La rentabilidad mínima y el retiro programado

Revista Nº 192 Nov.-Dic. 2015

Fernando Castillo Cadena

PH. D.
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Líder del grupo de investigación en Derecho Económico. Abogado en ejercicio de la profesión. 

Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana.  

1. El régimen de ahorro individual con solidaridad

El pilar solidario está destinado a todos aquellos que no logran acumular el capital suficiente para financiar una pensión mínima de vejez. A este grupo de población, en régimen de prestación definida, es decir, con el cumplimiento de la edad de pensión (62 años los hombres y 57 las mujeres) y las semanas de cotización exigidas (actualmente 1.150) el Estado les garantiza el acceso a la pensión vitalicia de vejez en sede de garantía de pensión mínima. En otras palabras, para este grupo el Estado se compromete a subsidiar las pensiones mínimas, siempre que el afiliado haya realizado un esfuerzo de cotización y llegue a la edad de pensión. El segundo pilar se dirige al grupo de población que reúne al menos el capital suficiente para financiar una pensión mínima. A ellos el sistema les ofrece la posibilidad de pensionarse con antelación a la edad de pensión establecida para el acceso a la pensión, si tienen un capital suficiente para financiar una mesada equivalente al 110% del salario mínimo vigente actual a la fecha de cálculo; o, en su defecto, pensionarse a la edad de pensión con un salario mínimo. El tercer pilar o pilar complementario se torna visible por la posibilidad de realizar aportes voluntarios para pensión que puedan mejorar el ingreso pensional.

Como se puede observar, existen dos pilares obligatorios y un pilar voluntario. La diferencia entre los pilares obligatorios se da por la posibilidad en el primero de recibir una pensión en sede de prestación definida (de salario mínimo) por el cumplimiento de requisitos objetivos mientras que, en el segundo, la cuantía de la pensión se deriva única y exclusivamente de la capitalización individual, es decir, del esfuerzo de ahorro del afiliado, dada la rentabilidad obtenida en los fondos de pensiones, durante lo que hoy denominamos “el período de acumulación”.

2. La rentabilidad y la rentabilidad mínima

El modelo financiero establecido para soportar este sistema pensional es el de administración fiduciaria de un patrimonio autónomo compuesto por el conjunto de las cuentas de ahorro individual de los afiliados al fondo de pensiones obligatorias. Sin embargo, a diferencia del negocio fiduciario tradicional en el cual las obligaciones son de medio, no de resultado, en la administración fiduciaria del fondo de pensiones obligatorias, aunque las obligaciones siguen siendo de medio, en esencia, se exige un resultado: una rentabilidad mínima.

En el modelo financiero de partida establecido en la Ley 100 de 1993, la intervención del Estado se limitaba, en primer lugar, a determinar un régimen de inversiones con las condiciones y límites, entre otros aspectos, establecidos por la hoy Superintendencia Financiera; y, en segundo lugar, la determinación de una rentabilidad mínima del portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. Estas dos medidas de intervención, la segunda matizada por la Sentencia C-530 del 2006 proferida por la Corte Constitucional, en un primer momento se estimaron suficientes para controlar el desempeño de los fondos de pensiones en beneficio de sus afiliados. La carga legal establecida a las sociedades administradoras de honrar la rentabilidad mínima, traducida en la obligación de responder con los recursos propios cuando el fondo no alcance la rentabilidad mínima, parecía crear un incentivo positivo a la sana administración del riesgo financiero buscando el beneficio real del afiliado.

No obstante, el hecho de que solo existiera un régimen de inversiones y que los afiliados no pudieran participar en la decisión de composición del portafolio de inversiones, aunado a las experiencias internacionales, llevó a una reflexión sobre el modelo financiero inicial, el que a la postre se modificó con la expedición de la Ley 1328 del 2009.

Con esta ley se implementó el esquema multifondos y se modificó la forma de calcular la rentabilidad mínima. Expliquemos de manera somera cómo funciona el esquema creado. Con multifondos se le entregó al afiliado del régimen de ahorro individual, conforme a su disposición relativa al riesgo, la oportunidad de escoger un fondo de pensiones que refleje el nivel de riesgo que desea correr en la inversión de los recursos que componen su cuenta de ahorro individual. Para ello la ley estableció tres fondos: uno de tipo conservador, donde la composición de activos es mayoritariamente de renta fija; un fondo moderado, donde esta composición equilibra parcialmente las inversiones que se realizan entre renta fija y renta variable; y, finalmente, un fondo de mayor riesgo donde la composición mayoritaria es de renta variable. El tiempo mínimo de permanencia en el fondo escogido es de seis meses. En todo caso, si el afiliado deja de escoger un fondo, por defecto, la norma reglamentaria ordena asignar el saldo de la cuenta de ahorro individual al fondo moderado.

Ahora bien, para minimizar el riesgo financiero se determinó una excepción a la regla general de escogencia de un solo fondo por parte del afiliado; excepción que se establece en la forma de un período de convergencia en razón de la proximidad de la edad de pensión. En el período de convergencia el afiliado está obligado a distribuir sus recursos entre dos fondos, el escogido y el conservador, en el cual, al finalizar dicho período, debe estar el 100% del saldo de la cuenta de ahorro individual. El período de convergencia es de cinco años y el ritmo anual de traslado del saldo de la cuenta es del 20%, de modo tal que un año antes del cumplimiento de la edad de pensión, el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual se encuentre protegido de los movimientos bruscos del mercado.

Desde luego la reforma no pretendió en caso alguno sustituir al administrador especializado que determina el portafolio de inversiones con base en las inversiones que son admisibles y los límites globales de inversión; solo buscó que el afiliado participara en la decisión determinando el nivel de riesgo sobre el cual desea que el saldo de su cuenta sea invertido.

Para acompañar este proceso, como se señaló, también se varió la forma de cálculo de la rentabilidad y de la rentabilidad mínima, determinándose estos criterios para cada uno de los fondos permitidos.

La rentabilidad se obtiene mediante la suma simple ponderada de la rentabilidad promedio ponderada de mercado (RPPM) y un portafolio de referencia, cuyos pesos específicos dependen del tipo de fondo. Así, el peso específico para la RPPM en el fondo conservador es del 70%, en el moderado del 80% y en el de mayor riesgo el 90%, y como consecuencia el peso específico para el portafolio de referencia es del 30% para el fondo conservador, el 20% para el fondo moderado y el 10% para el fondo de mayor riesgo.

Concentrémonos primero en la determinación de la rentabilidad promedio ponderada. Para ello primero aclaremos que el período de observación de la rentabilidad varía para cada fondo: el cálculo para el fondo conservador involucra un período de 36 meses, para el moderado 48, y para el de mayor riesgo 60. Ahora bien, la rentabilidad para cada fondo (sea el conservador, moderado o de mayor riesgo) se construye a partir de los rendimientos, positivos o negativos, obtenidos en el fondo y medidos en la evolución del saldo promedio diario para el conjunto de fondos del mismo tipo (de fondo) administrados por las sociedades administradoras de pensión(1). Existen algunas medidas de ajuste que, para los propósitos que buscamos en este trabajo, no son relevantes.

Ahora analicemos cómo se determina el componente de referencia. El componente de referencia (CR) no es otra cosa que un portafolio de inversiones “de referencia”. Así, la Superintendencia Financiera, debe colocarse en “los zapatos” de un administrador financiero y escoger una cesta de títulos, dentro de las inversiones permitidas, con el fin de establecer una rentabilidad de referencia. Señalamos que la Superintendencia Financiera debe colocarse en los zapatos del administrador financiero puesto que debe tener en cuenta la rentabilidad de largo plazo, una cuestión que es a menudo olvidada por algunos administradores financieros que privilegian rentabilidades de corto plazo en detrimento del largo plazo.

Como arriba lo señalamos, una vez establecida la rentabilidad promedio ponderada (RPP) y la rentabilidad del componente de referencia (CR), se determina la rentabilidad (R) de una manera sencilla, por ejemplo, para el fondo conservador:

R = RPP * (0,70) + CR * (0,30)

Nótese que la intervención del Estado evoluciona para intentar, a través del componente de referencia (CR), vigilar el desempeño de los fondos desde el punto de vista de la administración financiera, y por supuesto del riesgo.

Una vez determinada la rentabilidad (R), el siguiente paso es definir la rentabilidad mínima (RM). Esta se establece como la menor que resulte de aplicar la opción A y la Opción B. de acuerdo con la siguiente tabla:

AL192P22
 

En la primera opción, la rentabilidad mínima (RM) se determina restando el porcentaje señalado para cada fondo, de la rentabilidad (R). En la segunda la rentabilidad mínima (RM) se determina disminuyendo la rentabilidad en determinados puntos básicos de acuerdo con el fondo. El punto básico equivale al 0,01%; por tanto, por ejemplo, un 2% equivale a 200 puntos básicos. La rentabilidad mínima es la que resulte inferior al confrontar el resultado de estas dos opciones(2).

Una vez explicada la forma de determinar la rentabilidad y la rentabilidad mínima, pasemos a estudiar la modalidad de retiro programado en la cual, por mantenerse los recursos en la cuenta de ahorro individual, se debe cumplir con la rentabilidad mínima.

3. El retiro programado

La modalidad reina, entendiéndose esta como aquella que le da pleno esplendor al régimen de capitalización individual, es a nuestro juicio, el retiro programado. Esta afirmación no es caprichosa, el régimen de ahorro individual busca que el afiliado, de forma responsable, logre un saldo suficiente para financiar su propia pensión; en este mismo sentido, la modalidad de retiro programado le permite al afiliado, bajo su responsabilidad, mantener los derechos de propiedad de los recursos depositados aceptando las reglas de juego establecidas para la determinación de la cuantía de la pensión (valor de la mesada) y la definición del momento económico financiero a partir del cual debe establecerse en la modalidad de renta vitalicia para satisfacer los intereses de la seguridad social, garantizándose la sostenibilidad, en forma vitalicia, de la mesada pensional equivalente al salario mínimo.

La intervención del Estado entonces se materializa en una fórmula obligatoria de cálculo del valor de la mesada pensional y la forma de terminación del retiro programado cuando se prevea que los recursos de la cuenta no van a ser suficientes para financiar, en forma vitalicia, una mesada equivalente a la pensión mínima.

4. El cálculo del retiro programado

El artículo 81 de la Ley 100 de 1993 establece una fórmula de dos pasos para determinar el valor de la mesada pensional. El primer paso busca determinar un valor de una anualidad pensional A, que sea sostenible y acorde con el saldo de la cuenta de ahorro individual, y el valor actuarial requerido para financiar un peso anual vitalicio de pensión, de acuerdo con la edad y grupo de beneficiarios del pensionado, que la ley denomina unidad de renta vitalicia; esta se obtiene de dividir el saldo de la cuenta de ahorro individual que incluye el valor del bono pensional, si a ello hay derecho (SCA), entre la unidad de renta vitalicia (URV). El segundo paso busca determinar el valor de la mesada, o pensión mensual, como resultado de dividir la anualidad obtenida entre 12. De manera simple la podríamos notar de la siguiente manera:

M = A/12 = SCAI/URV

Conforme con lo anterior, la mesada depende de varios factores. En primer lugar de la evolución del saldo de la cuenta de ahorro individual y, por ende, de la rentabilidad obtenida; en segundo lugar, de las variables propias de cálculo de la “unidad de renta vitalicia” que implican número y longevidad de los beneficiarios, tablas de mortalidad, y tasa de interés técnico.

Concentrémonos en el saldo de la cuenta de ahorro individual. Este debe ser invertido, conforme con el ordenamiento actual, en los mismos títulos que componen el portafolio conservador; por tanto, la ganancia esperada por rentabilidad es cercana a la tasa de inflación. Aunque legalmente no existe una justificación para tal asignación, podría señalarse que la necesidad de asegurar los fondos destinados para el pago de la pensión se cumplen con un nivel de riesgo aceptable en el fondo conservador; adicionalmente, debe tenerse en cuenta que mes a mes la cuenta acusa débitos en forma de mesada, de tal manera que una disminución acusada de la rentabilidad es una segunda fuente de egreso que debilita la cuenta de ahorro individual.

Ahora bien, el denominador de la ecuación está compuesto por la Unidad de Renta Vitalicia (URV), cuya definición no está dada. Conforme con el diseño del artículo 81 de la Ley 100 de 1993 puede decirse que es una suma de dinero suficiente para financiar un peso anual vitalicio ($1) de pensión. Básicamente, la URV representa una “reserva actuarial”, una suma de dinero que previsiblemente pueda financiar un peso pensional anual vitalicio. En términos básicos representaría lo que un individuo informado provisionaría en una cuenta de ahorro para financiar su pensión si estuviera completamente a su cargo. Así, lo primero que necesitamos saber es el conjunto de variables que, en principio, tendría en cuenta un individuo informado.

El Gobierno Nacional el 19 de agosto de 2015 expidió la Resolución 3099, modificando varios aspectos de la Resolución 1875 de 1997, que se deroga, y adicionando algunos aspectos regulatorios.

De esta manera el Gobierno nos indica cuáles son las variables que, en principio, un individuo informado debe contemplar para conocer cuántos pesos debe ahorrar por cada peso que quiera consumir a título de mesada pensional. Las tablas de mortalidad nos muestran las probabilidades de vida que actuarialmente tiene un grupo de población en una zona o territorio para cada edad absoluta. De manera muy simple, es como si se observara una determinada población y su volumen de fallecimientos a cada edad relativa. La tasa de interés técnico es una tasa de interés que, aunque proyectada con información de corto plazo, busca representar su evolución de largo plazo. Un individuo informado también tendría en cuenta el número de beneficiarios que pretende proteger, si se tiene en cuenta que esta pensión no solo protege a su titular sino a quienes, potencialmente, le sobreviven; de igual manera tendría en cuenta la comisión que le cobraría la administradora del fondo por la administración de la cuenta de ahorros y por supuesto la inflación. Omitiremos por ahora la variable crecimiento de los beneficios pensionales.

Pues bien con toda esta información se halla el valor de la reserva “Unidad de Renta Vitalicia”. Dicha reserva se obtiene de calcular el valor de todas las anualidades que se deben pagar, matizado por la probabilidad de que se paguen de acuerdo con las tablas de mortalidad y descontando la tasa de interés que recibirá la cuenta de ahorro durante todo el tiempo de pago de la pensión. Como arriba lo señalamos este valor también prevé la comisión a favor de la administradora y la posibilidad de que exista un ajuste por aparición de un nuevo beneficiario.

Finalmente, el retiro programado, al ser de carácter individual, tiene en cuenta la edad real del titular de la pensión y de sus beneficiarios lo que permite, en principio y suponiendo que no hay incentivos al fraude, calcular adecuadamente la mesada pensional que protege a esa unidad familiar.

Una vez obtenido el saldo de la cuenta de ahorro individual y el valor de la reserva o unidad de renta vitalicia, se determina la anualidad en la forma arriba señalada. La anualidad nos señala la cantidad de pesos que podemos liberar anualmente de la cuenta para consumir a título de mesada pensional. De ahí que la fórmula establezca que la pensión mensual (mesada) es la doceava parte de la anualidad así obtenida.

Como se observa, la ley no contempló la posibilidad, en la fórmula de cálculo establecida en el artículo 81, que bajo retiro programado se tuviera la posibilidad de acceder a la mesada adicional, lo cual creo muchos problemas de interpretación, los que fueron agravados por el Acto Legislativo 1 del 2005, el que establece que “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año”.

El problema que surge no es fácil, no se trata simplemente de establecer si se divide entre 12 o 13. Hasta donde hemos visto, existe congruencia entre el valor de la anualidad y el saldo de la cuenta de ahorro individual, dado el capital que se debe reservar por peso anual vitalicio. Si se permitiera retirar de la cuenta de ahorro, además del valor de la anualidad, el valor de la mesada adicional, sin que este fuera incluido en la unidad de renta vitalicia, la cuenta se agotaría rápidamente. Sin embargo, en la realidad, este no ha sido el caso, tanto la Resolución 1875 de 1997, como la 3099 del 2015, contemplan actuarialmente el valor de la mesada 13 (y de la 14 en los casos a que hay lugar a ella) y por tanto, la división por 13 o 14 resulta congruente, a pesar de lo estipulado en la ley. No obstante, el verdadero problema surge porque al dividir entre 12 o 13 la anualidad, puede resultar que en el piso (capital para financiar una pensión de salario mínimo) el capital sea suficiente si se otorgan doce mesadas; o insuficiente si se determinan trece mesadas(3), lo que implica que muchas personas que podrían estar pensionadas con doce mesadas al año, equivalentes al salario mínimo, se expulsan del sistema otorgándosele la devolución del saldo por falta de capital para financiar trece mesadas al año, a menos que tengan derecho a la garantía de pensión mínima. Este es el verdadero problema que sigue latente en relación con la incorporación de la mesada adicional en el cálculo del retiro programado, y, por consecuencia, en la renta vitalicia.

5. El saldo de pensión mínima y el control de saldos

La duración del retiro programado está sujeta a que el saldo de la cuenta de ahorro individual sea superior al valor de una póliza de renta vitalicia que ampare al titular de la pensión y a sus beneficiarios. Cuando el saldo de la cuenta descienda de tal manera que solo alcance para financiar una renta vitalicia, el afiliado, conforme con la normativa vigente, debe ser trasladado a la modalidad de renta vitalicia. Analicemos el funcionamiento de esta regla de juego.

Una vez establecido el derecho a la pensión en la modalidad de retiro programado, que implica que el valor de la mesada pensional de inicio es por lo menos igual al 110% del salario mínimo vigente a la fecha de cálculo, se impone un deber fiduciario a la administradora de fondos de pensiones denominado “control de saldos”. Por medio de dicho control, la administradora se cerciora que el saldo de la cuenta de ahorro individual sea suficiente para financiar una pensión mínima, mediante la comparación entre el saldo de la cuenta y un saldo suficiente (capital actuarial) para financiar la pensión mínima, denominado saldo de pensión mínima. En teoría, si la administradora incumple su deber fiduciario de vigilancia del saldo de la cuenta de ahorro individual, y este llega a ser inferior al necesario para financiar una pensión mínima, dicha administradora debe completar, con recursos propios, dicho capital.

La Resolución 3099 del 2015 establece los parámetros técnicos para el cálculo del saldo de pensión mínima. Dichos parámetros deben guardar coherencia absoluta con los establecidos para calcular el retiro programado. Un primer análisis sobre los parámetros y variables establecidos nos permiten afirmar que el Gobierno Nacional, acogió el concepto de algunos analistas, y estableció algunas normas de prudencia para evitar posibles sorpresas en la financiación de largo plazo de la pensión, como por ejemplo, la aparición de un nuevo beneficiario de pensión.

De otro lado, como procedimiento que garantiza que el saldo de la cuenta sea suficiente para lograr la sostenibilidad de la pensión, el artículo 81 de la Ley 100 impone el recálculo de la mesada pensional de manera anual. Dado que se trata de una modalidad que depende del saldo de la cuenta de ahorro y que mantiene los derechos de propiedad de sus recursos en cabeza del afiliado, la sostenibilidad a largo plazo de la mesada implica plena congruencia entre la anualidad y el saldo de la cuenta. Así las cosas, técnicamente es posible que la mesada aumente o disminuya en su valor, hasta el momento en que el capital en cuenta solo sea suficiente para financiar la pensión mínima, momento en el cual el afiliado debe ser trasladado a la modalidad de renta vitalicia, para que, conforme a la técnica del seguro, se le otorgue viabilidad vitalicia a la misma, pero por una cuantía equivalente al salario mínimo.

Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-530 del 2006 estimó que, aunque en dicho momento se estaba garantizando la rentabilidad real de los fondos de pensiones, era necesario advertir que, en caso de que no se pudiera honrar el compromiso de mantener la capacidad adquisitiva de los recursos destinados para pensión, el mecanismo implementado en la ley, debería ser reemplazado.

Avanzando en su postura, pero desafiando la estructura financiera del retiro programado establecida en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional estableció en Sentencia T-1052 del 2008, que las pensiones en retiro programado, como cualquier pensión vitalicia otorgada por el sistema, también deberían reajustarse con el índice de precios al consumidor. Es relativamente fácil determinar, a partir de lo dicho, que si el valor de la mesada es superior a la que de manera congruente se puede financiar con el saldo de la cuenta, el resultado final es la descapitalización de la misma. Ahora bien, este resultado obligado como consecuencia de la jurisprudencia constitucional solo implica, a final de cuentas, que el cambio a la modalidad de renta vitalicia va a llegar más rápido.

La Corte Constitucional es consciente de esta consecuencia; pero abogando por la interpretación conforme en Sentencia T-020 del 2011 establece la obligación de la administradora de fondos de pensiones de reajustar las pensiones en retiro programado con el índice de precios al consumidor, sin tener en cuenta en realidad que las administradoras no son entidades de previsión como tal, sino que realizan una actividad fiduciaria, la cual, en este caso, simplemente se traduce en aplicar la fórmula de reajuste establecida en el artículo 81 de la Ley 100 de 1993.

Arriba se señaló que la Corte es consciente del problema que surge porque en la sentencia en comento estableció claramente:

“Ahora bien, esta interpretación conforme tiene claras implicaciones que no pasan inadvertidas a esta Sala de revisión, porque precisamente puede conducir a que la cuenta de ahorro individual del pensionado se descapitalice y en definitiva ocurra el evento previsto por el artículo 12 del Decreto 832 de 1996, es decir, que la administradora deba contratar una póliza de renta vitalicia. Este riesgo precisamente encierra una terrible paradoja: que en virtud de los incrementos anuales la mesada pensional termine por reducirse a un salario mínimo mensual (monto mínimo de la pensión de renta vitalicia prevista por el inciso tercero del citado artículo), pero entiende esta Sala de revisión que este riesgo está implícito en la elección de la modalidad de retiro programado que hace el afiliado, quien debe tomar una decisión informada de las contingencias a las que está sujeta su elección y de los posibles riesgos a largo plazo que enfrenta”.

Sin embargo, el ritmo de desfinanciación producido por las variaciones de la mesada pensional por encima de lo que permite el saldo de la cuenta de ahorro individual, dada la unidad de renta vitalicia para el afiliado y su grupo familiar, conforme con los mismos límites que la Corte Constitucional señala, debía tener una respuesta regulatoria para garantizar que el saldo de la cuenta de ahorro siempre permita financiar una pensión equivalente al salario mínimo vigente, dados los incrementos reales del mismo(4), con el fin de permitir un tránsito pacífico, cuando sea del caso, a la modalidad de renta vitalicia. Por esto, la Resolución 3099 del 2015 internaliza la variación posible del salario mínimo, tanto para el cálculo del retiro programado como para el control de saldos, lo que implica reservar una parte del saldo para cubrir dichos incrementos reales del salario mínimo, generando un menor valor, valor ajustado, de mesada pensional mientras se disfruta del retiro programado.

6. Conclusión

El lector habrá notado que en la explicación del retiro programado la rentabilidad mínima no aparece en este texto como una variable muy relevante; sin embargo, es claro que la exigencia de una rentabilidad mínima tiene incidencia en el saldo de la cuenta de ahorro individual y, por ende, en el valor de la mesada pensional. Así las cosas, lo que viene sucediendo, que oculta la relevancia de la rentabilidad mínima en el fondo especial de retiro programado, es la preocupación actual porque los rendimientos sean reales, es decir, por encima de la inflación y preferiblemente alcancen, como mínimo, la variación anual del salario mínimo.

Como lo establece la ley, el retiro programado debe finalizar en el momento en el cual el saldo de la cuenta de ahorro individual es suficiente tan solo para adquirir una póliza de renta vitalicia que garantice el pago de un salario mínimo, ajustado anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, para el titular de la pensión y sus beneficiarios. La actividad regulatoria actual se ha venido centrando en prevenir las consecuencias derivadas del incremento de la mesada pensional con base en la variación del salario mínimo; y lo establecido en la Resolución 3099 del 2015 no es la excepción, por esto facilita el tránsito entre el retiro programado y la renta vitalicia.

De otro lado, la consecuencia de la jurisprudencia constitucional, en relación con los ajustes a la mesada pensional, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, se traduce en adelantar el momento a partir del cual el afiliado debe trasladarse a la modalidad de renta vitalicia. Esto tiene un posible efecto oculto que se traduce, de manera muy sencilla, en el hecho de que las variaciones positivas de rentabilidad posteriores que podrían mejorar la mesada pensional del afiliado, si se hubiera mantenido la congruencia entre el saldo de la cuenta y el valor de la mesada, dada la unidad de renta vitalicia, solo cubrirán los defectos de saldo por haber incrementado la mesada pensional por encima de las posibilidades que otorga dicho saldo, dada la unidad de renta vitalicia.

Finalmente, como reflexión, si el mercado de rentas vitalicias funcionara adecuadamente, la viabilidad del sistema pensional bajo ahorro individual estaría garantizada. El problema actual es que, a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, como la decisión de dar cobertura estatal por deslizamiento del salario mínimo, analizada en un artículo anterior publicado en esta revista, y la actualización de la fórmula para controlar el saldo de pensión mínima, el mercado de rentas vitalicias no parece tomar dinámica, poniéndose en riesgo el modelo financiero y económico sobre el cual se basa nuestro régimen de ahorro individual. Ello implica que el Gobierno Nacional debería revaluar el esquema actual de aseguramiento vitalicio con el fin de conjurar la crisis que actualmente se sigue viviendo en el mercado de rentas vitalicias.

(1) Solo para dar una idea, que aunque no desarrolla totalmente la fórmula establecida en el Decreto 2555 del 2010, supongamos estos datos, en relación con el fondo moderado: el tamaño del fondo A es 500 y rentó el 10% efectivo anual; el del B es de 750 y rentó el 12%; el de C es de 300 y rentó al 15%; y, finalmente, el de D es de 1.000 y rentó al 8%. Así el total del tamaño del fondo moderado es de (500 + 750 + 300 + 1.000 =) 2550. Así,

RPP = ((500*0,1)+(750*0,12)+(300*0,15+(1000*0,08)) =0,080=

2550

Nótese que estamos hablando de rentabilidades reales de mercado de cada fondo moderado administrado por las sociedades administradoras, que se ponderan en razón del tamaño de fondo.

(2) De manera simple, por vía de ejemplo, suponiendo que el fondo moderado obtuvo una rentabilidad del 9% efectivo anual, calculemos la rentabilidad mínima
En la opción A: RM = R - (R * 0,35) = 9 - (9 * 0,35) = 5,85
En la opción B: RM = R - 300PB = 9 - 3 = 6,0%
La rentabilidad mínima que rige para ese período es 5,85% efectivo anual, que es la menor obtenida de las dos opciones.

(3) Suponga que la anualidad resultante es de 8 millones de pesos. Al dividirse esta anualidad entre 12, el resultado sería (8.000.000/12 =) $ 666.666, superior al salario mínimo; si dividimos entre 13, el resultado sería (8.000.000/13)= $ 615.385 inferior al salario mínimo actual que asciende a $ 644.350.

(4) El lector debe tener en cuenta que cuando se habla de incrementos reales se hace referencia a incrementos en el valor de la mesada por encima de la tasa de inflación.