La reglamentación europea de los derechos de propiedad intelectual

Revista Nº 3 Abr.-Jun. 2004

Por Thomas Hays 

Biografía

Ph. D. y LL. M. de la Universidad de Cambridge (Inglaterra). Attorney en el Distrito de Columbia (Washington - Estados Unidos) y fellow del Chartered Institute of Patent Agents (Londres - Inglaterra). Actualmente se desempeña como senior lecturer en propiedad intelectual y derecho de la competencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Aberdeen (Escocia) y como research fellow del Centre for Intellectual Property Law Research —The Molengraaff Institute for Private Law Research— (Utrecht - Holanda). Dentro de sus principales publicaciones se encuentran: Intellectual property law y Practice parallel importation under European Union law.

Sumario

Las normas europeas de la competencia se subordinan a las necesidades de la integración del mercado, lo cual se logra a través del libre movimiento de bienes y servicios. En efecto, no operan ni son oponibles para evitar conductas monopolísticas, por cuanto tienen como propósito evitar cualquier conducta que interfiera el flujo comercial entre los Estados miembros. Sin embargo, estas disposiciones se encuentran en contraposición a los privilegios que otorga la propiedad intelectual, debido a su naturaleza monopolística. Es así como debe existir un equilibrio entre estos ordenamientos para evitar que se presenten limitaciones en el comercio comunitario.

Abstract European regulation on intellectual property

European regulations on competition are subordinated to the needs of integration of the marketplace, which is achieved by means of free movement of goods and services. In fact, they cannot be considered enforceable to avoid monopolistic behaviors, since they are aimed to avoid any conduct that interferes with the commercial flow between member countries. Nevertheless, such regulations go against the privileges granted by intellectual property given its monopolistic nature. In consequence there must be a balance between those regulations to avoid limitations in the EC trade.

1. El artículo 81 y el conflicto general

Los derechos asociados con la propiedad intelectual son, por definición(1), monopolios legales(2). El valor que tienen estos derechos se encuentra en su naturaleza monopolística, la que les permite a sus titulares evitar que otros exploten esas mismas invenciones, creaciones o marcas.

Esto quiere decir que el valor de los derechos de propiedad intelectual se encuentra en la facultad que estos le proporcionan a sus titulares para minimizar la competencia y, por lo tanto, para obtener precios más altos por los bienes y servicios que estos ofrecen y que se encuentran protegidos. Sin embargo, los monopolios son, en términos generales, anticompetitivos(3).

Esta situación coloca a los derechos relacionados con la propiedad intelectual en conflicto con las regulaciones sobre derecho de la competencia establecidas por el Tratado de Roma(4), especialmente los artículos 81 y 82(5).

La primera de esas disposiciones establece en su parte relevante: “1. Los siguientes actos serán prohibidos por ser incompatibles con el mercado común: todos los actos celebrados entre directores, las decisiones tomadas por asociaciones de directores y las prácticas concertadas que puedan afectar el comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado común y, en particular, aquellos que:

a) Directa o indirectamente fijen precios de compra o venta o cualquier otra condición de comercio;

b) Limiten o controlen la producción, los mercados, el desarrollo técnico o la inversión;

c) Apliquen condiciones disímiles para transacciones equivalentes con otros socios comerciales, poniéndoles en una posición desventajosa;

d) Sujeten la celebración de contratos a la aceptación de la otra parte de obligaciones adicionales, que por su naturaleza o de acuerdo con las prácticas comerciales, no tengan conexión con el objeto del contrato.

2. Cualquier contrato o decisión prohibida bajo este artículo será nulo automáticamente”.

Este conflicto presenta dos caras: en la primera se encuentra que la disposición mencionada tiene por objeto apoyar la competencia, mediante la penalización legal de concentraciones monopolísticas del poder económico. En la otra se halla que la norma tiene como propósito apoyar la inventiva, la creatividad y el reconocimiento de las marcas(6), mediante el otorgamiento de los derechos que confiere la titularidad de la propiedad intelectual(7).

La disyuntiva se complica por la naturaleza intrínseca de esta clase de derechos, los cuales están protegidos en Europa con base en el artículo 295 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TC). Esta norma dispone: “Este tratado se aplica sin perjuicio de las reglas de los países miembros que regulen el sistema del derecho de propiedad”(8).

Teniendo en cuenta que los derechos asociados con la propiedad intelectual son manifestaciones del derecho personal de la propiedad, otorgado por las “reglas” o leyes de los Estados miembros, el TC no puede, según esta disposición, incluso a través de normas de competencia, ir en contra(9) de aquellas normas locales que garanticen la existencia de la propiedad(10). Para evitar este conflicto en los casos más complicados, es decir, en los que la explotación práctica de la propiedad intelectual parece estar en contradicción con los objetivos de las leyes de la competencia, el Tribunal de Justicia Europeo ha creado una distinción legal conceptual entre la existencia protegida de los derechos de la propiedad intelectual y el ejercicio de los mismos dentro de un ambiente de competencia saturado por tales derechos(11), como se describe en Etablissements Consten and Grunding v. E.E.C. Commission(12).

En el caso Parke, Davis & Co. v. Probel, Reese, Beintema-Inerpharm y Centrafarm(13), el tribunal amplió esta distinción, con el propósito de incluir las licencias sobre patentes. En Deutsche Grammophon v. Metro-SB_Grossmarkte(14) amplió más aún su jurisprudencia al incluir las restricciones territoriales prohibidas, apoyadas por las normas nacionales sobre derechos de autor e incorporó las que tratan sobre la libre circulación de bienes en el artículo 28(15).

Surge entonces la pregunta obvia respecto de cuál sería el valor de un derecho de propiedad intelectual existente, si no puede ser ejercido dentro del mercado. Un presupuesto práctico para darle una respuesta es reconocer que son pocos los monopolios completos basados en la propiedad intelectual con relación a los mercados en los cuales se explotan. Así mismo, pueden existir alternativas, tales como bienes sustitutos a disposición de los consumidores, basados en tecnologías, diseños y empaques diferentes, pero aceptables(16).

La interrelación entre el derecho de la competencia y los monopolios de propiedad intelectual se puede entender entonces como la relación que existe entre la totalidad del monopolio de propiedad intelectual en el mercado y el rechazo con que lo miran las cortes de justicia(17). Esto quiere decir que, entre menos opciones tenga un consumidor para escoger un derecho de propiedad intelectual, menos duros serán los tribunales europeos en permitir que el titular pueda hacer valedero su monopolio legal.

No obstante, lo que contraviene el derecho de la competencia no es la exclusividad del interés basado en la propiedad intelectual, sino la que tienen los productos protegidos en sí mismos en el mercado.

En efecto, existe una relación inversa entre la totalidad o exclusividad del monopolio de la propiedad intelectual en el mercado y la habilidad del titular de la misma para ejercer integralmente dicho monopolio. Esto se puede explicar en un gráfico en el que el eje X representa el aumento de la fuerza vinculante del monopolio de propiedad intelectual y el Y muestra la comercialidad total ascendente del mismo:

Gráfico 1. Ejercicio del monopolio de la propiedad intelectual

 

El área por encima de la curva representa las posibles relaciones entre la fuerza comercial del monopolio de propiedad intelectual y su ejercicio, en el cual las cortes europeas muy seguramente encontrarían una violación al derecho de la competencia. El área por debajo de ella representa las relaciones que se escaparían de las sanciones provocadas por violaciones al derecho de la competencia.

Esta relación resulta interesante en sus extremos. En efecto, ningún extremo de la curva llega a un valor de ceros en ninguno de los ejes, dejando espacio para dos relaciones infinitas. Por un lado se encuentra el caso en el cual un titular de propiedad intelectual, que tiene una participación infinitamente pequeña en el mercado, podría ejercer incesantemente su monopolio(18), ya que no podría crear una distorsión del comercio entre los Estados miembros o ni siquiera en uno de ellos(19). Esto sería cierto incluso si existiera una voluntad de ir en contra del derecho de la competencia o si el actor fuera considerado el único culpable de determinar la acción(20).

El otro extremo a tener en cuenta es la situación en la cual el monopolio basado en la propiedad intelectual es casi total(21). En este supuesto, el titular de la propiedad intelectual tendría que ser extremadamente cauto en el ejercicio de sus derechos para evitar ser sancionado de acuerdo con las normas del derecho de la competencia.

Tomados en conjunto con la fuerza vinculante casi estadística de estas normas, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual(22) en la Comunidad(23) determina un equilibrio en el que los titulares de estos derechos maximizan las utilidades de su ejercicio dentro de su contexto comercial sin pisar las fronteras de la competencia y, como resultado de ello, sin incurrir en grandes sanciones.

Dichas sanciones representan uno de los grandes costos potenciales para el titular de los derechos de propiedad intelectual(24). Si se permite su ejercicio, el titular deberá ajustar la fuerza vinculante de sus derechos según su posición comercial en el transcurso del tiempo, con el propósito de conseguir una mayor ganancia, evitando incurrir al mismo tiempo en una violación de las normas de competencia.

Esta es la explicación del teorema general de Coase sobre la propiedad, el cual establece: “La cesión inicial de los derechos de propiedad no afectará el uso final de la propiedad si se permiten las transacciones a un costo no tan alto”(25). En la práctica, la determinación de lo que consiste o no una violación de las normas de competencia no se puede hacer con precisión, ya que la explotación de los derechos de propiedad intelectual se acerca cada vez más a niveles prohibitivos dentro de un contexto comercial. La posibilidad de que se apliquen sanciones, por su parte, adquiere un valor propio que lleva a la mayoría de dueños de derechos de propiedad intelectual a lograr una posición de equilibrio por debajo de la curva y no sobre ella(26).

La eficiencia en la determinación de una violación del derecho de la competencia es, en sí misma, un factor económico que se presenta en varias facetas por parte del mercado como un todo y por los negocios comerciales dentro de este(27).

2. El artículo 82 – el abuso de posición dominante

El artículo 82 establece: “Cualquier abuso por parte de una o más empresas de una posición dominante dentro del mercado o de una parte sustancial del mismo queda prohibida por ser incompatible con el mercado en la medida que pueda afectar el comercio entre los Estados miembros.

Dicho abuso puede consistir particularmente en:

a) Imponer, directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones no competitivas de las condiciones comerciales;

b) Limitar la producción, los mercados o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;

c) Aplicar condiciones disímiles en transacciones equivalentes con otros comerciantes poniéndolos en desventaja;

d) Hacer que la celebración de contratos se sujete a la aceptación que den otras partes de obligaciones suplementarias que por su propia naturaleza o de acuerdo con los usos comerciales, no tengan conexión alguna con la materia de dichos contratos”(28).

En el contexto de los derechos de propiedad intelectual no existe abuso de posición dominante cuando se tiene la titularidad de un derecho de propiedad y, por lo tanto, de un derecho exclusivo. Sin embargo, puede prohibirse el ejercicio del derecho en virtud del artículo 82, cuando este conlleve a otras conductas abusivas y que tengan la posibilidad de afectar el comercio entre los Estados miembros(29).

Para que exista una violación a esta disposición, alguien debe actuar como infractor. Para los efectos del artículo 82, esta conducta puede ser cometida por cualquier entidad discreta que lleve a cabo una actividad económica, sin perjuicio de su estatus legal y la forma como se financie(30). No tiene que ser una entidad privada necesariamente. En efecto, una entidad pública puede ser una empresa y estar sujeta a las normas de competencia si lleva a cabo una actividad económica en el mercado(31).

Una violación del artículo 82 comprende tres situaciones:

a) La existencia de una posición dominante.

b) La explotación inadecuada de dicha posición.

c) La posibilidad de que dicha explotación pueda ser peligrosa para el comercio entre Estados miembros(32).

Para determinar si un reclamo por violación del artículo 82 puede prosperar, la primera situación implica la existencia de una “posición dominante”. Esta se determina de acuerdo con el mercado que es dominado. Si este es muy pequeño, como es el caso de la venta de periódicos en una esquina específica, se podría decir que el vendedor ejerce una posición dominante en ese mercado. Por oposición, si es bastante extenso, como ocurre con la venta de periódicos en el territorio nacional, entonces la magnitud de la actividad comercial de un vendedor en una esquina se reduce a su mínima expresión(33). En consecuencia, el concepto del mercado, para efectos del artículo 82, se debe definir en un momento particular antes de poder determinar la existencia de una posición dominante.

3. Definición de mercado para los efectos del derecho de la competencia

En esta discusión, el término “mercado” se utiliza en tres contextos distintos, probablemente con tres significados diversos. El primero es el uso explicado respecto del libre comercio de bienes, en el cual se define como el mercado común de la Unión Europea. Se trata de una definición comercial que acompasa influencias comerciales externas que tienen un impacto en el comercio dentro de las fronteras políticas de la Comunidad.

El segundo se encuentra implícito en la Directiva de Marcas(34), específicamente en su artículo 7º. En esta normativa, el mercado se define como el área acompasada por la frontera política externa de la Unión Europea.

La tercera, y quizá la más útil definición de mercado, ha sido desarrollada mediante aplicaciones del derecho de la competencia. Afirmo que se trata del concepto más útil para los efectos comunitarios por cuanto se constituye como la definición más europea y que, además, acompasa los temas comerciales más europeos.

Si bien las normas de competencia definen el mercado como “el específico a la transacción comercial que se considera” e incluye todas las influencias de todas las fuentes que pueden hacer que la transacción sea más o menos integracionista entre los Estados miembros, esta definición es conservadora y tiende a restringir el mercado considerado.

Para los efectos de los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma, el cálculo de la parte del mercado relevante o de la posición que se ocupa dentro del mismo se podría diluir falsamente si el mercado relevante, en su conjunto, fuera muy amplio. Esto también aplica para la determinación de una posición dominante, según el artículo 82. Es así como cualquier análisis del impacto del comportamiento anticompetitivo exige una consideración irrestricta de todas las fuentes de conducta prohibida y un campo restringido del área de impacto(35).

Definir cuál es el mercado resulta de fundamental importancia en los casos de competencia, aunque el caso específico haya sido inconsistente con la metodología utilizada para precisar cuáles son los mercados relevantes, así como cuál es su peso relativo en el análisis general de la infracción contra las normas de la competencia.

En 1997 se creó una Comisión para definir el mercado(36), la cual pretendía aclarar el procedimiento de análisis de los mercados en los casos de competencia. Sin embargo, su informe no incluyó un pronunciamiento acerca de la metodología que se debería utilizar para determinar el tamaño de los mercados, lo cual creó un alto margen de vulnerabilidad e incertidumbre. Ciertamente, la comisión consideró al mercado como bidimensional y señaló que este podría ser de producto y geográfico.

Por el primero señaló que se trata del compuesto por “todos aquellos productos y/o servicios que puedan ser sustituibles entre ellos por el consumidor, por las características del producto, los precios y su uso pretendido”(37).

Por su parte, el mercado geográfico supuestamente está conformado por: “El área en la cual las empresas en cuestión están involucradas en el suministro y la demanda de productos o servicios en los que las condiciones de la competencia son suficientemente homogéneas y en el cual se puedan distinguir de áreas vecinas por ser las condiciones de la competencia apreciablemente diferentes en esas áreas”(38).

En este contexto, la Comisión explicó la importancia que tiene definir el mercado. Al respecto, señaló: “Es una herramienta para identificar y definir las fronteras de la competencia entre firmas. Sirve para establecer el marco dentro del cual la política de competencia se aplica por parte de la Comisión. El objetivo principal de la definición de mercado es identificar de una manera sistemática las barreras competitivas que una empresa puede enfrentar. El objetivo de definir un mercado tanto en su dimensión de producto como geográficamente es identificar los competidores reales de las empresas involucradas que tengan la capacidad de constreñir el comportamiento de ellas y de evitar que tengan un comportamiento independiente de una presión competitiva”(39).

Para efectos de la competencia, el mercado puede ser visto como si tuviera dos partes interrelacionadas: un componente geográfico y uno de influencia. El primero ha sido definido, según se estableció anteriormente en los términos de los productos involucrados, como el “territorio en el cual todos los comerciantes operan en las mismas u homogéneas condiciones de competitividad en lo que se refiere al producto relevante”(40).

Por otra parte, la empresa que infringe una norma del derecho de la competencia no tiene que estar físicamente presente dentro del mercado relevante para que su conducta, en contra de la competencia, sea punible(41). Lo que importa es el efecto que esta cause en el mercado geográficamente definido.

El componente de influencia se puede determinar al considerar, de una manera similar a la que se utiliza para establecer el mercado de un producto, “las características especiales del producto en cuestión (...) (limitado) a un área geográfica definida dentro de la que se mercadea el mismo y en la cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas para que sea posible evaluar el poder económico de una empresa específica”(42).

Más concretamente, para determinar cuál es el mercado de un producto particular, actuando sobre la base de una acción por derecho de la competencia, “es relevante considerar la definición de mercado que tiene el fabricante, sus características físicas y de calidad, el tipo de trabajo para el cual sirve el producto, el rango de accesorios disponibles y los precios altos que restrinjan a los consumidores potenciales a ciertas categorías del (producto)”(43).

En el análisis cotidiano del derecho de la competencia estos aspectos del mercado de productos tienen que ver más con las empresas que los comercializan que con el producto mismo, aunque la novedad tecnológica del mismo sea una característica importante. La habilidad que tenga una empresa para hacer que su influencia económica alcance a tocar un contexto específico, incluyendo la habilidad de hacer oponibles derechos de propiedad intelectual como las marcas, cuyo valor y fuerza comercial pueden ser considerados independientemente del producto al que se asocian, es el factor determinante en esa fase de definición del mercado competitivo relevante, el cual no se encuentra limitado geográficamente. Lo que realmente importa es el efecto de la influencia comercial del fabricante.

Así, para efectos de las leyes de competencia, el mercado de un producto se puede describir como la unión de dos fuerzas: el área geográfica en la cual se comercializa el producto y aquella en la cual la empresa en cuestión puede ejercer su influencia comercial, la que puede o no tener fronteras políticas.

Veamos dos ejemplos:

Ejemplo 1:

Un fabricante de la Unión Europea comercializa sus automóviles de cuatro sillas únicamente dentro de los Estados miembros. Estos vehículos son populares para ser utilizados como taxis en un tercer país, en el cual el fabricante no ejerce ningún tipo de actividad comercial. Los comerciantes entonces compran los autos en la Unión Europea y los exportan para la reventa en el tercer país.

En este caso, el componente geográfico de la definición del mercado incluiría la Unión Europea y el tercer país. El componente de influencia solo incluiría a la primera y cualquier otro sitio en el que el fabricante tuviera alguna presencia, pero no el tercer país. Así, este último no sería parte del mercado relevante para los carros desde el punto de vista del derecho de la competencia.

Ejemplo 2:

Una gran empresa lleva a cabo negocios de cualquier tipo dentro de la Unión Europea. Los productos en cuestión son repuestos para carros de nieve. Aunque el área de influencia comercial del fabricante acompasa toda la Unión Europea —y posiblemente las áreas circundantes en las cuales hay un efecto de rebote— el área geográfica no incluiría las Islas Canarias.

En la práctica, el cómo se defina el mercado en un caso específico del derecho de la competencia varía dependiendo de los aspectos comerciales de las transacciones que se consideren. Así las cosas, si la conducta anticompetitiva por la cual se presenta una queja involucra certificados de conformidad del fabricante de carros, el mercado estará definido como aquel para el cual se expiden tales certificados y no por el sitio donde se comercializan los carros(44). Igualmente, si el caso se relaciona con la disponibilidad de repuestos de un fabricante específico —para efectos de reparación—, el mercado relevante será definido como el de los repuestos requeridos para dicha maquinaria específica(45).

La aplicación de este método de definición del mercado relevante en casos particulares exige la consideración de potencialidades lógicas(46). En Miller Int’l Schallplatten v. E.C. Commision, el mercado para grabaciones en idioma alemán fue definido como el territorio alemán, sin considerar si las mismas se comercializaban en Alemania o fuera de ella(47).

Las definiciones del mercado no se limitan a las ventas al detal. Si los bienes en cuestión son materias primas, estará definido como el mercado al por mayor para las mismas(48). Tampoco se limita la definición de mercado de productos físicos en el derecho de la competencia. Puede aplicarse también a los servicios(49).

Resulta de gran importancia tener en cuenta que con respecto al comercio internacional, el método para definir el mercado relevante no está limitado por fronteras geográficas. Las prácticas anticompetitivas que ocurren por fuera de la Unión Europea y que tienen algún efecto dentro de ella, en términos de afectar el mercado existente para los bienes en cuestión al hacerlos más o menos escasos —el componente geográfico—, puede detonar si la empresa en particular tiene presencia comercial dentro de la Unión —el componente de influencia—(50).

Este acercamiento a una definición no tiene un alcance mayor. Toma en cuenta las realidades comerciales de situaciones individuales. Puede reducir el campo del mercado y al mismo tiempo expandirlo, dependiendo de los hechos particulares(51).

4. La excepción ‘de minimis’

Una excepción importante a la aplicación de los artículos 81 y 82 ocurre cuando la conducta que en principio sería prohibida no afecta el comercio entre los Estados miembros —la excepción de minimis(52)—.

Su presentación formal se encuentra en Notice on agreements of minor importance(53), aunque su empleo ha variado de acuerdo con el caso. Tiene la misma base conceptual, tanto para la aplicación del artículo 82(54), como para la del artículo 81, aunque es más importante con respecto a este último(55). La conducta prohibida puede ser ajena a la sanción si su efecto en el comercio interno es insignificante, debido a la participación débil del comerciante dentro del mercado, lo cual hace que no tenga la habilidad de afectar el comercio en el futuro cercano(56).

Esta excepción puede dividirse en dos partes. La primera es meramente fáctica y se refiere a la posibilidad de generar un efecto significante en el comercio interno y a qué tanta determinación debe existir. La segunda es primordialmente una fase legal, en la que se cuestiona si la restricción contra la importación de bienes del Área Económica Europea a otro Estado miembro afecta el comercio, hasta el punto de requerirse la aplicación de las normas de competencia.

Los parámetros fácticos de la excepción se pueden describir de la siguiente manera: una participación en el mercado tan pequeña como el 3.18% no es significativa y respaldaría el hallazgo de una conducta anticompetitiva si el efecto prohibido es el de evitar el comercio interno(57). En este caso, el efecto no necesariamente tiene que ser negativo.

En segundo lugar, la excepción de minimis no aplica para contratos que distorsionen la competencia, aunque tengan el efecto de promover el comercio entre los Estados miembros(58). Esto último resalta el principio de que la excepción se preocupa menos de la conducta anticompetitiva que de las circunstancias extrañas en las que ella no tiene efecto en el objetivo de la integración de mercado o, dicho de otra manera, cuando no tiene un efecto discriminatorio respecto del comercio entre los Estados miembros(59).

Incluso los acuerdos anticompetencia más estrictos pueden dejar de lado una prohibición si el efecto en el mercado interno es pequeño(60). Esto quiere decir que, al nivel de política de la Comunidad, las distorsiones de la competencia y del comercio entre los Estados miembros que afectan la integración del mercado no son la misma cosa. En consecuencia, el efecto en la integración del mercado es la primera prioridad en el análisis del artículo 81 y el efecto en el mercado interno es secundario.

Para determinar si la influencia de un acuerdo en el comercio entre países es lo suficientemente insignificante para aplicar la excepción es necesario tomar en cuenta la posición e importancia de las partes en el mercado para el producto específico(61). Se pregunta entonces si la conducta anticompetitiva afecta directa o indirectamente, real o potencialmente las consideraciones de calidad del comercio entre los países(62).

Si lo hace, el tamaño del efecto de la conducta se determinará de acuerdo con estos criterios:

a) Tipo de producto.

b) La posición comercial de las partes de un acuerdo que incluya la conducta.

c) La fuerza financiera de las partes en el acuerdo.

d) La participación de las partes en otros sectores del mercado.

e) La naturaleza repetida de la conducta anticompetitiva.

f) La oportunidad para competencia externa.

g) La severidad de la conducta anticompetitiva(63).

Un resultado de importancia en dos o más de las áreas ya mencionadas ubicará la conducta más allá de la excepción de minimis.

Las consideraciones acerca del efecto en el comercio interno no se pueden restringir al presente. Los eventos posibles del futuro también se deben considerar. Por ejemplo, los acuerdos que buscan conductas anticompetitivas cuyo objetivo sea el de afectar la competencia y que bajo circunstancias normales tendrían un efecto en el comercio entre los Estados miembros no pueden tomar ventaja de la excepción. Esto incluso cuando los convenios no hayan sido desarrollados y no hayan producido efectos, ni en la competencia ni en el comercio interno(64).

Esto sucede además, cuando la práctica anticompetitiva ha sido hallada y evaluada. Con esto se puede concluir que la conducta no tendría un efecto significativo en el presente sobre el mercado entre los Estados miembros y, por lo tanto, la excepción del de minimis puede no tener aplicación si es posible concebir que esa situación puede cambiar en el futuro. Con ello se aumenta el significado potencial del efecto de la práctica anticompetitiva(65).

La potencialidad de afectar el comercio interno, más que el que se esté afectando efectivamente, es lo que resulta de mayor importancia para la aplicación de la excepción de minimis.

5. Conclusión

El anterior análisis considera solamente unos pocos temas involucrados con respecto a la relación existente entre los derechos de la propiedad intelectual y el derecho europeo de la competencia. Sin embargo, de ellos se pueden sacar ciertas conclusiones.

La primera se basa en el reconocimiento de que la integración del mercado es de gran importancia para la legislatura de la Comunidad, la que por ahora se personaliza en la Comisión Europea(66). Esta tiene poder no solo para proponer regulaciones y reglas sino también para perseguir las violaciones de la competencia.

La integración del mercado es el principio rector para el Tribunal de Justicia Europeo, el cual opera con un mínimo de guías. Es así como el desarrollo de los derechos de la propiedad intelectual, tanto nacionales como los de la Comunidad, está sujeto a una gran influencia externa. Esta distorsiona en ciertos casos el mencionado desarrollo, el cual se constituye como el eje sobre el que se ubica el objetivo mayor de establecer un único mercado dentro de las fronteras de la Unión Europea.

Lo mismo se puede decir de las normas de la competencia. Su función anticompetitiva se subordina a las necesidades de la integración del mercado, lo cual se logra a través del libre movimiento de bienes y servicios. Las normas de la competencia no operan ni son oponibles para evitar conductas monopolísticas. Simplemente existen para evitar cualquier conducta comercial que interfiera con el flujo del comercio entre los Estados miembros. Ni los regímenes de propiedad intelectual que operan dentro de la Comunidad, ni las normas de la competencia que actúan como limitantes de los derechos creados bajo estos regímenes han sido capaces de desarrollar respuestas a su entorno comercial, que carece de consideraciones políticas para la integración del mercado.

Una segunda conclusión sería que la tensión entre los derechos exclusivos y las normas de la competencia operan a niveles distintos y toman diferentes facetas, dependiendo del nivel respectivo. Por ejemplo, existe un nivel teorético donde el monopolio legal limitado inherente en la propiedad intelectual está en conflicto con las funciones antimonopolísticas de los artículos 81 y 82 del Tratado de Roma.

Además, se encuentra un nivel de comercio interno en el que las normas de la competencia son más activas al limitar la habilidad de los dueños de bienes de propiedad intelectual para desarrollar y explotar al máximo sus derechos, puesto que tal explotación posiblemente crearía barreras al comercio interno.

A nivel del comercio internacional, las mismas normas de competencia actúan menos como una limitación al mismo o a los derechos internos de propiedad intelectual, ya que el libre movimiento de bienes y servicios dentro de la Comunidad no está directamente involucrado.

Esta tendencia eurocéntrica lleva a una tercera conclusión, particularmente cuando se analiza dentro del contexto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic)(67).

El acercamiento de la Comunidad hacia la reconciliación de las necesidades de los titulares de propiedad intelectual, con el objetivo de promover la competencia, es de vieja data. Los artículos 81 y 82, así como gran parte del resto del Tratado de la CE, no han cambiado desde la promulgación del Tratado de Roma de 1957. El mercado para los bienes protegidos por la propiedad intelectual se ha vuelto más universal desde entonces en el campo práctico.

Igualmente, las normas de competencia de la mayoría de las naciones, incluyendo la Unión Europea, tienen un aspecto extraterritorial que debe ser tenido en cuenta al considerar cómo dichas leyes se aplican a la explotación local e internacional. La nueva legislación de la Comunidad se debe referir a los cambios ocurridos en el ambiente comercial mundial de los últimos 50 años para que las normas comunitarias sobre propiedad intelectual y competencia funcionen juntas, con un mínimo de conflicto y confusión.

(1) Las definiciones de derechos de propiedad intelectual son incompletas, lo cual crea una multitud de problemas jurídicos. Véase, por ejemplo, la evolución de este concepto en Stolte. How early did anglo-american trademark law begin? An answer to schecter’s conundrum. En: 8 Fordham Intell, Prop., Media & Ent. L.J.,1997, p. 505; Hiebert. Foundations of the law of parallel importation: duality and universality in nineteenth century trademark law. 80 T.M.R., 1990, p. 483.

(2) Véase Shanahan. The trademark right: consumer protection or monopoly? 72 T.M.R., 1990, p. 233.

(3) Barfield y Groombridge. The economic case for copyright owner control over parallel imports. En: J. World Intellectual Property, 1998, p. 905; Beier. Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentierter Erzeugnisse. En: 1 G.R.U.R. Int’l 1, 1996; Beier, The future of intellectual property in Europe: thoughts on the development of patent, utility model and industrial design law. En: 2 I.I.C., 1991, p. 157.

(4) Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Roma, 25 de marzo de 1957, Ts.1, 1973, Cmnd 5179, p. 298, U.N.T.S. 11, 1958; enmendado por la Single European Act de 1987, O.J. 169/1, 1987, 2 C.M.L.R. 741; enmendada a su vez por el Tratado de la Unión Europea, Maastricht, 7 de febrero de 1992, O.J. C 224/1, 1994, 1 C.M.L.R. 719; enmendado por el Tratado de Niza, 10 de marzo del 2001, O.J. C80/1; enmendado por el Tratado de la Unión Europea y por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 24 de diciembre del 2002, O.J. C325/5, 33, en adelante: “Tratado CE”. Véase Whish. Competition law. Butterworths, 4ª ed., Londres: 2001, pp. 675-714. Igualmente, Barton. The balance between intellectual property rights and competition: paradigms in the information sector. En: 7 E.C.L.R., 1997, p. 440.

(5) Artículo 81 del Tratado CE (antiguo art. 85) y el artículo 82 (antiguo art. 86). Véase Garnett y Davies (editores). Copinger and Skone James on copyright. Sweet & Maxwell, 14ª ed., Londres: 2002, pp. 29-188 y 29-192; Laddie; Prescott y Vitoria. The modern law of copyright and design. Butterworths, 3ª ed., Londres: 2000, pp. 31-24 y 31-34; Wadlow. The law of passing off. Sweet & Maxwell, 2ª ed., Londres: 1995, pp. 504-519; Kitchen y otros. Kerly’s law of trade marks and trade names. Sweet & Maxwell, 13ª ed., Londres: 2000, pp. 15-96 y 15-124.

(6) El reconocimiento de una marca requiere del marketing de productos reconocidos, los cuales frecuentemente envuelven inventiva y creatividad, en el sentido común de esas palabras. Legalmente hablando, el reconocimiento de las marcas complementa las funciones de control de calidad y de protección al consumidor, lo cual asegura la fuerza de los productos reconocidos con una marca. Véase Cornish. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. Sweet & Maxwell, 4ª ed., Londres: 1999, pp. 612-617.

(7) Cornish, op. cit., pp. 3-11.

(8) Artículo 295 del Tratado CE (antiguo art. 222). Complicaciones adicionales fueron encontradas en algunos reglamentos del Consejo que desarrollaron los artículos 81 y 82: Reglamento 67 de 1967, Reglamento 1983 de 1983, Reglamento 1984 de 1983, así como el Reglamento de la Comisión 4087 de 1988. Todos ellos fueron modificados posteriormente por el Green paper on vertical restraints. COM (98) 544.

(9) La gran disminución del valor de la propiedad es equivalente a los perjuicios que se presentan con el ejercicio de la propiedad legal. Véase, por ejemplo, la responsabilidad en el common law respecto de la naturaleza de la conversión de bienes, tal como se explican jurídicamente en el Reino Unido y en los Estados Unidos.

(10) Ha sido una materia de gran debate académico cómo el artículo 295 influencia el conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y las leyes de competencia. Véase, por ejemplo, Hays y Hansen. Silhouette is not the proper case upon which to decide the parallel importation question. En: E.I.P.R., 1998, p. 277; Gill. Balancing necessary monopolies and free competition: threats of patent infringement and trade libel. En: 14 C.I.P.R., 1997, p. 125; Frieden. Case C-235/89, Commission v. Italy, and case C-30/90, Commission v. United Kingdom. En: 30 C.M.L.Rev., 1993, p. 829; Jacquemin. The international dimension of European competition policy. En: 1 J. of Common Market Studies, 1993, p. 91; Karnell. Parallelimport in den nordischen Ländern- Patent- und Musterrrecht am kartellrechtlichen Scheideweg. En: 7 G.R.U.R. Int’l 491, 1990; Ladas. Assignment of trademarks and antitrust law - the sirena case of the Court of Justice of the European Communities. En: 62 T.M.R., 1972, p. 566.

(11) Generalmente, Traver. Rental rights and the specific subject-matter of copyright in community law. En: 24 E.L. Rev., 1999, p. 171; Tritton. Parallel imports in the European Community. En: 2 I.P.Q., 1997, p. 196.

(12) Casos 56, 58/64, E.C.R. 299, 1966, C.M.L.R. 418, 1966.

(13) Caso 24/67, E.C.R. 55, 1968, C.M.L.R. 47, 1968.

(14) Caso 78/70, E.C.R. 487, 1971, C.M.L.R. 631, 1971. Véase también la decisión de la Comisión en IMA, AG y otros v. Windsurfing International Inc. y otros. Decisión 83/400/EEC, 1983, O.J. L-229/1, 1984, 1 C.M.L.R. 1, basado en el caso Windsurfing International Inc. v. E.C. Commission, Caso 193/83, 1986, E.C.R. 611, 1986, 3 C.M.L.R. 489.

(15) Artículo 28 del Tratado CE. La distinción entre la existencia y el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual ha sido objeto de frecuentes críticas.

(16) Un claro ejemplo al respecto es la plétora de marcas similares de cervezas. Si bien un consumidor particular puede preferir una marca a otras, la oferta de las demás y las extremas diferencias de precios pueden influenciar su elección a favor de una marca que tal vez prefiere menos, pero que es menos costosa.

(17) Véase generalmente, Cocuzza y Montini. International antitrust cooperation in a global economy. En: 3 E.C.L.R., 1998, p. 156; Dixon y Mueller. Antitrust in the common market: Marx, monopoly, and the ‘chill winds of competition’. En: 27 Antitrust L. & Econ. Rev. 41, 1996; Greaves. Magill est arrivé... RTE and IPT v. Commission of the European Communities. En: 4 E.C.L.R., 1995, p. 244; Ham. International cooperation in the anti-trust field and in particular the agreement between the United States of America and the Commission of the European Communities. En: C.M.L.Rev. 571, 1993; Flynn. Intellectual property and anti-trust: EC attitudes. En: 2 E.I.P.R., 1992, p. 49; Forrester. Software licensing in the light of current EC competition law considerations. En: 1 E.C.L.R., 1991, p. 5; Franzosi. Grey market – parallel importation as a trademark violation or an act of unfair competition. En: I.I.C., 1990, p. 194.

(18) Por ejemplo, el titular de una patente de llantas cuadradas para automóviles podría ser capaz de evitar su responsabilidad respecto de normas sobre competencia, incluso cuando haga valer rudamente la patente contra sus competidores en el mercado.

(19) En una acción basada en la violación del artículo 81(1) del Reglamento 17, a través de un acuerdo con una empresa independiente que tenía por objeto restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado, la defensa del dueño de la propiedad intelectual podría ser similar a la defensa de la imposibilidad en el common law. Es decir, si bien la intención puede ser la de restringir la competencia de productos protegidos —la mens rea— la comercialidad del producto —el potencial para un actus reus— es insignificante para afectar el comercio entre los Estados miembros. Véase el Reglamento 17 del Consejo, del 6 de febrero de 1962, O.J. 204/62, O.J. (Edición Especial 1959-1962), pp. 57 y ss., en adelante la “Regulation 17”. Esta preceptiva ha sido modificada por el Reglamento 1216 de 1999, del 10 de junio de 1999: primera reglamentación a los artículos 81 y 82 del tratado. O.J. L-148/5, 1999.

(20) Odudu. Interpreting article 81(1): objective as subjective intention. En: 26 E.L.Rev., 2001, pp. 60 y 61. “Para los propósitos de aplicar el artículo 81(1), no es necesario tomar en cuenta los efectos concretos de un acuerdo una vez aparece que estos han sido objeto de prevención, restricción o distorsión de la competencia”. Cfr. Consten y Grundig. En: E.C.R., 1966, pp. 299-342.

(21) Como ocurriría con el titular de una patente para la única llanta redonda para automóviles.

(22) Uno de los “usos incompatibles” son descritos en Posner. Economic analisis of law. Little, Brown & Co., 4ª ed., Boston: 1992, pp. 49–61.

(23) Los términos “Comunidad”, “Unión Europea”y “la Unión” son usados indistintamente en este escrito, teniendo casi el mismo significado en el contexto de esta discusión. Estos se derivan de las designaciones usadas por las varias enmiendas hechas al Tratado de Roma y todas ellas se refieren a la unión establecida por ese tratado, opuesto al área de libre comercio o Área Económica Europea (AEE), creada por el Tratado para el Área Económica Europea de 1984. O.J. L1/3, 1992, 1 C.M.L.R. 921.

(24) En este caso la sanción se constituye como una transacción que limita el costo según Posner, basado en el trabajo de Ronald Coase. Véase Posner, op. cit., pp. 49-43, citando a Coase. The problem of social cost. En: 3 J. Law & Econ. 1, 1960.

(25) Ibídem, p. 51. Esta formulación del problema es de Posner no de Coase. Las conclusiones de este último están más detalladas y, en su aplicación plena, consignadas más adelante.

(26) Ídem. La teoría del monopolio de Posner y las motivaciones que determinan las acciones de los monopolistas están detalladas en el capítulo 9 de su libro.

(27) Ídem. Generalmente, capítulo 19 del libro de Posner. Las políticas económicas de la competencia y su imposición, más allá del alcance de la presente discusión, excepto los términos generales, están explicadas en detalle en Bishop y Walter. The economics of EC competition law. Sweet & Maxwell, 2ª ed., London: 2002.

(28) Artículo 82.

(29) Caso 53/87. Consorzio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli et Maxicar v. Régie Nationale des Usines Renault. En: E.C.R. 6039, 1988, 4 C.M.L.R. 265, 1990, párrafos 15-16; Caso 51/75, EMI Records Ltd. v. CBS United Kingdom Ltd., E.C.R. 811, 1976, 2 C.M.L.R. 235, 1976, párrafo 35.

(30) Caso C-41/90, (Klaus) Höfner and (Fritz) Elser v. Macrotron, GmbH, E.C.R.1979, 1991, 4 C.M.L.R. 306, 1993, párrafos 21-23.

(31) Ibídem, párrafo 24.

(32) Caso 40/70, Sirena, SrL v. EDA, SrL, E.C.R. 69, 1971, C.M.L.R. 260, párrafo 15.

(33) Discutido posteriormente en el número 4.

(34) Primera Directiva del Consejo (89/104/EEC), del 21 de diciembre de 1988. Tiene como propósito armonizar las leyes sobre marcas registradas de los Estados miembros. O.J. L40/1, 1989. Esta directiva ha sido objeto de amplio debate y litigio respecto del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual dentro y fuera de la Unión Europea, particularmente en el contexto de las importaciones paralelas. Véanse las discusiones allí presentadas en los casos unificados C-414-416/99, Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd.; Levi Strauss & Co. y Levi Strauss (UK) Ltd. v. Tesco Stores, Tesco plc. y Costco Wholesale UK Ltd. E.C.R. I-8691, 2001, 1 C.M.L.R. 1, 2002.

(35) Por ejemplo, una empresa que domina un 100% del mercado nacional de relojes de cuarzo no necesariamente está en una posición dominante en el mercado si este gira en torno a la comercialización de electrodomésticos.

(36) Comisión Europea. Notice on the definition of the relevant market for purposes of community competition law, O.J. C-372/5, 1997, 4 C.M.L.R. 177, 1998.

(37) Reglamento 3385 de 1994, O.J. L-377/38, 1994; Forma A/B, sección 6; Reglamento 447 de 1998, O.J. L-61/1, Form CO, 1998, sección 6.

(38) Ibídem.

(39) Comisión Europea. Notice on the definition of the relevant market. Párrafo 2. Los métodos estándares que se aplican a la definición de mercados para los propósitos de la competencia y una investigación sobre las discusiones al respecto se presentan en Whish, op. cit., pp. 21-43.

(40) Caso T-83/91, Tetra Pak International SA v. E.C. Commission, E.C.R. II-755, 1994, párrafo S3. Este es solo uno de los muchos casos en los que los tribunales han definido el término mercado geográfico en el contexto de los artículos 81 y 82. Respecto del primero de ellos. Véase el caso T-68, 77-78/89, Re Italian Flat Glass: Società Italiano Vetro Spa v. E.C. Commission, E.C.R. II-1403, 1992, 5 C.M.L.R. 302, donde el CFI determinó que es preciso establecer cuál es el mercado relevante para tomar cualquier decisión sobre el comportamiento anticompetitivo.

(41) Tetra Pak Int’l v. Commission, citado arriba.

(42) Caso 27/76, United Brands Co. and United Brands Continental, BV v. E.C. Commission, E.C.R. 207, 1978, 1 C.M.L.R. 429, párrafo 11. Este fallo fue decidido de acuerdo con el artículo 82, donde al analizar la necesidad de determinar el dominio se llegó a la conclusión legal de que el mercado es dependiente de los frecuentes resultados, con lo que se incrementan las definiciones de los mercados bajo consideración.

(43) Caso 86/82, Hasselblad (G.B.) Ltd. v. E.C. Commission, E.C.R. 883, 1984, 1 C.M.L.R. 559, párrafo 21.

(44) Caso 226/84, British Leyland plc. v. E.C. Comisión, E.C.R. 3263, 1986, 1 C.M.L.R. 185, 1987, párrafo 5.

(45) Caso 22/78, Hugin Kassaregiste, AB and Hugin Cash Registeres Ltd. v. E.C. Commission, O.J. L-22/23, 1978, 1 C.M.L.R. D19, 1979, E.C.R. 1869, 1979, 3 C.M.L.R. 345, párrafos 6-8.

(46) Véase Desai. The European Commission’s draft notice on market definition: a brief guide to economics. En: 7 E.C.L.R., 1997, 473.

(47) Caso 19/77, Miller Int’l v. Commission, E.C.R. 131, 1978, 2 C.M.L.R. 334, párrafo 10. Resulta discutible que una grabación de un fuerte acento bávaro no sea comercializable en Bremen.

(48) Decisión 82/860/EEC. Aplicación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, O.J. L-360/31, 1982, 1 C.M.L.R. 1983, p. 703.

(49) Caso 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, mbH v. E.C. Commission, E.C.R. 483, (193), 1983, 3 C.M.L.R. 645, párrafos 44-45.

(50) Caso 51/75, EMI Records Ltd. v. CBS United Kingdom Ltd., E.C.R. 811, 1976, 2 C.M.L.R. 235, párrafos 28-29; casos 100-103/80, Musique Diffusion Française SA, C. Melshers & Co., Pioneer Electronic (Europe) NV and Pioneer High Fidelity (GB) Ltd. v. E.C. Commission, E.C.R. 1825, 1983, 3 C.M.L.R. 221.

(51) Caso 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie Michelin, NV v. E.C. Commission, E.C.R. 3461, 1983, 1 C.M.L.R. 282, 1985, párrafo 26. En el caso de una acción por infracción a las normas de competencia contra una subsidiaria nacional de un grupo internacional de empresas, el mercado relevante debe ser determinado por el mercado nacional particular.

(52) Véase por ejemplo, caso 30/78, The Distillers Company Ltd. v. E.C. Commission, E.C.R. 2229, 1980, 3 C.M.L.R. 121, párrafo 28.

(53) O.J. C-372/13, 1997. En esta designa el 5 y el 10% como umbrales para el mercado compartido, entre empresas iguales y los diferentes niveles de competencia, respectivamente, por encima de los cuales están los que no son considerados de minimis. Según el artículo 3º(1) del Reglamento 2790 de 1999, un mercado compartido en más del 30% elimina la posibilidad de bloquear la exención de los sistemas de distribución selectiva.

(54) Caso 247/86, Société Alsacienne et Lorraine de Télécommunications et d’Electronique (Alsatel) v. Novasam SA, E.C.R. 5987, 1998, 4 C.M.L.R. 434, 1990, párrafo 11.

(55) Caso 5/69, Franz Völk v. Etablissements Vervaecke, Sprl, E.C.R. 295, 1969, C.M.L.R. 273, párrafo 3.

(56) Casos 100-103/80, Musique Diffusion Française SA, C. Melshers & Co., Pioneer Electronic (Europe) NV and Pioneer High Fidelity (GB) Ltd. v. E.C. Commission, E.C.R. 1825, 1983, 3 C.M.L.R. 221, párrafo 84.

(57) Ibídem, párrafo 86. Véase también el caso 319/82, Société de Vente de Ciments de Bétons de l’Est SA v. Kerpen & Kerpen, GmbH & Co. KG, E.C.R. 4173, 1983, 1 C.M.L.R. 511, 1985, párrafo 8.

(58) Etablissements Consten and Grundig v. Commission, citado anteriormente, p. 478.

(59) La expresión alternativa es desarrollada por Marenco y Banks. Intellectual property and the community rules on free movement. En: 15 E.L. Rev., 1990, p. 224, basados en el contexto de los artículos de libre circulación, donde 255 de ellos determinan: “Aquí existe en el presente cuerpo de fallos en el campo de la propiedad intelectual una discernible corriente de análisis de discriminación”. Ellos ven la discriminación interestatal, o la falta de esta, como un consistente, el cual impulsan en el Tribunal de Justicia Europeo, conduciéndolo a través de temas relacionados con la propiedad intelectual. Los dos puntos de vista, uno basado en las necesidades de la integración de mercados y el otro, en la naturaleza discriminatoria de las leyes nacionales de propiedad intelectual, se reconcilian al entender que el comercio del intramercado y la integración del mercado son iguales.

(60) Caso 99/79, S.A. Lancôme and Cosparfrance Nederland, BV v. Etos, BV and Albert Heijn Supermart, BV, E.C.R. I-2511, 1980, 2 C.M.L.R., 1981, p. 164.

(61) Caso T-77/92, Parker Pen Ltd. v. E.C. Commission, E.C.R. II-549, 1994, 5 C.M.L.R. 435, 1995, párrafo 40. La definición dada al “mercado concernido” se discute en el punto 3 arriba, definiendo el mercado para los propósitos del derecho de la competencia.

(62) Caso 56/65, La Technique Minière v. Maschinenbau Ulm, GmbH, E.C.R. 235, 1966, C.M.L.R. 357, p. 375.

(63) Ibídem.

(64) Decisión de la Comisión del 22 de diciembre de 1972 en Re Wea-Filipacchi Music SA, O.J. L-303/52, 1972, C.M.L.R. D43, 1973, párrafo 7.

(65) Miller Int’l v. Commission; Herlitz, AG v. E.C. Commission, E.C.R. II-531, 1994, 5 C.M.L.R. 458, 1995, párrafo 43.

(66) Esta es una simplificación exagerada. La Comisión Europea es la rama ejecutiva del gobierno comunitario. Existe un Parlamento Europeo, cuya facultad legislativa es limitada. El Consejo es el cuerpo de gobierno, cuya legislación frecuentemente surge de los mandatos de la Comisión y quien tiene la iniciativa para promover nuevas directivas y reglamentos. Sin embargo, esta correlación resulta lenta, lo cual puede provocar conflictos en la Unión Europea por la explotación de la propiedad intelectual y la fuerza vinculante de las normas de competencia. La propuesta de Constitución de la Unión Europea podría proveer un sistema legislativo más receptivo.

(67) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, abril 15 de 1994; Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Anexo 1C; Instrumentos legales – Resultados de la Ronda de Uruguay, volumen 31; 33 I.L.M. 1994, pp. 1144-1197.