La propiedad horizontal frente al impuesto sobre la renta y el IVA

Revista Nº 182 Mar.-Abr. 2014

John Alirio Pinzón Pinzón 

Abogado sustanciador del Consejo de Estado 

Modificaciones en el impuesto sobre la renta

La propiedad horizontal (en adelante P.H.) en toda su evolución legislativa ha sido considerada como una entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta. Así pues aunque en las leyes 182 de 1948 y 56 de 1985 no se hizo alusión al tratamiento tributario de la P.H., el artículo 32 de la Ley 75 de 1986 dispuso en el numeral 3º que las “juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal” no estaban sometidas al impuesto sobre la renta como una excepción a las asociaciones o corporaciones que sí lo estaban.

Posteriormente la versión original del Estatuto Tributario (D.L. 624/89) compiló en el artículo 23, literal a, lo señalado en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 75 de 1986, pero ahora en forma más clara; preceptuó que tales juntas de copropietarios administradoras de P.H., no eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.

Hay que recordar que el artículo 32 de la Ley 75 de 1986 fue la norma creadora del régimen tributario especial que después se consolidó con la expedición de la Ley 84 de 1988, y que al ser expedido el estatuto tributario (en adelante E.T.) se compiló en el artículo 19 de este.

Más adelante, el artículo 65 de la Ley 223 de 1995 modificó el artículo 23 del estatuto tributario y entre otros cambios adicionó a las citadas juntas administradoras, la expresión “o copropietarios de conjuntos residenciales”, para de todas formas mantenerlos como entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

La calidad de no contribuyente se conservó al ser expedida la Ley 675 del 2001 (ago. 3), ya que en su artículo 33 dispuso que “la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro” y que tendría la calidad de “... no contribuyente de impuestos nacionales...”, previsión que amplió la no sujeción del artículo 23 del estatuto tributario a los demás impuestos del orden nacional, especialmente los administrados por la DIAN(1).

Finalmente, el artículo 186 de la Ley 1607 del 2012 dispuso que las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que “... destinan algún o algunos de los bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyente de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la Ley 675 del 2001”.

El inciso 2º de tal disposición prohíbe que los ingresos por la explotación de bienes o áreas comunes se destinen al pago de gastos de bienes particulares, exhorta más bien a que se inviertan en las áreas comunes que generaron los ingresos. El parágrafo 1º señala que los contribuyentes se someterán al régimen tributario especial de que trata el artículo 19 del estatuto tributario, mientras que el inciso 2º aclara que lo allí dispuesto no se aplica a las P.H. de uso residencial.

Es válida la previsión de que las personas jurídicas sin ánimo de lucro pierdan la calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando destinen sus bienes o las áreas comunes(2) para la explotación comercial o industrial y por supuesto perciban rentas (ingresos), ya que esas actividades mercantiles desvirtúan la finalidad y objeto de la P.H. descrito en el artículo 32 de la Ley 675 del 2001 al decir que una vez constituida legalmente la PH “Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal”.

De manera que cuando el edificio o conjunto residencial organizado en P.H. utiliza los bienes de la comunidad para explotarlos y obtener ingresos adicionales a los normales, como son las cuotas de administración y eventualmente algún tipo de rendimiento financiero moderado, se convierte en un ente societario que ha incursionado en las actividades que desarrollan las sociedades mercantiles (C. Co., arts. 10, 20 y 100).

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos(3):

“... (i) La persona jurídica que se origina en la constitución de una propiedad horizontal puede tener la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, estándole permitido, incluso, destinar algunos bienes a la producción de renta, pero solo para sufragar expensas comunes, por así disponerlo el parágrafo del artículo 33 de la Ley 675 del 2001.

(ii) Esta calidad de no contribuyente solo se predica en relación con las actividades propias de su objeto social. Así lo dice expresamente el artículo 33 de la Ley 675 del 2001. De realizar actividades ajenas a su objeto social, la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal pierde su calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, y del impuesto de industria y comercio. Esto es cierto, aun si no se ha surtido el proceso de desafectación regulado en los artículos 20 y 21 de la Ley 675 del 2001...”.

Lo anterior se debe a que la propia naturaleza de la P.H. implica que los ingresos percibidos en condiciones normales y atendiendo al objeto de esta, se destinan preferentemente a cubrir las “expensas comunes necesarias”(4) que surjan en cada edificio o conjunto residencial.

Es por ello que la previsión del artículo 1º del Decreto 1060 del 2009, al señalar que hacían parte del objeto social de la P.H., los actos y negocios jurídicos sobre los bienes comunes que realizara el representante legal, relacionados con la explotación económica de estos, con el fin de obtener contraprestaciones económicas destinadas al pago de expensas comunes, no tuvo aceptación por la DIAN, porque de haberse acogido tal precepto en materia tributaria no hubiera sido posible adelantar los procesos de fiscalización y liquidación que desde ese año llevó a cabo la administración tributaria en materia del impuesto sobre las ventas (IVA).

Cabe anotar que el artículo 186 de la Ley 1607 del 2012 no derogó ni la previsión del artículo 23 del estatuto tributario. así como tampoco la contenida en el artículo 33 de la Ley 675 del 2001, en cuanto a que las juntas administradoras o de copropietarios de conjuntos residenciales, conservan su calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta, siempre que no realicen actos de explotación económica con los bienes o áreas comunes, es decir, que sus ingresos provengan de las cuotas ordinarias y extraordinarias y eventualmente rendimientos financieros necesarios para asumir las expensas comunes.

El cambio más importante tiene que ver con la ubicación de contribuyentes del régimen tributario especial del artículo 19 del estatuto tributario para las juntas administradoras o los copropietarios de conjuntos residenciales cuando desarrollen actividades comerciales y de servicios con los bienes y áreas comunes. Igualmente, el parágrafo 2º del artículo 186 de la Ley 1607 del 2012 señala que de la sujeción al régimen tributario especial se excluyen las propiedades horizontales de uso residencial(5), lo que significa que la sujeción al régimen tributario especial cuando se den los supuestos antes comentados, recaerá únicamente sobre los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto.

Entre las particularidades del régimen tributario especial están las siguientes:

Su fundamento legal se encuentra en los artículos 19 y 356 a 364 del estatuto tributario y su Decreto Reglamentario 4400 del 2004 modificado parcialmente por el Decreto 640 del 2005.

Las rentas obtenidas por la P.H. de la explotación comercial e industrial están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente calculado como lo determina el título VI del libro primero del estatuto tributario.

Las rentas obtenidas por la explotación comercial o industrial de las zonas comunes puede asimilarse a la previsión del parágrafo 1º del artículo 19 del estatuto tributario. al definir las actividades industriales como las de “extracción, transformación o producción de bienes corporales muebles que se realicen en forma habitual” y las actividades de mercadeo, “la adquisición habitual de bienes corporales muebles para enajenarlos a título oneroso”.

La tarifa sobre el beneficio neto o excedente es del veinte por ciento (20%), con lo cual resulta más favorable que la establecida para las sociedades mercantiles que es del 25% (E.T., art. 240).

El beneficio neto o excedente se determina restando de la totalidad de los ingresos de cualquier naturaleza los egresos de la misma índole, que tengan relación de causalidad con aquellos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento de este (E.T., art. 357 y D. R. 4400/2004, art. 5º).

Sin embargo, existe una dificultad interpretativa respecto al manejo de los ingresos y gastos normales de la P.H. en relación con los generados por las actividades comerciales cuando sea del caso. Según la doctrina de la DIAN(6) en caso de realizar actividades lucrativas, para determinar el beneficio neto, se deberán sumar la totalidad de los ingresos de toda índole y restar los egresos procedentes.

En dicho concepto no se hace claridad si para el beneficio neto habrá que excluir los ingresos y gastos de la actividad ordinaria y la utilidad o pérdida no tenerla en cuenta para dicho excedente del RTE, lo que podría llamarse un manejo cedular de las rentas de la P.H. Es conveniente que se reglamente por decreto o la DIAN aclare prontamente ese aspecto.

Los ingresos constitutivos de ganancias ocasionales contemplados en el título III del libro primero del E.T. no deben hacer parte de la determinación del beneficio neto dada la independencia de este impuesto, aunque sea complementario al de renta.

Los egresos deben tener relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social de la P.H. (L. 675/2001, art. 32), con lo cual resulta aplicable el concepto que en múltiples oportunidades ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de Estado al decir que es “... el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta, de manera, que para que un gasto sea deducible debe corresponder a aquellas expensas normalmente acostumbradas dentro de una determinada actividad económica, ya que son el antecedente necesario (causa) para producir el ingreso (efecto) que se genera en el desarrollo de dicha actividad...”(7).

Sin embargo, el beneficio neto o excedente estará exento de tributar a la tarifa del 20% “cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social” (E.T., art. 358), lo mismo que para constituir asignaciones permanentes (D.R. 4400/2004, arts. 8º y 9º).

En el caso de la P.H., la destinación del beneficio neto en programas que desarrollen el objeto social debiera entenderse de las erogaciones necesarias y aprobadas por el órgano interno competente, para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, aunque es un aspecto también a reglamentar.

En cuanto a las asignaciones permanentes como opción para exonerar el beneficio neto del impuesto al 20%, deben referirse a inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social (D.R. 4400/2004, art. 9º).

Otros aspectos a tener en cuenta en el caso de que la P.H. sea un contribuyente del régimen tributario especial:

No están sometidos a liquidar el impuesto de renta por el sistema de “renta presuntiva” ni liquidar “anticipo” en el imporrenta (E.T., art. 191 y D.R. 4400/2004, art. 19).

No le es aplicable el sistema de comparación patrimonial de que tratan los artículos 236 y siguientes (D.R. 4400/2004, art. 19).

Están sometidos a retención en la fuente a título de impuesto de renta cuando les realicen pagos por las ventas provenientes de actividades industriales y de mercadeo (explotación comercial o industrial) a la tarifa del 2.5% (E.T., art. 401 y D. R. 2418/2013) y por los rendimientos financieros que les paguen a la tarifa del 7% (E.T., art. 395). Por los demás conceptos de retención no son sujetos pasivos.

Son agentes de retención en la fuente por renta cuando realicen pagos o abonos en cuenta a favor de contribuyentes de ese impuesto y superen las cuantías mínimas en los conceptos que las tienen (E.T., arts. 368 y 369).

Las pérdidas fiscales que se generen en un periodo gravable se pueden compensar con los beneficios netos de los periodos siguientes, conforme con el artículo 147 del E.T. (D.R. 4400/2004, art. 6º).

La P.H. sea como entidad no contribuyente (E.T., art. 23) o como contribuyente del régimen tributario especial (E.T., art. 19) está obligada a llevar libros de contabilidad (E.T., art. 364).

En cuanto al registro de los libros de contabilidad, este fue eliminado por el artículo 15 del Decreto-Ley 19 del 2012, pero referido a los libros de contabilidad de las sociedades mercantiles (C. Co., art. 28, num. 7º) sin que se pronunciara sobre los libros de contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro, ya que en el caso de las asociaciones de copropietarios no se registraban en las cámaras de comercio sino en la DIAN (D.R. 427/96, arts. 2º y 3º).

Cuando la P.H. tenga la calidad de no contribuyente, no está obligada a presentar declaración de ingresos y patrimonio (E.T., art. 598, lit. b). Pero cuando sea contribuyente del RTE deberán presentar declaración de renta (D.R., arts. 591 y 596), aunque el beneficio neto o excedente sea exento.

En cuanto a la remuneración de los cargos directivos y gerenciales en la P.H. (p.ej. miembros de consejo de administración, presidente, administrador), el artículo 99 de la Ley 1607 del 2012 señala que el presupuesto destinado a remunerar en dinero o en especie, por nómina, contratación o comisión que se pague por esos cargos en el RTE no puede exceder del 30% del gasto anual de la respectiva entidad.

Respecto a la posible sujeción al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) regulado a partir del artículo 20 de la Ley 1607 del 2012, surge la inquietud de si cuando la P.H. es contribuyente del RTE y por tanto declarante de renta, será contribuyente de tal impuesto. Sobre el particular, para la doctrina oficial(8) las personas jurídicas constituidas en P.H. por ser entidades sin ánimo de lucro (L. 675/2001, art. 33) no son sujetos pasivos del CREE (L. 1607/2012, art. 20, par. 2º), aunque tengan la condición de contribuyentes del RTE.

Lo anterior significa que el personal administrativo encargado de hacer los pagos a los trabajadores con vinculación laboral siguen obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 (aportes por salud), Ley 21 de 1982, artículo 7º (aportes a las cajas de compensación familiar y al SENA), Ley 27 de 1974, artículos 2º y 3º y Ley 89 de 1988 (aportes al ICBF).

A partir del 1º de septiembre del 2013 no tiene la calidad de retenedores del CREE, ya que el Decreto 1828 del 2013 en sus artículos 2º y 3º dispuso que los propios sujetos pasivos de ese impuesto fueran autorretenedores y como se dijo, la P.H. no es contribuyente de dicho impuesto.

Unidades inmobiliarias cerradas (UIC)

Según el artículo 63 de la Ley 675 del 2001 “las unidades inmobiliarias cerradas son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos comunes estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual, cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras.

El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra restringido por un encerramiento y controles de ingreso”.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha manifestado(9):

“... en estos eventos la copropiedad compartida sobre las vías de acceso y recreación da origen a la existencia de un espacio público interno que hace posible el tránsito y el goce de las zonas comunes por parte de los habitantes de un predio urbano que fue constituido ab nitio como una unidad inmobiliaria cerrada y por tanto goza del tipo de elementos distintivos de estas formas de propiedad (i.e. la existencia de una forma de cerramiento de la unidad y el control de ingreso a la misma)”.

Por su parte el artículo 83 ibídem señala que las UIC “son personas jurídicas sin ánimo de lucro que no están obligadas al pago del impuesto de renta y complementarios” y el artículo 84 ibídem advierte que “las disposiciones contempladas en el presente capítulo no operan para los edificios o conjuntos de uso comercial”.

La doctrina de la DIAN(10) al interpretar estas dos normas de la Ley 675 del 2001, manifestó que las UIC solamente están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios en cuanto a que los conjuntos o edificios no sean de uso comercial, dando a entender que en este caso serían contribuyentes del tributo. Igualmente, asevera el concepto que estarían obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio al no estar dentro de las excepciones consagradas en el artículo 598 del estatuto tributario.

Habría sido conveniente que la Ley 1607 del 2012 se hubiera referido al tratamiento tributario de las UIC. Sin embargo, en una interpretación finalística y sistemática puede afirmarse que las UIC son contribuyentes del RTE cuando desarrollen actividades comerciales (explotación comercial o industrial) que fue el criterio similar adoptado en el artículo 186 de la Ley 1607.

Modificaciones en el IVA

La Ley 1607 del 2012 también trajo importantes modificaciones en el IVA, ya que en su artículo 47, que adicionó el estatuto tributario con el artículo 462-2, dispuso que las personas jurídicas constituidas como P.H. o sus administradores sean responsables del IVA por la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes.

Para reglamentar la norma antes mencionada, el artículo 16 del Decreto Reglamentario 1794 del 2013 unificó los tratamientos gravables de los artículos 47 y 186 de la Ley 1607 del 2012, y a pesar de que el primero de los nombrados solo hace responsable del IVA a la P.H. o al administrador que preste directamente el servicio de parqueadero, este reglamento señala en el inciso 1º que son responsables del IVA las personas jurídicas constituidas como P.H. “que destinen algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, a través de la ejecución de cualquiera de los hechos generadores del IVA, entre los que se encuentra la prestación del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes”.

El inciso 2º del citado artículo 16 del Decreto 1794 del 2013 precisa que las P.H. de uso residencial no son responsables del IVA por la prestación del servicio directo de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes.

La justificación de que el inciso 1º comentado hubiera extendido el gravamen del IVA a la explotación comercial o industrial de bienes o áreas comunes y no solamente a la prestación del servicio de parqueadero, es que el artículo 186 de la Ley 1607 del 2012 dijo que las personas jurídicas al desarrollar esas actividades perderían su calidad de no contribuyentes de impuestos nacionales que había contemplado el artículo 33 de la Ley 675 del 2001, y dentro de tales impuestos se encuentra el IVA.

Bajo una interpretación teleológica de la reforma tributaria en cuanto a la P.H., se puede llegar a la conclusión de que la intención del legislador era convertirla en contribuyente del impuesto sobre la renta bajo el RTE y en responsable del régimen común del IVA cuando destinen los bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial generando algún tipo de renta, y en ese caso la norma reglamentaria no violaría las normas superiores.

El inciso 2º al indicar que la prestación directa de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de la P.H. de uso residencial no está gravada con el IVA, también se entiende porque esa es la única excepción prevista en el artículo 186 de la Ley 1607 del 2012 para sujetar la P.H. a los impuestos nacionales que administra la DIAN.

De lo anterior se puede advertir que la destinación de bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial que impliquen la configuración de algunos de los hechos generadores del IVA, hace responsable a las personas jurídicas constituidas como P.H. que los realicen. No obstante, no habrá lugar a cobrar el IVA por el servicio directo de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes en P.H. de uso residencial, de donde se deduce que tal servicio está gravado con el IVA en edificios o conjuntos de uso comercial(11)o mixto(12) o cuando en P.H. de uso residencial el servicio es prestado por terceros diferentes a la persona jurídica de esta o su administrador.

La anterior previsión legal vino a solucionar la controversia existente hasta antes de la expedición de la Ley 1607 del 2012 concretada en los múltiples procesos que cursaban ante la jurisdicción contenciosa administrativa, motivados por las liquidaciones oficiales y sanciones por no declarar, proferidas por la DIAN a conjuntos o edificios de uso comercial o mixto por el no cobro del IVA respecto a la explotación de zonas comunes y especialmente de los parqueaderos.

Tales procesos que llegaron en segunda instancia al Consejo de Estado y cuyos demandantes eran centros comerciales de Bogotá, fueron resueltos mediante sentencia en virtud de la conciliación prevista en el artículo 147 de la Ley 1607 del 2012(13).

Cabe anotar que tales actos particulares demandados en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tuvieron como uno de los fundamentos de la sanción, por no declarar IVA, el oficio DIAN, 011847 del 08-02-06 y el Concepto DIAN, 061825 del 13-08-07(14) en cuanto a que estos concluyeron que la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal era responsable del IVA en relación con las actividades de parqueadero en zonas comunes, arrendamiento y concesión de espacios comunes, denominadas operaciones paralelas a las actividades propias del objeto social de dicha persona jurídica(15).

Algunas de las consecuencias de que las P.H. cobren IVA por la explotación de zonas comunes en conjuntos o edificios de uso comercial o mixto, son las siguientes:

La persona jurídica constituida como P.H. se convierte en responsable del IVA, aunque sea entidad sin ánimo de lucro, al enajenar bienes o prestar servicios gravados con el IVA (E.T., arts. 420 y 437).

Las P.H. de uso comercial o mixto (p.ej. centros comerciales) siempre serán responsables del IVA del régimen común por los servicios gravados, incluso respecto del servicio de parqueadero o estacionamiento (L. 1607/2012, art. 186 y D.R. 1794/2012, art. 16).

En la P.H. de uso residencial no se debe cobrar IVA por el servicio de parqueadero o estacionamiento cuando sea prestado directamente; contrario sensu cuando ceda la explotación a terceros, pues estos si serán responsables del régimen común o simplificado según el caso.

La explotación comercial o industrial en toda clase de P.H. está gravada con la tarifa general del 16% (E.T., art. 468).

Para las P.H. que sean responsables del régimen común se impone la obligación de llevar contabilidad (E.T., art. 364) bajo los decretos 2649 y 2650 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014 o 2015, según el caso, y después bajo las NIIF en su condición de entidad sin ánimo de lucro (ESAL) seguramente en los grupos 2 (pymes) o 3 (contabilidad simplificada), dependiendo del tamaño y complejidad de la P.H.

Cuando adquieran la calidad de responsables del régimen común por la prestación de servicios o enajenación de bienes corporales muebles, deben presentar declaración del IVA anual, cuatrimestral o bimestral según el monto de ingresos brutos a 31 de diciembre del año anterior (E.T., art. 600, modificado por la L. 1607/2012, art. 61).

Serán declarantes anuales del IVA los responsables cuyos ingresos brutos en el año 2013 por las actividades gravadas con ese tributo, hayan sido superiores a $ 2.469.372.000 (92.000 UVT); serán declarantes cuatrimestrales los que hayan tenido ingresos entre $ 402.615.000 (15.000 UVT) y $ 2.469.372.000, y anuales cuando los ingresos brutos no hayan superado los $ 402.615.000 (D.R. 2972/2013).

Al tener la condición de responsables del IVA por realizar alguno de los hechos generadores del impuesto, deberán expedir factura (E.T., art. 615) con los requisitos legales (E.T., art. 617).

Deberá actuar como agente retenedor del IVA en las compras de bienes y de servicios gravados a responsables del régimen simplificado (E.T., art. 437-2, D.R. 380/96, arts. 3º y 4º).

Deberán expedir certificado por la retención del IVA practicada (E.T., arts. 615, par. 2º, y 615-1).

Pagar dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional, según la periodicidad que les corresponda, el IVA resultante por cada periodo (E.T., art. 800). En caso de no hacerlo, estaría incurso en el delito “Omisión del agente retenedor” señalado en el artículo 402 del Código Penal.

(1) Los impuestos nacionales administrados por la DIAN hasta antes de la Ley 675 del 2001 eran: a) renta; b) ganancias ocasionales; c) IVA; d) timbre, y e) gravamen a los movimientos financieros (GMF). Después de esa ley se han sumado: el impuesto al patrimonio, el CREE, el impuesto nacional al consumo y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

(2) Según el artículo 3º (definiciones) de la Ley 675 del 2001, los bienes comunes son “Partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de los bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular”.

(3) C. Const., Sent. C-812, nov. 18/2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

(4) Según el artículo 3º (definiciones) de la Ley 675 del 2001, las expensas comunes necesarias son “Erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos...”.

(5) Según el artículo 3º (definiciones) de la Ley 675 del 2001, edificio o conjunto de uso residencial es aquel inmueble “cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades de vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanística vigente”.

(6) DIAN, Conc. 55853, sep. 4/2013, consultante: John Alirio Pinzón.

(7) C.E., sent., oct. 13/2005, Exp. 14372, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(8) DIAN, ofi. 38464, jun. 23/2013.

(9) C. Const., Sent. C-265, abr. 16/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(10) DIAN, Conc. 19797, abr. 4/2002.

(11) Según el artículo 3º (definiciones) de la Ley 675 del 2001, edificio o conjunto de uso comercial son los “Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la normatividad urbanística vigente.

(12) Según el artículo 3º (definiciones) de la Ley 675 del 2001, el edificio o conjunto de uso mixto son los “Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad con la normatividad urbanística vigente”.

(13) El total de procesos conciliados ante la DIAN y aprobados por el Consejo de Estado, en relación con la sanción por no declarar IVA por el servicio de parqueaderos, ascendió a 85.

(14) C.E., Sec. Cuarta, Exp. 2007.00047-00 (16866), demandante: Alba Lucía Orozco, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, acumulado con el Exp. 16996, M.P. Carmen Teresa Ortiz.

(15) A la fecha de finalización de este escrito (ene. 31/2014) no habían sido falladas las demandas que en acción de simple nulidad fueron instauradas contra los mencionados conceptos de la DIAN.