La relación de consumo como criterio de aplicabilidad del Derecho de Protección del Consumidor

Revista Nº 32 Jul.-Sep. 2011

por Erika Isler Soto 

1. Introducción

La protección de los derechos de los consumidores se ha transformado en una corriente normativa galopante de tal manera que tanto legisladores como constituyentes han decidido en su gran mayoría, dictar estatutos protectores del sujeto más débil de la relación de consumo.

Ahora bien, al regular las relaciones jurídicas que se presentan entre proveedores y consumidores, distintos han sido los sistemas utilizados para determinar su ámbito de aplicación.

En efecto, algunas legislaciones, como la panameña(1), han optado por un sistema objetivo conforme al cual se aplicará la normativa

de protección al consumidor cada vez que se celebre un contrato de consumo.

Otros sistemas, de carácter mixto, se construyen también sobre la base del contrato de consumo, pero exigen para que la convención tenga el carácter de tal, que las partes intervinientes tengan las calidades de proveedor y consumidor(2).

Normativas eminentemente subjetivas por su parte, se sustentan en la persona del proveedor, estableciendo que cualquier acto realizado por él, será alcanzado por la normativa especial. Es lo que ocurre con la legislación peruana(3) o la boliviana(4).

Por último, otros sistemas, de concepción más moderna, establecen como criterio de aplicabilidad, la existencia de una relación de consumo, esto es, de aquel vínculo jurídico existente entre un proveedor y consumidor. De esta manera, la normativa de protección a los consumidores, resulta aplicable no sólo a los contratos de consumo, sino que a toda relación jurídica que sea idónea para vincular a un proveedor profesional y a un consumidor final. Este ha sido el criterio adoptado por las leyes de España(5), Argentina(6), Uruguay(7) y Ecuador(8).

La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores de Chile(9), no menciona el sistema adoptado, limitándose a señalar de manera vaga y en disposiciones inconexas, su ámbito de aplicación.

Producto de lo anterior, y a partir de la lectura de sus disposiciones, es que se han dado distintas soluciones al problema planteado, resultando también la jurisprudencia disímil y en ocasiones contradictoria.

El presente trabajo tiene por objeto establecer el régimen de aplicabilidad de la ley chilena, así como dar cuenta de las posibles soluciones que se han dado al respecto.

2. Sistemas de aplicabilidad de las normas de protección a los consumidores en Chile

Tal como se adelantó, la legislación chilena no señala explícitamente su régimen de aplicación. Es más, ni siquiera define los conceptos de contrato o relación de consumo, a diferencia de lo que ocurre en legislaciones comparadas, como se verá.

Frente a este panorama, distintas han sido las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que han pretendido dar solución a la interrogante planteada.

En efecto, el régimen de aplicabilidad de la LPC puede ser abordado desde distintos puntos de vistas, de manera que es posible distinguir al respecto tres posibles soluciones: adoptar una tesis objetiva; defender una posición objetiva atenuada; o bien adherir una posición de corte subjetiva sustentada en la noción de relación de consumo.

2.1. Sistema objetivo: el contrato de consumo

Una primera opción, es considerar que la celebración de un contrato de consumo constituye el presupuesto fundamental para la aplicación de la normativa de protección al consumidor.

Encuentra su fundamento esta tesis, en el encabezado del Art. 2 LPC que señala: “quedan sujetos a las disposiciones de esta ley”, luego de lo cual establece una nómina de contratos a los cuales ella resulta aplicable. Se sostiene entonces, que el citado artículo es la disposición que contiene la totalidad de las hipótesis reguladas por las normas de la LPC, las que tendrían siempre naturaleza contractual.

Otro argumento esgrimido por esta tesis, radica en las mismas definiciones legales tanto de proveedor como de consumidor, las que hacen alusión expresa tanto a la celebración de un contrato oneroso, como al cobro de un precio o tarifa, pudiendo, este último, proceder únicamente en la medida que se haya celebrado un contrato de consumo, puesto que de lo contrario, el pago carecería de causa.

Ahora bien, si bien las tesis objetivas se encuentran contestes en señalar que la celebración de un contrato de consumo constituye el presupuesto de aplicación de la LPC, surgen diferencias en torno a señalar qué se entiende por él.

2.1.1. Sistema objetivo estricto 

Conforme a una primera línea de pensamiento, el mecanismo de aplicabilidad de las normas de protección a los consumidores, funcionaría de manera similar al régimen de comerciabilidad de nuestro Código de Comercio(10).

De esta manera, sólo podrían ser considerados contratos de consumo, aquellos establecidos en el catálogo del Art. 2 LPC, a saber: los actos jurídicos que, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor; los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas; los actos o contratos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor o usuario el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que sean amoblados y para fines de descanso o turismo; los contratos de educación de enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto de las materias establecidas en el Art. 2 LPC; los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la Ley n.° 19472; y los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud, con exclusión de las prestaciones de salud, en las materias que indica el Art. 2 LPC(11).

Según esta tesis, cada uno de los actos señalados en el Art. 2 tienen igual valor, siendo por tanto el contrato mixto, uno más entre los mencionados por la LPC. Así las cosas, se le niega al acto de doble carácter, el privilegio de ser la regla general.

2.1.2. Sistema objetivo basado en el contrato mixto 

Conforme a esta segunda interpretación, el contrato de consumo se identifica con el acto de doble carácter, de tal manera que cualquier otra convención a la que se le aplique la LPC sin serlo, constituye una excepción.

Así lo entendía la doctrina nacional chilena casi unánimemente cuando se encontraba vigente el texto original de la Ley n.º 19496, cuyo Art. 2 en su encabezado señalaba: “Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor”(12), sin perjuicio de las excepciones que la misma disposición contemplaba.

Sin embargo, la Ley n.º 19955 modificó la norma señalada, quedando simplemente de la manera que sigue: “Quedan sujetos a las disposición de esta ley”, seguido de los actos señalados en el punto anterior.

Así las cosas, el Art. 2 pierde su carácter taxativo, siendo discutido si el contrato mixto constituye la regla general en materia de contratos de consumo o simplemente uno de tantos otros.

Jara Amigo se pronuncia por la primera posibilidad, manteniendo que el sistema de aplicabilidad de la LPC sigue fundamentándose en el acto mixto, y que los demás actos mencionados en el Art. 2, constituyen meras excepciones que en nada aminoran el carácter de regla general del contrato de consumo(13).

Rodrigo Momberg por su parte, se pronuncia en un sentido contrario, señalando que la naturaleza mixta del acto de comercio, ha dejado de ser un requisito de aplicabilidad de la LPC. Así las cosas, para este autor, el carácter mixto del contrato de consumo ha dejado de ser la regla general en materia de contratos de consumo, para pasar a ser un caso más de aquellos(14).

2.1.3. Sistema objetivo atenuado 

De acuerdo a este sistema, se entiende por contrato de consumo, no sólo los establecidos en el Art. 2 LPC, sino que toda convención, cuyas partes tengan las calidades de proveedor y consumidor.

Esta tesis ha tenido cierta acogida en nuestra jurisprudencia, tanto en los Juzgados de Policía Local como en las Cortes.

En efecto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, ha fallado que “el consumidor puede invocar la protección que contempla esta ley cuando el acto o contrato que ejecuta o celebra tiene respecto de él la naturaleza de acto civil, siendo éste al mismo tiempo un acto de comercio para el proveedor”(15).

2.1.4. Críticas a las teorías objetivas 

Adoptar las tesis objetivas, traería como consecuencia necesaria, la inaplicabilidad de la LPC a supuestos extracontractuales, lo cual no es sostenible, toda vez que la propia LPC establece hipótesis que no exigen la celebración de contrato alguno. Tal es lo que ocurre por ejemplo, con los casos normados en sus Arts. 3, 13, 15, 18, 23, 28, 28A, 28B, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37 inc. 5, 43, 45 y 46.

Es más, una de las formas de responsabilidad en la que puede incurrir el proveedor, es la infraccional, la que se genera por la mera contravención normativa, no siendo necesario, que se celebre contrato alguno o que se generen daños efectivos a los consumidores.

Así las cosas, la aplicación de la LPC excede a las hipótesis de naturaleza contractual, tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia(16).

Cabe señalar además que negarle al contrato de consumo, el carácter de requisito indispensable para la aplicación de la LPC, tiene la virtud de encontrarse de acuerdo con la noción moderna de consumidor, que no se limita al adquirente o beneficiario directo del producto o servicio, tal como se verá más adelante.

Así las cosas, el Art. 2 establece únicamente el campo contractual de aplicación, quedando el extracontractual entregado a las reglas generales, salvo las que no resulten compatibles con la relación de consumo.

2.2. Sistema subjetivado: La relación de consumo 

En oposición a las tesis contractualistas, la doctrina subjetivada, entiende que se aplicarán las normas de protección a los consumidores, cada vez que se configure una relación de consumo.

No obstante reconocer a la institución en comento, nuestra legislación no la define, lo cual constituye un olvido importante por parte del legislador, toda vez que en base a ella es que se construye el moderno Derecho del Consumidor, y se determina su ámbito de aplicación. Así, hubiese resultado conveniente conceptualizarla, junto a las otras definiciones de aplicación general establecidas en el Art. 1 LPC.

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, legislaciones comparadas sí han definido la institución en comento. Así por ejemplo, la legislación argentina la conceptualiza como “el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”(17), en tanto que la uruguaya la concibe como aquél “vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final”(18).

Se ve como en ambos casos, los legisladores han estimado que los elementos fundamentales de la relación de consumo, se encuentran constituidos por el vínculo jurídico y la calidad especial de los intervinientes.

La legislación nacional por su parte, si bien efectivamente no cuenta con un concepto legal de este especial vínculo jurídico, no sólo lo reconoce, sino que lo establece como criterio de aplicabilidad.

En efecto, la LPC resulta aplicable a toda relación que se suscite entre consumidores y proveedores, conceptos estos últimos que sí cuentan con definiciones legales. Así, cada vez que en una relación jurídica, las partes cumplan con los requisitos para ser considerados proveedor y consumidor, estaremos frente a una relación de consumo y por lo tanto, regulada por la LPC. A esto es lo que hace referencia el Art. 1 LPC, al señalar que dicho cuerpo legal “tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores”.

Lo anterior, ha sido además reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, que ha señalado: “el denominado Derecho de Protección al Consumidor constituye una moderna rama del Derecho Privado, (…) cuyo objeto es regular las relaciones jurídicas de consumo, entendidas por tales las que se anudan entre proveedores profesionales de bienes o servicios y los consumidores finales”(19).

Se trata por lo demás de una consideración ya advertida por la doctrina nacional antes de la dictación de la Ley n.º 19955(20).

En este orden de cosas, no necesariamente las obligaciones que surjan entre proveedores y consumidores nacerán de una convención, de tal manera que el Art. 2 LPC señalado, establece sólo un ámbito de aplicación de ella, cual es, el contractual, pero no excluye en absoluto, aquellos otros supuestos de naturaleza extracontractual.

Conforme a las consideraciones señaladas, se concluye que esta tesis, salva los inconvenientes de las tesis objetivas, puesto que permite y explica la aplicación de la LPC tanto a supuestos contractuales como legales.

3. Los sujetos de la relación de consumo

3.1. El consumidor 

3.1.1. El concepto de consumidor 

La LPC define a los consumidores o usuarios como “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios” (Art. 1 n.° 1 LPC).

Se trata de una definición que, no obstante ser en general compartida por el derecho comparado, no resulta comprensiva de todos los sujetos que pueden ser considerados como consumidores(21).

Cabe señalar asimismo que, si bien se ha visto incrementado el número de sujetos protegidos, no todos ellos pueden ser calificados como consumidores, tal como se verá.

En cualquier caso, se trata de una definición general, que se entiende sin perjuicio de otras concepciones específicas que, de ciertos usuarios, contempla nuestro ordenamiento jurídico(22).

3.1.2. Presupuestos del consumidor 

3.1.2.1. Debe tratarse de una persona natural o jurídica

Conforme a la LPC tanto las personas naturales como las jurídicas pueden ser consideradas consumidoras, cumpliendo naturalmente con los demás requisitos legales. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley n.º 19496, no señala a qué tipo de personas jurídicas se refiere.

Según una parte de la doctrina, las personas jurídicas que tengan fines de lucro, quedarían excluidas del supuesto contemplado en el Art. 1 n.° 1 LPC, toda vez que no podrían ser consideradas destinatarios finales de los bienes o servicios, y no se presentaría una situación de desigualdad, circunstancias que precisamente motivan una especial protección por parte del legislador.

Otros autores en tanto, han optado por la solución contraria. En este sentido para Momberg, la mera circunstancia de tener finalidad lucrativa, no constituye per sé una causal de exclusión. Considerar lo contrario, se encontraría en abierta contradicción con el espíritu tanto de la Ley n.º 19496 primitiva, como de la Ley n.º 19955, principal reforma de la primera, y una de cuyas finalidades fue precisamente ampliar sustantivamente el ámbito de protección de la LPC(23).

Fernández, en el mismo sentido, pero de manera más atenuada ha señalado que “ha de tratarse, en la generalidad de los casos, de personas jurídicas que no persigan fines de lucro o si fueren entes lucrativos (…), será menester que el bien o servicio que estuvieren adquiriendo o contratando no lo vayan a convertir en objeto de una nueva enajenación o negociación, (…) toda vez que otro de los elementos caracterizantes del concepto jurídico de consumidor es que éste sea un consumidor final y no un insumidor”(24).

3.1.2.2. Debe adquirir, utilizar o disfrutar bienes o servicios en virtud de un contrato oneroso

El Art. 1 n.° 1 exige la onerosidad como contrapartida de la prestación debida por el proveedor, indicando que la gratuidad por regla general se encuentra excluida del ámbito de las relaciones de consumo(25), debiéndose en general gravarse cada parte en beneficio de la otra(26).

En cualquier caso, se debe tener presente que la onerosidad exigida, se refiere únicamente a los contratos principales de consumo, toda vez los dependientes, pueden tener el carácter de gratuitos, siempre que el contrato al que acceden sea oneroso.

Así lo ha explicado Fernández: “no será consumidor quien reciba la donación de un bien (contrato a título gratuito), a menos que ella sea un contrato que tenga por finalidad crear condiciones propicias para una posterior operación de consumo (…). Ello por cuanto se aplicaría aquí el principio de la conexidad entre uno y otro acto”(27).

Respecto al modo de satisfacer las exigencias de este requisito, algunos han postulado que el Art. 1 n.° 1 exigiría la celebración de un contrato oneroso como antecedente necesario de las actividades que señala, a lo que habría que reprochar que, tal como se señaló, la propia LPC regula distintas situaciones de carácter extracontractual y que no exigen la celebración de contrato alguno.

Una segunda corriente de opinión, estima que la celebración de un contrato oneroso se exigiría únicamente para ser considerado consumidor concreto, mas no para ser considerado consumidor abstracto(28), de tal manera que la efectiva celebración de un contrato de consumo, tiene relevancia únicamente para determinar los derechos de los que se es titular.

3.1.2.3. Debe ser el destinatario final de bienes o servicios

Se entiende que cumple este presupuesto, quien adquiere los bienes o contrata servicios, para satisfacer sus propias necesidades o las de aquellos con quienes comparte su consumo, de tal manera que dichos bienes o servicios, queden detenidos en su propio ámbito familiar, doméstico o personal(29).

Ahora bien, respecto del modo de dar cumplimiento a este requisito, no existe consenso jurisprudencial o doctrinario.

Algunos han sostenido que se debe atender a la calidad del adquirente, de tal manera que si tiene carácter de civil podrá ser considerado consumidor, en tanto que si se trata de un comerciante, ocurrirá lo contrario(30).

Otros, en cambio estiman que no es la calidad del destinatario, lo que determina el cumplimiento de este requisito, sino que el ánimo con que se realiza. En este sentido si una persona —independiente de si es comerciante o no—, adquiere un bien para volver a introducirlo al mercado, no puede ser considerado consumidor, mientras que si ocurre lo contrario, podría tener tal naturaleza(31).

3.1.3. La empresa como sujeto de protección del Derecho de los Consumidores 

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados se ha planteado la cuestión acerca de si la empresa puede o no ser sujeto de la protección de este estatuto particular.

Al respecto cabe distinguir dos situaciones. En primer lugar se encuentran aquellos casos en los cuales la empresa efectivamente es considerada consumidora, y en segundo lugar aquellos otros en los cuales ello no ocurre, no obstante resultar igualmente protegida por el Derecho de los Consumidores. En uno y otro caso, los efectos jurídicos serán diversos.

3.1.3.1. La empresa como consumidora

Se trata de una cuestión sobre la que no hay consenso legislativo en derecho comparado, toda vez que mientras algunas legislaciones admiten la posibilidad de que las empresas puedan ser consideradas consumidoras(32), otras han optado por la solución contraria(33).

La LPC no ha dado solución expresa a ello, por lo que han surgido distintas posturas doctrinarias.

Una primera opinión estima que la empresa, de por sí no podría cumplir con el requisito de ser destinatario final del bien o servicio objeto de la relación de consumo, por lo que mal podría considerársele consumidora.

La postura contraria ha adoptado Momberg, para quien no puede descartarse a priori a la empresa como posible usuaria, tesis que ya había sido adherida por el profesor Vidal, aun antes de la reforma legislativa del año 2004(34).

Diversos han sido los argumentos para sustentar esta postura, entre los cuales se encuentran básicamente los siguientes: la eliminación del acto mixto como requisito de aplicabilidad de la LPC, por lo que no existiría actualmente problema alguno para que se aplique a un acto doblemente comercial; el espíritu de la Ley n.º 19955, que buscaba precisamente ampliar el ámbito de aplicación de la Ley; el fundamento de la protección de los consumidores, que radica en la situación de desigualdad de las partes, circunstancia que puede concurrir tanto respecto de un consumidor civil como de un empresario(35); la consideración de que el Art. 1 n.° 1 no realiza distinción alguna respecto de las personas jurídicas(36), etc.

En cualquier caso, la empresa debe cumplir con todos los requisitos que la LPC establece al efecto. Así las cosas, cuando un empresario adquiera bienes o servicios, dentro del ámbito de su actividad, no podrá configurarse una relación de consumo. Por el contrario, cuando el mismo sujeto adquiera bienes o servicios para destinarlos exclusivamente a su uso personal, familiar o doméstico, podrá ser considerado consumidor y por tanto susceptible de ser protegido por la LPC(37).

Ahora bien, es posible que se presenten situaciones mixtas, en las cuales un mismo bien sea destinado en parte para su actividad empresarial y parte para su uso personal. En estos casos, la doctrina extranjera ha establecido ciertos criterios, entre los cuales se pueden mencionar el uso principal del bien o servicio, la relación directa o indirecta con la actividad empresarial, entre otros(38).

3.1.3.2. Aplicación de la LPC a empresas no consumidoras

En febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial, la Ley n.º 20416, que extiende la aplicación de la LPC a las denominadas empresas de menor tamaño, pero sin otorgarle el carácter de consumidoras. Esta novedad legislativa, tuvo por objeto facilitar el desenvolvimiento y desarrollo de las personas jurídicas reguladas(39), de tal manera que en la materia que nos ocupa, se encontrarían regidas por un estatuto especial y distinto del Código de Comercio.

No obstante lo anterior, las empresas de menor tamaño, continúan siendo consideradas como comerciales, de tal manera que la relación jurídica que se configura entre este tipo de personas jurídicas y sus proveedores, continúa siendo de naturaleza mercantil, sólo que se encuentra regulada por el Derecho del Consumidor, el que en estos casos pasa a formar parte de la legislación comercial.

Lo anterior, no puede entenderse de otra forma, toda vez que la noción de proveedor —naturaleza mantenida por las empresas de menor tamaño— excluye la de consumidor(40), consideración que por lo demás ha sido explicitada por el mismo Art. 11 n.° 4 de la Ley n.º 20416(41). Refuerza lo anterior, el tenor del Art. 9 de la misma Ley que reconoce el rol de consumidoras de las empresas reguladas, dando a entender que ellas únicamente cumplen con tal papel, sin tener la naturaleza mencionada.

Cabe señalar además que este mismo reconocimiento —esto es, la incompatibilidad de las calidades de proveedor y consumidor en una sola persona—, es lo que motivó al legislador a establecer una aplicación restringida de la LPC en esta materia(42).

Tal como se adelantó, las empresas beneficiadas por esta innovación legislativa, son aquellas calificadas como de menor tamaño y que según la propia ley pueden revestir la forma de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas(43).

En cuanto a los tribunales competentes para conocer los conflictos que se susciten entre las partes, se aplican las reglas generales en materia de protección a los consumidores, esto es, Juzgados de Policía Local o Tribunales Civiles, según el caso(44).

Cabe señalar por último, que las empresas de menor tamaño no pierden su calidad mercantil, razón por la cual la misma Ley n.º 20416 señala que las infracciones en las cuales pudieren incurrir sus proveedores, no hacen disminuir su propio deber de profesionalidad, el que debe ser estimado como equivalente al de su propio proveedor(45).

3.2. El proveedor profesional 

3.2.1. Concepto de proveedor 

Define la LPC en su Art. 1 n.° 2 a los proveedores como “las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa”.

No obstante ser este concepto compartido en general por legislaciones comparadas(46), hubiese resultado conveniente también alguna alusión al carácter de agente económico que ostenta, a la manera de la legislación panameña(47).

3.2.2. Presupuestos del proveedor 

Debe tratarse de un sujeto de derecho que se dedique a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios.

Los proveedores pueden ser personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, incluidos los organismos estatales.

Respecto a las actividades a las que se puede dedicar el proveedor, la LPC utiliza un criterio amplio, lo que se encuentra en concordancia con las normas sobre responsabilidad que contempla(48). De acuerdo a lo anterior, es que es posible distinguir distintas modalidades de proveedores, a saber, productores, prestadores de servicios, importadores, constructores, distribuidores y comerciantes, conceptos que no han sido definidos por nuestra legislación, a diferencia de lo que ocurre en derecho comparado.

3.2.2.1. Habitualidad en el ejercicio de su actividad profesional

La habitualidad en el ejercicio de la actividad lucrativa, constituye el rasgo característico de los proveedores y su elemento diferenciador de otro tipo de sujetos con fines de lucro, lo cual ha sido reconocido ampliamente tanto por el Derecho comparado(49), como por jurisprudencia nacional(50). Así las cosas, la LPC no resulta aplicable a los contratos de naturaleza ocasional(51).

En directa relación con la habitualidad, se encuentra el deber de profesionalismo, obligación que ha sido recogida expresamente por la legislación comparada(52). En este sentido, ha señalado Fernández que el rasgo característico de los proveedores “es que han de dedicarse profesionalmente —es decir con habitualidad y ánimo de lucro— a las actividades de producción, importación, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores”(53). En otras palabras, la habitualidad del proveedor “alude al carácter profesional que debe tener el desarrollo de dichas actividades”(54).

3.2.2.2. Su contraparte en la prestación de servicios debe ser un consumidor

Este requisito evidencia la exigencia de que el sujeto protegido por la LPC sea el último eslabón de la cadena de producción y comercialización.

De esta manera, por regla general será considerado proveedor, aquel sujeto que contrató directamente con el usuario, sin perjuicio de que el Art. 1 n.° 2 LPC es lo suficientemente amplio como para que pueda considerarse proveedor a todo sujeto que haya intervenido de manera profesional en la cadena de producción.

Cabe tener presente eso sí, que la norma no exige que se celebre un contrato con el consumidor afectado, sino que basta con que el proveedor se dedique de manera general a cualquiera de las actividades señaladas en el Art. 1 n.° 2. Sólo en virtud de esta interpretación, es que se puede entender la norma conteste con la noción moderna de consumidor, esto es, omnicomprensiva, tanto del consumidor concreto como abstracto.

3.2.2.3. Debe cobrar un precio o tarifa

Se trata de la contrapartida de la onerosidad en el consumo exigida al consumidor, sin perjuicio de que lo que en realidad requiere la norma es que la transacción tenga tal carácter y no el cobro efectivo de un precio o tarifa.

Así las cosas, es posible que de un contrato principal de consumo dependa otro gratuito, el que se contagia del carácter de aquél, en virtud del principio de accesoriedad(55). A modo de ejemplo, se pueden señalar aquellos casos en los que junto al ofrecimiento inicial de un producto, se policita otro a modo de obsequio, de tal manera que el contrato gratuito (donación) depende del contrato oneroso principal (no se puede exigir únicamente el obsequio sin adquirir el producto al cual accede).

Lo propio ocurre respecto de los servicios accesorios, tales como los estacionamientos de los establecimientos comerciales y las demostraciones gratuitas de todo tipo de prestaciones, debiendo responder el proveedor tanto por la prestación principal como de la accesoria(56).

Para Fernández, este presupuesto reviste una importancia adicional, cual es, determinar para los efectos de la LPC, cuándo el Estado ejerce una función privada —y por tanto susceptible de ser considerado proveedor— y cuando realiza actividades de carácter público.

En este sentido, señala este autor, cuando el ente público cobra un precio o tarifa, ejerce una función de Derecho Privado y por tanto puede ser calificado de proveedor. Por el contrario cuando realiza una actividad prestacional gratuita, se trata de una potestad administrativa, excluida de la aplicación de la LPC.

A lo anterior, debe agregarse una tercera hipótesis, correspondiente a aquellos casos en los cuales los servicios públicos perciben un erario o tasa, tal como ocurre por ejemplo cuando el Registro Civil otorga un certificado. Para Fernández este cobro no constituye precio o tarifa, sino que únicamente una prestación fiscal y obligatoria que tiene por finalidad subvenir en parte el costo que tal trámite le significa al Estado. Por tal razón, concluye este autor, es que se trata del ejercicio de una función estatal, regulada por el Derecho Administrativo y que escapa del Derecho del Consumidor(57).

3.2.2.4. No debe tratarse de un profesional independiente

Este requisito fue introducido expresamente en la LPC por la Ley n.º 19955, sin perjuicio de que con anterioridad a ella cierta doctrina nacional había llegado a la misma conclusión, en razón de la imposibilidad de calificar los actos de este tipo de profesionales como comerciales, de tal manera que no podría configurarse un acto mixto, requisito este último de aplicabilidad de la LPC(58).

Se ha fundamentado esta exclusión normativa en la especial relación de confianza —directa, subjetiva e individual— que existe generalmente entre un profesional y su cliente, cuya naturaleza técnica hace difícil su conocimiento por parte de los Juzgados de Policía local(59).

A lo anterior se debe agregar que los actos de consumo, en general son realizados por empresas que tienen cierto nivel de contratación en masa, circunstancia que da origen precisamente al deber de profesionalismo, propio de los proveedores, y que no suele concurrir respecto de los prestadores de servicios independientes(60).

Ahora bien, para que se configure la hipótesis legal, se deben cumplir dos requisitos copulativos, cuales son, poseer un título profesional y ejercer su actividad de manera independiente.

El primero de ellos no presenta problema de interpretación, a diferencia del segundo, no señalando la Ley lo que se debe entender por ejercicio independiente.

Al respecto Momberg estima que no se debe atender a la organización jurídica del prestador de servicios, sino que a si ejerce su actividad de manera autónoma o no. Así, un sujeto sólo podrá ser considerado proveedor si el servicio se presta en forma de empresa, diluyéndose en ella la figura del profesional liberal(61).

En el mismo sentido, estima Jara, que se debe atender a si nos encontramos frente a una empresa de prestación de servicios profesionales, pues sólo el titular de ella podrá ser calificado de proveedor(62).

Ahora bien, respecto a los criterios que se deben utilizar para determinar si en el caso concreto nos encontramos frente a un profesional independiente, pueden mencionarse la masividad del servicio prestado y la naturaleza del acto o contrato(63).

En cualquier caso, si los servicios son prestados por medio de una persona jurídica, en la cual labore el profesional, la primera podría ser considerada proveedora(64).

4. Las obligaciones derivadas de la relación de consumo

4.1. Obligaciones legales de consumo 

Se trata de aquellas obligaciones que tienen como fuente directa a la LPC o cualquiera otra norma complementaria a ella.

Se encuentran aquí en primer lugar, a la obligación de resarcir los perjuicios causados a los consumidores(65), y que corresponden a la responsabilidad civil extracontractual del proveedor.

Al respecto se debe tener presente que la indemnización de los daños sufridos por consumidores, debe realizarse conforme a las reglas generales del Derecho Común, toda vez que la LPC no contempla una regulación orgánica, suficiente y sistematizada de la responsabilidad civil, sin perjuicio de reconocer su procedencia(66).

Se debe recordar eso sí, que la aplicación del régimen civil a las relaciones de consumo, presenta como limitación el respeto a las disposiciones y principios de esta especial normativa.

En segundo lugar, se encuentran vulneraciones meramente contravencionales, que dan origen a la responsabilidad infraccional del proveedor(67). Este efecto jurídico se produce con la mera vulneración de la norma jurídica que le sirve de fuente, de tal manera que se origina a partir de “toda contravención a una norma imperativa o prohibitiva de la ley, aun cuando no se materialice o perfeccione un acto de consumo”(68).

4.2. Obligaciones contractuales del proveedor 

El Art. 2 LPC establece el ámbito objetivo de la protección al consumidor, esto es, los contratos a los cuales resulta aplicable la LPC.

La legislación chilena no define al contrato de consumo, a diferencia de legislaciones comparadas, tales como la panameña que lo conceptualiza como aquel “pacto, convenio o documento entre un consumidor y un proveedor, mediante el cual se adquieren bienes o servicios de consumo final”(69).

La doctrina en tanto no se ha quedado atrás, señalando también, lo que se debe entender por este tipo especial de acto jurídico.

Así, Perret lo entiende como “un contrato mixto, comercial para el negociante y civil para el consumidor”(70).

Stiglitz por su parte ha estimado que se trata de aquel contrato “celebrado a título oneroso entre un consumidor final —persona física o jurídica—, con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los mismos, por parte del primero, para su uso privado, familiar o social”(71).

Entre nosotros, Fernández estima que constituyen contratos de consumo “aquellos que se celebran entre proveedores profesionales (…) y consumidores finales, es decir, personas que adquieren los bienes o contratan los servicios con el propósito de aplicar unos u otros a la satisfacción de sus propias necesidades. (…) Para que haya, pues contrato de consumo, el consumidor tiene que ser el eslabón final de la cadena a que puede asimilarse el ciclo de circulación de la mercancía”(72).

En cuanto a la naturaleza de este tipo de convención, en doctrina se ha estimado mayoritariamente que se trata de un contrato de doble carácter(73), realidad jurídica que se encuentra reconocida en el Art. 3 del Código de Comercio(74).

En la materia que nos ocupa, el Art. 2 LPC no sólo reconoce la existencia de este tipo de contratos, sino que además, señala que en materia de consumo, constituyen la regla general.

Ahora bien, para calificar la naturaleza mixta del acto o contrato, se debe atender a la intención de las partes contratantes —al igual que en materia mercantil— en el momento de la celebración del acto o contrato(75).

Con posterioridad, el mismo Art. 2 le otorga la naturaleza de acto de consumo, a ciertos actos que per sé no lo son, pero que se sujetan a tal normativa con el objeto de ampliar la protección de los consumidores y usuarios(76), es decir, por razones de conveniencia jurídica y económica.

Es lo que ocurre con los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas(77), los actos o contratos relativos a servicios de turismo en modalidad tiempo compartido(78), los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización(79), todos los cuales versan sobre inmuebles, por lo que conforme a las normas generales de los actos de comercio, no podrían tener el carácter de comercial para el proveedor.

En otro orden de cosas, se ha señalado también que el contrato de consumo, es una convención esencialmente onerosa, y por tanto patrimonial, esto es, que “supone siempre un desplazamiento de valores apreciables en dinero de un patrimonio a otro”(80).

En este sentido, y en la materia específica que nos ocupa, el profesor Sandoval ha señalado que “si se obtiene un producto a título gratuito, no nos encontramos frente a un consumidor(81)”.

Si bien, existe un consenso en orden a estimar que los contratos de consumo son eminentemente onerosos, tal conformidad desaparece a la hora de determinar el criterio que se debe utilizar para calificarlos de tal.

En efecto, y siguiendo a Larroumet, se debe advertir que “no todos los actos a título gratuito, es decir, sin contraprestación, son liberalidades en razón de que el servicio prestado a otro, en virtud de un acto jurídico no siempre supone un empobrecimiento, es decir, una pérdida en el patrimonio del disponente, que acarree un enriquecimiento del gratificado”(82).

Al respecto, el Art. 1440 C.C., señala que un contrato es oneroso “cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”, en tanto que será gratuito cuando “sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen”(83). Este criterio presenta el problema de que identifica los contratos onerosos con los bilaterales y los gratuitos con los unilaterales, siendo que es perfectamente posible que se presente un contrato oneroso unilateral, así como uno gratuito bilateral.

Alguna jurisprudencia, por su parte, ha estimado que un contrato será oneroso —y por tanto de consumo— sólo si media el cobro de un precio o tarifa por parte del proveedor(84).

Otro criterio, se piensa que es el correcto, atiende a las expectativas de las partes contratantes, de tal manera, si una convención tiene por finalidad el lucro de las partes, será igualmente oneroso, aunque únicamente de origen a liberalidades. Así las cosas, serán igualmente onerosas, las promociones, ofertas, ventas de sobrestocks o las liquidaciones de saldos, puesto que si bien pueden aparejar el obsequio o la venta bajo el costo de determinados productos, tienen por objeto igualmente el lucro tanto de consumidores como de proveedores.

Se ve reforzado este criterio, si consideramos que los proveedores son personas con fines de lucro, y que aún cuando realizan liberalidades, no lo hacen dentro de su giro comercial.

En este sentido, señala Jara: “Dado que la gratuidad no es lo propio de la actividad empresarial, ella sólo se dará por excepción en el ámbito de las relaciones entre proveedores y consumidores, y por lo tanto será de mucha importancia establecer claramente si nos encontramos frente a actos genuinamente gratuitos y no en situaciones en las cuales dicha gratuidad es más aparente que real. Constituirá una herramienta fundamental el principio general de la accesoriedad, esto es, que frente a un acto principal oneroso, uno accesorio gratuito puede perfectamente perder su carácter de tal y por lo tanto seguir la calificación del principal”(85).

La jurisprudencia nacional ha recogido el criterio del beneficio económico, lo que ha permitido condenas de proveedores, en materias antes vedadas, como los daños producidos en estacionamientos de centros comerciales, no obstante que estos últimos tengan el carácter de gratuitos para el consumidor(86).

5. La relación de consumo regulada por leyes especiales

El Art. 2 bis LPC establece el principio de supletoriedad, señalando que ella no resultará aplicable a las relaciones de consumo reguladas por leyes especiales, salvo en los casos específicos que la misma disposición señala.

Diversas han sido las materias reguladas de manera específica, tales como las normativas sobre Bancos, Isapres, Datos Personales, Casinos, Telecomunicaciones, Servicios Básicos, Salud, Educación, etc.

Surgen entonces forzosamente, cuestiones que no han sido resueltas por el legislador: ¿Si una relación de consumo es regulada por una norma especial, pierde tal naturaleza? ¿En caso de conflictos de normas, prima la ley especial o la LPC? A continuación se limitará a realizar una aproximación a las respuestas de las interrogantes planteadas, las que exceden a la extensión del presente documento, y sobre las cuales me haré cargo en un trabajo futuro.

Cabe considerar primeramente que cada vez que existe un víncu­lo jurídico entre un proveedor y un consumidor, se configurará una relación de consumo, la que puede encontrarse regulada por distintas normativas, sin perder su naturaleza.

Así las cosas, y tal como se señaló, existen materias silenciadas por la LPC, pero que cuentan con regulación aplicable, tanto del Derecho Común como de una ley especial. En este caso, el vínculo jurídico mantiene su naturaleza, supliendo la legislación extraña los silencios normativos, de tal manera que pasa a integrar el Derecho de Protección de los Consumidores, lo cual tiene especial relevancia a la hora de determinar los principios y normas generales aplicables a un caso concreto.

Lo mismo ocurre a la inversa. En aquellos casos en los cuales se aplica la LPC a un vínculo jurídico que no es de consumo, el Derecho del Consumidor, pasa a ser parte integrante del estatuto que está supliendo. Ya señalamos un ejemplo de lo anterior, a propósito de las empresas de menor tamaño, respecto de las cuales y por expresa disposición legal, se aplica la LPC a vínculos doblemente comerciales, sin perder por ello tal carácter.

En cualquier caso, y conforme al tenor de la LPC, ella resulta aplicable enteramente a aquellas materias silenciadas por la normativa especial, tal como ocurre a propósito de ciertas operaciones bancarias(87), cuya regulación incluso se ha remitido a la LPC(88).

Ahora bien, en caso de contradicción entre las normas especiales y las establecidas en la LPC debe atenderse primeramente a los criterios clásicos que se utilizan para resolver los conflictos de normas, a saber, temporalidad, especialidad(89) y jerarquía(90).

En segundo lugar, se debe tener en consideración la naturaleza de las normas que se pretenden aplicar, en el sentido de que el Derecho del Consumidor es un estatuto de orden público que prima sobre los otros que no tienen tal carácter.

La jurisprudencia se ha pronunciado en uno y otro sentido, no siendo uniforme en ninguno de los mercados tradicionales(91).

6. Conclusiones

La legislación nacional de protección al consumidor, no señala de manera expresa el sistema de aplicabilidad adoptado, sin perjuicio de que se puede inferir de la lectura de sus disposiciones.

La Ley n.º 19496 resulta aplicable a toda relación de consumo, esto es, a aquel vínculo jurídico entre un proveedor profesional y un consumidor final, el que puede tener origen tanto contractual como extracontractual.

El contrato de consumo es por regla general un acto jurídico mixto, sin perjuicio de que la LPC le ha otorgado tal calidad a otras convenciones que per sé no lo son, con el objeto de dar una mayor protección a consumidores.

El contrato de consumo es esencialmente oneroso, debiendo utilizarse como criterio de distinción, las expectativas de las partes contratantes.

(1) Art. 1 Decreto Ejecutivo n.° 46/2009: “las normas contenidas en la presente reglamentación aplicarán para todos los contratos o transacciones para la compra de bienes muebles, inmuebles y la prestación de servicios profesionales o técnicos destinados al consumidor que se perfeccionen en la República de Panamá”.

(2) Así el Art. 2 Ley modelo de Consumers International, revisada a octubre del 2003 —en adelante LMCIAC/2003— “Quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley todos los actos jurídicos celebrados entre proveedores y consumidores, relativos a la distribución, depósito, venta o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, o a la contratación de servicios”.

(3) Art. 1 D.S. n.° 006-2009-PCM: “Están sujetas a la presente Ley todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que se dediquen en establecimientos abiertos al público, o en forma habitual, a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en el territorio nacional”.

(4) Art. 2 D. S. 0065: “El presente Decreto Supremo (…) alcanza a las personas naturales, jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y otras que realicen actividades de producción, importación y/o comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios (…)”.

(5) Art. 2 Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: “Esta norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios”.

(6) Art. 3 inc. final Ley n.º 24240: “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones”.

(7) Art. 1 Ley n.º 17250/2000: “La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo”.

(8) Art. 1 inc. 2° Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, n.° 2000-21: “El objeto de esta Ley es normas las relaciones entre proveedores y consumidores”.

(9) Ley n.º 19946, en adelante LPC o simplemente la Ley.

(10) Conforme al sistema de comerciabilidad chileno, la legislación comercial, se aplicaría sólo a los contratos que la ley califica como mercantiles, encontrándose el catálogo principal de ellos en el Art. 3 C.Co.

(11) Confrontar Art. 2 LPC.

(12) En este sentido, Jara, R. Ámbito de Aplicación de la Ley Chilena de Protección al Consumidor: Inclusiones y Exclusiones. En: Cuadernos de Extensión n.° 3, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, Santiago: 1999, pp. 48 y 51; Momberg, R. Ámbito de Aplicación de la Ley n.º 19496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. En: Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. XVII, Diciembre, Valdivia: 2004, pp. 41 a 62.

(13) En este sentido, Jara, R. Ámbito de Aplicación de la Ley Chilena de Protección al Consumidor: Aplicación de la Ley n.º 19496 y Modificaciones de la Ley n.º 19955. En: Cuadernos de Extensión n.° 12, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, Santiago: 2006, pp. 32, 58.

(14) Véase Momberg, R. Ob. Cit. (n. 12), pp. 41 a 62.

(15) C. Ap. de Concepción, Rol n.º 1853-2005.

(16) C. Ap. de Concepción, Rol n.º 174-2005; C. Ap. de Concepción, Rol n.º 500-2005.

(17) Art. 3.º Ley n.º 24240.

(18) Art. 4.º Ley n.º 17250.

(19) Tribunal Constitucional, Rol n.º 980-07; en el mismo sentido Rol n.º 191.250-J, 1.º JPL Temuco.

(20) Fernández, F. Nueva Ley del Consumidor: Innovaciones y Limitaciones. En: Revista Perspectivas en Política, Economía y Gestión, Facultad de Ingeniería y Ciencias Universidad de Chile, vol. 1 n.º 2, Santiago: 1998, p. 109. Este autor considera además que la principal fuente de la relación de consumo es el contrato mixto.

(21) Véase Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 63.

(22) El Art. 2 Decreto 114/2005 de Ministerio de Salud, que contiene el reglamento sobre seguridad de los juguetes.

(23) Véase Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(24) Ob. cit (n. 20), p. 110.

(25) En el este sentido: Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 58.

(26) Ob. cit (n. 20), pp. 110 y 111.

(27) Ibídem; en el mismo sentido: Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62; Art. 3 inc. 2°, LMCIAC/2003.

(28) “es posible distinguir una noción amplia de consumidor que incluiría a todos los ciudadanos en cuanto personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida (…).Por su parte, la noción concreta de consumidor admite, a su vez, dos modalidades: La primera es aquélla que identifica consumidor con cliente, de modo que se incluye en esta noción a cualquier persona que intervenga en relaciones jurídicas en la posición de demandante, siendo indiferente la finalidad perseguida por el sujeto al formar parte en la relación contractual; (…) La segunda modalidad es la que identifica al consumidor con el destinatario final”, en Serrano, M. Daños Materiales Causados por un Producto Defectuoso. En: Revista de Derecho Patrimonial, n.º 13, España: 2004, p. 282.

(29) Véase Ob. cit (n. 20), p. 110; Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 54.

(30) En este sentido C. Ap. de Concepción, Rol n.º 1853-2005.

(31) Serrano, M. Ob. cit (n. 28); Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62; Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 54.

(32) Esta legislación define a los consumidores como “las personas naturales que, en la adquisición, uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio, actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y, excepcionalmente, a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio” (Art. 3 letra a D.S. 006-2009-PCM).

(33) Art. 2 LRC Uruguay, se entiende por consumidor a “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”.

(34) Vidal, A. Contratación y Consumo. El Contrato de Consumo en la Ley n.° 19496 Sobre Pprotección a los Derechos de los Consumidores. En: Revista de Derecho, Universidad Católica de Valparaíso, T. XXI, 2000, pp. 229 a 255, referido por Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(35) Perret, L. Protección al Consumidor: En Canadá y Estados Unidos: Principales Técnicas. En: Cuadernos de Extensión N° 3, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, Santiago, pp. 23 y 24.

(36) Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(37) Confrontar Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 56.

(38) Confrontar Jara, R. Ob. cit (n. 12), pp. 56 y 57.

(39) Confrontar Art. 1, Ley n.º 20416, que Fija normas especiales para Empresas de Menor Tamaño, D.O. 03.02.10.

(40) Véase Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 55.

(41) Art. 11 n.° 4 Ley n.º 20416, que introduce un nuevo inciso al Art. 1 n.° 1 LPC.

(42) Conforme al Art. 9 de la Ley n.º 20416, no procede la intervención del Sernac a favor de las empresas de menor tamaño y la LPC resulta aplicable únicamente en determinadas materias.

(43) Art. 2 incisos 1.° y 2.° Ley n.º 20416: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por empresas de menor tamaño las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Son microempresas aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario; pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario, y medianas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 25.000 unidades de fomento y no exceden las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario”.

(44) Art. 9 n.° 4, y 5 Ley n.º 20416.

(45) Art. 9 n.° 6, Ley n.º 20416.

(46) Art. 3 LRC, Uruguay: “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo”; Art. 3 letra Decreto Supremo n.° 006-2009-PCM: “Las personas naturales o jurídicas que fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran bienes o prestan servicios a los consumidores”; Art. 2, Ley Federal de Protecciòn al Consumidor, México: “Proveedor: la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios”.

(47) Art. 33, Ley 45/2007, Panamá: “Proveedor. Industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual”.

(48) Así Arts. 20, 23, 43 LPC.

(49) Así: Art. 2, Ley Federal de Protección al Consumidor, México, ya transcrito. En sentido contrario: Art. 2º inc. 1 Ley 24240, Argentina: “Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios”.

(50) Rol 4605-3-06, JPL Lo Espejo.

(51) Véase Abeliuk, R. Las Obligaciones. 5ª edición, T. I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago: 2008, p. 96; Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(52) Art. 33, Ley n.º 45, de 31 de octubre del 2007, Panamá y Art. 3 LRC Uruguay, ambos ya transcritos.

(53) Ob. cit (n. 20), p. 111.

(54) Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(55) En este sentido Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 58.

(56) A modo de ejemplo, puede citarse el caso de los daños producidos en los estacionamientos gratuitos, respecto de los cuales mayoritariamente se ha decretado la responsabilidad de la empresa proveedora. En este sentido: Rol 1.334-07, 2 JPL Santiago, confirmada por la C. Ap. de Santiago, Rol n.º 1122-08; Rol n.º 3656-1-08, JPL San Bernardo, confirmada por la C. Ap. de San Miguel, Rol n.º 1111-08; Rol n.º 1004-05, 3 JPL Maipú, confirmada por la C. Ap. de Santiago, n.º 1724-08. En sentido contrario: C. S., Rol n.º 5145-08.

(57) Ob. cit (n. 20), p. 111.

(58) Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 60. Cabe señalar que este autor mantiene su opinión aún después de la modificación legislativa, en razón de que considera que la exigencia del acto mixto como requisito de aplicabilidad de la LPC se mantiene, en Jara, R. Ob. cit (n. 13), p. 58. En el mismo sentido: Ob. cit (n. 20), p. 113.

(59) Ver primer informe de comisión de economía, fomento y desarrollo, boletín n.° 2787-03, 13.05.03.

(60) Confrontar Jara, R. Ob. cit (n. 13), p. 39.

(61) Confrontar Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(62) Confrontar Jara, R. Ob. cit (n. 13), pp. 41 y 42.

(63) Confrontar Momberg, R. Ob. cit (n. 12), pp. 41 a 62.

(64) Ibídem.

(65) Art. 3 letra e) LPC.

(66) Así, Arts. 2 bis letra c), 3 letra e), 20, 40 inc. 2°, 50 inc. 2° y 7°, 53 B, 54, 54C, 54 F, todos de la LPC.

(67) Se entiende por responsabilidad infraccional a aquella se genera por la mera infracción a una norma de protección al consumidor, dando lugar a una sanción que tiene por objeto castigar al proveedor infractor, y no indemnizar a la víctima, de tal manera que en caso de que su objeto resulte ser patrimonial, va a parar a las arcas del Estado.

(68) Guerrero, J. La Distinción entre Contravención Infraccional e Incumplimiento Contractual o Contravención Civil en Materia de Protección de Derechos del Consumidor. En: Colección de Estudios de Derecho Civil en Homenaje a la profesora Inés Pardo de Carvallo, Ediciones Universitarias de Valparaíso: 2008, p. 443.

(69) Art. 2.4 Decreto Ejecutivo 46, de 23 de junio del 2009, Panamá.

(70) Perret, L. Protección al Consumidor: En Canadá y Estados Unidos: Principales Técnicas. En: Cuadernos de Extensión N° 3, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, Santiago: 1999, p. 22.

(71) Stiglitz, R. Contrato de Consumo y Cáusulas Abusivas. En: Derecho del Consumidor, 8, Editorial Juris, Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, Rosario - Santa Fé, Argentina: 1997, p. 3.

(72) Fernández, F. La Protección Jurídica de la Calidad. En: Temas de Derecho del Consumidor, Cuadernos de análisis jurídico, Ediciones Universidad Diego Portales, Servicio Nacional del Consumidor, Santiago: 1997, pp. 37 y 38.

(73) Ob. cit (n. 70), p. 22.

(74) Art. 3 Cd.Co: “Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos”.

(75) Véase Jara, R. Ob. cit (n.º 12), p. 57.

(76) En este sentido, Abeliuk R. Ob. cit (n. 51), p. 96.

(77) Art. 2 letra b) LPC.

(78) Art. 2 letra c) LPC.

(79) Art. 2 letra e) LPC.

(80) Abeliuk R. Ob. cit (n. 51), p. 191.

(81) Sandoval, R. Derecho del Consumidor. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 39.

(82) Larroumet, C. Teoría General del Contrato, vol. I, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia: 1999, p. 4.

(83) En este sentido: León, A. La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos. Editorial Jurídica de Chile, Santiago: 1990, p. 19.

(84) En este sentido, Corte Suprema, Rol n.º 5145-08.

(85) Ob. cit (n. 12), p. 58.

(86) En este sentido, Rol 3656-1-08, JPL de San Bernardo, confirmada por la C. Ap. de San Miguel, Sent. de nov, 20/2008, Rol n.º 1111-08.

(87) Véase Jara, R. Ob. cit (n. 12), p. 69.

(88) Ley n.º 19528, que introdujo en el Art. 6 de la Ley n.º 18010, el siguiente inciso: “Será aplicable a las operaciones de crédito de dinero que realicen los bancos, lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la Ley 19496 y la obligación de información que contempla la letra c) del artículo 37 de la misma ley citada, debiendo identificarse el servicio que la origina”.

(89) En este sentido, Rol n.º 60.776-8, 1.º JPL de Las Condes, confirmada por C. Ap. de Santiago, Rol n.º 4898-2007.

(90) Aplicable en aquellos casos en los cuales el tenor de la LPC se encuentra en contradicción con normas administrativ as, tales como circulares o decretos.

(91) Así, a propósito de las Isapres: Rol n.º 19.524-2005, 1.º JPL Santiago, confirmada por la C. Ap. de Santiago, Rol n.º 1398-2006; Rol n.º 1727-H - 2006, 2.º JPL Providencia, confirmada por la C. Ap. de Santiago, Rol n.º 6585-2006; Rol n.º 9083-F, 2.º JPL Providencia; Rol n.º 46.452- 2006, JPL de Santa Cruz. A propósito de los Bancos: Rol n.º 18.650-AMS-05, 3.º JPL de Santiago; Rol n.º 11.679-2004, 14 J.L. Civil de Santiago. A propósito del mercado inmobiliario: Rol n.º 4018-CM-XL-2006, 1.º JPL Ñuñoa.