidad de reformar el texto constitucional en relación con la política ambiental, como forma de repensar un nuevo Derecho Ambiental para el país, dentro del nuevo modelo económico que hoy se está implementando.

(57) Aborda la importancia que posee la inserción de la contabilidad ambiental por parte del empresario en su presupuesto, para que le permita conocer los costes, al insertarse en los sistemas de gestión ambiental, de producciones más limpias, cuando su empresa sea certificada a efectos de control ecológico.

(58) “La presencia de la concepción de producción más limpia en la legislación ambiental cubana. Regulaciones en materia de comercio en torno al medio ambiente”. OMC. PNUMA-IMA. “Producción más limpia en el mundo. La ecoeficiencia (producir más con menos recursos y menos contaminación), la competitividad empresarial al introducir tecnologías ecológicas menos contaminadoras, papel de la auditoría ambiental”. Disponible en: http://www.unep.org/resourceefficiency.

(59) Sobre la actualización en el modelo económico cubano de las actividades mercantiles reconocidas a través del pequeño empresario y el empresario individual, quienes a partir del pasado siglo tienen un nuevo espacio en el desarrollo de la economía en el país. Revista Foro. España.

(60) “El Desarrollo del Constitucionalismo Ambiental en Latinoamérica”. Material del Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales PNUMA.

(61) Como director de Política Ambiental en Cuba, Santos realiza un análisis de las insuficiencias que se derivan de la aplicación del Derecho Ambiental por parte de la administración pública, haciendo énfasis en el CITMA como elemento rector de la política ambiental, reseñando el nuevo pensamiento o filosofía a seguir en el nuevo modelo económico que hoy se implementa en el país.

(62) Artículo relacionado con los retos ambientales de la Constitución Cubana, Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, Proyecto ECOIRE. UNJC. “Retos y tendencias del Derecho Ambiental contemporáneo”. ONBC.

(63) Tesis doctoral. Manejo Integral de Zonas Costeras. Aborda la importancia de la preservación de las áreas concebidas como zonas costeras por parte de la administración pública y el ciudadano.

(64) Los autores citados tienen una vasta obra científica relativa al derecho de la salud en materia ocupacional, también conocido como ambiente laboral o salud laboral. Con vivencias relacionadas con lo que concurre en el sector empresarial cubano, que finalmente se certifica a través de la inspección estatal en materia de salud, ambiental, laboral y de otros organismos de la administración pública con implicancias en la protección y la seguridad laboral de los obreros.

(65) La responsabilidad en materia ambiental: el seguro ambiental. La importancia de adquirir la póliza contra los adversos ambientales en la empresa. Estados Unidos de América: Universidad de Pittsburgh.

(66) Contextualizando la interrelación entre esta institución financiera y la comisión del daño, en particular lo que representa para el empresario.

(67) En su investigación hace un análisis de la responsabilidad del Estado en materia de protección ambiental, vinculada al tratamiento doctrinal sobre la responsabilidad objetiva.

(68) La responsabilidad en materia ambiental: el seguro ambiental. Aborda la importancia de adquirir la póliza contra los adversos ambientales en la empresa, lo que se relaciona con la práctica de la auditoría ambiental, la contabilidad ambiental y las producciones más limpias en la industria ecológica. Universidad de Pittsburgh. Estados Unidos de América.

(69) Acerca de la protección medioambiental por las Pymes, como interés en la certificación ambiental y como un aspecto importante para la competencia en materia comercial.

(70) El autor señala el tratamiento a seguir en materia de obligaciones para la restauración del medioambiente dañado en la Unión Europea, como resultado de la industrialización en las empresas. Universidad de León. España.