La renta presuntiva para personas naturales: efectos de la reforma tributaria

Revista Nº 180 Nov.-Dic. 2013

Héctor Gustavo Ramírez Pardo 

Abogado asociado 

Posse Herrera & Ruiz 

Aunque una parte importante de las temáticas abordadas por la reforma han sido tratadas en la reglamentación, aún existen aspectos sobre los cuales es indispensable un pronunciamiento de las autoridades competentes, bien sea por la vía de decretos que fijen lineamientos para su aplicación, o por medio de conceptos de la DIAN que le informen al contribuyente la posición de la administración sobre determinada materia.

La tributación de las personas naturales es uno de los temas que mayor controversia ha generado. En efecto, la reforma introdujo un sistema de tributación mínima sobre ingresos (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAN, e Impuesto Mínimo Alternativo Simple, IMAS), y mantuvo vigente el sistema ordinario. De esta manera, las personas naturales deben determinar sus ingresos gravados, aplicando el sistema ordinario, y el IMAN, y tributarán conforme con el sistema que arroje un mayor impuesto, a la tarifa correspondiente. Algunos de los contribuyentes podrán, por el pago de una prima (IMAS), obtener un beneficio de auditoría respecto de su declaración.

Para la aplicación de estos sistemas, se adoptó una clasificación de las personas naturales según la fuente principal de sus ingresos: (i) empleados y asimilados; (ii) trabajadores por cuenta propia, y (iii) otros.

El problema jurídico consiste en determinar si el mecanismo especial de la renta presuntiva hace parte del sistema ordinario o no, y si dicho mecanismo es aplicable respecto de alguna o algunas de estas clasificaciones. A la fecha, la administración tributaria no ha expuesto una posición definitiva sobre este particular, y la problemática no ha sido abordada por los decretos reglamentarios, que se han ocupado principalmente de la retención en la fuente.

De conformidad con lo señalado en la exposición de motivos, y con base en una interpretación sistemática del texto finalmente aprobado, y las normas preexistentes del estatuto tributario, podría concluirse que la renta presuntiva no es aplicable a las personas sujetas al IMAN, es decir, empleados y asimilados, y trabajadores por cuenta propia.

En efecto, en la exposición de motivos del proyecto de ley, el Gobierno Nacional expresamente señaló que se buscaba eliminar la renta presuntiva de patrimonio, y reemplazarla por una base mínima de tributación sobre ingresos: “El IMAN será aplicable por todos los empleados y por los trabajadores por cuenta propia con ingresos brutos en el año gravable inferiores a $ 1.500 millones y sustituye el sistema especial de renta presuntiva, teniendo en cuenta que por partir de los ingresos es un mejor indicador de la capacidad contributiva que el patrimonio líquido”.

En esa misma línea, el proyecto de ley indicaba que “(...) se propone la eliminación del sistema de cálculo de la renta presuntiva para las personas naturales, teniendo en cuenta que este sistema es incompatible con el nuevo sistema de determinación del impuesto de renta basado en un impuesto mínimo alternativo”.

Con base en el principio de capacidad económica, y por considerarlo incompatible con un sistema de renta presuntiva fundada en el patrimonio, desde su trámite legislativo se dejó clara la intención de eliminar la renta presuntiva de las personas naturales, y en su lugar, fijar un sistema de presunción de ingresos, y de impuesto mínimo.

Visto en el contexto de las modificaciones de la Ley 1607 y la exposición de motivos, que se refieren a la renta presuntiva como un sistema de determinación de la renta, se podría concluir que el estatuto tributario actualmente contempla un sistema ordinario de tributación, por oposición a un sistema especial de liquidación con base en la renta presuntiva. En ese sentido, los artículos 330 y 336 del estatuto tributario, modificados por la Ley 1607, establecen que los empleados y los trabajadores por cuenta propia deben determinar su impuesto de renta por el sistema ordinario o por el IMAN, sin mencionar la renta presuntiva.

En cambio, los mismos artículos 330 y 336 explícitamente establecieron que el impuesto a cargo de las sucesiones ilíquidas de residentes en el país al momento de su muerte, se determina por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva. La redacción de las normas conduciría a que, por regla general la renta presuntiva no es aplicable a las personas naturales, salvo expreso mandato legal, como ocurre en las sucesiones ilíquidas.

La misma lógica podría aplicar a las personas clasificadas como otros, según el parágrafo del artículo 329. Sin embargo, al no estar sujetos a un impuesto mínimo sobre ingresos, el principio de equidad podría sugerir que la renta mínima sobre patrimonio les resultara aplicable.

Como se mencionó, este es un tema abierto a debate, que por su importancia, y por las repercusiones en la tributación de las personas naturales, requiere urgentemente que la autoridad fiscal fije una posición.